Roger Casement

La semblanza: un cónsul contra la lógica del caucho

Casement no llegó al Putumayo como aventurero ni como misionero: llegó como funcionario. Era, para 1910, cónsul general de Gran Bretaña en Río de Janeiro y traía consigo la autoridad moral acumulada tras su famoso informe sobre las atrocidades del rey Leopoldo II en el Congo Belga, publicado en 1904, que lo había convertido en el investigador humanitario más competente del servicio exterior británico. La lógica de su misión al Amazonas era imperial en el sentido más estricto: la Peruvian Amazon Company estaba registrada en Londres, cotizaba en la City y empleaba a súbditos británicos —capataces barbadienses reclutados en el Caribe—, de modo que Whitehall tenía jurisdicción para exigir cuentas. No investigaba en nombre de los indígenas del Putumayo, cuya condición jurídica escapaba al derecho británico, sino en nombre de esos capataces negros del Caribe. Fue esa cobertura formal —la protección de trabajadores coloniales— la que le permitió entrar, con papeles en regla, a un territorio donde las autoridades peruanas y colombianas habían optado por no mirar.

De ese ángulo estrecho, Casement extrajo, sin embargo, una denuncia de alcance mucho mayor. En el Putumayo documentó un sistema de terror empresarial que iba desde la flagelación hasta dejar los huesos al aire, la mutilación, la incineración de personas vivas con parafina o gasolina, la retención en cepos, el tiro al blanco contra hombres, mujeres y niños, y la costumbre atribuida a agentes de la empresa de estrellar niños contra los árboles. Registró el caso de José Fonseca, agente principal en la sección de Último Retiro, que en la Pascua de 1906 mató a tiros a ciento cincuenta indios y ordenó amontonar a los heridos, rociarlos de gasolina y prenderles fuego. Describió el mecanismo económico del horror: contratos manipulados para que el trabajador indígena quedara siempre endeudado, deudas hereditarias que pasaban por ley a los hijos, servidumbre disfrazada de comercio. Y lo hizo con un lenguaje sobrio, jurídico, propio del cónsul que redacta un despacho, no del cronista que se conmueve. Esa sobriedad fue su mayor arma.

Los orígenes: Irlanda, África y la escuela del Congo

Nacido en 1864 en Sandycove, un suburbio costero de Dublín, en una familia protestante angloirlandesa de recursos modestos, Casement quedó huérfano en la adolescencia y entró temprano al servicio de las compañías comerciales británicas en África occidental. En la década de 1880 trabajó para intereses ligados al Estado Libre del Congo de Leopoldo II —de cuya futura víctima, así, había sido operario— y a partir de 1892 se incorporó al servicio consular británico, con destinos sucesivos en las costas africanas. Fue en Boma y Matadi, en el Congo Belga, donde forjó el método que aplicaría después al Amazonas: recorrer con calma los puestos del interior, escuchar testimonios directos, contrastar versiones, medir cicatrices, contar cadáveres, anotarlo todo en un lenguaje despojado. El informe del Congo, presentado al ministro de Relaciones Exteriores Edward Grey y a la opinión pública en 1904, obligó a Bélgica a asumir la administración directa del territorio y liberó al rey del control personal sobre la colonia. Ese antecedente lo convirtió en el hombre inevitable cuando, seis años después, el Foreign Office necesitó a alguien capaz de leer las selvas ecuatoriales sin escandalizarse ni exagerar.

En el Congo había trabado amistad con Joseph Conrad, entonces marino de la Compañía. La conversación con Conrad —de la que saldría, en parte, El corazón de las tinieblas— fue una de las pocas relaciones intelectuales verdaderamente formativas del cónsul. Ambos vieron lo mismo; ambos lo escribieron distinto. Conrad lo convirtió en literatura del abismo; Casement, en informe con notas al pie.

