Política de Seguridad Democrática
Doctrina de gobierno impuesta por Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010 que combinó una ofensiva militar sin precedentes contra las FARC-EP con la negación del conflicto armado interno, reencuadrándolo como amenaza terrorista. Produjo avances militares significativos y graves violaciones de derechos humanos, entre ellas 6.402 ejecuciones extrajudiciales documentadas por la JEP.
Ficha del acontecimiento
Síntesis
- Cuándo
- 7 de agosto de 2002 – 7 de agosto de 2010
- Dónde
- Colombia, Caguán, Arauca, Putumayo, Catatumbo, Montes de María, Nariño, Sierra Nevada de Santa Marta, Soacha, Washington, Ecuador
- Protagonistas
- Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Manuel Marulanda, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, George W. Bush, Mario Montoya, Fuerzas Militares de Colombia, Policía Nacional de Colombia
Lectura causal
Causas, hecho y consecuencias
Causas
- El fracaso y ruptura definitiva del proceso de paz del Caguán el 20 de febrero de 2002 generó una opinión pública exhausta y favorable a la mano dura, catapultando electoralmente a Uribe, cuya intención de voto pasó de cifras marginales en 2001 al 59,5% en febrero de 2002.
- Los atentados del 11 de septiembre de 2001 reordenaron la gramática de la seguridad internacional y alinearon el discurso antiterrorista colombiano con la 'guerra global contra el terrorismo' impulsada por la administración Bush, ampliando el margen de maniobra de Estados Unidos en Colombia y facilitando el uso del Plan Colombia contra las guerrillas.
- La reestructuración y modernización militar iniciada bajo Pastrana desde 1999, junto con el financiamiento del Plan Colombia (7.500 millones de dólares en seis años), proveyeron la base material para una ofensiva sostenida.
- El antecedente político de Uribe como gobernador de Antioquia —donde defendió las cooperativas de seguridad privada Convivir— y su discurso que ya calificaba a las FARC como terroristas durante la campaña le forjaron una imagen de 'mano dura' que respondía a la demanda social de seguridad.
Consecuencias
- Las FARC se redujeron de aproximadamente 18.000 combatientes en 2002 a unos 8.000 en 2012, perdieron territorios de influencia consolidada y se replegaron hacia zonas periféricas y fronteras; cayeron comandantes clave como Raúl Reyes (2008), Manuel Marulanda Vélez (2008), Mono Jojoy (2010) y Alfonso Cano (2011).
- La JEP documentó 6.402 ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2008, el 78% de todas las ejecuciones extrajudiciales del conflicto armado colombiano, constituyendo el escándalo de los 'falsos positivos'.
- La desmovilización de las AUC mediante el Acuerdo de Ralito (2003) y la Ley de Justicia y Paz (2005) dejó 31.521 paramilitares desmovilizados, pero con déficits estructurales de verdad y justicia; el escándalo de la parapolítica salpicó a más de 107 congresistas con vínculos con grupos paramilitares.
- La negación del conflicto armado interno y la doctrina del enemigo interno —plasmada en el Decreto 2002 de 2002 y el Estatuto Antiterrorista de 2003, ambos declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional— erosionaron garantías constitucionales y la distinción entre combatiente y civil.
- Colombia alcanzó la mayor cobertura de fuerza pública por habitante de América Latina (881 efectivos por cada 100.000 habitantes), con la Policía Nacional creciendo de 110.000 a 160.000 miembros y las Fuerzas Militares de 203.000 a 270.000 efectivos entre 2002 y 2010.
- Las tensiones diplomáticas con Venezuela y Ecuador se agudizaron: la operación transfronteriza que mató a Raúl Reyes en Ecuador (2008) y la presentación ante la OEA de evidencias sobre campamentos de las FARC en Venezuela (2010) llevaron las relaciones bilaterales a su punto más bajo.
La clave interpretativa
Por qué importa
La Política de Seguridad Democrática es el eje articulador de la historia reciente de Colombia porque condicionó simultáneamente la relación del Estado con la insurgencia, el paramilitarismo, Estados Unidos y la institucionalidad democrática, y porque sus dos legados —el debilitamiento militar de las FARC que hizo posible los diálogos de La Habana, y las 6.402 ejecuciones extrajudiciales que la JEP continúa juzgando— son inseparables. Ningún debate posterior sobre seguridad, derechos humanos o construcción de paz en Colombia puede eludir el balance de estos ocho años, que demostraron que el fortalecimiento del Estado puede coexistir con su mayor crisis de legitimidad.
Desarrollo histórico
La historia completa
Política de Seguridad Democrática
La Política de Seguridad Democrática fue la doctrina de gobierno que Álvaro Uribe Vélez impuso al Estado colombiano entre agosto de 2002 y agosto de 2010, y con ella la arquitectura militar, jurídica y semántica con que se libró la fase más intensa de la guerra contra las FARC-EP. Combinó una ofensiva militar sin precedentes —sostenida por el Plan Colombia, un impuesto al patrimonio y la modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas— con una reingeniería del lenguaje público que negó la existencia misma del conflicto armado interno para reencuadrarlo como amenaza terrorista. En ese doble movimiento están sus dos legados inseparables: la reducción de las FARC de unos 18.000 a cerca de 8.000 combatientes y la recuperación estatal de ejes viales y capitales, por un lado; y las 6.402 ejecuciones extrajudiciales de civiles documentadas por la JEP entre 2002 y 2008, el escándalo de la parapolítica que salpicó a más de 107 congresistas, el espionaje ilegal del DAS y la desmovilización paramilitar con déficit de verdad y justicia, por el otro. Ningún debate posterior sobre la relación entre seguridad, democracia y derechos humanos en Colombia ha podido eludir el balance de estos ocho años.
El mundo del Caguán y el ascenso de Uribe
La Seguridad Democrática nació del fracaso de su opuesto. El proceso de paz que Andrés Pastrana adelantó con las FARC en la zona de distensión del Caguán —despejada de fuerza pública desde 1998— se agotó en tres años de negociaciones sin cese al fuego, secuestros crecientes y una impopularidad abrumadora. Su ruptura definitiva, el 20 de febrero de 2002, no solo cerró un ciclo diplomático: reordenó el campo político colombiano. En 2001, Álvaro Uribe Vélez, exgobernador de Antioquia recordado por su defensa de las cooperativas de seguridad privada Convivir, era una figura marginal en las encuestas. Para febrero de 2002 su intención de voto alcanzaba el 59,5%, y el 26 de mayo ganó la presidencia en primera vuelta con cerca del 54% de los sufragios, algo que ningún candidato había logrado antes en Colombia. Un 48% de sus votantes lo escogió específicamente por sus posturas en materia de paz y seguridad.
A esa fractura interna se sumó una externa. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 habían reordenado la gramática de la seguridad internacional, y cuando Pastrana calificó a las FARC como terroristas tras la ruptura del Caguán, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que "las cosas cambiaron" y que podían contemplarse "acciones más concretas". La guerra colombiana se inscribió, así, en la lucha global contra el terrorismo. La administración de George W. Bush, inicialmente reacia a ampliar su inversión, encontró en Uribe un aliado que hablaba su idioma: el candidato ya empleaba la palabra "terrorismo" para referirse a las FARC antes de posesionarse, y su gobierno consolidaría el desplazamiento sistemático de los términos "guerrilleros" o "subversivos" —que reconocían un origen político de la lucha armada— por "terroristas", "narcoterroristas" o "bandidos".
Uribe llegó al poder con tres vientos a favor: una opinión pública exhausta del Caguán, un aparato militar que venía reestructurándose desde 1999 bajo Pastrana, y un contexto internacional que legitimaba la mano dura. Sobre esas bases construyó una doctrina que era, a la vez, plan de guerra y proyecto de refundación estatal.
