Concertaje

El concertaje

En el Nuevo Reino de Granada, entre finales del siglo XVI y mediados del XVIII, el concertaje fue el mecanismo por el cual la Corona dejó de repartir indios en bloque a los encomenderos y comenzó a distribuirlos, cuota por cuota, a quien tuviera tierras y necesitara brazos. Un porcentaje de los indios útiles de cada resguardo —una cuarta parte, cuando el sistema funcionaba— era alquilado a estancieros, mineros y comerciantes por contratos de seis meses a un año, con salario tasado en dinero. Sobre el papel, un régimen laboral moderno enclavado en pleno orden colonial: contrato escrito, jornal fijo, plazo cierto, casa y adoctrinamiento a cargo del patrón. En la práctica, la institución que administró la escasez de indios tras el colapso demográfico, universalizó el trabajo dependiente al abrirlo a mestizos, mulatos y libres, y disolvió las comunidades indígenas mientras alimentaba las haciendas de la sabana. Cuando la República abolió el tributo y ordenó dividir los resguardos, la masa de campesinos sin tierra que heredó ya venía formándose desde adentro del concertaje. De ahí su peso: es el eslabón —opaco, poco codificado, sin la fama de la mita peruana ni la nitidez jurídica del huasipungo ecuatoriano— que conecta la encomienda con el peonaje republicano y explica por qué en Colombia la sujeción laboral rural sobrevivió sin necesitar la deuda como grillete.

Qué era el concertaje

El concertaje —o régimen de conciertos— era una forma de trabajo forzado por asignación administrativa. A petición de un propietario, la Audiencia de Santa Fe ordenaba al corregidor de indios de un partido que separara un porcentaje de los tributarios de un pueblo de indios y los distribuyera entre los vecinos españoles con mercedes de tierra. El indio así asignado se llamaba concertado. Debía servir en la hacienda, mina o estancia por un plazo pactado —de seis meses a un año, según la reglamentación española—, recibir salario en moneda, casa y servicios religiosos, y volver luego a su comunidad.

Tres rasgos lo definían jurídicamente. Primero, era una intervención directa del Estado colonial: no un contrato libre entre partes, sino una orden administrativa que la Audiencia bajaba al corregidor y este ejecutaba sobre la comunidad. Segundo, el salario se pagaba al cacique o al capitán del pueblo, no al trabajador individual; ese dinero servía, en el fondo, para cubrir el tributo colectivo que la comunidad debía a la Corona. Tercero, el sistema excluía a los propietarios mestizos: solo los blancos con mercedes podían pedir indios de concierto, un privilegio racial inscrito en la propia arquitectura del reparto.

El régimen coexistió con lo que quedaba de la encomienda y con formas más informales de trabajo temporal —gañanes, jornaleros, agregados— que llenaban los intersticios que el concierto no cubría. Los encomenderos, que antes habían dispuesto de comunidades enteras para las cosechas, conservaron ventajas pero perdieron el monopolio: bajo el concierto tenían que solicitar su cuota como cualquier otro propietario, aunque siguieron siendo mejor tratados en el reparto.

De la encomienda al concierto: por qué cambió el sistema

La encomienda había sido la piedra de toque del orden colonial temprano, un neofeudalismo americano donde el encomendero prácticamente no tenía deberes y sí todos los derechos, y el indio no tenía derechos y estaba abrumado de deberes. Formalmente, era una cesión de tributos: la Corona entregaba al conquistador el derecho de cobrar el tributo indígena a cambio de protección militar y catequización. En la práctica, el encomendero ocupaba las tierras vecinas, transformaba el tributo en servicios personales y disponía de la comunidad casi como propietario de personas. El repartimiento —la asignación inicial de indios— derivaba en condiciones que las propias autoridades coloniales describieron como servidumbre y, en casos, esclavitud.

Contra ese cuadro, la Corona intentó dos correcciones sucesivas. Las Leyes Nuevas de 1542 limitaron las encomiendas a dos generaciones y ordenaron un trato más benigno para los indios; su aplicación tuvo que suspenderse en la Nueva Granada porque desató guerra civil en el Perú. Luego, a lo largo del último tercio del siglo XVI y comienzos del XVII, se prohibió tasar el tributo en servicio personal y se buscó convertir la encomienda en una institución de puro tributo en especie o numerario. El objetivo era claro: sacar al encomendero del control directo de la mano de obra indígena.

