Frontera interna

En Colombia, la frontera interna nombra el territorio que el Estado y los grupos económicos dominantes han declarado disponible: baldío, vacío, salvaje, colonizable. No es una línea que separe naciones sino un dispositivo que produce espacios legibles para la tributación, la titulación y la extracción, allí donde ya vivían pueblos indígenas, cimarrones o campesinos sin papel de dominio. La historia de esa frontera —de las adjudicaciones republicanas del siglo XIX a las cocaleras del Guaviare— explica por qué el conflicto armado, las bonanzas extractivas y la deforestación han terminado dibujándose una y otra vez sobre los mismos mapas: los Llanos, la Amazonía, el Chocó, el Magdalena Medio, el piedemonte de la cordillera Oriental. Lo que se corre no es la civilización sobre lo salvaje; lo que se corre es una manera de gobernar el territorio.

El concepto y su genealogía

La categoría de frontera como motor de historia entró al pensamiento americano por Frederick Jackson Turner, cuya lectura del Oeste estadounidense hizo escuela. Pero su traslado a América hispana fue temprano y crítico. En 1923, el peruano Victor Andrés Belaúnde concluyó que en América española la frontera turneriana era rara: los Andes ofrecían obstáculos insuperables entre las tierras pobladas y la cuenca amazónica, muy distintos a las suaves Allegheny que en Estados Unidos permitieron el goteo continuo hacia el oeste. La geografía imponía otra política: aquí la frontera no fue un horizonte de pequeños propietarios sino un problema de acceso, cordillera y selva.

En la historiografía colombiana el concepto ganó densidad por dos vías. James J. Parsons, con su obra sobre la colonización antioqueña publicada hacia 1949, fijó un modelo —el del avance minero y campesino hacia el sur sobre la cordillera Central— que se volvió lente casi obligatorio para leer el siglo XIX regional. Hermes Tovar Pinzón, más adelante, introdujo una distinción decisiva: frontera cerrada, la de las tierras comunitarias indígenas en zonas de antiguo asentamiento, y frontera abierta, la de los baldíos donde blancos y libres pobres empujaban por tierra. En ambas, la fuerza motriz era la misma presión social: hombres sin tierra buscando tierras sin hombres, primero bajo la lógica borbónica de encuadrar población en el Estado, luego bajo la lógica republicana de la adjudicación.

De ese cruce —Turner leído desde Belaúnde, Parsons leído desde Tovar— nace el uso colombiano del término. La palabra frontera aquí no evoca praderas sino selva, piedemonte, ciénaga; no colono con arado sino colono con hacha y machete; no homestead sino baldío.

Los baldíos como matriz jurídica

La república heredó del imperio la ficción de que el territorio no titulado pertenecía a la nación, y de esa ficción hizo su principal recurso fiscal y político. Entre 1827 y 1900 se adjudicaron cerca de 1.872.707 hectáreas de baldíos en 1.132 títulos, y el patrón fue inequívoco: en el primer tramo, hasta 1869, los predios de más de 5.000 hectáreas acumularon alrededor del 75% del área adjudicada; en el tramo siguiente, hasta 1900, esa proporción bajó a cerca del 48%. La caída no fue casual. La Ley 61 de 1874 admitió sin ambages que el cultivador podía adjudicarse el baldío que trabajaba, y ese giro —del sistema de colonización organizada por empresarios al reconocimiento del colono suelto— mejoró la posición jurídica de quien había abierto monte con sus manos.

Aun así, entre la ley y el título mediaba lo que la práctica registró como una ley de tres pasos. El colono tumbaba monte, sembraba y levantaba el rancho; un contratista o finquero le compraba las mejoras a precio de hambre; un gran terrateniente absorbía después el terreno ya habilitado. Al final del ciclo, quien más había puesto —trabajo, salud, familia— salía con la menor parte, y la gran propiedad se ensanchaba a costos monetarios extraordinariamente bajos. Ese circuito, más que la letra de la norma, explica la persistencia latifundista.

