Juan de Borja

Un noble para un reino descompuesto

La expresión “presidente de capa y espada” designaba a un noble formado para el mando militar, a diferencia del presidente letrado. En Santafé, Borja reunió la presidencia de la Audiencia con la gobernación y la capitanía general del Nuevo Reino, pero no sustituyó a los oidores ni convirtió el tribunal en una jefatura unipersonal. El modelo buscaba reforzar el gobierno real en un período de guerras de frontera, competencia entre jurisdicciones y disputas con poderes locales. Su perfil ayuda a entender el nombramiento; no prueba por sí solo que la monarquía hubiera diagnosticado un fracaso general de los juristas.

La presidencia había quedado vacante tras la muerte de Francisco de Sande en septiembre de 1602. Mientras el Consejo de Indias escogía sucesor, Nuño Núñez de Villavicencio actuó provisionalmente y continuó pesquisas sobre el período anterior. Las visitas y los juicios de residencia eran mecanismos ordinarios de control de los oficiales reales, aunque también generaban conflictos entre magistrados, cabildos, gobernadores y redes familiares. Ese escenario explica por qué la Corona valoró un presidente con experiencia cortesana y militar, sin necesidad de presentar al reino entero como una institución colapsada.

El nombramiento coincidió con una guerra de frontera de larga duración. Las rutas entre Santafé, el valle del Magdalena y Popayán atravesaban territorios disputados, y los ataques, expediciones y despoblamientos afectaban la circulación de personas, mercancías y comunicaciones. Las campañas no comenzaron con Borja, pero desde 1605 su presidencia coordinó recursos y mandos para intensificarlas. Conviene describir esa coyuntura como un conflicto territorial sostenido, no como la llegada providencial de un funcionario a un reino que se “descosía”.

Borja fue uno de siete candidatos considerados para la vacante. Su pertenencia a una familia de alta posición y sus conexiones cortesanas favorecieron su acceso al cargo en una monarquía donde mérito, linaje y patronazgo se combinaban. La elección también formó parte de una tendencia a confiar presidencias de Audiencia a caballeros de capa y espada. Esto le dio autoridad formal y apoyos, pero no lo convirtió en “igual de los grandes de España” ni lo volvió inmune a la negociación, el conflicto jurisdiccional o las prácticas clientelares.

Los orígenes y el linaje

Juan de Borja nació en Gandía el 16 de octubre de 1564. Fue hijo natural de Fernando de Borja y de Violante de Armendia, y nieto por línea paterna de Francisco de Borja, cuarto duque de Gandía y general de la Compañía de Jesús. Felipe III lo legitimó en las Cortes de Valencia el 14 de enero de 1604. Una carta suya de 1619 registra estudios de artes en Alcalá y de cánones en Salamanca. El hábito de Santiago llegó después: la merced fue expedida en 1610 y la obtención se sitúa en 1611. La investigación revisada no lo identifica como comendador de Castilla en la Orden de Alcántara; esa atribución parece confundir su cargo con el de otro miembro del entorno Borja.

Tomó posesión en octubre de 1605 y permaneció hasta su muerte en febrero de 1628: más de veintidós años, no veintitrés completos. Esa continuidad atravesó los reinados de Felipe III y Felipe IV y dio estabilidad al vértice del gobierno. También permitió que Borja construyera una red propia. La edición reciente de sus cartas documenta pensiones, encomiendas y cargos gestionados para hijos y allegados; dos criados recibieron corregimientos pese a una prohibición real de 1621. La duración del mandato muestra confianza política, pero no equivale a independencia frente a la Corte ni a imparcialidad frente a las élites.