Esa política protectora coincidió con dos presiones estructurales. Una, demográfica y devastadora: la población indígena de la Nueva Granada, que antes de la conquista probablemente superaba los tres millones, se había reducido a poco más de 150.000 tributarios cuando se hizo el primer censo confiable en 1778-1780. Ya a comienzos del siglo XVII la disminución era alarmante y constituía una causa directa de la limitación en el uso de mano de obra por los encomenderos. Guerras, pestes, abusos, mestizaje, suicidio colectivo y fuga de indígenas iban vaciando los pueblos. La otra presión era social: junto a los encomenderos había surgido una capa de propietarios no encomenderos —beneficiarios de mercedes tardías, mineros, ganaderos— que también necesitaba brazos y no podía acceder legalmente a ellos por la vía de la encomienda.

El concertaje resolvió ambas cosas a la vez. Al centralizar la asignación en la Audiencia, sustrajo el reparto al monopolio del encomendero y lo abrió a los nuevos propietarios. Al fijar cuotas y plazos, racionó una mano de obra que ya escaseaba. Y al pasar del servicio personal permanente al alquiler temporal con salario, ofreció una fachada jurídica compatible con la política oficial de "protección" del indio. La supresión formal del servicio personal no eliminó la obligación laboral: la reformateó. La Corona aumentó el tributo en dinero o mercancías —lo que obligaba al indio a trabajar por jornal para pagarlo— y estableció nuevas modalidades de trabajo obligatorio pagado, como el alquiler general, que beneficiaban a un espectro más amplio de vecinos españoles.

El resguardo como reserva de brazos

El concertaje no habría podido funcionar sin el resguardo. La política de reducciones, que concentraba a los indígenas dispersos en pueblos de indios con tierras comunales inalienables, tuvo dos justificaciones oficiales —evangelización y protección— y una función práctica decisiva: fijar la mano de obra en lugares controlables, asegurar el pago del tributo y mantener disponible un stock rotatorio de trabajadores para el sistema económico español.

En los resguardos de la Nueva Granada, una cuarta parte de los indios útiles era alquilada mediante concierto a estancieros, mineros y comerciantes de la vecindad. El corregidor de indios era la bisagra: cobraba el tributo, lo distribuía —un veinte por ciento como quinto real, un diez por ciento para la Iglesia, y el resto entre gastos administrativos, sostenimiento de la parroquia y pago al encomendero cuando aún lo había— y ejecutaba las asignaciones que ordenaba la Audiencia. En la práctica, el corregidor sustituyó al encomendero en la recaudación y se convirtió en el verdadero administrador del trabajo indígena en su partido.

El salario del concertado, pagado colectivamente al cacique, retornaba en buena parte a la caja comunal para cubrir el tributo. Esta operación —que parece un detalle contable— cambia el sentido del sistema. El trabajo del concertado no era un intercambio individual entre un trabajador y un patrón: era una obligación fiscal encubierta como relación salarial. El indio no vendía su fuerza de trabajo; la comunidad la cedía para pagar lo que debía a la Corona. El jornal era, en buena medida, tributo pagado con anticipación en horas de azadón.

El altiplano cundiboyacense fue el escenario privilegiado del arreglo. La densa población muisca sobreviviente, sumada al clima templado que los europeos toleraban bien, hicieron de la sabana de Bogotá y las tierras de Tunja el corazón de las encomiendas, los latifundios y las haciendas de órdenes religiosas y descendientes de españoles. Santafé, Tunja, Vélez, Pamplona: allí el concertaje fue norma cotidiana. En Popayán, en cambio, la crisis demográfica fue más brutal: en la jurisdicción los tributarios se habían reducido a menos de la mitad en treinta años hacia 1637, y las ordenanzas del oidor Diego de Inclán Valdez, dictadas en 1668, tuvieron que ajustar el reparto por escasez pura. Entre otros cambios, el porcentaje de tributarios asignados a las minas bajó del veinte al diez por ciento, en parte porque no había indios y en parte porque los mineros preferían esclavos africanos. El colapso de la producción de oro hacia 1700 —una economía minera que casi desaparece— es la traducción económica de esa hemorragia.

