Jaime Garzón

Jaime Garzón Forero

Jaime Garzón Forero (Bogotá, 1960 – Bogotá, 13 de agosto de 1999) fue abogado, humorista, periodista, funcionario público y mediador humanitario colombiano. En menos de una década construyó una figura sin equivalente en el país: la del bufón político que era, a la vez, interlocutor real de guerrilleros, presidentes y jefes paramilitares. Su asesinato, a los 38 años, en una calle del centro-sur de Bogotá, cerró un ciclo de crímenes contra defensores de derechos humanos y voces públicas críticas entre 1997 y 1999, y sigue siendo pieza central para entender cómo el paramilitarismo y sectores de la inteligencia del Estado colombiano percibieron y atacaron, en los años finales del siglo XX, las formas civiles de intervención en el conflicto armado.

Un humorista que hacía política en serio

Lo que hace de Garzón una figura irrepetible no es que hiciera reír a un país en guerra —eso lo habían hecho otros—, sino que su humor era un instrumento de intervención política concreta. Cuando encarnaba a Heriberto de la Calle, embolador de zapatos, y le preguntaba a un ministro por un contrato de infraestructura, la respuesta importaba tanto como la carcajada; cuando en un noticiero satirizaba las negociaciones con la guerrilla, en paralelo estaba hablando por teléfono con esa misma guerrilla para gestionar la liberación de un secuestrado. Esa doble condición —el sátiro que también negocia, el humorista que también litiga— disolvía la frontera entre la comedia política y la acción política.

Garzón operaba en la intersección de tres oficios que en Colombia se habían mantenido separados: el derecho, el periodismo y el humor. Fue funcionario público en la Alcaldía Mayor de Bogotá antes de los treinta años, gestor humanitario reconocido por la ley colombiana de la época, y estrella de radio y televisión con audiencias masivas. En un país donde el periodismo se había mimetizado durante siglos con las hegemonías políticas y económicas —al punto de que la población tenía dificultades para distinguir dónde terminaba el poder y dónde empezaba la prensa—, Garzón construyó una voz que no cabía ni en el oficialismo ni en la marginalidad, y que por eso mismo resultaba, para quienes lo asesinaron, más difícil de tolerar que un editorial firmado.

Los orígenes: Sumapaz, el barrio Quiroga y el derecho

Nació en Bogotá en 1960, en una familia de clase media del sur de la ciudad. Creció en el barrio Quiroga, un vecindario obrero y de empleados públicos en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y ese origen sur, con su geografía y sus modos de habla, quedaría inscrito en su forma de hablar y en sus personajes: Heriberto de la Calle, la vendedora Dioselina Tibaná, el celador y el taxista con opinión política venían del mundo popular bogotano al que Garzón pertenecía y del que nunca fingió salir.

Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, y esa formación —más que la de un humorista natural o la de un periodista de escuela— explica buena parte del método con que después ejerció el humor y la mediación. Leía los contratos, entendía los tecnicismos del derecho internacional humanitario, sabía qué era una prueba y qué era un dictamen. Cuando en la década de 1990 se convirtió en gestor de liberaciones de secuestrados, no lo hizo como un aficionado voluntarioso sino como un abogado que conocía el marco legal que amparaba a las figuras del derecho internacional humanitario, condición que el Consejo de Estado corroboraría después en una sentencia.

Su vínculo con Sumapaz, la vasta región de páramo al sur de Bogotá con una historia campesina de resistencia agraria y presencia guerrillera de larga data, se consolidó cuando fue nombrado alcalde local de esa jurisdicción, un cargo administrativo dentro de la estructura del Distrito Capital. Ese paso por Sumapaz —territorio de comunidades campesinas organizadas, atravesado por décadas de tensión con el Estado y por la presencia histórica de las FARC— le dio a Garzón un aprendizaje que pocos funcionarios urbanos tenían: el trato directo con líderes campesinos, la comprensión del conflicto rural desde adentro, y una red de interlocutores que después le serviría en las mediaciones humanitarias.

Del funcionario al humorista de país

La carrera pública de Garzón se despliega entre finales de los años ochenta y 1999, en un país que iba entrando en su década más violenta. En ese tramo pasó por la administración distrital, por la radio, por la televisión y por la mediación de secuestros con una densidad de trabajo que hoy resulta difícil de reconstruir sin dejar la impresión de que se trata de varias vidas encimadas.

