Ensayo · Transversal · —
Presencia diferenciada del Estado en las periferias colombianas
En Colombia el Estado llega a sus márgenes —Pacífico, Amazonía, Llanos, Catatumbo, fronteras— primero como ejército, fumigación o masacre, y solo después como escuela o juzgado. La pregunta es si ese orden inverso es un déficit administrativo corregible o una estructura deliberada de soberanía diferenciada producida históricamente por las élites andinas.
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La respuesta en breve
La llamada 'ausencia del Estado' en las periferias colombianas no describe un vacío sino una presencia diferenciada y violenta: el Estado llegó a esos territorios como coerción extractiva —misiones de castigo, colonias penales, Ejército al servicio de enclaves, paramilitarismo con penetración institucional documentada— y solo marginalmente como derechos. Ese patrón no es falla coyuntural sino estructura de larga duración: desde la conquista incompleta de pijaos y chocoanos, pasando por la Casa Arana en el Putumayo, la masacre de las Bananeras de 1928 y las 88 masacres paramilitares de 1997-2001, un mismo repertorio de coerción delegada a redes privadas organizó la relación entre el centro andino y sus márgenes. La Constitución de 1886 consagró jurídicamente esa jerarquía: Putumayo no fue departamento hasta 1991, y sus habitantes vivieron casi un siglo bajo un régimen constitucional que les reconocía menos derechos que a un habitante del altiplano. El conflicto contemporáneo no produjo la fragmentación de la soberanía colombiana; la radicalizó.
La tesis de la presencia diferenciada enfrenta dos objeciones sustantivas. La primera, de corte estructural-económico, sostiene que la violencia periférica obedeció menos a un diseño de las élites andinas que a la lógica autónoma de las economías extractivas: cada bonanza —oro, caucho, banano, petróleo, coca— generó conflicto y forzó respuestas estatales reactivas sin plan previo, lo que haría del Estado un actor más reactivo que arquitecto. La segunda, de corte agencial, advierte que las comunidades periféricas no fueron víctimas pasivas: colonos que resistieron desalojos, organizaciones afrocolombianas que construyeron la Ley 70, campesinos cocaleros que negociaron con el gobierno en 1996-1997, pueblos indígenas amazónicos y wayuu produjeron el Estado periférico tanto como lo padecieron, lo que cuestiona cualquier lectura que reduzca la periferia a objeto de dominación. Frente a la primera objeción, el patrón de respuesta estatal a cada bonanza fue sorprendentemente uniforme —siempre coerción al servicio de la extracción, nunca redistribución—, lo que sugiere repertorio aprendido más que improvisación. Frente a la segunda, los reconocimientos existieron y luego fueron erosionados, invadidos o combatidos, lo que convierte la agencia comunitaria no en refutación del patrón sino en el terreno donde el patrón se defiende. Una tensión adicional separa las lecturas geográficas —que hacen de la selva y la montaña las culpables de la fragmentación— de las lecturas político-institucionales que señalan decisiones concretas de las élites republicanas, en particular el diseño centralista de 1886 y la categoría jurídica de 'baldío' que convirtió presencia humana en vacío legal.
Ensayo completo
La lectura
¿Es la violencia en las periferias colombianas el resultado de un Estado ausente, o el producto de una forma específica de estar presente?
En Colombia, el Estado suele llegar primero como tropa, como fumigación aérea o como masacre, y solo mucho después —si acaso— como escuela, notaría o juzgado. Ese orden inverso no es un accidente ni un atraso administrativo pendiente de modernización: es el patrón sistemático mediante el cual el país fue armado. Desde la conquista tardía de pijaos y chocoanos hasta los falsos positivos del Meta, pasando por las misiones de castigo, la Casa Arana, la masacre de las Bananeras de 1928, La Violencia, las colonias penales de Araracuara y las incursiones paramilitares en El Placer y Bahía Portete, un mismo hilo conecta episodios que la historiografía suele tratar por separado. Ese hilo es una modalidad de soberanía: no la ausencia del Estado en sus márgenes, sino su presencia diferenciada, delegada a redes privadas de coerción y organizada para extraer sin retribuir. La pregunta, entonces, es si esa forma de gobernar lo periférico constituye un déficit por corregir o una estructura por comprender.
Una tradición interpretativa —de ciertos diagnósticos oficiales al sentido común político colombiano— ha descrito la violencia periférica como consecuencia de un "vacío" estatal. Donde no hay Estado, dice el argumento, otros llenan el hueco: guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares. La solución, correlativa, sería llevar el Estado a esas regiones: más batallones, más carreteras, más registradurías, más presencia. Treinta años de programas presidenciales, descentralización y desmovilizaciones se han apoyado en ese diagnóstico y, sin embargo, las brechas regionales en capacidad institucional y calidad de vida siguen abiertas, la violencia sigue concentrándose en las mismas geografías, y las periferias siguen siendo periferias.
El problema con la tesis del vacío no es solo empírico: es conceptual. Supone que el Estado colombiano tenía un proyecto de integración territorial completo, inconcluso por falta de recursos, geografía difícil o mala gestión. Pero la geografía no basta: Bolivia, Perú y Ecuador comparten con Colombia selvas, cordilleras y fronteras extensas, y produjeron formas estatales distintas. Estados Unidos construyó en el siglo XIX un aparato funcional con baja base fiscal y territorio hostil. Si la geografía no explica el patrón colombiano, hay que buscarlo en otra parte: en las decisiones políticas de sus élites, en las economías que estructuraron el orden social y en la manera específica en que la coerción fue distribuida entre agentes públicos y privados. De la respuesta depende si el conflicto colombiano se entiende como falla del proyecto nacional o como uno de sus productos.
Hay un concepto que reordena la discusión: en lugar de "ausencia" del Estado, presencia diferenciada. La distinción es fina y decisiva. Ausencia sugiere un negativo, algo que falta y podría estar; presencia diferenciada, en cambio, describe un Estado que sí está —con sus fuerzas armadas, sus jueces, sus impuestos, sus contratos de concesión—, pero que está de manera desigual, selectiva y con lógicas distintas según el lugar. En el altiplano y las capitales departamentales se presenta como administración civil, tribunales, escuelas; en Putumayo o el Bajo Atrato aparece como Ejército, fumigación, colonia penal o batallón contrainsurgente. No es que llegue tarde: llega de otra forma.
La reformulación tiene consecuencias. Contra las lecturas geográficas —que hacen de la selva y la montaña las culpables— y contra las narco-céntricas —que reducen el conflicto a la irrupción del narcotráfico en los años ochenta—, la noción de presencia diferenciada obliga a rastrear una temporalidad más larga. La fragmentación de la soberanía colombiana viene de lejos, y el conflicto contemporáneo no la produjo: la radicalizó. El material demográfico avala la lectura: hacia finales del siglo XX, de 27,3 millones de habitantes, cerca del 65 % vivía en el núcleo andino, alrededor del 19,8 % en la Costa Caribe, el 11,1 % en el Cauca y el Pacífico, y apenas el 2,8 % en los Llanos y la Amazonía —proporciones que apenas se habían movido desde el orden colonial tardío. El país se pensó, se administró y se gobernó desde una fracción minoritaria de su geografía.