La República liberal de los años treinta intentó romperlo. Entre 1930 y 1946 las adjudicaciones inferiores a 20 hectáreas subieron al 13% del área total, y las medianas —hasta 1.000 hectáreas— al 55%, corrigiendo el sesgo hacia las grandes extensiones. La Ley 200 de 1936, columna del reformismo de López Pumarejo, buscó darle sustento a la función social de la propiedad. Pero, como observó Alejandro Reyes Posada en 1976, buena parte de los títulos de fincas superiores a 500 hectáreas que circularon después de esa ley eran sentencias judiciales de pertenencia obtenidas ante jueces civiles: la formalización siguió su curso, ahora por la puerta del estrado.

El Censo Nacional Agropecuario de 1970-71 mostró que el patrón no se había roto. Entre 1960 y 1970, las explotaciones de más de 500 hectáreas aumentaron su superficie en unos 3,6 millones de hectáreas, absorbiendo la porción mayor del crecimiento de la frontera agrícola; en el mismo período, las explotaciones de menos de 10 hectáreas perdieron netos cerca de 170.000 hectáreas. La aritmética del baldío, contada durante siglo y medio, arroja la misma dirección: la frontera abre, el latifundio cierra.

Toda esta historia dejó archivo. La Correspondencia de Baldíos de Colombia, entre 1830 y 1930, reúne las comunicaciones sobre tierras de dominio público que subían desde las localidades rurales al gobierno nacional: solicitudes de concesión, informes de agrimensores, peticiones de colonos que describen —a veces con letra torpe, casi siempre con precisión geográfica— sus condiciones de vida. Es el reverso documental de la ley: la voz del que abrió monte llegando, muchas veces sin éxito, a la mesa donde se firmaba el título.

La colonización antioqueña y la fábrica del café

Ningún proceso ha marcado tanto el imaginario colombiano de la frontera interna como la colonización antioqueña. Su punto de partida fue humilde: un memorial de 1789 ya documenta el impulso, y a lo largo del siglo XIX el movimiento se autogeneró en oleadas, con altibajos, sobre las laderas de la cordillera Central y las orientales de la cordillera Occidental, al sur de Medellín. Los protagonistas fueron mineros desilusionados —el oro dejaba menos de lo prometido— y agricultores que buscaban mejores tierras.

Entre ellos, los mazamorreros. Mineros independientes, en su mayoría descendientes de esclavos o mestizos, con quizá una tercera parte mujeres, trabajaban sin capital ni maquinaria, con batea y paciencia; se estima que extrajeron cerca de una cuarta parte del oro exportado desde Antioquia durante el siglo XIX. Ese sector, forjado en la autonomía del trabajo minero, encontró en la colonización una salida cuando la mina rendía poco.

La burguesía comercial de Medellín no observó de lejos. Compañías colonizadoras y constructoras de caminos actuaron como palancas del proceso; los comerciantes promovieron el café como cultivo comercial en las laderas recién abiertas, apostando por un producto que ligara la nueva frontera al comercio de exportación. Ese cálculo cimentó lo que después se llamaría el eje cafetero, y su carga simbólica fue tan poderosa que la versión antioqueña —arriero, hacha, familia, iglesia, cafetal— terminó eclipsando otras.

Porque no todo el occidente colonizado fue antioqueño. En el Quindío, algunos estudios describen un patrón más igualitario, con colonos venidos de varias regiones. Trabajos revisionistas sobre Risaralda, Quindío y el Valle del Cauca han insistido en esta heterogeneidad, cuestionando la preponderancia antioqueña; su circulación, sin embargo, ha sido restringida, y no han logrado desplazar del centro del relato al modelo fijado por Parsons. La colonización antioqueña quedó como el mito historiográfico dominante, no porque haya sido la única, sino porque su literatura fue la primera y la más leída.

