Bajo Atrato

La subregión: geografía de una bisagra continental

El Bajo Atrato ocupa el tramo final del río del mismo nombre, en el norte del departamento del Chocó, y limita al norte con Panamá a través de la Serranía del Darién. Es tierra baja y pantanosa: planicies aluviales interrumpidas por riscos y bahías pedregosas, tupidas selvas pluviales que reciben más de 7.000 milímetros de lluvia al año, y una red densa de ríos —Atrato, Cacarica, Salaquí, Truandó, Jiguamiandó, Curvaradó, Domingodó— que son a la vez despensa, camino y frontera móvil. Al oriente se abre el golfo de Urabá; al occidente, la costa Pacífica se despliega por más de 1.300 kilómetros hasta la línea con Ecuador. La condición fluvial lo define todo: no hay carreteras estructurantes, los potrillos y las lanchas suplen a los buses, y los caseríos se enhebran a lo largo de las orillas.

Esta geografía es también posición estratégica. El istmo del Darién, que arranca en el golfo de Urabá, es el único puente terrestre entre Suramérica y Centroamérica, y los cerca de cien kilómetros del Tapón —selváticos, pantanosos e intransitables desde que Vasco Núñez de Balboa lo cruzó en 1513— siguen siendo hoy tan hostiles como entonces. Las trochas conocidas, como la Paya-Tubún que une Sautatá con Paya, alternan con tramos marítimos en pequeñas embarcaciones y con la ruta fluvial del Cacarica, cuyo acceso principal es Riosucio, sobre el Atrato, cerca de la desembocadura del propio Cacarica. Por ahí salen hoy migrantes que atraviesan la selva sin agua durante días, encuentran restos humanos en el camino y, si sobreviven, quedan confinados en albergues panameños donde deben pedir permiso para moverse.

Esa función de bisagra viene de lejos. Por capitulación expedida en Burgos el 8 de junio de 1508, la Corona española repartió las tierras al oriente y al occidente del golfo entre Alonso de Ojeda —Gobernación de Urabá— y Diego de Nicuesa —Gobernación de Veragua—, y desde entonces el golfo funciona como una línea que separa y conecta. Todo lo que ha ocurrido después en el Bajo Atrato —minería colonial, esclavitud, extracción de caucho y tagua, palma africana, cocaína, migración— se explica en parte por esta condición de umbral entre dos mundos.

Los orígenes: minería colonial, rebeliones indígenas y poblamiento negro

La conquista del Chocó fue tardía y disputada. Los jesuitas llegaron al río San Juan hacia 1624 y, al cabo de unos treinta años, lograron cierta conversión entre los indígenas de la región; los franciscanos que intentaron establecerse en el Atrato fueron rechazados desde la década de 1640 y durante casi tres décadas más. En 1640, los indígenas rebeldes del Chocó no solo cerraron las minas: cruzaron la cordillera y saquearon e incendiaron los pueblos españoles de Anserma, Arma y Cartago. En 1684 estalló otra gran rebelión que sacudió ambos distritos mineros y, aunque las crónicas sitúan una supuesta pacificación dos años después, el sometimiento real fue mucho más lento y precario.

Poco antes de 1680 ya se documentaba la existencia de numerosas minas explotadas por habitantes de Antioquia con negros esclavos. En 1713, el oidor Aramburu fue comisionado para asentar poblamiento y establecer una Caja Real en el Chocó, y describió el estado lamentable de la provincia: parecía que allí no hubieran pisado españoles, a pesar de que hacía casi cuarenta años que se sacaba oro. Esa marca —extracción intensa sin Estado presente— quedó grabada en la subregión. La primera ola de colonización española en el Bajo Atrato, en lo que hoy es el municipio de Bojayá, montó puestos de control y tráfico de esclavos; Vigía del Fuerte fue fundado a finales del siglo XVIII precisamente como uno de esos enclaves.

Tras la abolición de la esclavitud, hacia mediados del siglo XIX, las comunidades negras del Atrato reorientaron su economía: caucho, tagua, raicilla, pieles de animales. En ese período se consolidó el patrón de asentamiento lineal a lo largo de los ríos, con casas palafíticas, cultivos de pancoger en las orillas y navegación como columna vertebral. Las comunidades negras del Medio Atrato se volvieron, además, redistribuidoras de manufacturas para los Emberá, mediatizando el contacto de estos con el mundo exterior. De ese entramado —negros ribereños, indígenas de las cabeceras, mestizos llegados después— salió la sociedad afroindígena que hoy define la subregión.

