Estigmatización

En Colombia, la palabra estigmatización dejó hace décadas de ser un término prestado de la sociología para convertirse en categoría política y, más recientemente, en categoría jurídica. Nombra el mecanismo por el cual una persona o una comunidad es marcada públicamente como enemiga —comunista, guerrillera, auxiliadora, subversiva, terrorista— y, por esa marca, queda expuesta a la violencia. No es un fenómeno difuso de la opinión pública ni un residuo del prejuicio: fue un dispositivo codificado en manuales militares, amplificado por declaraciones oficiales, apropiado por paramilitares y guerrillas, y ejecutado sobre cuerpos concretos en veredas, sindicatos, juzgados y plazas. La Comisión de la Verdad, al cerrar su mandato en 2022, lo identificó como uno de sus hallazgos centrales: la construcción del enemigo interno mediante el estigma fue base de la persecución y del exterminio físico, social y político, y una de las claves de la persistencia del conflicto armado colombiano. Este artículo reconstruye ese dispositivo: cómo se produjo, cómo circuló, sobre quiénes cayó y con qué consecuencias jurídicas y morales lo enfrenta el país.

Qué se nombra cuando se dice estigmatización

En su acepción sociológica clásica, un estigma es una marca moral negativa que devalúa a quien la porta y lo expone al rechazo. Trasladada al conflicto colombiano, la categoría adquiere un peso distinto: la marca no solo aísla, sino que habilita el daño físico. Etiquetar a alguien como "comunista", "guerrillero" o "auxiliador" no describe una filiación política: designa un objetivo. La estigmatización política funcionó en Colombia como mecanismo justificador de la violencia, del ostracismo social y de la marginación política de quienes fueron señalados, y contribuyó de manera directa al exilio de líderes sociales y políticos perseguidos.

El estigma opera en tres tiempos. Primero produce el enemigo mediante un discurso —oficial, militar, mediático, comunitario— que reencuadra actividades ordinarias como pruebas de enemistad: pertenecer a un sindicato, vivir en cierta vereda, portar un carné partidario, defender presos políticos, tener callos en las manos. Después habilita la acción: quien ha sido marcado puede ser detenido, torturado, desaparecido o asesinado sin que el hecho requiera mayor justificación pública, porque la marca hace las veces de prueba. Y, por último, sobrevive al hecho violento: acompaña a las víctimas, a sus familias y a sus sobrevivientes durante décadas, silencia el exilio, culpa a quien huyó y hace que hablar del daño sea, en sí mismo, riesgoso.

Este dispositivo no fue accesorio a la guerra colombiana: fue su condición de posibilidad discursiva. Sin él, resulta difícil explicar por qué un país eliminó a un partido político entero, asesinó a más de tres mil sindicalistas en quince años y trató a comunidades campesinas enteras como territorio enemigo.

Los orígenes: doctrina y tradición represiva

La estigmatización sistemática en Colombia tiene raíces largas y una formalización doctrinal precisa. Antes de que la Doctrina de Seguridad Nacional llegara a los ejércitos latinoamericanos en el marco de la Guerra Fría, existía ya en el país una mentalidad castrense que asociaba la protesta social con la subversión: la represión de trabajadores en la década de 1920, culminada en episodios como la masacre de las bananeras, había sentado el precedente de tratar la reivindicación laboral como amenaza al orden. La participación colombiana en la guerra de Corea, la única de un país latinoamericano bajo bandera de Naciones Unidas, reforzó en la oficialidad una lectura anticomunista del mundo que luego encontraría suelo fértil en las tesis de seguridad hemisférica.

La Doctrina de Seguridad Nacional, difundida en la región a través de canales como la Escuela de las Américas —con sede primero en Panamá— y otras instancias de formación militar, aportó el marco teórico. Su desplazamiento decisivo fue extender el concepto de enemigo más allá del combatiente armado: pasaba a incluir al sindicalista, al campesino organizado, al militante de izquierda, al estudiante movilizado. Todos ellos, bajo el prisma contrainsurgente, eran parte del conflicto.

