Carlos V

El heredero de cuatro casas

Nació en Gante, en Flandes, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana I de Castilla, nieto de los Reyes Católicos por línea materna y de los Habsburgo por la paterna. Esa doble ascendencia acumuló en un solo cuerpo la herencia de cuatro dinastías: Castilla y Aragón con sus Indias recién estrenadas, Borgoña con los Países Bajos, y el patrimonio austríaco que en 1519 lo llevaría, tras la muerte de su abuelo Maximiliano, a la corona imperial. Cuando en 1516 asumió los reinos hispánicos por la incapacidad de su madre, tenía dieciséis años, hablaba francés y flamenco antes que castellano, y llegaba a una Península que apenas dos décadas antes había cruzado el Atlántico.

Ese desajuste inicial —un rey extranjero sobre una monarquía que ya empezaba a ser imperial sin saberlo— marcó el estilo carolino de gobierno en Indias. Carlos no fue un monarca viajero de sus dominios americanos: los administró por escrito, a través de un aparato secretarial que en la primera mitad del reinado dominó Francisco de los Cobos, y a través del Consejo de Indias, órgano cuya centralidad crecería a medida que el Nuevo Mundo dejaba de ser una empresa privada de descubridores y se convertía en materia de razón de Estado. La distancia era el problema y también el método: se gobernaba lo americano a fuerza de cédulas, licencias y capitulaciones, con la conciencia de que entre la orden firmada en Toledo o Valladolid y su ejecución en la sabana de Bogotá mediaban meses, océanos y voluntades ajenas.

La política indiana carolina: soberanía por la letra

La primera decisión estructural del reinado, tomada muy temprano, rompió con el criterio restrictivo de los Reyes Católicos. Fernando e Isabel habían reservado el acceso a las Indias a castellanos y leoneses; Carlos abrió esa puerta a todos sus súbditos, de cualquier comarca del vastísimo conjunto de reinos que le respondían. La medida parecía técnica y fue tectónica: hizo posible, entre otras cosas, que en 1528 la Corona concediera la gobernación de Venezuela a la casa comercial alemana de los Welser, banqueros a los que el emperador debía sumas considerables por su elección imperial. Los Welser financiaron y equiparon expediciones, y una de ellas —la de Nicolás Federmann— desembocaría diez años después en el altiplano muisca. La primera lección del reinado, vista desde Bogotá, es que las guerras y las deudas europeas del emperador condicionaron la geografía misma de la conquista suramericana.

El instrumento jurídico central fue la capitulación: un contrato entre la Corona y un particular que constaba de tres partes. En la primera, el rey otorgaba licencia para descubrir y conquistar un territorio determinado. En la segunda se enumeraban las obligaciones del descubridor: aportar hombres, barcos, armas y bastimentos, respetar ciertas reglas y —a partir de 1526, por cláusula expresa que se generalizó bajo Carlos— procurar el buen tratamiento de los indios. En la tercera se prometían las mercedes regias: títulos, rentas, gobernaciones, porciones sobre lo que se hallara. Estas últimas eran siempre condicionales, supeditadas al éxito y a la conducta del capitulante. La capitulación era, así, un instrumento público: no un simple negocio privado, sino una delegación de soberanía revocable.

Sobre ese instrumento se levantó una doctrina crucial: en las Indias, todo dominio privado sobre la tierra derivaba de una gracia o merced real. La consecuencia era limpia y decisiva. El descubrimiento y la conquista no daban por sí mismos propiedad; daban acceso a la propiedad a través del reparto que hacía el conquistador facultado por su capitulación. El repartimiento fue considerado el primer título de propiedad sobre la tierra neogranadina, pero era un título derivado: presuponía que el dominio originario, el eminente, pertenecía a la Corona. Esta arquitectura permitió que Carlos V, sin ver jamás una legua del territorio, apareciera como propietario último de todo cuanto en él se descubriera, se repartiera, se sembrara o se minara. La soberanía carolina en el Nuevo Reino fue, ante todo, una soberanía escrita.

Esa escritura tuvo también su reverso económico. En 1544, Alonso Luis de Lugo —hijo del gobernador de Santa Marta que había organizado la expedición de Jiménez de Quesada— se apoderó violentamente de la doceava parte de las perlas depositadas en la Real Caja de Riohacha, alegando que le correspondían por su capitulación. El episodio, menor en la crónica, es mayor en la doctrina: mostraba que los títulos capitulares podían invocarse para reclamar rentas concretas, y que el emperador, en su ausencia, debía habérselas con hombres que leían las cláusulas al pie de la letra cuando les favorecían y las ignoraban cuando no.

