Carlos Cortés Vargas

Un militar de la transición

Cortés Vargas pertenece a la generación bisagra del Ejército colombiano, la que se formó al calor de las guerras civiles decimonónicas y sobrevivió al lento tránsito hacia una institución profesional. La Constitución de 1886, redactada bajo la Regeneración de Rafael Núñez, había establecido que Colombia contaría con un ejército único no deliberante; pero las guerras de 1895 y, sobre todo, la de los Mil Días, declarada el 18 de octubre de 1899, aplazaron cualquier concreción de esa promesa. Cuando el gobierno colombiano contrató con Francia una misión militar de tres oficiales para organizar y tecnificar la tropa, el estallido de la guerra civil interrumpió el proceso apenas comenzado. Los oficiales de la época —Cortés Vargas entre ellos— se formaron donde podían: en los campos de batalla, sin educación profesional ni la predisposición adecuada para una institución militar moderna. Ese factor subjetivo —oficialidad de trinchera, no de escuela— pesaría en la manera como el Ejército enfrentaría, treinta años después, los conflictos sociales del enclave bananero.

La presidencia de Rafael Reyes, el llamado Quinquenio (1905-1909), abrió una etapa de reforma militar y de paz interna que se prolongaría hasta 1930. Reyes impulsó la modernización y profesionalización del ejército tras los Mil Días, y en ese marco maduró la carrera de una generación de oficiales que ascenderían en las décadas siguientes. Cortés Vargas fue uno de ellos: un militar que hizo su camino en el largo intervalo de paz republicana, escalando en el escalafón hasta alcanzar el grado de general, cargo con el que llegaría al momento decisivo de su vida pública. La suya no fue una carrera de reflectores; hasta 1928, su nombre no circulaba fuera de los círculos castrenses. Fue precisamente esa condición de oficial confiable, disciplinado y sin protagonismo político previo la que lo hizo idóneo para lo que el régimen conservador necesitaba hacer en el Magdalena.

El régimen que lo designó

Para entender la comisión que recibió Cortés Vargas hay que entender el gobierno que se la dio. Miguel Abadía Méndez había iniciado su período presidencial en 1926, elegido sin contendores reales: la jerarquía eclesiástica había intervenido para retirar al único rival transitorio, Alfredo Vásquez Cobo, en un gesto que reveló la influencia de la Iglesia en el acceso al poder conservador. Desde la Constitución de Núñez, la sede del arzobispado de Bogotá se había convertido en el lugar habitual donde se escogía al candidato presidencial conservador, de modo que el designado por el obispo podía considerarse futuro presidente y las elecciones tendían a ser un formalismo. Abadía Méndez llegó al poder con ese respaldo y con una convicción firme sobre la necesidad de blindar al orden establecido frente a lo que su gobierno percibía como una amenaza revolucionaria en marcha.

El hombre fuerte de ese blindaje fue Ignacio Rengifo, ministro de Guerra. Rengifo encabezó desde el gabinete el esfuerzo legislativo para aprobar la ley represiva que la prensa bautizaría como Ley Heroica —Ley 69 del 2 de noviembre de 1928, aunque su debate parlamentario había ocupado los diarios desde febrero de ese año—. Rengifo argumentó ante el Congreso que la ley era indispensable para contener una inminente revolución comunista que, según alegaba, estaba a punto de someter a la nación a una "conflagración social de dimensiones aterradoras". El artículo primero tipificó como delito agruparse, reunirse o asociarse para incitar a delitos, fomentar la indisciplina de la fuerza armada, provocar por medios subversivos el desconocimiento del derecho de propiedad o de la institución de la familia, promover huelgas violatorias de las leyes que las regulan, o hacer apología de hechos definidos como delitos. Era, en sustancia, la prohibición de las organizaciones populares y sindicales de oposición, la proscripción de las ideas socialistas y el establecimiento de mecanismos de condena rápida para los implicados.

