Andrés Díaz Venero de Leiva

La figura y su peso

Venero de Leiva no fue un conquistador, y ese fue precisamente el punto. Cuando la Corona decidió, tras casi tres décadas de conquista y cerca de quince años de una Real Audiencia mutilada, enviar a un presidente titular al Nuevo Reino, escogió a un letrado peninsular sin vínculos previos con los bandos locales. Su presencia inauguró en Santafé la figura del presidente-gobernador con jurisdicción plena: la cabeza civil de un aparato judicial y ejecutivo que hasta entonces había funcionado como un cuerpo acéfalo. Su título completo —"del Consejo de su Majestad, su presidente y gobernador e Capitán General deste Nuevo Reino de Granada"— condensa la ambición de la fórmula: concentrar en una sola persona la representación regia, la conducción militar y la presidencia del tribunal supremo del reino.

El peso histórico de Venero se juega en tres planos que rara vez coinciden. En el plano formal-institucional, su presidencia marca la instalación efectiva del gobierno audiencial en el altiplano y la incorporación del Nuevo Reino a la lógica burocrática que Felipe II y el Consejo de Indias desplegaban en toda América para contener la "feudalización" que amenazaba con desprender los reinos de Indias del control regio. En el plano de la práctica de gobierno, su gestión ilustra los límites reales de esa ambición: la encomienda sobrevivió, los tributos siguieron cobrándose irregularmente, los indios continuaron enviándose a las minas y los funcionarios que intentaron oponerse fueron desplazados o cedieron. Y en el plano de la memoria, Venero quedó como fundador —el hombre cuyo nombre lleva una villa— y como paradigma del gobernante blando ante los intereses locales, dos imágenes que conviven sin cancelarse.

Formación y llegada al Nuevo Reino

Los datos peninsulares de Venero son los propios de un letrado castellano de la segunda mitad del siglo XVI: formación jurídica, servicio en el Consejo de su Majestad, ascenso en la carrera de togas hasta merecer el nombramiento americano. La Corona lo eligió en el momento preciso en que el diagnóstico sobre la América hispana había cambiado. La abdicación de Carlos V en favor de Felipe II en 1556 coincidió con la toma de conciencia, tanto del monarca como del Consejo de Indias, de una dinámica que se conocería después como "feudalización de América": la conversión de los conquistadores y sus descendientes en una clase señorial de facto, con encomiendas que se transmitían como patrimonios, jurisdicciones que se ejercían al margen de la autoridad real y una base económica —el tributo y el trabajo indígena— sustraída al control fiscal y jurídico de la metrópoli.

La respuesta de Felipe II consistió en entronizar sistemáticamente una burocracia administrativa, eclesiástica y militar destinada a coartar el poder de los conquistadores. En esa arquitectura, los presidentes de Audiencia constituían la pieza clave para los territorios sin virrey, y el Nuevo Reino de Granada era uno de ellos. La Real Audiencia de Santafé, creada en 1549, había sido instalada con apenas dos oidores —Góngora y Galarza— y sin presidente, una carencia cuyos efectos se hicieron sentir de inmediato. Durante los años en que la Audiencia funcionó sin cabeza, los bandos locales se cristalizaron, las rencillas entre oidores y vecinos se enconaron y la autoridad regia quedó reducida a proclamas incumplidas.

Venero de Leiva fue enviado con instrucciones y con poderes que reflejaban esa historia. Recibió, además de las facultades ordinarias del cargo, un permiso explícito para gobernar sin necesidad de la aprobación de los oidores y una licencia para venir acompañado de un destacamento de esclavos negros armados. Las dos concesiones son extraordinarias y hablan sin equívocos de la lectura que en Madrid se hacía del Nuevo Reino: un territorio donde la conflictividad y los bandos formados en pro o en contra de cualquier medida gubernamental amenazaban con paralizar al presidente si se le sometía al voto colegiado, y donde su seguridad personal no podía darse por descontada. La escolta armada no era ornamental.

Arribó a Cartagena en agosto de 1563 y llegó a Santa Fe en enero de 1564. El intervalo de cinco meses entre ambas fechas —el trayecto habitual desde el Caribe hasta el altiplano— dice tanto sobre las distancias del reino como sobre el tiempo que la nueva autoridad se dio para hacerse una idea del terreno antes de sentarse en el sillón presidencial.