Las tres expediciones y el diseño remoto de una conquista

La conquista del corazón del futuro Nuevo Reino de Granada fue obra, en el terreno, de tres capitulantes que operaban bajo autoridades intermedias amparadas por el rey. Ninguno había tratado personalmente con Carlos V; todos actuaban en su nombre.

Gonzalo Jiménez de Quesada partió de Santa Marta en los primeros días de abril de 1536, al mando de una expedición organizada por el gobernador Pedro Fernández de Lugo. Las cifras del contingente varían: unas hablan de setecientos cinco hombres, otras de más de mil en el conjunto general de la empresa lughiana. Lo que no varía es el desastre de la travesía por el Bajo Magdalena. Cuando en marzo de 1537 los sobrevivientes emergieron a las planicies frescas del altiplano, quedaban unos ciento setenta europeos y treinta caballos. Encontraron valles fértiles, poblaciones densas y sedentarias dedicadas a la agricultura, y una sociedad organizada bajo dos grandes señores, el Zipa y el Zaque. Era la sociedad muisca, la más avanzada y rica del territorio que se convertiría en el Nuevo Reino.

El botín acumulado en oro y esmeraldas hizo de esta la segunda entrada más lucrativa del siglo XVI hispanoamericano, solo superada por la conquista del Perú por Francisco Pizarro. Conviene detenerse en la ironía: los muiscas no producían oro. Lo obtenían por intercambio con los panches del valle del Magdalena y lo usaban en un régimen predominantemente ritual, político y redistributivo. Más de la mitad de los objetos áureos, según el estudio de la colección del Museo del Oro realizado por Roberto Lleras, no se destinaba a la exhibición personal, sino a ofrendas en santuarios o a la distribución en festejos y contextos de guerra. Lo que los hombres de Quesada arrebataron y fundieron era, en gran parte, oro sagrado: una economía simbólica desmantelada para convertirse en quintos reales despachados a las arcas de un emperador que se debatía con Francia y con los príncipes protestantes alemanes.

El 6 de agosto de 1538, Jiménez de Quesada fundó Santafé en el sitio muisca de Teusaquillo con una primera misa y doce chozas. El acto —modesto en piedras, decisivo en derecho— materializaba una operación jurídica: instaurar la ciudad como célula de soberanía castellana. Un segundo acto fundacional, más formal, seguiría al primero. Quesada bautizó al territorio Nuevo Reino de Granada, en referencia a la ciudad española de Granada, sea por su lugar de origen, sea por la semejanza del paisaje andino con la vega granadina.

Casi simultáneamente llegaron los otros dos. Nikolaus Federmann, agente de los Welser, arribó desde Venezuela tras más de dos años de travesía por los Llanos Orientales y la remontada de la cordillera. En el camino perdió setenta europeos, cuarenta caballos e innumerables cargueros indígenas. Sebastián de Belalcázar subía desde el sur, tras haber fundado Pasto, Popayán, Cali y otras poblaciones, atraído por rumores de riquezas septentrionales. Los tres capitanes reclamaban el mismo territorio para jurisdicciones distintas: Santa Marta, Venezuela y Quito. Antes que enfrentarse en el altiplano, acordaron viajar juntos a España para dirimir sus derechos ante el Consejo de Indias.

Ese arbitraje es la escena maestra del papel carolino en la conquista neogranadina. Tres hombres que habían ganado un reino con la espada aceptaron someter su ganancia al veredicto de un consejo de letrados en la Península. Al partir hacia España dejaron en Bogotá aproximadamente cuatrocientos hombres, ciento cincuenta caballos y trescientas marranas preñadas. Detrás vinieron nuevas fundaciones: Tunja, por Gonzalo Suárez Rendón el 6 de agosto de 1539 en el sitio de la antigua Hunza; Vélez, ese mismo año, por Martín Galeano; luego Tocaima, Málaga, Pamplona, Mariquita, Ibagué. La década de 1530 fue en el Nuevo Reino la de mayor actividad fundacional, y a ella pertenecen las ciudades que serían centros administrativos regionales.

Ciudad, encomienda y evangelización: la triple arquitectura carolina

Bajo Carlos V, la Corona no gobernaba las Indias con virreyes solamente ni con audiencias todavía —en el Nuevo Reino, con ninguna de las dos hasta 1550—; las gobernaba con tres dispositivos que la ficha jurídica había afinado desde la Reconquista: la ciudad, la encomienda y el patronato eclesiástico.

