Juanita Goebertus Estrada

La semblanza

Su perfil combina formación jurídica, experiencia ejecutiva, negociación y trabajo parlamentario. Las fuentes institucionales la registran como abogada cum laude y politóloga de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de Harvard y antigua asesora en seguridad, defensa y transición. En la Oficina del Alto Comisionado para la Paz coordinó el grupo de justicia transicional y formó parte de la delegación gubernamental en Cuba. Esa secuencia ayuda a entender su especialización, pero no autoriza a reducir su labor a la imagen de una operadora de expedientes sin capacidad electoral: en 2018 obtuvo 83.270 votos para representar a Bogotá.

La trayectoria puede ordenarse en tres etapas, aunque no fueron compartimentos cerrados. Antes y durante las conversaciones de paz trabajó en asuntos de seguridad y justicia transicional; entre 2018 y 2022 llevó al Congreso una agenda que incluyó implementación del Acuerdo, transparencia, derechos y asuntos territoriales; y desde agosto de 2022 dirige el trabajo de HRW para las Américas. El paso de una etapa a otra fue una transición profesional verificable. Presentarlo como el itinerario inevitable de una generación que «construyó instituciones sin construir mayorías» convertiría una interpretación polémica en dato biográfico.

Formación y primeros cargos públicos

Goebertus cursó Derecho y Ciencia Política en la Universidad de los Andes y una maestría en Derecho en Harvard, donde fue becaria Fulbright. Su formación es pertinente para explicar la ruta profesional posterior; la historia institucional de Los Andes desde 1949, en cambio, no demuestra por sí sola vínculos, influencias o decisiones individuales. Las biografías oficiales de la Cámara, Congreso Visible y HRW coinciden en esos títulos y en su especialización en paz, seguridad y justicia transicional.

Antes de la fase pública de La Habana trabajó en la Fundación Ideas para la Paz, asesoró al viceministro de Defensa y al alto asesor de Seguridad Nacional, e investigó en el Centro Hauser de la Escuela Kennedy de Harvard. Después de su paso por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz fue directora adjunta del Institute for Integrated Transitions. Esta experiencia muestra continuidad temática entre seguridad, negociación y transición; no hace falta atribuirla a un «circuito de escuelas de la costa este» ni presentar las credenciales académicas como una llave automática de acceso al Estado.

Los documentos oficiales sobre la fase exploratoria registran a Goebertus dentro del equipo de apoyo gubernamental antes de la apertura pública de las conversaciones. Más adelante coordinó durante varios años el grupo de justicia transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y participó en la delegación del Gobierno en Cuba. Las fuentes permiten describir esa responsabilidad con precisión, pero no sostienen que su biografía sea «típica» de todos los profesionales nacidos en los años ochenta ni que haya recorrido una ruta predeterminada y sin desvíos.

La trayectoria: de La Habana al Teatro Colón

La fase exploratoria entre el Gobierno y las FARC-EP produjo el Acuerdo General del 26 de agosto de 2012; la fase pública se instaló en Oslo en octubre y continuó en La Habana. El documento rector no fijó cinco temas sino seis puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación. Goebertus aparece en la documentación oficial como integrante del equipo de apoyo y luego como responsable técnica de justicia transicional. No fue una plenipotenciaria permanente, pero tampoco una asesora enteramente externa a la delegación.

Su trabajo se concentró en justicia transicional y derechos de las víctimas. Conviene separar dos hitos normativos que el texto anterior mezclaba: el Acto Legislativo 01 de 2012 estableció el Marco Jurídico para la Paz, mientras el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición quedó acordado en el punto de víctimas y fue incorporado a la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2017. La entrevista académica publicada en 2023 recoge su relato sobre el diseño gradual de mecanismos judiciales y extrajudiciales; permite reconocer su experiencia directa, sin adjudicarle individualmente la autoría de una arquitectura negociada por equipos y aprobada por instituciones.