La gran expropiación silenciosa: resguardos, comunidades y desamortización

La producción de la frontera exigía otra operación previa: desmontar las formas colectivas de propiedad. La disolución de los resguardos indígenas fue gradual y calculada. Su enajenación libre se demoró hasta 1832, con prohibición de venta por diez años; solo con las reformas liberales de 1850, bajo el gobierno de José Hilario López, indígenas y ciudadanos pudieron poseer y enajenar sin restricción esas tierras. La consecuencia fue previsible: parcelas comunitarias que habían sostenido pueblos enteros pasaron —por presión, deuda, engaño o compra a bajo precio— a manos de vecinos con más recursos.

La resistencia no faltó. Los paeces del alto Cauca opusieron a las disposiciones desamortizadoras un repertorio completo: protestas violentas, dilaciones legales, resistencia pasiva y negociación, para conservar tierras comunitarias y recursos naturales. Esa combinación —usar el derecho estatal, boicotear su aplicación y sostener el uso comunal— sería la matriz de largas luchas indígenas posteriores.

Detrás del andamiaje jurídico latía una concepción más antigua: la de que los territorios de indios y de negros eran, en el fondo, baldíos disponibles para el desarrollo. Ese legado colonial atravesó la República y se prolongó en la práctica administrativa, en la cartografía y en las políticas de titulación. Solo con la Constitución de 1991 —artículo transitorio 55— y la Ley 70 de 1993 se reconoció que la propiedad en territorios de grupos indígenas y de comunidades negras es comunitaria, inalienable, inembargable e imprescriptible: no se puede vender, gravar, expropiar ni someter a limitaciones de dominio. Pero el mismo Estado se reservó el subsuelo, sobre el que ejerce derecho de explotación —hidrocarburos, minerales— ignorando o esquivando otros derechos reconocidos en la Carta y en convenios internacionales.

La contradicción es visible en el norte del Cauca, donde la reglamentación de las entidades territoriales indígenas y los territorios de comunidades negras ha generado conflictos entre unos y otros, sobre tierras que las comunidades negras trabajaban desde el derrumbe de las haciendas esclavistas en el siglo XIX. En esos pleitos, líderes negros han invocado títulos coloniales, argumentando que anteceden y superan a los republicanos, apelando a la obligación constitucional de clarificarlos. La frontera interna se revela así en su doble filo: es el mecanismo que despojó y es también, ahora, el terreno donde los despojados reclaman.

Las bonanzas seriales: quina, caucho y el modelo de enclave

Antes de que la frontera fuera coca, fue quina, caucho, tagua, pieles, plumas, zarzaparrilla, maderas finas. Las regiones marginales —Amazonía, Orinoquia, Chocó, Magdalena Medio— se integraron a los circuitos económicos nacionales e internacionales por la vía del enclave extractivo: rachas breves, altísima demanda externa, mano de obra coaccionada, escasa infraestructura duradera, desmantelamiento del ecosistema. Tras el Dorado vinieron las maderas y las quinas; luego el caucho; hoy las esmeraldas, el oro, el petróleo, el carbón, la marihuana, la coca, la amapola, los agrocombustibles. El listado cambia; la lógica no.

En la Amazonía, la fase más brutal fue la del caucho. La Casa Arana, empresa peruana que operaba entre el Putumayo y el Caquetá desde comienzos del siglo XX, sometió a los pueblos indígenas a una violencia sistemática: despojo, expulsión, esclavitud, tortura, asesinato, exterminio. Sus agentes obligaban a los indígenas a trabajar sin descanso, les robaban cosechas, mujeres e hijos, los azotaban hasta dejarles los huesos al aire y los quemaban con parafina para diversión de los empleados. El pueblo Murui —Uitoto— fue una de las víctimas mayores; su huida hacia el río Caquetá, donde hizo las paces con los Koreguaje, es apenas uno entre muchos casos de recomposición territorial y étnica forzada por el hambre de caucho.