Voces liberales y algunos conservadores calificaron el proyecto de autoritario y dictatorial. La jerarquía católica, en cambio, celebró la aprobación con telegramas de felicitación a los congresistas; el arzobispo de Cartagena bendijo "el triunfo alcanzado por el partido del orden social". La ley se aprobó apenas cinco semanas antes del estallido de la huelga bananera. Cuando Cortés Vargas recibió su comisión, ya existía el marco jurídico que habilitaba la respuesta militar contra las organizaciones obreras: la Ley Heroica no fue la causa de lo que ocurriría en Ciénaga, pero fue el entramado normativo dentro del cual esa violencia se volvió actuable.

La comisión del Magdalena

La huelga general en la Zona Bananera fue declarada el 11 de noviembre de 1928 por la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, tras la negativa de la United Fruit Company a negociar el pliego de peticiones obreras. La compañía operaba un enclave agrícola entre Ciénaga y Fundación con aproximadamente 30.000 trabajadores, y controlaba de manera monopólica el ferrocarril, el transporte marítimo, el acaparamiento de tierras y hasta la remuneración, pagada mediante vales canjeables únicamente en comisariatos propios. La contratación se hacía por terceros, lo que le permitía eludir las obligaciones laborales directas fijadas por la legislación colombiana. En 1928, la compañía obtenía una ganancia reportada del 100% por cada racimo vendido.

Cinco días después de la declaración de huelga, el 16 de noviembre, el Diario de la Costa de Cartagena anunció en primera plana el desplazamiento del general Cortés Vargas hacia Aracataca para dominar la situación. La designación había venido del ministro Rengifo. Cortés Vargas se movilizó al frente de tres batallones despachados desde Barranquilla y ejerció el mando sobre las fuerzas militares desplegadas en la región. Su presencia en la zona significaba que el gobierno había optado, desde el comienzo, por la vía militar y no por la negociación institucional. En debates parlamentarios se señaló una coincidencia de intereses —y posiblemente connivencia— entre el general y la United Fruit Company, ambos orientados a provocar la declaratoria del estado de sitio para suprimir la huelga. La correspondencia diplomática estadounidense de ese año registró que las autoridades colombianas movilizaban tropas hacia las zonas de operación de empresas multinacionales, en lo que la legación calificó como un despliegue de particular diligencia.

Cortés Vargas manejó, entre sus argumentos, la amenaza de una posible invasión de marines estadounidenses. La usó como justificación —una "disculpa", en el lenguaje crítico de la época— para actuar con rapidez y resolver por la fuerza el conflicto. El razonamiento era circular pero eficaz: había que reprimir la huelga rápidamente para que Estados Unidos no interviniera militarmente a proteger los intereses de la United Fruit; y como intervenir con rapidez requería violencia, la violencia quedaba anticipadamente justificada. Ese uso autónomo del argumento —no dictado desde Bogotá, sino esgrimido por él mismo desde la zona— es una de las primeras marcas de que Cortés Vargas no fue un mero ejecutor pasivo, sino un actor con cálculo propio.

La noche del 5 al 6 de diciembre

El 5 de diciembre los obreros fueron convocados a concentrarse en Ciénaga con el argumento de que el gobernador del Magdalena llegaría a firmar un pacto con la United Fruit Company. Testigos y voceros parlamentarios —entre ellos el conservador Vides Jiménez, y más tarde Jorge Eliécer Gaitán— interpretaron esa convocatoria como una maniobra premeditada, una celada diseñada para reunir a los huelguistas en un espacio abierto donde la fuerza militar pudiera actuar con eficacia. La intencionalidad exacta queda en el terreno de las acusaciones políticas, pero el hecho concreto no: en la plaza de la estación del ferrocarril de Ciénaga se congregó una multitud numerosa esa noche.