El aparato jurídico y su costura floja

Sobre el concertaje se acumuló una reglamentación minuciosa. Las Leyes de Indias —el primer cuerpo jurídico general para regular la convivencia entre colonizadores y nativos en América— fijaban principios protectores; las ordenanzas locales especificaban plazos, salarios, obligaciones de manutención, provisión de casa y servicios religiosos. El concierto debía hacerse por escrito. La duración no podía exceder el año. El salario debía pagarse en moneda, no en fichas ni en especie disfrazada. Las visitas de la tierra, encomendadas periódicamente para obtener informes sobre administración, economía, hacienda y situación indígena, servían como instrumento de control.

Nada de eso funcionó como estaba escrito. Los magistrados coloniales —oidores, corregidores— gozaban de un poder discrecional amplísimo: podían fallar según costumbre o equidad, lo que introducía una variabilidad enorme en la aplicación efectiva del ordenamiento. El corregidor de partido, teóricamente responsable de vigilar que los propietarios respetaran las condiciones del concierto, mantenía nexos inmediatos con los grupos locales de poder —los mismos terratenientes que solicitaban indios— y no podía, o no quería, ejercer imparcialmente su función. La escasez crónica de funcionarios agravaba el problema: unos pocos corregidores repartidos en territorios enormes no daban abasto para fiscalizar decenas de haciendas.

La brecha entre norma y práctica no fue accidente: fue estructura. La regulación minuciosa cumplía una función de legitimación —permitía a la Corona presentarse como protectora del indio— sin comprometer los intereses del sistema económico. Los propietarios sabían que las visitas eran esporádicas, que los oidores estaban lejos y que el corregidor cercano compartía intereses con ellos. En esa distancia entre la letra y el campo se coló todo lo que la letra prohibía: contratos verbales que se estiraban indefinidamente, salarios pagados en aguardiente o en fiado a la pulpería del patrón, indios que no volvían al pueblo al terminar el plazo porque una nueva orden —o una promesa, o una amenaza— los retenía.

Esta flexibilidad tenía un correlato político. La Corona española gobernaba centralmente y dictaba directrices generales, pero en las Indias los magistrados aplicaban la costumbre y la equidad, lo que introducía márgenes reales de autonomía local. La ley protectora era formalmente rígida y prácticamente porosa. El indio, en medio, dependía menos de las ordenanzas de Madrid que del corregidor de su partido y del hacendado de la vecindad.

La ampliación racial: cuando el concertaje deja de ser cosa de indios

Hacia finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII, un desplazamiento silencioso transformó la institución. El sistema del concierto, concebido originalmente para distribuir indios tributarios, se abrió para incluir a personas de todas las razas y sus mezclas: mestizos, mulatos libres, negros libertos, "libres de todos los colores". Ya no eran solo indios asignados por el corregidor; eran también trabajadores que se contrataban por jornal, con nombres nuevos —gañanes, jornaleros— pero funciones parecidas.

La causa inmediata fue demográfica. A partir de 1690 comenzó una recuperación demográfica en la Nueva Granada, impulsada no por los indios —cuya población seguía deprimida— sino por la rápida reproducción de mestizos, negros y mulatos. Esta población creciente, sin tierra propia y sin lugar en los resguardos, necesitaba emplearse. Las haciendas, por su parte, necesitaban brazos que ya no podían obtener por las viejas vías. La institución se abrió por presión combinada de oferta y demanda.

Mulatos libres aparecen empleados especialmente en tareas de vaquería y arriería —oficios de habilidad, que exigían conocimiento del ganado y de los caminos. Los gañanes, contratados temporalmente para tareas específicas, recibían un jornal y una ración de chicha, sin distinción de sexo ni edad: mujeres y menores eran incorporados al trabajo asalariado temporal en las haciendas sin diferenciación formal de contrato. La antigua exclusión de los propietarios mestizos del sistema del concierto —vestigio del privilegio racial que había estructurado la institución— se erosionó a medida que el mestizaje mismo carcomía las categorías coloniales.