En tensión con esa lectura estructural aparecen dos objeciones que conviene no ignorar. La primera sugiere que la formación estatal periférica obedeció menos a un diseño de las élites andinas que a la lógica autónoma de las economías extractivas: cada bonanza —oro, caucho, banano, petróleo, coca— atrajo migrantes, generó conflicto y forzó respuestas estatales reactivas, sin plan previo. La segunda insiste en que las comunidades periféricas no fueron víctimas pasivas de un centro omnipotente: colonos que resistieron desalojos y obtuvieron adjudicaciones, organizaciones afrocolombianas que construyeron la Ley 70, campesinos cocaleros que negociaron con el gobierno en 1996-1997, comunidades wayuu, indígenas amazónicas y ligas campesinas produjeron el Estado periférico tanto como lo padecieron. Ambas objeciones tienen fuerza y deben incorporarse a cualquier respuesta seria. La primera se resuelve, en parte, cuando se observa que las respuestas estatales a cada bonanza fueron sorprendentemente parecidas entre sí y sorprendentemente parecidas a lo que las élites hacían en el núcleo andino frente a los conflictos agrarios: la reacción no fue un improvisado ir tras la novedad, sino la aplicación de un repertorio ya probado. La segunda —la agencia comunitaria— exige un tratamiento más lento, porque es donde el patrón se agrieta de verdad y donde también, como se verá, el patrón se defiende: los reconocimientos existieron, y luego fueron erosionados, invadidos o directamente combatidos.
El orden colonial ya operaba con la lógica que después heredaría el republicano. Las misiones de los Llanos y del Chocó eran destinos de castigo dentro de la estructura eclesiástica: a ellas no iban ni los mejores ni los más numerosos de las órdenes religiosas. El Chocó, elevado a superintendencia y luego a gobernación desde 1713, fue tratado como despensa extractiva de oro y platino sin que la administración española lograra jamás consolidar núcleos urbanos estables ni controlar el contrabando; los propietarios de minas ejercían una influencia arbitraria que frustraba una y otra vez los intentos fiscales. La resistencia indígena en el Alto Magdalena —el territorio pijao— y en los Llanos Orientales retrasó por décadas la ocupación española. La conquista, en Colombia, fue lenta e incompleta, y esa incompletud dejó una geografía donde el poder central se detenía en los bordes del altiplano.
La independencia no rompió el patrón: lo ratificó con otro vocabulario. Al romper con España, la propiedad privada colonial cubría solo una pequeña fracción del territorio; el resto era, en el lenguaje jurídico republicano, "baldío". La categoría es reveladora: llamar baldío a un territorio ocupado por indígenas, afrodescendientes cimarrones o campesinos sin título era el gesto que convertía presencia en vacío. Sobre esa ficción legal se construyó todo lo demás. La guerra de independencia destruyó las misiones llaneras —en 1821 solo quedaban en pie cuatro de las que había antes—, diezmó la ganadería y consolidó el caudillismo. El Estado decimonónico no reconstruyó lo destruido; se contentó con delegar el orden a notables locales.
La Regeneración de 1886, con Miguel Antonio Caro como arquitecto, cerró el ciclo centralista. Contra el federalismo de 1863, impuso un diseño institucional que subordinó las periferias geográficas y culturales a Bogotá, invisibilizando de paso a indígenas y afrodescendientes. El estatuto jurídico de la periferia consagró esa jerarquía: mientras el país se dividía en departamentos con derechos plenos, las regiones más extensas quedaron como intendencias y comisarías especiales, categorías de menor rango donde el gobernador era nombrado desde Bogotá y los derechos políticos de los habitantes estaban recortados. Putumayo fue declarado intendencia apenas en 1968 y elevado a departamento solo en 1991, con la nueva Constitución, junto con los demás Territorios Nacionales. Durante casi un siglo, los ciudadanos del sur amazónico y de buena parte del Pacífico ecuatorial vivieron bajo un régimen constitucional que los reconocía menos que a un habitante de Boyacá o de Antioquia.
Sobre esa geografía jurídica desigual se desplegó la primera de las economías de enclave modernas. La Casa Arana —The Peruvian Amazon Co. Ltd., de Julio César Arana— monopolizó desde antes de 1910 la extracción cauchera en los afluentes del Putumayo, y sometió a los pueblos indígenas de la región a trabajo forzado, servidumbre por deudas hereditarias, tortura y asesinato en condiciones equivalentes a la esclavitud. Cuando en 1922 el gobierno peruano, por gestión del propio Arana, expidió un título de propiedad sobre 5,7 millones de hectáreas denominadas "Putumayo" —en violación de la soberanía colombiana y de la propia ley peruana, que limitaba las adjudicaciones a 50.000 hectáreas sin autorización del Congreso—, el Estado colombiano descubrió, tarde, que su ausencia había sido llenada por una empresa privada extranjera. Roger Casement, el diplomático británico que documentó las atrocidades, no encontró Estado colombiano en el Putumayo. Encontró Casa Arana.
El patrón se repitió con el banano en el Magdalena. Hacia 1921, la United Fruit Company controlaba el 59 % de la tierra productiva e improductiva de la zona bananera, más el ferrocarril y el transporte marítimo. Operaba mediante contratistas intermediarios que enganchaban a unos 30.000 trabajadores —mecanismo diseñado para eludir obligaciones laborales directas— y pagaba en vales canjeables solo en sus comisariatos. Cuando estalló la huelga a fines de 1928, el Estado colombiano no se presentó como árbitro ni como mediador: se presentó como Ejército. La Ley 69, promulgada el 2 de noviembre de ese año —celebrada con telegramas de felicitación por jerarcas católicos—, había penalizado semanas antes las asociaciones "con fines subversivos", el fomento de huelgas y la apología del delito. El general Carlos Cortés Vargas invocó incluso la amenaza de invasión de marines estadounidenses para justificar la urgencia. La tragedia de diciembre de 1928 en Ciénaga no fue una anomalía: fue la respuesta esperada de un Estado que en la periferia bananera existía como coerción al servicio de una compañía extranjera.
Las huelgas petroleras de Barrancabermeja contra la Tropical Oil Company en 1924 y 1927 —esta última con paros de solidaridad de portuarios del Magdalena y enfrentamientos armados con la tropa, organizadas con Raúl Mahecha— habían dejado ya el molde. El Estado llegaba al enclave extractivo cuando la protesta amenazaba la extracción, y llegaba armado. El resto del tiempo, la compañía gobernaba.
La Violencia entre 1946 y 1958 escaló el patrón. En una sociedad donde el conflicto agrario ya había producido ligas campesinas, invasiones de baldíos y respuestas gubernamentales del lado de los terratenientes —con fuerza pública y con medidas económicas—, la guerra bipartidista destruyó cerca de 400.000 parcelas campesinas concentradas en Valle, Tolima, Cundinamarca, Caldas y Santander, muchas transferidas mediante ventas fraudulentas a precios irrisorios. La Ley 200 de 1936 de Alfonso López Pumarejo, que intentó ordenar la propiedad sobre baldíos, no fue una reforma redistributiva y no alteró la estructura agraria heredada de la colonia. El desplazamiento tomó dos rutas: la migración a ciudades y la colonización espontánea más allá de la frontera agrícola, hacia el piedemonte oriental, el Magdalena Medio, el sur del país. Putumayo, en particular, recibió desde los años cincuenta oleadas de colonos nariñenses y huilenses; el descubrimiento de petróleo por la Texas Petroleum Company a comienzos de los sesenta, en Orito y La Hormiga, y la irrupción cocalera desde los ochenta —cuando el narcotráfico impulsó el cultivo para reemplazar la base peruana— atrajeron nuevas migraciones. Cada bonanza produjo su propia geografía de violencia. José Gonzalo Rodríguez Gacha instaló una base paramilitar en Puerto Asís, inaugurando en el sur una presencia que después haría metástasis.
Ese fue el escenario donde, entre 1997 y 2001, se concentró la fase más devastadora del paramilitarismo colombiano: 88 masacres cuyo objetivo declarado, según los propios perpetradores, era controlar territorio y disciplinar a la población. Las Autodefensas Unidas de Colombia entraron a Putumayo desde 1997-1998, comenzando por Puerto Asís y extendiéndose a El Placer, La Dorada y El Tigre. Los ataques a Mapiripán, El Aro, La Granja, El Salado, Chengue, y más adelante a Bahía Portete en 2004 —donde las AUC atacaron y torturaron públicamente a mujeres líderes wayuu, transgrediendo los códigos de guerra de la comunidad— y al río Naya en 2001, dibujaron un mapa: la violencia se concentró en las mismas geografías que habían sido periferia extractiva y baldío jurídico durante siglos. La disposición teatral de los cuerpos, la sevicia visible, funcionaban como pedagogía: enseñaban a las comunidades el costo de resistir el control territorial y advertían a las guerrillas sobre el tipo de guerra que se les ofrecía.
