Disputa por la memoria histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016–2022)

La disputa por la memoria histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016–2022)

Entre la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, el 24 de noviembre de 2016, y el fin del gobierno de Iván Duque Márquez, en agosto de 2022, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) pasó de ser el archivo consensuado de la transición colombiana a un campo de disputa por el relato del conflicto armado. Creado por la Ley 1448 de 2011 —la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sancionada por Juan Manuel Santos en presencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon—, el CNMH había construido, bajo la dirección de Gonzalo Sánchez Gómez, un corpus documental sin precedentes sobre la guerra colombiana. Ese corpus incluía el informe general ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013), que cifró en aproximadamente 220.000 los muertos del conflicto entre 1958 y 2012, junto a investigaciones sobre masacres, desplazamiento, paramilitarismo, guerrilla, violencia sexual, secuestro, despojo de tierras y memorias étnicas. La llegada del historiador Darío Acevedo Carmona a la dirección del CNMH en febrero de 2019, bajo el gobierno Duque, quebró ese consenso institucional y activó, por reacción, una fase de autonomización de memorias subalternas —indígenas, afrodescendientes, urbanas, feministas— que el propio CNMH había reconocido y documentado, pero nunca controlado.

El archivo transicional que se estaba construyendo

Cuando en octubre de 2016 el plebiscito por el Acuerdo de Paz arrojó una victoria inesperada del No, el CNMH llevaba casi una década construyendo un cuerpo documental sobre el conflicto. La institución había nacido en la Ley 1448 con funciones misionales de esclarecimiento histórico y con una autonomía académica y operativa que declaraba en sus publicaciones. Antes de ser establecimiento público, había existido como Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR-GMH), coordinado desde 2007 por Gonzalo Sánchez, con la premisa de que la verdad y la memoria son construcciones sociales y que los mecanismos participativos resultan vitales para que las víctimas y sus organizaciones sean parte del proceso.

El corpus se abrió en 2008 con Trujillo. Una tragedia que no cesa, sobre las masacres cometidas entre 1988 y 1994 en ese municipio del Valle. Vinieron después informes de caso sobre El Salado, Bojayá, Bahía Portete y la Comuna 13 de Medellín, así como investigaciones sobre mujeres y guerra en el Caribe colombiano bajo la coordinación de María Emma Wills. La producción se extendió a memorias del Cauca indígena y a trayectorias de las FARC con Mario Aguilera como relator. La serie Una nación desplazada incluyó volúmenes sobre El Castillo (Meta) y Tibú (Catatumbo), este último en asocio con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. A ello se sumaron informes sobre violencia urbana, sobre puertos y economías del conflicto —como Buenaventura: un puerto sin comunidad (2015), coordinado por Constanza Millán Echeverría— y el informe sobre secuestro Una sociedad secuestrada, con César Caballero Reinoso como relator.

En paralelo, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), con funciones derivadas de la Ley 1424 de 2010, desarrollaba el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad (MNJCV), un sistema de recolección de testimonios de personas desmovilizadas. Entre 2013 y 2019 produjo entrevistas en catorce localidades del país, desde Villavicencio y Bogotá hasta Apartadó, Turbo, Puerto Boyacá y San Martín. En Bucaramanga las entrevistas se centralizaban en la sede del CNMH-DAV en Santander; en Soacha y San Martín se realizaron además ejercicios colectivos en 2019.

El archivo tenía, sin embargo, límites legales precisos. El artículo 2º del Decreto 2244 de 2011 le prohibía al CNMH atribuir, determinar, publicar o mencionar responsabilidades penales individuales. Esa restricción explica el tratamiento diferenciado de las voces en los informes de la DAV: las citas de desmovilizados aparecen habitualmente como "persona desmovilizada" sin nombre, mientras que las contribuciones voluntarias de postulados a Justicia y Paz —perpetradores con procesos activos bajo la Ley 975 de 2005— sí consignan nombres y alias. La Ley 1448 cubría, además, únicamente los hechos posteriores al 1º de enero de 1985 ocurridos con ocasión del conflicto armado interno, y desplazaba el énfasis del desmovilizado a la víctima, invirtiendo el eje que había predominado en la etapa de Justicia y Paz.

Sobre ese piso jurídico y documental, el CNMH había construido un Observatorio de Memoria y Conflicto con una base de datos de casos y víctimas que se convertiría en la referencia cuantitativa que la Comisión de la Verdad (CEV) utilizaría en su Informe Final con corte en 2022. Quien controlara ese observatorio controlaba el piso factual sobre el que cualquier relato del conflicto debía construirse.