La trayectoria: del Congo al Putumayo, del Putumayo al patíbulo

El escándalo del Putumayo no lo abrió Casement: lo heredó ya montado. Desde 1907, el periodista peruano Benjamín Saldaña Rocca venía publicando en Iquitos denuncias sobre las prácticas de la Casa Arana; ese mismo año, denunciantes locales señalaron ante las autoridades de la ciudad que los jueces de paz de la zona eran todos empleados de las firmas Arana Vega & Cía. y J.C. Arana & Hermanos, lo que hacía imposible cualquier diligencia judicial. En 1909, el ingeniero estadounidense Walter Hardenburg —que había viajado por el Putumayo y presenciado los métodos de la empresa— llevó las pruebas a Londres y las publicó en la revista Truth, provocando el estallido de la denuncia en el corazón del imperio donde la Peruvian Amazon Company cotizaba. La compañía se había constituido formalmente en Londres en 1908 sobre la base de la vieja sociedad Arana, Vega y Larrañaga, fundada en 1903; en enero de 1910 operaba ya bajo la razón social The Peruvian Amazon Company Limited y se consideraba "dueña absoluta de las selvas, indios y comercio" en la región comprendida entre los ríos Caraparaná, Igaraparaná y Campuyá, afluentes del Putumayo. Disponía de siete lanchas de vapor de entre cuarenta y ciento veinte toneladas.

Ante la presión combinada de la prensa y de los accionistas británicos —que exigían saber en qué invertían—, el Foreign Office nombró a Casement miembro de la comisión de investigación que la propia empresa se vio obligada a aceptar. Zarpó del Reino Unido en la primavera de 1910 y en agosto navegaba rumbo a Iquitos, donde dejó constancia en su diario, al final del registro de una conversación con un comerciante británico, de la eventualidad de escribir un libro sobre sus viajes. Ese libro, contratado luego por Heinemann y por T. Fisher Unwin, nunca apareció en vida.

De septiembre a noviembre de 1910 recorrió las estaciones del Caraparaná y del Igaraparaná: La Chorrera, El Encanto, Último Retiro, Matanzas, Abisinia, Occidente, Entre Ríos. Interrogó a los capataces barbadienses, cuya condición de súbditos británicos le permitía tomarles declaración jurada. Entrevistó a los administradores blancos —entre ellos Juan Tizón, gerente peruano de la empresa, hombre de comportamiento ambiguo que colaboró con la investigación sin dejar de servir a Arana— y a personajes ya de leyenda oscura como Armando Normand, capataz de Matanzas, o Víctor Israel, agente notorio por su crueldad. Vio los cepos, contó las cicatrices en las espaldas de los indígenas, midió la relación entre kilos de caucho entregados y castigos aplicados. Cuando estaba a punto de partir de regreso, en noviembre de 1910, llegó a Pará —Brasil— John Brown, un trabajador barbadiense enviado por el gobernador de la isla para acompañarlo; el retraso no impidió que Brown prestara declaración, incorporada al informe oficial como una de sus piezas testimoniales de mayor peso.

Casement regresó al Amazonas en 1911 para verificar denuncias y presionar por acciones judiciales, esta vez con la colaboración del juez peruano Rómulo Paredes, quien había realizado su propia investigación por encargo del gobierno de Lima y llegado a conclusiones convergentes. Pero el sistema judicial peruano, entrelazado con la Casa Arana, no procesó a nadie. Los principales criminales huyeron. Armando Normand se esfumó. Julio César Arana, el empresario iquiteño que había construido el imperio del caucho, nunca fue juzgado. El informe de Casement, presentado al Foreign Office en 1911 y hecho público en el Reino Unido y en Estados Unidos entre 1912 y 1913, provocó indignación internacional, la caída bursátil de la Peruvian Amazon Company —que se liquidaría en los años siguientes— y una comisión parlamentaria en Westminster, pero no una sola condena penal en el Perú.

Antes de esa publicación, Casement fue nombrado caballero por la Corona británica en 1911 en reconocimiento a la misión amazónica. Sir Roger Casement volvió a Irlanda pocos años después, ya convertido en otro hombre.

