Guillermo Cano Isaza

Semblanza de un editor

Periodista antioqueño, Cano heredó un diario liberal fundado por su familia en Medellín en 1887 y trasladado luego a Bogotá, donde El Espectador se consolidó como periódico de circulación nacional. Cuando asumió la dirección en 1952 —joven todavía, en pleno recrudecimiento de La Violencia bipartidista— tomaba un cargo definido tanto por el oficio como por el apellido: la prensa nacional era, y en muchos sentidos siguió siendo, un negocio familiar con posición doctrinal. Los Cano lo eran del liberalismo, como los Santos lo eran, en El Tiempo, de otra fracción del mismo partido.

El dato contextualiza sin disminuir. La agencia editorial de Guillermo Cano no fue la de un individuo suelto que descubre una causa: fue la de un director que operó dentro de un ecosistema donde el gobierno intentaba manipular coberturas mediante relaciones familiares, personales y políticas, donde a partir de 1980 los grandes conglomerados económicos ganaban peso en la industria, y donde la filiación liberal del periódico condicionaba tanto sus alianzas como sus antagonismos. Lo que distingue a Cano no es que haya sido libre de esas condiciones —nadie lo era—, sino que dentro de ellas empujó sistemáticamente la línea del periódico hacia un lugar que otros diarios evitaron.

Ese lugar tenía nombre a comienzos de los ochenta: la denuncia frontal del narcotráfico y de sus aliados políticos, económicos y militares. Cano quedó en la memoria colectiva del periodismo colombiano como el único que, en plena euforia del dinero fácil, se dedicó a nombrar a los narcotraficantes y a quienes los amparaban. Hubo otras voces, algunas silenciadas también con sangre —como la del subdirector del Diario de Occidente en Cali—, pero él convirtió una posición individual en línea editorial sostenida de un diario nacional, y esa conversión es lo que lo hace excepcional. Los editoriales de comienzos de los ochenta insistieron en un vocabulario que otros medios evitaban: llamar al tráfico de cocaína por su nombre, exponer la penetración de sus capitales en la política regional antioqueña, señalar la connivencia de sectores del liberalismo con figuras cuya fortuna venía del contrabando y de las rutas de exportación hacia Estados Unidos. Escribir eso desde Bogotá en 1983 no era, todavía, un gesto suicida; empezaría a serlo muy pronto.

Los orígenes de una vocación heredada

Guillermo Cano Isaza nació en el seno de una de las familias fundadoras del periodismo colombiano moderno. El Espectador había sido fundado por Fidel Cano Gutiérrez en Medellín, y desde entonces la dirección del diario circuló dentro del clan. Cuando Guillermo asumió el cargo en 1952, lo hizo dentro de una tradición donde oficio, propiedad y apellido eran indistinguibles, y donde la sucesión editorial funcionaba como la de una casa noble antioqueña. El diario había cruzado, para entonces, más de seis décadas de vida institucional, con clausuras, reaperturas y traslados que lo habían convertido en símbolo de la resistencia liberal frente a los gobiernos conservadores de la Regeneración y sus herederos. Guillermo no recibía, por tanto, un simple cargo administrativo: recibía una tradición combativa que ya había pagado precios altos por su independencia doctrinaria.

El carácter marcadamente familiar de la prensa colombiana ha sido uno de sus rasgos más persistentes, y El Espectador fue caso paradigmático. Junto a Guillermo, su hermano Luis Gabriel Cano compartía la conducción del diario; después vendrían los hijos —Fernando Cano Busquets y Juan Guillermo Cano—, casados con la lógica de un periódico que era también empresa doméstica. Ana María Busquets de Cano, esposa de Guillermo, formaría parte del núcleo que sostendría el diario tras el magnicidio. La estructura tiene consecuencias que la biografía convencional tiende a suavizar: significó continuidad doctrinal y capacidad de sostener una línea en el tiempo, pero también dependencia de un círculo cerrado, social y políticamente liberal, de Bogotá. La toma de decisiones editoriales pasaba por el consejo doméstico tanto como por la mesa de redacción, y la propiedad del capital y la propiedad de la línea coincidían en las mismas personas. En una prensa así, las convicciones se heredaban como los muebles.