La irrupción del proyecto étnico-territorial: OCABA, el Medio Atrato y la Ley 70

La segunda mitad del siglo XX trajo, junto con las primeras oleadas de colonización antioqueña y la llegada de la extracción maderera industrial, una respuesta organizativa desde las propias comunidades. En 1982 nació la Organización Campesina del Bajo Atrato (OCABA), por iniciativa de ochenta campesinos y campesinas afrodescendientes y mestizos preocupados por la explotación irracional de los recursos naturales de la subregión. OCABA marca un punto de inflexión: la aparición pública de un sujeto colectivo que empezó a hablar en nombre del territorio.

Fue, sin embargo, en el curso medio del río Atrato donde se configuró en la segunda mitad de los años ochenta el proceso decisivo. Comunidades campesinas negras del Medio Atrato construyeron un movimiento organizativo que transitó del lenguaje campesino a un discurso de "comunidades negras" como grupo étnico con derechos territoriales y culturales. La identidad étnica no preexistía como categoría política consolidada: fue producida discursivamente en ese proceso y encontró su síntesis en el Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991.

De ese artículo transitorio salió la Ley 70 de 1993, que reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras que hubieran ocupado tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. El Decreto 1745 de 1995 reglamentó los procedimientos de titulación colectiva y exigió que las comunidades constituyeran una autoridad administrativa propia: el consejo comunitario. A mediados de los años noventa, Colombia inició un proceso agresivo de titulación con apoyo internacional: el Banco Mundial y otras instituciones aportaron 65 millones de dólares al Programa de Manejo de Recursos Naturales, que benefició a 497 comunidades negras de la Costa Pacífica y tituló 2,36 millones de hectáreas de tierras colectivas.

En el Bajo Atrato, el INCORA tituló los territorios colectivos de Curvaradó (46.048 hectáreas) y Jiguamiandó (54.973 hectáreas), entre otros. El artículo 22 de la Ley 70 previó incluso la reubicación de comunidades cuando sus prácticas tradicionales no pudieran conciliarse con los usos permitidos en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, cláusula que reveló desde el inicio la tensión estructural entre áreas protegidas y territorios colectivos: los mismos ríos y selvas eran, para el Estado, patrimonio ecológico a preservar y, para las comunidades, casa y despensa. La titulación colectiva, además, imponía obligaciones de protección ambiental que ningún propietario privado tenía que asumir.

El proyecto étnico-territorial llegó, entonces, con un instrumento jurídico potente y una arquitectura frágil. Y llegó, sobre todo, tarde: cuando la Ley 70 empezaba a materializarse en títulos concretos sobre el Bajo Atrato, ya estaban entrando los paramilitares.

El vaciamiento: 1996-1997, Operación Génesis y Operación Cacarica

Las FARC habían llegado al bajo y medio Atrato a finales de los años setenta, primero como zona de retaguardia y luego, a través del Frente 57, con trabajo político. En 1996 comenzó la penetración paramilitar: entraron por Bajirá y Riosucio con una ola de terror que se extendió hacia Murindó, Vigía del Fuerte y Bojayá. El grupo se llamó primero Los Guelengues, luego La Setenta y Grupo Chocó, bajo el mando de Carlos Alberto Ardila Hoyos; con el tiempo se convertiría en el Bloque Elmer Cárdenas (BEC), la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia que dominaría el Bajo Atrato y el Darién chocoano por casi una década.

El punto de quiebre llegó entre finales de febrero y comienzos de marzo de 1997. La Brigada XVII del Ejército Nacional, al mando del general Rito Alejo del Río, ejecutó entre el 24 y el 27 de febrero la Operación Génesis en el área de los ríos Salaquí y Truandó, con el objetivo declarado de capturar o destruir a integrantes del Frente 57 de las FARC. Simultáneamente, entre el 23 de febrero y el 5 de marzo, unos sesenta paramilitares de los frentes Chocó y Alex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ejecutaron la Operación Cacarica, con el fin de expandirse hacia el Atrato medio y desalojar al mismo Frente 57. Las dos operaciones estuvieron coordinadas.

En el caserío Bijao, durante ese avance, los paramilitares ejecutaron a Marino López Mena, líder campesino al que acusaron de ser guerrillero y desmembraron con un machete. Su muerte se volvió el símbolo del Cacarica: una vida arrancada para inaugurar un régimen de terror. Del Río fue posteriormente condenado por nexos con el paramilitarismo. Los bombardeos y el avance conjunto militar-paramilitar produjeron un desplazamiento masivo: más de quince mil campesinos, según cifras que circularon en los años siguientes, dejaron sus tierras. Más de cuatro mil desplazados del Cacarica se refugiaron en Pavarandó, Mutatá y Turbo, donde fueron alojados en un gimnasio en condiciones extremas y sin servicios básicos.