Contra ese sistema alzó la voz José Eustasio Rivera. Denunció ante el Congreso colombiano las prácticas esclavistas de los caucheros transnacionales; encontró indiferencia parlamentaria. De esa frustración nació la decisión de traducir la denuncia a novela. La vorágine, publicada en 1924, es a la vez diario de poeta, crónica de viaje, libro de aventuras, novela terrígena y alegato: por eso su carga política ha resistido un siglo de lecturas cambiantes.

La literatura de la selva, sin embargo, no siempre acompañó la denuncia. Como lo señaló Juan Friede, la destrucción de la quina, el caucho y las maderas preciosas fue narrada en la prosa oficial y en buena parte de la ficción no como criminal despilfarro del patrimonio nacional, sino como heroica lucha del hombre con la naturaleza, encubriendo las condiciones económicas y políticas impuestas desde las sierras y las costas. Ese marco discursivo —"vencer la selva"— orientó la política de los gobiernos y sigue haciéndolo. La derrota biológica del hombre frente a un medio hostil, tópico repetido en novela y ensayo, ocultó lo que era una derrota humana ante un régimen de explotación.

Algo análogo ocurrió con el Chocó. Desde el período colonial, la región fue percibida y explotada como enclave aurífero de la Corona, con mano de obra indígena forzada y luego africana esclavizada. La producción narrativa posterior —de la crónica al informe oficial— fabricó espacios en blanco: la región como espacio de exploración, como espacio "desarrollizable" y como espacio para la deradicación de sus habitantes. Esas imágenes, con notable continuidad desde la Colonia hasta hoy, legitimaron el desarraigo y el saqueo, y siguen operando en las formulaciones contemporáneas de ordenamiento territorial.

La Violencia y la exportación del conflicto agrario

La Violencia —fechada convencionalmente entre 1948 y 1958— fue el gran laboratorio donde el problema no resuelto de la tierra estalló en guerra civil. Sus cifras siguen en debate. El libro fundacional de Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, La violencia en Colombia (1962), estableció 134.820 muertes para el período y elevó la estimación a unas 200.000 sumando heridos y desplazados que murieron después; un estudio econométrico de 2019 recalcula el rango entre 39.142 y 57.737 víctimas mortales. Los desplazados fueron, según las estimaciones tradicionales, más de dos millones —cifra también cuestionada, pero aún referencia común.

Lo cierto es que la guerra rehizo el mapa rural. Los campesinos perdieron al menos 393.648 parcelas, concentradas en Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Caldas y Santander —zonas donde ya venían chocando hacendados y colonos—. Ese despojo alimentó dos rutas simultáneas: la migración a las grandes ciudades —Bogotá, Cali, Medellín se hincharon en pocos años— y la colonización espontánea de tierras más allá de la frontera agrícola, en el piedemonte oriental, el Magdalena Medio, el sur de Córdoba y otras periferias. La frontera interna funcionó como válvula de escape del conflicto agrario. No lo resolvió: lo desplazó.

En el oriente tolimense, particularmente en Villarrica, grupos armados campesinos mantuvieron su estructura de autodefensa pese a la amnistía ofrecida por el general Gustavo Rojas Pinilla. A mediados de 1955, el gobierno declaró la zona bajo operaciones militares —zonas rojas— y aplicó una política de tierra arrasada, con bombardeos y ametrallamientos que forzaron el éxodo. Parte de esos campesinos marchó hacia zonas de colonización como el Ariari. En 1953, otra oleada de expulsados por el Ejército abrió camino desde el Caquetá hacia la Sierra de La Macarena, y el Partido Comunista Colombiano organizó columnas de marcha para acompañar y encuadrar esas colonizaciones.

