Idea transversal

Desmovilización

La desmovilización en Colombia nombra a la vez el acto técnico de entrega de armas y la promesa política de reincorporación ciudadana; desde 1953 ha sido una bisagra frágil entre la firma de acuerdos y lo que viene después, recurrentemente acompañada de fraudes de conteo, asesinatos de excombatientes y reaparición de la violencia con otras siglas.

3.826 palabras71 documentos96 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1953
Primera gran desmovilización moderna: guerrillas llaneras
1982
Ley 35 de 1982: amnistía por delitos políticos bajo Betancur
1990
Acuerdo de Corinto: desmovilización del M-19
1991
Desmovilización del EPL, PRT y Quintín Lame ante la Constituyente
1994
Desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista
2003
Acuerdo de Santa Fe de Ralito y desmovilización paramilitar
2005
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)

La lectura

La desmovilización en Colombia ha oscilado históricamente entre dos lógicas irreconciliables: la del Estado que exige rendición y la del combatiente que negocia condiciones de dignidad política. Desde la traición a Guadalupe Salcedo en 1957 hasta el fraude de conteo en el proceso AUC, cada ciclo ha revelado que la firma de un acuerdo no garantiza ni la seguridad del excombatiente ni la desaparición real del grupo armado. El caso paramilitar mostró con crudeza que una desmovilización puede ser simultáneamente masiva en cifras y vacía en sustancia: más de 31.000 registrados cuando el estimado real era la mitad, armas entregadas parcialmente y jefes que siguieron operando desde las zonas de ubicación. La Ley de Justicia y Paz, criticada como amnistía encubierta, produjo sin embargo un efecto imprevisto: las confesiones de los desmovilizados abrieron una rendija de verdad que permitió condenar a políticos por sus vínculos con el paramilitarismo. El concepto mismo ha evolucionado: de la simple entrega de armas de 1953 a la reincorporación colectiva negociada con las FARC-EP en La Habana, Colombia ha construido, a golpe de fracasos, una doctrina propia sobre los límites y las posibilidades de convertir excombatientes en ciudadanos.

En el vocabulario político colombiano, pocas palabras cargan tanto peso como desmovilización. Nombra a la vez un acto militar —la entrega de armas y la disolución de una tropa irregular— y una promesa social: la de que quienes deponen la violencia recibirán, del Estado y de la sociedad, las condiciones para volver a ser ciudadanos. Entre esos dos polos, el técnico y el político, se ha jugado desde 1953 una historia recurrente de amnistías, entregas, reinserciones y reincorporaciones, casi siempre acompañada de asesinatos posteriores, fraudes de conteo, promesas incumplidas y la reaparición, con otras siglas, de la guerra que se creía terminada. La desmovilización en Colombia no ha sido nunca un punto final: ha sido una bisagra frágil entre la firma y lo que viene después, y su eficacia ha dependido menos del texto de los acuerdos que de la arquitectura institucional y territorial capaz de sostenerlos.

El concepto y sus capas

Desmovilizar es, en su sentido más estrecho, disolver una fuerza armada: entregar las armas, licenciar la tropa, terminar la cadena de mando. En el uso colombiano el término se ha extendido para nombrar procesos más amplios, que incluyen la reinserción social del excombatiente, su reintegración económica y, en las versiones más ambiciosas, su reincorporación política como sujeto colectivo. Cada ola ha ensanchado o reducido esa definición según los intereses en juego: los combatientes rasos han negociado individualmente su tránsito a la legalidad; los mandos han buscado condiciones de justicia; las organizaciones con identidad política han exigido que la firma no sea disolución sino conversión en partido, sindicato o movimiento social.

La distinción importa porque los estándares internacionales de Desarme, Desmovilización y Reintegración —el llamado DDR de Naciones Unidas— presuponen un acuerdo de paz previo y un cese colectivo de hostilidades. Colombia, sin embargo, adoptó desde muy temprano una vía paralela: la desmovilización individual, formalizada con el Decreto 1385 de 1994, concebida como estrategia contrainsurgente para fomentar deserciones dentro de un conflicto que seguía activo. Esta doble pista —colectiva y política de un lado, individual y contrainsurgente del otro— explica buena parte de las tensiones posteriores. En el mismo país, y a veces en el mismo año, un excombatiente podía ser recibido como interlocutor político con derecho a curul o como desertor útil a la inteligencia militar.

La primera ola: las guerrillas liberales y la traición de 1953

El 13 de junio de 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla derrocó al gobierno de Laureano Gómez y abrió la primera gran ventana de desmovilización moderna en Colombia. Los Llanos Orientales llevaban años en armas: cuadrillas liberales que habían resistido la violencia conservadora y que, hacia mediados de ese año, se habían dado una estructura política notable. La Segunda Ley del Llano, del 18 de junio de 1953, reconocía a Guadalupe Salcedo como jefe de los combatientes revolucionarios y a Eduardo Franco Isaza como su jefe de estado mayor; organizaba un gobierno rebelde y un ejército guerrillero con mandos, códigos y jerarquías. Al lado de Salcedo y Franco figuraban Dumar Aljure y otros jefes que habían convertido el llano en un territorio con soberanía disputada.

La caída de Gómez cambió el cálculo. Entre agosto y octubre de 1953, el grueso de las guerrillas llaneras entregó las armas al nuevo gobierno; Guadalupe Salcedo realizó una entrega formal ante el general Alfredo Duarte Blum en Tame. Los frentes más articulados políticamente elaboraron, en respuesta a la amnistía, un programa que describieron como esencialmente democrático. No todos aceptaron la oferta con el mismo ánimo. Un sector consideró que entregarse a una dictadura militar era una traición y sostuvo que Rojas no era solución a los problemas del pueblo; la mayoría, en cambio, quería aprovechar la coyuntura para legalizar su situación.

El caso de Juan de la Cruz Varela, líder agrario de Sumapaz, mostró la sofisticación política que ya existía entonces. A fines de octubre de 1953, Varela hizo una entrega calculada: presentó 1.200 hombres para neutralizar la presión militar, pero guardó las armas para prevenir la reacción latifundista. Inauguró así una estrategia de tregua sin desarme real que reaparecería, con otras firmas, muchas décadas después.

La ruptura llegó pronto. A partir de 1954, Rojas endureció su postura hacia los sectores que consideraba comunistas y permitió operaciones militares contra Sumapaz y Villarrica, en el Tolima. Las guerrillas liberales habían entregado; las comunistas optaron por no aceptar la amnistía y continuaron una resistencia que ellas mismas llamaron autodefensa, en una segunda etapa de lucha armada más limitada geográficamente pero cuya continuidad daría origen, años después, a las FARC. El desenlace del liderazgo llanero fue el símbolo trágico del ciclo: tras la caída de Rojas el 10 de mayo de 1957 y la instalación de una junta militar que preparó el retorno bipartidista, Guadalupe Salcedo fue asesinado. Con él quedó fijada la primera imagen dolorosa del insurrecto amnistiado y luego liquidado por el Estado que le había prometido su reincorporación.

La segunda ola: Betancur, Barco y las paces de finales de siglo

La palabra desmovilización reapareció con fuerza en los años ochenta, cuando el presidente Belisario Betancur intentó construir una política de paz orientada a los alzados en armas. La Ley 35 de 1982, aprobada el 19 de noviembre a iniciativa del Ejecutivo, otorgó amnistía por delitos políticos y se planteó como un gesto de buena voluntad; en su estela vinieron los contactos con distintos grupos guerrilleros a través de la Comisión de Paz. La oposición del estamento militar fue abierta. En 1984, el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, renunció declarando expresamente que no podía haber negociaciones ni acuerdos con las guerrillas; la tensión entre las Fuerzas Armadas y el gobierno civil no se cerró con su sucesor y dejó su marca sobre todos los procesos posteriores.