La arquitectura jurídica de la excepción
La primera decisión de fondo del nuevo gobierno fue jurídica y llegó con velocidad. El Decreto 1837 de 2002 declaró el estado de conmoción interior previsto en el artículo 213 de la Constitución, y como medida asociada se estableció un impuesto al patrimonio del 1,2% para financiar la ofensiva. El 9 de septiembre siguiente, el Decreto 2002 creó las zonas de rehabilitación y consolidación —áreas geográficas particularmente afectadas por la violencia donde se aplicarían medidas excepcionales— y otorgó a las Fuerzas Militares atribuciones en materia de capturas, allanamientos e interceptación de comunicaciones que tradicionalmente correspondían a la autoridad judicial.
La Corte Constitucional declaró inexequibles artículos centrales del Decreto 2002 en noviembre de 2002, y el gobierno respondió con una escalada institucional: impulsó una reforma constitucional que el Congreso aprobó en diciembre de 2003, conocida como el Estatuto Antiterrorista. El estatuto insistía en concederle a los militares facultades de policía judicial, capturas, allanamientos, registro de residencias e interceptación de comunicaciones, junto con limitaciones a la libertad personal. Como la Ley de Seguridad Nacional de 2001 que lo antecedía, se apoyaba en la doctrina del enemigo interno —suspensión de derechos y criminalización de la protesta social— y, como aquella, terminó siendo declarado inconstitucional por la Corte.
Ese pulso entre ejecutivo y Corte definió el tono jurídico del período. La Seguridad Democrática no era solo un plan operacional: era la voluntad de reordenar el marco constitucional para acomodar una lógica de excepción prolongada. Al no lograrlo por la vía normativa, el gobierno buscó articular la sociedad civil directamente al aparato de guerra: la doctrina involucró a la ciudadanía en tareas de vigilancia y defensa mediante redes de informantes, pactos de seguridad y programas de participación, con el objetivo declarado de convertir a un millón de colombianos en informantes voluntarios. La distinción entre combatiente y civil, ya frágil en la guerra colombiana, se erosionó aún más.
Plan Patriota y la ofensiva contra las FARC
La punta militar de la doctrina fue el Plan Patriota, lanzado en junio de 2003 y apalancado en tres recursos convergentes: el impuesto al patrimonio, la ayuda del Plan Colombia y una modernización militar que ya venía en curso. Su objetivo era recuperar el control de la extensa retaguardia estratégica de las FARC en los Bloques Sur y Oriental, desplegando la ofensiva principalmente sobre los llanos del Yarí y el río Caguán. En Cundinamarca, la Operación Libertad I y II atacó los frentes que rodeaban Bogotá y amenazaban la capital.
La modernización tecnológica que sostuvo esta campaña fue sustantiva. Las Fuerzas Militares incorporaron aviones A-29B Súper Tucano, aviones artillados AC-47 "fantasmas", helicópteros Black Hawk UH-60 Arpía, bombas guiadas por satélite y un Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) que centralizó la ofensiva contra objetivos de alto valor. La inversión inicial del Plan Colombia a lo largo de seis años fue de 7.500 millones de dólares —4.000 aportados por Colombia y 3.500 principalmente por Estados Unidos— con el propósito de profesionalizar a 180.000 militares. Entre 2002 y 2010, la Policía Nacional pasó de 110.000 a 160.000 miembros y las Fuerzas Militares de 203.000 a 270.000 efectivos. Colombia se convirtió en el país de América Latina con mayor cobertura de fuerza pública por habitante —881 efectivos por cada 100.000—, solo superado por Bolivia.
Los efectos operacionales fueron reales pero desiguales. El Plan Patriota forzó a las FARC a replegarse hacia zonas de retaguardia profunda, perder territorios de influencia consolidada y salir de los principales corredores económicos. Pero no produjo, al menos en su primera fase, la desarticulación del grupo ni la caída de sus principales comandantes: en 2007 el Ejército reconoció que habían muerto 570 militares y 1.300 habían quedado heridos en el marco de la operación, mientras las FARC calculaban en 2004 más de cinco mil muertos y cuatro mil heridos entre militares, policías y paramilitares en el año previo, junto con 542 guerrilleros y 77 milicianos dados de baja por el Ejército. Las cifras no coinciden, pero ambas dibujan una guerra de desgaste, no un colapso insurgente.
Los golpes decisivos a la cúpula llegaron después, ya en el segundo mandato. En marzo de 2008 murió Raúl Reyes en una operación transfronteriza en Angostura (Ecuador); dos meses después falleció por causas naturales Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo", fundador histórico de las FARC. En julio del mismo año la Operación Jaque liberó a Íngrid Betancourt y a otros catorce secuestrados, y en septiembre de 2010 —ya bajo Juan Manuel Santos, pero con la maquinaria armada por Uribe— cayó Jorge Briceño, "Mono Jojoy"; en noviembre de 2011 sería abatido Alfonso Cano. Para 2012, las FARC se estimaban en unos 8.000 combatientes, frente a los 18.000 de 2002. La guerrilla se vio forzada a internarse más profundamente en la selva y a retirarse de los territorios de mayor riqueza económica.
Ese balance sostuvo la legitimidad política de la Seguridad Democrática: los ejes viales se abrieron, el turismo interno reapareció, las capitales departamentales dejaron de ser sitiadas. Pero esos resultados tácticos no pueden leerse sin el reverso que los acompañó.
Los falsos positivos
Ningún dato del período pesa como el que la Jurisdicción Especial para la Paz consolidó años después: 6.402 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros de la Fuerza Pública entre 2002 y 2008 y presentados como guerrilleros muertos en combate. Esa cifra representa el 78% de todas las ejecuciones extrajudiciales cometidas a lo largo del conflicto armado colombiano. Los "falsos positivos" no fueron una desviación puntual: fueron una práctica extendida a múltiples regiones, entre ellas el Magdalena Medio, Nariño, Norte de Santander y Antioquia.
El mecanismo estaba tristemente estandarizado. Se sustraía a las víctimas —jóvenes desempleados, campesinos, personas en situación de calle, habitantes de barrios populares como los muchachos de Soacha llevados a Ocaña— mediante engaños de reclutadores; se les trasladaba a lugares lejanos de su procedencia; se les asesinaba; y se les vestía y armaba para presentarlos como bajas guerrilleras. En la Escuela Militar se enseñaba el uso de un "kit de legalización" —armas no convencionales y prendas de camuflado adicionales— para simular la escena de combate, incluso ante muertes accidentales. La motivación era una arquitectura de incentivos perversos: recompensas económicas, condecoraciones, permisos, ascensos por resultados operacionales medidos en cuerpos.
El Relator Especial de Naciones Unidas Philip Alston, tras visitar Colombia en junio de 2009, concluyó que las ejecuciones eran "cercanas a ser sistemáticas", aunque no encontró evidencia de que fueran política oficial ordenada o conocida por el presidente o los ministros de defensa. Esa distinción importa: la matanza no fue decretada desde la cúspide, pero fue posibilitada por un ecosistema institucional que premiaba las bajas sin auditarlas, deslegitimaba los cuestionamientos de organismos de derechos humanos y operaba bajo una doctrina que había disuelto la separación entre combatiente y sospechoso. En Nariño, el Batallón Batalla de Boyacá acumuló 37 ejecuciones extrajudiciales investigadas entre 2002 y 2010 con 61 víctimas; el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) registró 82 casos en ese departamento en el mismo período. En el Magdalena Medio, entre enero de 2006 y diciembre de 2008, el Observatorio de Paz Integral registró 165 violaciones de derechos humanos por parte del Ejército Nacional y 47 ejecuciones de civiles presentados como combatientes, un incremento asociado a la Operación Faraón iniciada en enero de 2006 para ocupar territorios dejados por las AUC tras su desmovilización.