El plebiscito del 2 de octubre de 2016 rechazó por un margen estrecho el acuerdo firmado en Cartagena. La derrota abrió una renegociación con promotores del No y otros sectores sociales y obligó a revisar contenidos y mecanismos de refrendación. En una entrevista realizada en mayo de 2022, Goebertus reflexionó sobre la legitimidad del plebiscito, el enfoque de género y los errores de comunicación que facilitaron interpretaciones ajenas al texto. Esa reflexión retrospectiva es una fuente de primera persona; no prueba por sí sola una explicación única del resultado ni justifica trasladar a su biografía afirmaciones generales sobre regiones enteras o sobre toda la campaña del No.

El texto revisado fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón. El Congreso culminó su refrendación mediante proposiciones aprobadas por el Senado el 29 de noviembre y por la Cámara el 30. Entre la derrota plebiscitaria y esas votaciones hubo ajustes al acuerdo y deliberación política; describir la vía legislativa como la única salida jurídicamente posible excede la evidencia consultada. La documentación sí permite afirmar que, desde entonces, la implementación requirió desarrollos constitucionales, legales, administrativos y territoriales.

La etapa posterior dependió tanto de decisiones políticas como de instrumentos jurídicos y seguimiento público. El Congreso tramitó las normas de implementación, la Corte Constitucional ejerció control, las entidades del Sistema comenzaron a operar y organizaciones nacionales e internacionales monitorearon los avances. Goebertus participó en varios de esos espacios primero desde el Ejecutivo y después desde la Cámara. Esa continuidad explica su relevancia con mayor precisión que una oposición absoluta entre legitimación popular y técnica institucional.

La trayectoria: representante a la Cámara por Bogotá (2018-2022)

Goebertus fue elegida representante a la Cámara por Bogotá en marzo de 2018 con 83.270 votos por la Alianza Verde y ejerció el período constitucional 2018-2022. Integró la Comisión Primera y la Comisión de Paz y Posconflicto, además de otras comisiones legales y accidentales. El gobierno de Iván Duque mantuvo desacuerdos importantes con aspectos de la implementación, entre ellos las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Ese contexto produjo confrontaciones legislativas reales, pero no convierte cada iniciativa de su cuatrienio en una respuesta exclusiva al uribismo.

El seguimiento al Acuerdo fue una prioridad explícita. Como copresidenta de la Comisión de Paz coordinó Del Capitolio al Territorio, una iniciativa multipartidista con apoyo técnico de la Fundación Ideas para la Paz y financiación de cooperación internacional. Sus equipos y congresistas de distintos partidos visitaron las 16 subregiones PDET, escucharon a víctimas, autoridades, firmantes y organizaciones locales, y produjeron informes y solicitudes a entidades responsables. La evidencia documenta decenas de visitas y trabajo territorial; por eso no es exacto presentar su labor únicamente como control de expedientes o presión desde Bogotá.

Su agenda legislativa tuvo resultados diversos. Fue ponente del proyecto que se convirtió en la Ley 2013 de 2019, norma que obliga a altos servidores y otros sujetos a publicar declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e información tributaria; por tanto, es falso afirmar que esa iniciativa quedó detenida en segundo debate. También fue coautora y coordinadora ponente de la reforma que creó la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca mediante el Acto Legislativo 02 de 2020 y participó en su posterior ley orgánica. Otras propuestas de rendición de cuentas, cabildeo, justicia agraria, ambiente y derechos tuvieron recorridos distintos, incluidos archivos o trámites inconclusos.

El estudio de la Escuela de Gobierno de los Andes sobre su Unidad de Trabajo Legislativo describe una oficina organizada alrededor de una agenda temática, con equipos jurídicos, económicos, sociales, urbanos, ambientales, de paz, comunicaciones y relacionamiento. También registra convocatorias, voluntariado, revisión técnica de proyectos y estrategias de transparencia. Es una fuente de caso basada en entrevistas y documentos suministrados por el propio equipo, de modo que debe leerse como descripción detallada de su funcionamiento, no como evaluación independiente de todos sus resultados. Aun con ese límite, contradice la idea de una actividad parlamentaria reducida a foros internacionales.