La guerra pijao y la palabra pacificación

La guerra que ocupó buena parte de los primeros años de Borja se desarrolló en una amplia frontera entre el Nuevo Reino y Popayán. “Pijao” no nombraba necesariamente una unidad política homogénea: los españoles emplearon la categoría para agrupar naciones y poblaciones distintas y para construir una imagen común del enemigo. La dispersión de asentamientos, las guerras interétnicas y la debilidad de los caciques aparecen en expedientes y crónicas, pero la historiografía reciente advierte que esos rasgos fueron seleccionados o exagerados para legitimar una conquista a “sangre y fuego”.

Tampoco se sostiene la imagen de grupos casi exclusivamente cazadores y recolectores, sin agricultura que pudiera ser atacada. Los propios balances españoles describen la destrucción de sementeras: un informe sobre 1607 calculó doscientas arrasadas. La movilidad, el conocimiento de cordilleras y pasos y la ausencia de un mando único dificultaron las expediciones, pero no definen por completo la economía ni la organización de todas las comunidades incluidas bajo el nombre pijao. La variedad social y territorial es parte central de la explicación.

Calarcá ocupa un lugar destacado en la memoria escrita de la guerra. Las crónicas y relatos posteriores lo convirtieron en emblema y lo compararon con otros dirigentes indígenas de América. Ese registro no autoriza a tratarlo como rey de una federación estable ni como portavoz de todas las naciones agrupadas bajo la etiqueta pijao. Su figura permite observar cómo la resistencia fue individualizada por narradores coloniales y republicanos; para reconstruir el conflicto hay que volver también a capitanes menos célebres, aliados indígenas, cargueros y comunidades desplazadas.

La presidencia de Borja organizó una campaña sistemática: movilizó veteranos y milicias, sostuvo fuertes y poblaciones de frontera, coordinó acciones con Popayán y se apoyó en aliados indígenas. Hubo muertes, capturas, destrucción de cultivos, esclavización y desplazamientos. La doctrina colonial de la “guerra justa” ofreció el lenguaje jurídico para autorizar esa violencia. Borja participó personalmente en algunas jornadas y fue responsable como máxima autoridad del Nuevo Reino, pero la guerra fue ejecutada por numerosos capitanes, oficiales, auxiliares y aliados, no por una voluntad individual actuando sola.

Los informes de campaña permiten medir la escala y, al mismo tiempo, sus sesgos. Para 1607 se comunicaron alrededor de seiscientos muertos o capturados y doscientas sementeras destruidas; en 1611 un balance acumulado habló de 2.500 muertos o cautivos y afirmó que quedaban sólo 150 guerreros. Son cifras de oficiales interesados en demostrar resultados, no un censo independiente. La ofensiva desarticuló comunidades, cambió rutas y amplió el control colonial, pero no produjo la desaparición total del pueblo Pijao. La frontera y sus poblaciones continuaron transformándose mucho después de la victoria proclamada por las autoridades.

La Audiencia como taller

El gobierno del Nuevo Reino no era equivalente a la voluntad del presidente. La Audiencia decidía colegiadamente y sus oidores atendían justicia, visitas, tributos, encomiendas y conflictos entre jurisdicciones. El Consejo de Indias y el rey enviaban cédulas; gobernadores provinciales conservaban competencias propias; cabildos, obispos y órdenes religiosas defendían las suyas. Durante el mandato de Borja se produjo una densificación administrativa, pero llamarla “Estado colonial” en sentido moderno ocultaría una monarquía compuesta, gobernada mediante cuerpos, oficios, consultas y distancias.

Borja aportó continuidad, capacidad de mando militar y una posición cortesana fuerte. Los oidores aportaron formación jurídica y podían respaldarlo, investigarlo o discrepar de él. La correspondencia muestra además pleitos con gobernadores y tensiones con autoridades eclesiásticas. El funcionamiento cotidiano dependía de normas, precedentes y relaciones personales: la misma administración que perseguía abusos distribuía mercedes y cargos entre redes de parentesco y patronazgo. La estabilidad del período fue real, pero no debe confundirse con una burocracia impersonal ni con una alianza sin fricciones entre presidente y magistrados.

