Juanita Goebertus Estrada

La semblanza

Hay perfiles públicos que se construyen sobre la plaza y otros sobre el expediente. Goebertus pertenece sin ambigüedad al segundo tipo. En un país donde la política se mide por votos, discursos y capacidad de movilización, ella representa la variante minoritaria del operador jurídico-institucional: la persona que conoce el articulado, redacta el proyecto de ley, negocia la coma que salva un principio y traduce los grandes compromisos políticos —justicia transicional, verdad, reparación— a normas ejecutables. Esa función, ingrata para la carrera electoral, resultó indispensable en la fase que se abrió tras la firma del Teatro Colón en noviembre de 2016. El Acuerdo tuvo que sobrevivir a una refrendación popular perdida. Sobrevivió también a un cambio de gobierno hostil en 2018. Y aún tuvo que resistir la violencia sistemática contra firmantes y líderes sociales que ha marcado su implementación.

Su trayectoria transcurre por tres etapas encadenadas. Primero, como parte del andamiaje técnico que acompañó al equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos. Luego, como legisladora que intentó, con éxito parcial, empujar reformas de transparencia y una agenda liberal en un Congreso hostil. Finalmente, como directora regional de una de las organizaciones internacionales de derechos humanos con mayor peso mediático en el hemisferio. Los tres momentos dibujan una figura coherente, pero también revelan los límites estructurales de una generación que construyó instituciones sin construir mayorías, y que, tras el colapso electoral del centro en 2022, encontró en el advocacy internacional el terreno más natural para seguir influyendo.

Los orígenes: los Andes y la ruta jurídica del posconflicto

Goebertus se formó en la Universidad de los Andes, fundada en Bogotá en 1949 como institución privada y laica, inspirada en el modelo estadounidense y sostenida por una alianza inusual de políticos liberales, conservadores e industriales. Los Andes no es solo una universidad: es un ecosistema con vínculos densos con la administración pública y con una tradición de proveer cuadros al Estado. Ya en el gobierno de Virgilio Barco, egresados de la casa asumieron carteras y asesorías centrales, incluidas las primeras negociaciones de paz de finales de los ochenta. Esa continuidad es parte del suelo institucional del que Goebertus proviene.

En su facultad de Derecho, la impronta constitucionalista y de derechos humanos ha sido marcada. Eduardo Cifuentes Muñoz, magistrado de la Corte Constitucional entre 1993 y 2000 y una de las figuras señeras de la jurisprudencia progresista posterior a la Constitución de 1991, fue allí director de posgrados y docente. El Departamento de Ciencia Política, por su parte, participó institucionalmente en la encuesta nacional sobre Justicia y Paz de 2012, iniciativa conjunta con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la OIM y la Fundación Social. Ese entorno académico, situado en el punto exacto donde el derecho constitucional se cruza con la justicia transicional y la construcción de paz, es el ambiente natural del que emerge su trayectoria. Cursó luego estudios de posgrado en Estados Unidos, en el circuito de escuelas de la costa este que ha alimentado buena parte de la élite jurídica colombiana, y regresó al país con las credenciales que le permitirían insertarse en el equipo técnico del proceso de paz.

Es una biografía típica de una generación específica: profesionales nacidos en los años ochenta, formados bajo el paraguas de la Constitución de 1991, con una fe institucional en el derecho como herramienta de transformación, escépticos frente al populismo pero también frente al conservadurismo tradicional. La generación que hizo suya la idea de que la paz con las FARC era el proyecto nacional pendiente y que se preparó técnicamente para acompañarlo. En Colombia, esa combinación de credenciales académicas de alto nivel, socialización jurídica constitucional y disposición al servicio público ha operado como una vía de entrada característica a los equipos de asesoría del Ejecutivo. Goebertus recorrió ese camino sin desvíos.