El camino hacia la desmovilización efectiva se abrió por una vía inesperada. Entre mayo y julio de 1988, el M-19 secuestró al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado; el episodio, que pudo haber cerrado toda vía de diálogo, terminó por abrirla y dio pie a las Conversaciones de Usaquén con el gobierno de Virgilio Barco. El 9 de marzo de 1990, mediante el Acuerdo de Corinto, aproximadamente 900 guerrilleros del M-19 dejaron las armas y la organización se transformó en partido político. Fue la primera desmovilización moderna con vocación explícitamente electoral y de reforma institucional.

El incentivo que consolidó la segunda ola fue la Asamblea Nacional Constituyente. La perspectiva de participar en ella llevó al Partido Revolucionario de los Trabajadores, al Ejército Popular de Liberación y al Movimiento Armado Quintín Lame a acelerar sus negociaciones y desmovilizarse en 1991. Cuatro años más tarde, en abril de 1994, la Corriente de Renovación Socialista se desmovilizó en el corregimiento de Flor del Monte, Ovejas, Sucre, en un acto con presencia de ministros, embajadores y representantes de la sociedad civil que atrajo atención nacional e internacional.

La factura política de este ciclo se pagó en dos monedas distintas. De un lado, la Constitución de 1991 y las reformas políticas y electorales que la acompañaron incorporaron muchos de los compromisos pactados con el M-19 y tuvieron un efecto democratizador sobre el conjunto del sistema colombiano. Del otro, los excombatientes fueron blanco de una violencia sistemática. El comandante del M-19 Carlos Pizarro Leongómez fue asesinado siendo ya candidato presidencial, poco después de la desmovilización. En Urabá, los excombatientes del EPL integrados al movimiento Esperanza, Paz y Libertad y al sindicato Sintrainagro fueron perseguidos y asesinados por las FARC-EP y por una disidencia del propio EPL conocida como los Caraballistas, en referencia al comandante Francisco Caraballo; la violencia tuvo consecuencias severas para el movimiento obrero y sindical de la región. El PRT, el Quintín Lame y la CRS transitaron por rutas menos sangrientas, pero el mensaje general quedó fijado: entregarse podía costar la vida.

El giro paramilitar: Ralito y la Ley de Justicia y Paz

El comienzo del nuevo siglo trajo un cambio de sujeto que obligó al marco jurídico a torcerse. La Ley 782 de 2002 prorrogó y modificó la Ley 418 de 1997 y, sobre todo, eliminó el requisito de que las negociaciones de paz solo pudieran hacerse con organizaciones a las que se les hubiera reconocido carácter político. Ese cambio, aparentemente técnico, habilitó los diálogos con las Autodefensas Unidas de Colombia, una federación paramilitar que hasta entonces la ley excluía por su naturaleza contrainsurgente y su hondura criminal.

El 15 de julio de 2003, el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo y los jefes de las AUC firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, cerca del Darién cordobés, en el que los paramilitares se comprometieron a desmovilizar la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005. El proceso de desmovilizaciones colectivas se abrió en noviembre de 2003 con el Bloque Cacique Nutibara en Medellín y se cerró en noviembre de 2006 con el Bloque Élmer Cárdenas. La cifra oficial fue apabullante: 31.521 personas registradas como desmovilizadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El problema es que la inteligencia estimaba en unos 15.000 los integrantes reales de las AUC. La brecha entre ambas cifras —más del doble— es la primera evidencia del fraude sistemático que atravesó el proceso. Bajo las banderas de las autodefensas se inscribieron delincuentes comunes, personas cercanas o familiares de paramilitares, y otras reclutadas expresamente para las ceremonias. El propio Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, declaró en audiencia ante el Tribunal Superior el 3 de julio de 2011 que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, el primero, había sido una farsa porque la mitad de los desmovilizados no eran paramilitares. En la zona de ubicación de Ralito, los jefes continuaron operando con notable libertad: la revista Semana documentó fiestas con modelos, actrices y prostitutas traídas de Medellín, Barranquilla y Bogotá.

El marco jurídico que se construyó para procesar a los desmovilizados de mayor rango fue la Ley 975 de 2005, la Ley de Justicia y Paz, sancionada ese año tras un tránsito legislativo iniciado en agosto de 2003. La ley contemplaba penas alternativas de entre cinco y ocho años para miembros de grupos armados que colaboraran con la reconstrucción de la verdad sobre sus crímenes y con la reparación de las víctimas. Desde el momento en que se radicó la primera versión del proyecto, organizaciones de víctimas y de derechos humanos la calificaron de ley de impunidad y denunciaron que se trataba de una amnistía encubierta; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó también un comunicado crítico. Amnistía Internacional expresó desde 2003 graves dudas sobre el proceso: señaló que muchos denominados ex paramilitares seguían operando y que la desmovilización no representaba el avance positivo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez proclamaba.

El decreto reglamentario 3391 confirmó los temores. Debilitó el requisito de confesión completa al añadir el matiz en la medida de sus posibilidades de cooperación, restableció una reducción de 18 meses en las condenas que la Corte Constitucional había declarado inconstitucional y abrió la posibilidad de que los paramilitares desmovilizados cumplieran sus penas en instalaciones militares. Varios narcotraficantes sin pertenencia real a las AUC —el caso más nítido es el de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, investigado por la Fiscalía— aprovecharon el proceso para negociar su tránsito a la legalidad. Vistas de cerca, las AUC funcionaron menos como un ejército unificado que como una alianza coyuntural de señores de la guerra y narcotraficantes que, por separado, negociaron con Restrepo mientras sostenían la ficción de una jerarquía común.

Pese a todo, el proceso produjo un efecto secundario que ningún crítico del acuerdo se atrevería a desdeñar. Las confesiones de los desmovilizados, cruzadas con la acción decidida de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y otras instancias, permitieron condenar a un número significativo de políticos por sus vínculos con el paramilitarismo, en el proceso conocido como parapolítica, con penas efectivas de prisión e inhabilitación política de por vida. Justicia y Paz falló como umbral judicial estricto, pero abrió una rendija de verdad que la política colombiana no había conocido antes.

La reincorporación de las FARC-EP y el conflicto que no termina

El proceso de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP construyó, sobre las lecciones amargas de las olas anteriores, un modelo diferente. Las FARC-EP insistieron en un proceso de reincorporación —el término mismo desplaza a reinserción— que respondiera a sus propios intereses políticos, económicos y sociales, y rechazaron la lógica y los diseños de la política DDR tradicional, considerada incompatible con sus demandas. El resultado, plasmado en el Acuerdo Final, fue una arquitectura compleja: garantías de participación política, jurisdicción especial, reforma rural, sustitución de cultivos y un componente de reincorporación colectiva.

El Acuerdo se firmó inicialmente en Cartagena, aproximadamente una semana antes del 2 de octubre de 2016, cuando el plebiscito convocado para refrendarlo fue rechazado por un margen estrecho. La campaña por el No, articulada por sectores afines al expresidente Álvaro Uribe, hizo del argumento antiimpunidad su eje: sostuvo que la justicia era una precondición de la paz y exigió penas carcelarias para los jefes de las FARC en lugar de las sanciones alternativas contempladas. El rechazo fue especialmente amplio en el Eje cafetero: 60,13% de No en Quindío, 57,9% en Caldas, 55,69% en Risaralda. Tras las modificaciones que incorporaron algunas de esas objeciones a finales de 2016, el texto revisado se firmó en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre.

La implementación combinó Zonas Veredales de Transición y Normalización —establecidas, entre otros lugares, en Tibú, Norte de Santander, y Arauquita, Arauca, donde los frentes 33, 10 y 45 iniciaron su tránsito a la vida civil— y, más adelante, 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación distribuidos por todo el país. La firma del máximo comandante Rodrigo Londoño, Timochenko, y de negociadores como Otty Patiño, cerró formalmente medio siglo de guerra insurgente. Antonio Navarro Wolff, sobreviviente de las paces anteriores, funcionó como puente moral entre olas.