Lo que Guillermo Cano heredó, entonces, no fue solo una silla directiva sino una tradición: el liberalismo doctrinario de la casa Cano, con su vocación de contrapeso a los excesos del poder, su desconfianza histórica frente al conservatismo hegemónico y su convicción —muy siglo XIX en su origen— de que la prensa era una institución republicana antes que un negocio. Sobre ese sustrato construiría, a partir de los años cincuenta, una dirección que atravesaría el Frente Nacional, los años setenta y la irrupción del narcotráfico. Le tocaría, en distintos momentos, sostener el diario frente a los gobiernos conservadores y liberales de la alternancia pactada, frente a las tensiones internas del liberalismo, frente a los ejércitos guerrilleros que aparecieron en los sesenta y frente a la nueva forma de dinero y violencia que llegaría con las bonanzas ilícitas del Caribe y de Antioquia. Cada uno de esos frentes moldeó su idea de qué debía hacer un director de diario en Colombia.

La dirección, 1952-1986

Treinta y cuatro años al frente del mismo diario permiten muchas cosas: consolidar una voz, formar generaciones de reporteros, sobrevivir a gobiernos. Cano hizo las tres. Entre sus colaboradores estuvieron Eduardo Caballero Calderón, una de las plumas mayores del ensayismo colombiano, y Lucio Duzán. El diario mantuvo su afiliación a la Sociedad Interamericana de Prensa, a la Oficina de Circulación Certificada y a la Asociación de Diarios Colombianos, insignias de pertenencia al establecimiento mediático continental. En el mapa nacional, El Espectador compartía con El Tiempo el lugar de referente principal, aunque en circulación e influencia bruta el diario de la familia Santos —fundado en Bogotá en 1911, también liberal— llevaba la delantera.

La primera mitad de la dirección de Cano transcurrió bajo las lógicas del Frente Nacional y sus prolongaciones: un país donde el bipartidismo se alternaba en el poder por pacto, donde la insurgencia guerrillera empezaba a asentarse en zonas rurales y donde la prensa nacional operaba dentro de una convivencia negociada con el ejecutivo. En esos años, El Espectador fue diario de comentario político, de crónica cultural y de registro económico dentro de las coordenadas convencionales del liberalismo bogotano. Cano firmó columnas breves, sostuvo una redacción amplia para la época y mantuvo un pulso profesional con el aparato oficial que combinaba respeto institucional y críticas puntuales. Nada de aquellos años anuncia todavía al director que quedaría en la memoria histórica. Es en la segunda mitad —los años ochenta— cuando la dirección adquiere el perfil que la definiría.

Lo determinante ocurrió alrededor de 1983-1984. Desde comienzos de la década, El Espectador emprendió lo que sería nombrado más tarde como una cruzada editorial contra el narcotráfico y su influencia en la vida del país. La palabra "cruzada" es exacta en dos sentidos: por su intensidad y por su carácter militante. No se trataba de cobertura noticiosa, sino de una línea sostenida de investigación, denuncia y editorialización que convirtió al diario en actor principal de la lucha contra el narcotráfico.

El giro coincidió con la irrupción de una nueva fuerza en la política colombiana: el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, disidencia del liberalismo oficial que había hecho de la denuncia del dinero de la droga uno de sus ejes. El Espectador hizo causa común con esa disidencia. La alianza fue explícita, tanto editorial como política, y encontró su figura articuladora en Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur y representante del Nuevo Liberalismo en el gabinete.

Lara fue quien, desde su cargo, expuso ante el Congreso los antecedentes penales de Pablo Escobar Gaviria como traficante de droga. Escobar era entonces representante suplente a la Cámara por un grupo liberal antioqueño, propietario de equipos de fútbol y objeto de un culto público que mezclaba la filantropía calculada con el terror discreto. El Espectador difundió y documentó aquella denuncia: publicó investigaciones sobre el pasado penal de Escobar, sostuvo editorialmente la posición de Lara y arrastró consigo al periódico —y a su director— a un terreno del que no había regreso.

Aquí se juega la complejidad del caso Cano. Ejerció una agencia editorial real y documentable. Esa agencia se alineó con una fracción específica del liberalismo, en un momento en que el Nuevo Liberalismo disputaba al liberalismo oficial la legitimidad partidaria. La cruzada de El Espectador fue simultáneamente principista y política. No es reproche: es descripción. El periodismo de posición nunca es aséptico, y el de Cano tampoco lo pretendía.

La cruzada contra el narcotráfico

El 30 de abril de 1984, dos jóvenes en motocicleta armados con pistola automática asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá. La orden había sido dada por Pablo Escobar como represalia por las denuncias del ministro. Era el primer asesinato de un ministro en ejercicio en la historia de Colombia. Sacudió al presidente Betancur, lo sacó de su relativa complacencia frente al tráfico ilícito y marcó, en la política oficial, un punto de quiebre.

