Catástrofe demográfica y reorganización del mundo indígena en el Nuevo Reino de Granada (1550–1580)

Catástrofe demográfica y reorganización del mundo indígena en el Nuevo Reino de Granada (1550-1580)

Entre 1550 y 1580, las provincias andinas del Nuevo Reino de Granada atravesaron el desastre biológico y social más profundo de su historia. La población indígena que había sostenido la primera fase de la conquista —guerreros derrotados, cargueros y tributarios de oro— empezó a desaparecer a un ritmo que dejó atónitos a los propios españoles: en Tunja, entre 1562 y 1572, la tasa anual de decrecimiento fue de -0,0329; en Pamplona alcanzó -0,0302; en Cartago se disparó hasta -0,0454. Sobre ese vacío, la Corona y sus emisarios comenzaron a rediseñar el edificio colonial. La encomienda, institución vertebral del dominio, quedó minada desde su base tributaria, y en los intersticios de esos treinta años se gestaron los instrumentos con los que el imperio intentaría preservar lo que quedaba de la mano de obra indígena: visitas de la tierra, tasaciones sucesivas, congregaciones de poblaciones dispersas, los primeros resguardos. No fue un plan protector: fue la aritmética de la supervivencia fiscal.

El mundo que la conquista encontró

Hacia 1500, en el territorio que hoy es Colombia vivían aproximadamente cinco millones de personas. Un millón y medio se concentraba en el altiplano central, entre lo que serían Santafé y Tunja, y otro medio millón en el altiplano sur, en la órbita de Popayán y Pasto. Eran sociedades sedentarias, agrícolas, con jerarquías internas y excedentes suficientes para sostener castas de caciques, sacerdotes y artesanos del oro. Los muiscas de la cordillera oriental, los pastos y quillacingas del sur, los guanes y chitareros del nororiente formaban un mosaico de cacicazgos densamente poblados, fragmentado políticamente pero uniforme en su condición de sociedades campesinas.

Esa condición fue determinante. Donde había cacicazgos con jerarquías tributarias reconocidas, excedentes agrícolas y una tradición de entrega de bienes a un señor, la encomienda pudo enraizar sin necesidad de inventar nada nuevo. Los españoles se limitaron a ocupar el lugar del cacique receptor de tributo; o mejor, a colocarse por encima de él, dejándolo como intermediario. En la sabana de Bogotá, el repartimiento no distribuyó individuos sueltos sino clanes y tribus: la tasación recaía sobre el grupo, y era el cacique quien pagaba el tributo a nombre de su comunidad. Los cacicazgos muiscas de tierras altas —Bogotá, Tunja, Sogamoso, Duitama— alcanzaron un desarrollo político más complejo que los de tierras templadas, y sobre ellos se apoyó la primera arquitectura colonial. Duitama, Sogamoso, Sáchica, Tinjacá y Guachetá eran aún territorios independientes cuando llegaron los españoles: la federación muisca estaba en proceso de integración, y los conquistadores heredaron un tejido cacical fragmentado que les facilitó imponer su dominio sin negociar con un poder unificado.

En contraste, los grupos que conservaban rasgos de sociedades bandales —cazadores, recolectores, agricultores itinerantes de las tierras bajas y las selvas— resultaron prácticamente inasibles. Los Panches del valle del Magdalena medio, los pueblos de la depresión momposina y los grupos del piedemonte llanero opusieron una resistencia que la fuerza no bastaba para quebrar: no había cacique que capturar, ni granero que asaltar, ni sedentarismo que explotar. Cuanto más avanzada la organización social prehispánica, más fácil la dominación española. La encomienda fue viable donde los conquistadores encontraron una estructura tributaria que reencuadrar; allí donde esa estructura no existía, muy raras veces pudieron sujetar a los indios a la encomienda o a cualquier otra forma de organización del trabajo.

