Idea · Crisis y narcotráfico

Narcoterrorismo

El narcoterrorismo designa la mayor ofensiva violenta contra el Estado colombiano, protagonizada entre 1984 y 1993 por el Cartel de Medellín y su ala operativa Los Extraditables, con el objetivo estratégico de arrancar la prohibición constitucional de la extradición hacia Estados Unidos. La categoría, forjada en la fricción entre la realidad colombiana y el discurso de seguridad estadounidense, dejó como herencia el paramilitarismo expandido, la captura política del Estado y la mutación del crimen organizado hacia estructuras atomizadas.

3.734 palabras62 documentos87 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1981
Creación del MAS
1984
Asesinato de Lara Bonilla y activación de la extradición
1987
Primera prohibición de la extradición
1989
Escalada máxima: magnicidios, atentados masivos y guerra total
1991
Prohibición constitucional de la extradición y entrega de Escobar
1993
Formación de Los Pepes y muerte de Escobar
1997
Restablecimiento de la extradición

La lectura

El narcoterrorismo colombiano no fue violencia ciega sino una estrategia coercitiva con un objetivo jurídico preciso: arrancarle al Estado la prohibición constitucional de la extradición, lo que el Cartel de Medellín logró en 1991 tras siete años de magnicidios, atentados masivos y una guerra de desgaste contra la Policía. La categoría misma fue un campo de disputa: mientras en Colombia nombraba una realidad concreta y devastadora, en Washington servía para construir un encuadre de seguridad nacional que legitimaba intervención, cooperación militar y la despolitización de las guerrillas bajo el rótulo de amenaza criminal. La infraestructura que hizo posible la ofensiva —la alianza entre narcotraficantes, paramilitares y sectores de la Fuerza Pública gestada desde el MAS en 1981— no desapareció con Escobar sino que se expandió, convirtiendo la derrota del narcoterrorismo en el punto de partida de una nueva fase del conflicto armado colombiano. La forma en que se combatió al cartel —mediante Los Pepes, una alianza entre sus enemigos criminales y el Estado— sembró las semillas del paramilitarismo de los años noventa y la primera década del siglo XXI. El legado más duradero del narcoterrorismo no fue la violencia que produjo sino las instituciones que corrompió, los mecanismos de captura del Estado que perfeccionó y las alianzas entre crimen organizado y poder político que normalizó.

Entre el 30 de abril de 1984 —tarde en que un sicario adolescente vació un subfusil contra el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en el norte de Bogotá— y el 2 de diciembre de 1993 —cuando Pablo Escobar Gaviria cayó abatido sobre un tejado de Medellín—, Colombia atravesó la mayor ofensiva terrorista jamás lanzada contra su Estado y su ciudadanía. La palabra que terminó nombrándola, narcoterrorismo, no es una etiqueta neutra ni un préstamo del vocabulario internacional: se acuñó y se disputó en Colombia como categoría histórica, jurídica y política para designar la violencia con que una fracción del narcotráfico —el Cartel de Medellín y su ala operativa, Los Extraditables— intentó arrancarle al Estado una concesión constitucional concreta: la prohibición de la extradición hacia Estados Unidos. Todo lo demás —los carros bomba, los magnicidios, los aviones dinamitados, los secuestros de periodistas— fue instrumento de esa presión. Y todo lo que quedó después —el paramilitarismo expandido, la captura política del Cartel de Cali, la mutación hacia estructuras atomizadas— fue herencia de la forma en que ese narcoterrorismo se combatió y se derrotó.

Un concepto forjado en la fricción

Antes de ser un fenómeno reconocible, el narcoterrorismo fue una categoría en construcción. Durante los años setenta y comienzos de los ochenta, el Estado colombiano y sus élites políticas oscilaron entre la tolerancia, la connivencia y la incomodidad frente al ascenso de las mafias de la cocaína. El tratado de extradición con Estados Unidos, firmado en 1979 y en vigor desde marzo de 1982, dormía en un cajón: aunque Washington empezó a presentar solicitudes formales desde abril de 1983, Bogotá no manifestó interés en aplicarlas. Escobar era diputado suplente en el Congreso, poseía equipos de fútbol y financiaba obras sociales en las comunas de Medellín. La mafia parecía un problema social o de orden público, no una amenaza estratégica.

El asesinato de Lara Bonilla cambió el marco. El ministro había denunciado desde la tribuna la infiltración del narcotráfico en la política, sacado a la luz la propiedad de clubes deportivos por parte de capos y forzado la salida de Escobar del Congreso. Su muerte —perpetrada por un sicario de dieciséis años— hizo insostenibles las posiciones tolerantes. El presidente Belisario Betancur decretó el estado de sitio, activó la extradición y rechazó de plano una oferta que emisarios del cartel le hicieron llegar en Panamá, a través del expresidente Alfonso López Michelsen: los capos ofrecían desmantelar sus operaciones y renunciar al negocio a cambio de amnistía y de la abolición de la extradición. Betancur declaró nula cualquier posibilidad de entendimiento. Empezaba la guerra.

En paralelo, en Washington, la administración Reagan tejía su propio andamiaje conceptual. En 1986 firmó la Directiva de Seguridad Nacional 221, que declaró las drogas una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y desplazó el eje de la guerra antidrogas hacia los países productores —Perú, Bolivia, Colombia—. En ese mismo período se popularizó la noción de narcoguerrilla: una fusión discursiva que asimilaba insurgencia armada, narcotráfico y terrorismo bajo una sola amenaza. La categoría de narcoterrorismo nació hermanada con la de narcoguerrilla, y ambas contribuyeron a construir a Colombia como "problema" en la agenda exterior estadounidense y a despolitizar el estatuto legal de las guerrillas, que pasaron de ser tratadas como actores con reclamos políticos a ser reencuadradas como amenazas criminales al orden público. El rótulo servía al mismo tiempo para nombrar la ofensiva real del Cartel de Medellín y para legitimar recursos, cooperación militar y encuadres represivos que iban mucho más allá de ella.

Los orígenes de la guerra

La ofensiva narcoterrorista tuvo un detonante —el crimen de Lara— y una razón estratégica: bloquear la extradición. Pero se apoyaba en una infraestructura de violencia que llevaba años armándose. En 1981, tras el secuestro de Martha Nieves Ochoa por el M-19, los narcotraficantes de Medellín crearon el grupo MAS (Muerte a Secuestradores), que en pocos meses se convirtió en algo más ambicioso que una autodefensa gremial. El 14 de febrero de 1983, el procurador general Carlos Jiménez Gómez denunció ante el Congreso que en la creación del MAS habían participado 163 personas, 59 de ellas militares en servicio activo. La cifra dibujaba, temprano, el rasgo que definiría toda la etapa siguiente: la Fuerza Pública colombiana no era un adversario limpio del narcotráfico sino un tejido interpenetrado con él.

Del MAS y de las autodefensas del Magdalena Medio, comandadas por Gonzalo y Henry Pérez, se desprendería una primera generación paramilitar articulada con la mafia. Ganaderos, políticos regionales y sectores empresariales agrupados en ACDEGAM, las Brigadas XIV y V del Ejército, la inteligencia de la Armada en Barrancabermeja, la Policía de Puerto Boyacá y narcotraficantes como José Gonzalo Rodríguez Gacha, Fidel Castaño y los hermanos Ochoa Vásquez formaron una red que blindaba haciendas, laboratorios y rutas mientras hacía trabajo contrainsurgente. Para los mandos militares, la alianza permitía combatir a las guerrillas sin comprometer la imagen institucional; para los capos, garantizaba territorios y protección. Los grupos armados de Pérez terminaron custodiando los laboratorios de cocaína de Rodríguez Gacha y expandiéndose hacia Córdoba, Urabá, los Llanos del Yarí en Caquetá, Meta y Guaviare, el Putumayo y Nariño.