Algunos miembros del Ejército pactaron incluso con grupos posdesmovilización de las AUC —las llamadas bacrim— para sumar bajas a cambio de garantías de inmunidad, según declaraciones del entonces viceministro de Defensa Sergio Jaramillo recogidas por El Tiempo en enero de 2010. La CCEEU documentó, adicionalmente, 243 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Policía Nacional entre 2002 y 2010. El programa de Soldados Campesinos, uno de los emblemas de la vinculación civil al esfuerzo militar, fue instrumentalizado en varias regiones para desapariciones forzadas y ejecuciones. El estallido público llegó en 2008 con el caso de los jóvenes de Soacha, pero el patrón venía instalado desde el inicio del gobierno. El 67% de la población colombiana consideró, encuestada al respecto, que estos crímenes debían ser castigados con la mayor severidad "por cuanto el Estado debe ser el primero en respetar los derechos humanos".
Ralito, Justicia y Paz, y la parapolítica
Mientras se libraba la ofensiva contra las FARC, el gobierno negoció con las Autodefensas Unidas de Colombia una desmovilización que se oficializó con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio de 2003. Las AUC se comprometieron a desmovilizar la totalidad de sus miembros y a un cese de hostilidades que en la práctica nunca se cumplió: los grupos siguieron perpetrando crímenes contra la población civil durante las negociaciones, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató presencia paramilitar activa en las comunas de Medellín pese a la supuesta desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Entre noviembre de 2003 —cuando se desmovilizó ese primer bloque— y noviembre de 2006 —cuando lo hizo el Bloque Élmer Cárdenas—, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reportó 31.521 paramilitares desmovilizados.
El marco jurídico del proceso fue la Ley 975 de 2005, la Ley de Justicia y Paz, que estableció penas alternativas para excombatientes que colaboraran con la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas. El proyecto inicial del gobierno fue criticado por su laxitud con los victimarios y su desatención a las víctimas. En su versión final, la ley limitó sus alcances a los excombatientes postulados al proceso, dejando por fuera a terceros civiles responsables, a militares implicados y a mandos medios y patrulleros a quienes se aplicó amnistía. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA advirtió que la complejidad jurídica del proceso ponía en riesgo la reinserción y podía empujar a los desmovilizados a reincorporarse a grupos ilegales, cosa que en efecto ocurrió con el surgimiento de las bacrim.
Pero el subsuelo político del proceso emergió con un escándalo de dimensiones sísmicas. Un pacto previo —el propio Pacto de Santa Fe de Ralito— revelaba que comandantes paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo (Don Berna) habían suscrito con un conjunto de senadores, representantes, alcaldes y funcionarios un acuerdo para "refundar el país", convirtiendo el poder territorial paramilitar en representación política. Las denuncias del entonces representante Gustavo Petro en el marco de los debates sobre la Ley de Justicia y Paz, en el contexto electoral de 2006, detonaron el proceso judicial que se conocería como la parapolítica.
Las investigaciones alcanzaron a más de 107 congresistas, con 21 condenados inicialmente, además de gobernadores y otros funcionarios regionales. Los partidos uribistas fueron los más comprometidos: 84 de esos congresistas provenían de sus filas. Las penas incluyeron prisión e inhabilitación permanente. El hallazgo de fondo no era solo que las AUC hubieran corrompido al Congreso: era que la coalición política que respaldaba la Seguridad Democrática se había construido, en parte sustancial, sobre esa base. La influencia paramilitar en el Legislativo abría un cuestionamiento inevitable sobre la independencia del proceso que había alumbrado la propia Ley 975.
El DAS y la vigilancia como método
En 2009 emergió el tercer gran escándalo del período, y quizás el que mejor iluminó la deriva del proyecto. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo de inteligencia adscrito directamente a la Presidencia, había desarrollado operaciones ilegales de vigilancia contra periodistas, magistrados de las altas cortes —en particular quienes investigaban la parapolítica—, defensores de derechos humanos y opositores políticos del gobierno. Los nombres de las operaciones —Europa, Extranjeros, Canela, Imprenta, Transmilenio— dieron con el tiempo la medida de su alcance: cruzaron fronteras, incluyeron seguimientos en el exterior y articularon a la institución con grupos paramilitares.
La estructura no era la de unas "manzanas podridas". La Fiscalía la describió como una red criminal al interior de la institución: jerárquica, interinstitucional, clandestina, con presupuesto y medios provistos con implicación estatal. Los blancos incluyeron a los periodistas Daniel Coronell y Gonzalo Guillén, quienes además fueron objeto de descalificaciones públicas del propio presidente Uribe —"mentiroso" y "miserable" contra Coronell, dedicación a "la infamia y la mentira" contra Guillén—, señalamientos que, según los afectados, coincidían con etapas de aumento de amenazas.
La primera reacción del gobierno fue minimizar los hechos como conductas aisladas o venganzas de exdetectives. Solo cuando se conocieron audios de interceptaciones al magistrado Iván Velásquez —el investigador central de la parapolítica— el presidente anunció la liquidación del DAS, que sería consumada por el gobierno siguiente. En 2011, Jorge Noguera Cotes, director del DAS con rango de ministro de Estado durante el primer mandato de Uribe, fue condenado por concierto para delinquir agravado con paramilitares y como autor mediato del homicidio del profesor Alfredo Correa de Andréis, detenido por rebelión, liberado al demostrarse su inocencia y luego asesinado.
El caso del DAS no fue una anomalía dentro de la Seguridad Democrática: fue la Seguridad Democrática aplicada a los enemigos internos del proyecto. La reingeniería del Estado no consistió solo en robustecer las Fuerzas Militares, sino en poner la inteligencia estatal al servicio de la persecución a quienes documentaban sus abusos: una arquitectura que expresaba menos una infiltración criminal circunstancial que el colapso de un modelo político capturado por élites mafiosas.
Plan Colombia y la dimensión internacional
La Seguridad Democrática fue, en su ejecución, un proyecto binacional. El Plan Colombia, presentado por Andrés Pastrana en septiembre de 1999 como una suerte de Plan Marshall con componentes sociales y de paz, había virado antes de su implementación efectiva hacia un fuerte componente militar. Tras el 11 de septiembre, la administración Bush profundizó su alineación con la política de seguridad colombiana en el marco de la "guerra contra el terrorismo", y en la práctica se desdibujó la distinción entre asistencia antinarcóticos y contrainsurgente. Para 2003 la ayuda estadounidense se aplicaba de lleno a las operaciones contrainsurgentes.
Esa alianza tuvo consecuencias regionales. El acuerdo de cooperación de defensa firmado entre Bogotá y Washington, que permitía el uso de siete bases militares colombianas por tropas estadounidenses, fue calificado por Hugo Chávez como una amenaza regional y como "los vientos de guerra". La tensión con Venezuela y Ecuador escaló hasta que, en julio de 2010, el gobierno Uribe presentó ante la Organización de Estados Americanos evidencias de que Caracas albergaba campamentos de las FARC y del ELN, llevando las relaciones bilaterales a su punto más bajo. Colombia y Venezuela restaurarían vínculos diplomáticos en agosto de ese año, ya con Juan Manuel Santos en el poder.
La dimensión internacional también tuvo un correlato territorial que rebasó la lógica militar. La militarización del Putumayo derivada del Plan Colombia sirvió, a partir de 2005, para el resurgimiento de la industria petrolera en una región donde la presencia institucional había sido muy precaria. La seguridad, en esa lectura, no fue solo un fin sino una palanca de reordenamiento económico del territorio.
La palabra "terrorismo" y la negación del conflicto
Ningún elemento de la Seguridad Democrática fue tan estratégicamente significativo como el que menos se ve: la doctrina de que en Colombia no había conflicto armado interno sino una amenaza terrorista contra un Estado democrático consolidado. Uribe fue el primer presidente colombiano en utilizar el concepto de "guerra contra el terror" y en negar la existencia del conflicto per se; gobiernos anteriores, aun combatiendo a las guerrillas, no habían dado ese paso. La operación semántica fue deliberada y sistemática: los términos "guerrilleros" y "subversivos" —que reconocían un origen político al alzamiento armado— fueron sustituidos por "terroristas", "narcoterroristas" y "bandidos".