Que esa violencia coincidiera con una penetración documentada del paramilitarismo en organismos de inteligencia y en unidades de la fuerza pública no es coincidencia. El director del DAS Jorge Noguera Cotes fue condenado en 2011 por concierto para delinquir agravado y como autor mediato del homicidio del académico Alfredo Correa de Andreis, en alianza con alias "Jorge 40". El general Mauricio Santoyo facilitó comunicaciones entre fuerza pública y grupos paramilitares. En los Llanos, exmiembros del Bloque Centauros describieron prácticas de coordinación con el Ejército para presentar civiles como bajas en combate: el Meta fue el departamento con mayor cifra de ejecuciones extrajudiciales bajo jurisdicción del BCe. La categoría de "falso positivo" no describe un exceso: describe una lógica —la misma que, transformada, va de las Bananeras a El Tigre y El Placer— por la cual el Estado gestiona sus márgenes mediante violencia sistémica.
Sobre los cuerpos, esa lógica dejó su huella más específica. El desplazamiento forzado afectó a más de cuatro millones de mujeres —el 50,1 % de las víctimas registradas—, con impacto desproporcionado sobre indígenas, afrocolombianas y campesinas. La violencia sexual fue practicada por paramilitares, guerrillas y fuerza pública como mecanismo asociado al control territorial. La impunidad frente a esos crímenes alcanza el 92 % en los casos del Auto 092 de 2008 y el 97 % en los del Auto 009 de 2015: hacia 2016, cerca del 41 % de los casos del Auto 092 estaban archivados y solo el 1,7 % había llegado a juicio. Esas cifras no son una falla coyuntural del sistema judicial; son el indicador más nítido de qué cuerpos cuentan para el Estado colombiano y cuáles no.
La respuesta a la pregunta que abre este ensayo puede formularse con densidad y coherencia poco frecuentes: en Colombia la periferia no ha sido gobernada por ausencia sino por una presencia diferenciada cuya lógica dominante fue —y sigue siendo— habilitar la extracción y contener la protesta mediante coerción delegada. Ese patrón es de larga duración: va del Chocó colonial a las bonanzas del caucho, del banano y del petróleo, atraviesa La Violencia, se prolonga en la expansión paramilitar y se refina en los falsos positivos. La forma jurídica de esa diferenciación —territorios nacionales frente a departamentos, baldíos frente a propiedad privada, comisarías frente a gobernaciones plenas— consagró que los habitantes de esas regiones tuvieran menos derechos, menos voz y menos protección que los del núcleo andino. La forma económica —enclaves extractivos cuyas ganancias nunca se reinvirtieron en la región— aseguró que la riqueza saliera y la violencia se quedara. La forma coercitiva —Ejército, fumigación, masacre— llegó siempre antes que la escuela y el juzgado.
Que Colombia comparta con sus vecinos andinos condiciones geográficas y una herencia colonial similar sugiere que la excepcionalidad colombiana no reside en el modelo de formación estatal en abstracto, sino en la intensidad, duración y sofisticación con que ese modelo se articuló con actores armados privados. El paramilitarismo penetró organismos de inteligencia, fuerzas militares y policiales de una manera que lo distingue de los señores de la guerra o de los insurgentes clásicos: no fue exterior al Estado, fue una modalidad de su ejercicio delegado. Esa articulación no puede reducirse a la geografía, ni a las bonanzas extractivas por sí solas, ni al narcotráfico: la violencia también ocurrió en zonas planas, integradas y agrícolas —Ciénaga, los Montes de María, el Magdalena Medio, el Meta llano— donde el problema no era la selva sino la delegación del orden a redes de notables, terratenientes y contratistas privados a cambio de lealtades políticas. La imagen de una sociedad dual, que reservó para la periferia un régimen paralelo al del núcleo andino, sigue siendo útil para nombrar esa estructura.
Sostener que se trata de un patrón no equivale a afirmar que fue un plan omnisciente. Aquí es donde el matiz importa, y donde también late lo no resuelto. El Estado colombiano no siempre fue coherentemente represivo ni uniformemente ausente. La persistencia de colonos en los baldíos a veces se compensó con adjudicaciones legales. La Constitución de 1991 introdujo por primera vez la multietnicidad como principio nacional y ordenó, por el artículo transitorio 55, expedir legislación para las comunidades negras: de ahí salió la Ley 70 de 1993, con la ACIA del medio Atrato como referente organizativo clave. La titulación colectiva reconoció la ocupación histórica del Pacífico —Curvaradó con más de 46.000 hectáreas, Jiguamiandó con cerca de 55.000, entre muchas otras—, y los Territorios Nacionales se convirtieron en departamentos ese mismo año. Los campesinos cocaleros de Putumayo firmaron acuerdos con el gobierno en 1996 y 1997 para buscar alternativas productivas legales dentro del programa Plante. Estas fisuras existieron, y no fueron menores.
Pero el propio material muestra qué pasó con ellas. La Ley 70, a más de veinte años de su promulgación, no ha sido reglamentada en su totalidad. Los títulos colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó fueron invadidos con siembra de palma africana. Los acuerdos con los cocaleros del Putumayo fueron seguidos por represión de la fuerza pública, señalamientos de infiltración guerrillera y, poco después, por la incursión paramilitar. La hermana Yolanda Cerón fue asesinada en Tumaco; la masacre del Naya ocurrió en 2001. Los líderes territoriales afrocolombianos fueron señalados, amenazados y asesinados. Las fisuras existieron, pero fueron toleradas, ignoradas o revertidas mediante violencia. La gramática de dominación admitió excepciones y luego se las cobró. Queda por medir cuánto pesó en cada ciclo el diseño y cuánto la contingencia de cada bonanza —una tarea que probablemente varía por región y por período, pero que no invalida la lógica dominante—; y queda también la sospecha, mucho más incómoda, de que el reconocimiento jurídico llegó justo cuando la coerción privada arreciaba sobre los mismos territorios.
Esa sospecha se condensa en una imagen: una puerta que se abre exactamente cuando otros entran a saquear. Ley 70 en 1993, palma africana sobre Curvaradó a fines de esa década. Territorios Nacionales convertidos en departamentos en 1991, incursión de las AUC en Putumayo en 1997. Acuerdos con cocaleros en 1996 y 1997, base paramilitar de Rodríguez Gacha ya instalada en Puerto Asís, aspersiones aéreas y desembarco de las AUC pocos meses después. Reconocimientos que llegaron con toda su carga simbólica —la nación multiétnica, la ciudadanía plena de los antiguos Territorios Nacionales, la sustitución concertada— justo mientras, sobre el terreno, la coerción delegada avanzaba con paso firme. No hace falta postular una conspiración para leer la coincidencia: basta observar que, en el diseño colombiano de la periferia, el derecho reconocido y la violencia privada nunca compitieron por el mismo espacio, porque cada uno cumplía su función. El derecho legitimaba al centro; la coerción disciplinaba al margen.
La respuesta, entonces, es doble y no dividida. Sí hay patrón: fuerza antes que derechos, delegación de la coerción a redes privadas, extracción sin retorno, jerarquía jurídica del territorio, impunidad de la violencia contra los cuerpos periféricos. Y sí hay agencia y fisura: comunidades que arrancaron reconocimientos, colonos que consiguieron títulos, movilizaciones que forzaron leyes. Lo que no hay es un Estado ausente. Hay un Estado que, en la periferia, se presenta bajo la forma que mejor le sirve para producir el tipo de ciudadanía —recortada, condicional, revocable— que las élites del núcleo andino han considerado adecuada para gobernar sin ser gobernadas de vuelta.