Esa doctrina se tradujo en manuales del Ejército colombiano. El Reglamento de combate de contraguerrilla de 1987 y otros manuales de 1979 fijaron doctrinalmente una tesis central: los grupos subversivos, en su fase civil, organizaban y dirigían movimientos sindicales, estudiantiles y campesinos como parte de la "guerra de insurgencia". El concepto clave era el de población civil insurgente. Los textos lo describían como una masa heterogénea unificada mediante actividad psicológica, en la que se englobaban las organizaciones sociales como componentes de la subversión. Dos años antes, en 1985, un manual titulado Conozcamos a nuestro enemigo había circulado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Allí se señalaba a los sindicatos como fachadas de la subversión y estructuras de dependencia directa del Partido Comunista Colombiano.

La consecuencia doctrinal era grave: si el sindicato es fachada de la subversión, el sindicalista es combatiente encubierto; si el movimiento campesino es una modalidad de la estrategia guerrillera, el campesino organizado es enemigo. La militancia legal quedaba reencuadrada como acción bélica clandestina. Sobre ese suelo doctrinal se edificaron las décadas siguientes.

A esa lógica se sumaría, con los años, la noción de guerra jurídica: la idea de que los defensores de derechos humanos que investigaban y denunciaban a militares por violaciones estaban librando una batalla no armada favorable a la guerrilla, mediante la neutralización de combatientes del Ejército por vía de procesos judiciales. La guerra política —así llamada por los propios manuales— y la guerra jurídica completaban el cuadro: la insurgencia no solo estaba en el monte, sino en el sindicato, en la corte, en la universidad, en el barrio.

La trayectoria: cómo el estigma se volvió sentencia

El exterminio de la Unión Patriótica

Ningún caso muestra con mayor crudeza el paso del estigma a la aniquilación que el de la Unión Patriótica. El movimiento surgió el 28 de enero de 1985 como fruto de acuerdos de paz con las FARC, aspirando a canalizar la transición de la lucha armada a la disputa política legal. La persecución, sin embargo, no esperó su fundación: hay registros de asesinatos de militantes desde 1984. Para noviembre de 1985, cuando la UP celebró su primer congreso, ya habían sido asesinados setenta militantes. En septiembre de 1986, la cifra ascendía a trescientas víctimas en todo el país.

El estigma funcionó como argumento estructural del exterminio. El origen del partido en los acuerdos con las FARC y la presencia de militantes provenientes de la guerrilla fueron invocados una y otra vez —por funcionarios del Estado y por actores armados— para señalar a todos sus integrantes como objetivos legítimos. Que la mayoría fueran civiles sin vínculo alguno con las armas resultaba irrelevante: el carné de la UP, un libro del Partido Comunista, cualquier material asociado a la izquierda bastaba como prueba en manos de paramilitares y militares para detener, amenazar o asesinar a un campesino, equiparándolo automáticamente con un guerrillero.

Las declaraciones públicas de altos funcionarios contribuyeron a crear el clima de hostilidad institucional. En el período en que fue asesinado el candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, el ministro de Gobierno realizaba declaraciones señalando vínculos entre la UP y las FARC. Los líderes paramilitares de Córdoba percibían tanto a Jaramillo como al candidato del M-19 Carlos Pizarro como amenazas para Colombia, en parte por los vínculos que atribuían a la UP con la guerrilla. La estigmatización oficial no ordenaba directamente el asesinato: proporcionaba el marco en el que el asesinato aparecía como acto de defensa del orden.

La ejecución fue sistemática. Existieron planes de exterminio con nombres propios: el Baile Rojo a nivel nacional y el Plan Esmeralda en los Llanos Orientales y el Caquetá, denunciados por el congresista Henry Millán. Las estructuras paramilitares se articularon con secciones de inteligencia del Ejército —el B-2 y el S-2— para recabar información, coordinar acciones y ejecutar asesinatos selectivos. Entre 1984 y 2000, la campaña dejó al menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas.

Las víctimas lucharon veinticinco años para que el crimen fuera nombrado por su nombre. En diciembre de 2012, en el proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza alias HH, los jueces reconocieron que el exterminio de la UP constituye un genocidio político. En septiembre de 2016, en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos admitió públicamente que el exterminio jamás debió haber ocurrido y que el Estado no tomó medidas suficientes para impedirlo. El Centro Nacional de Memoria Histórica adoptó la caracterización de genocidio político en el título mismo de su informe. La categoría jurídica, tardía, reconoció lo que las viudas y los sobrevivientes habían dicho desde el primer entierro: que no fue una serie de asesinatos aislados, sino una exterminación política deliberada.