La presidencia: contención, condescendencia y el problema encomendero

El diagnóstico que Venero envió al Consejo de Indias en sus primeros años de gobierno constituye una de las radiografías más lúcidas del Nuevo Reino en la segunda mitad del siglo XVI. Constató lo que ya sabían en Madrid pero necesitaban oír de una autoridad titular: las leyes se incumplían de manera generalizada, las encomiendas se hallaban concentradas en pocas manos, los tributos se cobraban con irregularidad y la población indígena había mermado notablemente. Sus despachos evidenciaron lo poco que España había logrado en el Nuevo Reino por la sola vía de leyes y provisiones.

El marco normativo era, sobre el papel, ambicioso. Las Leyes Nuevas de 1542 habían limitado el goce de las encomiendas a dos generaciones sucesivas y buscado un tratamiento más benigno para los indios; su aplicación había provocado una guerra civil en el Perú y forzado a la Corona a un compromiso que se extendió a toda América: se aceptó mantener la encomienda e incluso prolongar su posesión más allá de la vida del primer conquistador, pero a cambio de regularla estrictamente. El encomendero quedaría reducido, en teoría, a cobrar un tributo fijo tasado por funcionarios reales; se prohibía todo servicio personal y se proscribía el envío de indios a las minas. En los años siguientes al compromiso, el rey insistió en estas restricciones con provisiones sucesivas.

En el Nuevo Reino, la respuesta local había sido inequívoca. Desde 1546, el Cabildo de Bogotá había obedecido formalmente las Leyes Nuevas y decidido no cumplirlas: la fórmula ritual "se obedece, pero no se cumple" —vieja institución del derecho castellano que permitía acatar la autoridad del monarca sin ejecutar el mandato— se convirtió aquí en política de facto. Cuando Venero llegó, dos décadas después, esa política seguía vigente. Los tributos que los encomenderos exigían no guardaban relación con los que las comunidades habían pagado antes de la conquista, sino con las aspiraciones de los nuevos señores; se cobraban en parte en oro, lo que obligaba a los indios de regiones sin minas a vender sus productos en un mercado ajeno; y el envío de mano de obra indígena a labores mineras, expresamente prohibido, continuaba.

Aquí se juega el tramo más delicado del gobierno de Venero. La caracterización que la historiografía ha decantado —un presidente condescendiente con los encomenderos— no se apoya en gestos aislados sino en un patrón. Durante su presidencia se siguieron expidiendo encomiendas de forma irregular. Los vecinos, lejos de resentir su gobierno, pidieron al Consejo de Indias que se ampliaran las facultades del presidente, precisamente porque su condescendencia les convenía. Y el caso más elocuente es el del fiscal García de Valverde: sus denuncias sobre los desmanes de los españoles resultaban incómodas, y Venero optó por enviarlo a visitar Cali y Popayán y a tomar residencia al gobernador Juan de Busto de Villegas. La misión pudo tener justificación jurídica, pero funcionó de hecho como un alejamiento. El desenlace de la trayectoria de Valverde termina de dibujar el paisaje: nombrado después oidor de la Audiencia de Quito, su indigenismo se evaporó y en 1570 fue él quien impuso el servicio obligatorio de los indios en las minas de Almaguer.

La lección estructural del caso Valverde es que la condescendencia no era solo una disposición del carácter. El poderío social de la clase encomendera se imponía sobre las órdenes reales con independencia de quién ocupara los cargos. Los funcionarios que intentaban proteger a los indígenas con energía enfrentaban una resistencia combinada de intereses locales que rara vez podían vencer solos; los más prudentes cedían, los más obstinados eran removidos, y los que cambiaban de jurisdicción a menudo terminaban ejerciendo, en el nuevo destino, los mismos abusos que antes habían denunciado. Venero, letrado y presidente, escogió operar dentro de esos límites en lugar de estrellarse contra ellos. Sus informes al Consejo de Indias funcionaron como una suerte de acta notarial del fracaso reformista: describía el incumplimiento con precisión, pero no lo revertía. La distancia entre la letra y la práctica —que la fórmula "se obedece pero no se cumple" había institucionalizado desde 1546— sobrevivió intacta a su gobierno.