En 1913 comenzó su segunda vida. Se acercó a los nacionalistas irlandeses, participó en la fundación de los Voluntarios Irlandeses y, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, viajó a Alemania para intentar organizar una brigada con prisioneros de guerra irlandeses y conseguir armamento para una insurrección. En abril de 1916 desembarcó desde un submarino alemán en la costa de Kerry, en vísperas del Alzamiento de Pascua. Fue detenido casi de inmediato. En el juicio en Londres, la Fiscalía filtró los llamados Black Diaries, unos cuadernos íntimos con anotaciones de encuentros homosexuales que arruinaron la campaña internacional por su clemencia. Fue despojado del título de sir, condenado por alta traición y ahorcado en la prisión de Pentonville el 3 de agosto de 1916. Tenía cincuenta y un años. Sus restos regresaron a Irlanda en 1965 y fueron enterrados con funerales de Estado en Dublín. Colombia, cuya causa amazónica él había servido sin proponérselo, apenas registró el hecho.

La red: Arana, Hardenburg, Rivera y los otros hilos

Ningún personaje se explica sin su tejido, y el de Casement, en lo que toca a Colombia, se organizó alrededor de un adversario y una constelación de aliados imprevistos.

El adversario fue Julio César Arana, empresario iquiteño nacido en Rioja en 1864 —contemporáneo exacto de Casement— que había construido, desde la década de 1890, un imperio cauchero apoyado en la extracción monopólica del Hevea brasiliensis en la cuenca del Putumayo. La Casa Arana no fue una anomalía sino el resultado lógico de un vacío: en la Amazonía sin fronteras claras entre Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, el Estado colombiano estaba prácticamente ausente —su presencia se reducía, tras el Concordato de 1887 y la Ley 89 de 1890, a las misiones católicas—, el peruano llegaba solo hasta Iquitos, y el brasileño se concentraba en Manaos. Arana llenó el vacío con lanchas, capataces, deudas hereditarias y armas. Cuando el escándalo estalló, se defendió con habilidad: negó las acusaciones, atribuyó los abusos a subalternos, se hizo elegir senador en el Perú y, décadas después, lideraría desde el Senado peruano la oposición al Tratado Lozano-Salomón, que le hacía perder los territorios donde había reinado. Murió en 1952 sin haber pisado un tribunal.

Los aliados involuntarios fueron varios. Walter Hardenburg, el ingeniero estadounidense de veintipocos años que abrió el escándalo en la prensa londinense, hizo por el Putumayo, con temeridad de aventurero, el trabajo periodístico que Casement luego consolidaría con autoridad diplomática. Rómulo Paredes, el juez peruano que investigó paralelamente y colaboró con Casement en 1911, aportó desde adentro la prueba de que el sistema judicial de Iquitos era cómplice. Benjamín Saldaña Rocca, el periodista local que había denunciado primero, murió pobre y olvidado sin ver la caída de la empresa. Y en la sombra, décadas después, un escritor colombiano recogería el hilo: José Eustasio Rivera, que había recorrido los Llanos y el alto Amazonas como abogado de una comisión de límites y visto de cerca las prácticas esclavistas de los caucheros, escribió La vorágine (1924) tras constatar que sus informes, cartas y alegatos dormirían en los archivos del Congreso ante la indiferencia de los parlamentarios encerrados en la alta sabana de Bogotá. La novela hizo entonces con la ficción lo que Casement había hecho con el informe: obligar al país a mirar lo que no quería ver. No es casual que casi un siglo más tarde el Centro Nacional de Memoria Histórica titulara su informe sobre el genocidio cauchero Putumayo: la vorágine de las caucherías. El vínculo entre la denuncia diplomática de 1912 y la denuncia literaria de 1924 quedó así explícitamente reconocido.