El Catatumbo, hoy, es el laboratorio donde esa hipótesis se juega su pertinencia. La región tiene todos los ingredientes del patrón: frontera con Venezuela, petróleo desde los años treinta con la Colombian Petroleum Company, coca desde los ochenta, palma africana en su periferia agrícola, minería de carbón, presencia histórica del EPL, del ELN, de disidencias de las FARC, del Clan del Golfo y de estructuras herederas del paramilitarismo. Tiene también un catálogo de masacres —La Gabarra en 1999, Tibú en distintos momentos, La Silla en 2022, el desplazamiento masivo de 2025— que reproduce con dolorosa fidelidad la coreografía de El Placer, El Salado o Chengue. Tiene, sobre todo, una condición jurídica ambigua: es formalmente parte de Norte de Santander, con todos los derechos constitucionales, pero opera bajo estados de excepción intermitentes, con presencia militar dominante y con civiles cuya vida cotidiana se rige más por el veto armado que por la administración civil. Es Putumayo en 1999. Es la zona bananera en 1928.
Y es aquí donde el acuerdo de 2016 —firmado en Cartagena, refrendado en el Congreso tras el revés del plebiscito— entra en la prueba decisiva. El acuerdo prometió, entre otras cosas, una reforma rural integral, la sustitución concertada de cultivos ilícitos, la formalización de la propiedad, garantías de seguridad para líderes sociales y una jurisdicción especial de justicia transicional. Prometió, en el vocabulario de este ensayo, alterar simultáneamente las tres formas de la presencia diferenciada: la jurídica, la económica y la coercitiva. Casi diez años después, el balance no es promisorio. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) fue subfinanciado, ejecutado con retrasos y, en muchas veredas, seguido —como en Putumayo veinte años antes— por erradicación forzada, señalamiento y violencia contra los firmantes. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pensados para los dieciséis territorios más afectados por el conflicto, avanzaron desigualmente y sin la reforma rural que les daba sentido. El asesinato sistemático de firmantes del acuerdo y de líderes sociales —superior a 400 en los años posteriores— indicó, con la misma pedagogía de siempre, quién manda en el terreno. Y el Catatumbo, que debía ser epicentro de esa reconstrucción, es hoy el escenario del desplazamiento masivo más severo de la posfirma.
La pregunta se vuelve, entonces, del porvenir. Si la presencia diferenciada es estructural y no coyuntural, la implementación del acuerdo debería medirse no por su vocabulario ni por sus indicadores de gestión, sino por si consigue romper la vieja secuencia: si la escuela llega antes que el batallón, si el juzgado antes que el paramilitar, si la titulación antes que la palma, si la protección al líder antes que su asesinato. Si la puerta se abre —esta vez— sin que nadie entre por ella a saquear. Nada en los ciclos anteriores obliga al optimismo, y sin embargo la excepcionalidad no es imposible: para reconocerla habría que ver en el Catatumbo lo que no se vio en Putumayo, ni en Curvaradó, ni en la zona bananera. Habría que ver, por una vez, a un Estado que en la periferia deja de ser lo que ha sido: no ausencia, sino presencia armada al servicio de la extracción. Mientras tanto, la pregunta con que abre este ensayo tiene una respuesta provisional y áspera: la violencia en las periferias colombianas no es el resultado de un Estado ausente. Es el producto de una forma específica de estar presente, cuya continuidad —de la Casa Arana al Catatumbo— es la marca más duradera del país.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
82 documentos · 86 fragmentos de referencia01Colombia: Territorial Rule and the Llanos FrontierJane M. Rausch · 1999 · p. 5, 232 fragmentos
[1]includes some 253,000 square kilometers of Colombian territory and stretches on into Venezuela for another 300,000 square kilometers. South of the Guaviare River is the second region, Amazonia. Its 420,875 square kilometers of tropical rain forest extend to the borders of Peru, Ecuador, and Brazil. Third, stretching…
p. 23
[2]these percentages had changed little: of a total of EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 7:55:30 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. Page 7 Map 1. Colombia: intendancies and comisar í as, 1931 – 1946 Source: Vila, Nueva Geograf í a de…
p. 5
02Historia de la religión en ColombiaJosé David Cortés Guerrero, Juana María Marín Leoz, Leonardo García Rincón · 2022 · p. 141 fragmento
[3]algunas regiones, como las actuales Antioquia y Santander, la influencia de las órdenes religiosas fue mucho más reducida, al punto de no existir sino muy pocos conventos y casas religiosas durante los siglos y. XVI, XVII XVIII Tan estrecho fue el vínculo de las órdenes con los poderes civiles, que su establecimiento…
p. 14
03La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 391 fragmento
[4]HÉROES DEL CHOCÓ 39 Las condiciones geográficas y climáticas se articulan con dinámicas pro- ductivas que han configurado las formas de poblamiento del Chocó. Desde el periodo colonial, se ha percibido al departamento como una despensa de recursos extractivos como el platino y el oro. Desde esta visión, se han ex-…
p. 39
04Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia: Massacre at Bellavista-Bojayá-ChocóAurora Vergara-Figueroa · 2018 · p. 651 fragmento
[5]gave and contracted smallpox and were particularly susceptible to many tropical fevers. Because seventeenth-and- eighteenth century accounts describe the Chocó simply as fever-ridden (…). (4) This suggests three dimensions that seem central to my reading of the significance of this description. First, the way in which…
p. 65
05Manual de Historia de Colombia, Tomo IJaime Jaramillo Uribe (Director Científico), Gerardo Reichel-Dolmatoff, Juan Friede, Jorge Palacios Preciado, Alberto Corradine Angulo, Francisco Gil Tovar, María Teresa Cristina · 1982 · p. 2341 fragmento
[6]contactos permanentes con contra bandistas franceses, ingleses y holandeses. Desde otro punto de vista, el Chor ó caracteriza'muy bien, los esfuerzos de la administraci ó n espa ñ ola por integrar fiscalmente estas regiones fronterizas. Desde 1713 el oidor Aramburu hab í a sido comisionado para asentar un poblamiento…
p. 234
06Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)Catherine LeGrand · 2016 · p. 671 fragmento
[7]Colonial Colombia (Austin, 1982)*, y Jane M. Rausch, A Tropical Plains Frontier: The Llanos ofColombia 1531-1831 (Albuquerque, 1984). Para un vistazo general de los escritos colombianos sobre el período colonial, véase Bernardo Tovar Zambrano, La colonia en la historiografta colombiana (Bogotá, 1984). COLONIZACIÓN Y…
p. 67
07Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos OrientalesJane M. Rausch · 2013 · p. 141 fragmento
[8]2 The deathblow to this relatively prosperous colonial province came with the War of Independence (1810–1821), when patriot soldiers raided the Llanos missions, recruiting the natives to fight against the royalists and sacking the churches. The clergy who stayed at their posts received neither subsidies nor military…
p. 14
08La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 341 fragmento
[9]Cubeos, entre otros. Pero es- tos pueblos fueron objeto de un sistemático proceso de extermi- 35 1 De los Andes a la selva: la conquista de la Manigua. Geografía de la colonización en el Caquetá nio y reducción. La inserción del espacio amazónico en la nación comenzó con las exploraciones e incursiones de los…
p. 34
09Colombia's Forgotten Frontier: A Literary Geography of the PutumayoLesley Wylie · 2013 · p. 111 fragmento
[10]been treated as a place of exile or, conversely, escape. In the early years of the twentieth century under the presidency of Reyes political prisoners were banished from Colombia by way of the Putumayo and from 1938 to 1971 some five thousand Colombians passed through the infamous penal colony by the Araracuara…
p. 11
10Historia económica y social de Colombia IIGermán Colmenares · 1999 · p. 1731 fragmento