Fue en esa doble estructura donde germinó el aparato coercitivo del Cartel de Medellín: sicarios adolescentes en las comunas urbanas, paramilitares en las tierras bajas. Los primeros, matones a sueldo por unos cien dólares por víctima, tenían un promedio de dieciséis años y operaban desde los barrios pobres de la comuna nororiental y noroccidental de Medellín y del municipio de Bello; los segundos combatían en el campo por el control de corredores estratégicos. La cúpula del cartel vivía en el sur —Envigado, El Poblado—, protegida por una ciudad partida por clase y geografía. Ese ensamblaje —urbano y rural, criminal y militar, empresarial y político— hizo posible, entre 1984 y 1993, la campaña terrorista más sostenida de la historia colombiana.

La trayectoria: de Lara a La Catedral

La cronología de la ofensiva es la de una escalada calculada, con dos picos y un desenlace. La primera fase, entre 1984 y 1987, respondió punto por punto a la aplicación de la extradición. Los Extraditables asesinaron jueces, magistrados, policías y periodistas. En 1986 fue asesinado Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, cuyo periódico sería después dinamitado por un carro bomba. El objetivo estratégico se cumplió en 1987: la Corte Suprema declaró inaplicable el tratado de extradición, en medio de una presión terrorista sin precedentes. La violencia había producido su primer resultado jurídico.

El presidente Virgilio Barco Vargas revirtió la decisión tras el segundo pico. El 18 de agosto de 1989, en la plaza de Soacha, sicarios asesinaron al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, quien había prometido usar el poder del Estado para desmantelar los carteles. Ese mismo día había sido acribillado en Medellín el coronel Waldemar Franklin Quintero, comandante de la Policía de Antioquia; semanas antes, el 4 de julio, había caído el gobernador Antonio Roldán Betancur. Barco reactivó la extradición por decreto, y Los Extraditables declararon —con un comunicado que ha quedado en el archivo del país— una "guerra total" en la que no respetarían familias de funcionarios ni propiedades de la oligarquía. Lo cumplieron: el 30 de mayo de 1989 un carro bomba había estallado contra el director del DAS, general Miguel Maza Márquez, en un sector concurrido de Bogotá, matando a siete personas sin alcanzarlo; el 27 de noviembre estalló en pleno vuelo el Boeing 727 de Avianca, vuelo 203, con 107 personas a bordo, en un atentado dirigido contra el candidato César Gaviria Trujillo, que no había subido al avión; poco después, un camión bomba destruyó la sede del DAS en Bogotá dejando cifras que oscilan entre 52 y 63 muertos y entre 600 y más de mil heridos.

En Medellín, los sicarios de Escobar ejecutaron el llamado "plan pistola" contra la Policía: en las primeras dos semanas de despliegue del Bloque de Búsqueda cayeron treinta agentes; los policías dormían en las estaciones y escondían los uniformes al salir a la calle. Los medios pagaron su cuota: entre 1977 y 1985 fueron asesinados 18 periodistas colombianos; entre 1986 y 1995 la cifra saltó a 62, con Medellín como la ciudad con más muertes de la profesión —doce en un decenio—. El secuestro entró como herramienta política: Maruja Pachón, Francisco Santos, Diana Turbay —que murió en una operación de rescate en febrero de 1991—, Marina Montoya. Cayeron figuras públicas como el procurador Carlos Mauro Hoyos y el exministro Enrique Low Murtra; también, en el mismo ciclo de exterminio político sostenido por la alianza narco-paramilitar, los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro Leongómez del M-19 desmovilizado.

La tercera fase abrió una salida negociada. El gobierno de Gaviria, iniciado en agosto de 1990, diseñó una política de sometimiento a la justicia que ofrecía a los narcotraficantes rebajas de penas y no extradición a cambio de entrega y colaboración. Se acogieron los hermanos Ochoa Vásquez. El desenlace llegó en 1991: el 19 de junio, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en votación secreta la prohibición constitucional de extraditar colombianos por nacimiento. Al día siguiente, Pablo Escobar se entregó y fue trasladado a La Catedral, una prisión construida a su medida en Envigado. Su estrategia coercitiva había logrado el objetivo mayor. Meses después, la revelación de que La Catedral funcionaba como cuartel general del cartel forzó su traslado; Escobar se fugó el 21 de julio de 1992 y la guerra se reanudó.

Cali, los Castaño, Los Pepes

La segunda fuga fue el principio del fin, porque cambió las alianzas. El Cartel de Cali, encabezado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, se había desmarcado de Escobar desde el asesinato de Lara —al que desaprobó públicamente— y había apostado por una estrategia opuesta: penetrar al Estado por corrupción antes que enfrentarlo por terror. Escobar, además, había roto internamente con socios como los hermanos Galeano y Moncada, ejecutados dentro de La Catedral. Los enemigos convergieron. A finales de 1992 se formaron Los Pepes, sigla de Perseguidos por Pablo Escobar, cuya campaña estalló en enero de 1993.

Los Pepes reunieron a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, a los "Tangueros" comandados por Fidel y Carlos Castaño Gil en Córdoba, y a operadores del Cartel de Cali. Su liderazgo principal recayó en Fidel Castaño. Ejecutaron una campaña de asesinatos, torturas y atentados contra abogados, financieros, subalternos y familiares de Escobar, con cientos de víctimas. Y lo hicieron en coordinación estrecha con el Bloque de Búsqueda de la Policía, la unidad especializada creada para cazar al capo, que recibía apoyo, inteligencia y entrenamiento de la CIA, la DEA y unidades militares estadounidenses. El fiscal Gustavo De Greiff reunió evidencias de que el general Hugo Martínez, comandante del Bloque, y otros altos mandos trabajaban con Los Pepes, y de que había pruebas suficientes para acusarlos por narcotráfico, soborno, secuestro, tortura y asesinato. El embajador de Estados Unidos, Morris Busby, sabía. Nadie fue procesado. De los investigados —Fidel, Carlos y Vicente Castaño y Eugenio León García Jaramillo, "Taxista"— solo Fidel fue condenado, por promoción y financiación de grupos armados, y murió alrededor de un mes después del propio Escobar.

El 2 de diciembre de 1993, el Bloque de Búsqueda localizó al capo en el barrio Los Olivos de Medellín, con información aportada por Los Pepes. Cayó abatido sobre el tejado, junto a su guardaespaldas Álvaro de Jesús Agudelo, "el Limón". Se cerraba el ciclo del narcoterrorismo del Cartel de Medellín. Se abría, con esa misma alianza que lo había cerrado, la fase siguiente del conflicto colombiano.