Del lado británico, Casement respondía al ministro Edward Grey, canciller entre 1905 y 1916, cuya diplomacia liberal encontró en el asunto Putumayo un caso donde el humanitarismo victoriano tardío se aliaba con la protección de intereses financieros de la City. Y en el terreno amazónico dependía de figuras menores pero decisivas: los capataces barbadienses —John Brown entre ellos—, cuyas declaraciones, tomadas en inglés y bajo protección consular, constituyeron el andamiaje probatorio del informe. Eran, ellos también, engranajes del sistema cauchero: golpeadores, subordinados, cómplices de menor rango que aceptaron testificar contra sus patrones a cambio del salvoconducto imperial. Su testimonio le dio a Casement lo que los indígenas, sin ciudadanía británica y sin traductores confiables, no podían darle: prueba admisible.

La huella colombiana: el Putumayo, la frontera y la memoria

El informe Casement pesó en la historia de Colombia por tres vías distintas, no todas evidentes en su momento.

La primera fue diplomática. Al documentar en detalle los crímenes de una empresa peruana sobre un territorio que Colombia reclamaba, el informe erosionó la legitimidad internacional del control efectivo peruano sobre la cuenca del Putumayo. En la lógica del derecho internacional decimonónico, la posesión y la administración pacífica de un territorio contaban tanto como los títulos coloniales; el informe demostró que lo que Perú tenía allí no era administración sino saqueo empresarial armado. Cuando, en marzo de 1922, el ministro plenipotenciario colombiano en Lima, Fabio Lozano, y el canciller peruano Alberto Salomón firmaron el tratado que fijaba los límites entre los dos países —dando a Colombia el llamado Trapecio Amazónico con Leticia como puerto sobre el gran río—, la sombra del escándalo del Putumayo seguía operando en la opinión internacional. El tratado fue ratificado por Colombia el 30 de octubre de 1925 y por Perú, con considerable retraso y polémica, el 20 de diciembre de 1927; los canjes se hicieron en Bogotá el 19 de marzo de 1928 entre los presidentes Miguel Abadía Méndez y Augusto B. Leguía. Contó con el respaldo de Estados Unidos —que muchos peruanos leyeron como compensación por la pérdida de Panamá, presión que Leguía nunca desmintió— y del Vaticano, motivado este por la expectativa de mayor influencia católica sobre los nativos de la región. Fue impopular en Perú desde el principio, y allí encabezó Julio César Arana la resistencia parlamentaria; en Ecuador provocó incluso la ruptura de relaciones con Colombia en 1925, al dejar a Quito con trescientas millas de frontera directa con su enemigo peruano en lugar de con Bogotá.

La eficacia geopolítica del informe operó, pues, como uno entre varios factores en una correlación de fuerzas más amplia. No fue Casement quien le entregó Leticia a Colombia; fue la conjunción de la presión estadounidense sobre Leguía, la mediación vaticana, la debilidad diplomática peruana tras años de escándalo internacional y la propia terquedad colombiana. Pero en esa conjunción, el informe pesó. Cuando en 1932-1933 estalló el conflicto armado colombo-peruano por Leticia —tomada por civiles peruanos y recuperada por Colombia en una guerra corta— y la mediación brasileña intentó imponer condiciones favorables al Perú, la Casa Arana, que había sostenido durante décadas la presencia peruana en la región, terminó por retirarse definitivamente al Perú. Se cerraba así, medio siglo después de haber comenzado, el ciclo cauchero del Putumayo colombiano.