Sindicatos y movilización social

El paralelismo entre la doctrina de 1985 —los sindicatos como fachadas de la subversión— y el destino del movimiento sindical colombiano es imposible de ignorar. Entre 1990 y 2005 fueron asesinados más de tres mil quinientos sindicalistas. El porcentaje de trabajadores sindicalizados cayó del doce por ciento en 1988 al cuatro por ciento en 2009. La violencia antisindical, combinada con mecanismos legales restrictivos, produjo una desmovilización estructural del mundo del trabajo organizado.

Las AUC, y específicamente el Bloque Norte, convirtieron a los sindicatos en objetivos militares y justificaron su persecución en supuestas relaciones con las guerrillas. Homicidios, amenazas, desapariciones forzadas y tortura formaron el repertorio de una guerra que, discursivamente, no era guerra: era defensa del orden productivo contra la infiltración subversiva. En el eje bananero y el sur de Córdoba, las ACCU emprendieron un proceso de exterminio dirigido a eliminar de la esfera política a los movimientos sociales, incluyendo sindicatos y asociaciones campesinas con bases sociales amplias.

La protesta pública también fue reencuadrada como acto subversivo. En una marcha por servicios públicos, un Capitán Londoño detuvo a los manifestantes que encabezaban la marcha con megáfono, los amenazó con llevarlos a Puerto Berrío y desaparecerlos, y les ordenó no continuar porque "eso era subversivo". Reclamar servicios públicos era, para el oficial en el sitio, un acto de guerra.

En el plano legal, la concepción del enemigo interno se tradujo en dos intentos de codificación explícita: la Ley de Seguridad Nacional de 2001 y el Estatuto Antiterrorista de 2003, ambos criminalizadores de la protesta social y ambos declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia sobre casos colombianos, evidenció que las Fuerzas Armadas creían sistemáticamente que el movimiento social formaba parte de la estrategia de la insurgencia.

Aun en pleno siglo XXI, el estigma sobre la protesta persistió con reencuadres nuevos. En 2013, en medio de un paro agrario, el entonces ministro del Interior Fernando Carrillo afirmó que detrás del paro había intereses de la derecha y la izquierda extrema, no del pequeño cultivador. La fórmula —la protesta legítima infiltrada por intereses ilegítimos— es una variante contemporánea de la vieja doctrina.

Comunidades territoriales

Sobre las comunidades rurales, la estigmatización operó a escala geográfica. La sola ubicación en una zona de presencia guerrillera fue tratada como criterio suficiente para imputar a los pobladores la condición de guerrilleros o colaboradores, sin necesidad de prueba individual alguna. La circulación y permanencia de un grupo armado en un territorio convirtió a la población civil en cómplice colectiva.

Este mecanismo tiene antecedentes explícitos. El congresista Álvaro Gómez Hurtado denominó "Repúblicas Independientes" a zonas como Sumapaz, Planadas y Riochiquito, pidiendo al gobierno dar vía libre al Ejército. Esa fórmula inauguró una estigmatización que se extendió a otras comunidades colonas de frontera agrícola y que perdura hasta el presente. La lógica se repitió con las Zonas de Reserva Campesina, descalificadas públicamente como "santuarios de la guerrilla" y "nuevos caguanes", lo que convirtió a sus liderazgos en objetivos de persecución, señalamiento y encarcelamiento.

El estigma territorial produjo consecuencias directas en cuerpos concretos. Miembros del Ejército Nacional amenazaron, amarraron y torturaron a campesinos de veredas como El Topacio exigiéndoles señalar la ubicación de la guerrilla, tratándolos como colaboradores por el solo hecho de residir en zonas de presencia insurgente. En retenes paramilitares, marcas físicas del trabajo campesino —callos en las manos, ampollas, marcas en los hombros por cargar maletines o equipos de fumigación, cicatrices— fueron leídas como señales de pertenencia guerrillera y utilizadas para seleccionar víctimas. El cuerpo del trabajador se convertía en evidencia de enemistad.

La masacre de El Salado, en los Montes de María, estuvo precedida por la estigmatización de toda la comunidad como subversiva, asociada a la presencia de las FARC en la zona y a la ubicación geoestratégica del territorio en la disputa entre guerrilla y paramilitarismo. El estigma funcionó como antesala directa de la masacre: la marca colectiva justificaba el castigo colectivo. En el Magdalena Medio, campesinos que residían en zonas de influencia guerrillera fueron víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos, catalogados como auxiliadores por el solo hecho de habitar allí.