Los cinco años siguientes hicieron aparecer, una vez más, el patrón conocido. Hasta finales de 2021 habían sido asesinados más de 300 exmiembros de las FARC-EP. La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, el PNIS, fue deficiente: la resiembra en casos de sustitución voluntaria llegó apenas al 0,8%, mientras que en zonas de erradicación forzada ascendió al 50%. En regiones como el norte del Cauca, dirigentes indígenas denunciaron que personas que no se reincorporaron tras la dejación de armas coincidieron con la aparición o el fortalecimiento de disidencias, del EPL, de las Águilas Negras y del ELN, que empezaron a amenazar a líderes sociales.

Los cuerpos del proceso: menores, mujeres, tropa

La palabra desmovilización homogeniza lo que en la práctica es una experiencia radicalmente distinta según el lugar que se ocupaba en la organización armada. Hasta 1997, los menores de dieciocho años fueron invisibilizados por las leyes y políticas públicas de DDR en Colombia; ninguna ley de amnistía, indulto, desarme, desmovilización o reintegración anterior a ese año contuvo normas sobre prevención, protección o atención de niños, niñas y adolescentes en grupos armados. La Ley 418 de 1997 tipificó por primera vez el delito de reclutamiento ilícito y delegó al ICBF la atención prioritaria de menores desvinculados, disponiendo que gozarían de especial protección y serían titulares de los beneficios legales.

En el proceso paramilitar, múltiples estructuras fueron juzgadas por reclutamiento ilícito en el marco de la Ley 975 de 2005: el Bloque Élmer Cárdenas, el Bloque Vencedores de Arauca, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el Bloque de Autodefensas del Meta y Vichada, el Bloque Pacífico, el Bloque Norte, entre otras. El Bloque Bananero pagaba a sus reclutas menores 450 mil pesos y les concedía permisos de doce días cada dos meses para visitar a familias que sabían que sus hijos estaban en filas paramilitares; con ocasión de la desmovilización entregó siete menores por medio del Alto Comisionado para la Paz. Los niños, niñas y adolescentes que ingresaron a grupos armados sufrieron impactos físicos y de salud derivados del entrenamiento, los combates y las condiciones de vida, agravados porque sus cuerpos estaban en desarrollo y muchos venían de desnutrición y problemas previos.

La experiencia de las mujeres excombatientes contó otra historia. La exmilitante del M-19 María Eugenia Vásquez señaló que hubo una fuerte disminución de la participación política de las mujeres tras la desmovilización; uno de los factores identificados fue lo que llamaron la cesión de derechos a favor de los hombres dentro del proceso mismo de tránsito a la vida civil. La organización política heredera de la guerrilla reprodujo, en más de un punto, las jerarquías de género que la guerra había suspendido parcialmente.

Los combatientes rasos sostuvieron sobre sus hombros el peso más pesado del abandono posterior. En marzo de 2005, un grupo de sesenta desmovilizados marchó encapuchado en Bogotá protestando por sentirse abandonados por el gobierno tras dos años en el programa; los albergues fueron calificados como un fracaso y anticiparon problemas estructurales del DDR. Los testimonios recogidos por el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad y por el CNMH registran una constelación de dificultades: proyectos productivos que no aterrizan, créditos de vivienda inaccesibles, funcionarios y psicólogas que ridiculizan las aspiraciones profesionales de los excombatientes diciéndoles que solo sirven para trabajos de limpieza y mantenimiento urbano, el peso del estigma social. Un excombatiente del Bloque Élmer Cárdenas relató que un proyecto pesquero acompañado por la ONU generó tensiones porque el organismo internacional condicionó su financiamiento a que los excombatientes no lo identificaran como propiedad de su antigua estructura. Un excombatiente del Bloque Mineros, en contraste, contó haber terminado el bachillerato, una técnica y una tecnología tras la desmovilización: la reintegración exitosa existe, pero como caso individual, no como resultado sistémico.

Un reclamo recurrente atraviesa esos testimonios: el abandono por parte de los propios dirigentes paramilitares que no lideraron los procesos de reintegración. Los combatientes de base esperaban que la autoridad ejercida en la guerra se tradujera en conducción del proceso civil; encontraron, en cambio, mandos concentrados en negociar su propia justicia. Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, protagonistas de la negociación de Ralito, ilustran ese desplazamiento entre la jefatura militar y el liderazgo del posacuerdo.

El eterno rearme

Cada desmovilización colombiana ha dejado, en su reverso, la sombra de un rearme. Tras la desmovilización de las AUC, las FARC iniciaron un proceso de recuperación de territorios previamente controlados por los paramilitares; en noviembre de 2006, 400 guerrilleros de tres frentes atacaron a la fuerza pública en Tierradentro, Montelíbano, Córdoba, para retomar el control de cultivos de coca. El propio proceso paramilitar dejó grupos remanentes con vocación de continuidad: el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, ERPAC, activo en el Meta, llegó a reclutar cerca de sesenta guerrilleros desertores y desmovilizados provenientes de los bloques del Magdalena Medio, del Sur y del Oriental de las FARC. Cuando el ERPAC intentó someterse a la justicia, de 269 miembros presentados solo 21 quedaron a disposición judicial —una fracción cercana al 25% del total estimado de 1.100 integrantes por la inteligencia militar—; la mayoría fue dejada en libertad en una controversia atribuida a falta de previsión y preparación jurídica.

El asesinato de excombatientes ha sido la otra constante. Sus causas se cruzan: retaliaciones de grupos contrarios, operativos de inteligencia, ejecuciones por antiguos compañeros o disidencias, ajustes de cuentas. La mayoría de los casos permanecen en la impunidad. Solo dos estructuras paramilitares entregaron el 100% de su armamento en el proceso 2003-2006 —el Bloque Cundinamarca y las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada—; en Cauca y Tolima los grupos desmovilizados entregaron menos del 30%. La brecha entre lo entregado y lo guardado es una medida material del compromiso, y explica en parte la resurgencia armada posterior.

En el norte del Cauca, en el Catatumbo, en Urabá, en el Bajo Cauca antioqueño, la desmovilización de un actor ha coincidido casi siempre con la reconfiguración de otro. Allí donde el Estado no llena con presencia institucional el vacío dejado por la salida armada, alguien —disidencia, banda criminal, grupo emergente— lo llena con violencia.

La huella de un proceso inacabado

Setenta años después de la entrega de Guadalupe Salcedo en Tame, el saldo de la desmovilización en Colombia se lee en dos registros simultáneos. Los procesos han producido transformaciones institucionales duraderas cuando la participación política fue el incentivo central: la Constitución de 1991 no se explica sin la desmovilización del M-19; la Alianza Democrática y las curules constituyentes cambiaron la geometría del poder colombiano. Han producido también verdad judicial cuando los mecanismos de justicia transicional funcionaron con rigor: la parapolítica, con sus penas efectivas contra congresistas y gobernadores, es el resultado indirecto pero real de Justicia y Paz. Han producido, en el nivel más íntimo, biografías de reingreso: excombatientes que terminaron bachilleratos y carreras, que se convirtieron en dirigentes sindicales, alcaldes, autoridades étnicas.

El saldo negativo es igualmente contundente. Guadalupe Salcedo fue asesinado tras la amnistía de Rojas; Carlos Pizarro fue asesinado siendo candidato presidencial; más de 300 exguerrilleros de las FARC-EP han sido asesinados desde 2016; los excombatientes del EPL en Urabá fueron perseguidos hasta el exterminio del núcleo político-sindical que habían formado. El proceso paramilitar, medido por sus propias cifras, fue en gran parte un fraude: 31.521 registrados frente a 15.000 combatientes reales, una farsa admitida por sus propios jefes, un decreto reglamentario que desnaturalizó la confesión plena, jefes que siguieron delinquiendo desde zonas de ubicación. La sustitución de cultivos, componente central del acuerdo con las FARC, ha sido implementada a niveles marginales. Los albergues han fracasado, los proyectos productivos han sido esporádicos, el estigma persiste.

Entre ambos registros hay una constante que ninguna ola ha logrado disipar: la eficacia de la desmovilización depende menos de la firma que de la arquitectura que la sostiene. El Estado colombiano ha sido, alternativamente, un firmante hábil y un administrador precario; ha sabido negociar el fin de las guerras y ha sabido menos garantizar la vida y las condiciones de quienes las dejaron. Cuando el poder político nacional ha invertido en presencia territorial real —jueces, escuelas, tierra titulada, mercados, seguridad para el excombatiente que se hizo dirigente veredal— los acuerdos han durado. Cuando ha delegado esa presencia en la fuerza pública o la ha reemplazado con subsidios sin proyecto, el vacío ha sido llenado por los grupos armados que estaban en la espera.