Génesis y Cacarica no fueron episodios aislados: fueron la apertura de un ciclo. Entre 1997 y 2002, los desplazamientos se replicaron en Riosucio, Carmen del Darién y Vigía del Fuerte. Los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, recién titulados por el INCORA, quedaron vacíos. El instrumento jurídico que había reconocido la propiedad colectiva se convirtió, al mismo tiempo, en mapa del botín: las cuencas estaban delimitadas, las hectáreas contadas, los consejos comunitarios identificados. Todo lo que la Ley 70 hizo visible sirvió a los dos lados.

La economía del despojo: palma, madera y narcotráfico

Desde 1998 se introdujo la palma de aceite en el Bajo Atrato con el apoyo directo de agentes paramilitares. El epicentro fueron los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó y Pedeguita y Mancilla. Vicente Castaño, alias El Profe, reconoció públicamente haber conseguido empresarios para invertir en cultivos de palma en Urabá como estrategia de expansión territorial: la premisa era que la llegada de inversores atraería después a las instituciones del Estado. Según datos del Incoder, hacia comienzos de los años dos mil existían dentro del territorio colectivo de Curvaradó 3.636 hectáreas de palma africana sembradas, además de otras 198 hectáreas en la cuenca del Jiguamiandó, para un total reportado de 4.183 hectáreas en los territorios colectivos afectados.

La palma no fue el único negocio. Entre 2002 y 2006, el Bloque Elmer Cárdenas ejerció control territorial asociado a la consolidación de proyectos económicos en territorios étnicos: explotación maderera, agronegocios de palma, banano y plátano, ganadería extensiva y concesiones mineras. Desde el año 2000, Maderas del Darién S.A. (Madarién), junto con otros actores, aportó al Bloque Elmer Cárdenas entre veinte y treinta millones de pesos y le permitió usar las frecuencias de sus antenas repetidoras. Las empresas madereras pagaban al bloque el equivalente al 5 % de la producción sobre madera fina y el 3 % sobre madera ordinaria a cambio de seguridad, según declaración del propio Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, en versión libre de junio de 2007.

A esto se sumó el narcotráfico. El Bajo Atrato y el Darién eran corredores privilegiados hacia el Caribe y hacia Centroamérica; sus ríos, sus trochas y su frontera porosa hacían de la subregión una ruta ideal para la cocaína, y el bloque articuló sus finanzas entre palma, madera y estupefacientes. El BEC impulsó también un proyecto político —"Por un Urabá Grande, Unido y en Paz"— que en Riosucio, Unguía y Acandí adoptó el nombre de "Proyecto Político en el Darién Chocoano", con alianzas con políticos locales y financiación de candidatos de elección popular.

La correspondencia geográfica entre la expansión de la palma aceitera en Colombia y las regiones con desplazamiento forzado —Urabá, Magdalena Medio, Meta— no fue coincidencia. En el Bajo Atrato, el monocultivo formó parte explícita del proyecto político y económico de las Autodefensas, articulando despojo territorial y agroindustria en una estrategia de expansión financiada en parte con rentas del narcotráfico. La Ley 70 había fijado el mapa; los paramilitares y sus socios pusieron encima otro mapa, superpuesto, hecho de palma y motosierras.

La resistencia civil: Comunidades de Paz, Zonas Humanitarias, Atratiando

Contra ese vaciamiento, las comunidades produjeron figuras nuevas. A partir de 1997, quienes empezaron a regresar a sus territorios se organizaron en experiencias de resistencia civil conocidas como Comunidades de Paz y Zonas Humanitarias, mediante las cuales declararon su neutralidad frente a todos los actores del conflicto, incluida la fuerza pública. Era una apuesta arriesgada: en un territorio disputado por guerrilla, paramilitares y ejército, declararse por fuera del conflicto significaba quedar expuesto a los tres.

En 1999, pobladores y autoridades civiles de Bojayá elaboraron una Declaración por la vida y por la paz, un manifiesto de autonomía cívica frente a las presiones de los actores armados en el que se exigía respeto al derecho a la vida y a la libre movilización. Era un documento austero y político, escrito desde la orilla del río por gente que sabía que estaba en la mira de todos.