El plebiscito de 2016 y la fractura del consenso

La disputa por el CNMH no empezó en 2019 con Acevedo Carmona; empezó el 2 de octubre de 2016, cuando el plebiscito convocado por el gobierno Santos para refrendar el Acuerdo de Paz arrojó la victoria del No. Todas las encuestadoras habían fallado en predecir el resultado. El coordinador de la campaña por el No reconoció posteriormente, de manera explícita, el uso de medias verdades y noticias falsas para confundir a la opinión pública. La extensión del texto acordado —cerca de trescientas páginas de tecnicismos jurídicos y transicionales— y los bajos hábitos de lectura del ciudadano promedio hicieron improbable su lectura directa, y facilitaron la desinformación sobre su contenido.

Tras el triunfo del No se abrió un proceso de renegociación que culminó en el nuevo Acuerdo firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre. El Instituto Kroc lo calificaría posteriormente como el acuerdo más integral del mundo en términos de sus mecanismos de implementación. Pero la polarización que había cristalizado en octubre no se disolvió con la firma. Desde el comienzo de la implementación, altos tomadores de decisiones dentro del Estado se arrogaron el derecho de cambiar unilateralmente lo pactado, en contravención del principio de que las FARC tenían derecho a vetar cualquier modificación unilateral. El año 2017, el primero tras el Acuerdo, sería descrito posteriormente como el año más tranquilo vivido en Colombia en medio siglo; pero esa tranquilidad militar no impidió que la memoria del conflicto se convirtiera en el terreno donde continuaría la batalla política.

Entre 2011 y 2018, la memoria se había convertido en nodo articulador de distintos conflictos sociales y políticos. Era el lenguaje común: víctimas, académicos, gobierno, tribunales de Justicia y Paz —que exhortaban al CNMH a realizar investigaciones específicas— y organizaciones internacionales coincidían en que el trabajo de esclarecimiento histórico era condición del posconflicto. Esa centralidad empezaría a erosionarse desde el mismo momento del plebiscito: la polarización creó las condiciones de legitimidad para que un futuro gobierno pudiera presentar el negacionismo como corrección democrática de un relato supuestamente sesgado.

La captura institucional: Acevedo Carmona y el giro negacionista

Iván Duque Márquez asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2018. En febrero de 2019 designó a Darío Acevedo Carmona, historiador de la Universidad Nacional sede Medellín, como director del CNMH. La designación fue leída como una intervención directa del gobierno sobre el relato institucional del conflicto: Acevedo había expresado públicamente reservas sobre la existencia misma de un conflicto armado en Colombia, categoría central del andamiaje transicional construido por la Ley 1448 y utilizada sistemáticamente en el corpus del CNMH bajo Sánchez.

Bajo la dirección de Acevedo Carmona, el CNMH proclamó públicamente principios de pluralidad, no condicionamiento ideológico o político y rechazo a versiones dogmáticas y verdades oficiales en sus políticas editoriales. La formulación replicaba en su superficie los principios que la propia entidad había defendido desde su origen. Pero la lectura de esos principios cambiaba radicalmente el sentido: mientras bajo Sánchez la pluralidad significaba la incorporación de voces subalternas —víctimas, comunidades étnicas, mujeres, desmovilizados— dentro de un marco categorial que reconocía la existencia del conflicto y la responsabilidad diferenciada de los actores armados, bajo Acevedo se leía como equidistancia entre versiones y como suspensión de las categorías que habían dado forma al corpus previo.

El desplazamiento fue tanto discursivo como estructural. Durante el período 2018-2021, la memoria dejó de ocupar el lugar central que había tenido en el debate público entre 2011 y 2018. El campo se transformó: ciertos espacios permitieron construcciones de memoria más lúcidas y autocríticas, pero fuera del aparato estatal.

El corpus producido bajo Sánchez —¡Basta Ya!, los informes de masacres, la serie Una nación desplazada, los estudios sobre paramilitarismo y guerrilla— no fue formalmente retirado ni desautorizado, pero perdió su función de referencia oficial. El Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico (2018), publicado justo en la transición entre direcciones, quedó como uno de los últimos gestos del proyecto de esclarecimiento con las categorías previas. La producción posterior se orientó hacia balances y compilaciones antes que hacia nuevos informes de caso con la ambición de los de la etapa Sánchez.