La trayectoria: de La Habana al Teatro Colón

Las negociaciones con las FARC-EP se iniciaron formalmente en Oslo en octubre de 2012 y se trasladaron a La Habana, donde permanecieron hasta su cierre en 2016. El proceso había quedado enmarcado desde agosto de 2012, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla firmaron el documento de reglas que fijó los cinco puntos temáticos de la agenda. En la mesa se sentaron, por parte del gobierno, plenipotenciarios como Humberto de la Calle —jefe negociador— y el general Jorge Enrique Mora, junto con figuras que entraron y salieron a lo largo del proceso: Nigeria Rentería, que renunció en octubre de 2014 para postularse a la Gobernación del Chocó; María Ángela Holguín y Gonzalo Restrepo, incorporados en mayo de 2015 para acompañar la fase final. En paralelo se conformó un Grupo de Juristas para explorar salidas en materia de justicia transicional y un mecanismo bautizado Cónclave para acelerar las conversaciones cuando quedaban trabadas.

Goebertus no fue plenipotenciaria ni figura pública en esa mesa. Su trabajo se ubicó en el andamiaje técnico que asesoró al equipo negociador, particularmente en torno a la justicia transicional, la verdad y la reparación —las piezas que se cristalizarían en el acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz de septiembre de 2015 y en el diseño del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición—. Ese trabajo se apoyaba en el Acto Legislativo 001 de 2012, conocido como Marco Jurídico para la Paz, que había fijado el terreno constitucional para negociar la terminación del conflicto sin sacrificar los derechos de las víctimas. La labor de los asesores técnicos, invisible para la opinión pública, consistía precisamente en traducir principios políticos —la centralidad de la víctima, la proporcionalidad entre verdad plena y sanción reducida— a fórmulas jurídicas capaces de sobrevivir al control constitucional posterior.

Ese trabajo se puso a prueba en el peor momento posible. El 2 de octubre de 2016, una semana después de la firma inicial del Acuerdo en Cartagena, el plebiscito convocado para refrendarlo terminó en un triunfo del No. La derrota fue especialmente aguda en el Eje Cafetero. El rechazo superó allí el 55% en los tres departamentos y trepó por encima del 60% en el Quindío. El coordinador de la campaña ganadora reconoció después el uso deliberado de medias verdades y noticias falsas para movilizar el rechazo. El resultado desnudó la fragilidad de la legitimación popular y obligó a abrir de urgencia una renegociación con los voceros del No.

En esa fase, entre octubre y noviembre de 2016, la agenda se concentró en tres frentes: justicia transicional, participación política de exguerrilleros vinculados a delitos de lesa humanidad y límites a la reforma rural integral. Otros temas que la derecha había amplificado en campaña se disolvieron rápidamente en la discusión técnica. El nuevo texto se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, con una puesta en escena deliberadamente sobria que contrastaba con la ceremonia truncada de Cartagena. La vía plebiscitaria estaba clausurada por el resultado del 2 de octubre, y la única salida jurídicamente viable fue la refrendación legislativa. El Acuerdo del Teatro Colón fue aprobado por el Congreso durante noviembre de 2016.

Ese giro —del referendo a la refrendación parlamentaria— es la bisagra que explica la centralidad ulterior de perfiles como el de Goebertus. Cuando la legitimación popular directa falla, la implementación queda dependiendo del Congreso, del control constitucional y del monitoreo internacional. Los tres son terrenos técnicos, no plebiscitarios. Y son los tres terrenos en los que ella operaría durante los años siguientes.

La trayectoria: representante a la Cámara por Bogotá (2018-2022)

En las elecciones legislativas de marzo de 2018, Goebertus fue elegida representante a la Cámara por Bogotá en la lista del Partido Verde. Llegaba al Congreso en el peor momento posible para la agenda de paz: pocos meses después, Iván Duque, respaldado por el Centro Democrático, ganaría la presidencia con una plataforma explícitamente crítica del Acuerdo. Sectores del uribismo, con el respaldo del nuevo gobierno, ejercerían presión sostenida para dificultar mecanismos centrales del pacto —especialmente la participación política de la guerrilla desmovilizada, argumentando que los exintegrantes de las FARC debían cumplir penas de cárcel antes de ocupar los escaños que el Acuerdo les había asignado en el Congreso—.