La red: narcopolítica, Constituyente y captura del Estado

Mientras Escobar libraba su guerra frontal, el otro narcotráfico —el que había optado por la infiltración— avanzaba sin ruido. La financiación de campañas políticas por parte de los carteles no fue anecdótica ni tardía: hay indicios, no probados de manera concluyente, de aportes del Cartel de Medellín desde las elecciones presidenciales de 1982. Para 1994, al término del gobierno Gaviria, la penetración había alcanzado una escala documentable: los jefes del Cartel de Cali financiaban a tantos parlamentarios como los grandes grupos económicos privados. Ese mismo año, aportes del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano desataron el escándalo conocido como el proceso 8.000 y una crisis institucional de gran magnitud durante todo su mandato.

La Constituyente de 1991 fue el escenario donde la doble dinámica —el terror y la infiltración— se hizo visible. La prohibición de la extradición se votó en secreto, en un contexto marcado por la presión terrorista de Los Extraditables. Según el testimonio posterior de "Ariel Otero", jefe de las Autodefensas de Puerto Boyacá, un abogado del Cartel de Medellín fue filmado entregando 3.900 dólares a un miembro de la Asamblea para que votara contra la extradición. La dirigencia del M-19, por su parte, reconoció haber cedido un cupo en su lista constituyente a las autodefensas del Magdalena Medio, decisión tomada —según sus propias palabras— en nombre de una "paz incluyente" y sin conocimiento público en su momento. La Constitución fundacional de la democracia moderna colombiana nació, así, en parte bajo la sombra del narcotráfico. La extradición sería restablecida en 1997, ya con Escobar muerto y bajo presión estadounidense renovada.

El entramado institucional se extendía más allá del Legislativo. El testimonio del narcotraficante Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, ante la justicia de Estados Unidos afirmó que el 80% de los comandantes militares y de policía que llegaron al Valle del Cauca estuvieron al servicio del narcotráfico. El DAS fue caracterizado como la institución más paramilitar de la historia del país por su articulación con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y sus vínculos con el narcotráfico. La masacre de La Rochela, el 18 de enero de 1989 —doce miembros de una comisión judicial asesinados por paramilitares "Masetos" cuando investigaban la desaparición de diecinueve comerciantes en la que estaban implicados altos oficiales del Ejército—, mostró en un solo episodio la topografía completa de la guerra sucia: narcos, paramilitares y militares actuando contra la justicia.

Es aquí donde el concepto de narcoterrorismo revela su ambigüedad más incómoda. El Estado colombiano no lo aplicó como categoría general al narcotráfico sino selectivamente, contra la fracción que había elegido enfrentarlo: el Cartel de Medellín y Los Extraditables. La violencia narco-paramilitar orientada a la contrainsurgencia —igual de letal, igual de sistemática— no cabía en la etiqueta porque cumplía funciones que sectores del propio Estado toleraban o compartían. El rótulo narcoterrorismo nombró una guerra real; también invisibilizó otra.

Medellín, epicentro

Ninguna ciudad soportó como Medellín el peso material del narcoterrorismo. En la segunda mitad de los años ochenta y comienzos de los noventa, la capital antioqueña adquirió los epítetos de "capital de la droga de Colombia" y "cuna de sicarios" —extendido a veces, con más entusiasmo que rigor, a "capital de la droga del mundo"—. Se integró a una red global de ciudades epicentro de la cocaína, junto con otras del Valle de Aburrá. Fue, sobre todo, un laboratorio de la violencia urbana contemporánea.

La territorialización del crimen era nítida. Los mandos del cartel vivían en el sur próspero: Envigado, El Poblado. Las bandas duras operaban desde el norte pobre: la comuna nororiental, la noroccidental, el municipio de Bello. El barrio Antioquia funcionaba como enclave para el mercado de armas y drogas del cartel. Escobar canalizó la exclusión social y la rebeldía de miles de jóvenes de las comunas ofreciéndoles dinero por servicios como sicarios, mercenarios o matones. Ese enganche masivo produjo un fenómeno sociológico que sobrevivió al capo: la proliferación de bandas sicariales autónomas, sin relación directa con el autor intelectual del crimen, capaces de matar por encargos que ya no pasaban por una sola cadena de mando. El sicariato como modo de resolución de conflictos —privado, tercerizado, adolescente— se instaló en la cultura urbana.

Cuando Escobar cayó en 1993, la violencia no cesó: mutó. En los años noventa Medellín fue simultáneamente escenario de la guerra final del cartel contra el Estado y de dinámicas nuevas en los barrios: milicias populares vinculadas a guerrillas, bandas independientes, embriones de estructuras paramilitares urbanas. En los años siguientes, bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia —el Bloque Metro, el Bloque Cacique Nutibara— buscaron el dominio territorial de la ciudad, cooptando redes de bandas preexistentes y enfrentándose a las milicias guerrilleras. El desplazamiento forzado intraurbano se convirtió en un fenómeno propio del país. El sicariato adolescente de las comunas era, en cierto modo, la herencia más duradera del narcoterrorismo: un mercado laboral criminal instalado en el tejido social.

Estados Unidos: la mano larga

La guerra contra el narcoterrorismo colombiano no se libró solo desde Bogotá. La política antidrogas estadounidense, redefinida por Reagan a mediados de los ochenta, la reformuló en clave de seguridad nacional. La NSDD 221 de 1986, el Sistema Nacional de Interdicción de Narcóticos en la Frontera (NNBIS), la certificación anual, las presiones diplomáticas por la extradición: todo un aparato de intervención se articuló sobre el país. La relación fue, desde el inicio, ambigua.

En los mismos años en que Washington declaraba la guerra al narcotráfico colombiano, traficantes colombianos mantenían colaboración con la CIA en el marco de la guerra antisandinista en Centroamérica. En ese período contaron con facilidades para introducir cargamentos a Estados Unidos, adquirir armamento moderno, montar sistemas de comunicaciones sofisticados y establecer contactos con la banca estadounidense. La investigación del senador John Kerry documentó vínculos entre la CIA, los contras nicaragüenses y el narcotráfico colombiano. La misma agencia que combatía a Escobar cooperaba, en otro tablero, con narcotraficantes colombianos.

La operación final contra Escobar cristalizó esa ambigüedad. El Bloque de Búsqueda —policías y militares colombianos— recibió apoyo directo de la CIA, la DEA y fuerzas militares estadounidenses. Al mismo tiempo, trabajaba en coordinación con Los Pepes, una alianza de narcotraficantes rivales y paramilitares con antecedentes criminales masivos. El embajador Busby sabía. Los mandos estadounidenses sabían. La derrota del narcoterrorismo se organizó, en su tramo decisivo, apoyándose en actores que serían la matriz del narcoterrorismo siguiente. La categoría, una vez más, se aplicaba selectivamente.

La huella: mutación y continuidad

El 2 de diciembre de 1993 fue una fecha bisagra, no un cierre. El desmantelamiento del Cartel de Medellín fue seguido, entre 1994 y 1995, por el desvertebramiento del Cartel de Cali, aunque los Rodríguez Orejuela alcanzaron a operar con amplia impunidad, financiando política y expandiendo negocios antes de caer. Desde 1995, el Cartel del Norte del Valle tomó el control de zonas dejadas por Cali; sus jefes máximos, Orlando Henao Montoya e Iván Urdinola Grajales, murieron en prisión en los años noventa, y la guerra entre mandos medios —Diego Montoya, Wilber Varela— dejó, según información de prensa, más de 1.200 muertos en la región. La era de las grandes organizaciones jerárquicas dio paso a una tercera generación del narcotráfico, más atomizada y fragmentada, con estructuras descentralizadas y disputas internas violentas.