La estigmatización territorial se articuló también con dinámicas de acumulación. Actores armados legales e ilegales la usaron como recurso de poder para disponer del territorio e imponer nuevos órdenes sociales, económicos y políticos. Vaciar una zona requería primero marcarla; después, obligar a sus habitantes a abandonarla o a someterse a los ordenamientos impuestos. En regiones de expansión de la ganadería extensiva, de proyectos agroindustriales o de economías extractivas, el desplazamiento producido por el estigma dejó tierras disponibles cuya redistribución benefició a terceros ajenos al conflicto declarado. La marca "guerrillero" o "auxiliador" sobre una vereda podía convertirse, en cuestión de meses, en cambio de propietario.

La operación tuvo un componente jurídico y administrativo adicional. Comunidades desplazadas encontraron, al intentar retornar o reclamar sus predios, que su condición previa de "zona roja" o "territorio en disputa" era esgrimida por funcionarios y por adquirentes de buena fe como argumento para desconocer sus derechos. El estigma territorial, en ese punto, se transformaba en obstáculo probatorio: quien había sido tratado como enemigo cuando habitaba la tierra debía después demostrar, ante instancias oficiales, que no lo era, para acceder a la restitución. La carga de la desestigmatización recaía sobre la víctima.

Defensores de derechos humanos y operadores de justicia

La noción de guerra jurídica reencuadró el trabajo de los defensores de derechos humanos como actividad bélica orientada a favorecer a la guerrilla. El caso del sociólogo Alfredo Correa de Andreis lo ejemplifica: la Fiscalía descubrió que los guerrilleros que testificaron contra él lo habían hecho bajo falsas identidades, y que el agente del DAS Valle Anaya había facilitado que esos testigos pudieran verlo en lugares de reclusión del organismo. Tras ser liberado, Correa de Andreis fue asesinado. Los actos de Valle Anaya fueron calificados como de extrema imprudencia; la investigación interna abierta en su contra fue archivada rápidamente. El estigma judicial —el falso proceso, la falsa acusación de vínculos con la guerrilla— fue antesala directa del asesinato.

Los operadores de justicia pagaron igualmente el precio. Entre 1979 y 1991, doscientas noventa personas en cumplimiento de funciones judiciales fueron asesinadas en Colombia. Una encuesta realizada en 1987 encontró que el 25,4 por ciento de los jueces y juezas colombianos habían sido objeto de amenazas directas o contra sus familiares en razón del ejercicio de sus funciones. La masacre de La Rochela, perpetrada el 18 de enero de 1989, fue dirigida contra una comisión de funcionarios judiciales que investigaba, entre otros hechos, la desaparición forzada de 19 comerciantes. Investigar a paramilitares o a militares comprometidos con estructuras criminales acarreaba el mismo estigma que militar en la izquierda: colaboración con la subversión por vía procesal.

El estigma diferenciado

La estigmatización no cayó de manera uniforme. Se articuló con formas previas de exclusión —raciales, sexuales, de género, de clase— y las amplificó dentro del conflicto. Habitantes de calle, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, consumidores de sustancias psicoactivas y trabajadoras sexuales fueron cotidianamente violentadas por actores armados en el conflicto urbano, tachadas de "indeseables" dentro de los territorios bajo control armado. La categoría de enemigo se combinó con la de residuo social.

Comunidades afrodescendientes fueron objeto de imaginarios estigmatizantes preexistentes que actores armados y fuerza pública exacerbaron y reapropiaron. En el sur del Guaviare, comunidades negras fueron perseguidas tanto por el Bloque Centauros de las AUC como por el Ejército Nacional, en acciones identificadas como complementarias; personas afrodescendientes fueron comparadas con guerrilleros por su sola condición racial. En el Catatumbo, afrocolombianos, raizales y palenqueros fueron estigmatizados en el marco del conflicto, en parte porque un porcentaje significativo de integrantes de estructuras paramilitares provenientes del Urabá y la costa Caribe eran afrodescendientes, lo que generó señalamientos indiscriminados hacia esa población.

Las mujeres campesinas fueron estigmatizadas como guerrilleras o colaboradoras por el solo hecho de portar objetos cotidianos o vivir en zonas de conflicto, y sufrieron maltrato y acusaciones arbitrarias por parte de la fuerza pública en el Cauca y Sumapaz. Los hijos e hijas nacidos de violencias sexuales cometidas por actores armados fueron estigmatizados por su propia comunidad con apelativos como "paraquitos" o "niños de las personas verdes", acumulando sobre ellos y sus madres una doble victimización: la violencia sexual original y el estigma social posterior, que en este caso no descendía del Estado ni del actor armado, sino del vecindario.