Como funcionario, ocupó la alcaldía local de Sumapaz y trabajó en la Alcaldía Mayor de Bogotá durante la administración de Andrés Pastrana Arango como alcalde de la capital (1988-1990). Ese vínculo temprano con Pastrana —quien años después, ya como presidente, sería el interlocutor gubernamental del proceso de paz de El Caguán— tendría consecuencias en la última etapa de la vida de Garzón, cuando sus canales con la casa presidencial y con las FARC se cruzaron.

Su irrupción como humorista de alcance nacional ocurrió en los primeros años noventa, con programas de televisión que redefinieron el género en Colombia. Zoociedad, primero, y luego Quac, el noticero —espacios en los que fue guionista y actor principal— trasladaron a la televisión colombiana un tipo de sátira política que no se limitaba a la caricatura del político de turno, sino que construía un universo entero de personajes populares desde donde se ejercía una crítica sistemática al poder. En la radio, su espacio matutino en Radionet, donde encarnaba a Heriberto de la Calle entrevistando a políticos reales, se convirtió en cita obligada de la clase dirigente: los ministros y congresistas iban a que un embolador los interrogara, y en esa aparente subversión de los papeles se jugaba una porción no menor del debate público.

Paralelamente —y esta es la faceta que la memoria popular ha tendido a subestimar—, Garzón se convirtió en mediador humanitario. Durante los años noventa, en un país donde el secuestro se había vuelto una industria y una herramienta política, y donde las FARC en particular utilizaban la retención de figuras políticas con el doble fin de presionar al Estado y publicitar su discurso, hicieron falta figuras civiles que se movieran entre las líneas del conflicto para negociar liberaciones. La ley colombiana de la época estipulaba la existencia de estos gestores del derecho internacional humanitario, y Garzón fue uno de los más activos, con contactos directos en el secretariado de las FARC —incluido Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo— y también con el mundo político legal, desde la izquierda de Antonio Navarro Wolff hasta figuras liberales como Juan Manuel López Cabrales, sin descartar contactos ocasionales con el propio Carlos Castaño Gil, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, y con Álvaro Leyva Durán, veterano negociador de paz.

Esa red de interlocución, más que su humor, es lo que explica el contexto de su asesinato. En 1999, Colombia atravesaba el peor momento de su conflicto armado moderno. Pastrana había decretado en 1998 el despeje militar de cinco municipios —San Vicente del Caguán, La Uribe, La Macarena, Vistahermosa y Mesetas— para instalar la Zona de Distensión donde se adelantarían los diálogos con las FARC-EP. Las FARC llegaban a esa negociación en su mayor vigor militar, después de haber infligido derrotas importantes al Ejército entre 1996 y 1998, con la convicción interna, expresada por sus propios miembros, de que la toma del poder por las armas era una posibilidad real. En marzo de 1999 el ELN pidió su propia zona de despeje en el sur de Bolívar, y encontró la resistencia coordinada de alcaldes de la región y del Bloque Central Bolívar paramilitar. Ese mismo año, la guerrilla practicaba retenciones masivas en carreteras y pueblos —las llamadas pescas milagrosas— y 320 militares y policías estaban en poder de las FARC-EP sin que el gobierno hubiera incluido su liberación en la agenda del Caguán, lo que llevó a sus madres y familiares a movilizarse infructuosamente. En enero, un terremoto en el eje cafetero había dejado cerca de mil muertos, diez mil heridos y unos doscientos mil damnificados, y la economía colombiana registraba la primera contracción de su historia moderna: un PIB de -4,1 %, coletazo de la crisis asiática. En medio de ese cuadro, Garzón no era solo un humorista de televisión: era uno de los pocos civiles con líneas abiertas hacia todos los actores armados, y estaba trabajando en la liberación de secuestrados en poder de las FARC.

Existe un testimonio, recogido por Semana en 2003, según el cual, poco antes de su muerte, Garzón se puso pálido —"entre asustado y ofuscado", dice la crónica— ante la aparición repentina de un fotógrafo que le disparó su flash, y alcanzó a decir: "Me van a matar". La frase, breve y precisa como un titular, quedó como una de las últimas señales de que él mismo entendía dónde estaba parado.

El asesinato: viernes 13 de agosto

Jaime Garzón fue asesinado en Bogotá el viernes 13 de agosto de 1999, en las inmediaciones de la Avenida Las Américas, cuando se dirigía en su vehículo a Radionet para el programa matutino. Los disparos los efectuaron sicarios en moto, en un modus operandi que era ya, para esa fecha, una firma reconocible en Colombia.