Las memorias subalternas y su autonomización

Más decisiva que la captura del CNMH fue la radicalización de la autonomía de procesos comunitarios que el propio CNMH había reconocido, financiado y documentado sin llegar a controlar. Esas memorias subalternas no emergieron como reacción al duquismo; venían desarrollándose desde antes, dentro y fuera del corpus oficial. Lo que hizo el negacionismo institucional fue acelerar su desprendimiento del cordón umbilical estatal.

En Bojayá, tras la masacre del 2 de mayo de 2002, víctimas, miembros de la comunidad y equipos misioneros habían propuesto establecer un santuario de la memoria en la iglesia del viejo Bellavista, entendido como lugar vivo de conmemoración donde se salvaguardaran objetos y manifestaciones de significación social. Ese proceso, documentado por el CNMH, tenía autonomía metodológica y ritual: la comunidad decidía qué se conservaba, cómo se conmemoraba y qué formas de duelo eran legítimas.

En el Cauca, el pueblo awá desarrolló, en un proceso vinculado al CNMH, el documental Ñankara. Tras la mirada Awá, co-creado con realizadores locales vinculados a organizaciones de comunicación indígena, con un doble objetivo: fortalecimiento identitario interno y enunciación pública. El propio CNMH reconocía, en el marco de su enfoque diferencial étnico, que los pueblos étnicos son refractarios a la institución del museo por haber reproducido históricamente mecanismos de violencia simbólica y discriminación, y que los dispositivos culturales propios de estos pueblos vehiculan la posibilidad de sanación de memorias del dolor y el cierre del duelo para la construcción de nuevas identidades. La admisión reconocía una limitación estructural del propio archivo estatal.

En El Carmen de Bolívar, la comunidad de la Alta Montaña, articulada en el Movimiento Pacífico, solicitó al CNMH un proceso de memoria viva definido por ellos mismos: desarrollado en el territorio, con participación comunitaria activa en el diseño metodológico, la recopilación y la difusión de memorias. La formulación invertía la relación clásica: no era el CNMH quien iba a documentar a la comunidad, sino la comunidad la que definía cómo el CNMH podía acompañarla.

En Medellín, colectivos sociales de la Comuna 13 intervinieron el cementerio La América, en lo que llamaron Galería Viva, con murales, placas conmemorativas, plantas con mensajes, tejidos y rituales para resignificar el espacio y conmemorar la Operación Orión de octubre de 2002. La iniciativa era autónoma: no dependía de la financiación ni de la validación institucional del CNMH, aunque este último la documentara. En Granada, Antioquia, el Salón del Nunca Más funcionaba como espacio de memoria local para las víctimas del conflicto en ese municipio, con una gestión comunitaria que precedía y excedía al aparato oficial.

Las organizaciones de exiliados desarrollaron, en distintos países, procesos autónomos de reconstrucción de memorias del exilio, individuales y colectivas, al margen del CNMH. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), articulado en la movilización social nacional, sostuvo un trabajo de asambleas, audiencias públicas y documentación con orientación crítica respecto de las categorías estatales. Estos procesos no eran nuevos en 2019, pero fue en el período 2018-2021 cuando su relación con el aparato oficial se reconfiguró: dejaron de esperar que el Estado los narrara.

Las tensiones internas de estos procesos, además, estaban plenamente documentadas. En comunidades como El Castillo, Bojayá, Bahía Portete, Trujillo y San Carlos existían diferencias entre grupos de víctimas, gestores de memoria, generaciones y organizaciones sobre la orientación política del trabajo, la lógica del duelo, la posibilidad de reconciliación y los actores que debían incluirse en los procesos conmemorativos. La autonomización de estas memorias no significó, entonces, homogeneidad interna: significó que las disputas se resolvían dentro de las comunidades, no en los términos del archivo estatal.

La disputa por las cifras y el archivo cuantitativo

Detrás de la disputa simbólica había una batalla por las cifras. El Grupo de Memoria Histórica había establecido en ¡Basta Ya! que el conflicto había causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1º de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. Esa cifra —construida a partir de bases de datos cruzadas, con metodología documentada— se convirtió en la referencia pública y política. El Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH mantenía, además, una base de casos y víctimas que la CEV citaría como fuente en 2022.

El terreno más frágil era el de la desaparición forzada. El balance del CNMH reconocía que en el 51% de los casos documentados no se conocía al autor, lo que dificultaba la búsqueda de verdad y justicia. Las fuentes oficiales y no oficiales sobre desaparición presentaban coberturas temporales asimétricas, lo que hacía problemática la comparación directa de cifras. La categorización misma exigía depuración para distinguir modalidades de violencia y lograr tipificaciones precisas. El silencio de las comunidades sobre los hechos violentos —motivado por el miedo persistente— alimentaba el subregistro y obstaculizaba la construcción de una memoria cuantitativa consistente.