Su agenda parlamentaria se movió en tres carriles simultáneos. El primero, la defensa de la implementación del Acuerdo: seguimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas —las tres entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición—, y control político sobre las presiones del Ejecutivo para debilitarlas. El segundo, la denuncia sistemática de la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo, en un país donde las cifras crecían sin freno. Indepaz registró en un informe especial los asesinatos entre la firma del Acuerdo y julio de 2020; en los cinco años posteriores a la firma más de 300 exmiembros de las FARC-EP fueron asesinados, un patrón que evidenció la existencia de fuerzas organizadas opuestas a la paz y generó nuevos flujos de exilio.

El tercer carril —quizás el más característico de su estilo— fue la agenda de transparencia legislativa. La bancada Verde impulsó un proyecto de ley que buscaba obligar al Congreso a hacer públicas sus actuaciones, sus votaciones y las declaraciones de bienes y patrimonio de sus miembros. Los propios congresistas verdes publicaron voluntariamente sus declaraciones patrimoniales como gesto ejemplarizante. El proyecto avanzó hasta segundo debate y quedó allí, atascado en el andamiaje procedimental del Congreso. Un desenlace que dice mucho sobre las posibilidades y los límites de esa agenda: una reforma técnica, sensata, potencialmente transformadora, incapaz de reunir las mayorías necesarias en un cuerpo cuyos incentivos apuntaban en dirección contraria.

Durante esos cuatro años, Goebertus construyó un perfil parlamentario reconocible: interlocución permanente con la comunidad internacional, seguimiento riguroso de indicadores de implementación —el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz publicó sus informes de monitoreo sobre el cumplimiento del Acuerdo Final, referencia obligada del debate—, participación en foros como la Conferencia Internacional Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas, organizada por la JEP en octubre de 2020 con apoyo del gobierno de Suiza, donde participaron los responsables de las tres entidades del SIVJRNR. Su nombre se volvió sinónimo de una manera específica de hacer oposición: sin estridencia, con expedientes en la mano, apostando a que la presión internacional supliera la debilidad doméstica.

La trayectoria: Human Rights Watch y la División de las Américas

El 11 de mayo de 2022, en plena campaña presidencial colombiana, Human Rights Watch anunció simultáneamente en inglés y español que Juanita Goebertus asumiría en agosto la Dirección de la División de las Américas, en sucesión de José Miguel Vivanco, quien había ocupado el cargo durante casi tres décadas y era una de las figuras más visibles y polémicas del activismo de derechos humanos en el continente. El anuncio se publicó como nota de prensa institucional, y el perfil oficial de Goebertus quedó desde entonces disponible en las versiones en inglés y en español del sitio de la organización.

El nombramiento coincidió con dos procesos simultáneos que iluminan su lógica. Por un lado, el colapso electoral del centro político colombiano: Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Centro Esperanza —espacio vinculado al Partido Verde y a otras fuerzas de centro—, obtuvo en la primera vuelta del 29 de mayo de 2022 apenas 885.268 votos, un 4,18%. Fue el fin electoral de la coalición que había llevado a Antanas Mockus al segundo lugar de la primera vuelta en 2010, con más de tres millones de votos frente a los 6.802.043 (46,7%) de Juan Manuel Santos. Ese desplome dejaba a una generación entera de cuadros liberales-tecnocráticos sin proyecto electoral propio. Por otro lado, la victoria de Gustavo Petro reorganizó el mapa: la agenda de paz dejó de estar en la oposición, pero el centro reformista tampoco fue parte del nuevo bloque de gobierno.