[11]las declara- ciones disminuyen de nuevo. Entre 1755y1765 hubo una cierta estabilidad y a partir de 1770 una nueva recuperación. Durante el resto del siglo, Caloto y el resto del distrito de Popayán hi- cieron declaraciones más cuantiosas que Nóvita. Este crecimiento debe atribuirse a la multiplicación de las…
p. 173
11Historia de Colombia. País fragmentado, sociedad divididaFrank Safford, Marco Palacios · 2012 · p. 841 fragmento
[12]escritor criollo, atribuyó la p ro d u c tiv id ad y la p ro sp e rid ad de G uanentá a la parcelación de sus tierras en u n id ad es relativam ente pequeñas, algo que estaba dictado principalm ente por la topografía. V argas anotó que en esas com arcas la m ayoría de la población poseía pequeñas parcelas y, según la…
p. 84
12La masacre de El Tigre. Un silencio que encontró su vozGonzalo Sánchez G., Martha Nubia Bello Albarracín, Andrés Cancimance López · 2011 · p. 161 fragmento
[13]en una de las obligaciones funda- 16 La masacre de El Tigre, Putumayo mentales del Estado colombiano, cuando por acción u omisión ha contribuido al sufrimiento de los ciudadanos y ciudadanas (GMH, 2009a). En la cuarta parte, proponemos unas recomendaciones en tor- no a la Verdad, la Justicia y la Reparación, con el…
p. 16
13Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 321 fragmento
[14]definición de límites de Colombia con Ecuador, perdió gran parte de su territorio mediante la Ley 56 de 1916 y en 1943 nuevamente perdió territorio cuando La Cocha fue anexada a Nariño (Ley 26 de 1943). La parte del bajo Putuma- yo perdió territorio cuando se creó la Comisaría especial del Amazonas (Ley 2 de 1943). En…
p. 32
14Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 1711 fragmento
[15]su marginalidad. Para permitir y justificar la violencia se acuerdan derechos y reglas fuera de las leyes estatales. Hoy, los habitantes del Putumayo se remiten a este periodo histórico para explicar el por qué de la “barbarie” que según sus dirigentes, caracteriza la violencia en el departamen- to (Plan de Desarrollo…
p. 171
15Breve historia de la narrativa colombiana. Siglos XVI-XXSebastián Pineda Buitrago · 2012 · p. 1721 fragmento
[16]Congreso a los caucheros imperialistas — trasnaciona- les— que practicaban aún el esclavismo. Pero quedó todavía más indignado frente a la indiferencia de los parlamentarios y legisladores colombianos, encerrados en la alta sabana de Bogotá, mientras los límites —la realidad— se desparramaba incontrolable hacia los…
p. 172
16Putumayo: la vorágine de las caucherías. Memoria y testimonio. Segunda parteAugusto Javier Gómez López (relator y compilador); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 5141 fragmento
[17]enero de 514 Putumayo: la vorágine de las caucherías. Memoria y testimonio 1910 – Señor Gerente de las Rentas Departamentales – Popayán. – Tengo el honor de rendir a usted el informe que me solicitó en su atento oficio de 18 de diciembre último: 1º. Hace tres años que los señores Arana y Compañía quienes desde el año…
p. 514
17Putumayo: la vorágine de las caucherías. Memoria y testimonio. Primera parteAugusto Javier Gómez López (relator y compilador); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 1291 fragmento
[18]las demás sociedades de comercio que explotaran las regiones caucheras 51. Las circunstancias de no poseer títulos sobre aquella extensión territorial colocaba a la empresa en una situación vulnerable y, en consecuencia, dadas las influencias de Julio César Arana en su país, por intermedio del Ministerio de Fomento…
p. 129
18Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 411 fragmento
[19]Municipio de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo -Acilapp; Asociación de Cabildos Indígenas de Orito Putumayo - Aciop; Asociación Indígena Pueblo Awá - AIPA; Asociación de Cabildo Indígenas de Puerto Caicedo - Asocipca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón, Putumayo. Acimvip 42…
p. 41
19El río: exploraciones y descubrimientos en la selva amazónicaWade Davis · 2017 · p. 4161 fragmento
[20]un siglo. Ni siquiera la muerte liberaba al cauchero, pues sus obligaciones pasaban por ley a sus hijos, que heredaban las deudas de sus padres; las madres desesperadas arrojaban 417 Eí ndi a las hijas a la prostitución. Era, de hecho, una forma de servidumbre bajo la cual el capataz esclavizaba no sólo al hombre,…
p. 416
20Caquetá: conflicto y memoriaHarley Enrique Gutiérrez Ñustez, Rubén Darío Polo Sierra, Cristian E Paredes González · 2013 · p. 61 fragmento
[21]con parafina para que los empleados disfruten con su desesperada agonía. Hoy en día los pueblos indígenas Uitoto, Coreguaje, Inga y los que llegaron en los últimos años, Emberá Chamí y Paeces, recuperan y fortalecen las costumbres ancestrales en sus territorios, como una forma de resistencia para dejar en el pasado la…
p. 6
21Colombia siglo XX: desde la guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro UribeCésar Miguel Torres Del Río · 2015 · p. 691 fragmento
[22](aunque con un solo aparato) y se entregaron cinco proyectos de ley sobre aspectos varios, incluido uno para hacer más efectivo el servicio militar obligatorio. Ciénaga y Líbano Los dos hechos históricos que sintetizan la fuerte y constante movilización obrera, popular y campesina y la respuesta militar del Estado en…
p. 69
22El marxismo en ColombiaOrlando Fals Borda, Gerardo Molina, Carlos Uribe Celis, Ricardo Sánchez, Klaus Meschkat, Gonzalo Cataño, Fernando D'Janon, Gabriel Misas, Darío Fajardo, Eduardo Pizarro · 1984 · p. 1541 fragmento
[23]con base territorial y composici ó n social popular ” 3. 3 Ignacio Torres Giraldo, Los Inconformes, Tomo 4, Bogot á 1974, p. 7/8 Aqu í aparece como soluci ó n de emergencia precisamente aquello en que descansaban la fuerza y la capacidad movilizadora del nuevo partido: su í ntima relaci ó n con las agrupaciones…
p. 154
23Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 1221 fragmento
[24]de estos delitos. En el Magdalena funcionaba la United Fruit Company, un enclave agrícola que ocupaba extensos terrenos entre las poblaciones de Ciénaga y Fundación para el negocio del cultivo y la exportación del banano. En 1928, la Yunai obtenía una ganancia de 100% por cada racimo que vendía, contaba con unos…
p. 122
24El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 392 fragmentos
[25]en octubre de 1928, y que marcó la pauta en la concretización de un marco teórico altamente represivo. Colombia se adelantaba al Ministerio de la Defensa estadounidense —el Pentágono— en la formulación de doctrinas para combatir a lo que muchos años después se cono- cería como “enemigo interno”. Su eje central era…
p. 39
[26]en octubre de 1928, y que marcó la pauta en la concretización de un marco teórico altamente represivo. Colombia se adelantaba al Ministerio de la Defensa estadounidense —el Pentágono— en la formulación de doctrinas para combatir a lo que muchos años después se cono- cería como “enemigo interno”. Su eje central era…
p. 39
25Historia del sindicalismo en Colombia, 1850-2013Miguel Urrutia Montoya · 2016 · p. 631 fragmento
[27]La huelga se comenzó a preparar el6 de octubre de 1928 cuan- do se llevó a cabo una reunión plenaria de delegados de los ~breros con el ~~jeto da redactar una serie de peticiones para presentar a la compama. Como de costumbre, ésta rehusó negociar a pesar de que había sido presionada por el Gobernador local para que…
p. 63
26Historia de Colombia. La República de Colombia IISalvat Editores (Juan Salvat, Roberto García Rojas, directores); Ricardo Martín (director de la obra); Gonzalo Hernández de Alba (director científico); con colaboraciones de Arturo Alape, Germán Arciniegas, Mauricio Archila, Marco Palacios, Álvaro Tirado Mejía, entre otros · 1986 · p. 641 fragmento
[28]sus actividades independientes al margen de la plantacion bananera, actuaban como una reserva de fuerza laboral. El sistema de contra- tistas implementado por la U.F.C., contratistas que a su vez enganchaban trabajadores, permitid el uso del trabajo parcial de estos campesinos. Y ademas, en la medida que la compajiia…
p. 64
27Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 542 fragmentos
