Juan de Borja

Un noble para un reino descompuesto

La designación de un Presidente de Capa y Espada no era un detalle protocolario. Los presidentes anteriores habían sido letrados, hombres de leyes formados en las universidades castellanas, cuya autoridad se ejercía como primus inter pares entre los oidores de la Audiencia. El envío de un noble militar respondía a una convicción distinta: en los territorios coloniales, la Corona necesitaba brazos armados y prestigio linajudo para imponer un orden que las togas ya no alcanzaban a sostener. Los años inmediatamente anteriores a la llegada de Borja lo demostraban con crudeza.

Entre 1602 y 1605, la Audiencia estuvo bajo el mando de Nuño Núñez de Villavicencio, enviado no como presidente titular sino como visitador con una misión concreta: aclarar las muertes oscuras del presidente Sande y de Salierna de Mariaca. Un reino cuyos máximos funcionarios morían en circunstancias que requerían pesquisa era un reino donde la autoridad real había perdido consistencia. La práctica del juicio de residencia —aquel proceso al que se sometía a todo funcionario al dejar su cargo— podía volverse contra la propia institución que pretendía fiscalizar, como había ocurrido con Venero de Leyva; y los visitadores enviados desde España, si bien tenían poder para separar y castigar hasta a los presidentes —el encarcelamiento del presidente Armendáriz seguía fresco en la memoria administrativa—, contribuían tantas veces al desorden como a su remedio. Llegaban con séquitos de familiares y clientes a quienes favorecían con encomiendas, y esa lógica de camarilla erosionaba la autoridad tanto como los excesos que venían a corregir.

A este cuadro de fragilidad institucional se sumaba una emergencia militar. Los pijaos, cuya capacidad ofensiva se había mostrado ya en 1577 con la destrucción de La Plata, arreciaron sus ataques entre 1602 y 1605 hasta un extremo que ninguna gobernación colonial podía tolerar: cortaron las comunicaciones entre Santa Fe y el occidente del Nuevo Reino. Una capital administrativamente amputada de sus provincias mineras y agrícolas no era ya una capital; era un enclave. La llegada de Borja en 1605 debe leerse en ese marco: no una reforma abstracta, sino la respuesta a un reino que se descosía.

El nombramiento se inscribía además en un movimiento más amplio de la monarquía hispánica, que buscaba contrarrestar la creciente autonomía de los antiguos conquistadores y de sus descendientes en América. El perfil nobiliario-militar de Borja —Santiago y Alcántara, dos de las cuatro grandes órdenes militares castellanas— proyectaba una autoridad de otra jerarquía. No era un letrado más al que los encomenderos ricos pudieran cortejar; era un igual de los grandes de España al que había que obedecer.

Los orígenes y el linaje

El apellido Borja pesaba en Europa. La casa valenciana entroncaba con los duques de Gandía, con los papas Borgia —Calixto III y Alejandro VI— y, más cerca en el tiempo, con san Francisco de Borja, cuarto duque de Gandía y tercer general de la Compañía de Jesús, muerto en 1572 y venerado en toda la monarquía católica. Portar ese apellido en 1605 no era una circunstancia genealógica menor: significaba entrar en un juego cortesano donde ya se conocía la posición de la familia, sus alianzas y su peso ante el Consejo de Indias. La condición de caballero de Santiago y comendador de Alcántara —dignidades que no se concedían al azar y que suponían pruebas de limpieza de sangre y méritos probados— agregaba la investidura militar propia de las órdenes que la Corona reservaba a sus servidores de confianza. Cuando Borja desembarcó en las Indias no llegaba como aventurero en busca de fortuna, sino como delegado del rey cuyo linaje operaba como instrumento de gobierno.

Esa distancia social respecto a los vecinos del Nuevo Reino le concedió un margen de maniobra del que sus antecesores carecían. Podía enfrentarse a los encomenderos sin arriesgar su posición personal, dictar normas sobre trabajo indígena sin depender de la voluntad de los cabildos locales, prolongar una campaña militar costosa sin verse fácilmente removido por presiones criollas. La duración misma de su presidencia —veintitrés años, cifra excepcional en el régimen colonial— habla de esa autonomía relativa: sobrevivió al reinado de Felipe III y sirvió los primeros años de Felipe IV sin que las intrigas cortesanas lo tumbaran.