Hay que sostener, sin embargo, la tensión: el margen de Venero era estrecho por diseño. La Corona misma había pactado la supervivencia de la encomienda ante la guerra civil peruana; los primeros funcionarios reales enviados al Nuevo Reino habían llegado con séquitos de familiares a quienes favorecieron con encomiendas, extendiendo el desorden en lugar de contenerlo; y los intereses de los vecinos estaban tan entretejidos con la administración local que un presidente combativo habría podido, en el mejor de los casos, provocar una revuelta análoga a la peruana. La condescendencia de Venero fue, en buena medida, la única política estructuralmente viable —lo que no significa que fuera neutra ni carente de responsabilidad—. Fue una elección, y otros habrían podido hacer más ruido en el intento.

La Audiencia y sus competencias

Bajo la presidencia de Venero, la Real Audiencia de Santafé asumió con más nitidez que antes las competencias que le correspondían dentro del sistema colonial. Como tribunal, era segunda instancia judicial en su distrito; solo ciertas causas podían suplicarse después ante el Consejo de Indias, y en la práctica ese recurso se ejercía con poca frecuencia. Como cuerpo con funciones legislativas, la Audiencia y sus oidores se reservaban competencias sobre tasación de tributos indígenas, régimen de encomiendas, trabajo indígena, relaciones con el cabildo y repartición de tierras. Como órgano de gobierno, el presidente ejercía facultades ejecutivas que incluían la fundación urbana, el nombramiento de tenientes y corregidores y la conducción militar.

El sistema colonial no conocía separación formal de poderes: las mismas instituciones concentraban funciones judiciales, legislativas y ejecutivas, y los conflictos de competencia entre virreyes, oidores, gobernadores y cabildos eran constantes. La Corona lo sabía y, en cierta medida, lo cultivaba: fomentaba un mecanismo de control mutuo e interdependencia entre los órganos administrativos como contrapeso a la concentración de poderes. La facultad excepcional otorgada a Venero de gobernar sin necesidad del acuerdo de los oidores contravenía esa lógica, y ese carácter excepcional es el mejor indicador del grado de emergencia con que Madrid leía el estado del Nuevo Reino.

Ya antes de su llegada, la Audiencia había ejercido en Santafé funciones de policía urbana: al menos desde noviembre de 1558 emitía decretos que regulaban el orden público nocturno en la capital. La consolidación institucional que trajo Venero se sumó a una práctica de gobierno ya existente, más que instalarla desde cero. Su presidencia refinó y expandió, sin inaugurar del todo.

Fundaciones y actos de autoridad territorial

El acto por el cual Venero de Leiva sobrevivió con más nitidez en la memoria del país es la fundación de la villa de Nuestra Señora Santa María de Leiva, en junio de 1572, en el valle de Saquencipá, provincia de Vélez. El acto material de fundación y toma de posesión no lo ejecutó él en persona sino, en su nombre, el capitán Hernán Suárez de Villalobos, teniente de gobernador, corregidor y justicia mayor de Tunja y Vélez. El escribano dio fe, y la ceremonia se realizó en presencia de españoles e indígenas conforme al protocolo colonial establecido. El acta consigna la titulación completa del presidente —"del Consejo de su Majestad, su presidente y gobernador e Capitán General deste Nuevo Reino de Granada"— y lo instala en la memoria institucional como el hombre por cuya autoridad delegada nació la villa.

La delegación en un teniente no fue excepcional: era el mecanismo ordinario mediante el cual el presidente-gobernador ejercía autoridad sobre un territorio demasiado extenso para su presencia física. Los actos fundacionales en América colonial se resolvían así, con una cadena de representación que iba del monarca al presidente y del presidente al teniente que hincaba en el suelo la vara de justicia. La villa quedó nombrada por Venero de Leiva, aunque él no estuvo presente en el ritual: la homonimia entre el fundador nominal y la fundación resultante fijó su recuerdo en el mapa.

A partir de 1570, en el conjunto del Nuevo Reino comenzaron a multiplicarse las mercedes de tierras, tanto a encomenderos como a otros pobladores. El contexto es revelador: los conflictos originados en el monopolio de la mano de obra indígena por parte de los encomenderos empujaron a la Corona y a sus representantes locales a abrir una segunda vía de acumulación —la propiedad de la tierra— que empezaría a transformar, lentamente, la estructura económica del reino. Venero presidió esa transición inicial.

La red: oidores, clero, funcionarios

Venero no gobernó solo. Su red institucional incluía a los oidores de la Audiencia —López de Cepeda y Angulo de Castejón, entre otros, cuyos nombres reaparecen en el juicio de residencia que tomó después el nuevo presidente Francisco Briceño y en el que no se les encontraron culpas graves—, a los fiscales como García de Valverde y Alonso de la Torre, y a los tenientes y corregidores que ejercían la autoridad en las provincias.