Su muerte se inscribe en una secuencia de crímenes asociados a una lógica sistemática de eliminación de defensores de derechos humanos y figuras públicas críticas, ejecutada entre 1997 y 1999 con participación de estructuras paramilitares y complicidades dentro del aparato estatal. Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), habían sido asesinados en su apartamento de Bogotá el 19 de mayo de 1997. Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, fue baleado en su oficina de Medellín el 27 de febrero de 1998. En 1999, además de Garzón, fue asesinado el ex consejero de paz Jesús Antonio Bejarano. La atribución de estos crímenes a órdenes emanadas de jefes militares con nexos paramilitares aparece en publicaciones y análisis del período; en cada caso, los procesos judiciales han avanzado de manera desigual.

En el caso Garzón, la impunidad fue prolongada. Durante varios años el asesinato no produjo condenas de fondo, y las hipótesis oscilaron entre la autoría exclusiva de las Autodefensas de Carlos Castaño Gil y la participación de agentes del Estado. Con el tiempo, la investigación se dirigió hacia el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República. El subdirector del DAS al momento del crimen, José Miguel Narváez, fue finalmente condenado a 30 años de prisión como determinador del asesinato. Narváez, cuyos nexos con el exgeneral del Ejército Rito Alejo del Río han sido investigados en el marco de la contribución del DAS a la impunidad de crímenes del Bloque Catatumbo de las autodefensas, aparece así como la pieza que conecta el asesinato del humorista con el aparato de inteligencia estatal y con las redes paramilitares que operaban en Norte de Santander y Urabá.

La condena de Narváez es central para entender el caso: no se trata de un ajuste de cuentas del paramilitarismo autónomo, sino de un crimen en cuya determinación participó un alto funcionario de la inteligencia colombiana. Esa constatación desplaza la lectura del asesinato de Garzón desde el marco de "guerra sucia paramilitar" hacia el marco, más incómodo y más preciso, del terrorismo de Estado con delegación operativa. La opacidad que aún persiste sobre otros eslabones de la cadena —los ejecutores materiales, los cómplices intermedios, la totalidad de los determinadores— es, en sí misma, un hecho histórico: el crimen se cometió con una expectativa razonable de impunidad, y esa expectativa se cumplió durante años.

La red: interlocutores en todos los bandos

Reconstruir la figura de Garzón exige mapear su red, porque su capacidad de intervención dependía enteramente de las líneas telefónicas que sabía marcar. Esa red desbordaba cualquier clasificación política.

En la clase política tradicional tuvo interlocución con Andrés Pastrana Arango, con quien había trabajado en la Alcaldía Mayor de Bogotá, y con César Gaviria Trujillo, presidente entre 1990 y 1994. En la izquierda democrática y en el mundo de las negociaciones de paz, su vínculo más estable fue con Antonio Navarro Wolff, ex comandante del M-19 y luego dirigente político, y con el conservador Álvaro Leyva Durán, gestor histórico de conversaciones con las FARC. En el liberalismo regional, mantuvo trato con figuras como Juan Manuel López Cabrales, congresista del Caribe colombiano. En la guerrilla, tenía canales directos con el secretariado de las FARC-EP, incluido Manuel Marulanda Vélez, contactos que utilizó para gestionar liberaciones de secuestrados en 1998 y 1999. Y en el paramilitarismo, las versiones judiciales han documentado interlocución ocasional con Carlos Castaño Gil, jefe de las AUC, y algún cruce documentado con Diego León Montoya, uno de los grandes jefes del narcotráfico del Valle del Cauca.

Esa capacidad de hablar con todos —que en cualquier otro contexto habría sido un elogio— era, en la Colombia de 1999, una anomalía peligrosa. Para las estructuras paramilitares y para los sectores del DAS que las apoyaban, un civil sin uniforme, sin cargo público formal y sin partido, que sostuviera líneas abiertas con las FARC y con la presidencia al mismo tiempo, era un actor imposible de encajar en la lógica binaria del conflicto. En un país donde los mediadores humanitarios, pese al respaldo legal que tenían y que después ratificaría el Consejo de Estado, eran públicamente sospechosos de simpatías guerrilleras, la figura de Garzón —amplificada además por su presencia diaria en radio y televisión— resultaba doblemente perturbadora: mediaba, y encima le contaba al país lo que veía.

Su red geográfica también fue extensa. Los territorios que atravesó como gestor humanitario —Caquetá, con la Zona de Distensión y sus municipios; La Uribe, en el Meta, capital histórica del secretariado de las FARC; Nariño, con la conflictividad emergente del pacífico sur— formaban el mapa del conflicto colombiano en su fase más aguda, y Garzón se movió por ese mapa con una soltura de la que muy pocos civiles disponían.