La guerra pijao y la palabra pacificación

De todo lo que hizo Borja, ninguna empresa exigió tanta violencia ni tuvo consecuencias tan duraderas como la campaña contra los pijaos. El territorio pijao —extendido por el actual Tolima Grande, con enclaves en las cordilleras central y oriental— había resistido la penetración española desde mediados del siglo XVI. Su resistencia no era episódica sino estructural. Los pijaos eran sumamente belicosos, sus poblaciones vivían dispersas en las selvas y cordilleras, y su organización política era descentralizada: cada tribu tenía su cacique, sin jefe superior unificado por encima de todos. Esa dispersión, que en otras sociedades indígenas habría sido debilidad, para ellos fue su principal defensa: un ejército español podía derrotar a un cacique y no ganar nada, porque quedaban otros treinta.

A esta topografía política se sumaba una economía que hacía inútiles las estrategias españolas convencionales. Los pijaos no dependían de una agricultura sedentaria capturable; eran cazadores y recolectores con desarrollo agrícola mínimo, lo que significaba que quemarles los sembrados —táctica habitual en la conquista— no los reducía por hambre. Podían replegarse en la selva, moverse, rehacerse. Su resistencia formaba parte de un cinturón mayor de pueblos indomables —los paeces, los yalcones al sur, los cunas del Darién, los pantagoras del oriente antioqueño— que había obligado a que la ocupación del territorio aledaño a Popayán fuera disputada durante casi un siglo.

Entre los caudillos pijaos, la memoria escrita retuvo el nombre de Calarca, guerrero al que las plumas coloniales de tono épico llegaron a comparar con Caupolicán, Cuauhtémoc o Lautaro. La comparación es más elogio literario que retrato riguroso; el hecho de que los pijaos no tuvieran un jefe único desmiente cualquier lectura de Calarca como su rey. Pero que hubiera merecido esa mitificación indica el impacto real de su resistencia sobre el imaginario español.

La respuesta de Borja fue una guerra de destrucción sistemática, aunque se la llamara pacificación. Frente a un enemigo disperso e inasible por medios convencionales, la campaña combinó columnas móviles, tala de sembrados y bosques, desplazamiento forzado de poblaciones sobrevivientes hacia reducciones vigiladas y ejecuciones de caciques capturados. El principio colonial que operaba en el trasfondo era el de la guerra justa: los pueblos que se resistían al Rey y a la evangelización podían ser sometidos, según los teólogos-juristas de la monarquía, con toda la fuerza de las armas. Contra los pijaos la sumisión sí se logró, pero al precio del casi exterminio del pueblo.

Esa es la incomodidad que la palabra pacificación oculta. No hubo tratado, ni integración negociada, ni sometimiento tributario ordenado. Hubo aniquilamiento demográfico y ruptura del tejido político-territorial pijao, y después, sobre el vacío, la reconstrucción del mapa colonial: reactivación de Ibagué, refundación de Cartago en otro emplazamiento, consolidación de Neiva, minería reactivada en Mariquita, caminos entre Santa Fe y el occidente restablecidos. Todo eso ocurrió porque ya no había quien lo impidiera. Donde había pijaos, hubo estancias y haciendas; donde había fronteras cerradas, hubo composiciones de tierras al mejor postor. La violencia de Borja abrió literalmente el territorio para el proyecto agrario que se venía articulando desde 1590.

La Audiencia como taller

La transformación institucional del Nuevo Reino durante estos años no se debió solo a la voluntad presidencial. Buena parte del trabajo lo hizo la Audiencia entendida como cuerpo colegiado. Sus oidores se reservaron con celo las materias que definían el funcionamiento económico del reino: la tasación de tributos indígenas, la legislación sobre encomienda, la definición del trabajo indígena, las relaciones con el cabildo, la repartición de tierras en la sabana. Sobre esas atribuciones —competencias jurídicas más que militares— se construyó una arquitectura de decisiones que sobrevivió a los presidentes individuales y sedimentó el andamiaje del Estado colonial.