[29]costa la propiedad privada y la familia de toda ideología, etc. Dicha norma era la ley 69 del 2 de noviembre de 1928 donde algunos de sus artículos decía: Ley 69 del 2 de noviembre de 1928 ARTÍCULO 1 o. Constituye delito agruparse, reunirse o asociarse bajo cual- quiera denominación, para alguno o algunos de los…
p. 54
[30]costa la propiedad privada y la familia de toda ideología, etc. Dicha norma era la ley 69 del 2 de noviembre de 1928 donde algunos de sus artículos decía: Ley 69 del 2 de noviembre de 1928 ARTÍCULO 1 o. Constituye delito agruparse, reunirse o asociarse bajo cual- quiera denominación, para alguno o algunos de los…
p. 54
28Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 701 fragmento
[31](CNMH, 2014, página 303). Toda la etapa de conflicto territorial entre parami- litares y guerrillas se caracterizó por una profunda afectación contra las organizaciones campesinas, cuyos líderes fueron estig- matizados, amenazados y muchos asesinados, hasta obligarlos a huir fuera de la región. 4.4. Actores armados en…
p. 70
29Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 211 fragmento
[32]el auge de los monocultivos de palma y la extracción petrole- ra y minera y otras ilícitas, como los cultivos de coca que han dado pie a las fumigaciones aéreas indiscriminadas sobre el territorio. Se describe la magnitud del desplazamiento forzado y las masa- cres cometidas en el Catatumbo y especialmente en Tibú,…
p. 21
30Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 1681 fragmento
[33]p í tulo sobre derechos del hombre y el ciudadano — desaparecieron las libertades de expresi ó n, imprenta, pensamiento y movimiento,, ¡ aunque se mantuvo la libertad de prensa “ en tiempo de paz ” y se concedi ó a los no cat ó licos el derecho a “ no ser molestados ” por ’ sus creencias — y lo reemplaz ó con f ó…
p. 168
31Pa que se acabe la vainaWilliam Ospina · 2013 · p. 391 fragmento
[34]el que tuvo efectos más duraderos fue Miguel Antonio Caro, limitado poeta aunque notable traductor de Virgilio, un hombre que sólo hablaba en latín bajo los sietecueros de la sabana y que nunca salió del altiplano, ni siquiera para saber qué clase de país era éste al que él le estaba dando forma en las instituciones.…
p. 39
32Recentralisation in ColombiaJulián D. López-Murcia · 2022 · p. 731 fragmento
[35]it requires the majority of the members of each chamber (not merely the majority of participants in the debate). This, of course, increases the veto power of the opposition. a b rief H istory of C olombia ’ s s ubnational i ssues Since the independence from Spain in 1810, the (re) design of subnational institutions…
p. 73
33El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 2. Las víctimas y las antesalas de la justicia. Conclusiones y RecomendacionesCentro Nacional de Memoria Histórica · 2016 · p. 3892 fragmentos
[36]1991; ha vivido por décadas la violencia y cooptación por los grupos armados ilegales, derivada de lo estratégica que resulta esta zona fronteriza para actividades ilegales como la siembra de coca, la movilidad de actores armados ilegales, y el transporte de insumos (contrabando, coca) (Misión de Observación…
p. 389
[37]1991; ha vivido por décadas la violencia y cooptación por los grupos armados ilegales, derivada de lo estratégica que resulta esta zona fronteriza para actividades ilegales como la siembra de coca, la movilidad de actores armados ilegales, y el transporte de insumos (contrabando, coca) (Misión de Observación…
p. 389
34Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 1731 fragmento
[38]Magdalena Medio, paramilitarismo territorializado, pero con una vocación profundamente localista; 2) lógica mafiosa en el norte del Valle, con intereses localistas; 3) Urabá y sur de Córdo- ba, territorializado, pero con vocación expansiva; 4) los llaneros con orientación y objetivos más localistas. Por su parte, para…
p. 173
35"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 281 fragmento
[39]II División con Sede en Bucaramanga (Cfr. NCOS. El Terrorismo de Estado en Colombia. p. 146). 40 Ver al respecto: Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos-CREDHOS, Hoy, como ayer, persistiendo por la vida Redes de Inteligencia y Exterminio en…
p. 28
36La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2581 fragmento
[40]Bolívar (San Pablo, Morales y Simití) y Cesar (Gamarra y San Alberto). La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia 260 en la segunda estos provinieron principalmente del Bajo Magdale- na, Bolívar y las sabanas de Sucre y Córdoba. 3 Es imprescindible señalar que el Magdalena Medio adquirió su identidad por la…
p. 258
37Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 641 fragmento
[41]collapsed or significantly collapsing state; 2) pursue a narrow, commercial self-interest; 3) have access to armed force; 4) resort to violence to protect self-interest, regardless of the needs of the society in which they operate and contrary to the fundamentals of international human rights law; and 5) operate…
p. 64
38Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 601 fragmento
[42]era un tipo de los que yo había formado desde hace muchos años atrás, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo le sacamos provecho al man? Pues, démoselo de baja al Ejército, y el Ejército saca pecho con una baja importante de la autodefensa, y uno le ayuda a realizarla por medios noticiosos y todo eso, y listo. Ese era el……
p. 60
39Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 681 fragmento
[43]apoyo. Querían seguir peleando con la guerrilla y que si estábamos dispuestos a apoyarlos. Y nosotros: “sí estamos dispuestos a apoyarlos”. [Ellos dijeron:] “denos plata”. [Dijimos:] “sí, sí se les va a dar plata”. [Ellos dijeron:] “¿Pero ¿dónde está?” Entonces se pusieron tercos y si no había plata no había…
p. 68
40No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 3961 fragmento
[44]ilegalmente, torturadas, asesinadas y desaparecidas, 2 de ellas miembros del sindicato Sintragritol. El hecho causó el desplazamiento de 44 familias, aproximadamente 220 personas de las 251 que habitaban Cajamarca para 1999 1156. 1155 Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), De los grupos precursores al Bloque…
p. 396
41Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 1991 fragmento
[45]acuerdos con el Gobierno na - cional (entre 1996 y 1997) para recibir apoyo y fomento en busca de alternativas productivas legales, con base en el inicio de los proyectos del programa Plante. La situación se complicó porque las FARC tenían una presen - cia notoria y gran interés en el control de las zonas de cultivos…
p. 199
42Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1801 fragmento
[46]Rodríguez (alias Aguilar) en Justicia y Paz. Es de anotar que el General Mauricio Santoyo jugó un papel importante al ser el facilitador de las comunicaciones entre la fuerza pública y los paramilitares 584. El mismo informe concluyó que: Durante el periodo de agudización del conflicto (2000-2002), la responsabilidad…
p. 180
43Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1321 fragmento
[47]juez ordenara la detención de Correa por el delito de rebelión 298. Correa estuvo detenido entre junio y julio de 2004. Su detención era insólita. Recuperó la libertad al demos- trar su inocencia. Sin embargo, su muerte fue ordenada por una troika de políticos, funcionarios del DAS encabezados por su director, Jorge…
p. 132
44Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 771 fragmento
[48]al resto del país. Se reproducía en cada localidad, con la disciplina militar de verdaderos psicópatas organizados. Hecho el ensayo y vistos sus resultados, el modelo de arrasamiento se aplicó luego a otras regiones y goza del silen- cio de la prensa oficial en Colombia. Y del silencio de la prensa en los países con…
p. 77
45Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 1881 fragmento
[49]Verdad Abier- ta de los Montes de María”). La incursión paramilitar en alianzas con terratenientes y po- líticos de la región, siguiendo el modelo del Urabá, llevó a un re- 230 Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, comandante del Bloque paramilitar Mineros ejercía el control territorial del Golfo de Morrosquillo a través…
p. 188
46Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II. Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentasAlberto Santos Peñuela (coordinador del informe y correlator), Luis Miguel Buitrago Roa, Juan Guillermo Jaramillo Acuña, Nicolás Otero González, Rodrigo Torrejano Jiménez · 2021 · p. 741 fragmento
[50]población fue usada como dispositivo aleccionador; al respecto el CNMH (2013) describe: En su función de teatralización de la violencia (la masacre), lleva —desde la perspectiva del perpetrador— un mensaje aleccionador para la población. Con la disposición espacial de los cuerpos de las víctimas y las huellas de…
p. 74
47Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 271 fragmento
[51]la guerra insurgente-contrainsurgente, cuyo objetivo central es la búsqueda y elimi- nación del enemigo, al que se asimilan las poblaciones y territorios en los nacieron y se insertaron las guerrillas o aquellos que se oponen a la lógica de acumulación de riqueza y poder hegemónicos. La paradoja es que la inserción de…
p. 27
48Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 641 fragmento
[52]forma fraudulenta a precios irrisorios. El total de parcelas perdidas es de 393.648 123. La pérdida de parcelas se concentra en la zona donde más muertes ocurrieron, y donde también, en décadas anteriores, se habían presentado conflictos entre hacendados y colonos campesinos, en particular en el Valle del Cauca,…
p. 64
49Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 351 fragmento
[53]las FARC, sí articuló formas organiza- tivas agrarias, legales e ilegales, constituidas en los años precedentes. En este sentido, la base construida por el movimiento comunista en los núcleos agra- rios cafeteros de Cundinamarca posibilitó la conformación de las estructuras guerrilleras en la década de 1960. 1.…
p. 35
50Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 5251 fragmento
[54]reclamantes de tierras era su “inscripción en las listas municipales de impuestos” (Legrand, 1988, páginas 97-99). La ocupación de tierras incultas generalmente daba lugar a acciones de desalojo por parte de la guardia departamental, a las cuales los campesinos oponían resistencia, a veces pacífica y a veces violenta.…
p. 525
51Introducción a la historia económica de ColombiaÁlvaro Tirado Mejía · 2019 · p. 4331 fragmento
[55]momento en que la migración de campesinos se inició, los terratenientes trataron de conservar la mano de obra en las condiciones de explotación tradicionales, pero los campesinos exigieron o salarios más altos o que en las parcelas además de los cultivos tradicionales se les dejara plantar café, producto que les…
p. 433
52Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 1271 fragmento
[56]al proceso de modernización agraria que empezaba a vislumbrarse tímidamente desde los treinta. El debate sobre tierras se acentuó a fines de los años veinte y durante los treinta, a raíz de los conflictos agrarios y las transformaciones socioeconó micas relacionadas con la construcción de obras públicas en los años…
p. 127
53La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 1071 fragmento
[57]áreas montañosas de la Costa Caribe donde se consolida- ron comunidades campesinas marginadas: el hacendado podía ser comprador, vendedor y/o prestamista del campesino, o su principal fuente de trabajo, y de ese modo, como amo y señor de un corregi- miento o municipio, manejaba los hilos de la actividad estatal a su…
p. 107
54Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 451 fragmento
[58]en la subregión también dependieron de manera importante de las economías de bo- nanza, tanto legales como ilegales. Por esta razón, una de las características demográficas de la región es la presencia de un porcentaje significativo de población flotante y, en conse- cuencia, un tejido social fragmentado. Sobre el…
p. 45
55Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 251 fragmento
[59]para hacerlos más dependientes de la vida de hato y sujetarlos a sus relaciones laborales (Cf. Rausch 1999). De esta manera, lo llanero se convirtió en un patrón que, aunque no ideal, era trazado para la incorporación de los indios, quienes en el siglo XIX conformaban una buena parte de la población regional. La…
p. 25
56Buenaventura: un puerto sin comunidadConstanza Millán Echeverría, Ludivia Serrato Martínez, Oscar Pérez, Clara Castro, Danelly Estupiñán, Adriel Ruiz · 2015 · p. 401 fragmento
[60]sobre el mismo y la convivencia interétnica con la población indígena. La génesis del nuevo modelo de apropiación territorial de la re- gión se constituyó entonces a partir de un proceso de organización social que, desde el contexto de liberación, implicó configurar po- blamientos, apropiaciones territoriales,…
p. 40
57Etnización de la negridad: La invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en ColombiaEduardo Restrepo · 2013 · p. 901 fragmento
[61]Obapo y la Ocaba. Entonces hacíamos la propuesta y la llevaba a discutir a otros departamentos. Entonces lo que hacían los otros departamentos era anexar algunos conceptos y validar la propuesta que nosotros llevábamos. Porque tampoco allá habían procesos organizativos […] A raíz del 91, del 93, inician a nacer…
p. 90
58Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve · 2009 · p. 3171 fragmento
[62]sancione los actos de discriminación racial y que cumpla con los estándares internacionales en la materia. Por otro lado, la legislación que se dirige a la población afrocolombiana intenta de- sarrollar y garantizar los derechos culturales de dicha población y atacar algunos as- pectos puntuales en los que las…
p. 317
59Participating in Peace: Violence, Development and Dialogue in ColombiaJefferson Jaramillo-Marín, Luz Mery López-Lizarazo, Adriel Ruiz-Galvan, Matthew Louis Bishop, Juan Mario Díaz-Arévalo, Juan Miguel Kanai, Melanie Lombard, Simon Rushton, Anastasia Shesterinina, Henry Staples, Helen Louise Turton · 2023 · p. 1051 fragmento
[63]internally displaced people and communities, Buenaventura maintains strong links with its rural hinterland. This is especially significant in the Pacific, where conceptions of territory are imbricated with Afro- Colombian communities’ histories of place. These have been recognized in law since Colombia’s 1991…
p. 105
60Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 2571 fragmento
[64]se habían apartado del intento de crear una coordinación nacional del movimiento ne- gro, reticentes a ceder autonomía a grupos de activistas de sede urbana pero carentes de representatividad en el seno de las or- ganizaciones de base. En torno al movimiento negro en Colombia i 337 ] La Ley 70 contiene 8 capítulos y…
p. 257
61Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 1251 fragmento
[65]negras contemplados en la L ey 70 de 19 93, una ley que, a pesar de tener más de 20 años, aún no ha sido reglamentada en su totalidad. Este desconocimiento tuvo consecuencias en las dinámicas culturales de estas comunidades 315, que fueron violentadas al negarles la capacidad de gestionar y ordena r su vida con…
p. 125
62La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 2081 fragmento
[66]colectivos y expidió el de Curvaradó, con un área de 46.048 hectáreas, y el de Jiguamiandó, con 54.973 hectáreas." 6. Artículo 1. Capítulo 1. Objeto y Definiciones. Ley 70 de 1993, por e! cual se desarrolla e! artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Ver en Cartilla Consecutiva dela Jurisprudencia y Marco…
p. 208
63Representaciones y epistemes locales sobre la naturaleza en el Pacífico sur de ColombiaCarlos Enrique Osorio Garcés · 2018 · p. 641 fragmento
[67]de cada Consejo Comunitario, que tiene como propósito establecer las formas de manejo del territorio colectivo de los consejos comunitarios. EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:26:13 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 65 E l e m e n t…
p. 64
64Una Colombia que nos quedaLinsu Fonseca · 2007 · p. 731 fragmento
[68]exactamente a un congreso sindical sino a un encuentro abierto y revolucionario de organizaciones”.2 Agrega que el Partido se alimentaba del gran espíritu de lucha obrera que floreció en esa segunda década del siglo XX. Una época mar cada por un incipiente proceso de industrialización en el país, la confor mación de…