El humor como identificación colectiva

Comprender por qué el humor de Garzón fue percibido como una amenaza política, y no solo como un incordio para gobernantes, exige entender lo que significaba en la Colombia de los noventa una figura mediática que construía identificación con las mayorías desde una posición crítica.

Los análisis del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre victimización de periodistas han sostenido que las muertes de comunicadores como Guillermo Cano —director de El Espectador asesinado por el narcotráfico en 1986—, Efraín Varela —periodista radial de Arauca— y el propio Garzón produjeron un daño que trascendió lo individual: al matar a esas figuras se buscaba eliminar algo que pertenecía a los colectivos que ellas representaban, en tanto sus cuerpos habían pasado a ser formas de identificación de grupos sociales. Los mensajes de terror se inscribían mediante la forma de dar muerte —el sicariato en vía pública, el momento del día, el lugar simbólico—, y los cuerpos se convertían en instrumentos para generar terror, conmoción, parálisis y confusión.

Garzón encajaba con exactitud en ese patrón. Sus personajes —Heriberto de la Calle, Dioselina Tibaná, el celador y el taxista con opinión política— eran vehículos de identificación popular; a través de ellos, buena parte del país se veía a sí misma pensando y hablando. La Constitución de 1991, en su artículo 20, garantiza la libertad de expresar y difundir el pensamiento, informar y recibir información veraz, fundar medios de comunicación, y prohíbe expresamente la censura: Garzón era el ejercicio en acto de ese artículo, y su asesinato fue, entre otras cosas, una impugnación material a esa garantía constitucional.

Hay un dato de fondo que ayuda a dimensionar la figura: desde la Colonia, el oficio de informar en Colombia estuvo asociado o en contradicción con el poder dominante, hasta el punto de ser concebido popularmente como un poder más del Estado, y la agenda informativa se mimetizó históricamente con la de las hegemonías políticas y económicas. En más de una coyuntura, el periodismo contribuyó a avivar violencias mediante la exacerbación de odios, la ideologización de tensiones sociales, la estigmatización y los señalamientos con nombre propio. Garzón hacía exactamente lo contrario: usaba el humor para desmontar esa mimetización, para señalar dónde el discurso oficial se parecía al del poder ilegal, y para nombrar con nombres propios sin caer en la estigmatización. Su humor no ideologizaba tensiones: las traducía a un lenguaje popular en el que la gente podía reconocerse.

Mediación humanitaria y proceso de paz

En los últimos años de su vida, Garzón se involucró de manera creciente en la gestión humanitaria. El contexto lo empujaba: solo en 1998, 310 personas fueron privadas de la libertad en tomas o ataques guerrilleros a poblados, incluyendo 132 retenidos en la toma de Miraflores (Guaviare) y 62 policías en la toma de Mitú. Para 1999, los 320 militares y policías en poder de las FARC-EP se habían convertido en un dilema humanitario mayor, y sus familiares se movilizaban sin encontrar respuesta en la agenda del Caguán.

En ese vacío, mediadores civiles como Garzón —amparados en la figura legal de gestores del derecho internacional humanitario— gestionaron liberaciones de secuestrados. Las FARC denominaban al intercambio de retenidos por prisioneros de guerra intercambio humanitario, una expresión asociada a su estrategia de presión al Estado y de publicidad de su discurso político y de su poderío militar. La sociedad colombiana estaba polarizada entre quienes pedían rescates a sangre y fuego y quienes exigían el respeto a la vida e integridad de los secuestrados mediante solución negociada, y los mediadores humanitarios trabajaban en la segunda franja, con el riesgo constante de que la primera los considerara aliados del enemigo.

El proceso de paz de El Caguán, en el que Garzón desarrolló parte de sus últimas gestiones, había arrancado con el despeje de los cinco municipios y avanzaba en medio de crisis recurrentes. Las FARC-EP cometieron abusos contra la población civil dentro de la Zona de Distensión, incluida la expulsión del alcalde de La Macarena y amenazas contra la fiscal local de San Vicente del Caguán, hechos que el gobierno calificó como incumplimiento de los acuerdos y que generaron una primera crisis del proceso, luego reanudado. En paralelo, el gobierno de Ernesto Samper había firmado en febrero de 1998 el Preacuerdo de Viana con el ELN en España, contemplando una Convención Nacional por la Paz, y el ELN y la sociedad civil habían firmado el Acuerdo de la Puerta del Cielo en Maguncia, Alemania, un pacto procedimental para iniciar un proceso de paz. El Mandato por la Paz, votado en octubre de 1997 por millones de colombianos, había impulsado la creación de la Sala de Situación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, liderada por el italiano Francesco Vincenti, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia.