La conquista misma se benefició, además, de la fragmentación política. Centenares de comunidades independientes, con lenguas distintas y rivalidades acumuladas, no pudieron coordinar una resistencia común; algunas se aliaron con los españoles contra enemigos tradicionales. La misma economía muisca de intercambio a larga distancia —la sal de Zipaquirá que llegaba hasta Neiva al sur y hasta Barrancabermeja al norte, las mantas de algodón que circulaban por los valles cálidos— fue reencauzada por los conquistadores hacia el circuito tributario: bienes que antes viajaban entre cacicazgos empezaron a viajar hacia los aposentos de los encomenderos. Ese reencauzamiento, silencioso pero decisivo, prefigura ya la lógica de todo el período: aprovechar las estructuras existentes antes que sustituirlas.

La caída, en cifras

La magnitud del colapso solo se hace legible cuando se ponen en fila las visitas. En 1537, año de la fundación de Tunja, la población indígena de esa provincia rondaba los 215.000 habitantes. Veinticinco años después, en 1562, la visita de Angulo de Castejón encontró 53.465 tributarios: convertida esa cifra a población total mediante los coeficientes habituales, la reducción respecto a 1537 rondaba ya el 25%. Ocho años más tarde, hacia 1570-1572, los tributarios habían bajado a 38.495. Para 1602 quedaban 18.572; para 1635, apenas 8.610. En 1757, la provincia contaba con unos 25.000 indígenas: una reducción del 90% en dos siglos.

El altiplano central no fue la región más golpeada. En Popayán, la disminución fue del 90% en solo 68 años. En Cartago, del 97% en apenas 50. Los Quimbaya, uno de los pueblos técnicamente más refinados del continente —orfebres extraordinarios, agricultores de terraza, comerciantes de largo alcance—, pasaron de 100.000 personas a apenas 40 individuos en cuarenta años. Cuarenta personas. Un pueblo entero reducido a un puñado. En la depresión momposina, hacia 1579, los malibúes de Tamalameque no eran ya ni la décima parte de lo que habían sido pocos años antes. Al final del período colonial, la población indígena del conjunto de la Nueva Granada, que había superado los tres millones, había caído a poco más de 150.000, según el censo de 1778-1780.

Ninguna causa aislada explica semejante hundimiento. Las epidemias fueron el factor más visible. Hacia 1558, una peste mató a más de quince mil indígenas en las provincias de Pamplona y Tunja; el cronista fray Pedro de Aguado la registró, y dos años después el visitador Tomás López Medel recogió los testimonios de indígenas que asociaban el episodio a la desorganización del trabajo, la doctrina y el pago de tributos. En 1566 y en 1588 se documentan brotes de viruela en la región de Almaguer; entre 1568 y 1569, y de nuevo en 1587, se propagaron epidemias en el oriente. Las poblaciones andinas, aisladas del pool microbiano euroasiático durante milenios, carecían de defensas contra la viruela, el sarampión, la gripe y las fiebres hemorrágicas que los conquistadores traían consigo o que llegaban por las rutas de trata.

Pero la enfermedad no operaba en el vacío. El trabajo forzado la amplificaba. El desplazamiento de indígenas del altiplano frío a las minas de oro de tierra caliente —Muzo, el valle del Cauca, las estribaciones del Pacífico— exponía cuerpos habituados a climas fríos a las fiebres tropicales, y las jornadas extenuantes debilitaban la resistencia general. En la depresión momposina, la boga —el remo obligatorio en las canoas que subían y bajaban por el Magdalena— fue identificada por los contemporáneos como un factor destructor específico. A las epidemias y al trabajo forzado se sumaban las guerras de conquista aún inconclusas en varias fronteras, los abusos cotidianos de encomenderos y corregidores, el mestizaje que restaba individuos al conteo indígena, la fuga a montes lejanos y, en algunos casos, el suicidio colectivo. En Tamalameque, hacia 1579, todos estos elementos concurrían al mismo tiempo, y esa concurrencia —no una sola causa dominante— es la que explica el ritmo del desastre.