Nicolás Buenaventura, intelectual del PCC, formuló temprano la trenza entre destierro, colonización y organización armada. En 1962 escribió que la colonización y la lucha de autodefensa armada se habían entrelazado multitud de veces, anticipando en treinta años el concepto —acuñado formalmente hacia 1992— de colonización armada. Con las FARC, surgidas en ese contexto y proyectadas al oriente y al sur, la frontera interna se volvió, de manera más nítida, escenario por antonomasia de guerrillas y contraguerrillas, marcada por la ausencia, parcialidad o incompetencia de la administración de justicia y la policía.

Coca, ganadería y el conflicto contemporáneo

Desde los años ochenta, la economía de la coca reorganizó la frontera. En zonas de colonización reciente —Caquetá, Putumayo, Guaviare, sur de Meta, Catatumbo—, las guerrillas, y en particular las FARC, encontraron una oportunidad al controlar el eslabón competitivo del narcotráfico correspondiente a la producción campesina de hoja, pasta y base. En esas áreas actuaron como reguladores de derechos de propiedad, de transacciones y de precios: administraban una economía real donde el Estado, si aparecía, lo hacía en forma de fumigación o de operación militar.

El fenómeno tuvo bases sociales. Los colonos pobres —muchos hijos o nietos de los desplazados de La Violencia y de las oleadas de estrechez agraria de los años sesenta y setenta— vieron en la coca una salida a la asfixia económica de una frontera donde la vía era mala, el crédito no llegaba y el mercado legal era una promesa lejana. Las colonizaciones dirigidas del Frente Nacional no lograron reducir la concentración de la tierra en el interior del país, y las periferias —muchas veces sin acompañamiento estatal efectivo— se convirtieron en el reverso de esa reforma fallida.

En paralelo, la política de titulación de baldíos consolidó, sobre todo en los Llanos Orientales, una clase ganadera que resultó fundamental en el auge del paramilitarismo. La frontera de la ganadería extensiva y la frontera del narcotráfico terminaron superpuestas, y sobre ellas se libró la guerra más cruda del cambio de siglo. La deforestación fue el subproducto material más visible: departamentos como Caquetá y Putumayo perdieron grandes extensiones de bosque convertidas en fincas, en un proceso donde colonización espontánea, colonización forzada por la violencia y ganaderización se retroalimentaron.

Un rasgo se repite: la llamada "ausencia del Estado" es paradójica. En estas regiones, el Estado ha estado presente históricamente en su faceta extractiva —caucheras, petroleras, madereras, mineras— y ha invertido en la infraestructura que sirve a esos flujos. La inaccesibilidad que padecen los habitantes es efecto, en buena medida, de una lógica de inversión que privilegia el enclave sobre el territorio. La frontera aparece así como zona de abandono no porque el Estado no la mire, sino porque la mira mal.

Cartografía de las regiones

La frontera interna no es un único lugar. Sus cinco grandes regiones —Llanos, Amazonía, Chocó, Guajira e islas— representan más de la mitad del territorio colombiano y han concentrado, en cambio, una fracción menor de su población. Cada una tiene su historia particular, aunque comparten la matriz general.

Los Llanos Orientales fueron colonización tardía de piedemonte, escenario primero de las columnas comunistas del Sumapaz y del Ariari, luego de la ganadería expansiva, después del petróleo del Meta y Casanare, y finalmente del auge paramilitar. Los grandes hatos, las cabeceras aisladas y las trochas se combinaron con oleadas migratorias venidas de Boyacá, Cundinamarca y el Tolima, produciendo una sociedad campesina de frontera que a comienzos del siglo XXI se encontraría atrapada entre guerrilla, paramilitares y multinacionales de hidrocarburos. Puerto López, Puerto Gaitán, San Martín, Granada, Vistahermosa: los topónimos van marcando, hacia el oriente, la línea de una colonización que se comió, década a década, la sabana y el bosque de galería. En Casanare, la llegada del oleoducto y de las torres de Cusiana y Cupiagua a comienzos de los noventa aceleró la transformación: municipios como Aguazul, Tauramena y Yopal pasaron en pocos años de economía ganadera y arrocera a economía de regalías, con todos los efectos —inflación local, urbanización acelerada, captura clientelar de rentas— que ese cambio arrastra. Sarare, más al norte, sumó a esa historia el peso del petróleo del Arauca y de la guerrilla del ELN, con su capacidad de negociación —y de sabotaje— sobre la infraestructura del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