La relación con el clero fue una segunda arena de conflicto. Santafé había sido elevada a la categoría de arzobispado en 1563, año inmediatamente anterior a la llegada de Venero. El primer arzobispo, fray Juan de los Barrios, ejerció entre 1563 y 1569; le sucedió, entre 1573 y 1590, fray Luis Zapata de Cárdenas. Durante el período de Venero, las relaciones entre clero regular y secular estuvieron marcadas por roces serios y franca enemistad: las órdenes religiosas y los curas doctrineros se disputaban la doctrina de los pueblos indígenas, con preferencia por los pueblos "ricos", lo que dejaba sin adoctrinamiento a los demás. El fenómeno no era menor: la doctrina era, en la economía del reino, una fuente estable de recursos y una posición de poder sobre las comunidades.

La Corona intentó ordenar el asunto por vía normativa. Una Real Cédula de 1565 dirigida a los provinciales de todas las órdenes religiosas les ordenó dejar los bienes temporales, no aceptar mandas testamentarias y no cobrar servicios a los indígenas. Los frailes la trataron, en la práctica, como letra muerta, y siguieron manejando las tierras americanas como su feudo. El paralelo con las Leyes Nuevas es exacto: se obedecía sin cumplir.

La llegada del arzobispo Zapata de Cárdenas en 1573 parece haber generado un ambiente algo más propicio para un pacto mínimo sobre evangelización; un informe de 1575 refiere la realización de una junta para tratar la forma de convertir y adoctrinar a los naturales. Ese fue, en materia eclesiástica, el legado tardío del gobierno de Venero: haber preparado el terreno, sin haber llegado a resolver, para las juntas doctrinales de los años siguientes.

Detrás de todo ello latía el marco jurídico del patronato real, cuya arquitectura las bulas papales del período habían fijado: la Corona tenía el derecho de autorizar la construcción de templos grandes, el patronato sobre la Iglesia americana en sentido castellano tradicional y el derecho de presentación de personas para beneficios eclesiásticos. Estas prerrogativas se extendían a virreyes, presidentes de audiencias y gobernadores en calidad de vicepatronos. Venero de Leiva, como presidente-gobernador, era vicepatrono de la Iglesia neogranadina, y esa condición explica que los conflictos entre autoridades civiles y eclesiásticas se resolvieran —o no— en la mesa del presidente.

El juicio de residencia y la salida

Todo funcionario colonial de alto rango salía de su cargo por la puerta angosta del juicio de residencia: un procedimiento mediante el cual se examinaba su gestión, se recibían quejas, se tomaba testimonio y se dictaba fallo. En principio, para el caso de Venero, el proceso estaba designado para durar cincuenta días. En la práctica se prolongó por más de un año. En febrero de 1575, más de un año después de haber cesado, Venero seguía en Santa Fe, quejándose amargamente de su residencia, denunciando que el fiscal Alonso de la Torre tomaba como testigos a "delincuentes y revoltosos" y calificándolo a él mismo de "ignorante e incapaz". Había gastado, para entonces, ocho mil pesos en el proceso.

Las quejas de Venero permiten reconstruir dos cosas. Primero, que la dinámica de facciones locales que sus poderes excepcionales debían contener terminó por capturarlo también a él. Los enemigos —o los rivales, o los agraviados— que su gobierno había cosechado a lo largo de diez años se presentaron a declarar en cuanto se abrió la posibilidad, y las autoridades encargadas del proceso encontraron en ellos su materia prima. Segundo, que el juicio funcionó como un ejercicio de contraequilibrio: el presidente que había gobernado con facultades extraordinarias fue sometido, al final, a un examen extraordinario. La duración del procedimiento —más de un año contra los cincuenta días previstos— sugiere el peso de las acusaciones y también la capacidad del acusado para ganar tiempo.

El nuevo presidente, Francisco Briceño, tomó residencia en el mismo período a los dos antiguos oidores López de Cepeda y Angulo de Castejón, sin encontrarles culpas graves. El contraste es significativo: los subalternos salieron limpios, el presidente quedó atrapado en un largo litigio. La memoria oficial no ha decidido nunca si aquello fue justicia tardía o venganza local; probablemente fue las dos cosas trenzadas.