La encomienda tensada hasta el límite

La encomienda había sido concebida como una concesión de tributarios, no de tierras: el Rey entregaba al encomendero el derecho a recibir el tributo de un grupo indígena a cambio, en teoría, de proveerle doctrina cristiana y protección. En la práctica, y desde muy temprano, el encomendero cargó al indio con un conjunto de obligaciones acumulativas: las pensiones particulares del encomendero, el quinto real, el estipendio del cura doctrinero y el sueldo del corregidor. La reciprocidad quedó en la letra. El indio estaba abrumado de obligaciones; el encomendero, exento de deberes efectivos. La relación se acercaba mucho más a la servidumbre —y en algunos casos a la esclavitud de facto— que al contrato tutelar que la Corona había imaginado.

La forma concreta de extracción varió con el tiempo. En la primera fase, durante los años 1540, predominó el tributo en oro, muchas veces confundido con el saqueo directo: el encomendero exigía piezas labradas, tejuelos y polvo, y los indígenas entregaban lo que tenían acumulado. Cuando ese oro fácil se agotó, la lógica del sistema se desplazó hacia la inducción de mano de obra a la producción continua de un excedente: mantas, maíz, trigo, cebada, garbanzos, aves y cera. La tributación en especie obligó a las comunidades a reorientar sus siembras hacia los productos que el mercado español consumía, y con ello fue transformando el paisaje agrícola del altiplano. Junto al tributo en bienes aparecía el servicio personal: aproximadamente un 3-4% de los varones adultos de cada encomienda quedaba asignado al trabajo permanente en los aposentos del encomendero, en condiciones que la ley intentó regular sin éxito. En la primera fase se sumaba la naboría, el servicio doméstico continuo de indígenas adheridos a la casa del español, cuyos límites jurídicos con la esclavitud fueron siempre imprecisos.

El punto crítico fue la aritmética. El tributo se tasaba sobre el grupo, no sobre el individuo. Cuando la población de una encomienda caía a la mitad, la carga tributaria no se ajustaba en la misma proporción: los supervivientes debían cubrir lo que antes cubrían el doble de personas. La caída demográfica no aliviaba al indígena; lo hundía. Y para el encomendero, la misma caída significaba menos brazos, menos mantas, menos maíz, menos capacidad de sostener el rango social que la encomienda le había prometido. Los intereses del encomendero y los de la Corona empezaron a divergir con claridad: la Corona quería preservar la fuente permanente de tributos, y por eso tendía a proteger la organización indígena; el encomendero, presionado por el descenso, tendía a intensificar la extracción de corto plazo, deteriorando aún más la base que lo sostenía. En esa tensión —irresoluble mientras la población siguiera cayendo— se jugaría el rediseño institucional de las décadas siguientes.

La Corona vuelve la mirada: visitas, tasaciones, protectores

Las Leyes Nuevas de 1542, redactadas bajo la influencia de Bartolomé de Las Casas, habían intentado desmontar la encomienda al limitar su goce a dos generaciones y al prohibir el servicio personal. En el Perú, la reacción fue la guerra civil de Gonzalo Pizarro. Escarmentada, la Corona suspendió la aplicación estricta de las Leyes en la Nueva Granada, pero no abandonó el proyecto de someter a los conquistadores a una obediencia satisfactoria. A partir de 1550 empezó a construir un aparato de autoridades locales —oidores, visitadores, protectores de naturales— que durante décadas actuó tanto para establecer el orden real como para esparcirlo en desorden.