Las consecuencias prácticas eran considerables. Si no había conflicto armado, no había marco de aplicación del Derecho Internacional Humanitario; si el adversario no era un actor político sino una organización criminal, no había base legítima para negociar; si el Estado colombiano era un Estado de derecho asediado por criminales, las preocupaciones internacionales sobre derechos humanos podían tratarse como injerencia. El gobierno subsumió los temas de paz, derechos humanos y DIH bajo la política de "defensa y seguridad democrática", produciendo una ruptura con la búsqueda de solución política del conflicto que había caracterizado —con oscilaciones— a los gobiernos previos.
Esa reingeniería del lenguaje se tradujo en pulsos concretos con organismos internacionales. Uribe acusó a Amnistía Internacional de "legitimar al terrorismo internacionalmente" en un discurso ante la Policía; la organización respondió que el presidente, en lugar de responder a las preocupaciones internacionales sobre sus políticas, intentaba desviar la atención atacando a quienes defendían los derechos humanos. La estrategia de incluir a las FARC en listas internacionales de organizaciones terroristas —como la de la Unión Europea— fue el correlato diplomático del cambio semántico interno, y contribuyó a erosionar el reconocimiento de estos grupos como actores políticos susceptibles de negociación.
Aquí está el nudo de la Seguridad Democrática. La negación del conflicto no fue un adorno retórico: fue el mecanismo mediante el cual la ofensiva militar quedó exceptuada de los marcos normativos que habrían limitado sus métodos. Los falsos positivos, la parapolítica, el espionaje del DAS y la desmovilización paramilitar sin verdad plena no fueron desviaciones inexplicables: florecieron en el espacio jurídico y político que la reclasificación semántica del enemigo dejó libre. No es que Uribe hubiera ordenado los crímenes; es que la doctrina apagó los sistemas de alarma que los habrían frenado.
Los territorios y sus muertos
Los efectos humanitarios del período se concentraron en las regiones donde la ofensiva militar, la presencia paramilitar y la disputa por rentas ilícitas confluyeron. El desplazamiento forzado en Colombia había registrado su gran éxodo entre 1997 y 2004, con Montes de María como epicentro entre 1997 y 2003 y Catatumbo entre 2000 y 2006. En Cundinamarca, la Operación Libertad I coincidió con picos de desplazamiento en 2001-2003. La operación, iniciada en junio de 2003, tuvo además un doble efecto sobre el campesinado: incrementó la violencia en sus territorios y se apoyó en el programa de Soldados Campesinos, que expuso a los pobladores participantes a represalias de las guerrillas.
Las organizaciones campesinas de zonas de frontera agrícola o de regiones con influencia guerrillera —Montes de María, Catatumbo, el sur del país— fueron sometidas a una estigmatización sistemática que las asociaba con la insurgencia. En el Pacífico, la desmovilización de las AUC generó vacíos que aprovecharon los grupos herederos del paramilitarismo, derivando en un ciclo de intensa victimización que afectó de manera particular a comunidades afrodescendientes e indígenas. En el Putumayo, las políticas represivas y militares vulneraron los derechos de la población civil y contribuyeron al sufrimiento de comunidades rurales e indígenas atrapadas entre las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública. La zozobra permanente en las comunidades rurales campesinas —quedar entre los combates de actores múltiples— fue una constante estructural del período.
Los programas de reclutamiento civil —Soldados Campesinos, redes de informantes— quebraron la confianza comunitaria en amplias franjas del país al convertir a los pobladores en piezas activas del aparato de seguridad. Ese quiebre no es solo un dato sociológico: define parte del legado más difícil de reparar del período, porque opera en el plano molecular de las relaciones vecinales, familiares y organizativas.
Un balance sin apología ni réquiem
La Seguridad Democrática entregó al país que se posesionó en agosto de 2010 un mapa militar transformado. Las FARC habían perdido más de la mitad de sus efectivos, sus principales comandantes históricos habían caído o estaban por caer, los ejes viales del país eran transitables y la percepción ciudadana de seguridad en las capitales había mejorado sustancialmente. Esas ganancias fueron reales y explican en parte por qué el proyecto obtuvo respaldo electoral sostenido a lo largo de ocho años y por qué su continuidad —en tono distinto— fue la plataforma inicial de Juan Manuel Santos.
Pero esas mismas ganancias son inseparables de lo que las hizo posibles. La reingeniería semántica que negó el conflicto armado creó el espacio en el que los incentivos por bajas se convirtieron en 6.402 civiles asesinados; el proceso de Ralito y la Ley 975, con sus déficits de verdad y sus terceros civiles excluidos, terminaron por documentar la captura del Congreso por 84 legisladores uribistas investigados por parapolítica; el aparato de inteligencia terminó espiando a los magistrados que investigaban esa captura. La combinación no fue accidental: fue el resultado estructural de una doctrina que desactivó los frenos normativos internos e internacionales al mismo tiempo que aceleró la ofensiva.
La Seguridad Democrática importa hoy, más de una década después de su cierre formal, porque estableció los términos del debate colombiano contemporáneo sobre seguridad, derechos humanos y forma del Estado. La negociación de La Habana entre 2012 y 2016 se hizo, en parte, contra su premisa central —al reconocer explícitamente la existencia del conflicto armado interno—; la Jurisdicción Especial para la Paz ha dedicado uno de sus macrocasos a las ejecuciones extrajudiciales del período; la parapolítica continúa produciendo condenas; la memoria del DAS informa cualquier debate sobre inteligencia estatal. La política uribista fundó un lenguaje —"terrorismo", "seguridad democrática", "amigos de la seguridad"— que sigue vivo en la contienda política colombiana, y una polarización que la ha marcado desde entonces.
Ninguna evaluación honesta puede reducir estos ocho años a un solo signo. La Seguridad Democrática fue, a la vez, la operación estatal más exitosa contra las FARC en cuatro décadas de guerra y el período en que se cometió el 78% de las ejecuciones extrajudiciales de todo el conflicto. Fue un proyecto de recuperación territorial y una empresa de refundación semántica que dejó al país sin las categorías con las que hubiera podido nombrar, y por lo tanto limitar, sus propios excesos. Ese es el legado que Colombia sigue procesando: no cómo se ganó una guerra que no terminó, sino cuánto costó en instituciones, vidas y lenguaje la manera de pelearla.