La huella y la disputa por su memoria

Venero de Leiva sobrevivió en la memoria del Nuevo Reino por tres vías. La primera es toponímica: Villa de Leiva lleva su nombre. La segunda es institucional: figura como fundador del gobierno audiencial pleno, primer presidente titular de Santafé, y como el hombre bajo cuya autoridad se ejecutaron los actos fundacionales y jurisdiccionales de una década decisiva. La tercera es historiográfica y es, con diferencia, la más incómoda para su reputación: la Nueva Historia de Colombia lo describe como un presidente condescendiente con los intereses de los encomenderos, cuyos informes al Consejo de Indias sirvieron para documentar el fracaso reformista sin revertirlo.

Un siglo largo después de su gobierno, hacia 1636, Juan Rodríguez Freyle escribió El Carnero, obra que permaneció inédita más de dos siglos hasta llegar a la imprenta en 1859. Rodríguez Freyle retrató el Nuevo Reino como un espacio en el que los conquistadores habían sido reemplazados por notarios, tinterillos y criollos pretenciosos que peleaban por encomiendas amañadas e influencias. Esa visión —crítica, corrosiva, atenta a la pequeña política de bandos— resulta coherente con el paisaje que ya en el juicio de residencia de Venero se dibujaba: fiscales tomando testigos de dudosa reputación, vecinos maniobrando ante el Consejo de Indias para ampliar o recortar facultades del presidente, funcionarios que denunciaban desmanes hasta que cambiaban de jurisdicción y se convertían en denunciados. El patrón que El Carnero fijó como retrato general del reino ya se veía funcionando bajo Venero.

Queda una pregunta que la historiografía ha respondido de varias maneras: ¿fue el gobierno de Venero un éxito o un fracaso? La respuesta depende de la vara. En clave institucional, fue un éxito relativo: instaló la presidencia audiencial, fundó villas, ordenó jurisdicciones, gestionó la elevación arzobispal y presidió la primera etapa del patronato regio pleno en el Nuevo Reino. En clave reformista, fue un fracaso claro: las Leyes Nuevas siguieron incumpliéndose, la encomienda mantuvo su vigor, los tributos se cobraron irregularmente, los indios continuaron trabajando en las minas y la población indígena mermó notablemente durante su gobierno.

La paradoja es que ambos veredictos son verdaderos y no se cancelan. Venero encarnó la paradoja fundacional del Estado colonial neogranadino: investido de poderes excepcionales para disciplinar a los conquistadores, gobernó dentro de los límites que la propia Corona había trazado al pactar la permanencia de la encomienda tras la guerra civil peruana. Su condescendencia no fue solo debilidad personal, aunque también lo fue en parte: fue el resultado de una reforma que la metrópoli quería proclamar pero no podía —ni del todo quería— imponer. El aparato audiencial que él instaló funcionó, y siguió funcionando durante más de dos siglos; la explotación indígena que él no revirtió también siguió funcionando durante más de dos siglos. Las dos herencias son suyas.

La contradicción entre la política colonial española y los conquistadores había aparecido muy temprano —los procesos judiciales contra Colón, Cortés y los Pizarro son sus antecedentes— y se recrudeció cuando la Corona pretendió un control más directo sobre la vida colonial. Venero llegó al Nuevo Reino en el momento preciso de ese giro, y su presidencia es uno de los primeros ensayos serios del proyecto burocrático de Felipe II en América. Que el ensayo produjera un aparato consolidado y un statu quo intacto no lo hace ni un héroe ni un villano: lo hace un caso paradigmático de la distancia estructural entre las órdenes de Madrid y la práctica de las Indias, distancia que en el Nuevo Reino se había institucionalizado bajo la fórmula "se obedece, pero no se cumple" desde antes de su llegada y siguió vigente después de su marcha.

La villa que lleva su nombre, hoy uno de los conjuntos coloniales mejor preservados del país, cristaliza esa dualidad. Nació por su mandato en junio de 1572, fundada por un teniente en su representación, ante españoles e indígenas, con el escribano dando fe. Ese acto —minucioso, protocolar, delegado— es una miniatura de todo su gobierno: la autoridad regia proyectándose sobre el territorio a través de una cadena de intermediarios que la traducían, la aplicaban con matices y, con frecuencia, la doblegaban a los intereses locales que decía disciplinar. Villa de Leiva, en el valle de Saquencipá, ha durado. La reforma que Venero fue enviado a implementar, no.