La consecuencia es más importante de lo que parece. El concertaje, que había nacido como un mecanismo de administración del trabajo indígena, se convirtió en el molde general del trabajo dependiente colonial. Todos los que no tenían tierra —indios sin resguardo, mestizos, mulatos libres— pasaron por sus formas: contrato temporal, salario en moneda, ración, casa. Cuando llegó la República y ya no había indios tributarios como categoría legal, el molde estaba listo para ser reetiquetado. La continuidad institucional entre concertaje colonial y peonaje republicano no pasa tanto por la persistencia formal del contrato como por la universalización, ocurrida ya en la Colonia, del trabajo dependiente asalariado en el campo.

La hacienda como taller de la sujeción

La hacienda colonial neogranadina fue el lugar donde el concertaje se articuló con otras formas de trabajo hasta configurar el mapa laboral que heredaría el siglo XIX. Allí coexistieron el repartimiento de concertados, el peonaje temprano de gañanes y jornaleros, la figura del agregado y, en algunas regiones, la esclavitud africana. Los hacendados combinaban esos contratos según las condiciones del mercado y la oferta de fuerza de trabajo.

El concertado ocupaba una posición intermedia: vinculado por contrato administrativo por tres a seis meses, con salario y ración, era el trabajador más regulado. El peón o gañán llegaba y se iba según la faena, contratado directamente por el mayordomo, sin más pacto que el jornal del día. El agregado era otra cosa: un indio huido de su resguardo para escapar del tributo y las levas de la mita, o un mestizo sin tierra ni acceso a comunidad alguna, que se instalaba en la hacienda a cambio de un lote de pancoger —un pedazo para cultivar su comida— y de trabajo en las tierras del patrón. No cobraba salario, o lo cobraba en migajas; su pago era el permiso de vivir allí y sembrar su maíz.

Los agregados son la clave de una transformación de larga duración. Cada indio que se quedaba en la hacienda era un indio que dejaba de tributar en el resguardo, que restaba fuerza a la comunidad, que descosía la trama comunal que sostenía todo el sistema. El concierto agrario propició que muchos indígenas asignados permanecieran indefinidamente en las haciendas, alejándose de sus pueblos de origen. La mita, cuando operaba —levas para trabajos específicos como las minas—, aceleraba el proceso: al reducir el número de miembros útiles de la comunidad, obligaba a los sobrevivientes a emplearse por jornal fuera del resguardo para cumplir con las obligaciones tributarias colectivas. Se iba formando así una masa proletaria sin ligazón con la tierra, germen del proletariado agrario moderno.

Un rasgo del caso neogranadino merece subrayarse porque lo distingue de otras regiones latinoamericanas: la retención de trabajadores por endeudamiento —el peonaje por deudas clásico— fue generalmente desconocida en las haciendas coloniales colombianas y siguió siéndolo en las cafeteras del siglo XIX. La política dominante era no conceder anticipos, y en los raros casos de deuda registrada eran las haciendas las deudoras frente a sus trabajadores permanentes, no al revés. La abundancia relativa de campesinos dispuestos a emplearse —producto justamente de la desposesión que el sistema había producido— permitía reponer a los que desertaban sin necesidad de encadenarlos con préstamos. El dato desmiente la imagen intuitiva del peonaje colombiano como versión local del mexicano o andino, y obliga a buscar la continuidad colonia-república por otro lado: no por la deuda, sino por la desposesión territorial.

Sobre esa base extensiva —tierra abundante, mano de obra dependiente, mercado interno estrecho— la hacienda operó con prácticas agrarias parsimoniosas. No hubo en las Indias una revolución tecnológica agrícola comparable a la europea del siglo XVIII. El exiguo crecimiento de los mercados y la enorme extensión de los territorios monopolizados por los terratenientes hicieron innecesaria toda innovación. La hacienda vivía de extender, no de intensificar; y para extender necesitaba, sobre todo, mantener disponible a la gente que hiciera el trabajo. El concertaje, con su rotación regulada y su reserva en el resguardo, cumplía esa función mejor que ninguna otra institución disponible.