Borja aportó lo que un letrado no podía aportar: la fuerza para hacer respetar esas decisiones, el prestigio para imponerse a los cabildos y el tiempo largo de una presidencia estable. Los oidores aportaron el saber jurídico. La combinación funcionó, aunque tuviera límites estructurales. Los magistrados coloniales contaban con un amplio poder discrecional que otorgaba flexibilidad a la aplicación del derecho, pero también abría espacios donde el favor y la clientela pesaban tanto como la norma. Los funcionarios reales llegaban con séquitos de familiares a los que colocaban en encomiendas y cargos, y esa reproducción de camarillas erosionaba cualquier pretensión de imparcialidad administrativa. El Estado colonial que emergió bajo Borja no fue un edificio impersonal a la manera de las burocracias modernas; fue una malla de fidelidades personales sobre la que se tendía una legalidad real, cuyo funcionamiento concreto dependía siempre de quién ocupara cada silla.

Aun con esas limitaciones, la Audiencia se afirmó frente a otros poderes. El cabildo capitalino, donde los antiguos encomenderos habían mandado con soltura durante décadas, perdía influencia visible: la tributación indígena disminuía por el desplome demográfico, y con ella se erosionaba el fundamento económico del poder encomendero. Los vecinos empezaron a desinteresarse por los cargos del cabildo; el ausentismo se volvió problema recurrente. La Audiencia ocupó ese vacío, y al hacerlo se convirtió en la institución que verdaderamente gobernaba la vida cotidiana del Nuevo Reino.

La reforma del trabajo indígena

Uno de los frentes más delicados de la presidencia de Borja fue la reglamentación del trabajo indígena y esclavo. La encomienda —aquella institución medieval trasplantada a las Indias por la cual un hidalgo recibía el control, cuidado y catequización de un cierto número de indígenas a cambio de que estos le pagaran tributo en trabajo, bienes o dinero— entraba en decadencia irreversible. La causa profunda era demográfica: la población tributaria se había desplomado y, con ella, la renta encomendera. A medida que ese fundamento se hundía, otras formas de extracción ocuparon el lugar dejado libre. Bajo Borja tomaron cuerpo dos de ellas: la mita reglamentada y los resguardos.

La mita no era invento colonial español. Era una institución preexistente en el Imperio inca, adaptada por los españoles en los virreinatos del Perú y de la Nueva España, y llevada más tarde al Nuevo Reino. Consistía en el desplazamiento periódico de grupos de indígenas a trabajar en haciendas, minas o ciudades a manera de tributo. Bajo Borja se establecieron normas claras sobre esa forma de trabajo, extendiéndolas también a los esclavos negros, con modalidades distintas para cada grupo. La reglamentación cumplía dos funciones simultáneas: aseguraba a los propietarios de haciendas y minas un flujo estable de mano de obra en un momento de escasez, y transfería a la Corona el control sobre esa mano de obra, retirándoselo a los encomenderos. Una operación de estatización parcial del trabajo indígena.

Al mismo tiempo se consolidaba el régimen de resguardos. Estos territorios, delimitados y asignados a comunidades indígenas específicas, cumplían una función doble: organizaban la producción agrícola de autoabastecimiento indígena y agrupaban a los sobrevivientes de manera que pudieran tributar directamente al rey, sin la mediación —y el filtro rentístico— del encomendero. Los resguardos eran la contracara administrativa de las composiciones de tierras: mientras la tierra realenga se privatizaba en manos de estancieros y hacendados, un margen se reservaba para las comunidades tributarias, cuya existencia el sistema necesitaba conservar precisamente porque sin indios no había mano de obra ni tributo.

En este esquema, la Corona ganaba en varios frentes: recuperaba el control fiscal directo sobre las comunidades indígenas, debilitaba a los encomenderos —cuya autonomía había preocupado a Madrid durante todo el siglo XVI— y racionalizaba la relación entre tierra, trabajo y tributo. Los indígenas perdían en todos: la tributación directa al rey podía ser tan onerosa como la del encomendero, la mita imponía desplazamientos forzados que rompían la vida comunitaria, y los resguardos, aunque preservaban una base territorial, la definían en los términos y en las extensiones que convenían a las autoridades coloniales.

Domingo Biohó y el palenque de la Matuna

El otro gran problema de gobierno que Borja debió enfrentar fue el de los cimarrones. En Cartagena de Indias, el mayor puerto negrero de la América española después de Veracruz, la fuga de esclavos hacia los montes circundantes había creado desde el siglo XVI comunidades palenqueras cuya persistencia y organización política preocupaban seriamente a la administración colonial. Mompox, el segundo gran reducto esclavista después de Cartagena, tenía en su zona de influencia varios palenques.