La desmovilización, en la historia colombiana, es por eso mucho más que un procedimiento técnico. Es la prueba, repetida cada quince o veinte años, de la capacidad del Estado para cerrar un ciclo de violencia sin abrir el siguiente. Los actores han cambiado: guerrillas liberales, comunistas, insurgencias urbanas, autodefensas, disidencias. Los territorios se repiten: los Llanos, Sumapaz, Urabá, el Cauca, el Catatumbo, el Meta. La palabra, cargada de esperanza y de fracaso a partes iguales, sigue nombrando la misma promesa: que quien entrega el arma no será asesinado, no será estafado, no será olvidado. Que Colombia sepa esta vez cumplir esa promesa es todavía, en 2024, una pregunta abierta.

En el archivo

160 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01La Violencia1946–19579

02Frente Nacional1958–19741

1964La pluralidad guerrillera colombiana (1964-1990)Pregunta

03Crisis y narcotráfico1974–199015

04Constitución de 19911991–200216

05Seguridad Democrática2002–201651

06Posconflicto2016–presente43

07Transversal—24

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Gustavo Rojas Pinilla: primer gobernante colombiano en ofrecer amnistía masiva a guerrillas liberales en 1953, inaugurando el ciclo moderno de desmovilizaciones
02Belisario Betancur: impulsó la Ley 35 de 1982 y la política de paz de los años ochenta, abriendo la segunda ola de desmovilizaciones
03Carlos Pizarro: comandante del M-19 desmovilizado en 1990, asesinado siendo candidato presidencial, símbolo de la violencia contra excombatientes
04Álvaro Uribe Vélez: bajo su gobierno se firmó el Acuerdo de Ralito (2003) y se aprobó la Ley de Justicia y Paz (2005) para la desmovilización paramilitar
05Juan Manuel Santos: negoció el Acuerdo Final con las FARC-EP en La Habana, construyendo un modelo de reincorporación colectiva sobre las lecciones de procesos anteriores
06Justicia y Paz: marco jurídico de penas alternativas creado para procesar a desmovilizados paramilitares de mayor rango a cambio de verdad y reparación
07Amnistía: instrumento jurídico recurrente en los procesos de desmovilización colombianos, desde la Ley 35 de 1982 hasta los debates sobre impunidad en el proceso AUC
08Paramilitarismo: sujeto del proceso de desmovilización 2003-2006, cuya naturaleza como alianza de señores de la guerra y narcotraficantes comprometió la legitimidad del proceso
09Unión Patriótica: antecedente de exterminio de excombatientes reincorporados que pesó como advertencia sobre todos los procesos de paz posteriores
10Santa Fe de Ralito: lugar donde se firmó en julio de 2003 el acuerdo de desmovilización con las AUC y donde los jefes paramilitares continuaron operando con amplia libertad durante el proceso

Personas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

71 documentos · 96 fragmentos

01Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 391 cita

[1]
población civil que buscaba su seguridad al lado de quienes tenían las armas. Por ello, la columna per- dió movilidad y tuvo que afrontar problemas de protección a la gente que se había sumado a la marcha Ese tiempo se constituyó en una especie de escuela de entrenamiento que hizo posible la etapa propiamente…
p. 39

02La paz en ColombiaFidel Castro Ruz · 2008 · p. 66, 672 citas

[2]
Pero la entrega de los hombres que habían sacrificado su vida y las armas conquistadas al precio de la sangre de muchos combatientes caídos era una traición en la cual no se incurría. Esto hacía la situa- ción de este sector de combatientes guerrilleros extre- madamente difícil. El análisis político que se hacía, a la…
p. 67

[3]
habían sacrificado su vida y las armas conquistadas al precio de la sangre de muchos combatientes caídos era una traición en la cual no se incurría. Esto hacía la situa- ción de este sector de combatientes guerrilleros extre- madamente difícil. El análisis político que se hacía, a la luz de orientaciones centrales era…
p. 66

03Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 511 cita

[4]
de malhechores sorprendió a la pequeña guarnición y después de haber asesinado a once personas, incendió la población y redujo a cenizas la iglesia y la casa cural. Poco después se trató de reedificar el pueblo, no lejos de las ruinas; pero una nueva incursión de los bandidos lo destruyó completamente 82. El terror y…
p. 51

04Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos OrientalesJane M. Rausch · 2013 · p. 57, 852 citas

[5]
the Pacification of the Llanos, 1953–1957 57 about the military situation. “The llanero,” he said, “is convinced that only the army can defend his life and property and guarantee for his children the pros- perity of the land. Many of the bandits have already deserted and are joining the other side. The next months…
p. 57

[9]
turned in their arms, the initiative passed to the Communists, who chose not to accept the government’s offer and regarded their resistance as “self-defense.” Juan de la Cruz Varela in the Sumapaz coffee-growing region of Cundinamarca pioneered this strategy. While pledging support for pacification, Varela…
p. 85

05Historia de Colombia. Colombia Contemporánea IArturo Alape, Antonio Caballero, Gonzalo Hernández de Alba, Mauricio Archila, Germán Arciniegas, Enrique Sánchez y otros (obra colectiva) · 1988 · p. 611 cita

[6]
El jefe insurgente Guadalupe Salcedo dialoga de igual a igual con el general Duarte Blum. Herrera habia padecido atroces vejamenes a manos de los agentes de seguridad en los dias de su cau- tiverio. Agosto 19. En rueda de prensa con periodistas norteamericanos, Rojas afirma que no ha incorpo- rado a los liberales a su…
p. 61

06Del Llano llano. Relatos y testimoniosAlfredo Molano · 2008 · p. 691 cita

[7]
doscientas armas que entregamos nos que damos con ochenta bombas porque eran muy peli grosas. Fue lo único que no se entregó: bombas y espoletas. Teníamos una casa llenita de dinamita, unas cuatro toneladas, y dos detonadores, cada detonador capacitado para reventar cien bombas. Eso quedó en nuestras manos. El…
p. 69

07Nueva Historia de Colombia, Vol. II: Historia Política 1946-1986Alvaro Tirado Mejía (Director Científico y Académico), Catalina Reyes Cárdenas, Arturo Alape, Gonzalo Sánchez, Gabriel Silva Luján, Medófilo Medina, Alvaro Valencia Tovar, Fernán González · p. 1541 cita

[8]
hacia Ríochiquito, en el Cauca, por el filo de la cordillera central. Los que tomaron el camino del Sumapaz fue- ron acogidos por un veterano líder agrario de estirpe gaitanista, Juan de la Cruz Várela, llevado gradualmente por la Violencia a hacer la causa co- mún con sus antiguos rivales, los co- munistas. Varela,…
p. 154

08Pa que se acabe la vainaWilliam Ospina · 2013 · p. 1081 cita

[10]
de las autoridades fuera evidentemente injusta. Guadalupe Salcedo era un guerrero vigoroso y leal con sus hombres, hábil estratega y memorable ser humano, firme en sus convicciones e implacable en el combate, que cuando fue llamado a la paz y a la concordia y se convenció de que la promesa oficial era sincera, actuó…
p. 108

09Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 471 cita

[11]
batallones del Ejército. Aunque la operación fue un fracaso militar, desen- cadenó la “rebelión llanera” que se prolongó hasta mediados de 1952 (Molano, 1986). Durante esta rebelión, numerosas victorias en contra de la Poli- cía y el Ejército consagraron a Guadalupe Salcedo, Eduardo Fran- 20 Todas las entrevistas…
p. 47

10Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 511 cita

[12]
de salud. 53 1MKYIPäRKIP(¿E^]*EYWXMRS0ºTI^)PTEVEQMPMXEVMWQSIREGGMºR Un segundo paso sería dado el 19 de noviembre de 1982, con la expedición de la Ley No. 35 de 1982, que otorgaba una amnistía por delitos políticos 82 y fue aprobada por el Congreso a iniciati- va del Poder Ejecutivo. Con ello, como lo señaló Alfredo…
p. 51

11La Tragedia del Palacio de JusticiaEnrique Parejo González · 2010 · p. 101 cita

[13]
Belisario Betancur presentó, entre sus propuestas, la de buscar la paz con la guerrilla. Una vez elegido, hizo contacto con las distintas organizaciones subversivas y se reunió, en México y en España, con dirigentes del M-19, con el cual trazó los planes para alcanzar el objetivo indicado. En los años setenta, el M-19…
p. 10

12Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 47, 512 citas

[14]
durante más de una década. EL GOBIERNO DE JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, 1978-1982 Antes de finalizar este primer capítulo, y aunque ya se han apuntado algunas de las cuestiones en torno a los diferentes gobiernos presidenciales que tienen lugar en Colombia desde los años ochenta, resulta necesario recoger de un modo algo…
p. 51

[20]
personas en la Embajada de la República Dominicana en Colombia (1980) y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Un grupo guerrillero que, por todo lo anterior, va a ser severamente hostigado en los núcleos urbanos y obligado a retirarse a los emplazamientos del suroccidente colombiano,…
p. 47

13Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 381 cita

[15]
MIR Patria Libre, el Frente Ricardo Franco y el Comando Quintín Lame 64. 60 La última charla con John Agudelo Ríos, presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Bogotá, 2005, página16. 61 Ídem, página19. 62 Ídem, página 23. 63 Ídem, página 26. 64 Villamizar, Darío, Un Adiós a la Guerra,…
p. 38

14Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 1952 citas

[16]
la mayor parte de los miembros del M-19 tomaron de nuevo las armas. La respuesta del comandante del M-19, Jaime Bateman, fue decepcionante. Tres días después de que el presidente firmara la ley de amnistía, Bateman la rechazó, diciendo que debería haber estado acompañada de una completa re- forma política y social.…
p. 195

[17]
la mayor parte de los miembros del M-19 tomaron de nuevo las armas. La respuesta del comandante del M-19, Jaime Bateman, fue decepcionante. Tres días después de que el presidente firmara la ley de amnistía, Bateman la rechazó, diciendo que debería haber estado acompañada de una completa re- forma política y social.…
p. 195

15Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 138, 1472 citas

[18]
los car- teles en el Guaviare y Caquetá y la guerra a muerte que, como se mencionó, estos decretaron contra la UP. Barco y la transición a Gaviria, agosto de 1988-junio de 1994 De mayo a julio de 1988 el M -19 mantuvo en cautiverio al dirigente conserva- dor Álvaro Gómez Hurtado, secuestro que, inesperadamente, puso…
p. 147

[19]
con el citado Estatuto de Defensa de la Democracia que calificaba de "terroristas” todas 146 PAZ CUATRIENAL sus acciones. La norma se estrenó con el establecimiento de la Jefatura Mili tar en Urabá, baluarte electoral de la UP y del PC. Al mismo tiempo era escan dalosa la permisividad gubernamental con la expansión…
p. 138

16Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008Leah Anne Carroll · 2011 · p. 261 cita

[21]
democratizing reforms on the table and also demonstrating a new willingness to concede material gains to peasants and workers in war zones. 30 This first round of the peace process succeeded in achieving truces of two to three years in duration with three of the four guerrilla groups (all but the ELN) but no permanent…
p. 26

17¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 3151 cita

[22]
expresión la circunscripción nacional en la lla- mada reforma de "equilibrio de poderes". La propuesta original del Gobierno fue volver a la circunscripción departamental que existía antes de 1991, para que cada departamento eligiera dos senadores, con lo cual de los ciento dos Senadores actuales sesenta y cuatro…
p. 315

18Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 32 citas

[23]
palabras, determinó que la Constituyente no podía quedar sujeta a los temas impuestos por el Gobierno o el poder político. Con este nuevo impulso para los procesos de negociación, el convocó al XII Pleno del Partido Comunista Marxista EPL Leninista los días 18, 19 y 20 de octubre, en el campamento de Labores. “Este…
p. 3

[24]
palabras, determinó que la Constituyente no podía quedar sujeta a los temas impuestos por el Gobierno o el poder político. Con este nuevo impulso para los procesos de negociación, el convocó al XII Pleno del Partido Comunista Marxista EPL Leninista los días 18, 19 y 20 de octubre, en el campamento de Labores. “Este…
p. 3

19Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 94, 1962 citas

[25]
crea una nueva institucionalidad: para profun- dizar la democracia, se crean mecanismos para hacer valer los derechos, una Corte y una Defensoría para velar por ellos; y para ampliar los procesos de descentralización administrativa y generar mecanismos de control y fiscalización política» 267. Precisamente la…
p. 94

[82]
otro que lo ponga a matar, no van a haber hombres ni para la guerrilla, ni para el Gobierno» 695. Por eso, cuando se establecieron las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) en Tibú, Norte de Santander, y en Arauquita, Arauca, hubo expectativa porque los miembros de las FARC-EP dejaban sus armas para…
p. 196

20La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 3571 cita

[26]
el grupo pidió participación, y finalmen- te, la de la CRS en abril de 1994. Estas desmovilizaciones tuvieron un gran impacto en el ámbito local y nacional, y el escenario el corregimiento de Flor del Monte (Ovejas) por un instante atrajo la atención internacional sobre ese pequeño poblado perdido en una desconocida…
p. 357

21Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 3271 cita

[27]
Pueblo Nuevo las instala ciones del Campamento en el que se alojaron los miembros del Quintín durante la última etapa del proceso. En conjunto estos elementos permitieron durante casi una dé- cada que el desmovilizado Quintín Lame se convirtiera en un 327 “De las armas a la política” importante agente de desarrollo…
p. 327

22Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 34, 412 citas

[28]
a hacer una oposición seria. Replanteó toda la política de paz, en las que ofrecía garantías para la desmovilización a quien quisiera aceptarla y creó un programa especial destinado a superar las inequidades sociales en las zonas rurales, bajo la esquiva enseña de la rehabilitación. En la periferia colombiana no había…
p. 34

[33]
los derechos humanos y los crímenes de guerra, y la desmovilización se demuestre con los hechos y no solo sobre el papel» (20 de junio de 2003). Después de una fase exploratoria, el 15 de julio de 2003, se firmó un acuerdo que tenía como objetivo «el logro de la paz nacional a través del fortalecimiento de la…
p. 41

23Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1031 cita

[29]
2010 como el más crítico 199. De periodos previos, un ejemplo relevante fue, por un lado, la actuación de los Comandos Populares (desmovilizados del EPL) en contra de miembros de la UP y de Sintrabanano 200. Por otro lado, la persecución y el asesinato que cometieron las FARC-EP y los Caraballistas (una disidencia del…
p. 103

24Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1541 cita

[30]
que se interpretó como triunfalista, trató de golpear al comando de las FARC con un ataque militar masivo a los cuarteles de La Uribe. Aunque el gobierno ocupó la zona, los dirigentes de las FARC, como había ocurrido en 1955 y 1964, lograron escapar y tuvieron una nueva prueba de la perfidia del gobierno. Este ataque…
p. 154

25¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1741 cita

[31]
aunque, como se ha mencionado, Gobiernos anteriores hubieran sugerido esta alternativa con respecto al paramilitarismo, lo cierto es que algunos de los elementos característicos del origen y accio- nar de estos grupos sembraban dudas acerca de la posibilidad de darles este tipo de reconocimiento. 121 Para zanjar ese…
p. 174

26«¡Déjennos en paz!» La población civil, víctima del conflicto armado interno de ColombiaAmnistía Internacional · 2008 · p. 24, 282 citas

[32]
condenas reducidas previstas en la Ley de Justicia y Paz, incluso si no habían querido declararse culpables de todas las violaciones de derechos humanos que cometieron. El Decreto 3391 estipula que el combatiente debe hacer «una confesión completa y veraz de todos los hechos delictivos en los que participó o de los…
p. 28