En noviembre de 2003 se realizó la peregrinación fluvial "Atratiando: por un buen trato en el Atrato": quinientos kilómetros en seis días, desde Quibdó hasta la desembocadura del río en Turbo, con el fin de recuperar la movilidad comunitaria por el río, entonces asfixiada por retenes armados y minas. Participaron las organizaciones más representativas de la región —el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), Cocomacia, OREWA y la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba)—, acompañadas por las diócesis de Quibdó y Apartadó y por la Defensoría del Pueblo. El Atrato es autopista y frontera; recuperarlo era, literalmente, recuperar el país que corre entre sus orillas.

La resistencia también tomó la forma menos épica del desplazamiento estratégico: las propias organizaciones campesinas reconocen que huir a tiempo, cuando no había espacio de diálogo ni posibilidad de confrontación directa, fue una forma de resistencia. En una subregión donde el Estado se comportó de manera depredadora, sin brindar la protección debida a la población marginal y excluida, la mera supervivencia colectiva —con memoria, con nombres y con retorno posterior— fue una victoria cultural.

La red: personas, cuencas, instituciones

Las trayectorias personales del Bajo Atrato se cruzan con nombres que trascienden la subregión. Marino López Mena es el mártir del Cacarica, cuya muerte en Bijao en 1997 sigue siendo referencia obligatoria. El general Rito Alejo del Río encarna la responsabilidad estatal en las operaciones de 1997. Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, comandante del Bloque Elmer Cárdenas, dejó en sus versiones libres de Justicia y Paz un registro detallado de las finanzas del bloque. Vicente Castaño, alias El Profe, formuló públicamente la estrategia de expansión mediante palma. Otros nombres del catálogo del conflicto colombiano —Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en el litoral Caribe; Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó entre 1995 y 1997 y voz temprana de denuncia sobre Urabá; el jesuita Francisco de Roux, luego presidente de la Comisión de la Verdad— tejen la red institucional y política en la que se leyó la tragedia del Bajo Atrato desde afuera.

Del lado de las comunidades, la red es fluvial. Cada cuenca tiene su historia. Cacarica: retorno, Zonas Humanitarias, símbolo internacional. Curvaradó y Jiguamiandó: despojo por palma, litigios de restitución, dobles y triples titulaciones. Salaquí y Truandó: escenario de la Operación Génesis. Domingodó: entre el desplazamiento y el retorno. Y sobre todos ellos, el Atrato: el río padre, que baja desde el Alto Chocó, atraviesa Quibdó, recibe todos los afluentes y desemboca en el golfo de Urabá cargando la memoria entera.

Las instituciones eclesiales pesaron. Las diócesis de Quibdó y Apartadó, junto con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, acompañaron los procesos de retorno, denunciaron el despojo y volvieron sobre las cuencas cuando ya no había ni Estado ni prensa. La Defensoría del Pueblo, la Defensoría Regional de Urabá, algunos jueces y magistrados —los que instruyeron los procesos por Génesis y Cacarica— también dejaron huella.

La reconfiguración posdesmovilización: del BEC a las AGC

La desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas, en el marco del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia, no cerró el ciclo: lo reconfiguró. Los Urabeños —también llamados Autodefensas Gaviristas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo— heredaron rentas, rutas y alianzas políticas del BEC y, desde aproximadamente 2006, consolidaron una hegemonía en Urabá que se explica por su estructura organizacional piramidal, más cohesionada que la desplegada después en su expansión hacia otros territorios. Esa cohesión permitió relevos concertados de comandantes y minimizó las divisiones internas.

Los Urabeños ingresaron al Chocó desde el norte por el Bajo Atrato y el Darién, avanzando hacia la parte central del departamento. Entre 2010 y 2011 sometieron al grupo Renacer tras una serie de choques y ataques a sus jefes. En 2012 expandieron su control hasta el Bajo Baudó y el Litoral del San Juan. Los Rastrojos, que en 2011 eran el grupo posdesmovilización más poderoso del Chocó, quedaron debilitados tras intentar entrar en territorios de Los Urabeños y por la persecución estatal; para 2014, sus integrantes se debatían entre someterse a la justicia o dejarse cooptar.

El ciclo posdesmovilización puede periodizarse en tres fases: entre 2006 y 2011, fragmentación y competencia armada; entre 2012 y 2017, consolidación hegemónica de las AGC y acuerdos estratégicos con otros actores; entre 2017 y 2020, disputa entre AGC y Los Caparrapos, con presencia además de crimen transnacional mexicano. En el sur de Urabá-Chocó —Mutatá, Chigorodó, zona rural de Saiza, Córdoba— la Defensoría Regional de Urabá señaló en 2013 acuerdos entre Los Urabeños y el Frente 58 de las FARC en torno al narcotráfico.