La visita del oidor Juan de Villabona a la gobernación de Cartagena entre 1609 y 1612 muestra esa pluralidad. La Audiencia la ordenó después de recibir, al igual que el Consejo de Indias, denuncias sobre violencias de encomenderos y curas doctrineros. Villabona interrogó a comunidades indígenas y reunió testimonios sobre trabajos, tributos y castigos. Borja elogió posteriormente su actuación, pero la pesquisa no fue una inspección personal del presidente: fue una comisión colegiada, conectada con quejas llegadas desde la provincia y con la supervisión metropolitana.

La reforma del trabajo indígena

La intervención mejor documentada de Borja sobre el trabajo indígena es la mita minera de Mariquita. Desde las provincias de Santafé y Tunja se condujeron trabajadores hacia las minas de plata, en un sistema que sumaba nuevas cargas a comunidades ya sujetas a tributo, encomienda y servicios. La institución no reemplazó de una vez a la encomienda ni explica por sí sola todos los resguardos del reino. Tampoco debe mezclarse con el trabajo de personas africanas esclavizadas: ambos coexistieron en la minería, pero obedecían a regímenes jurídicos distintos.

Felipe III aprobó la conducción de indígenas a Mariquita el 26 de mayo de 1609. Después de visitar las minas, Borja expidió cuarenta y cuatro ordenanzas el 9 de marzo de 1612. El diseño preveía cerca de setecientos mitayos por año, procedentes de Santafé y Tunja, con rotaciones de un año, jornadas y jornales regulados. Son datos más precisos que una definición general de la mita y muestran una cadena de decisión compartida: autorización real, reglamentación presidencial y ejecución por corregidores, conductores, mineros y autoridades locales.

La existencia de un salario reglado no volvió libre la relación. Los mitayos eran separados de sus pueblos, recorrían largas distancias y debían afrontar descuentos por tributos, hospital, atención médica y alimentación. Encomenderos y mineros disputaban el acceso a esa mano de obra, mientras las comunidades asumían la pérdida temporal de trabajadores. Las ordenanzas buscaban sostener la producción de plata y poner límites administrativos; en la práctica, su aplicación produjo conflictos y condiciones perjudiciales para la subsistencia indígena. Regular la coerción no equivale a suprimirla.

Resguardos, encomiendas, tributación y mita se relacionaban, pero no formaban un plan único diseñado por Borja. Las visitas podían delimitar tierras, tasar tributos y reducir poblaciones; también daban a las comunidades una vía para denunciar despojos y abusos. La Corona buscaba conservar tributarios y recursos, los encomenderos defendían rentas, los mineros pedían trabajadores y los pueblos indígenas negociaban o resistían desde posiciones desiguales. Presentar este entramado como simple “estatización” del trabajo borra esas competencias y la capacidad de acción de quienes fueron sometidos.

Domingo Biohó y el palenque de la Matuna

Durante la presidencia de Borja, Cartagena fue el principal puerto de entrada de africanos esclavizados al Nuevo Reino y el centro de una gobernación con autoridades propias. Las fugas habían dado lugar a comunidades palenqueras en montes, ciénagas y sabanas de su entorno. Para la administración portuaria eran un desafío militar, laboral y comercial; para quienes escapaban, constituían espacios de supervivencia y autonomía. Situar esta historia dentro de los años de Borja es legítimo, pero no convierte al presidente de Santafé en autor de cada decisión tomada por los gobernadores cartageneros.

Benkos o Domingo Biohó encabezó la comunidad de Matuna, documentada cerca de Cartagena hacia 1603. En 1605 las autoridades provinciales enviaron una expedición que no consiguió derrotarla; después toleraron el liderazgo de Biohó, sus poblados y su entrada en la ciudad bajo ciertas condiciones. Las fuentes muestran una comunidad con cultivos, viviendas, defensa armada, redes de información y formas de autoridad. Esa complejidad permite abandonar tanto la imagen colonial de una “banda de fugitivos” como una descripción institucional demasiado exacta que no esté sostenida para cada momento.