p. 73
65Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 1171 fragmento
[69]las perif erias geográ fi cas La co nfiguración de la s capas populares co lo mbi anas difirió de la de Argentina, Uruguay o el s ur del Brasi l, dond e los inmigran- tes e urop eos pesaron tanto. Pero, co mo en aquellas latitudes, la movilización y protesta de l os trabajadores tu vi eron gran auge e ntre 1918 y…
p. 117
66Manual de Historia de Colombia, Tomo IIIJaime Jaramillo Uribe (director científico), Jesús Antonio Bejarano, Darío Mesa, Miguel Urrutia Montoya, Germán Téllez Castañeda, Germán Rubiano, Rafael Gutiérrez Girardot · 1980 · p. 2221 fragmento
[70]entre el trabajo y el capital pueden M ü m ó nicas. -Si ¿ 30 EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO SINDICAL La primer gran huelga se hizo contra la Tropical Oil Com Las condiciones de trabajo en el Magdalena medio eran desastroS En 1923, 40.81 % de los trabajadores empleados se enfermaron,-s,y! 1.51% muri ó. En ese medio…
p. 222
67Cultura e identidad obrera: Colombia 1910-1945Mauricio Archila Neira · 1992 · p. 2601 fragmento
[71]H. Freeman Matheus decía en 1928: " La legación ha expresado en el pasado su opinión de que el gobierno ha exagerado mucho dichos daños en favor de sus propios propósitos, y que el objeto inmediato de los pasajes pertinentes del mensaje [del gobierno] parecen estar dirigidos a obtener apoyo para la famosa Ley Heroica…
p. 260
68La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la miraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Pilar Riaño A. (Relatora), Jesús Abad Colorado L., María Luisa Moreno R., María Emma Wills O. · 2010 · p. 291 fragmento
[72]a una comunidad indíge- na y a su territorio ancestral, en el que los victimarios acuden a prácticas de violencia discriminadas por género y papel social 20. 20 Como se anota en el informe sobre la masacre de El Salado del Grupo de Me- moria Histórica (MH), del registro de 2.505 masacres entre 1982 y 2007 por MH, el…
p. 29
69Regiones y conflicto armado. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoClara Inés García · 2018 · p. 1811 fragmento
[73]ilegal y de fractura urbana y sus violencias. Guerrilla hace secuestros y extorsiones. Solicitud élites empresa- riales y narcotraficantes locales y regionales de crear un bloque AUC. Arremetida AUC en territorios FARC Toma de control territorios estratégi- cos tráfico droga y ne- gocios ilegales varios…
p. 181
70Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1971 fragmento
[74]forma de garantizar el control de la comunidad y del terr itorio. En los hechos de violencia que más afectaron a las mujeres, la Comisión constató que se produjeron impactos diferenciales y desproporcionados. Con el des plazamiento forzado, aunque es un delito dirigido contra la población civil en general, fueron afec…
p. 197
71¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 441 fragmento
[75]por el GMH en el departamento del Magdalena entre 1990 y 2005, 40 fue- ron perpetrados por grupos paramilitares (63,5%), 4 por las guerrillas (6,3%), 4 por miembros de la Fuerza Pública (6,3%), 1 por grupos pa- ramilitares y miembros de la Fuerza Pública (1,6%) y los 14 restantes no 109. Al respecto, consultar: Sisma…
p. 44
72Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 5571 fragmento
[76]de colaborar con las insurgencias o las sospechosas de ser guerrilleras. La Comisión pudo constatar que los hechos más recurrentes se dieron hacia las mujeres detenidas en el marco del Estatuto de Seguridad, en contextos de tortura. Aunque como un fenómeno menos evidente, la Comisión también conoció casos de hombres…
p. 557
73Violencia Sexual, Conflicto Armado y Justicia en ColombiaClaudia Cecilia Ramírez Cardona (coord.); Andrea González Rojas; Constanza Clavijo Velasco; Carmen Alicia Mestizo Castillo; Belén Pérez González · 2007 · p. 221 fragmento
[77]desplazadas internamente. (Relatora ONU, 2002) 23 VIOLENCIA SEXUAL, CONFLICTO ARMADO V JUSTICIA EN COLOMBIA En relación con organizaciones no gubernamentales internacionales, Amnistía Internacional documentó abusos, violación, mutilación genital, explotación sexual, secuestro de mujeres para que presten servicios…
p. 22
74La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armadoCentro Nacional de Memoria Histórica, Rocío Martínez Montoya · 2017 · p. 3931 fragmento
[78]consisten principalmente en la inversión de la carga de la prueba en cabeza de la víctima y en el diseño del proceso penal acusato- rio, el cual gira en torno a los perpetradores, así como en la enor- me di fi cultad de identi fi carlos e individualizarlos (CNMH, Linda Cabrera, Sisma Mujer, Conversatorio Acceso a la…
p. 393
75Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en ColombiaCésar Rodríguez Garavito (coord.), Juan Carlos Guataquí, Ana María Ibáñez Londoño, María Mercedes Maldonado Copello, Luis Eduardo Pérez Murcia, Esteban Restrepo Saldarriaga, Héctor Riveros Serrato, Diana Rodríguez Franco, Yamile Salinas Abdala · 2010 · p. 1611 fragmento
[79]Auto 092 de 2008 tiene que ver con la impunidad que rodea la comisión de una serie de hechos delictuosos que afectan en forma despro- porcionada a las mujeres desplazadas. De hecho, seis de los trece progra- mas cuya creación se ordena al Gobierno 25 están directamente relaciona- dos con la condición de víctimas de…
p. 161
76Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 731 fragmento
[80]the thesis that “states should be viewed theoretically as conditioned by, but not entirely reducible to, economic and/or class interests” (Skocpol and Trimberger, 1986: 62). This position is of importance to this book, for Skocpol’s highly influential structural approach cannot be considered valid in the context of…
p. 73
77Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 131 fragmento
[81]década de los ochenta). Según esta lectura los paramilitares que surgieron a partir de finales de los setenta y en adelante son solo la encarnación más reciente de la violenta reacción conservadora que en este caso incluyó el asesinato de los candidatos de izquierda Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo Ossa.…
p. 13
78Guns, Drugs, and Development in ColombiaJennifer S. Holmes, Sheila Amin Gutiérrez de Piñeres, Kevin M. Curtin · 2008 · p. 911 fragmento
[82]6). G u n S a n d P r ot e C t i o n Weinberg, Pedahzur, and Hirsch-Hoefler identify a consensus definition of terrorism: “Terrorism is a politically motivated tactic involving the threat or use of force or violence in which the pursuit of publicity plays a significant role” (2004, 786). However, as they point out,…
p. 91
79¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 241 fragmento
[83]con sacoleva (Gutiérrez Sanín, 2014) y de los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (cHcV, 2015). Este trabajo se concentra más bien en entender lo que se ha ensayado para negociar la paz y construir Estado en las regiones en los últimos treinta años. Este libro hace seis aportes sobre nuestra…
p. 24
80La miseria en ColombiaJames A. Robinson · 2016 · p. 91 fragmento
[84]la periferia es mucho más violenta. Allí se muestra información a nivel municipal sobre la 4 La naturaleza fractal del centro y la periferia no termina a nivel departamental. Si miramos dentro de Bogotá y Medellín encontramos el mismo fenómeno. En Medellín, por ejemplo, hay vecindarios muy pobres como Manrique,…
p. 9
81Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 181 fragmento
[85]y el Partido Conservador. La última de esas guerras, conocida como la guerra de los Mil Días, transcurrió entre 1899 y 1902 causando 100.000 muertes —sobre una población de menos de tres millones—, y suponiendo, además, la pérdida de Panamá. Es por esto que algunas voces, tomando como base lo anterior, entienden que…
p. 18
82Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 3651 fragmento
[86]e o f T i r o C u l t u r e s: O u a l i t a t i v e a n d Q i i a n t i t a t i v e R e s e a r c h i n t h e S o c i a l S c i e n c e s. Nueva Jersey: Princeton University Press. González, Fernán, (julio-diciembre, 2003). “¿Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la…
p. 365