La Amazonía colombiana comenzó a ser colonizada desde finales del siglo XIX bajo la lógica extractiva del caucho y la quina; en el siglo XX recibió, en oleadas, a colonos venidos de otras regiones, y en las últimas décadas su piedemonte —Caquetá, Putumayo, Guaviare— se volvió eje de la economía cocalera. La relación de Colombia con sus territorios amazónicos presenta rasgos esenciales de un vínculo colonial metrópoli-colonia: el uso extractivo se ha narrado como conquista civilizadora y la voz de los pueblos indígenas ha sido, muchas veces, la última en llegar a las decisiones. La misión capuchina en el Caquetá y Putumayo, la comisaría especial de antaño y la actual departamentalización tardía dibujan una administración pensada más para custodiar recursos que para reconocer habitantes. Florencia, fundada como capital en el corazón del Caquetá, y San Vicente del Caguán, que sería después sede de los diálogos con las FARC entre 1998 y 2002, son piezas de un mismo tablero donde el Estado llega, se retira y vuelve, pero rara vez se queda. En el Putumayo, Puerto Asís y La Hormiga cargan la marca de las fumigaciones aéreas con glifosato desde los años noventa y del plan de erradicación que, más que reducir el área sembrada, la desplazó selva adentro. En Guaviare, San José y El Retorno crecieron sobre el mapa cocalero de los ochenta y noventa, con una demografía que se hinchó y desinfló al ritmo de la bonanza y de las ofensivas militares.

El Chocó cargó desde la Colonia el estigma del enclave. Su historia como región percibida y explotada por su oro, y luego por sus maderas y su biodiversidad, es la de una frontera que nunca fue integrada plenamente a las unidades administrativas del interior, moldeada por los polos económicos de Cartagena y Antioquia. Quibdó, capital departamental sobre el río Atrato, ha sido a la vez centro administrativo y ciudad receptora de desplazados de la propia región y del sur del departamento. La región de Urabá, en esa franja donde Antioquia toca al mar y al Chocó, ha sido escenario de disputas por la tierra y de violencias sucesivas —bananeras en los años sesenta y setenta con la llegada de las multinacionales, guerrilleras del EPL y las FARC en los ochenta, paramilitares en los noventa con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá comandadas por los hermanos Castaño— sobre una geografía que hasta hoy pesa poco en el poder central. Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa condensan esa historia de bonanza bananera, sindicalismo golpeado, paramilitarismo y despojo. Más al sur, en el Baudó y el San Juan, los pueblos afrocolombianos e indígenas emberá han sostenido, con el apoyo intermitente de la Diócesis de Quibdó y de organizaciones étnicas como el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (ACADESAN), procesos de titulación colectiva que la Ley 70 hizo posibles pero que la minería ilegal y el control armado han recortado en la práctica.

Las periferias antioqueñas —Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste— fueron percibidas por las élites como espacios "incultos y bárbaros", apetecibles para la explotación de recursos: oro, petróleo, ganadería. Recibieron pobladores de distintas partes del país impulsados por esas actividades, y a la vez fueron consideradas territorios para explotar más que para gobernar. Segovia y Remedios en el Nordeste, con su tradición minera que arranca en la Colonia y se prolonga en las concesiones de la Frontino Gold Mines desde finales del siglo XIX, dan cuenta de esa geografía donde el subsuelo pesa más que la superficie. Caucasia y Tarazá en el Bajo Cauca articulan la ruta del oro aluvial del río Cauca con la del narcotráfico que baja desde el norte, en una economía combinada donde dragas, retroexcavadoras y laboratorios coexisten. Los ríos Nechí y Porce, tributarios del Cauca, marcan la línea donde la minería mecanizada ha transformado el paisaje en un ajedrez de pozos y escombreras visibles desde el aire.