La red: cómo circula la marca

La eficacia destructiva del estigma dependió menos del discurso oficial descendente que de su capacidad para articular niveles heterogéneos: entre la doctrina impresa en un manual militar y el señalamiento del vecino que denuncia había un circuito operativo específico. Ese circuito puede reconstruirse.

En el extremo institucional, el marco doctrinal fijaba las categorías —población civil insurgente, guerra política, guerra jurídica— y las declaraciones oficiales las movilizaban ante la opinión pública. Ese nivel producía enemigos genéricos: el sindicalista, el defensor, el militante de la UP, la comunidad de tal vereda. En el extremo operativo, las listas de objetivos traducían el enemigo genérico en nombres individuales. Desmovilizados del Bloque Héroes de Granada relataron que las listas llegaron a contener hasta mil nombres y funcionaron como mecanismo central de selección letal. En municipios como San Carlos, cuatro fuentes alimentaban esas listas: señalamientos de informantes —antiguos militantes guerrilleros cooptados por los paramilitares—, información obtenida bajo tortura, labores de inteligencia y rumores comunitarios. Desde finales de los años noventa, las listas eran portadas físicamente en los operativos: se mataba "con lista en mano".

Entre ambos extremos, un tejido difuso hacía el trabajo de traducción cotidiana. El Estado colombiano proyectó, en su momento, una red de un millón de informantes; con ella extendió la sospecha generalizada y abrió la puerta a denuncias motivadas por beneficio personal, rencilla vecinal o disputa privada. Guerrillas y paramilitares mantuvieron sus propias redes con la misma lógica. La consecuencia, más allá de la información recabada, fue una desconfianza estructural: cualquiera podía ser el que señalara. A ese nivel se sumaron los guías encapuchados que acompañaban a los actores armados para identificar víctimas ante las comunidades, introduciendo el estigma dentro del tejido social mismo y volviendo peligrosas actividades cotidianas como el trabajo comunitario, la enseñanza o la organización vecinal.

El circuito se cerraba, en el terreno, con una operación que ya no requería palabras: la lectura del cuerpo. Los cuerpos campesinos —marcados por el trabajo, la carga, el sol, el sudor— fueron leídos por los paramilitares en retenes como si fueran documentos de identidad enemiga. La estigmatización, en ese punto, alcanzó su forma más pura: prescindió del discurso y se apoyó en la evidencia de la piel.

La responsabilidad del dispositivo no puede, por tanto, atribuirse a un solo actor. El Estado proporcionó el marco doctrinal y legitimador; los paramilitares, las guerrillas y las redes informales lo apropiaron y ejecutaron. Sin el marco, la violencia habría carecido de justificación pública; sin la apropiación, el discurso habría sido inerte.

La huella: exilio, silencio y justicia

El estigma no termina con el hecho violento. Acompaña a las víctimas durante décadas, atraviesa fronteras y se transmite entre generaciones. Muchas víctimas colombianas en el exilio llevan una marca moral negativa que las persigue. La pregunta "¿qué hiciste para tener que salir de tu país?" resume el mecanismo: la sospecha se desplaza del perpetrador a la víctima. Quien huye debe explicar por qué; quien persiguió, no.

La estrategia de supervivencia más frecuente en el exilio es el silencio: no hablar de la persecución, no identificarse como persona exiliada, no contar la historia, ni siquiera al regresar. Sobre quienes se fueron pesa una especie de castigo público o culpa social —la sospecha de que "algo habrán hecho"— que refuerza ese silencio. La marca cruza el océano con la víctima y se instala también en el país de acogida, donde las comunidades del exilio reproducen a menudo, entre sí, las divisiones y desconfianzas heredadas del conflicto.

Los hijos e hijas de personas perseguidas o combatientes crecieron aprendiendo estrategias de ocultamiento: mentiras, cambios de rutina, versiones alternativas de la identidad familiar. En el exilio, los niños y jóvenes vivieron el silencio sobre lo que no se podía hablar como parte de su experiencia cotidiana. Aprendieron pronto qué preguntas no se hacen, qué apellidos no se pronuncian, qué fotografías no se muestran. Ese silencio constituye un daño específico a su desarrollo y a su memoria, distinto y adicional al daño original que causó el exilio. Es también un daño transmisible: la generación siguiente hereda la cautela, la sospecha ante las instituciones, el reflejo de mirar por encima del hombro antes de hablar.