El más famoso de todos fue el de la Matuna, liderado por Domingo Biohó —también consignado como Benkos Biohó—, quien se autoproclamó rey del arcabuco. Sus acciones están documentadas al menos desde 1605, año inaugural de la presidencia de Borja, cuando llegó con cimarrones armados al hatillo del padre Gaicano en Jegua, episodio recogido por el cronista fray Pedro Simón. Bajo su liderazgo, el palenque de la Matuna desarrolló una organización social y política sorprendentemente formal, con cabildos que elegían autoridades según mérito y servicio. No era una banda de fugitivos; era una comunidad estructurada, con instituciones deliberativas y una jerarquía reconocida, que combinaba momentos de conflicto abierto con las autoridades coloniales con estrategias de coexistencia pacífica —trueque y comercio con vecinos— cuando la relación de fuerzas lo aconsejaba.

En 1613, tras años de campañas fallidas para reducir el palenque por las armas, el gobernador de Cartagena firmó un acuerdo de paz con Biohó. El pacto reconocía de hecho la existencia de la comunidad cimarrona y establecía condiciones para una convivencia negociada. Que la administración de Borja avalara ese acuerdo —o al menos no lo impidiera— revela el pragmatismo del gobierno colonial: donde no podía imponerse la fuerza, se negociaba. Revela también los límites reales de la consolidación estatal: la Corona era menos poderosa de lo que su discurso proclamaba, y sabía que ciertas guerras costaban más de lo que se ganaba con ellas.

El acuerdo sería después violado y Biohó ejecutado, y su nombre habría de convertirse con el tiempo en el símbolo heroico más famoso de las comunidades cimarronas colombianas —una estatua en su honor preside hoy San Basilio de Palenque—. Pero en el momento en que se firmó, en 1613, aquel pacto marcó un punto singular en la política colonial: un gobernador de la Corona reconociendo, aunque fuera transitoriamente, la autoridad de un rey negro fugitivo. La contradicción con el tratamiento dispensado a los pijaos salta a la vista. Con los pijaos, cazadores dispersos sin territorio productivo aprovechable, la Corona optó por el exterminio. Con los palenqueros de Biohó, situados a las puertas de la ciudad portuaria más importante del Caribe hispánico, negoció. La lógica no era humanitaria; era económica y geopolítica.

Hacienda real, aparato fiscal y la Casa de Moneda

Bajo la presidencia de Borja terminó de armarse el aparato fiscal del Nuevo Reino, pieza por pieza. El Tribunal de Cuentas se organizó como instancia técnica para auditar las rentas reales y controlar el movimiento del dinero público, y la Casa de Moneda —donde se acuñaba en Santa Fe la plata y el oro llegados de las minas— ganó operatividad. Tener casa de moneda propia era, en el vocabulario de la época, signo inequívoco de madurez colonial: significaba que el reino generaba y procesaba metal precioso en volumen suficiente para justificar semejante infraestructura, y que la Corona lo consideraba plaza confiable para acuñar en su nombre.

Las cifras que sobreviven dejan ver, aunque de reojo, la escala de ese reordenamiento. En 1603, apenas dos años antes de la llegada de Borja, el reparto del derecho de alcabala en la ciudad de Tunja sumó 3.227 pesos de 13 quilates: la contabilidad de una plaza próspera pero provinciana. En 1608, las composiciones de encomiendas producían ya 23.655 pesos de oro, siete veces la alcabala tunjana de un lustro atrás. Nada de esto acerca al Nuevo Reino a las magnitudes de la Nueva España o del Perú; pero traza el perfil de una fiscalidad que empieza a funcionar con regularidad, con partidas repetidas y auditables, y no como colecta episódica de un tesoro fronterizo.

El principio rector de la hacienda colonial estaba fijado con claridad: las rentas ordinarias o antiguas —quintos mineros, tributos indígenas, diezmos eclesiásticos— se destinaban a sostener la administración local, mientras que el producto de las nuevas imposiciones debía llegar íntegro a España. En la práctica, ese principio admitía excepciones y era continuamente disputado por los intereses locales; pero como marco jurídico organizaba la relación fiscal entre el Nuevo Reino y la metrópoli, y era en ese marco donde el Tribunal de Cuentas y la Casa de Moneda encontraban su razón de ser.