En ese contexto, HRW ofrecía a Goebertus algo que la política doméstica ya no podía darle: un púlpito hemisférico con influencia real. Desde agosto de 2022 su labor ha consistido en coordinar el trabajo de la organización en todo el continente, con foco en las crisis de derechos humanos que atraviesan la región. La agenda es amplia y difícil: la documentación de abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, en informes de 2023 y 2024 que señalaron responsabilidades tanto de Colombia como de Panamá en la protección de esas poblaciones; el seguimiento a los recortes presupuestarios de la Defensoría del Pueblo de Colombia, denunciados por HRW en una alerta de 2025 por su impacto sobre la protección de líderes sociales; el informe mundial anual, cuyo capítulo sobre Colombia en el volumen de 2021 había ya trazado un panorama sombrío del período posacuerdo.

Su llegada a HRW puede leerse a la vez como culminación y como repliegue. Culminación, porque el activismo internacional de derechos humanos es el terreno natural para una operadora jurídica formada en la tradición del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Repliegue, porque el desplazamiento hacia el advocacy internacional refleja los límites domésticos de una generación cuya legitimidad electoral se ha ido reduciendo, y que encuentra en organismos como HRW la caja de resonancia que el Congreso colombiano ya no le brindaba con la misma eficacia.

Su red: partido, coaliciones, alianzas y fricciones

La trayectoria de Goebertus se entiende mal fuera de tres círculos de sociabilidad política y técnica.

El primero es el Partido Verde y la constelación del centro reformista bogotano. Antanas Mockus, cuya candidatura de 2010 marcó el techo electoral de esa tradición, es la referencia fundacional: un profesor devenido en outsider institucional que definió el estilo —pedagógico, cívico, alérgico al clientelismo— con el que buena parte de esta generación aprendió a hacer política. Claudia López, con quien Goebertus compartió militancia partidaria antes de que López asumiera la Alcaldía de Bogotá en 2020, encarnó la variante más combativa y mediática del mismo espacio. Angélica Lozano coincidió con Goebertus en la agenda parlamentaria de transparencia y control político, pero desde un estilo más frontal. La red que dibujan estas figuras es pequeña, urbana, altamente educada, con fuerte inserción en Bogotá y capacidad limitada de proyección en las regiones. El resultado de Fajardo en 2022 no hizo más que confirmar lo que llevaba una década siendo evidente: el capital simbólico acumulado en la capital no se traducía en votos en el país profundo.

El segundo círculo es el del proceso de paz. Humberto de la Calle aportó el peso institucional de un exvicepresidente y una trayectoria de negociador experimentado; Sergio Jaramillo Caro, alto comisionado para la paz durante el gobierno Santos, fue el arquitecto intelectual del enfoque territorial del Acuerdo; el equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado formó una comunidad de práctica —académicos, funcionarios, asesores— que trascendía filiaciones partidarias y que sostuvo el Acuerdo durante la negociación y siguió defendiéndolo en la implementación bajo gobiernos hostiles. Es el círculo que dio forma al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y del que Goebertus emergió como una de las voces técnicas más reconocidas. La cercanía con De la Calle y con esa comunidad la habilitó para hablar del Acuerdo con una autoridad que no dependía de su curul, y que le sobrevivió cuando la curul dejó de existir.

El tercero es la red internacional del activismo por los derechos humanos y la construcción de paz: HRW en primer lugar, pero también el Instituto Kroc, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la comunidad de organizaciones que monitorean la implementación desde afuera y los gobiernos europeos —el suizo, anfitrión de la conferencia de la JEP en 2020; el noruego, garante desde el inicio— que han apoyado el proceso con recursos y presión diplomática. Es la red que Goebertus coordina ahora desde Nueva York, y también la más ajena a la política colombiana cotidiana: sus interlocutores están en Ginebra, Washington y Bruselas más que en Ibagué o en Popayán.