[40]
de Amnistía Internacional muestra que esto es válido para todos los procesos de paz y desmovilización, tanto de paramilitares como de grupos guerrilleros. El gobierno colombiano ha pedido reiteradamente a Amnistía Internacional que reconozca que el proceso de desmovilización de más de 31.000 paramilitares del que se…
p. 24

27El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 109, 1174 citas

[34]
a la justicia. Pero también puso en evidencia sus limitaciones y la necesidad de apostarle a la defensa de derechos humanos desde un abordaje interdisciplinario. Fue así como las movilizaciones por la justi- cia incorporaron enfoques de otras disciplinas para visibilizar y reconocer a las víctimas como sujetos…
p. 117

[35]
a la justicia. Pero también puso en evidencia sus limitaciones y la necesidad de apostarle a la defensa de derechos humanos desde un abordaje interdisciplinario. Fue así como las movilizaciones por la justi- cia incorporaron enfoques de otras disciplinas para visibilizar y reconocer a las víctimas como sujetos…
p. 117

[47]
paramilitares) que iniciaron con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y terminaron con la del Blo- que Élmer Cárdenas en noviembre de 2006, arrojaron la ci- fra de 31. 521 paramilitares desmovilizados (O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Sin embargo, tanto el cese de…
p. 109

[48]
paramilitares) que iniciaron con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y terminaron con la del Blo- que Élmer Cárdenas en noviembre de 2006, arrojaron la ci- fra de 31. 521 paramilitares desmovilizados (O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Sin embargo, tanto el cese de…
p. 109

28Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 3341 cita

[36]
una invitación a la impunidad.4 En efecto, el proyecto buscaba motivar la desmovilización de los grupos armados a cambio de penas bajas, sin que los actores del conflicto contribuyeran a resarcir los daños que habían causado. En esencia, era un proyecto centrado en los victimarios. Después de un proceso de negociación…
p. 334

29Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 1631 cita

[37]
con control sobre muchas zonas del país. Su campaña en contra de los insurgentes de izquierda, campesinos y sindicalistas ha sido realmente aterradora. Los líderes sindicalistas, los activistas de derechos humanos y quienes piden salarios justos y mejores condiciones de trabajo o reformas agrarias para los pobres han…
p. 163

30Orden y libertad. Economía política del castigo en Colombia y LatinoaméricaManuel Iturralde · 2022 · p. 1721 cita

[38]
miembros del sector industrial y gran- des empresarios), y organizaciones sociales y religiosas que, a pesar de ser de orígenes diversos, compartían una ideología conservadora y antisubversiva. El argumento principal de la campaña por el No era que no estaba en contra de la paz sino de la impunidad. Para esta…
p. 172

31Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 2161 cita

[39]
la controversia se estableció en el seno del mismo “espacio de los derechos de las víctimas”, con interpretaciones concurrentes acerca del contenido de estos derechos. La siguiente parte retoma estos debates. Justicia y Paz: ¿valores incompatibles? Movilizaciones y críticas El paso por la arena parlamentaria tuvo…
p. 216

32Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 33, 86, 1624 citas

[41]
diseño de un nuevo programa de reintegración a la vida civil, destinado a los exintegrantes de grupos paramilitares y a la con - tinuación de la “desmovilización individual” de exguerrilleros. Su ejecución quedó a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia, en coordinación para varios asuntos con el Alto Comi -…
p. 33

[72]
el proceso individual no es ningún DDR en el sentido estricto, sino un pro - ceso de DDR concebido como decisión, deserción y reintegración” (Nussio Enzo, 2009, página 47). En igual sentido la ONG de derechos Pax Cristhi reconoce en un estudio sobre la “desmovilización individual” en nuestro país que se trata de un…
p. 86

[74]
Pájaro, y Darío Uribe Figueroa, alias Puntocom, rindieron indagatoria en el Palacio de Justicia de la capital del Meta. A todos ellos, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento y fueron enviados a la cárcel La Picota, para garantizar su seguri - dad durante el juicio. De las 269 personas que…
p. 162

[75]
Pájaro, y Darío Uribe Figueroa, alias Puntocom, rindieron indagatoria en el Palacio de Justicia de la capital del Meta. A todos ellos, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento y fueron enviados a la cárcel La Picota, para garantizar su seguri - dad durante el juicio. De las 269 personas que…
p. 162

33Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombianoCentro Nacional de Memoria Histórica; Katherine López Rojas (coord.); Andrés Felipe Aponte; Carolina Lozano Rodríguez; Linda Lorena Sánchez Avendaño · 2017 · p. 559, 5662 citas

[42]
y 1997, en ninguna de las leyes de amnistía 233, indulto 234, desarme, desmovilización o reintegración 235, decretos reglamentarios 236 o políticas públicas 237 revisadas, se encontró algún desarrollo de normas sobre prevención, protección o atención de los niños, niñas y adolescentes que hacían parte de los grupos…
p. 559

[92]
estatutos (Báca- res, 2014, página 249; Estatutos de ACCU). Sin embargo y pese a dicha declaración, son múltiples los casos registrados de reclu- tamiento ilícito por parte de los grupos paramilitares, como fue posteriormente demostrado y juzgado en el marco de los procesos de la Ley 975 de 2005 en contra de…
p. 566

34La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 3091 cita

[43]
en Santafé de Ralito. Diciembre Desmovilización del Bloque Calima (exclusión de Gordolindo). Noviembre AUC declara cese de hostilidades. Enero Inicio negociación política. Reconfiguración del Bloque Pacífico. 2002 2003 2004 310 LA GUERRA VINO DE AFUERA EL BLOQUE PACÍFICO EN EL SUR DEL CHOCÓ: UNA HERIDA QUE AÚN NO…
p. 309

35Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 7801 cita

[44]
a partir del 1° de diciembre, solicitaron el reconocimiento político, la suspensión de acciones judiciales en contra de sus voceros y seguridad para las regiones donde ejercían sus actividades. Para ese momento, herencia del gobierno de Pastrana, ya estaban en conversaciones confidenciales con Restrepo, a quienes sus…
p. 780

36Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 333, 3412 citas

[45]
un cese al fuego unilateral, que este grupo d«e líderes de las auc aceptó mediante una carta dirigida al presidente Uribe, en la cual se acogían a esta exigencia a partir del 1 de diciembre de 2002. De inmediato el Gobierno nombró, pocas semanas más tarde, el 23 de diciembre, una Comisión Exploratoria de Paz que,…
p. 333

[58]
no dene ningún antecedente en América Ladna. En todo el condnente, con pocas excepciones, aunque enormemente significativas por el rango de las personas condenadas, como son los casos del expresidente Alberto Fujimori en el Perú y el expresidente Juan María Bondaberry en Uruguay, la clase política continental escapó a…
p. 341

37Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 2451 cita

[46]
la OEA, MAPP/OEA, 2007b). Por otra parte, la cifra de desmovilizados dista de manera significativa de lo que los paramilitares afirmaban tener al principio del proceso. En una entrevista realizada por Semana a Vicente Castaño el 6 de junio de 2005, el jefe paramilitar afirmó que unos 4.000 hombres de las AUC eran…
p. 245

38De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 4911 cita

[49]
proceso de DDR y la Ley de Justicia y Paz en Colombia 148, en el país solo dos estructuras paramilitares registraron la entrega del 100% de su armamento, el Bloque Cundi- 148- Este Observatorio hace parte de CITPax, Centro Internacional de Toledo para la Paz, fundación que hace seguimiento y análisis de las medidas e…
p. 491

39Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1921 cita

[50]
delincuentes políticos, o sediciosos. Y así quedo establecido en la Ley de Justicia y Paz elaborada por el gobierno tiempo después. Acto se-guido, vendría el apoyo a sus compinches políticos para las elecciones al congreso en el 2002; la “elección” (de Uribe) parapresidente ese mismo año, y para las elecciones…
p. 192

40Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1921 cita

[51]
delincuentes políticos, o sediciosos. Y así quedo establecido en la Ley de Justicia y Paz elaborada por el gobierno tiempo después. Acto se-guido, vendría el apoyo a sus compinches políticos para las elecciones al congreso en el 2002; la “elección” (de Uribe) parapresidente ese mismo año, y para las elecciones…
p. 192

41Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 151 cita

[52]
y económicos descritos en el Decreto 128 de 2003 reglamentario se desarrollaron en los artículos 13, 14, 15 y 16. 16 Justicia Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico La negociación conjunta derivó en una crisis de credibilidad para el Gobierno. La zona de negociación de Santa Fe Ralito, Cór-…
p. 15

42A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 1031 cita

[53]
personas que están dentro de la zona, es un asunto que 1I0sotros hemos man~ado con el mayor Cl/idado para evitar 11/1 escándalo público qlle nos haga daño" 183 El Tiempo, "Hijo de Orlando Benítez está decepcionado porque Justicia absolvió a 'don Berna"', 15 deJullio de 2007. 184 Luego de clausurada la zona de…
p. 103

43Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2701 cita

[54]
la Ley 975 de 2005. En ese contexto, se puede entender que las AUC puedan ser caracterizadas de mejor manera como una alianza coyuntural de señores de la guerra y narcotraficantes, que por separado terminaron negociando con el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, su trán - sito a la legalidad. 386 383 Entrevista…
p. 270

44El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 5652 citas

[55]
el día de la desmovilización: Y otra vez que ¿cómo se llama? ¿De dónde viene?, anótese aquí, que pasa otro anotándolo hasta que ya se llega allá al sitio dónde íbamos, una cancha grande y llegan los helicópteros y toda esa vuelta y se hace la entrega de armas. Se hace la ceremonia y eso era una sola anotadera, que…
p. 565

[56]
el día de la desmovilización: Y otra vez que ¿cómo se llama? ¿De dónde viene?, anótese aquí, que pasa otro anotándolo hasta que ya se llega allá al sitio dónde íbamos, una cancha grande y llegan los helicópteros y toda esa vuelta y se hace la entrega de armas. Se hace la ceremonia y eso era una sola anotadera, que…
p. 565

45Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1231 cita

[57]
en las regiones (denuncias que &(, Uber Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”, excomandante del Frente Ca- nal del Dique del Bloque Héroes de los Montes de María, perteneciente al Bloque Norte de las AUC, preguntó al grupo de Memoria Histórica en una entrevista rea- lizada el && de noviembre del!"&" en la cárcel La…
p. 123

46Guerras, paces y vidas entrelazadas: coexistencia y relaciones locales entre víctimas, excombatientes y comunidades en ColombiaJuan Diego Prieto Sanabria · 2012 · p. 29, 672 citas

[59]
despojo de bienes), la gran mayoría de las víctimas son de escasos recursos y tienen niveles de escolaridad bajos (Fun- dación Social 2009; Rettberg 2008). En la mayoría de los casos, la victimiza- ción ha empeorado seriamente y de manera sostenida su situación económica (Ibáñez 2008). Por otra parte, la situación de…
p. 29

[67]
Comuna 1 y los barrios de Valledupar, el grueso de estas poblaciones reside en las zonas más precarias y periféricas, tiene dificultades para conseguir empleo y con frecuencia es discriminada por su condición, por lo cual procura guardar mucha discreción al respecto. 21 Esa 21 “Es bastante la discriminación que hay.…
p. 67

47Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regionesIris Marín Ortiz · 2009 · p. 1421 cita

[60]
debe a que los tribunales sólo se encuen- tran en tres ciudades del país y los esfuer- zos de transmisión o retransmisión de las versiones han sido esporádicos y se surten con mucha dificultad, como ya mencio- nó. Así por ejemplo, mientras en Mede- llín hay mayor conocimiento del avance de las versiones, en Rionegro…
p. 142

48Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en ColombiaCésar Rodríguez Garavito (coord.), Juan Carlos Guataquí, Ana María Ibáñez Londoño, María Mercedes Maldonado Copello, Luis Eduardo Pérez Murcia, Esteban Restrepo Saldarriaga, Héctor Riveros Serrato, Diana Rodríguez Franco, Yamile Salinas Abdala · 2010 · p. 1911 cita

[61]
la justicia y la reparación y la necesidad de restablecer la paz, la democracia, el Estado de derecho y la convivencia pacífica (lo cual, en muchos casos, implica que víctimas y perpetradores deban convivir en los mismos espa- cios territoriales y políticos). 105 Aunque las soluciones que cada comunidad política en…
p. 191

49Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?Gonzalo Sánchez Gómez, Iván Orozco Abad, Álvaro Villarraga Sarmiento, Luis Carlos Sánchez Díaz, Patricia Linares Prieto, María Consuelo Ramírez Giraldo, Angelika Rettberg Beil, Laura Otálora Cuenca, Irina Mago Cordido, Paola Ximena Silva Cortés · 2012 · p. 631 cita

[62]
Expertos mostraron con frecuencia posiciones coincidentes, en este caso, se presenta una marcada disparidad dentro de los segmentos exploratorios. La muestra de Víctimas Organizadas distribuye su respaldo entre las diferentes opciones, pero dentro del grupo de Expertos la curva es la más pronunciada de todos los…
p. 63

50Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 671 cita

[63]
ahí a ver qué pescan, creo que lo mejor para los desmovilizados es involucrarlos en seguridad privada o con el Estado (Semana, 2005, junio 5, “Habla Vicente Castaño”). Era claro que las desmovilizaciones individuales se habían convertido en una estrategia de guerra, ya que su objetivo era restarle gente a los grupos…
p. 67

51Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 3191 cita

[64]
otros más en los que algunos dirigentes fallaron en su compromiso de liderar los procesos, y de imprimirle autoridad y dirección a los mismos, dadas las posiciones de reconocimiento social y político que traían desde la guerra. El abandono por parte de los dirigentes es un reclamo muy corriente y doloroso para los…
p. 319

52El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 3751 cita

[65]
luchar por lo que… lo que uno quiere conseguir, pues lo consigue uno sin tanta cosa pa’llá y pa’cá, que trabajando se consiguen muchas cosas” (CNMH, MNJCV, 2014, 24 de abril). 374 EL BLOQUE MINEROS DE LAS AUC Gráfico 59. Posición ante la desmovilización del grupo armado Fuente: CNMH-DAV, elaboración propia, 2020.…
p. 375

53Cuando los pájaros no cantaban: historias del conflicto armado en ColombiaAlejandro Castillejo-Cuéllar · 2022 · p. 4341 cita

[66]
a armar en tal grupo», «Quihubo, nos vamos a volver apartamenteros», Volumen Testimonial del Informe Final de la Comisión de la Verdad Versión digital - 28 de junio del 2022 434 «Quihubo...». Empezó uno a ver otra vez: «Ah, es que no aparece tal desmovilizado», «Ummmm, no se sabe por qué», pero uno ya sabía que…
p. 434

54La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 5051 cita

[68]
vida, salud y aquí estoy, pero de lo resto, no estoy agradecido con ellos. (CNMH, MNJCV, 2017, 15 de mayo) En esa misma vía, un exintegrante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte manifiesta que ha estado comprometido en su en proceso de reintegra- ción pero que lamentablemente existen fallas, particularmente en…
p. 505

55Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 549, 5523 citas

[69]
Un desmovilizado de las ACPB ilustra este punto: Porque se puede presentar en eventualidad que la guerrilla dice: la guerrilla fue desplazada de Puerto Boyacá, entonces queremos volver a nuestro sitio de origen. Y mi pregunta es si llegan unos guerrilleros acá, ¿ustedes todavía tienen el corazón paramilitar, o ellos…
p. 552

[95]
el fin justifica los medios y, por ello, algunos excombatientes están convencidos de que la desmovilización afectó directamente a las comunidades, ahora desprotegidas en términos de seguridad y “buena conducta”, así como con respecto a la amenaza de retorno de las guerrillas: “Aquí mataban a veces a cuatro o cinco…
p. 549