La época alrededor
Este hecho no ocurrió solo
Conexiones del archivo
Personas, lugares e ideas
Archivo documental
Documentos y fragmentos citados
01Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 1601 cita
[1]de los políticos, incluidos los de la coalición centro-izquierdista del Polo De mocrático que, en la campaña electoral del 2005-2006 ni mencionó el tema que, claro está, descubrió poco después.39 Contra el Caguán En las elecciones del 26 de mayo de 2002 Alvaro Uribe Vélez ganó la presi dencia de Colombia. Había…p. 160
02Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2017 · p. 1181 cita
[2]Washington power brokers on the importance of “saving” Colombia from itself. Plan Colombia was approved in the final days of the Clinton administration, and at that time, “Plan Colombia” turned Colombia into the third-leading recipient of U.S. foreign aid, after Israel and Egypt. Toward the end of Pastrana’s term of…p. 118
03Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2681 cita
[3]Ca- cica», forzó al presidente Pastrana a suspender el proceso y a ordenar la recuperación de la zona de despeje por parte del ejército en febrero de 2002, tres meses antes de la celebración de las eleccio- nes presidenciales. 12 veia” pi ro de 2003, ocasionó treinta y nueve muertos y cerca de ciento setenta heridos.…p. 268
04Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 159, 1622 citas
[4]única salida? (2002—2016) 160 fiflćflThxiff fffl. iThififf xffff ćff ff E n la noche del 20 de febrero de 2002 el presidente Andrés Pastrana Arango se dirigió a la opinión pública para comunicar su decisión de dar cierre defi- nitivo al fracasado proceso de paz del Caguán 517, con el que había iniciado su mandato…p. 159
[15]un pedido de extradición que el Gobierno de Colombia avaló, contra un miembro del ELN» y la imposibilidad de abstraer las negociaciones de la dinámica general del conflicto, en especial de «la ofensiva estatal contra las FARC-EP». Castaño Barrera, «Conflicto sin final, espejismo de la paz», 213 y 215. 526 Civico, «La…p. 162
05No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 369, 5182 citas
[5]de voto para la Presidencia en septiembre de 2001, a un 39 % en enero de 2002 y un 59,5 % en febrero de 2002 1084. Existe una correlación entre la creciente impopularidad del proceso de paz y el crecimiento de Uribe en las encuestas, quien fue la primera persona en ganar la Presidencia de Colombia en la primera vuelta…p. 369
[78]en los magistrados que investigaban la parapolítica. Ante este escenario, la primera reacción del Gobierno fue minimizar la gravedad de las denuncias e intentar presentarlas como acciones aisladas de «manzanas podridas» o como «exdetectives de esa entidad que que- rían hacerle daño al DAS». Cuando se divulgaron…p. 518
06Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 4251 cita
[6]los militares habían inducido la formación de paramilitares apoyados por el narcotráfico y los latifundistas. El presidente Pastrana (1998-2002), acosado por los gringos para frenar los avances del narcotráfico y su alianza con guerrillas y paramilitares, ideó el publicitado esperpento del proceso de paz del Caguán,…p. 425
07Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 1281 cita
[7]incremento de las afectaciones a la infraestructura petrolera. Todo parecía estar listo para una intervención más directa de los Estados Unidos en la contienda interna. Dos días después de la ruptura se citaba a una fuente del Departamento de Estado, la cual afirmaba que “el mensaje del gobierno colombiano hasta el…p. 128
08At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2951 cita
[8]fi ce, Uribe openly refused to accept the political nature of the guerrillas, instead calling them “ terrorists ” and “ dragons ” and refusing to negotiate without a unilateral cease- fi re. 91 Aiming to further beef up Colombia ’ s armed forces, Uribe looked to Washington for political and military support from the…p. 295
09La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 2161 cita
[9]llevó a la inclusión de esta guerrilla en la lista de terroristas de la Unión Europea, impulsada por el mismo gobierno que había negociado con ellas por tres años, el término terrorista se hizo más usual para denominar a los guerrilleros. Era una especie de guerra semántica, en la que se descalifica al oponente a…p. 216
10Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 28, 1822 citas
[10]las repercusiones del 11 de septiembre en el planeta. Sin esta constelación de factores es probable que Uribe no hubiera llegado a ser presidente. A diferencia de los gobiernos anteriores, Uribe y su equipo elaboraron, antes de la posesión presidencial, un documento sobre su estrategia de seguridad; no obstante,…p. 182
[44]de toque de la política estadounidense en el país. En efecto, Washington ha considerado el Plan Colombia el programa clave en su estrategia antinarcóticos para la región andina. En éste se combinan las medidas antinarcóticos precedentes —fumigación de cultivos ilícitos, control de precursores químicos, destrucción de…p. 28
11¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 2491 cita
[11]contra el terrorismo". Tanto sus alocuciones como los documentos gubernamentales y oficiales sobre el conflicto político o armado en Colombia se hablaba exclusivamente de la "amenaza narcoterrorista". Este discurso se profundizó con los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que alinearon más…p. 249
12Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 1861 cita
[12]y sociales; iniciativas legislativas sobre reformas asociadas a los procesos de paz o a sus instrumentos; el desarrollo de programas de inversión social en zonas de conflicto; el reconocimiento de la grave problemática humanitaria y la urgente aplicación del DIH y el recurso a formas de facilitación e intermediación…p. 186
13Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 394, 4062 citas
[13]esa categoría de la narcoguerrilla la acuñó un embajador de Estados Unidos. Más ade - lante, y en un contexto de agudización del conflicto armado, en el año 2000 y en los siguientes estas concepciones estuvieron en la base de intentos de reformas para validar la persecución con atribuciones de orden público para las…p. 394
[17]o declaradas inexe - quibles por la Corte Constitucional en noviembre del 2002 787. En consecuencia, por iniciativa del Gobierno, el Congreso aprobó una reforma constitucional que se expidió en diciembre del 2003 y que se conoció como el Estatuto 783 Ibíd. 784 Ministerio de Defensa. Política de defensa y seguridad…p. 406
14Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 775, 8082 citas
[14]alma cada madrugada para que las acciones de autoridad que emprenda tengan la más pura intención y el más noble desarrollo. Apoyaré con afecto a las Fuerzas Armadas de la Nación y estimularemos que millones de ciudadanos concurran a asistirlas” 857. Al día siguiente, desde Valledupar, lanzó el Plan Meteoro, que tenía…p. 775
[25]de responsabilidad y pedir perdón a las víctimas y familiares de los once diputados del Valle del Cauca, los cuales se encontraban retenidos y bajo responsabilidad de nuestra organización. En esa vía quisiéramos agradecer su disposición para iniciar este camino de acercamiento, de perdón y reconciliación. Asumimos sus…p. 808
15Guns, Drugs, and Development in ColombiaJennifer S. Holmes, Sheila Amin Gutiérrez de Piñeres, Kevin M. Curtin · 2008 · p. 1551 cita
[16]e l o P m e n t i n C o l o m B i a 1 0 mines the success of those sincerely trying to reintegrate: “These gaps are particularly apparent in the fields of health, psychosocial support, and edu- cation, and many former combatants have no possibility of finding work or pursuing productive projects” (oa S 2006a, 4). As…p. 155
16Conversaciones de honor: Memorias MilitaresMartín Nova · 2020 · p. 1361 cita
[18]Porque el Plan Colombia fue concebido para combatir el narcotráfico, pero no a la guerrilla. A partir de ese momento, que fue al año o dos años del Plan Colombia, aceptaron el uso de la ayuda del Plan Colombia para utilizarlo también en el combate contra la guerrilla, contra las FARC. Indiscutiblemente la guerrilla de…p. 136
17Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013)Mario Aguilera Peña (coordinador); Alba Lucía Vargas Alfonso, Luisa Marulanda Gómez, Luis Fernando Sánchez (coautores) · 2016 · p. 1031 cita
[19]nueva tecnolo- gía, como la compra de aviones A- 29 B “Súper-Tucano”, “avio- nes fantasmas” AC-47, helicópteros Black Hawk UH-60 Arpía y de modernas bombas guiadas por satélite. Estos elementos se sumaron a las nuevas formas de ataque a través de operativos conjuntos entre miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la…p. 103
18Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 307, 3114 citas
[20]y asistencia técnica, y para consultas sobre estrategia. Aun cuando es cierto que Colombia habría podido derrotar a las FARC sin la ayuda de los Estados Unidos, su colaboración contribuyó en medida considerable a los logros de Uribe. Uno de los principales analistas políticos colombianos estima en un 40 % la…p. 311