El instrumento central fue la visita. Las visitas de la tierra eran inspecciones que ordenaban los oidores de la Audiencia sin sujeción a períodos fijos, y su propósito era obtener información amplia sobre administración, hacienda, economía y, sobre todo, la situación de la población indígena: cuántos eran, cuánto tributaban, cómo eran tratados y qué abusos padecían. La visita de Tomás López Medel, en 1560, fue la primera de gran alcance en el altiplano oriental. López recorrió Pamplona y Tunja, recogió testimonios sobre la epidemia de 1558, dictó ordenanzas y sentó un precedente: la Corona quería saber, y quería tasar. Dos años después, Angulo de Castejón levantó la primera visita a la provincia de Tunja con vocación fiscal explícita: 53.465 tributarios contados uno a uno. Esa cifra se convirtió en la base sobre la cual la Corona calculó lo que la encomienda debía rendir, y en la referencia contra la cual medir el descenso posterior.

Los funcionarios protectores enfrentaron una resistencia sostenida. En 1550-1551, un funcionario que intentó aplicar la legislación protectora fue expulsado del Reino. En 1580, un juez enérgico se topó con una combinación de intereses locales dispuestos a perjudicarlo seriamente. La resistencia encomendadora rara vez adoptó la forma de rebelión abierta —el precedente peruano estaba demasiado fresco—, pero sí la de una presión política y social que hizo ceder a los funcionarios más prudentes o menos concienzudos. Algunos oidores, en lugar de controlar a los encomenderos, favorecían a sus propios dependientes con encomiendas y contribuían al desorden que decían combatir. El resultado fue una reforma administrada con la mano izquierda de la Corona y saboteada con la mano derecha de sus emisarios.

De la encomienda debilitada al pueblo de indios

Hacia las décadas de 1560 y 1570, la política de congregar a los indios en grandes comunidades empezó a formularse con más nitidez. La despoblación había producido un paisaje absurdo: encomiendas de veinte tributarios dispersos por leguas de terreno, imposibles de doctrinar y de vigilar, imposibles de tasar con eficiencia. Concentrar a esos supervivientes en pueblos —reducirlos, en el lenguaje de la época— resolvía varios problemas a la vez. Los curas podían adoctrinar más fácilmente; los corregidores podían recaudar sin recorrer selvas; y, no menos importante, las tierras que los indígenas dejaban al concentrarse quedaban vacías y podían ser certificadas como vacas de moradores, aptas para ser otorgadas en mercedes a los españoles. La congregación tuvo desde el principio una doble faceta: religiosa y pecuniaria.

El resguardo, en su formulación temprana, fue concebido como una medida proteccionista: una tierra reconocida como propiedad colectiva de la comunidad indígena, inalienable, destinada a asegurar la subsistencia del pueblo reducido. En principio, no alteraba la posesión física de los territorios indígenas; en la práctica, concentró en un solo lote a grupos que antes ocupaban áreas mucho mayores, y muy frecuentemente reunió en una misma unidad a poblaciones de orígenes y tradiciones distintas, obligadas a convivir por la lógica administrativa colonial. Los indígenas no se resignaron a la pérdida de sus tierras originarias, y el resguardo, desde su nacimiento, cargó con el problema de una legitimidad interna precaria.

Aunque los resguardos se establecieron con fuerza sobre todo entre 1595 y 1642, la maquinaria conceptual y jurídica que los hizo posibles se fue montando en el período que aquí nos ocupa. La visita de Angulo de Castejón en 1562, las ordenanzas de López Medel en 1560, las tasas sucesivas y las retasas que ajustaban la carga tributaria a la población decreciente fueron construyendo el andamiaje. En 1576, durante la presidencia de Francisco Briceño, quedó formalmente establecida la mita como sistema de trabajo forzoso para los indígenas del Nuevo Reino, institucionalizando lo que hasta entonces había sido práctica dispersa. Y en 1580, el visitador Juan Bautista Monzón, tras encarcelar al presidente Lope Díez de Armendáriz, sustituyó la tasa de Gamboa por una nueva regulación tributaria que intentó modificar las condiciones del servicio personal al encomendero. Hacia 1580, todas las piezas del rompecabezas colonial —tasación fiscal, mita, resguardo, corregidor de indios— estaban en juego, y en las décadas siguientes se ensamblarían con distinta suerte.