La ciudad fue el instrumento con el que la Corona castellana materializó su soberanía en el terreno, replicando el modelo peninsular contra los moros. Fundar una villa era plantar una bandera jurídica: instaurar cabildo, alcaldes, alarifes, campana, misa. La ciudad americana funcionaba como polo colonizador; podía trasladarse, cambiar de nombre, resistir un asedio indígena o extinguirse, pero mientras existiera actualizaba la presencia del rey. Tras la ola fundacional de los años treinta, una segunda oleada, orientada esta vez a las zonas de desarrollo minero —Almaguer, Caloto, Remedios, Cáceres, Zaragoza—, se extendió de 1560 hasta el final del siglo. Todas estas fundaciones se hicieron bajo Felipe II, pero sobre el andamiaje diseñado por su padre.

La encomienda fue la pieza que articuló la conquista al régimen tributario. En la sabana de Bogotá, los conquistadores no repartieron indios sueltos: repartieron grupos preexistentes —clanes, capitanías, señoríos menores— encomendados bajo la dirección de sus propios caciques. La tasación recaía sobre el conjunto y el cacique respondía por el pago del tributo. En términos jurídicos, la encomienda apropió el trabajo indígena; en términos económicos, la Corona delegaba en el encomendero la extracción de un excedente a cambio de que este garantizara —al menos en teoría— la defensa del territorio y la evangelización de los indios. En Mompox y sus alrededores se concedieron treinta y nueve encomiendas a otros tantos encomenderos, con participación del licenciado Santa Cruz en el proceso.

El modelo económico inicial fue rudimentario y revelador. Los conquistadores usaban a los indios encomendados para el cultivo de huertas y estancias y para la provisión de comida; a cambio de oro obtenían de ellos productos de intercambio elementales: hachas, cuchillos, tijeras, abalorios. La asignación de tierras propias a los españoles solo se generalizó cuando la caída demográfica indígena dejó tierras vacías; a partir de 1570 comenzaron a multiplicarse las mercedes de tierras en el Nuevo Reino, otorgadas tanto a encomenderos como a no encomenderos, en parte como respuesta al monopolio de la mano de obra indígena por parte de los primeros. Pero ese giro pertenece ya al reinado siguiente.

El patronato regio cerraba el sistema. Carlos V, como sus predecesores, disfrutaba en Indias de tres derechos fundamentales sobre la Iglesia: el exclusivo para autorizar la construcción de templos grandes, el patronato castellano tradicional y el derecho de presentación de personas idóneas para cargos eclesiásticos. Bajo este régimen, los monarcas españoles aparecían como jefes efectivos de la Iglesia americana y controlaban directamente al clero secular y regular; los altos dignatarios eclesiásticos, generalmente peninsulares, se relacionaban más estrechamente con el rey que con el pontífice romano. Las prerrogativas del patronato se delegaban en virreyes, presidentes de audiencias y gobernadores, que actuaban como vicepatronos.

Esa arquitectura convirtió la evangelización en una política de Estado. La conversión de los indios a la fe católica se consideraba tan importante como el reconocimiento de la soberanía castellana; ambas dimensiones eran, para la ideología del conquistador, inseparables. Las órdenes mendicantes —dominicos, franciscanos, agustinos— se convirtieron en protagonistas del proceso en el Nuevo Reino, y su presencia estuvo desde el inicio soldada al proyecto colonial. El concepto de policía cristiana fusionó fe y razón de Estado: las autoridades daban pláticas a los indios para animarlos a ser fieles vasallos del rey y buenos cristianos, lo cual implicaba adoptar nuevos modelos de comportamiento social, político, moral y religioso. La mentalidad colonial legitimó, sobre esta base, la percepción del indígena como ser inferior y su sometimiento como paso previo a la salvación. La permanencia del doctrinero, además, significó para las comunidades más exacciones en productos o servicios: la evangelización tuvo también su factura material.