Ese mismo día, el gobierno nacional declaró el estado de sitio en todo el Magdalena y suspendió las garantías constitucionales. La declaratoria se publicó oficialmente en Ciénaga y Santa Marta en las primeras horas del 6 de diciembre, antes del operativo militar. Alberto Castrillón, uno de los organizadores de la huelga, dejaría el relato de que a la 1:14 de la madrugada los soldados salieron del cuartel de Ciénaga hacia la estación con ametralladoras; testimonios afines a los huelguistas hablan de unos 300 soldados desplazados en ese movimiento. En ese momento, y en ese lugar, Cortés Vargas dio la orden de fuego.

El número de muertos quedó, desde el primer minuto, disputado. El propio Cortés Vargas reportó 47. Un corresponsal de El Espectador calculó cerca de 100 muertos y 238 heridos hasta el 13 de diciembre. Raúl Eduardo Mahecha, organizador laboral, reportó alrededor de mil. Décadas más tarde, Gabriel García Márquez ofrecería en su obra distintas versiones. El historiador Eduardo Posada-Carbó ha señalado que incluso la cifra de 47 muertos admitida por el propio general habría sido, para un conflicto laboral en Colombia, un número sin precedentes. Tras la masacre en la estación se libró una segunda acción en el campamento de la United Fruit Company, donde murieron 29 personas, entre ellas el delegado huelguista Erasmo Coronel.

La represalia larga

Lo que siguió a la noche del 6 de diciembre fue tan definitorio de la figura de Cortés Vargas como la orden misma. El general declaró oficialmente que los huelguistas eran una banda de malhechores y ordenó perseguirlos como a ladrones comunes. Durante aproximadamente 120 días, según el testimonio recogido por Tila Uribe, se desató una persecución por las zonas bananeras en la que el Ejército disparaba indiscriminadamente. Los militares saquearon la casa sindical, la imprenta y la cooperativa que funcionaban en Ciénaga. La operación no fue la contención de un motín, sino la desarticulación sistemática de la organización obrera del enclave.

Cortés Vargas dispuso, además, la instalación de consejos de guerra verbales para juzgar a los sobrevivientes. Según Tila Uribe, esa disposición vino por indicación de funcionarios y agentes de la compañía frutera, afirmación coherente con el patrón de connivencia denunciado en el Congreso. Cincuenta y cuatro participantes en la huelga fueron llevados a esos consejos —otras versiones indican que, de más de 700 sobrevivientes presos, fueron juzgados 136—. Entre los procesados no había solo huelguistas: hubo maquinistas que se habían negado a transportar cadáveres para arrojarlos al mar, periodistas y profesores. Las penas llegaron hasta 25 años. Alberto Castrillón fue de los condenados. La represión no se limitó al momento del enfrentamiento; se extendió como política deliberada de disciplinamiento del territorio.

Ese giro de la operación militar hacia la persecución larga y los tribunales verbales revela algo del hombre que la dirigía. Un ejecutor mínimo se habría limitado a cumplir la orden de dispersión; Cortés Vargas fue más allá. Encuadró a los huelguistas como criminales comunes, borrando su condición de trabajadores organizados; extendió la represión más allá del episodio de la plaza; y montó un aparato de justicia militar sumaria que castigó incluso a quienes no habían empuñado un arma. Aquí opera menos la lógica de la profesionalización militar moderna que la persistencia del patrón decimonónico: el disidente político como enemigo armado, tratamiento aprendido en las guerras civiles y aplicado ahora contra un movimiento sindical.

El escepticismo y la denuncia

La versión oficial —que se había conjurado una inminente revolución comunista— fue impugnada casi de inmediato. El Espectador, el mismo día de la masacre, calificó la revolución alegada de "imaginaria" y exigió al ministro Rengifo una demostración inequívoca. La legación estadounidense consideró, en documentos internos de 1928, que el gobierno colombiano había exagerado los daños y disturbios con el propósito de obtener apoyo para la Ley Heroica y ampliar la autoridad central para reprimir. Los propios diplomáticos del país cuya intervención se invocaba como amenaza no compraron el argumento de la conflagración roja.