Marcó también otro: la certeza de que quienes habían acompañado a Lara —y El Espectador lo había hecho sin retaceos— estaban en una lista. El diario, con todo, sostuvo la línea. Editorializó que la corrupción del narcotráfico había traspasado las fronteras y las estructuras sociales del país, y reflejó, en su cobertura, lo que llamó un ambiente de zozobra y vacío de gobierno. Es la voz de un periódico que no se estaba retirando. En los meses siguientes al asesinato de Lara, Betancur declaró la extradición como herramienta operativa contra los capos, y El Espectador respaldó editorialmente esa decisión, situándose así en el flanco explícitamente enemistado con el cartel de Medellín, que había convertido la lucha contra la extradición en su bandera política más visible.

El costo se acumularía en los años siguientes. El cartel de Medellín llevó adelante, a lo largo de los ochenta, una serie sistemática de asesinatos contra jueces, magistrados, un procurador y ministros de Justicia que tomaban decisiones adversas a sus cabecillas. El prontuario se extendió sobre la judicatura, sobre la política y sobre el periodismo. La violencia contra periodistas dejó de ser incidente aislado para volverse, en la segunda mitad de la década, patrón. El ascenso de la violencia narcotraficante coincide exactamente con el salto de dieciocho asesinatos de periodistas entre 1977-1985 a sesenta y dos entre 1986-1995. Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros regionales.

La muerte de Cano no fue solo represalia individual por su cobertura personal: los patrones estadísticos muestran que el narcoterrorismo convirtió sistemáticamente al periodismo colombiano en objetivo, y cualquier voz crítica sostenida —Cano lo era, pero no la única— estaba en riesgo estructural. Al mismo tiempo, su caso tenía especificidad: fue director del diario que más consistentemente había hecho de la denuncia del narcotráfico su línea editorial, y esa singularidad importa. Cano fue víctima simultáneamente de una represalia calculada y de un patrón estructural. Lo primero explica que fuera él —y no otro director de un diario nacional— quien cayera primero. Lo segundo explica que, tras él, la lista siguiera creciendo durante casi una década.

El Espectador como actor político

Bajo la dirección de Cano, el diario no se limitó al narcotráfico. Su cobertura del conflicto armado y de los procesos de paz mostró el mismo temperamento: espacio abierto a voces que otros medios cerraban, y disposición a sostener columnistas incómodos incluso cuando la presión aconsejaba lo contrario.

El caso más citado es el del columnista Alfredo Molano, que publicó en El Espectador durante años análisis críticos sobre el paramilitarismo y sobre la fractura entre el poder militar y el civil como principal obstáculo para la paz. Molano argumentó que el paramilitarismo debilitaba al Estado y que la ausencia de subordinación efectiva de los militares al gobierno civil era el mayor bloqueo estructural a cualquier salida negociada. La tesis era políticamente cargada: implicaba señalar responsabilidades en las Fuerzas Armadas colombianas, en momentos en que el paramilitarismo se expandía en varias regiones con complicidades activas o pasivas del aparato oficial.

El Espectador no censuró esas columnas. Ni durante los años más agudos del conflicto ni cuando la posición de Molano contradecía tesis del gobierno de turno, el diario retiró el espacio. La decisión editorial —que sobrevivió al propio Guillermo Cano y se prolongó bajo la dirección posterior— tiene su origen en la línea que él instaló: la de un periódico que se entendía a sí mismo como institución republicana con obligación de sostener voces disonantes, incluso al costo de fricciones con el poder.

El diario fue también registro oficioso de los intentos de negociación con las guerrillas. Su cobertura del inicio del proceso de paz con las FARC en 1984 —bajo el gobierno de Betancur— quedó como fuente documental de referencia sobre ese hito. La postura editorial frente a los procesos de paz no fue uniforme a lo largo del tiempo, y en gobiernos posteriores —como el de Ernesto Samper— el periódico se contó entre los sectores que ejercieron presión crítica sobre las negociaciones. Pero en el período de Cano acompañó los intentos negociadores con disposición general favorable, dentro de la tradición liberal de creer que los conflictos políticos requerían salidas políticas.

Esta doble línea —dura contra el narcotráfico, abierta al debate sobre el conflicto armado y el paramilitarismo— explica por qué El Espectador bajo Cano se convirtió en un actor incómodo para múltiples poderes: para los carteles, obviamente; para los sectores militares que Molano señalaba; para el gobierno cuando las coberturas contradecían las versiones oficiales; y para las élites económicas que preferían un periodismo menos militante. La cruzada tenía muchos frentes, y no todos eran igualmente visibles. También tenía enemigos internos al gremio: otros directores de diarios y noticieros de televisión percibieron la línea de El Espectador como una escalada innecesaria que ponía en riesgo la convivencia negociada del periodismo colombiano con los poderes de facto. Esa incomodidad no era declarada, pero atravesaba las relaciones profesionales del oficio y aisló al diario en momentos en los que la solidaridad gremial habría hecho diferencia.