Las Leyes Nuevas: el intento de reasumir el mando

Hacia 1540, la política americana del emperador enfrentaba una tensión que sus juristas veían con creciente alarma. La conquista había sido, esencialmente, una empresa privada delegada; las capitulaciones habían transferido a particulares poderes cuasi señoriales sobre tierras, indios y rentas. Las contradicciones entre la política real y los conquistadores habían aparecido tempranamente —lo mostraban los procesos judiciales contra Colón, contra Cortés, contra los Pizarro— y se recrudecían cada vez que la Corona intentaba controlar más directamente la vida colonial. Bartolomé de las Casas y otros denunciantes describían un régimen encomendero que la conciencia teológica de la monarquía no podía asimilar. Y detrás de la denuncia moral latía la razón de Estado: si los encomenderos se convertían en aristocracia hereditaria, América se feudalizaría y la Corona perdería el control soberano de sus dominios.

Las Leyes Nuevas fueron la respuesta. Carlos V las promulgó en Burgos en 1542. Su núcleo era doble: limitaban el goce de las encomiendas a solo dos generaciones sucesivas —tras las cuales revertirían a la Corona— y ordenaban un tratamiento más benigno para los indios. En su conjunto, representaban el momento en que la monarquía intentó asumir el control soberano directo sobre los territorios americanos y cerrar la fase de conquista privada. Fue, quizá, la decisión más ambiciosa del reinado carolino en materia indiana.

Fue también su fracaso más elocuente. En el Perú, las Leyes Nuevas provocaron una guerra civil de encomenderos que la Corona no pudo sofocar sino tras años de conflicto y a costa de importantes concesiones. El efecto se propagó: el emperador suspendió la aplicación de la legislación en el Nuevo Reino de Granada. En Bogotá, el Cabildo obedeció formalmente las Leyes Nuevas desde 1546 pero decidió no cumplirlas, aplicando la vieja fórmula castellana: se obedece pero no se cumple. Era una figura jurídica bien conocida en la Península —el reconocimiento simbólico de la autoridad regia junto con la suspensión práctica de una orden considerada injusta o inaplicable en el contexto local—, y su empleo en el altiplano muisca reveló los límites del gobierno por escrito.

La prohibición carolina no impidió tampoco que continuara la penetración territorial. En el Nuevo Reino se siguieron fundando ciudades después de 1548, fecha de referencia para la aplicación de las Leyes Nuevas en ese territorio. Las conquistas no autorizadas, en principio proscritas, prosiguieron. Y sin embargo, algo del propósito imperial se cumplió por vías indirectas. De las ciento ocho encomiendas existentes hacia 1550-1560 en Tunja y Santa Fe, sesenta y una habían sido perdidas por sus conquistadores originales; de los doscientos sesenta y cinco conquistadores de las expediciones de 1537-1543, solo noventa conservaron o ganaron encomienda, mientras el resto quedó como simples vecinos. El pretendido dominio hereditario de los conquistadores se erosionaba sin necesidad de que la ley se impusiera plenamente: la circulación de encomiendas, las muertes, los pleitos y la lenta llegada de una burocracia regia iban recomponiendo el mapa del poder colonial.

La Real Audiencia de Santafé: cerrar el círculo

El último acto carolino en la configuración del Nuevo Reino fue la erección de la Real Audiencia de Santafé, tribunal superior y órgano de gobierno instalado en 1550. La medida se inscribía en el mismo movimiento que las Leyes Nuevas: la monarquía asumiendo control directo, sustituyendo a los conquistadores por magistrados letrados, cerrando la fase heroica y abriendo la burocrática.

La necesidad de la Audiencia se había hecho patente en los años previos. Jerónimo Lebrón, enviado desde la Real Audiencia de Santo Domingo como juez de residencia al Nuevo Reino antes de que existiera la instancia santafereña, había sido expulsado por Hernán Pérez de Quesada —hermano del conquistador— en un gesto que ilustraba el vacío institucional local. El juicio de residencia de Belalcázar, que debía llevar Miguel Díaz de Armendáriz, se había suspendido ante los sucesos ocasionados por la implantación de las Leyes Nuevas. Solo con la instalación de la Audiencia en 1550 pudo Francisco Briceño retomar el juicio contra el conquistador de Popayán.

La Audiencia se estableció en el altiplano, entre Tunja y Bogotá, ciudades alejadas del mar y de la metrópoli. Esa posición geográfica —el interior fresco, remoto, andino— acentuaría el formalismo de la ley y de la escritura en la región. En el Nuevo Reino, más que en otras partes de las Indias, el gobierno colonial adoptaría el tono del expediente, del pleito interminable, del papel sellado. Era, después de todo, la única forma en que el emperador podía estar presente: como firma reconocida, como sello reproducido, como escritura obedecida —a veces cumplida, a veces no.