El Magdalena Medio, entre Antioquia, Santander, Bolívar y Cesar, condensa buena parte de las tensiones nacionales: petróleo desde comienzos del siglo XX —Barrancabermeja como capital de la industria y del sindicalismo, con la refinería de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera como referentes de la lucha laboral colombiana desde los años veinte—, colonización campesina de posguerra en los municipios de la ribera del río, guerrilla del ELN, del EPL y de las FARC operando desde los sesenta y setenta, y epicentro del paramilitarismo desde los años ochenta con las Autodefensas de Puerto Boyacá, primera experiencia orgánica de paramilitarismo agrario en el país, sostenida por ganaderos, esmeralderos, mandos militares y capitales del narcotráfico. Puerto Berrío, Cimitarra, Yondó, San Vicente de Chucurí y Aguachica son piezas de ese tablero. Sumapaz, al sur de Cundinamarca, fue matriz temprana de organización agraria y refugio de las autodefensas campesinas comunistas, con Juan de la Cruz Varela como figura articuladora entre agrarismo, comunismo y resistencia armada; sus veredas de El Duda y La Uribe fueron marcadas después por las operaciones militares de mediados del siglo XX y por la posterior presencia de las FARC. La Serranía de San Lucas, entre el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, sumó la minería aurífera artesanal a la ecuación, aportando otro frente donde economía informal, guerrilla y paramilitares se disputaron el control; Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo condensan esa mezcla de campamentos mineros, cultivos de coca y control armado alternado.

Al norte, la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones sobre Magdalena, Cesar y La Guajira dibujan otra frontera. Las bonanzas se sucedieron con la puntualidad de un calendario: marihuana en los setenta —la bonanza marimbera de la Sierra—, coca y palma africana después, minas de carbón a cielo abierto en el sur de La Guajira con El Cerrejón desde los ochenta. Los pueblos indígenas de la Sierra —kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo— han sostenido, desde la Línea Negra que delimita su territorio ancestral, una defensa territorial que ha pasado por asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y, más recientemente, procesos de restitución. La península de La Guajira, con Riohacha, Uribia y Manaure, articula la economía wayuu del contrabando —viejo como la República— con las regalías carboníferas y con las carencias estructurales de agua y salud que se hicieron visibles en las últimas décadas.

Sobre todos estos escenarios opera un mapa mental persistente. Las categorías de baldío, tierra sin dueño, zona de colonización y zona roja se han sucedido y superpuesto, pero funcionan sobre el mismo sustrato: los territorios donde el Estado central prefiere delegar en la iniciativa privada, en la Iglesia misionera o en la fuerza pública el trabajo de producir gobierno.

Los nombres que fijan la trama

Detrás de esta historia hay una constelación de autores y actores que le dieron forma conceptual y política. Frederick Jackson Turner nombró el problema desde el Oeste estadounidense y dejó a la historiografía americana un marco que costaría décadas discutir sin repetir. Contra ese marco leyó Victor Andrés Belaúnde, para quien la geografía andina imponía otra pregunta: no la del pequeño propietario que avanza hacia el horizonte, sino la del acceso bloqueado por cordillera y selva. Sin esa corrección temprana, el uso latinoamericano del concepto sería un calco poco útil.

James Parsons se movió en otro registro. Su libro sobre la colonización antioqueña, publicado hacia 1949, no solo describió un proceso: fabricó una imagen —arriero, hacha, cafetal— que se instaló en el sentido común historiográfico y todavía manda. Alejandro López, ingeniero, economista y ensayista antioqueño de comienzos del siglo XX, había preparado desde otro flanco el terreno para pensar la relación entre tierra, trabajo y sociedad en la frontera, con una lucidez sobre la cuestión agraria que la política oficial rara vez aprovechó.