La red

Nombrar la red de Guillermo Cano es reconstruir buena parte del mapa de poder colombiano de su tiempo. En la casa estaban Luis Gabriel Cano —hermano y copartícipe de la conducción del diario—, Ana María Busquets de Cano —su esposa— y los hijos Fernando y Juan Guillermo, que seguirían vinculados al periódico. En la redacción, colaboradores como Eduardo Caballero Calderón y Lucio Duzán convivían con una generación de reporteros formada bajo su dirección. En el terreno editorial más amplio figuraba Alfredo Molano, con quien mantuvo la relación de director que sostiene a columnista, y que después sería memoria viva del carácter de esa dirección. La densidad de esa nómina interna importa porque la dirección de Cano se construyó no solo por lo que él firmaba, sino por lo que decidía publicar: acoger a Caballero Calderón, mantener a Molano, permitir la formación de reporteros que después escribirían sobre los mismos asuntos que su director había convertido en línea de casa.

En la política, la alianza definitoria fue con el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán y con su ministro Rodrigo Lara Bonilla. La convergencia con Lara marcó el punto más alto de la cruzada antinarco y también su costo más inmediato. Con el gobierno de Belisario Betancur —presidente entre 1982 y 1986— la relación fue ambigua: acompañamiento crítico en los procesos de paz, tensión creciente cuando la política oficial parecía complaciente con el narcotráfico, alineamiento tácito después del asesinato de Lara. Con el liberalismo oficial, del que Galán se había desprendido, la relación heredó las tensiones de esa fractura: El Espectador no era un órgano del galanismo, pero su línea editorial coincidía con la del disidente más que con la del aparato tradicional del partido, y esa coincidencia tuvo consecuencias en el aislamiento relativo del diario frente a sectores del liberalismo institucional.

En la antípoda estuvo Pablo Escobar Gaviria. El diario publicó los antecedentes penales del narcotraficante cuando este pretendía la legitimidad política de un escaño en el Congreso; Escobar respondería, a la larga, con la muerte del director. La distancia entre ambos hombres no era solo la del periodista y el criminal: era la de dos proyectos de país enfrentados en la superficie pública. Escobar aspiraba a la legitimación política, a la aceptación social de su fortuna, a la construcción de una carrera parlamentaria que blindara sus operaciones. El Espectador fue el diario que sistemáticamente le negó esa legitimación, y esa negativa —traducida en portadas, en editoriales, en investigaciones firmadas o anónimas— fue leída por el capo como afrenta personal.

Con El Tiempo la relación fue de competencia y de convivencia dentro del establecimiento liberal de la prensa capitalina. Con la Sociedad Interamericana de Prensa, de pertenencia al gremio continental. Con el ecosistema mediático más amplio —radio, televisión, conglomerados económicos que a partir de 1980 empezaron a controlar cada vez más medios—, de tensión creciente: El Espectador pertenecía a una tradición de prensa familiar doctrinaria que se veía cercada por la lógica corporativa emergente. Esa asimetría, más visible en la década siguiente al asesinato, condicionó la crisis empresarial que el diario atravesaría en los años noventa y los cambios de propiedad que llegarían después. En vida de Cano, la tensión era todavía latente; su muerte la dejó abierta.

La muerte

Guillermo Cano Isaza fue asesinado en 1986. Sicarios vinculados al narcotráfico lo ejecutaron; el contexto —la cruzada contra Escobar, la alianza con Lara, la posición pública del diario— hace de la responsabilidad del cartel de Medellín la hipótesis dominante en la memoria histórica y en la investigación penal posterior.

El año importa. 1986 marca el inicio del segundo período de violencia contra periodistas en Colombia: el del ascenso de la violencia narcotraficante, que se extendería hasta 1995. El asesinato de Cano ocurrió en su umbral y funciona, en la periodización, como frontera simbólica. Antes: dieciocho periodistas asesinados en ocho años. Después: sesenta y dos en diez años.

El significado del crimen no se agota en la biografía individual. Las muertes de Cano, del líder radial Efraín Varela y del humorista Jaime Garzón representaron el intento de aniquilar formas de identificación colectiva ligadas a los grupos sociales que esas figuras encarnaban. Matar a Cano no fue solo eliminar a un director de diario: fue enviar un mensaje al periodismo colombiano entero, buscando producir terror, conmoción y parálisis en la profesión y en las poblaciones que se identificaban con ella.