La relación pasó de ataques y negociaciones informales a una paz o tregua que la bibliografía sitúa hacia 1612-1613. El acuerdo reconoció márgenes de libertad y circulación a Biohó y su gente a cambio de restricciones sobre nuevas fugas y acciones contra vecinos. Fue negociado dentro de la gobernación de Cartagena. No se encontró evidencia de que Borja lo firmara, negociara o “avalara” personalmente; por eso debe entenderse como un episodio contemporáneo a su presidencia y como prueba de la autonomía relativa de las jurisdicciones provinciales.

Biohó fue capturado en Cartagena en 1619 y ejecutado allí el 16 de marzo de 1621. Esos actos correspondieron a autoridades cartageneras posteriores a la primera negociación. Su trayectoria muestra que un pacto colonial podía reconocer una correlación de fuerzas y ser después quebrado. Compararla con la guerra pijao resulta útil sólo si no se inventa una fórmula económica que explique decisiones diferentes: cambiaban las jurisdicciones, los actores, los territorios y las coyunturas. La documentación permite observar estrategias coloniales variables; no una oposición simple entre negociación “pragmática” y exterminio “rentable”.

Hacienda real, aparato fiscal y la Casa de Moneda

El Tribunal de Cuentas de Santafé nació de una decisión de la Corona. Una cédula de 7 de marzo de 1606 comunicó a Borja la resolución de establecer tribunales de contadores en Santafé, México y Lima para centralizar y fiscalizar las cuentas; otra disposición de agosto organizó su erección. A la presidencia le correspondió facilitar su instalación y relacionarse con sus oficiales. Presentarlo como pieza que Borja diseñó personalmente confunde ejecución local con creación normativa, aunque su mandato prolongado sí enmarcó la primera etapa de funcionamiento.

La Casa de Moneda siguió otra secuencia. Felipe III autorizó en 1620 la acuñación en el Nuevo Reino y las labores comenzaron en 1621. La operación se otorgó mediante concesión a un particular, responsable de montar la ceca y recibir una parte de las utilidades. El proceso ocurrió durante la presidencia de Borja, pero no fue simplemente una oficina pública que “ganó operatividad” bajo su dirección. Su creación muestra el interés real en ordenar la moneda y el metal producido en la región, así como la mezcla de autoridad regia e iniciativa privada propia de la época.

Una cifra citada por la historia fiscal ayuda a precisar las categorías: en 1608 las composiciones de encomiendas produjeron 23.655 pesos de oro. No eran composiciones de tierras. Tampoco es válido compararlas sin ajuste con 3.227 pesos de alcabala repartidos en Tunja en 1603 y concluir que la fiscalidad se multiplicó por siete: son rentas, ámbitos y años distintos. El dato de 1608 muestra una fuente extraordinaria de ingreso y regularización de títulos; evaluar el crecimiento total de la Real Hacienda requeriría una serie homogénea que el artículo no posee.

Composiciones de tierras y régimen de haciendas

Los años de Borja coincidieron con repartimientos, ventas y composiciones de tierras realengas, mecanismos que no deben confundirse entre sí. Una composición podía regularizar una ocupación o un título mediante pago; una merced y una venta seguían otros procedimientos. Las tierras tampoco eran automáticamente “vacías”: podían estar usadas por comunidades indígenas, vecinos o ganaderos aun cuando la Corona las calificara como realengas. La evidencia permite afirmar que hubo transferencia y concentración territorial, pero no que toda tierra se subastara públicamente al mejor postor bajo una fórmula única.