Composiciones de tierras y régimen de haciendas

En el frente territorial, los años de Borja coincidieron con la intensificación de una política que venía desde 1590 y se prolongaría hasta 1620 aproximadamente: la composición de tierras. El mecanismo era simple en su formulación y devastador en sus consecuencias. La Corona, mediante subasta pública al mejor postor, titulaba como propiedad privada tierras hasta entonces realengas: del dominio del rey, aunque en la práctica de uso comunal, indígena o simplemente vacantes por los desplazamientos de la conquista. Quien tuviera dinero para pagar podía adquirir extensiones considerables. Quien no, quedaba fuera del nuevo régimen agrario.

De esta política nació el régimen de haciendas, entendido no solo como forma de propiedad rural sino como sistema social, económico y político integrado: grandes extensiones concentradas en pocas manos, un campesinado indígena y mestizo excluido de la propiedad de la tierra y disponible como mano de obra sin derechos, y una élite terrateniente que reproducía en el campo americano la lógica señorial castellana. La sabana de Bogotá, los valles de Tunja, las tierras liberadas por la campaña pijao en el Tolima Grande, las regiones ganaderas de la costa: todas se remodelaron en estos años bajo el signo de la propiedad privada compuesta al mejor postor.

Aquí se cierra el círculo que la palabra pacificación ocultaba. La destrucción del pueblo pijao no fue un episodio militar aislado; fue la condición territorial para que las composiciones pudieran operar sobre el occidente del reino. Cada legua de tierra despejada de resistencia indígena era una legua susceptible de ser titulada, subastada, integrada a una hacienda. La violencia contra los pueblos indios y la privatización de realengas fueron dos caras de una misma operación: la construcción de un régimen agrario colonial que sobreviviría, en sus rasgos esenciales, hasta la República.

La Inquisición de Cartagena y el control cultural

En 1610, ya bajo la presidencia de Borja, se estableció el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Cartagena de Indias. El territorio que quedaba bajo su jurisdicción resulta hoy difícil de imaginar: las arquidiócesis de Santafé y Santo Domingo, y las diócesis de Popayán, Santa Marta, Cartagena, Panamá, Caracas, Puerto Rico y Santiago de Cuba. Media Caribe y todo el Nuevo Reino de Granada, Venezuela incluida, dependían de un solo tribunal instalado en un puerto amurallado.

La Inquisición americana tenía una característica distintiva respecto a la española: los indígenas quedaban excluidos de su jurisdicción. La razón oficial era que se los consideraba neófitos, recientemente incorporados a la fe y por tanto no plenamente responsables de sus posibles desviaciones doctrinales. La consecuencia práctica era que la Inquisición se ocupaba de mestizos, negros libres, esclavos y españoles. En Cartagena, puerto internacional con presencia constante de marineros extranjeros, el foco recayó en protestantes, luteranos, calvinistas y hugonotes: el Tribunal procesó a 82 personas por causas relacionadas con la reforma religiosa. La naturaleza comercial del puerto favorecía la circulación de esas ideas, y la Inquisición operó como un dispositivo de control fronterizo tanto religioso como político.

El esquema inquisitorial se importaba de España casi sin modificaciones, y funcionaba en una sociedad que era todo menos europea. Cartagena del siglo XVII carecía de universidades y bibliotecas relevantes, su desarrollo cultural era muy limitado y su estratificación social —blancos en el poder, negros esclavizados aportando la fuerza de trabajo, indios en una posición marginal, mujeres blancas sin voz pública— configuraba un mundo en el que el aparato inquisitorial ejercía menos una vigilancia teológica sofisticada que un disciplinamiento social genérico. Bajo el gobierno de Borja, ese aparato terminó de instalarse.

Fundaciones y evangelización

La huella territorial de Borja no se limitó a las composiciones de tierras. Durante su presidencia y en los años inmediatamente posteriores se produjeron numerosas fundaciones de pueblos de indios, operación distinta a la de las ciudades del siglo XVI. Aquellas habían sido enclaves administrativos y mineros de mayor envergadura, capitales regionales, puertos, reales de minas; las fundaciones del XVII, en cambio, respondieron principalmente a la agregación de comunidades indígenas dispersas o diezmadas por el desplome demográfico. Se trataba de reducir a los sobrevivientes a poblados vigilables donde pudieran ser catequizados, tributar directamente al rey y ser controlados por las autoridades coloniales.

Herrera Campuzano llevó a cabo fundaciones de pueblos de indios en Antioquia en 1614; Lesmes de Espinosa hizo lo propio con indígenas de Vélez, Muzo y La Palma en 1617, y en Cartago y Anserma en 1627; Rodríguez de San Isidro fundaría en el Valle del Cauca en 1637, poco después del fin de la presidencia de Borja. Esta ola fundacional selló la fisonomía territorial del reino durante el resto del período colonial.