En las comunidades que permanecieron en el territorio, el estigma produjo daños colectivos duraderos. Contribuyó a la disolución de organizaciones comunitarias como ASOPEMA, provocó la huida o el silenciamiento de líderes y generó sentimientos colectivos de abandono, impotencia y desconcierto. Promovió el señalamiento interno dentro de las comunidades, el quiebre de relaciones vecinales, la sospecha mutua. Vecinos que habían compartido durante años dejaron de saludarse; familias que habían sido amigas evitaron ser vistas juntas; asambleas y juntas de acción comunal se disolvieron sin acuerdo formal, por pura evaporación de la confianza.

Tras algunas masacres, como la de Portete, los sobrevivientes que huían encontraron rechazo en comunidades vecinas que temían ser asociadas con ellos y sufrir la misma violencia. El estigma se contagiaba: acoger a una víctima podía convertir al anfitrión en el próximo objetivo. Esa lógica de contagio explica por qué muchos desplazamientos no encontraron refugio en las poblaciones cercanas y debieron continuar hacia centros urbanos distantes, donde el anonimato era la única forma de protección.

En el mundo cultural, el estigma de "subversivo" o "artista guerrillero" fue utilizado por grupos paramilitares para amenazar y expulsar a personas del ámbito artístico y político, como ocurrió con miembros de la Corporación Colombiana de Teatro en los años ochenta. Escenarios, publicaciones y espacios de creación desaparecieron o se replegaron; carreras enteras se interrumpieron por señalamientos que las autoridades no desmintieron.

La justicia transicional colombiana enfrentó todo ese entramado tardíamente y en condiciones excepcionales. Los agentes de memoria en Colombia iniciaron su lucha en medio de un conflicto armado en curso, a diferencia de otros países latinoamericanos que emprendieron procesos de memoria histórica tras el fin de dictaduras o la firma de acuerdos de paz. La adopción de la Ley de Justicia y Paz fue el momento en que la memoria histórica se enunció con fuerza en la esfera pública, dando lugar a coaliciones de víctimas y abriendo espacio para políticas públicas de memoria.

Los reconocimientos jurídicos han llegado en cuentagotas. El de 2012 sobre el genocidio de la UP. El de 2016 por parte del presidente Santos. La Comisión de la Verdad documentó que soldados y comandantes reconocieron públicamente el crimen de los falsos positivos y pidieron perdón a las familias y a la nación, y señaló además que el daño causado por ese crimen a la ética pública de la nación es inconmensurable y tiene un efecto devastador en los niños y jóvenes de Colombia. La Corte Constitucional, al declarar inconstitucionales la Ley de Seguridad Nacional y el Estatuto Antiterrorista, invalidó las tentativas de codificar legalmente la doctrina del enemigo interno.

El hallazgo central de la Comisión de la Verdad —la estigmatización como mecanismo de construcción del enemigo, base del exterminio físico, social y político— constituye la primera formulación oficial que trata al estigma no como consecuencia colateral de la guerra sino como uno de sus dispositivos constitutivos. Esa formulación tiene una implicación jurídica todavía abierta: si la estigmatización sistemática es paso previo tipificable a la violencia masiva, quienes elaboraron manuales, hicieron declaraciones estigmatizantes desde cargos públicos y construyeron discursos que legitimaron el exterminio cargan con una responsabilidad que trasciende el amparo de la libertad de expresión.

La estigmatización, en Colombia, tuvo nombres propios, fechas y consecuencias contables: 4.153 víctimas de la UP, 3.500 sindicalistas asesinados, 290 operadores de justicia asesinados en doce años, comunidades enteras arrasadas por marcas colectivas. Su huella más profunda es, sin embargo, la que no se cuenta: el silencio de los exiliados, la lengua rota de los hijos, las organizaciones disueltas, los liderazgos que no fueron, la desconfianza vecinal que sobrevivió a los paramilitares. Nombrarla como dispositivo, y no como accidente, es la operación que la Comisión de la Verdad dejó inscrita en el archivo público; lo que resta por establecer es hasta qué punto el país tratará ese nombre como categoría jurídica plena o lo dejará descansar en la literatura de los informes.