La trayectoria: Human Rights Watch y la División de las Américas

Human Rights Watch anunció el 11 de mayo de 2022 que Goebertus sería la nueva directora de la División de las Américas y que asumiría el 1 de agosto. Hasta julio la división siguió a cargo de Tamara Taraciuk como directora interina; Goebertus sucedió en el liderazgo permanente a José Miguel Vivanco, quien había dejado el cargo después de casi treinta años. El perfil y la página regional de HRW todavía la identifican como directora en 2026. La fecha de mayo corresponde al anuncio y la de agosto al inicio efectivo, por lo que no son versiones contradictorias.

La transición ocurrió al terminar su período legislativo. Un estudio publicado por la Universidad de los Andes, basado en entrevistas con ella y con su equipo, señala que la reelección no fue un objetivo usado para organizar la UTL y que no existía un cargo destinado a construir una estructura electoral. Ese dato ayuda a explicar por qué el fin de la curul no debe confundirse automáticamente con una derrota personal. Vincular su nombramiento en HRW al resultado presidencial de Sergio Fajardo o al supuesto cierre de toda la política de centro es una inferencia para la que no apareció evidencia directa.

Como directora, encabeza el trabajo de HRW sobre derechos humanos en las Américas. Su perfil institucional reúne comentarios, cartas, testimonios y pronunciamientos sobre asuntos como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Cuba y la protección de migrantes. Las investigaciones y posiciones publicadas por HRW son productos institucionales con autores y equipos específicos; no deben atribuirse todas personalmente a Goebertus ni describirse como un «púlpito» obtenido porque Colombia ya no pudiera sostener su agenda.

El paso a HRW prolongó su trabajo en justicia, paz y derechos humanos a escala regional. Puede leerse como continuidad profesional y cambio de institución; clasificarlo simultáneamente como «culminación» y «repliegue» supone conocer motivaciones personales y una jerarquía entre la política electoral y la defensa internacional que las fuentes no establecen. La formulación más prudente es constatar que terminó el mandato para el que fue elegida, dejó la Cámara y asumió mediante un proceso anunciado públicamente la dirección de la división regional.

Redes de trabajo y cooperación institucional

Más que tres círculos cerrados de sociabilidad, las fuentes muestran relaciones que cambiaron con cada cargo: la Alianza Verde y las comisiones de la Cámara; el equipo del Alto Comisionado y la delegación de paz; organizaciones territoriales vinculadas al seguimiento PDET; y, desde 2022, los equipos de HRW y sus interlocutores regionales. Distinguir esas relaciones institucionales evita convertir coincidencias partidarias o profesionales en alianzas personales permanentes.

En la Alianza Verde trabajó con congresistas de estilos y agendas distintas y también construyó coaliciones multipartidistas para proyectos específicos. La Región Metropolitana requirió coordinación entre representantes de Bogotá y Cundinamarca, alcaldía, gobernación, gremios, academia y ciudadanía. Del Capitolio al Territorio reunió a legisladores de diferentes partidos en municipios PDET. Estos casos permiten hablar de cooperación política verificable. En cambio, el desempeño presidencial de una coalición en 2022 no mide por sí solo el alcance regional de toda su red ni la eficacia de su mandato como representante por Bogotá.

En el proceso de paz trabajó bajo la estructura encabezada por el presidente Juan Manuel Santos, el alto comisionado Sergio Jaramillo y el jefe negociador Humberto de la Calle. Los tomos documentales de la JEP la ubican primero en el equipo de apoyo y después como coordinadora del Grupo de Justicia Transicional; las biografías institucionales añaden su participación en la delegación gubernamental en Cuba. Esa experiencia le dio conocimiento directo de las negociaciones. No prueba, sin embargo, una cercanía personal estable con cada dirigente ni una autoridad política independiente de los cargos que desempeñó.