Las fricciones son considerables. La derecha uribista ha visto en ella —como antes en Vivanco— a una activista con agenda política, no a una defensora imparcial de derechos humanos, y ha usado esa lectura para deslegitimar tanto sus denuncias parlamentarias como los informes que ahora firma desde HRW. Sectores de izquierda han señalado que HRW aplica estándares desiguales según el signo político de los gobiernos investigados, un reproche que la organización arrastra desde la era Vivanco y que se ha renovado con las tensiones entre el activismo hemisférico y el gobierno Petro. Y la propia contraparte de las negociaciones, las FARC transformadas en partido político, atraviesa una relación compleja con quienes ayudaron a diseñar el marco jurídico que las juzga en la JEP mientras siguen sufriendo el asesinato sistemático de sus firmantes. La red de Goebertus, en suma, no es un consenso sino una posición: la del liberalismo constitucional que defiende el Acuerdo como uno de los grandes logros institucionales colombianos, aun reconociendo la brecha creciente entre lo pactado y lo cumplido.

Su huella: entre la arquitectura y el techo electoral

La huella de Goebertus se lee en dos planos distintos y en tensión permanente.

El primero es el plano institucional. Su trabajo, y el de la comunidad técnica de la que forma parte, contribuyó a que el Acuerdo de Paz sobreviviera al plebiscito del 2 de octubre de 2016, se refrendara por vía legislativa en noviembre de ese año, se blindara constitucionalmente y desplegara sus tres pilares —JEP, CEV, UBPD— pese a la hostilidad del gobierno Duque, a la violencia contra firmantes y a la erosión sostenida de los mecanismos pactados. Cinco años después de la firma, el balance de implementación mostraba avances desiguales; el propio Instituto Kroc, encargado del monitoreo, reflejaba en sus informes esa asimetría entre lo formal y lo material. En el debate colombiano fue ganando terreno la idea de hablar de posacuerdo en lugar de posconflicto para describir con más precisión un escenario en el que muchos puntos firmados en el Teatro Colón seguían sin implementarse. La distinción semántica es sustantiva: reconoce que el acuerdo político fue firmado pero el conflicto —al menos parte de él— continuó, y que la construcción de paz no termina con la firma sino que comienza en ella. En ese posacuerdo, el trabajo de figuras como Goebertus ha sido central para que las instituciones creadas no se desmoronen bajo la presión de fuerzas políticas que apostaron por su desmantelamiento.

El segundo plano es más incómodo. La generación tecnocrática-liberal que ella encarna construyó instituciones formidables pero no construyó mayorías. El 4,18% de Fajardo en 2022 es el signo estadístico más claro de ese fracaso. La reforma de transparencia legislativa que la bancada Verde impulsó se atascó en segundo debate. El proceso de paz que su generación defendió con recursos técnicos e influencia internacional sigue siendo repudiado por una porción significativa del país, que lo derrotó en las urnas y que nunca fue reconquistada por la vía política. Los sectores del uribismo y el Centro Democrático que presionaron durante el gobierno Duque para limitar el Acuerdo perdieron algunas batallas puntuales, pero mantuvieron intacta su base electoral. Y el Partido Verde quedó reducido a una fuerza minoritaria sin proyecto presidencial propio.

Esa doble huella define no solo su biografía individual sino la de una franja entera de la política colombiana: la del centro reformista posconstitucional de 1991. Su paso a Human Rights Watch en agosto de 2022 es representativo de un desplazamiento generacional: cuando el terreno doméstico se cierra, el internacional se abre como espacio de influencia residual. Es un desplazamiento coherente con su formación, con su red y con su temperamento, aunque no equivale a una coronación: constituye, en términos estructurales, un repliegue.

Al cierre de esta etapa, Goebertus mantiene su base en Nueva York, coordinando la División de las Américas de HRW, mientras el Acuerdo de 2016 continúa en implementación bajo el gobierno de Gustavo Petro, con avances y retrocesos documentados por el propio Instituto Kroc y por las tres entidades del SIVJRNR. Su trayectoria muestra a una figura que ayudó a que el Acuerdo de Paz no se derrumbara, que denunció desde el Congreso la violencia sistemática contra quienes lo firmaron y que desde el activismo hemisférico coordina el monitoreo de derechos humanos en un continente donde los mecanismos institucionales conquistados en las últimas décadas se ven cada vez más asediados. Un balance considerable en el plano institucional, y a la vez muy por debajo de lo que su generación se propuso conseguir en el plano electoral y político.