La mita y la desintegración desde adentro

La mita fue, en la lógica del sistema, la contraparte laboral del resguardo. Si el resguardo concentraba a los indígenas en un lote de tierra colectiva, la mita extraía periódicamente de ese lote la mano de obra que necesitaban las minas, las estancias agrícolas, los obrajes textiles y el transporte. En los resguardos de la Nueva Granada, una cuarta parte de los indios útiles era alquilada a estancieros, mineros y comerciantes. Los salarios no se pagaban al trabajador individual sino al cacique o capitán, y esos salarios servían, en el fondo, para que la comunidad pudiera cubrir el tributo colectivo que debía a la Corona y al encomendero. El circuito se cerraba sobre sí mismo: el indio trabajaba fuera para pagar el tributo que se le exigía por vivir en su propio pueblo.

La actuación del oidor Juan de Valverde en Sibundoy muestra esa lógica llevada al extremo. Convencido de que el cobro en metálico era una fricción prescindible cuando lo que se necesitaba era brazos, Valverde ordenó que los indios pagaran su tributo a la Corona directamente en trabajo. Organizó cuadrillas de doscientos indios que rotaban cada cuatro meses entre el valle andino y las minas de tierra caliente, con jornadas de once horas y una ración de un cuartillo de maíz y media libra de carne. El desplazamiento altitudinal, la duración de la jornada y la precariedad alimentaria explican por sí solos por qué muchos mitayos no volvían: morían en las minas, quedaban enfermos, o preferían continuar como asalariados fuera del resguardo antes que regresar a un pueblo empobrecido. Lo que en Sibundoy se hizo con crudeza excepcional era, en el fondo, la mecánica común del sistema.

El efecto sobre la comunidad indígena fue devastador. Al disminuir el número de miembros por las salidas a la mita —muchas de ellas irreversibles—, el tributo colectivo, que permanecía constante o descendía con lentitud, recaía sobre los cada vez menos que quedaban en el resguardo. Esos supervivientes se veían obligados a salir también, a alquilarse por un jornal fuera del pueblo, para poder aportar su parte al tributo comunal. La institución diseñada para preservar a la comunidad indígena la iba vaciando desde dentro. Y en ese vaciamiento se gestaba un fenómeno de largo aliento: la formación de una masa indígena sin ligazón con la tierra, que se alquila por un salario y no tiene más propiedad que su fuerza de trabajo.

Tierra vacía, latifundio nuevo

Ese vaciamiento por dentro tuvo su contrapartida por fuera. Cada mitayo que no volvía, cada familia que abandonaba su parcela para alquilarse en otra jurisdicción, cada resguardo que veía adelgazar su padrón dejaba, del otro lado de la línea, una tierra que alguien podía reclamar. La despoblación abrió un mercado de tierras.

Durante la primera fase colonial, el encomendero gozó de una posición privilegiada frente a la tierra: controlaba en buena medida los cabildos que la otorgaban, disponía del trabajo indígena y ocupaba de hecho los terrenos vecinos a los aposentos donde residía. La tributación en especie equivalía, por vía indirecta, a un usufructo continuo de las tierras indígenas: los indios sembraban en sus propios lotes, pero el producto iba al encomendero. Cuando la población de una encomienda caía, las tierras que antes cultivaban los indios muertos o huidos quedaban efectivamente disponibles, y se iban incorporando al aposento del encomendero sin trámite formal.

A partir de 1570 se multiplicaron las mercedes de tierras, otorgadas por audiencias y gobernadores tanto a encomenderos como a no encomenderos. El monopolio de los primeros empezó a resquebrajarse. Muchas de esas mercedes, especialmente las que siguieron a las composiciones de títulos posteriores a 1590, no hicieron sino legalizar usurpaciones y posesiones precarias preexistentes. La reducción de la población indígena a resguardos abolió el patrón de poblamiento disperso previo y desembarazó tierras enteras: bastaba con certificar que un sitio estaba vaco para que la merced quedara reducida a un trámite. Y el concierto —sistema que asignaba trabajadores de las comunidades indígenas a colonos con mercedes— permitió que la nueva propiedad española dispusiera de mano de obra sin necesidad de ser encomendera.