Ese piso factual, construido pacientemente entre 2008 y 2018, era exactamente lo que la captura institucional del CNMH ponía en juego. No se trataba solo de qué relato oficial se difundiría; se trataba de qué números aparecerían en las tablas, qué casos serían visibles en los mapas, qué categorías organizarían la información. Cuando la CEV, dirigida por el padre Francisco de Roux, entregó su Informe Final en 2022 —once tomos y veinticuatro volúmenes que incluían un tomo específico, Resistir no es aguantar: violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia—, lo hizo apoyándose en la base de datos del Observatorio del CNMH y en el Sistema de Información en Derechos Humanos de la Consejería Presidencial, con cobertura 1982-2014. La disputa por el archivo cuantitativo se resolvió, en la práctica, por la vía de la coexistencia: la CEV construyó sus propios catálogos de microdatos —sobre violencia sociopolítica en salud, sobre violencia contra el movimiento A Luchar— y adoptó un enfoque histórico de largo aliento que se remontaba a la Guerra de los Mil Días, la amnistía de Rojas Pinilla y el surgimiento del Frente Nacional.

La Comisión de la Verdad como contrapeso

La creación de la CEV, en el marco del Acuerdo de 2016, alteró la ecología institucional de la memoria en Colombia. Hasta entonces, el CNMH había sido la entidad estatal por excelencia en el trabajo de esclarecimiento. La aparición de una Comisión con mandato acotado en el tiempo, encabezada por Francisco de Roux, con capacidad para producir un informe final propio y para dejar un legado —incluyendo una plataforma transmedia digital, una exposición permanente en el Museo de Memoria de Colombia y una entidad depositaria del archivo de derechos humanos— reconfiguró las jerarquías del campo.

Cuando el gobierno Duque intentó neutralizar el relato del CNMH, la CEV ya venía funcionando como espacio paralelo con legitimidad internacional propia, garantizada por su origen en el Acuerdo de Paz. El resultado fue una división funcional: el CNMH, capturado por el negacionismo, redujo su capacidad de producir relato; la CEV, con horizonte temporal acotado, concentró la producción del informe transicional; y las memorias comunitarias radicalizaron su autonomía.

La CEV, además, produjo materiales pedagógicos sobre historia reciente del conflicto en colaboración con la Fundación Compartir y la University of Bristol, a través de la Education, Justice, and Memory Network. Ese trabajo pedagógico, junto con los tomos diferenciales sobre pueblos étnicos y otros grupos poco visibles en las políticas públicas, ocupó parcialmente el vacío dejado por la retirada del CNMH del papel de narrador principal.

Memorias étnicas: entre el reconocimiento estatal y la refractariedad

El caso de las memorias étnicas —indígenas y afrodescendientes— muestra la doble faz del período. El CNMH había producido, bajo Sánchez, informes específicos coordinados por Daniel Ricardo Peñaranda Supelano sobre el Cauca indígena y sobre el Movimiento Armado Quintín Lame. Sobre el Chocó y el Pacífico, había documentado cómo la incursión paramilitar en el bajo Atrato a partir de 1996-1997 truncó los procesos de titulación colectiva de comunidades afrocolombianas, forzando adjudicaciones globales por imposibilidad del Incora de hacer presencia efectiva en las zonas. Ese tipo de reconstrucción vinculaba la violencia con los derechos territoriales colectivos reconocidos en el Artículo Transitorio 55 de la Constitución de 1991 y en la Ley 70 de 1993, base jurídica de la organización de las comunidades negras en consejos comunitarios.

Una lideresa afrocolombiana entrevistada por el CNMH en el marco del trabajo sobre el Pacífico identificaba en ese contexto el racismo estructural del Estado como el factor que condicionaba la forma diferenciada y deficitaria en que este intervenía en sus territorios: a las comunidades negras se las trataba, decía, como ciudadanos de segunda categoría, lo que se reflejaba en la ausencia de intervención estatal efectiva más allá de los períodos electorales. La afirmación describe una desigualdad estructural y explica por qué las comunidades étnicas desarrollaron desde el inicio dispositivos propios de memoria, refractarios a la institucionalidad museística tradicional.