La segunda huella fue de conocimiento. Antes de Casement, la Amazonía colombiana era, para el propio Estado colombiano, un rumor. La región no existía en la práctica administrativa: fue sometida durante el siglo XX a sucesivas reducciones y reorganizaciones —por leyes y decretos de 1916, 1943, 1953, 1957 y 1968— hasta alcanzar apenas la categoría de departamento con la Constitución de 1991. La cadena de bonanzas extractivas —quina, caucho, pieles, petróleo, maderas, coca— fue casi la única forma que tuvo el Estado de intervenir en el territorio, con habitual desconocimiento de sus habitantes tradicionales indígenas y de la población colona empobrecida. El informe Casement, al fijar internacionalmente la existencia de un territorio y de unos pueblos —Murui, Bora, Ocaina, Andoke, Koreguaje—, obligó a Colombia a comenzar a nombrar lo que tenía. No lo hizo bien ni pronto: la práctica del endeude y de la servidumbre por deuda persistió en la Amazonía colombiana hasta bien entrado el siglo XX, y hay testimonios que documentan cómo, aún en las décadas finales del siglo, indígenas quedaban atrapados en sistemas de deuda con comerciantes locales y solo eran liberados cuando enfermaban de muerte y dejaban de ser productivos. Pero el mapa mental de la nación se corrigió en algo. Después de Casement, el Amazonas ya no pudo volver a ser un espacio en blanco.

La tercera huella fue de memoria. Los pueblos indígenas del Putumayo sobrevivieron al genocidio cauchero mediante estrategias que el informe apenas alcanzó a intuir. Los Murui, también conocidos como Uitoto, huyeron de las estaciones de la Casa Arana subiendo por el río Caquetá hacia territorio Koreguaje, con quienes hicieron las paces después de haber sido enemigos de vieja data —una diplomacia indígena forzada por el terror empresarial que el cónsul británico, encerrado en su marco de observación externa, no supo leer. Un siglo después, los pueblos Uitoto, Coreguaje, Inga, Emberá Chamí y Paeces recuperan y fortalecen sus costumbres ancestrales en sus territorios como forma de resistencia frente a la barbarie sufrida durante la época cauchera. El informe Putumayo: la vorágine de las caucherías, compilado por Augusto Javier Gómez López bajo la dirección de Gonzalo Sánchez Gómez para el Centro Nacional de Memoria Histórica, ha recuperado esas voces y las ha puesto en diálogo con el archivo diplomático, restituyendo así una historia en la que Casement es una fuente, no la fuente.

Porque conviene decirlo con claridad: la mirada de Casement sobre el Putumayo tuvo límites que hoy resultan legibles. Describió a los indígenas como "gentiles e inocentes", pero percibió la selva como incompatible con su idea de hogar, y en esa tensión irresoluble entre la simpatía por los nativos y el rechazo del paisaje amazónico proyectó su propia alienación sobre los pueblos que observaba: era él quien no estaba en casa, no ellos. Compartía, aun sin quererlo, el marco cultural de los viajeros y misioneros europeos que representaban la Amazonía como espacio de barbarie y canibalismo, y esa herencia representacional teñía su prosa incluso cuando denunciaba. La grandeza del informe está en que, a pesar de ese marco, la evidencia se impuso a la retórica. La limitación está en que la agencia de los indígenas —sus huidas, sus alianzas, sus reconstituciones— quedó fuera del cuadro. Fue el cónsul del imperio quien vio al indio como víctima; hicieron falta cien años, y el trabajo de la memoria colombiana, para verlo también como sobreviviente.

Casement murió en 1916 pensando en Irlanda, no en el Putumayo. Sus últimos meses los ocupó la conspiración de Berlín, el desembarco en Kerry, el juicio de Old Bailey. Es probable que al pie del cadalso de Pentonville el nombre de Julio César Arana ni siquiera le viniera a la memoria. Pero en la historia larga de Colombia —en la del Amazonas que empezó a existir para el país gracias a un escándalo internacional, en la de una frontera que se fijó con la ayuda involuntaria de un informe diplomático británico, en la de una memoria del horror cauchero que aún se está escribiendo— el cónsul irlandés ahorcado en Londres tiene un lugar propio. No el del protagonista ni el del héroe: el del testigo cuya prosa desapasionada, hecha para servir a un imperio, terminó sirviendo también, sin quererlo, a un país periférico que apenas sabía que aquella selva le pertenecía.