Nombres, lugares, momentos

El concertaje no fue obra de un legislador ni tuvo un fundador. Se decantó lentamente en la práctica de las Audiencias y de los corregimientos entre finales del XVI y mediados del XVII, y su forma definitiva se cristalizó en visitas y ordenanzas dictadas por oidores comisionados. La visita del oidor Diego de Inclán Valdez a Popayán en 1668 dejó ordenanzas que redistribuyeron los porcentajes de tributarios asignados a minas, haciendas y otras actividades ante la escasez creciente: testimonio de cómo el sistema se recalibraba desde arriba en respuesta al vaciamiento demográfico.

Los presidentes de la Audiencia de Santa Fe fueron protagonistas de este ajuste. Andrés Díaz Venero de Leiva, primer presidente entre 1564 y 1574, sentó bases institucionales para el gobierno civil sobre los pueblos de indios. Antonio González, hacia finales del siglo XVI, y Juan de Borja, presidente entre 1605 y 1628, gobernaron durante las décadas en que la política de conversión de la encomienda hacia el tributo puro y la organización del concierto tomó forma. Al sur, en el Virreinato del Perú, Francisco de Toledo había fijado hacia 1570 el gran modelo andino de reducciones, mita y tributo que sirvió de referencia —aunque nunca de copia— para el norte.

La geografía del concertaje neogranadino se concentró en el altiplano cundiboyacense: Santafé de Bogotá, Tunja, Vélez, la sabana de Bogotá, las tierras de Ubaté y Chiquinquirá. También en Pamplona y en los valles cálidos de Mariquita, donde las minas exigieron ajustes particulares. Popayán fue caso aparte: escasez temprana, minería en declive, sustitución progresiva por esclavos africanos. Cada región tuvo su versión del arreglo, con porcentajes distintos y prácticas locales, pero en todas el eje era el mismo: el corregidor bajando indios del resguardo a la hacienda del vecino.

El desmonte tardío y la deriva republicana

Durante el período virreinal, iniciado en 1718, la encomienda fue extinguiéndose por decreto. Ordenanzas de 1701 y 1720 dispusieron que las encomiendas revirtieran a la Corona a la muerte de su titular; la última se devolvió en 1729. El concertaje sobrevivió como forma de asignación de trabajadores, pero fue mutando: el concierto forzoso fue cediendo espacio al concierto voluntario a medida que la oferta de trabajo libre —mestizos, mulatos, indios agregados— crecía. Los hacendados empezaron a ofrecer mejores salarios y raciones para atraer trabajadores en un mercado donde ya no bastaba con la orden del corregidor.

Las cuentas de hacienda del siglo XVIII muestran raciones que incluían componentes en especie —maíz, carne y otros alimentos básicos— que sumaban un consumo considerable. La situación alimenticia de la población campesina concertada en la región bogotana durante el siglo XVIII fue netamente superior a la que gozó más tarde durante el XIX, según los índices de poder adquisitivo en alimentos básicos calculados a partir del salario y la ración. Es un dato incómodo para toda narrativa lineal de progreso: los concertados del final de la Colonia comieron mejor que sus descendientes republicanos.

La Independencia trajo cambios formales rápidos y transformaciones estructurales lentas. La Junta Suprema de Santafé decretó la abolición del tributo indígena en 1810; la Constitución de Cúcuta lo ratificó en 1821; Bolívar lo restableció transitoriamente en 1828 y quedó definitivamente derogado en 1832. Con el tributo desaparecía la base fiscal del resguardo, y con ella su razón de ser para el Estado. La política oficial pasó, gradualmente, a la disolución de los resguardos —proceso complejo, resistido por las comunidades, que se prolongó durante todo el siglo XIX y en algunas regiones hasta bien entrado el XX. En Nariño, la disolución llegó tan tarde como los años cuarenta del siglo XX: el resguardo de Anganoy fue extinguido en 1948, y la partición produjo minifundios antieconómicos que agravaron la fragmentación de la tierra en lugar de aliviarla.