En este movimiento se gestó el latifundio colonial temprano de la cordillera oriental. Las villas de labradores, las estancias de ganado y las haciendas trigueras y molineras del altiplano de Tunja y de la sabana de Bogotá se levantaron en gran medida sobre tierras que la despoblación indígena había dejado sin dueño reconocible. El poder del encomendero se erosionó en paralelo al ascenso de una nueva élite terrateniente, y hacia fines del siglo XVI ese declive se hacía visible en el ausentismo de los vecinos en los cabildos y en el abandono de puestos que antes se disputaban. La nueva élite ya no dependía del tributo indígena para reproducirse: le bastaba con la explotación directa de la tierra, servida por mano de obra alquilada o mitayada. El corregidor de indios, encargado de cobrar los tributos que antes recaudaba el encomendero, distribuía lo recaudado con un 20% para la administración real, un 10% para la Iglesia y el resto para gastos y sostenimiento, cerrando el desplazamiento del encomendero como figura fiscal central.

Ese doble movimiento —despoblación del resguardo y engrosamiento de la hacienda— no fue simultáneo por azar. La misma mano que sacaba al mitayo del pueblo lo depositaba, como concertado o como jornalero, en la estancia vecina; y la merced que un gobernador firmaba en Santafé encontraba su fundamento fáctico en el padrón que el corregidor había levantado poco antes en el pueblo de indios contiguo. La contabilidad de la despoblación y la contabilidad de la propiedad avanzaban en paralelo, escritas muchas veces por los mismos funcionarios y sobre los mismos folios.

El sentido de un desastre

Los treinta años que van de 1550 a 1580 no cerraron el proceso —los resguardos se consolidarían después de 1595, la disolución final de la mayoría llegaría entre 1775 y 1780—, pero fijaron su dirección. En ese lapso, la Corona diseñó y empezó a montar los instrumentos con los que gobernaría lo que quedaba del mundo indígena: visitas periódicas para contar y tasar, congregación para concentrar, resguardo para preservar una base tributaria, mita para extraer trabajo, corregidor para reemplazar al encomendero como recaudador. Todo ese aparato respondía a una preocupación que no era humanitaria sino fiscal: sin indígenas vivos, no había tributo; sin tributo, no había Reino.

Que el proyecto fracasara en su objetivo declarado —preservar a la comunidad indígena como abastecedora estable— es otra cuestión. El resguardo concentró poblaciones ya mermadas y las expuso a nuevas dinámicas de erosión: la mita las vació desde dentro, el mestizaje disolvió sus perímetros, la usurpación de tierras las estranguló desde fuera. Cada uno de esos frentes operaba con su propio tempo, pero convergían sobre la misma comunidad reducida. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el 80-90% de la población en los antiguos pueblos de indios del área chibcha era mestiza, y los resguardos fueron rematados y absorbidos por haciendas o convertidos en economías campesinas de minifundio. Lo que la despoblación de 1550-1580 abrió, dos siglos después se cerraba con la desaparición administrativa de la propia figura del indio tributario en gran parte del altiplano.

La catástrofe demográfica no fue un accidente al margen del proyecto colonial: fue su motor interno. El colapso poblacional obligó a la Corona a reformar la encomienda, y esa reforma configuró el orden agrario, laboral y étnico sobre el que se levantaría el resto de la historia colonial de la Nueva Granada. En las cifras frías de la visita de Angulo de Castejón, en las tasas de -0,0329 y -0,0454, en los cuarenta Quimbaya que quedaron de cien mil, está escrito el nacimiento de una sociedad edificada sobre un vacío inaugural.