La otra herencia fue paramilitar. Los hermanos Castaño, formados en Los Pepes, se refugiaron tras la muerte de Escobar en el sur de Córdoba con armamento y hombres —incluidos exintegrantes de la organización del capo que prefirieron pasarse a sus filas—. De ese núcleo se fraguaría la recomposición que culminó, en 1997, con la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia. La expansión violenta de las AUC entre ese año y 2004 dejó más de 150.000 homicidios y desapariciones forzadas y más de 3,5 millones de desplazados. La derrota del narcoterrorismo de Escobar no había saneado al Estado ni al negocio: había redistribuido el poder narco hacia los actores que colaboraron en esa derrota.

El proceso de desmovilización paramilitar de 2003-2006 hizo aún más visible la fusión. Narcotraficantes reconocidos y "extraditables" como los mellizos Mejía se desmovilizaron dentro del Bloque Vencedores de Arauca, en un escándalo que reveló la extensión del solapamiento entre las dos figuras. Cuando comandantes paramilitares comenzaron a revelar entramados institucionales en versiones libres ante Justicia y Paz, el gobierno los extraditó a Estados Unidos por delitos comunes de narcotráfico —una decisión que organizaciones de víctimas y de derechos humanos rechazaron por dificultar el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad—. La extradición, que había sido el objeto de la guerra terrorista de los ochenta, volvía como recurso para clausurar la memoria de la guerra sucia de los noventa.

Balance de una categoría

Vista con distancia, la ofensiva de 1984-1993 tiene la lógica de una estrategia coercitiva racional, no la de un delirio criminal. El Cartel de Medellín no odiaba al Estado colombiano: quería negociar con él en términos favorables. Le exigió una concesión concreta —la no extradición— y desplegó la violencia proporcional que consideró necesaria para arrancarla. Cuando la obtuvo, en 1991, Escobar se entregó. Cuando la fuga y la persecución rompieron el pacto, la violencia se reanudó hasta la muerte del capo. La categoría de narcoterrorismo nombra bien esa lógica: violencia sistemática contra población civil e instituciones para forzar decisiones políticas. Los aviones dinamitados, los magnicidios y los carros bomba fueron su gramática.

La categoría también sirvió para ocultar. Ocultó que el Estado que era víctima del terror estaba entretejido, en otros niveles y con otros capos, con el mismo narcotráfico. Ocultó que la violencia narco-paramilitar orientada contra guerrillas, sindicalistas y campesinos —igual de sistemática, igual de terrorista— no cabía en el rótulo porque cumplía funciones toleradas. Ocultó que la derrota de Escobar se organizó apoyándose en criminales que prolongarían, con otro nombre, la captura institucional. Y ocultó, en la voz internacional, que la fusión discursiva entre guerrilla, narcotráfico y terrorismo servía a una agenda de seguridad —estadounidense— que iba más allá de la Colombia real.

Treinta años después de la caída de Escobar, el país lidia todavía con las variables de fondo que hicieron posible el narcoterrorismo: exclusión social masiva en las periferias urbanas y rurales, debilidad del monopolio legítimo de la fuerza, corrupción de sectores de la Fuerza Pública, financiación privada opaca de la política. La palabra se sigue usando —a veces con precisión, a veces como comodín para deslegitimar a cualquier adversario armado—. Pero como concepto histórico designa un episodio acotado y singular: la década en que una fracción del narcotráfico colombiano intentó ganarle una guerra al Estado, casi lo consigue, y perdió apoyándose el Estado en aliados que serían la semilla del ciclo siguiente. Esa doble derrota —del cartel y del Estado que lo enfrentó sin depurarse— explica por qué el país no salió, en 1993, del laberinto que Lara Bonilla había denunciado en 1984.

En el archivo

46 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01Crisis y narcotráfico1974–199020

02Constitución de 19911991–200211

03Seguridad Democrática2002–20168

04Transversal—6

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Pablo Escobar: jefe del Cartel de Medellín y principal arquitecto de la ofensiva narcoterrorista; su aparato combinaba sicarios urbanos y paramilitares rurales para presionar la prohibición de la extradición
02Extradición: objetivo estratégico central del narcoterrorismo; su prohibición en 1987 y su consagración constitucional en 1991 representaron los principales logros de la campaña terrorista, revertida solo en 1997
03Rodrigo Lara Bonilla: ministro de Justicia asesinado el 30 de abril de 1984, cuya muerte detonó la activación de la extradición y la declaración de guerra abierta entre el Estado y el Cartel de Medellín
04Paramilitarismo: estructura complementaria del narcoterrorismo; surgido del MAS y las autodefensas del Magdalena Medio, articuló narcotraficantes, sectores de la Fuerza Pública y élites regionales, y sobrevivió y se expandió tras la derrota del Cartel de Medellín
05Luis Carlos Galán: candidato presidencial asesinado en agosto de 1989 por orden de Escobar; su muerte desencadenó la reactivación de la extradición y la escalada final de la ofensiva terrorista
06Narcoguerrilla: categoría discursiva hermanada con la de narcoterrorismo, articulada en la política exterior estadounidense para fusionar insurgencia, narcotráfico y terrorismo bajo una sola amenaza y construir a Colombia como problema de seguridad internacional

Personas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

62 documentos · 87 fragmentos

01Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 93, 111, 1203 citas

[1]
carga; de las cocinas o laboratorios químicos, a la venta directa de pasta y del alcaloide o a su trueque por armas. En esta confusa historia se fraguaron alianzas tran- sitorias y guerras locales episódicas entre guerrillas y organizaciones de nar- cotraficantes. Por entonces había llegado a su cénit el modelo…
p. 120

[14]
en acciones paramilitares anticomunistas en el Mag dalena Medio. En esas circunstancias, la dea ofreció pruebas de las activida des del cartel de Medellín y sus miembros se desbandaron a Panamá. Confiaban que el general Noriega que, complotaba con las operaciones de drogas y armas dé Oliver North para derrocar a los…
p. 111

[70]
sidente Betancur entendiera que la prioridad estadounidense era el combate frontal al tráfico de drogas prohibidas. El incremento del "fuego cruzado" implicó una guerra sucia por “corre dores” y "territorios” con altas dosis de terror hacia la población civil, ora indiscriminado, ora selectivo.1 2 En la década de…
p. 93

02Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 237, 2432 citas

[2]
Plan Colombia, extradición, fumigación de cultivos ilícitos. El narcotráfico y sus efectos han sido centrales en la vida colombiana de las últimas tres décadas. Dado el carácter ilegal de esa actividad, son inevitables los vacíos de nuestro conocimiento sobre su naturaleza y sus alcances. Mucho de lo que sabemos tiene…
p. 237

[7]
opinión y dijo que se proponía ser elegido al Concejo de Bogotá. Su carrera política llegó a su fin en septiembre, cuando fue solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos y optó por pasar a la clandestinidad. Unas semanas después anunciaba la disolución del MLN. 9 Los hechos recogidos a continuación han…
p. 243

03Post-conflict Colombia and the Global Circulation of Military ExpertiseManuela Trindade Viana · 2022 · p. 52, 562 citas

[3]
of the discourse on drugs mobilized by U.S. agencies with that of their Colombian counterparts. Claiming that the “war on drugs” advanced by the U.S. was not imposed does not imply refusing the relevance of its effects for the construction of Colombia as a problem—on the contrary. The volume of financial and human…
p. 56