La expansión de estancias y haciendas fue un proceso prolongado y desigual, ligado a mercados urbanos y mineros, ganadería, agricultura, disponibilidad de trabajo y decisiones tomadas antes y después de esta presidencia. En algunas regiones aumentó la concentración de tierras; en otras persistieron resguardos, pequeñas explotaciones y usos comunales. La guerra y los desplazamientos podían facilitar nuevas apropiaciones, pero no crearon de una sola vez un campesinado sin derechos ni reprodujeron de manera mecánica un señorío castellano. El régimen agrario colonial debe estudiarse por región y período.

Por la misma razón, no puede cerrarse una cadena automática entre la guerra pijao y todas las composiciones del occidente. La campaña produjo muertes, cautiverios, desplazamientos y cambios en el control de caminos y poblaciones; las políticas de tierras tenían cronologías y procedimientos más amplios. En algunos lugares ambos procesos se cruzaron, pero demostrar qué predio fue ocupado, compuesto o vendido después de qué jornada exigiría expedientes locales. El texto conserva la relación como pregunta histórica y retira la idea de que cada legua conquistada pasó de inmediato a una hacienda.

La Inquisición de Cartagena y el control cultural

El Tribunal del Santo Oficio comenzó a actuar en Cartagena en 1610. Su distrito abarcaba un espacio caribeño y neogranadino muy amplio, pero tenía sus propios inquisidores, procedimientos y relación con el Consejo de la Suprema. La instalación ocurrió durante el gobierno de Borja y aparece en la correspondencia de la época; no fue una institución creada o dirigida por la presidencia de Santafé. Esta simultaneidad importa porque muestra la multiplicación de tribunales especializados, no porque todos formaran una administración unificada bajo una sola firma.

En términos generales, los indígenas quedaron fuera de la jurisdicción inquisitorial ordinaria por su condición jurídica de neófitos. El tribunal procesó sobre todo a españoles, portugueses, africanos y personas de castas por materias de fe, prácticas religiosas, blasfemia, bigamia y otros delitos de su competencia. En un puerto conectado con el Atlántico también vigiló ideas y libros considerados heréticos. La cifra original de 82 causas protestantes se elimina porque no estaba delimitada al período de Borja y esta auditoría no comprobó el universo del conteo.

La Inquisición no puede resumirse como un “disciplinamiento social genérico”, ni la Cartagena del siglo XVII como una ciudad culturalmente vacía. Era un puerto esclavista y mercantil con profundas jerarquías, redes religiosas, saberes africanos, circulación de viajeros y conflictos de jurisdicción. El Santo Oficio fue uno de varios poderes que intervinieron allí, junto con gobernador, cabildo, obispo, órdenes religiosas y Audiencia. Ubicarlo en esa trama evita usar la institución como simple indicador del supuesto éxito administrativo de Borja.

Fundaciones y evangelización

Durante estas décadas continuaron las visitas, agregaciones y reducciones de comunidades indígenas en pueblos. Los objetivos declarados incluían catequesis, tributación, administración de justicia y acceso a trabajo; en la práctica podían implicar desplazamiento, redefinición de tierras y nuevas cargas. No fueron “fundaciones de Borja” en bloque. Oidores, visitadores, gobernadores, corregidores, religiosos, cabildos y comunidades intervinieron de manera diferente según la provincia. La presidencia era un marco de coordinación y apelación, no la autora individual de cada poblado.

Herrera Campuzano realizó una visita en Antioquia desde 1614; Lesmes de Espinosa actuó en Vélez, Muzo y La Palma en 1617 y en Cartago y Anserma en 1627. Estos casos pertenecen a la cronología del gobierno de Borja, pero fueron comisiones con agentes y expedientes propios. La actuación de Rodríguez de San Isidro en el Valle del Cauca en 1637 ocurrió nueve años después de la muerte del presidente y no puede contarse entre sus realizaciones. Más que una sola “ola fundacional”, los ejemplos muestran ritmos regionales y continuidades administrativas.