En la Cámara de Representantes, Jorge Eliécer Gaitán levantó la denuncia más incisiva. Señaló la connivencia entre el gobierno colombiano y la United Fruit Company, describió cómo la compañía corrompía empleados nacionales, controlaba recursos hídricos, el ferrocarril y las tierras de productores nacionales, y operaba al margen de la legislación colombiana, configurando una situación de esclavitud económica para obreros y productores. La denuncia de Gaitán no se limitaba a la conducta de un general en una plaza: apuntaba a un problema de soberanía. La caricatura política de la época capturó el estado de ánimo popular: se representó a Cortés Vargas jactándose ante Abadía Méndez de haber matado cien personas, a lo que el presidente respondía haber matado doscientas. Era la insensibilidad gubernamental convertida en chiste amargo.

El ascenso después de la sangre

Lo que hizo el régimen con el general que había ejecutado la represión ilustra la lógica política del momento: en lugar de sancionarlo o de tomar distancia, lo ascendió. Cortés Vargas fue nombrado director de la Policía de Bogotá. La promoción tenía una gramática clara: se ratificaba la actuación en el Magdalena, se cerraba filas alrededor del oficial que había cumplido, y se le entregaba el mando del cuerpo policial de la capital, un cargo de máxima confianza política. El régimen no lo trató como un excedente incómodo; lo trató como un servidor probado.

El gesto no bastó para contener el desgaste. La masacre de las bananeras, con el ministro de Guerra y el general en el centro de los señalamientos, puso al borde del abismo el reinado del Partido Conservador, que se sostenía en el poder desde 1886. Cuarenta y cuatro años de hegemonía conservadora empezaron a agrietarse con las bananeras y terminaron por romperse dos años después, en las elecciones de 1930. El empujón final no fue el escándalo del Magdalena sino la incapacidad interna del partido para escoger candidato: el obispo primado de Bogotá —cuya sede se había vuelto la instancia efectiva de designación desde Núñez— no logró decidir entre los dos aspirantes conservadores, y la división llegó incluso a expresarse en las pastorales políticas. El partido se presentó dividido, el liberalismo ganó la Presidencia con Enrique Olaya Herrera, y la República Conservadora terminó. Cortés Vargas fue, en ese proceso largo, uno de los pesos que hundió la balanza.

Los sucesos de las bananeras

En 1930, ya con el país en manos liberales, Cortés Vargas publicó en Bogotá un libro titulado Los Sucesos de las Bananeras. Era una operación de memoria: la del propio protagonista intentando fijar su versión antes de que otras se impusieran. En sus páginas defendió la necesidad de la represión, ratificó el marco de la amenaza comunista, sostuvo que había actuado dentro de la legalidad y presentó las cifras oficiales de víctimas frente a las que ya circulaban en la prensa y en los relatos obreros. El libro es una fuente decisiva —lo cita, entre otros, el historiador Mauricio Archila— y a la vez un documento de autodefensa. Que un general se sentara a escribir un volumen entero justificando su actuación militar dice mucho del personaje: no era el oficial anónimo que ejecuta y calla, sino un hombre consciente del peso histórico de lo que había hecho, dispuesto a disputar en el terreno de la escritura la narrativa que se estaba formando en su contra.

El libro instaló, durante décadas, un piso factual —el reconocimiento oficial de 47 muertes— sobre el cual se desplegaría toda la discusión posterior. Fijar esa cifra fue, en sí mismo, un acto político: convertía las estimaciones de Mahecha o de la prensa en exageraciones, y hacía de la propia contabilidad del comandante militar el punto de referencia. Los adversarios tuvieron que trabajar contra ese piso durante generaciones. La memoria popular, sin embargo, no aceptó nunca la cifra. En Ciénaga se erigió una estatua en homenaje a los "mártires de las bananeras", y la huella traumática del episodio perduró en la población local como algo que ninguna aritmética oficial podía cerrar.