Catherine LeGrand entró más tarde al debate y desde otro ángulo. Su investigación sobre los baldíos y el conflicto agrario entre 1850 y 1936 documentó con detalle la ley de tres pasos y la lógica jurídica que privilegió al gran propietario sobre el colono; sin ese trabajo, la persistencia latifundista quedaría explicada solo por la mala voluntad de los legisladores, cuando en realidad respondía a un dispositivo articulado de precios, contratos y sentencias. Hermes Tovar Pinzón, por su parte, le dio a la discusión el par conceptual —frontera cerrada y frontera abierta— sin el cual el debate no cierra, y que permite leer en una misma clave los pleitos por resguardos y las adjudicaciones de baldíos.

En otro plano, más biográfico que teórico, la frontera dejó marcas en la política nacional. Rafael Reyes hizo fortuna en la quina del sur antes de llegar a la Presidencia y conoció de primera mano la economía de enclave que sus gobiernos luego administrarían. Rafael Uribe Uribe encarnó, en el liberalismo de fin de siglo, el impulso por ampliar la ciudadanía rural y llevar el Estado a las periferias, aunque su asesinato en 1914 cerró prematuramente esa apuesta. José Eustasio Rivera dio a la denuncia del caucho forma literaria duradera con La vorágine, y ese gesto —traducir a novela lo que el Congreso no quería oír— es uno de los pocos casos en que la literatura colombiana empujó, sin conseguirlo del todo, una decisión política.

Más cerca del presente, Alfredo Molano recorrió, escuchó y escribió las voces de los colonos, desplazados, cocaleros y guerrilleros que habitaron la frontera contemporánea, construyendo un archivo oral y narrativo indispensable para leer la Amazonía y el piedemonte. Nicolás Buenaventura, casi sin querer, formuló en 1962 el concepto que treinta años después ordenaría la mirada sobre el vínculo entre colonización y autodefensa: escribió sobre lo que estaba pasando, y lo que pasaba terminó parecido a lo que él había descrito.

Herencia y presente

La frontera interna sigue viva porque los procesos que la fabricaron no han terminado. La adjudicación de baldíos continúa siendo campo de disputa; la titulación colectiva a comunidades negras avanza a paso irregular; los resguardos indígenas se topan con la explotación del subsuelo autorizada desde Bogotá. Las bonanzas se suceden: hoy son coca, oro ilegal, agrocombustibles, ganadería extensiva; mañana serán otras. La deforestación crece justamente sobre los territorios que la memoria histórica ya conocía: el piedemonte amazónico, el Magdalena Medio, el sur de Córdoba, el Catatumbo.

En el Putumayo, dirigentes indígenas y campesinos vuelven una y otra vez al período cauchero cuando se les pregunta por la violencia del presente. Nombran a la Casa Arana, hablan de los abuelos que huyeron por los ríos, ponen esa historia sobre la mesa antes de contar la de las fumigaciones, la de los desplazamientos por los combates entre FARC y paramilitares, la de las multinacionales petroleras en el Bajo Putumayo. Ese hilo tirado desde principios del siglo XX hasta hoy no es un recurso retórico: es una manera de leer lo que pasa. La violencia sobre los cuerpos y los territorios no comenzó con la coca, ni con las FARC, ni con los paramilitares. Comenzó cuando se decidió que estas tierras eran vacías, disponibles, colonizables.

Ese decreto —no un acto único, sino una operación repetida durante casi dos siglos por leyes, mapas, sermones, novelas, censos y campañas militares— es la frontera interna. Su superación no está en un nuevo empujón civilizatorio sobre lo que queda, sino en el reconocimiento de que allí ya había, y hay, historia, derecho y sujeto. Mientras esa premisa no se instale en el centro de la política colombiana, el mapa del próximo conflicto seguirá pareciéndose demasiado al del anterior.