El CNMH bajo Sánchez había intentado responder con enfoque diferencial: procesos de formación audiovisual con el pueblo awá que produjeron Ñankara, reconocimiento explícito de la refractariedad de los pueblos étnicos a la institución del museo, y planteamiento de la necesidad de dispositivos alternativos en el marco del proyectado Museo Nacional de la Memoria. Ese proyecto museístico —central en la promesa transicional del CNMH— quedaría atrapado en las tensiones del gobierno Duque, con avances lentos y reformulaciones sucesivas que reflejaban la disputa política más amplia sobre el relato del conflicto.

La CEV, en su tomo Resistir no es aguantar, retomó y amplió esa agenda con una arquitectura propia que abarcaba pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom. Pero el trabajo más denso, en el período 2018-2022, se dio en el nivel comunitario: consejos comunitarios documentando su propia historia, organizaciones indígenas produciendo materiales audiovisuales, cabildos preservando saberes rituales asociados a los territorios afectados por la violencia. El Estado, capturado en su nivel central, dejó de ser el interlocutor principal.

Voces del perpetrador y voces de la víctima

Un aspecto singular de la disputa fue el manejo de la voz del perpetrador. El MNJCV, operado por la DAV del CNMH, había recogido durante años testimonios de personas desmovilizadas, incluyendo relatos de crímenes cometidos por estructuras paramilitares: asesinatos, lanzamiento de víctimas al río Magdalena, descuartizamientos. En el informe sobre el modelo paramilitar de San Juan Bosco de La Verde y Chucurí en Santander, las entrevistas del MNJCV realizadas entre 2013 y 2017 se complementaron con dos recorridos territoriales en los que se entrevistaron 38 personas entre víctimas, testigos y población civil, y un taller de validación con 25 participantes en noviembre de 2018. El CNMH utilizó también alianzas con organizaciones intermediarias como la Fundación Prolongar para recoger testimonios de desmovilizados mediante entrevistas y talleres de memoria.

El corpus incluía informes sobre bloques paramilitares específicos —Bloque Central Bolívar, Centauros, Mineros, Autodefensas de Cundinamarca— en los que las entrevistas del MNJCV figuraban como fuentes primarias recurrentes. El programa Acuerdos de la Verdad incorporaba, junto a las entrevistas a desmovilizados, contribuciones voluntarias de postulados a Justicia y Paz, así como testimonios de víctimas, testigos, población civil, funcionarios públicos, periodistas, exfuncionarios y personeros municipales.

Ese archivo, construido con paciencia entre 2013 y 2019, se convirtió en un patrimonio documental cuyo destino institucional pendía del cambio de dirección. Los perpetradores habían hablado bajo el marco de un mecanismo no judicial que garantizaba usos específicos de sus declaraciones, y cualquier reorientación de la política institucional obligaba a renegociar las condiciones bajo las cuales el CNMH había recogido esos testimonios.

Balance de un ciclo

En octubre de 2014, el CNMH y el Jardín Botánico de Bogotá habían construido un Bosque de Paz en la Reserva Thomas Van der Hammen, sembrando 36 árboles vinculados a víctimas del conflicto, con la intención de entregarlos con placas nominales a las familias identificadas. Si el árbol tiene nombre, la víctima tiene existencia pública; si el árbol pierde su placa, la memoria vuelve al ámbito privado del duelo familiar. En esa distancia mínima se jugó la disputa 2016-2022.

La captura del CNMH durante el gobierno Duque no destruyó el archivo transicional. El corpus producido entre 2008 y 2018 quedó como referencia consolidada, utilizada por la Comisión de la Verdad y por la academia nacional e internacional. Lo que sí produjo el negacionismo institucional fue una alteración duradera de la relación entre el Estado y las comunidades productoras de memoria. Las víctimas, las organizaciones étnicas, los colectivos urbanos y las iniciativas comunitarias dejaron de esperar que el archivo estatal las contuviera y se convirtieron en productoras autónomas de sus propias narrativas, con dispositivos culturales, audiovisuales y rituales que no requerían mediación oficial para funcionar.

En agosto de 2022, cuando terminó el gobierno Duque, la geografía de la memoria en Colombia era irreversiblemente distinta de la de 2016. Había más archivos, más voces, más dispositivos, más autonomía; había también más fragmentación y más asimetría entre lo que el Estado registraba y lo que las comunidades sostenían por su cuenta. La Ley 1448 había construido el CNMH sobre el supuesto de que el Estado podía contener, con autonomía académica y pluralidad interna, la producción del relato del conflicto. Bastó un cambio de gobierno para que el CNMH pasara de plataforma a jaula. Las comunidades que habían aprendido a narrarse en diálogo con el CNMH aprendieron, también, a narrarse sin él.