La red que lo explica

Cortés Vargas no se entiende solo. La constelación que lo enmarca —Abadía Méndez en la Presidencia, Rengifo en el Ministerio de Guerra, la jerarquía católica bendiciendo la Ley Heroica, el arzobispado de Bogotá arbitrando las candidaturas conservadoras, la United Fruit Company operando el enclave con salarios en vales y contratación por terceros— es la que da sentido a su papel. Fue el nombre visible de un dispositivo múltiple. La designación vino del ministro; el marco jurídico, del Congreso; el respaldo institucional, del presidente; la presión económica, de la compañía; la habilitación moral, de la Iglesia. Cortés Vargas fue el punto donde todos esos vectores se materializaron en una orden concreta pronunciada en una plaza concreta a una hora concreta.

Situarlo en esa red no lo diluye. La red le habilitó la acción, no se la impuso mecánicamente. Otro oficial en su lugar habría podido moverse dentro del mismo marco con menos brutalidad, sin persecución de 120 días, sin consejos de guerra verbales contra profesores y maquinistas, sin caracterización de los huelguistas como banda de malhechores. Cortés Vargas eligió esas líneas de conducta. La cadena de mando explica por qué estaba allí; no explica todo lo que hizo estando allí. Esa distinción —entre el marco que habilita y la decisión que ejecuta— es la que hace de él un caso no de obediencia ciega sino de responsabilidad personal ejercida dentro de un régimen que se la había delegado.

La huella

El nombre de Cortés Vargas sobrevivió al régimen que lo protegió. La República Liberal iniciada en 1930 procesó políticamente el episodio de las bananeras a través del ascenso de figuras como Gaitán, que había hecho de la denuncia parlamentaria de la masacre uno de sus escalones fundadores. La reforma laboral de los años treinta, la aparición del sindicalismo formal, la lenta consolidación de derechos obreros: todo eso se hizo, en parte, contra la memoria de lo ocurrido en Ciénaga. La represión de 1928 destruyó el sindicato mejor organizado del país en ese momento, y sus efectos sobre el movimiento obrero se sintieron durante años. La estigmatización del disidente político como enemigo del orden, el uso del argumento de la amenaza extranjera para justificar la represión interna, la persecución larga después del hecho puntual: son patrones que aparecen y reaparecen en la historia colombiana posterior, y que en las bananeras encontraron una de sus formulaciones inaugurales del siglo XX.

En la literatura, García Márquez llevó la masacre al centro de Cien años de soledad, y con ella al centro de la imaginación literaria hispanoamericana. La escena de los cuerpos amontonados en los vagones del tren fijó en el mundo una imagen que ningún parte militar podría desmentir. Cortés Vargas, sin ser nombrado en la novela, es la sombra que da la orden en la plaza. La disputa por la cifra —47, 100, 1.000, cifras aún más altas— se volvió una disputa por la magnitud moral del acto, y en esa disputa el general lleva las de perder cada vez que su cifra oficial se contrasta con las heridas de la memoria local.

Murió en 1953. Para entonces Colombia había entrado en la Violencia bipartidista, y el país que él había ayudado a modelar con la mano dura del Estado había recorrido ya buena parte de su ciclo trágico. La suya fue una biografía en la frontera: militar formado en el ocaso de las guerras civiles decimonónicas, oficial de un ejército que se profesionalizaba a medias, ejecutor de una política represiva en la última década de la hegemonía conservadora, memorialista de su propia actuación en un libro que buscó ser la última palabra. No lo fue. La última palabra sobre Cortés Vargas se sigue escribiendo, y la escriben, sobre todo, quienes en Ciénaga levantaron la estatua a los mártires de las bananeras y quienes, generación tras generación, se han negado a aceptar que fueran solo 47.