[21]y asistencia técnica, y para consultas sobre estrategia. Aun cuando es cierto que Colombia habría podido derrotar a las FARC sin la ayuda de los Estados Unidos, su colaboración contribuyó en medida considerable a los logros de Uribe. Uno de los principales analistas políticos colombianos estima en un 40 % la…p. 311
[35]Tal como se lo presentó inicialmente, el programa no era abiertamente militar. Los funcionarios civiles del Departamento de Planeación del país lo habían redactado, con la ayuda de militares y de civiles que trabajaban en el Ministerio de Defensa. Dado a conocer al público en septiembre de 1999, fue presentado 307…p. 307
[36]Tal como se lo presentó inicialmente, el programa no era abiertamente militar. Los funcionarios civiles del Departamento de Planeación del país lo habían redactado, con la ayuda de militares y de civiles que trabajaban en el Ministerio de Defensa. Dado a conocer al público en septiembre de 1999, fue presentado 307…p. 307
19La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica, Fundación Prolongar · 2017 · p. 641 cita
[22]no tenían. La creación de los batallones de alta mon- taña fue clave en el desarrollo de esta fase. Otro componente importante en el despliegue de la Políti- ca de Seguridad Democrática fue el desarrollo de “operaciones ofensivas”, en donde se realizó el Plan Patriota. Su objetivo fue recuperar el control de la…p. 64
20Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 2121 cita
[23]y Dinámicas de conflicto cinep. cinep/Programa para la Paz, Informe Especial, Conflicto armado en Colombia durante el 2011, junio de 2011, 12. La guerrilla perdió territorios, pero trató de mantener posiciones estratégicas, desacelerando el conflicto para propiciar el desgaste del Ejército. En su retirada, empleó…p. 212
21¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1251 cita
[24]Marulanda Vélez, presuntamente por causas naturales, en mayo del mismo año. A estas se sumaron las de Víctor Julio Suárez, alias Jorge Briceño o Mono Jojoy, co- mandante militar de las FARC, en septiembre del 2010, y la de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, máximo comandante de las FARC tras la muerte de Manuel…p. 125
22Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 69, 732 citas
[26]la lucha guerrillera como Apiay, en el departamento de Meta, o Tolemaida, en el departamento de Cundinamarca; la base de Putumayo, donde se alojan los batallones de la Brigada XXVII; y la conformación de la Brigada Antinarcóticos del Ejército en el Fuerte Militar de Larandia, en el departamento de Caquetá. Dicho de…p. 69
[28]del continente que más va a incrementar su presupuesto en seguridad y defensa tras Chile, Venezuela y Ecuador. Además, se erige como el país de América Latina con mayor cobertura de Fuerza Pública por número de habitantes, con un promedio de 881 efectivos por cada 100.000 habitantes, únicamente superado por Bolivia…p. 73
23Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 1821 cita
[27]las dos administraciones de Álvaro Página 182 Uribe se deben en gran parte al proceso de modernización y trasformación que él inició en 1999, aunque otros opinan que estos logros se deben exclusivamente a la administración Uribe. Aquí la respuesta es que fue un proceso de transformación del aparato militar que si bien…p. 182
24Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 401 cita
[29]en el último año, calculado mes a mes. De esa manera, se logra conocer el nivel de la variable (el cual puede ser leído en el eje izquierdo) y las variaciones mensuales en este nivel. El agotamiento de la política de seguridad 39 Gráfico 2 Muertes directas del conflicto, Colombia 1988-2008 0 500 1.000 1.500 2.000…p. 40
25Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 2141 cita
[30]llamada “zona de distensión”, un territorio de más de 42 mil kilómetros que el gobierno cedió al control de la guerrilla. El gobierno y las FARC se reunieron durante más de dos años sin obtener ningún resultado concreto, hasta que en febrero de 2002, pocos meses antes de culminar su gobierno, Pastrana declaró el fin…p. 214
26Breve historia económica de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 2017 · p. 3551 cita
[31]de secues- tro cayó desde su pico de 3. 550 en el año 2000 a 1. 500 en 2010, reflejando los éxitos de la política de seguridad de la administración Uribe, pero siendo todavía bastante con- siderable. La cifra bajó radicalmente a sólo 188 en 2016, gran logro del proceso de paz del presidente Santos. Como ministro de…p. 355
27El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 280, 3493 citas
[32]matando a Manuel Marulanda Vélez, jefe máximo e histórico; a Jorge Briceño, líder militar; y a Raúl Reyes, principal negociador [...] 8 Pero ni un mando medio fue capturado o muerto. Un nuevo revés militar que se sumaba a los miles que llevan las Fuerzas Armadas colombianas y estadounidenses en este largo conflicto…p. 280
[33]matando a Manuel Marulanda Vélez, jefe máximo e histórico; a Jorge Briceño, líder militar; y a Raúl Reyes, principal negociador [...] 8 Pero ni un mando medio fue capturado o muerto. Un nuevo revés militar que se sumaba a los miles que llevan las Fuerzas Armadas colombianas y estadounidenses en este largo conflicto…p. 280
[91]la policía el presidente Uribe Vélez sostuvo: “por no tener el valor de denunciar a Amnistía Internacional, hemos permitido que legitimen al terrorismo internacionalmente [...]” Al día siguiente AI contestó públicamente, entre otros: “En vez de responder ante las legítimas preocupaciones internacionales sobre sus…p. 349
28Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. PacíficoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1521 cita
[34]1985-2005, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Proyecciones de población municipal por área 2005-2020, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 602 Entrevista 208-PR-02012. Testigo, mujer, religiosa. 153 fiflćffć́Th́ El repliegue de la insurgencia, los herederos del paramilitarismo y la…p. 152
29Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 1421 cita
[37]end the country’s internal conflict involved not only negotiations with the insurgency but also the development of a massive $7.5 billion development plan that would be financed by the Colombian government and international contributors. The original proposal in the fall of 1998 focused upon social redistribution and…p. 142
30Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 324, 3412 citas
[38]mayo de 2002. 441 Una ley de origen parlamentario aprobada en 1986 le exige al presidente de los Estados Unidos que presente «en enero de cada año, coincidiendo con el discurso sobre el Estado de la Nación, un documento denominado National Security Strategy. Este documento constituye la síntesis de un complejo proceso…p. 324
[73]no dene ningún antecedente en América Ladna. En todo el condnente, con pocas excepciones, aunque enormemente significativas por el rango de las personas condenadas, como son los casos del expresidente Alberto Fujimori en el Perú y el expresidente Juan María Bondaberry en Uruguay, la clase política continental escapó a…p. 341
31Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4541 cita
[39]un valor cada uno de 2 millones de dólares), de los cuales treinta fueron asignados al ejército y doce a la Policía. 25 De modo general, el Plan Colombia es un conjunto de acciones que busca acabar con la producción ilícita de narcóticos y el negocio asociado a ella, im- pulsar y fortalecer la presencia del Estado en…p. 454
32«¡Déjennos en paz!» La población civil, víctima del conflicto armado interno de ColombiaAmnistía Internacional · 2008 · p. 151 cita
[40]A pesar de ello, nunca negaron la existencia de un conflicto armado per se, a diferencia del actual presidente. Además, el gobierno del presidente Uribe es el primero en utilizar el concepto de «guerra contra el terror». Esta formulación y la de la «guerra contra el narcotráfico» han sido utilizadas por algunos…p. 15
33Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008Leah Anne Carroll · 2011 · p. 1831 cita
[41]paramilitary groups responsible for persecuting the Democratic Front and the Patriotic Union in Caquetá. 29 Tensions were increased by the contin- ued rapid expansion of kidnappings and the FARC’s manpower, from an estimated 16,000 in 1998 to a high point of almost 17,500 in 2000. 30 One of these kidnappings occurred…p. 183
34Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 831 cita
[42]been greatly to Colombia's advantage, according to the National Administrative Department of Statistics (DANE). In 2008 Colombian exports to Venezuela totaled US$6 bil- lion, while Venezuelan sales to Colombia amounted to only US$1.2 billion. In the first five months of 2009, Venezuela was the leading market for…p. 83