Un dato ilustra la reconfiguración: entre 2006 y 2015, apenas el 6 % del total de víctimas letales por violencia paramilitar en Turbo y Apartadó (40 de 666 registradas entre 1975 y 2015) correspondieron al período posdesmovilización. No fue paz: fue otra economía de la violencia, más silenciosa, más eficiente, apoyada sobre el andamiaje territorial ya construido por el BEC. La ferretería de la guerra cambió; el orden extractivo, no.

El Atrato como sujeto de derechos y las tensiones del reconocimiento

En medio de la violencia y sobre ella, las comunidades del Atrato produjeron uno de los actos jurídicos más audaces de la historia reciente colombiana. La Corte Constitucional, en respuesta a una demanda que alegaba la violación de los derechos a la vida, la salud, la educación y la movilidad de los habitantes ribereños, reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. La sentencia adoptó un enfoque ecocéntrico —en contraposición al antropocéntrico— que desplaza la centralidad del ser humano en la doctrina tradicional de los derechos y reconoce a entidades no humanas como titulares de protección.

El fallo abrió una fractura conceptual en el derecho colombiano. La idea de que el ser humano no está sobre la naturaleza sino dentro de ella, que las comunidades étnicas han vivido de ese modo, y que los ríos, las selvas y los ecosistemas tienen intereses jurídicamente reconocibles, desestabiliza los fundamentos epistémicos y ontológicos de la doctrina liberal de los derechos humanos. La perspectiva de las comunidades del Atrato entró así, por vía de la Corte, al razonamiento jurídico del Estado más allá del reconocimiento meramente formal del artículo transitorio 55.

Pero el reconocimiento convive con la ambigüedad. El comportamiento estatal en el Bajo Atrato ha sido descrito como depredador: no brindó la protección debida a la población marginal y excluida en los momentos críticos, y la distancia entre los derechos constitucionales y la realidad vivida sigue siendo enorme. La superposición de zonas de reserva forestal y parques nacionales sobre territorios colectivos impone obligaciones de protección ecológica a las comunidades que no se exigen a titulares de propiedad privada ordinaria, y en ciertos casos abre la puerta a su reubicación. El río es sujeto de derechos; sus habitantes, en la práctica, no siempre lo son.

La huella: qué queda, qué se disputa

El Bajo Atrato entró al siglo XXI con más figuras jurídicas y más muertos que en toda su historia previa. Los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó siguen litigando la restitución de tierras contra ocupantes de mala fe y palmicultores; Cacarica sostiene sus Zonas Humanitarias como experiencia viva; Ascoba, FISCH, Cocomacia y OREWA continúan siendo interlocutores fundamentales del gobierno regional y nacional. La sentencia del Atrato como sujeto de derechos es referencia global del constitucionalismo ecológico. La Comisión de la Verdad recogió testimonios de la subregión que hoy están en el archivo de esclarecimiento del conflicto.

Al mismo tiempo, Riosucio es la principal puerta colombiana del cruce migratorio hacia el Darién. Miles de personas —venezolanas, cubanas, haitianas, africanas, asiáticas— pasan cada semana por el Bajo Atrato en su ruta hacia el norte, moviendo una economía informal y a menudo violenta que los grupos armados controlan y gravan. Las AGC siguen presentes; el narcotráfico, también. La subregión que se llenó de motosierras se ha llenado ahora de mochilas y de niños perdidos en la selva.

Leer al Bajo Atrato es leer, en escala regional, la contradicción central del proyecto colombiano contemporáneo: reconocimiento pluriétnico y despojo simultáneo, derechos formales y violencia estructural, río sujeto de derechos y ribereños expuestos al abandono. La Ley 70 fue arma de resistencia y mapa del saqueo; el Estado fue litigante contra el paramilitarismo y también socio operativo suyo en Génesis y Cacarica; las comunidades fueron víctimas y también arquitectas de instrumentos jurídicos que hoy irradian hacia el resto del país. En las orillas del Atrato, todas esas cosas ocurrieron y ocurren a la vez.

Lo que el Bajo Atrato le enseña al país no es una lección de margen ni de exotismo tropical. Es la advertencia de que las categorías con las que Colombia se piensa desde el centro —Estado de derecho, propiedad, ciudadanía, frontera— se prueban de verdad en los lugares donde el poder llega tarde, mal o disfrazado. Y en esos lugares, quienes resisten no son víctimas ejemplares: son actores políticos que producen derecho, memoria y territorio contra la corriente. El río Atrato, sujeto ahora de sus propios derechos, arrastra esa historia hacia el mar cada día.