Ese ecosistema de mediaciones, acuerdos procedimentales y expectativas civiles constituye el fondo sobre el que se recorta la figura de Garzón. No era un actor aislado: era uno de los rostros más visibles de un tejido más amplio de gestores que intentaban abrir espacio a una salida negociada mientras los paramilitares avanzaban militarmente —el sur de Bolívar cayó bajo su control en 1998, y en 1999 se insertaron en el Catatumbo compartiendo territorio con la insurgencia— y mientras las FARC creían tener a su alcance la victoria militar.

La huella: memoria, pedagogía y la larga sombra del caso

El asesinato de Jaime Garzón produjo, casi de inmediato, una conmoción nacional. La cobertura mediática, las multitudes en el sepelio, la reacción de la clase política, el luto colectivo, todo respondió a la percepción difusa pero certera de que con Garzón se había matado algo más grande que un humorista: una posibilidad. Esa lectura, expresada en su momento en términos emocionales, ha sido después reelaborada por la historiografía del conflicto y por la memoria pública en términos analíticos.

Hoy, Garzón forma parte del canon histórico del año 1999 en las enciclopedias colombianas, mencionado junto a Jesús Antonio Bejarano como los crímenes emblemáticos del año. Su figura aparece también en el análisis del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre victimización de periodistas, en la misma serie que Guillermo Cano y Efraín Varela, como caso paradigmático del daño colectivo producido por el asesinato de figuras que operaban como formas de identificación social.

En el terreno pedagógico, su caso ha entrado a las aulas colombianas. Instituciones educativas como la IED Julio Pérez Ferrero utilizan la figura de Garzón en actividades escolares para abordar temas de historia reciente y derechos fundamentales, articulándola con el estudio de artículos constitucionales como el 20 —libertad de expresión— y el 26 —libertad de profesión y oficio—. Esa apropiación pedagógica, que convierte al humorista asesinado en material didáctico sobre la Constitución de 1991, es probablemente el legado más silencioso y más duradero: Garzón enseña, después de muerto, la letra del pacto político que su asesinato pretendió desmentir.

En el plano judicial, la condena de José Miguel Narváez a 30 años de prisión como determinador del crimen, y la investigación pendiente sobre sus nexos con el exgeneral Rito Alejo del Río y sobre la contribución del DAS a la impunidad de los paramilitares del Bloque Catatumbo, mantienen el caso abierto en el sentido histórico: no como un expediente cerrado, sino como una puerta hacia el mapa mayor del terrorismo de Estado en Colombia. La lentitud con que la justicia colombiana llegó a esa condena, y el hecho de que otros eslabones de la cadena sigan sin esclarecerse, no son incidentes procesales: son parte del significado histórico del asesinato, que se cometió esperando impunidad y obtuvo, durante años, exactamente esa impunidad.

La lectura definitiva de la figura de Garzón exige sostener dos planos a la vez. En uno, su asesinato pertenece al patrón estructural documentado entre 1997 y 1999 —Alvarado, Calderón, Valle Jaramillo, Bejarano, Garzón— de eliminación de defensores de derechos humanos y figuras públicas críticas, con lógica de terrorismo de Estado y con el DAS como vector operativo probado; en ese plano, Garzón es una víctima entre otras, y su especificidad se diluye en la del patrón. En el otro —el que la condena de Narváez y las circunstancias del caso permiten sostener sin exagerar—, Garzón fue asesinado en la intersección de dos amenazas que sus enemigos percibían como convergentes: la mediación humanitaria que legitimaba interlocutores civiles frente al conflicto —y que amenazaba con abrir salidas negociadas que sectores del establecimiento militar y paramilitar querían clausurar— y la sátira televisiva que construía identificación colectiva crítica en un país cuyo periodismo hegemónico se había mimetizado con el poder. Que esas dos amenazas convergieran en una sola persona, y que esa persona fuera además accesible en la calle a las siete y media de la mañana de un viernes, hizo del crimen una operación viable.

La memoria pública colombiana ha tendido a fijarse en la primera imagen —Garzón humorista, Garzón risa nacional interrumpida— y ha demorado en incorporar la segunda —Garzón mediador, Garzón actor político legalmente reconocido—. La ficha completa exige sostener ambas sin colapsarlas: fue asesinado porque era ambas cosas, y porque en la Colombia de 1999 ser ambas cosas a la vez, con la eficacia con que él lo era, había dejado de ser tolerable para quienes tenían la capacidad de decidir un asesinato y la certeza de que quedaría impune.