En el terreno cultural y evangelizador, es de este mismo período la aparición, en 1619, de la Gramática, confessionario y sermones en la lengua general del Reyno del Nuevo Reyno de Granada del dominico fray Bernardo de Lugo, primer intento sistemático de fijar por escrito la lengua chibcha muisca. Que ese esfuerzo apareciera bajo la presidencia de Borja no es casualidad: la evangelización sistemática requería instrumentos lingüísticos, y la administración colonial en fase de consolidación podía por fin invertir en ellos. Paradójicamente, la obra de Lugo se produjo cuando ya el desplome demográfico muisca había avanzado tanto que la utilidad práctica del manual era limitada; funcionaría más como reliquia filológica que como herramienta pastoral eficaz.

Los límites de la consolidación

El Estado colonial que Borja dejó tras de sí no fue una arquitectura acabada, sino una convergencia afortunada de tendencias en curso. Las composiciones venían desde 1590; los resguardos surgían como respuesta natural al debilitamiento de la encomienda; la mita se importaba del Perú y no se inventaba en Santa Fe; la Inquisición de Cartagena se creaba por decisión de Madrid, no de la presidencia local. El presidente no diseñó ese conjunto: le proporcionó los veintitrés años de marco político estable dentro de los cuales pudo sedimentar, y aportó la fuerza militar que hizo posible una redistribución territorial de gran escala mediante el exterminio pijao.

Esa combinación —tiempo largo, respaldo nobiliario y disposición a usar la violencia sin restricciones— fue lo que su presidencia ofreció al proyecto imperial. Bastó para reordenar un reino, no para construir un Estado moderno ni para justificar la retórica civilizatoria con que a veces se contó su empresa. Fue un reordenamiento colonial cuyo éxito relativo se midió por la capacidad de asegurar el flujo tributario a la Corona, apaciguar las fronteras internas más costosas, disciplinar culturalmente a la población libre y organizar la propiedad de la tierra en beneficio de los grupos afines al orden colonial.

La huella

Borja murió en el cargo en 1628, tras veintitrés años de presidencia. Su gobierno marcó el paso del Nuevo Reino del siglo XVI —el de la conquista dispersa, los encomenderos autónomos, las fronteras porosas y los tribunales asediados— al del siglo XVII colonial, con Audiencia consolidada, hacienda pública funcional, Inquisición operante, sistema de resguardos y mita, y régimen de haciendas asentado sobre composiciones de tierras. Ese modelo perduraría, con ajustes, hasta las reformas borbónicas del siglo XVIII y, en sus rasgos agrarios, hasta muy avanzada la República.

De los pijaos, en cambio, apenas quedó el nombre. La comarca que había resistido durante casi un siglo a la conquista quedó desmantelada como sociedad autónoma; sus sobrevivientes fueron reducidos, dispersados o absorbidos por el mestizaje forzoso. La memoria de Calarca sobrevivió en la literatura, pero como figura mitificada, sin un pueblo vivo detrás. La cordillera central y los valles del Tolima Grande se llenaron de haciendas ganaderas, de tabaco y —más tarde— de café, sobre las cenizas de esa destrucción.

Domingo Biohó, en cambio, se transformó en símbolo. Su palenque de la Matuna fue disuelto tras la ruptura del acuerdo de 1613 y su ejecución, pero el modelo organizativo se reprodujo en otros palenques, especialmente en la zona de Loba y Mompox, y de esa genealogía descendería siglos después San Basilio de Palenque, hoy patrimonio cultural reconocido internacionalmente. La resistencia negra encontró, allí donde la indígena fue triturada, formas de continuidad histórica.

La figura de Juan de Borja pertenece a ese momento singular en que las instituciones se construyen sobre huesos. Sin la campaña pijao no habrían sido posibles las composiciones sobre la escala en que se hicieron; sin las composiciones no se habría constituido el régimen de haciendas; sin ese régimen, la estructura agraria colombiana habría tomado otra forma. Pacificador y consolidador, sí; también ejecutor de una guerra de aniquilamiento y agente principal de la privatización masiva de las tierras realengas del Nuevo Reino. Ambas caras, indisociables, son las que explican por qué su presidencia importa.