[6]
to the armed conflict erased any possible association of these groups with political legitimacy. In this sense, the depoliticization of their legal framing led to the delegitimation of the guerrillas, which were thereby brought closer to the legal (criminalizing) framing of social movements, whose conduct was seen as…
p. 52

04Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 43, 2022 citas

[4]
sociológico que tiene sus raíces antes de la aparición del narcotráfico, y a su vez obligan a tratar al narcotráfico como un fenómeno cuyos requerimientos de ‘coer- ción y protección’ se circunscriben en la dinámica de la crisis del monopolio estatal de la violencia. De la misma manera, afectan como nunca la capacidad…
p. 43

[12]
con quienes opinaban que la bonanza del narcotráfico era una ben- dición, más aún en momentos en que el resto de América Latina padecía una fuerte crisis económica, o con aquellos que consi- deraban beneficioso el desplazamiento de las elites tradicionales, a las cuales achacaban todos los problemas de país, por parte…
p. 202

05Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 415, 4192 citas

[5]
MAS, por supuesto, importantes sectores de la Fuerza Pública descubrieron que era posible realizar un trabajo sucio mu- cho más efectivo contra el movimiento guerrillero, sin comprometer la imagen de sus instituciones. Los narcos facilitaron la infraestructura y el dinero aun- que, en forma temprana, algunos de ellos,…
p. 415

[13]
reformas al tratado de extradición y exención por los crímenes cometidos antes de tales reformas; ofrecieron entregar al Estado toda la infraestructura pro- ductiva de la droga, incluso rutas y laboratorios, y abandonar por completo su negocio. Además, hablaron de cancelar la deuda externa de Colombia. Distintos…
p. 419

06Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1551 cita

[8]
Su tratamiento se volvió de competencia de diferentes profesionales de la seguridad, sobre todo de la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para quienes la lucha contra las drogas constituía un vector de autonomía con respecto al Ejército. A pesar de que no es oportuno retomar aquí los detalles…
p. 155

07Magdalena. Historias de ColombiaWade Davis · 2021 · p. 170, 1742 citas

[9]
uno de ellos —al que tenía la fama de ser el más poderoso y rico de todos— a los sagrados recintos del Congreso nacional. En un gesto que le costaría la vida, Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, se opuso abiertamente a Escobar, acusándolo en público de ser un narcotraficante y negándole el derecho a ocupar…
p. 170

[59]
el avión de Avianca habían generado tal indignación en la gente, que Gaviria, elegido presidente en mayo de 1990, obtuvo el respaldo político necesario para continuar el proceso de extradición. Escobar volvería a desencadenar una nueva ola de violencia, poniendo bombas aleatoriamente en espacios públicos para forzar…
p. 174

08Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 5011 cita

[10]
que condujeran al cese al fuego y abrieran los caminos del diálogo nacional. La euforia del acuerdo firmado entre Gobierno y FARC-EP se vio enturbiada el 30 de abril por el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el primero de una larga cadena de crímenes contra hombres públicos por parte de las…
p. 501

09Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 159, 3662 citas

[11]
a España Se termina la autopista Bogotá- Medellín 1984 Huelga civil nacional Éxodo capitalino crea crisis Colombia, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles Año Política Sociedad y economía Cultura y ciencia Comisión de Paz y FARC firman acuerdo en La Uribe, Meta Se implementa impuesto al valor agregado (IVA) Primer…
p. 366

[18]
cien dólares por asesinar a alguien, incluidos políticos y policías. La guerra entre el Estado y el cartel de Medellín, liderado por Escobar, se intensificó entre 1989 y 1990, periodo al que el historiador Marco Palacios se refiere como “de fuego cruzado”. 34 En agosto de 1989, mientras hacía campaña por la…
p. 159

10Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 4151 cita

[15]
citizens to be tried in foreign jurisdictions, have been a source of national controversy since the 1980s. The assassination of the minister of justice in 1984 and the ensuing wave of terrorism and violence against judges, poli- ticians, and journalists was a strategy by the Medellm Cartel to pres- sure the state to…
p. 415

11La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015)Germán Rey, Camilo Vallejo Giraldo, María Angélica Nieto Uribe, Álvaro Fernando Núñez Zúñiga, Andrea Torres · 2015 · p. 78, 1962 citas

[16]
grandes y más representativos empresarios del narcotrá fi co son delincuen- tes inequívocamente identi fi cados y con domicilio conocido. Y no sabemos que se les hubiera hecho objeto de algún tipo de control de sus actividades ni que sobre sus movimientos delictivos se hu- biera establecido una vigilancia que en algún…
p. 196

[31]
el gobierno de Turbay Ayala y buena parte del de Belisario Betancur—, su per fi l general no fue de la gravedad de los dos siguientes. El ascenso de la violencia narcotraficante. Segundo periodo comprendido entre 1986 y 1995 Como se observa en el cuadro 12, este periodo signi fi có un gran crecimiento de la violencia…
p. 78

121989María Elvira Samper · 2019 · p. 1351 cita

[17]
masacres, 1990 será el de los secuestros que ordena Escobar como seguro de vida y para presionar una negociación y el de la campaña presidencial más violenta de la historia, también será el de la desmovilización del M-19, el EPL y el Quintín Lame, y el de la Convocatoria de la Asamblea Constituyente, el sueño que el…
p. 135

13Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2023 · p. 1221 cita

[19]
of about one hundred dollars to assassinate people, including police officers and politicians. The war intensified from 1989 to 1990, a period that historian Marco Palacios refers to as “the free fire zone.” 9 In August 1989, Luis Carlos Gal á n, while campaigning for the presidency in Soacha, just outside of Bogot…
p. 122

14Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 131, 9152 citas

[20]
“falsos positivos”», 24 de febrero de 2021. 291 La W Radio, «El informe que salpica al general activo Edgar Rodríguez por falsos positivos», 8 de junio de 2022; La Nación, «La otra cara de los falsos positivos en el Huila», 3 de abril de 2022. 292 Explosivos artesanales de gas rellenos de explosivos, sobre los que el…
p. 131

[49]
del Bloque de Búsqueda no fueron llevados a juicio, a pesar de las evidencias del fiscal Gustavo De Greiff 3292. Por los crímenes de los Pepes solo investigaron a Fidel, Carlos y Vicente Castaño y a Eugenio León García Jaramillo, socio de Escobar conocido con el alias de Taxista. Pero solo Fidel Castaño –quien murió…
p. 915

15Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 134, 1802 citas

[21]
Betancur el 4 de julio de 1989, el asesinato del coronel Waldemar Franklin Quintero el 18 de agosto de 1989, el carro bomba en el puente del Pandequeso contra el grupo élite de la Policía el 11 de abril de 1990 y el atentado con carro bomba contra la Escuela Carlos Holguín de la Policía el 13 de diciembre de 1990…
p. 180

[72]
(Daza, 2016, página 12). La operación de las redes del narcotráfico tuvo efecto en el posiciona- miento de Medellín y del Valle de Aburrá como parte de una red global de ciudades epicentro de la cocaína. Asimismo sirvió para crear una territo- rialización local del crimen, con la cúpula del Cartel operando desde el…
p. 134

16The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 4501 cita

[22]
left dozens wounded and one dead; second, the bombing of Avianca flight 203 in November, which was an attempt to kill then presidential candidate César Gaviria but instead ended the lives of 107 passengers and crew; third, the early December bombing of the das, or Departamento Administrativo de Seguridad (Colombia’s…
p. 450

17Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 2861 cita

[23]
legítimos en el de- recho pri va d o. El estigma soc ial hizo aún m ás impenetrable el mi s- terio del la vado de dinero. Un cuadro de tantos matices requería respuestas más inteligen- tes que la mera militarización del conflicto que vino por la vía de la ayuda de lo s Estados Unidos. Los equipos militares aportados…
p. 286

18Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 1572 citas

[24]
respondieron a estos ataques con gran salvajismo. Cuando la Policía Nacional conformó un nuevo grupo, el Bloque de Búsque- da, y envió a sus 200 hombres a Medellín a perseguirlo, los sicarios de Escobar asesinaron a 30 de ellos durante las primeras dos semanas. El 27 de noviembre de 1989, los líderes del cartel…
p. 157

[25]
respondieron a estos ataques con gran salvajismo. Cuando la Policía Nacional conformó un nuevo grupo, el Bloque de Búsque- da, y envió a sus 200 hombres a Medellín a perseguirlo, los sicarios de Escobar asesinaron a 30 de ellos durante las primeras dos semanas. El 27 de noviembre de 1989, los líderes del cartel…
p. 157

19Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 116, 1222 citas

[26]
Beatriz Villamizar y Diana Turbay –asesinada en la operación de rescate–; entre muchos otros. La paradoja de estos años fue que, si bien un sector del Estado combatió a los narcotraficantes, otro sector era su aliado con la justificación de los «fines superiores» en la lucha contrainsurgente. Y del mismo modo, un…
p. 116

[76]
«Solución Amistosa. Masacre de Villatina». 384 Entrevista 379-VI-00007. Mujer, familiar de víctima de masacre de Villatina. el desmadre (1991-2002) 123 consumismo que les decía a los jóvenes de las comunas: “si ustedes no tienen una moto, si no tienen unos tenis de marca, si no se visten de tal forma, si no tienen una…
p. 122

20Colombia Elites and Organized CrimeHannah Stone · p. 15, 312 citas

[27]
Security Department (Departamento Administrativo de Seguridad - DAS). Som e 52 people were killed and over 1,000 injured in the blast. Colombia E lites and Organized Crime www.InSightCrime.org 32 However, the war also took its toll on Escobar and the Medellín Cartel. Escobar's ally, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias "The…
p. 31

[71]
lower in the 1980s and 1990s than in the course of the previous 30 years, thanks to capital flight, increased transaction costs, and spending on security at the expense of other projects. 47 What's more, thanks to Escobar, violence had taken on a whole new meaning for the elites. If Colombia's elites had been removed…
p. 15

21¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 1011 cita

[28]
UP, luego de queJaime Pardo Leal también fuera asesinado; y Carlos Pizarro, excomandante de un M-19 que recogía un respetable apoyo popular tras su conversión en partido político. Al tiempo, el narcotráfico, en alianza con grupos políticos y paramilitares, venía de asesinar a los periodistas Guillermo Cano y Jorge…
p. 101

22Mi vida y mi cárcel con Pablo EscobarVictoria Eugenia Henao · 2018 · p. 3061 cita

[29]
horas, Juan Pablo y Nariz armaban modelos a escala de aeronaves o rompecabezas de miles de piezas. Escasamente bajaba a compartir con nosotros durante las comidas y en los horarios de los noticieros de televisión. Él creó su propio mundo en la más absoluta incertidumbre, al no saber cuándo terminaría el encierro…
p. 306

23Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 961 cita

[30]
de Medellín con el secuestro de los periodistas y el grupo de “Los Notables”, compuesto por el cardenal Mario Revollo Bravo, los ex presidentes Misael Pastrana Borrero y Alfonso López Michelsen y Diego Montaña Cuéllar, se ofrece como mediador para la libera- ción. Un mes después, fue secuestrada Maruja Pachón de…
p. 96

24Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 521 cita

[32]
yo entiendo, este señor Gacha, Pablo Escobar se unieron con los señores estos del Magdalena Medio, formaron las autodefensas en la hacienda Nápoles. Empezó como el ejército privado de ellos. El ejército privado de ellos, pa’ que los cuidaran. En ese momento que tenían un enemigo en común, que era la guerrilla. Ellos…
p. 52

25Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 641 cita

[33]
de Puerto Boyacá, así como con figuras de la historia del paramilitarismo como Henry Pérez y Gon- zalo Rodríguez Gacha (CNMH, 2019), que con el grupo identificado por la sigla MAS o Muerte a Secuestradores, creado en 1981 por miembros de las mafias del narcotráfico. 16 La contribución realizada por un exintegrante del…
p. 64

26Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 871 cita

[34]
y fincas ganaderas. El surgimiento del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981 marca un hito en la evolución del con- flicto en Colombia, llevando el antagonisn1o social a mayores niveles de violencia. En noviembre 1981, el M-19 (una organización guerrillera des- movilizada en 1990) secuestró a Marta Nieves…
p. 87

27Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 3361 cita

[35]
servicios de vigilancia para los ganaderos y los hacendados. Esto, que minó la base social de los paramilitares de Henry Pérez, sumado al enfrentamiento del cartel de Medellín con el Estado, llevó finalmente a la ruptura y enfrentamiento entre los paramilitares del Magdalena Medio con Pablo Escobar (Gutiérrez y Ba-…
p. 336

28Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 3351 cita

[36]
terror del Cartel de Medellín contra el Estado, en la que murieron cientos de policías y hubo atentados masivos con carros bomba, a la vez que los carteles se fracturaron. Una parte del Cartel de Medellín, junto con el de Cali, se alió contra Pablo Escobar; en tal alianza participaron agentes de la DEA e instituciones…
p. 335

29Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 931 cita

[37]
5 Rensselaer W. Lee III (1988: 98) pointed out how the cartels combated the FARC-EP through violent aggressions aimed at unionists and civilian support- ers (see also Gugliotta, 1992: 113). The Medellín and Cali cartels had a detailed “history of sponsoring violence against the revolutionary left” (Clawson and Lee…
p. 93

30Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 160, 2822 citas

[38]
lado del río Magdalena, que luego se congregaron en las autodefensas de Puerto Boyacá y del Mag- dalena Medio. Esto fue, en parte, producto del escalamiento del conflicto derivado del desdoblamiento de las FARC del Frente 4 en el 11, con una agresiva exacción de recursos y des- pliegue de violencia hacia propietarios…
p. 282

[79]
vehículos y atacan a su víc- tima en la vía pública. Este tipo de ataque denota un trabajo de inteligencia sobre los movimientos de la víctima para atacarla en el momento y el lugar más vulnerable. El sicariato es una modalidad de ataque recurrente porque en la perpetración material de la vio- lencia intervienen pocas…
p. 160

31El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 1271 cita

[39]
128 EL ESTADO SUPLANTADO LAS AUTODEFENSAS DE PUERTO BOYACÁ 3. La crisis de Acdegam, las redes macro criminales y la expansión 1985-1989 Alrededor del año de 1985 Acdegam entra en una crisis financiera y sus am- biciosos planes de estructurar la organización, reclutar hombres, invertir en droguerías, clínicas,…
p. 127

32Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 911 cita

[40]
funcionarios del Estado del DAS, la dirección del DAS, estaba articulada con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio [...] No pareciera que hubiese una responsabilidad institucional del liderazgo político y del liderazgo institucional de las Fuerzas Armadas, el nivel de articulación de la infraestructura…
p. 91