El desmonte del resguardo funcionó como se había previsto: la descomposición de las tierras comunales fue formando una masa de campesinos desposeídos que se incorporaron a las haciendas como peones, aparceros y arrendatarios. El despojo se ejecutó a menudo concentrando varios resguardos en uno solo, generalmente en tierras de menor calidad y más distantes de los centros poblados, mientras las mejores tierras quedaban en manos de los propietarios vecinos. Con eso se cerraba un ciclo largo: la Corona había concentrado a los indios en pueblos para tenerlos disponibles como fuerza de trabajo; la República disolvió esos pueblos para liberar la tierra y produjo, como subproducto necesario, la mano de obra sin alternativa que las haciendas requerían.

Una figura republicana temprana muestra la continuidad con especial crudeza: el "concierto forzoso de manumisos". La ley del 21 de julio de 1821 —la llamada libertad de vientres— declaró libres a los hijos de esclavas nacidos desde su promulgación, pero los dejó bajo tutela de los amos de sus madres hasta los 18 años, sirviéndoles como indemnización por gastos de crianza. La ley del 29 de mayo de 1842 extendió esa dependencia laboral: los libertos entre 18 y 25 años quedarían en poder de los amos. El nombre —concierto forzoso— es explícito: la República tomó el molde colonial del concertaje y lo aplicó al problema nuevo de la manumisión gradual. Ni el concierto forzoso de manumisos afectó la tenencia de la tierra en las haciendas y estancias costeñas, ni la abolición efectiva de la esclavitud en 1851 tocó la estructura latifundista. La continuidad estructural entre política social colonial y republicana fue evolutiva, no rupturista: el reemplazo de una política de protección por una de explotación había comenzado, en realidad, antes de la emancipación.

Lo que queda

El concertaje no dejó monumento ni fecha de aniversario. Como institución jurídica, se disolvió sin decreto que la clausurara; como práctica, se transformó en el peonaje, el arriendo y la aparcería del siglo XIX. Su rastro está en la estructura agraria concentrada que la colonización española sentó y que la República heredó sin fracturarla: haciendas grandes, campesinos sin tierra, resguardos progresivamente disueltos, una fuerza de trabajo rural dependiente organizada en torno a relaciones de dominación terrateniente.

La singularidad colombiana dentro del panorama latinoamericano se aprecia mejor desde este eslabón. En los Andes ecuatorianos y peruanos, el concertaje derivó en el peonaje por deudas y en el huasipungo, formas de sujeción individual anclada en el endeudamiento del trabajador. En México, la tienda de raya cumplió función parecida. En la Nueva Granada, la deuda como grillete no arraigó: la desposesión territorial y la abundancia de mano de obra disponible hicieron innecesario el mecanismo. La sujeción se garantizó de otra manera —por la falta de alternativas, por la concentración de la tierra, por la persistencia de las relaciones de dominación— y por eso el peonaje colombiano tuvo la textura difusa de una dependencia sin cadenas visibles, más difícil de nombrar y de combatir.

La oligarquía decimonónica lo entendió a su modo. Percibió pronto la necesidad de establecer, en términos de la época, un "cinturón de seguridad" para aislar a la población trabajadora de las tierras libres —del monte, del baldío, de la frontera abierta— y desarrolló políticas agrarias y laborales orientadas a controlar el mercado del trabajo y de la tierra. El resguardo colonial y la hacienda concertada habían cumplido esa función durante dos siglos y medio; la República tuvo que reinventarla con otros nombres —matrícula, arriendo, aparcería, concierto forzoso de manumisos— para el mismo propósito.

De ahí que el concertaje merezca leerse no como curiosidad institucional del período colonial maduro, sino como el laboratorio donde se ensayó, se afinó y se generalizó la fórmula que ha sostenido buena parte de la desigualdad rural colombiana: distribuir administrativamente a los sin tierra entre los que la tienen; regular formalmente esa distribución sin fiscalizarla en el terreno; producir, en el proceso, la desposesión que hace innecesaria toda coerción explícita. El indio del resguardo, el mestizo sin acceso comunal, el liberto bajo tutela, el peón cafetero, el arrendatario boyacense, el jornalero de hoy: todos son eslabones de una cadena cuyo primer engarce se forjó cuando la Audiencia de Santa Fe empezó a ordenar, pueblo por pueblo, cuántos indios se apartaban esta semana para las labores del vecino.