35Colombia: Background, U.S. Relations, and Congressional InterestJune S. Beittel · 2013 · p. 331 cita
[43]that permitted U.S. troops to use seven military facilities in Colombia further inflamed President Chávez. He claimed that the placement of U.S. troops in Colombia was a threat and described the now stalled base agreement as “fanning the winds of war” across the region. In its last month in office, in July 2010, the…p. 33
36Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 191 cita
[45]cultivos ilícitos y “desarrollo alternativo” contemplados en el “componente so- cial” del Plan Colombia, debido a la incoherencia, improvisa- ción e ineficiencia de los mismos. Sin establecer una relación directa entre una cosa y otra, es posible afirmar que la militarización de Putumayo que sobrevi- no con el Plan…p. 19
37Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 565, 8502 citas
[46]pruebas que justificaran su privación de libertad 3002. Estos incentivos y relaciones con paramilitares condujeron, así mismo, a 6.402 ejecuciones extrajudiciales de civiles, entre 2002 y 2008, según las cifras de la JEP. Este número representa el 78 % del total de esa violación de derechos humanos a lo largo del…p. 850
[52]de civiles en planes y programas que contribuyeron a la eje- cución de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Esto se hizo con programas de reclutamiento como el de Soldados por un Día o Soldados Campesinos 1782, y mediante redes de informantes y de cooperantes a los cuales ingresaron integrantes de…p. 565
38Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 1752 citas
[47]on measureable results—body counts in this case —surely might have encouraged false positives by the Colombian armed forces, there was no evidence that the president personally ordered them. Philip Alston, United Nations special rapporteur on extrajudicial, summary, or arbitrary executions visited Colombia for ten…p. 175
[48]on measureable results—body counts in this case —surely might have encouraged false positives by the Colombian armed forces, there was no evidence that the president personally ordered them. Philip Alston, United Nations special rapporteur on extrajudicial, summary, or arbitrary executions visited Colombia for ten…p. 175
39Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 4381 cita
[49]Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 28 de septiembre de 2008, Comu- nicado de Prensa). Es importante resaltar, como ya se anotó, que en este tipo de desapariciones la justificación de la lucha contrainsurgente per- manece como en los períodos anteriores, pero de lo que en verdad 439 6…p. 438
40Cuando los pájaros no cantaban: historias del conflicto armado en ColombiaAlejandro Castillejo-Cuéllar · 2022 · p. 2001 cita
[50]y luego lo viste, los rotos del uniforme no van a coincidir con el disparo que tiene». O el primer ejemplo que el instructor pone: si tienen un problema y un campesino resultó muerto, pues hagan esto como para no tener problemas. Entonces ellos hablaban de que muchas veces, si uno andaba con su tropa y... no sé... Es…p. 200
41Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Nariño y sur de CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1461 cita
[51]la Paz, se vienen investigando un total de 37 de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y el 2010, las cuales han dejado 61 víctimas; el Batallón Batalla de Boyacá es el responsable de estos hechos. Esta cifra se puede comple- mentar con el registro del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario,…p. 146
42Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 4382 citas
[53]Violaciones a DDHH Violaciones al DIH Fuente: elaboración propia con base en: Cinep, 2013, mayo, Informe Especial sobre la Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanita - rio en Colombia durante 2012, Programa por la Paz 6.1.2 Ejecuciones extrajudiciales En 2010 se denunciaron 59 casos de ejecuciones…p. 438
[54]Violaciones a DDHH Violaciones al DIH Fuente: elaboración propia con base en: Cinep, 2013, mayo, Informe Especial sobre la Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanita - rio en Colombia durante 2012, Programa por la Paz 6.1.2 Ejecuciones extrajudiciales En 2010 se denunciaron 59 casos de ejecuciones…p. 438
43"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 641 cita
[55]no necesariamente más que la policía, que tenía una mayor respon- sabilidad en las operaciones antinarcóticos. La asistencia de EE.UU. en seguridad antes del Plan Colombia, que se limitaba a objetivos antinarcóticos, reflejaba esta división del trabajo; en 1998, la Policía Nacional de Colombia recibió 90% de la ayuda…p. 64
44Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?Gonzalo Sánchez Gómez, Iván Orozco Abad, Álvaro Villarraga Sarmiento, Luis Carlos Sánchez Díaz, Patricia Linares Prieto, María Consuelo Ramírez Giraldo, Angelika Rettberg Beil, Laura Otálora Cuenca, Irina Mago Cordido, Paola Ximena Silva Cortés · 2012 · p. 281 cita
[56]paramilitares fueron En este punto sí se destaca que quienes fueron víctimas de las guerrillas opinan con mayor frecuencia que los paramilitares fueron necesarios. Por su parte, quienes fueron victimizados por estos, se manifiestan en desacuerdo con su aparición más que el resto de Afectados por otros grupos armados…p. 28
45La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 3091 cita
[57]en Santafé de Ralito. Diciembre Desmovilización del Bloque Calima (exclusión de Gordolindo). Noviembre AUC declara cese de hostilidades. Enero Inicio negociación política. Reconfiguración del Bloque Pacífico. 2002 2003 2004 310 LA GUERRA VINO DE AFUERA EL BLOQUE PACÍFICO EN EL SUR DEL CHOCÓ: UNA HERIDA QUE AÚN NO…p. 309
46Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1261 cita
[58]y Mallorquín. El encuentro tuvo lugar en el sector de La Piscina, en la vereda El Tambor del municipio de La Merced. Participó el presidente de la Asamblea Departamental de Caldas, Ferney Tapasco González, así como los aspirantes a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Enrique Emilio Ángel Barco, Dixon…p. 126
47Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 1691 cita
[59]a la paz de Colombia”, que firmaron el Gobierno nacional y las AUC el 15 de julio de 2003. En este documento quedó de manifiesto que las AUC se comprometían a desmovilizar la totalidad de sus filas, fijaban fechas para un cese de hostilidades con el Gobierno y coordinaban todo lo necesario para su desarme,…p. 169
48Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 1392 citas
[60]cional Electoral, en las cuales se comunica que dejan de existir algunos partidos entre ellos el de la Unión Patriótica. Estos partidos políticos pierden su perso- nería jurídica por no cumplir con los requisitos de la Ley 130 de 1994, dentro de los cuales está el no haber tenido votaciones suficientes en Senado,…p. 139
[61]cional Electoral, en las cuales se comunica que dejan de existir algunos partidos entre ellos el de la Unión Patriótica. Estos partidos políticos pierden su perso- nería jurídica por no cumplir con los requisitos de la Ley 130 de 1994, dentro de los cuales está el no haber tenido votaciones suficientes en Senado,…p. 139
49El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1092 citas
[62]paramilitares) que iniciaron con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y terminaron con la del Blo- que Élmer Cárdenas en noviembre de 2006, arrojaron la ci- fra de 31. 521 paramilitares desmovilizados (O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Sin embargo, tanto el cese de…p. 109
[63]paramilitares) que iniciaron con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y terminaron con la del Blo- que Élmer Cárdenas en noviembre de 2006, arrojaron la ci- fra de 31. 521 paramilitares desmovilizados (O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Sin embargo, tanto el cese de…p. 109
50Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 3341 cita
[64]una invitación a la impunidad.4 En efecto, el proyecto buscaba motivar la desmovilización de los grupos armados a cambio de penas bajas, sin que los actores del conflicto contribuyeran a resarcir los daños que habían causado. En esencia, era un proyecto centrado en los victimarios. Después de un proceso de negociación…p. 334
51San Carlos: Memorias del éxodo en la guerraMartha Nubia Bello Albarracín, Marta Inés Villa · 2011 · p. 771 cita
[65]más puro en el sentido de que su objetivo primordial siempre fue la lucha contraguerrillera. Por este motivo se ganó varios enemigos cuando hizo público su descontento relacionado con la infiltración de narcotraficantes en las autodefensas. García terminó enfrascado en una disputa con el Bloque Cacique Nutibara…p. 77
52Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 201 cita
[66]y Paz (SIJYP) y que ha tenido efectos A ntes del #$$# las leyes que regularon el desarme y la desmovi- lización de los grupos armados ilegales fueron la ley %&' de &((), prorrogada por la ley *%' de &(((y, posteriormente, por la)'# del #$$# que modi fi ca las anteriores. Esta última solo contempla- ba la amnistía y el…p. 20
53Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 321 cita
[67]de las AUC en el Congreso colombiano. Para 2001, “las AUC quizá alcanzaron a tener treinta mil hombres armados a su disposición en distintos bloques” (Acemoglu, Daron y Robinson, James, 2012, página 444). Estos mismos autores relatan un hecho relevante en los términos del fenómeno que posteriormente se conocería como…p. 32
54La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 891 cita
[68]una gran bancada en el Congreso que les permitiera ventilar sus intereses en los órganos de decisión de la Nación. Para tal efecto, les fue útil la proliferación de partidos políticos promovida por la Constitución de 1991. De hecho, para el momento en que las AUC estaban unificadas, ya existían varios movimientos…p. 89
55Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 1601 cita
[69]y ejes explicativos sobre el paramilitarismo en los informes del CNMH y en la producción académica fue un fenómeno exclusivamente “costeño” o “paisa”. También figuran departamentos como Tolima, Caldas, Norte de Santander y Boyacá. 4. Si bien las acciones judiciales emprendidas por la Corte Su- prema de Justicia, en…p. 160
56A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 831 cita
[70]del senador y jefe del Partido Conservador Julio Manzur, Rodrigo Burgos de la Espriella; el ex alcalde de Chinú, Córdoba, y suplente a la Cámara de Represen- tantes, Luis Álvarez; el líder conservador, José de los Santos Negrete; el ex diputado conservador, Álvaro Cabrales Hodge; el director de la Corporación Autónoma…p. 83
57Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 2241 cita
[71]respecto al estatus penal de los paramilitares, otros elementos complicaron la situación. En efecto, la intervención de la Corte Suprema fue más allá de las condiciones de desmovilización y se centró en las redes que los paramilitares mantenían en el corazón del Estado. En las siguientes páginas exploramos este…p. 224
58Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1891 cita
[72]que los anteriores ejemplos, hasta dónde estaba dispuesto a ir el Gobierno en su afán por satisfacer sus propios intereses: magistrados de las Altas Cortes, periodistas y políticos de la oposición, académicos, intelec- tuales, fueron objeto de seguimientos ilegales por parte de agencias estatales para calumniarlos e…p. 189
59Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 1971 cita
[74]repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión re- movidas, a fin de asegurar que tales crímenes no volverán a tener lugar (CConst, Sentencia T-821 de 2007, página 38). El no desmonte de esas estructuras se debe…p. 197
60Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 631 cita
[75]del proceso de negociación con las AUC: no era su fi ciente la desmovilización de las estructuras armadas, también era necesario preguntarse por el desmonte efectivo de las econo- mías ilegales y por los órdenes locales y regionales, que habían construido los paramilitares durante la etapa de mayor ofensiva y…p. 63
61La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1281 cita
[76]número de personas, entre las que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos de varios países. Las operaciones Europa, Extranjeros, Canela, Imprenta y Transmilenio se llevaron a cabo por parte de una red de inteligencia establecida al interior del DAS bien estructurada, jerárquica, interinstitucional,…p. 128
62Colombia: Background and U.S. RelationsJune S. Beittel · 2018 · p. 101 cita
[77]“parapolitics” scandal in 2006 that exposed links between illegal paramilitaries and politicians, especially prominent members of the national legislature. Subsequent scandals that came to light during Uribe’s tenure included the “false positive” murders allegedly carried out by the military (primarily the Colombian…p. 10
63La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015)Germán Rey, Camilo Vallejo Giraldo, María Angélica Nieto Uribe, Álvaro Fernando Núñez Zúñiga, Andrea Torres · 2015 · p. 1061 cita
[79]otros fenó- menos agresivos que incidían sobre el periodismo y sobre la socie- dad local y nacional. No se debe dejar de mencionar la actitud del Presidente Álvaro Uribe Vélez en contra de defensores de derechos 106 La palabra y el silencio humanos y de algunos periodistas, como lo ocurrido a Gonzalo Guillén, a quien…p. 106
64El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 2. Las víctimas y las antesalas de la justicia. Conclusiones y RecomendacionesCentro Nacional de Memoria Histórica · 2016 · p. 1872 citas
[80]claridad de qué era lo que estaba pasando, todas las noches nosotros nos reuníamos, eso era una locura, eso era una locura: “¿Quién está detrás de todo esto?”, No, no sabíamos, quiénes ¿por qué están haciendo esto, de dónde están sacando todas estas cosas? si, tuvimos un cambio, de locura, de locura total (Correa de…p. 187
[81]claridad de qué era lo que estaba pasando, todas las noches nosotros nos reuníamos, eso era una locura, eso era una locura: “¿Quién está detrás de todo esto?”, No, no sabíamos, quiénes ¿por qué están haciendo esto, de dónde están sacando todas estas cosas? si, tuvimos un cambio, de locura, de locura total (Correa de…p. 187
65Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1321 cita
[82]juez ordenara la detención de Correa por el delito de rebelión 298. Correa estuvo detenido entre junio y julio de 2004. Su detención era insólita. Recuperó la libertad al demos- trar su inocencia. Sin embargo, su muerte fue ordenada por una troika de políticos, funcionarios del DAS encabezados por su director, Jorge…p. 132
66Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1921 cita
[83]2 4 8 105 83 7 7 1 1 35 42 44 12 4 5 3 2 2 2 1 1 10 135 60 42 20 18 20 19 37 52 38 27 40 4 9 1 24 2 7 7 2 Agente del Estado Desconocido Grupo paramiltar Otro Sin información Grupo posdesmovilización Grupo armado no identificado Guerrilla Agente del Estado Desconocido Otro Grupo paramilitar Crimen organizado Grupo…p. 192
67Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1561 cita
[84]contrainsurgentes incluyeron un alto grado de estigmatización, sobre todo contra las organizaciones campesinas ubicadas en zonas de frontera agrícola o en regiones donde la guerrilla en algún momento tuvo influencia. En regiones como los Montes de María, donde el accionar del Ejército logró sacar a las guerrillas a…p. 156
68La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 2361 cita
[85]cambió sino que se escaló a niveles nunca antes vistos en la región durante los años 2002 y 2003: el aparato militar no resintió la masacre, lo que sería a pri- mera vista contradictorio para quienes estigmatizaron a El Salado como un pueblo guerrillero. Los hechos posteriores pusieron en evidencia una vez más que el…p. 236
69Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 1581 cita
[86]de abandono de tierras por desplazados han sido: 1. Alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, en La Guajira, Cesar y Magdalena. La pérdida de tierras comenzó en 1998 y aumentó hasta llegar a ser alta en Magdalena en 2002 y en Cesar en 2003. 2. Región de Perijá y Catatumbo, en Cesar y Norte de Santander. En…p. 158
70Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 901 cita
[87]cuando empezó el registro oficial. Una nación desplazada periodiza el desplazamiento contemporá- neo en cuatro periodos: • 1980-1988: desplazamiento silencioso en el escalamiento del con- flicto armado. • 1989-1996: continuidad del desplazamiento en el nuevo pacto social. • 1997-2004: gran éxodo forzado en la Colombia…p. 90
71La masacre de El Tigre. Un silencio que encontró su vozGonzalo Sánchez G., Martha Nubia Bello Albarracín, Andrés Cancimance López · 2011 · p. 161 cita
[88]en una de las obligaciones funda- 16 La masacre de El Tigre, Putumayo mentales del Estado colombiano, cuando por acción u omisión ha contribuido al sufrimiento de los ciudadanos y ciudadanas (GMH, 2009a). En la cuarta parte, proponemos unas recomendaciones en tor- no a la Verdad, la Justicia y la Reparación, con el…p. 16
72Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 4151 cita
[89]de declaraciones de abandono 1994- 2012 (nacional y Putumayo) Fuente: tomada de INCODER, (2013), Registro único de predios y territorios abandonados indi- viduales (RUPTA individual), 1994-2013 (agosto); Unidad para la Atención y Reparación In- tegral de Víctimas, UARIV, 2013, Registro Único de Víctimas, 1980 agosto…p. 415
73Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 2461 cita
[90]justicia y a la verdad, son precarios y, aún más se consideran como un factor que apoya la constitución de una generalizada situación de impunidad. Mayo de 2002. Fotografía: Jesús Abad Colorado© 249 vi. Significados e impactos de la masacre de Bojayá en el orden internacional La matanza de Bojayá ha levantado por unos…p. 246