La Gramática en la lengua general del Nuevo Reino, llamada mosca, de fray Bernardo de Lugo, fue encargada dentro de la orden dominica el 1 de agosto de 1617 y publicada en Madrid en 1619. La obra fue dedicada a Juan de Borja, señal de la relación entre producción religiosa y patronazgo político. Esa dedicatoria no demuestra que el presidente ordenara escribirla. Tampoco permite concluir que fuese ya una reliquia de utilidad escasa: medir su circulación y uso pastoral exigiría evidencia distinta de la fecha de impresión.

Los límites de la consolidación

El período de Borja reunió procesos de distinta procedencia. La Corona creó tribunales fiscales y autorizó la ceca; la Audiencia ordenó visitas; el presidente dirigió la guerra y expidió ordenanzas para Mariquita; la Inquisición y Cartagena conservaron circuitos propios; órdenes religiosas produjeron instrumentos de evangelización. Su mandato largo facilitó continuidad y coordinación, pero no diseñó un sistema completo desde cero. Hablar de consolidación sólo es útil si se precisan el autor, la escala y la jurisdicción de cada medida.

También hay que separar estabilidad de neutralidad. Borja sirvió con constancia al rey y recibió elogios de oidores y eclesiásticos, pero promovió a familiares y criados y sostuvo conflictos con otros oficiales. Su presidencia amplió la capacidad de guerra, recaudación y supervisión del gobierno real; esa capacidad recayó de forma desigual sobre poblaciones indígenas y africanas. El resultado no fue un Estado moderno ni una administración sin intereses, sino un gobierno monárquico más denso, apoyado en violencia, negociación, expedientes y patronazgo.

La huella

Juan de Borja murió repentinamente en Santafé el 12 de febrero de 1628, después de más de veintidós años en el cargo. La Audiencia asumió provisionalmente el gobierno y más tarde se practicó un juicio de residencia póstumo, cuya sentencia no ha sido localizada por la investigación reciente. Al cierre de su presidencia funcionaban el Tribunal de Cuentas, la ceca y el Santo Oficio de Cartagena, pero cada institución tenía una genealogía y autoridad distintas. Su principal rasgo no fue haberlas creado todas, sino haber gobernado durante su instalación y haber dejado un archivo abundante de cartas y conflictos.

La guerra causó una catástrofe demográfica y territorial entre las comunidades llamadas pijaos, pero no dejó un paisaje “sin un pueblo vivo detrás”. En el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, 51.635 personas se autorreconocieron como Pijao en Colombia y 42.039 residían en Tolima. Fuentes oficiales actuales documentan además resguardos, cabildos y justicia propia. Esa identidad contemporánea no debe proyectarse sin matices sobre cada nación del siglo XVII; sí obliga a reemplazar la desaparición absoluta por una historia de violencia, recomposición y continuidad.

Benkos Biohó se convirtió en un símbolo central de la resistencia afrodescendiente. Matuna fue perseguida, la tregua fue quebrada y Biohó fue ejecutado, pero el cimarronaje continuó en otros palenques del Caribe. San Basilio de Palenque conserva una memoria colectiva que lo reivindica; establecer una línea institucional directa y continua desde cada estructura de Matuna requiere más prueba de la que ofrece esta auditoría. La permanencia histórica se expresa en comunidades, prácticas y memorias, no en una genealogía automática que pueda darse por demostrada.

La importancia de Borja reside en la duración y el alcance de una presidencia que articuló guerra, justicia, fiscalidad y trabajo forzado dentro de una monarquía de múltiples centros. Fue responsable de intensificar una campaña brutal contra poblaciones pijaos y de reglamentar la mita de Mariquita; también ejecutó órdenes reales y trabajó con una Audiencia que conservaba voz propia. Las transformaciones agrarias, fiscales y religiosas no pueden reducirse a su voluntad ni encadenarse como efectos inevitables de una sola guerra. Mirarlo con precisión exige sostener juntas su capacidad de gobierno, sus redes de patronazgo, la violencia colonial y la agencia persistente de los pueblos que ese gobierno intentó someter.