33La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 297, 3042 citas

[41]
Eduardo Ramírez, 95 Hacia 1987 el paramilitarismo del Magdalena Medio comenzó a perturbar re- giones de Córdoba y Urabá. La expansión del grupo paramilitar comandado por Gonzalo y Henry Pérez a territorios que transcendían al Magdalena Medio tuvo cierta semejanza con el proceso de enquistamiento que años atrás…
p. 297

[43]
antiguos líderes de las autodefensas y otros actores cercanos a Henry Pérez, le atribuyen a él la orden de asesinato de su padre, y a su vez, les atribuyen la decisión del asesinato del mismo Henry Pérez a Ariel Otero y a la esposa de Pérez. En 1991, luego de la muerte de los Pérez, el liderazgo de las au- todefensas…
p. 304

34Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 711 cita

[42]
narcotráfico (1989, página 13). El principal cambio en la naturaleza del paramilitarismo por su asociación con el Cartel de Medellín radicó en que aparte de hallarse involucrado en la guerra contrainsurgente comenzó a ser un actor muy activo en la lucha contra las drogas y se puso a favor de los narcotraficantes. La…
p. 71

35No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 226, 2562 citas

[44]
los datos de la Comisión Andina de Juristas, mientras que para el periodo 1979-1982 se presentaban en promedio anual dos muertes de funcionarios judiciales, entre 1985 y 1988 este subió a 10,5 665. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) calculó, por su parte, 110 asesinatos…
p. 226

[57]
políticos estaban implicados. Mientras una parte de la mafia estaba en guerra contra el estable- cimiento y las instituciones, la otra parte estaba en alianza con aquel, en respaldo a sus guerras contra la subversión y en persecución a los líderes sociales como enemigos internos, como lo demostraron las masacres en…
p. 256

36El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 921 cita

[45]
un cuerpo de operaciones especializado conformado por integran- tes de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que recibió apoyo y entrena- miento de agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos), de la DEA (Departamento Antidrogas de los Estados Unidos), y de la Fuerza Área y el…
p. 92

37"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 31, 342 citas

[46]
L c arte L de m ede LL ín (1988-1994) Entre 1988 y 1994, los métodos de guerra sucia combinaron acciones encu- biertas de eliminación de cientos de civiles por parte de organismos estatales de seguridad y asesinatos selectivos perpetrados por paramilitares coordinados por agentes estatales. Este periodo coincide con…
p. 31

[66]
de Búsqueda, General Hugo Martínez y otros altos mandos de esta unidad no solo estaban trabajando con los Pepes sino que las pruebas daban para acusarlos por narcotráfico, soborno, secuestro, tortura y hasta asesinato, el embajador no qui- 61 Ibíd. 62 Los hermanos Castaño, desde 1992 operaron en Urabá articulando a su…
p. 34

38Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 501 cita

[47]
June 1991 Escobar surrendered to authorities on condition that he dictate the terms of his im - prisonment, which was in a compound dubbed “the Cathedral,” and from which he continued to carry out hom i cides and drug business. When he es - caped from confinement in July 1992, the hunt for him galvanized a power - ful…
p. 50

39Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 1261 cita

[48]
tal in the training and financing of these groups, especially in the Atlantic Coast region. However, rivalries within the Medellín cartel and efforts by CIVIL-MILITARY RELATIONS IN COLOMBIA 114 Pablo Escobar to centralize his power contributed to many paramilitary groups breaking away from Escobar and working with the…
p. 126

40Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 421 cita

[50]
y continuidades la Constitución de 1991 y la recomposición de la alianza “narco- paras”. En ese momento, como resume María Teresa Ronderos (2014), el ambiente en el contexto de la Asamblea Nacional Cons- tituyente era de optimismo: “Con Escobar preso, la mayoría de las guerrillas en paz y las autodefensas principales,…
p. 42

41Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2601 cita

[51]
Ver en revista Semana el artículo “Vuelven los 80”, publicado el 29 de julio de 2006: “Las preguntas sin respuesta sobre la infiltración mafiosa en la política de estos años comienzan con la elección presidencial de 1982 entre Belisario Betancur y Alfonso López. Hasta ahora se había hablado de un encuentro entre…
p. 260

42¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1051 cita

[52]
fin del narcoterro- rismo. La prohibición constitucional de la extradición abrió el camino para la salida a la guerra del narcotráfico contra el Estado y viabilizó la implementación de la figura jurídica del sometimiento a la justicia como ruta para el desmantelamiento del Cartel de Medellín. Este aspecto será…
p. 105

43Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 7: InstitucionesRoberto Hinestrosa Rey (Director Académico), Sandra Morelli Rico (Coordinación Académica) · 1993 · p. 391 cita

[53]
cuantoal regla- mento, se declaró incompetente por considerar éstos como actos de tri- mile no sujetos al control eonstitucio- nal. En lo reliconado con el acto constituyente número uri, concluyo que la asamblea no estaba sometida al cumplimiento de la Comstitución y, en especial, al articulo 218, por resul- tar…
p. 39

44El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 164, 2204 citas

[54]
de la politiquería tradicional de prometer, no cumplir, acomodarse a vivir para su propio beneficio, no confrontar a la oligarquía, y menos luchar por un país mejor. Entonces también recibiría el castigo popular en las elecciones de 1991: apenas 3% de votos, que distanció mucho del 22,5% de la Constituyente. Aunque…
p. 220

[55]
de la politiquería tradicional de prometer, no cumplir, acomodarse a vivir para su propio beneficio, no confrontar a la oligarquía, y menos luchar por un país mejor. Entonces también recibiría el castigo popular en las elecciones de 1991: apenas 3% de votos, que distanció mucho del 22,5% de la Constituyente. Aunque…
p. 220

[61]
hasta la Casa Blanca, era en la puerta del vicepresidente George Bush donde se detenían. Este futuro presidente de la nación era el máximo responsable en el Consejo Nacional de Seguridad de darle seguimiento a la guerra antisandinista. Rápidamente la atención se centró en el “Irangate”, que era menos “delictivo”. Todo…
p. 164

[62]
hasta la Casa Blanca, era en la puerta del vicepresidente George Bush donde se detenían. Este futuro presidente de la nación era el máximo responsable en el Consejo Nacional de Seguridad de darle seguimiento a la guerra antisandinista. Rápidamente la atención se centró en el “Irangate”, que era menos “delictivo”. Todo…
p. 164

45Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 18, 1082 citas

[56]
extradición y al día siguiente se entregó a la justicia Pablo Escobar Gaviria, cabeza del cartel de Medellín y autor de innumerables asesinatos y varios atentados terroristas en lugares públicos. Su fuga de la cárcel de lujo que había acondicionado con sus propios recursos, seguida por su persecución y muerte a manos…
p. 18

[58]
de mutuo acomodamiento, celebrado por el gobierno de César Gaviria, mediante el cual se aprobó, a cambio de la no extradición, el sometimiento voluntario de los narcotraficantes a la justicia, con grandes rebajas de penas por colaboración. Con la entrega de Pablo Escobar, el capo más famoso, y sus colaboradores…
p. 108

46Democracia feroz. ¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política?Gustavo Duncan · 2018 · p. 1941 cita