En HRW dirige una división regional acompañada por una subdirección y equipos temáticos y nacionales. Su trabajo exige interlocución con gobiernos, organismos internacionales, organizaciones sociales, víctimas y medios, pero el perfil oficial no fija una «base en Nueva York» ni permite ordenar sus relaciones como si Ginebra, Washington o Bruselas sustituyeran a las regiones colombianas. La propia experiencia parlamentaria documenta visitas y escucha en territorios PDET. La dimensión internacional y la territorial coexistieron en momentos distintos de su carrera.

Sus posiciones sobre la paz y los derechos humanos han sido objeto de debate público, como ocurre con otros actores que intervienen en asuntos polarizados. Para evaluar una controversia concreta hay que identificar la declaración, el informe y la respuesta correspondiente. Las fuentes reunidas para esta semblanza no bastan para atribuir a «la derecha» o a «sectores de izquierda» una crítica uniforme, ni para describir su relación con el partido surgido de las FARC como un vínculo personal. También conviene separar las opiniones de Goebertus de las conclusiones institucionales de HRW y de las decisiones autónomas de la JEP.

Su huella: negociación, legislación y seguimiento territorial

La evidencia disponible permite valorar su trayectoria en tres planos complementarios: la preparación y negociación de instrumentos de justicia transicional; la legislación y el control político en la Cámara; y la documentación y defensa regional de derechos humanos desde HRW. En cada plano hay resultados colectivos y límites institucionales. Por eso, una atribución individual de éxito o fracaso debe reservarse para decisiones, proyectos o intervenciones que puedan seguirse en fuentes concretas.

En el proceso de paz, su contribución documentada fue técnica y sostenida: integró el equipo de apoyo, coordinó justicia transicional y participó en la delegación del Gobierno. El Sistema Integral fue resultado de una negociación colectiva y quedó incorporado constitucionalmente en 2017. Desde la Cámara, Goebertus siguió su implementación mediante debates, informes y trabajo en las subregiones PDET. Es razonable reconocer esa continuidad; no lo es afirmar que su intervención personal hizo que el Acuerdo sobreviviera al plebiscito, al gobierno siguiente o a la violencia contra firmantes, pues esos desenlaces involucraron a muchas instituciones y actores.

En el Congreso dejó resultados verificables y también asuntos inconclusos. La Ley 2013 de 2019 contradice el ejemplo anterior de una transparencia estancada; la creación constitucional de la Región Metropolitana y su ley orgánica muestran una coalición legislativa amplia; y Del Capitolio al Territorio produjo seguimiento en las 16 subregiones PDET. A la vez, parte de su agenda no se convirtió en ley y los propios estudios de su UTL reconocen límites del Congreso para incidir en políticas públicas. Ese balance mixto es más informativo que usar el resultado presidencial de Fajardo como medida estadística de su gestión individual.

La dirección de la División de las Américas amplió la escala geográfica de su trabajo. No puede clasificarse con confianza como influencia «residual» ni como retirada de la política: HRW es una organización no gubernamental con funciones distintas a las de un partido o un cargo electivo. La comparación útil está en los medios de acción. En el Ejecutivo participó en diseño y negociación; en la Cámara legisló y ejerció control; en HRW dirige investigación e incidencia. La continuidad temática existe, pero el poder, la representación y la rendición de cuentas cambian en cada institución.

En 2026 Goebertus continúa al frente de la División de las Américas de Human Rights Watch. Su trayectoria comprobada comprende el equipo gubernamental que preparó y negoció componentes de justicia transicional, un mandato legislativo por Bogotá con 83.270 votos y trabajo en comisiones, una agenda con leyes aprobadas y proyectos inconclusos, y la dirección regional de una organización de derechos humanos. El balance exige dos cautelas: los logros del Acuerdo y del Congreso fueron colectivos, y la incidencia internacional no es un sustituto mensurable de apoyo electoral. Con esas precisiones, su papel se entiende mejor como continuidad entre instituciones distintas que como el ascenso o repliegue de una generación completa.