[96]
el fin justifica los medios y, por ello, algunos excombatientes están convencidos de que la desmovilización afectó directamente a las comunidades, ahora desprotegidas en términos de seguridad y “buena conducta”, así como con respecto a la amenaza de retorno de las guerrillas: “Aquí mataban a veces a cuatro o cinco…
p. 549

56Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 362, 3712 citas

[70]
orillas del Golfo de Urabá, a un proyecto de pesca que incluía la compra de lanchas, congeladores y la adecuación de puertos de madera. La iniciativa se proyectó como una estrategia de protección del medio ambiente y de sostenibilidad ambiental con el acompañamiento de la ONU. Aunque 372 ESTRATEGIAS DE GUERRA Y…
p. 371

[91]
GUERRA Y TRASFONDOS DEL PARAMILITARISMO EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO, SUR DE CÓRDOBA, BAJO ATRATO Y DARIÉN Por su parte, el Bloque Bananero contaba con menores de edad en sus filas que recibían un pago de 450 mil pesos. Además, cada dos meses re- cibían un permiso de doce días para visitar a sus familias que estaban al…
p. 362

57Guerrilla Marketing: Counterinsurgency and Capitalism in ColombiaAlexander L. Fattal · 2018 · p. 71 cita

[71]
develop through the act of making war, often unpacking Charles Tilly's adage that " war made the state, and the state made war." 21 Yet state making in Colombia was tied not only to waging war but also to the attempts to achieve a state of affairs that might resemble peace. Through the de- cades in which the…
p. 7

58Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 2941 cita

[73]
o la cesión de prácticas “ judiciales de la guerrilla” a las bandas del narcotráfico. Un ejemplo del desplazamiento de un aparato armado a otro, es el reclutamiento por las erpac, de alias “Cuchillo”, de cerca de 60 guerrilleros, entre desertores y desmo- vilizados, provenientes de los Bloques del Magdalena Medio, del…
p. 294

59Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013)Mario Aguilera Peña (coordinador); Alba Lucía Vargas Alfonso, Luisa Marulanda Gómez, Luis Fernando Sánchez (coautores) · 2016 · p. 1961 cita

[76]
las anteriormente descritas. Luego de la desmovilización de las AUC, las FARC iniciaron un proceso de recuperación de territorios que habían sido controla- dos por los paramilitares. Tal fue el móvil del ataque a la fuerza pública en Tierradentro (Montelíbano, Córdoba), el 1 de noviem- bre de 2006, corregimiento…
p. 196

60La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 200, 2052 citas

[77]
Entrevista 562-VI-00001. Hija de militante del M-19, exiliada en México desde 1999. la colombia fuera de colombia 206 El exilio de excombatientes Para algunos excombatientes, el exilio ha sido una forma de salir del conflicto armado, dejar atrás esa experiencia y huir de un entorno amenazante en el que podrían ser…
p. 205

[81]
poder proteger sus vidas. El Acuerdo de Paz más reciente fue negociado en La Habana, Cuba, en 2012, y firmado finalmente en el Teatro Colón en Bogotá, en noviembre de 2016, entre las FARC-EP y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (dos periodos, 2010-2018), y constituye el marco de transición política más…
p. 200

61Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1841 cita

[78]
hechos de violencia sistemática buscan limitar la organización y participación política, impedir la garantía de los derechos humanos y entorpecer los procesos de implementación del acuerdo, restitución de tierras, defensa del medio ambiente y sustitución de cultivos de uso ilícito. Un dirigente indígena del norte del…
p. 184

62Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 11, 1402 citas

[79]
Alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y políticos 105 Desmovilizaciones de grupos armados y fortalecimiento de bandas criminales (2003-2016) 121 Parapolítica y desmovilización de los paramilitares 123 El declive de las FARC-EP 129 La Cordillera: la herencia del narcoparamilitarismo 131 Fuerza pública y…
p. 11

[80]
de falsos positivos». presentación 141 Posacuerdo: transición y riesgos de una paz inestable (2017—2022) 142 fiflćflff fl. fifl E l 2 de octubre del 2016, tras una semana de haberse firmado el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en Cartagena, el plebiscito en el que se le preguntó a la ciudadanía «¿apoya usted el Acuerdo…
p. 140

63The Face of Peace: Government Pedagogy amid Disinformation in ColombiaGwen Burnyeat · 2022 · p. 2061 cita

[83]
usually held as the antithesis of rationality in the liberal imagination of the Santos government and in the Weberian state- thinking that shaped it. This chapter follows Rebeca’s work during two moments. First, her over- seeing of the Llano Grande Zone from January to August 2017, representing the government to the…
p. 206

64Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesMartha Nussbaum, Sara Victoria Alvarado (ed.), Eduardo A. Rueda Barrera (ed.), Pablo Gentili (ed.) · 2016 · p. 991 cita

[84]
en la Mesa. Paz en Colombia: Pers P e C tivas, desafíos, o PC iones 100 l a comple J idad de la reincorporación en lo pol Í tico, lo económico Y lo social Aunque los términos de lo pactado en materia de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil indican que éste de un asunto que corresponde en primera instancia a…
p. 99

65Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesSara Victoria Alvarado, Eduardo A. Rueda Barrera, Pablo Gentili (editores) · 2016 · p. 991 cita

[85]
en la Mesa. Paz en Colombia: Pers P e C tivas, desafíos, o PC iones 100 l a comple J idad de la reincorporación en lo pol Í tico, lo económico Y lo social Aunque los términos de lo pactado en materia de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil indican que éste de un asunto que corresponde en primera instancia a…
p. 99

66Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1681 cita

[86]
sus- titución de cultivos, pactada en el Acuerdo, la resiembra llega solamente al 0.8%» 455 y, en los casos de erradicación forzada, la resiembra se incrementa al 50%, según cifras de Indepaz. Respecto a las víctimas del conflicto, la violencia en contra de líderes y lideresas que trabajaron en el propósito de la paz…
p. 168

67No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 6191 cita

[87]
de exintegrantes del secretariado de las FARC-EP, comparecientes dentro del Caso 001 “Toma de Rehenes y otras gra- ves privaciones a la libertad”». 2021. https://www.jep.gov.co/Documents/Casos/ Caso01/Respuesta%20Auto%20%20No.%2019.%20Comparecientes%20 ex%20integrantes%20FARC%20EP.%2030%20de%20abril%20de%20…
p. 619

68Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 189, 1912 citas

[88]
territorio haciendo cobros injustos y violentos a través de citaciones y mensajes, que sirven también para reclutamiento forzado bajo amenazas y que se reportaron ofrecimientos a firmantes del Acuerdo de volver a las filas. A la población civil la intimidan a través de advertencias y mensajes amenazantes en los que se…
p. 191

[89]
calidad de vida, protección del medio ambiente e incluso la disminución de la producción de cultivos ilícitos 773. Sin embargo, para 2018, muchos veían con preocupación cómo perdían fuerza los programas del acuerdo y los mismos se reducían a la construcción de vías. En realidad, la idea de transformación integral de…
p. 189

69Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2841 cita

[90]
sostenidos durante dos a ñ os con recursos p ú blicos, as í como a que las farc siguieran present á ndose ante la opini ó n, con algo de prepotencia, como un movimiento que hizo una guerra justa, que era la respuesta inevitable a la opresi ó n del sistema, lo que justificaba que las v í ctimas de estas d é cadas de…
p. 284

70Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 501 cita

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Memoria Histórica (CNMH) et al., Aniquilar la diferencia. 50 Los impactos sobre los cuerpos y las enfermedades físicas y mentales han sido comunes en los hombres y mujeres que han hecho parte de los grupos armados. Estas personas sufrieron accidentes y lesiones físicas como resultado de los procesos de instrucción,…
p. 50

71Mujeres e insurrección en Colombia: Reconfiguración de la identidad femenina en la guerrillaMaría Eugenia Ibarra Meló · 2009 · p. 1841 cita

[94]
-19, inten tan convencerlas para que desistan, acudiendo a argum entos com o la genero sidad, el futuro del partido, la necesidad de unidad (Salazar, 2003). C onside ran que hubo una fuerte dism inución de su participación política después del proceso de desmovilización y un o de los principales factores que la…
p. 184