Esa interpretación explica el carácter espectacular de la violencia narcoterrorista de aquellos años. Los cuerpos de las víctimas fueron instrumentos para generar terror; la forma de dar muerte, mensaje cifrado. Los carteles no mataban solo para eliminar adversarios individuales: mataban para reconfigurar los límites de lo decible, de lo publicable, de lo investigable en la esfera pública colombiana. El asesinato de Cano fue funcional a esa reconfiguración, y en el corto plazo la logró: muchos medios recularon, muchas coberturas se autolimitaron, muchas voces callaron.

En el mediano plazo, sin embargo, la operación falló. El Espectador no cerró. La línea editorial se sostuvo. Los hijos y la viuda de Cano permanecieron vinculados al diario. La cruzada, disminuida en intensidad pero no en principio, continuó a lo largo de los años más duros del narcoterrorismo, incluyendo 1989, con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán y el crescendo de atentados que sacudieron al país. El propio diario sufrió, en 1989, un atentado con carro bomba contra sus instalaciones en Bogotá, ejecutado por el cartel de Medellín; el edificio quedó parcialmente destruido y la circulación se interrumpió apenas lo indispensable para reanudarse. La continuidad material del periódico, en condiciones que habrían justificado el cierre, fue en sí misma una forma de respuesta al asesinato del director.

La huella

Guillermo Cano dejó tres huellas de distinta densidad. La primera es institucional: sostuvo durante treinta y cuatro años una dirección que consolidó a El Espectador como uno de los dos grandes diarios nacionales y como referente del periodismo colombiano frente al narcotráfico. Esa dirección sobrevivió a su muerte, con transformaciones y crisis —el diario atravesó dificultades económicas serias en los años posteriores—, pero no se desdibujó.

La segunda huella es simbólica y colectiva. Cano se volvió, junto a Efraín Varela y Jaime Garzón, uno de los nombres a los que la memoria histórica colombiana recurre para narrar el ataque sistemático contra el periodismo durante el conflicto armado. Esa memoria tiene expresiones concretas. El 19 de diciembre de 2000, en la esquina de la Avenida Caracas con calle sexta de Bogotá, se inauguró la escultura Pórtico, del artista santandereano Eduardo Ramírez Villamizar —uno de los grandes escultores abstractos de Colombia—, donada como homenaje a Cano. La obra se instaló en el Parque Tercer Milenio, sobre el antiguo lugar del Cartucho, en el barrio Santa Inés, como parte del proyecto de recuperación urbana del sector. La ubicación no es menor: colocar a Cano en el corazón de una zona de Bogotá asociada a la degradación urbana y al esfuerzo de renovación cívica fue leerlo como emblema de un país que intentaba reconstruirse.

La tercera huella es internacional. El Premio Mundial UNESCO-Guillermo Cano de Libertad de Prensa, instituido tras el magnicidio, se otorga cada año el 3 de mayo —Día Mundial de la Libertad de Prensa— a personas o instituciones que hayan realizado contribuciones destacadas a la defensa o promoción de la libertad de prensa, especialmente en circunstancias de riesgo. La proyección global del nombre convirtió a Cano en un referente que trasciende la historia colombiana y hace de su asesinato un caso citado en la literatura internacional sobre violencia contra periodistas.

Las tres huellas conviven con matices que la conmemoración tiende a suavizar. La dirección de Cano operó dentro de las lógicas familiares y partidarias de la prensa colombiana, con las virtudes y los límites de esa condición. Su cruzada antinarco se hizo en alianza explícita con una fracción específica del liberalismo, y esa dimensión política —legítima, pero política al fin— no debe borrarse en el relato heroico. El diario que dirigió fue actor comprometido, no árbitro neutro, y esa fue precisamente su virtud y su vulnerabilidad.

Nada de eso disminuye lo esencial. En un país donde muchos otros directores de medios optaron por la prudencia, la ambigüedad o la complicidad discreta con los poderes que se debía denunciar, Guillermo Cano Isaza eligió otra cosa. Convirtió El Espectador en trinchera institucional contra el narcotráfico en un momento en que hacerlo tenía costo cierto. Pagó ese costo con la vida el mismo año en que empezaba, para el periodismo colombiano, la década más letal de su historia. Los carteles quisieron enseñar, con su cadáver, dónde estaba la línea. Que la línea se haya movido tanto en los años siguientes es también resultado de que él la había cruzado primero.