[60]
como se analizará en la siguiente sección. L OS CAMBIOS EN EL NARCOTRÁFICO Y EN EL CONFLICTO La guerra del Estado contra Escobar se hizo en alianza con sus competidores en el narcotráfico. Desde finales de los años ochenta Escobar había agregado dentro de su lista de enemigos al Cartel de Cali y del Norte del Valle y…
p. 194

47Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 38, 2172 citas

[63]
que había una alianza «narcoterrorista» entre las FARC y el narcotráfico. Siguiendo la línea de su gobierno, presidido por Ronald Reagan, el campeón del anticomunismo en Centroamérica, Tambs estaba en una campaña premeditada para inflar las conexiones entre las guerrillas colombianas y el gobierno sandinista en…
p. 38

[67]
a las familias de sus dos víctimas, a sus contadores y miembros de su círculo de negocios cercano. «Lo matamos por su amistad férrea con los Castaño y porque militaba con nuestros enemigos acérrimos, los del Cartel de Cali», dijo “Popeye”, casi el único sobreviviente de los sicarios de Escobar. 141 Días después,…
p. 217

48More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 1141 cita

[64]
for trial and imprisonment. In 1986, Pres- ident Ronald Reagan signed Directive No. 221, which declared drugs a national security threat. Funding for the treatment of drug addicts in the United States began the decline that continues to this day. Instead, what began to be called "the war on drugs" was focused on the…
p. 114

49Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 371 cita

[65]
la acción que ustedes sostienen», «no creemos que ustedes expresen una voluntad popular libre», es la hora de «una rectificación radical de años de equivocaciones». Pero las guerrillas no oyeron ni entendieron nada. Se encerraron en su mundo corporativo, se afianzaron como máquinas de guerra y renovaron sus planes…
p. 37

50Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 1142 citas

[68]
de la venta de “seguridad” contra robos. Durante dicho periodo el valor de la “vacuna” exigida por las FARC, es de 6.000 millones de pesos y la de minas 115 Elementos p a ra una g e nealogía del p a ramilitarismo e n C olombia de oro se calcula que supera los 8.000 millones de pesos, y el de la protección a cultivos…
p. 114

[69]
de la venta de “seguridad” contra robos. Durante dicho periodo el valor de la “vacuna” exigida por las FARC, es de 6.000 millones de pesos y la de minas 115 Elementos p a ra una g e nealogía del p a ramilitarismo e n C olombia de oro se calcula que supera los 8.000 millones de pesos, y el de la protección a cultivos…
p. 114

51The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 1541 cita

[73]
a car thief but later reached legendary status. Escobar is credited with transforming the Medellín Cartel into a multinational criminal corpo- ration. Instead of using individuals as drug mules, which is how the business had worked prior to Escobar, the “ patrón of evil,” as he was nicknamed, had at his disposal…
p. 154

52Religion, Culture, and Society in Colombia: Medellín and Antioquia, 1850-1930Patricia Londoño-Vega · 2002 · p. 181 cita

[74]
– . architectural landmarks, its prosperity and civic spirit. 14 Such guide- books included excellent photographs of modern factories, banks, stores, and educational, religious, and welfare institutions in Medellín; they showed clean uncrowded streets and wide thoroughfares; and reflect the confidence with which the…
p. 18

53Religion, Culture, and Society in Colombia: Medellín and Antioquia, 1850–1930Patricia Londoño-Vega · 2002 · p. 181 cita

[75]
– . architectural landmarks, its prosperity and civic spirit. 14 Such guide- books included excellent photographs of modern factories, banks, stores, and educational, religious, and welfare institutions in Medellín; they showed clean uncrowded streets and wide thoroughfares; and reflect the confidence with which the…
p. 18

54Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1401 cita

[77]
de objetivos militares, lo cual desencadenó en muchos desplazamientos de personas LGBT a ciudades como Medellín 378. La guerra en Medellín En la década de 1990, Medellín fue una de las grandes ciudades del país en que se evidenció una mayor expresión del conflicto armado y de la hibridación de las vio- lencias…
p. 140

55Desplazamiento forzado en la Comuna 13: La huella invisible de la guerraLuz Amparo Sánchez, Marta Inés Villa, Pilar Riaño · 2011 · p. 701 cita

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contaba con una extensa red de bandas, autodefensas o combos, muchos de ellos articulados al narcotráfico y, de manera particular, al Cartel de Medellín, lo que permitía contar con un sinnúmero de hombres entrenados en la confrontación armada, que conocían la ciudad y serían posterior- mente cooptados para el proyecto…
p. 70

56Buenaventura: un puerto sin comunidadConstanza Millán Echeverría, Ludivia Serrato Martínez, Oscar Pérez, Clara Castro, Danelly Estupiñán, Adriel Ruiz · 2015 · p. 871 cita

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droga pertenecientes al Cartel de Medellín y al de Cali. Esta terce- ra generación 29 conformó el proceso de atomización de la mafia. En la tercera etapa del narcotráfico es reconocido el fortaleci- miento del Cartel del Norte del Valle, el cual para 1995 tomó el control del negocio en zonas que quedaron a su…
p. 87

57"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 2821 cita

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al principio pero se dispararon cuando cogieron los patrones. Varela asumió el mando cuando cae Henao y se alía con Chupeta y ya empezamos a conocer lo de hoy. Al principio eran cabezas conocidas, pero después se dan luchas entre los más pequeños 170. Según información de prensa, la disputa desatada a fi nales de los…
p. 282

58Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 611 cita

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hecho, la violenta expansión paramilitar que se produjo entre 1997 y 2004 dejó más de 150 mil homicidios y desapariciones forzadas, además más de 3.5 millones de desplazados forzados. En todo caso, esta ola de violencia se desató mientras el país observaba el fracaso de los diálogos del Caguán y se creaba la imagen de…
p. 61

59Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 2181 cita

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los medios de comunicación reve- laron que uno de los mellizos Mejía, reconocido narcotra fi cante y extraditable, estaba en la mesa de negociaciones (,. El editorial de El Colombiano, alrededor del destape, estableció: “El proceso de desmovilización que viene realizándose con las autodefensas ha propiciado una…
p. 218

60Álvaro Uribe: El Caballo de Troya del NeoliberalismoJuan Manuel López Caballero · 2009 · p. 981 cita

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de los de extracción narco que aprovecharon esa asociación para buscar sanear su situación gracias al status político, como ‘Don Berna’, ‘Macaco’ o ‘Gordolindo’; la de quienes sin ser origina- riamente capos pero por estar ya integrados con ellos optaron por respaldarlos, como Mancuso o Jorge 40; y la de quienes…
p. 98

61Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 4792 citas

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a los derechos humanos, pero a pesar de ello se optó por privilegiar las demandas penales por delitos comunes, y así mismo se dio prelación a un ente de justicia de otro país cuando obraba con ciertos resultados la justicia interna, como por ejem - plo los casos de las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía…
p. 479

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a los derechos humanos, pero a pesar de ello se optó por privilegiar las demandas penales por delitos comunes, y así mismo se dio prelación a un ente de justicia de otro país cuando obraba con ciertos resultados la justicia interna, como por ejem - plo los casos de las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía…
p. 479

62Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 1321 cita

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parecían tareas convergentes. Se politizaba la criminalidad de los paramilitares, asociándola al delito de sedición, y por consiguiente se la hacía negociable; mientras se criminalizaba a la insurgencia como “amenaza terrorista”, y su agenda se convertía en no negociable. En suma, se pueden destacar los siguientes…
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