Con la fundación de la Audiencia se cerraba el ciclo carolino. Se había pasado, en poco más de una década, del contrato privado con capitulantes a la burocracia regia; de las armas de Quesada, Federmann y Belalcázar a los expedientes de los oidores; de la ganancia sobre el terreno al tributo canalizado por instituciones. La feudalización de América, temida por el Consejo de Indias, había sido contenida, aunque a costa de aceptar en la práctica lo que en la letra se negaba.

Red y contexto

La figura carolina en la historia neogranadina no puede desligarse de una red densa de actores intermedios que hicieron real, cotidianamente, su autoridad. Estaban los gobernadores de las provincias caribeñas —Rodrigo de Bastidas en Santa Marta, Pedro de Heredia en Cartagena— sin cuyas capitulaciones ninguna entrada al interior habría sido posible. Estaban los banqueros Welser, cuyos créditos al emperador se pagaron con la gobernación de Venezuela y cuyas expediciones aportaron la de Federmann. Estaban los conquistadores hispanos —Quesada, Belalcázar, Lugo, Pérez— que ejecutaron, torcieron o desafiaron las órdenes regias. Estaba el Consejo de Indias, la maquinaria letrada donde se resolvían los pleitos que el emperador no podía atender personalmente. Y estaban los teólogos, con Bartolomé de las Casas como voz más audible, que empujaron al rey hacia una legislación protectora de los indios contra los intereses de sus propios súbditos conquistadores.

En el plano imperial, el reinado se agotaba en frentes múltiples: la reforma protestante y las guerras contra la Liga de Esmalcalda; el enfrentamiento con Francia por el dominio de Italia; el avance otomano en el Mediterráneo y en los Balcanes. Las Indias eran, para Carlos, una fuente de recursos que financiaba esas empresas europeas, pero también una responsabilidad de conciencia. El rescate de Atahualpa, los tributos indígenas, las rentas de las minas y, sobre todo, el descubrimiento del Potosí en 1545 incrementaron de forma extraordinaria la producción de metales preciosos americanos y multiplicaron los ingresos de la Corona. Ese oro y esa plata financiaron los ejércitos que el emperador movió por Europa; parte del oro muisca fundido en el altiplano terminó pagando a piqueros alemanes en batallas cuyo sentido los caciques del Zipa jamás habrían podido concebir.

En 1556, agotado por la gota y por medio siglo de gobierno itinerante, Carlos abdicó los reinos hispánicos en su hijo Felipe II y se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura, donde murió en 1558. Le entregaba a su sucesor una monarquía compuesta cuyo componente americano ya no era una novedad exótica: era una realidad institucionalizada, con audiencias, obispados, encomiendas tasadas, cabildos activos y una legislación indiana en formación. En el Nuevo Reino de Granada, la Audiencia funcionaba, Bogotá era capital, Tunja y Vélez eran ciudades reconocidas, la evangelización avanzaba y los conquistadores originales cedían el paso a una nueva generación de encomenderos, letrados y clérigos.

Huella

La huella de Carlos V en Colombia es la de un ausente que estructuró lo presente. No hay una plaza mayor con su estatua en Bogotá, no hay una fecha nacional que celebre su reinado, no hay una escuela historiográfica local que lo reivindique como figura fundadora. Y sin embargo, buena parte del vocabulario con el que aún se piensa el pasado colonial colombiano —capitulación, repartimiento, encomienda, merced real, patronato, audiencia, ciudad fundada, quinto real— fue fijado bajo su reinado, en cédulas que él firmaba o que otros firmaban en su nombre.

Su legado más duradero es institucional. Las Leyes Nuevas no lograron desmontar el régimen encomendero en el corto plazo, pero sí instalaron el principio de que la Corona era la titular última del dominio en Indias y de que la relación entre encomenderos e indios debía someterse a la ley regia. Ese principio sobreviviría a todo el período colonial, y hasta cierto punto se transmitió al Estado republicano: el patronato regio no fue abolido con la independencia, sino incorporado a la estructura del nuevo Estado, que retuvo durante décadas el derecho de controlar los nombramientos eclesiásticos. Es una línea sorprendente y poco recordada: la República heredó del emperador la potestad sobre la Iglesia colombiana.

Su legado más incómodo es también material. La conquista del altiplano muisca, cuya legalidad reposaba enteramente en las capitulaciones carolinas, produjo el desmantelamiento de una sociedad densa, sedentaria y sofisticada, y el desplome demográfico consiguiente. La generación de leyes protectoras y de audiencias no compensó, en el siglo XVI, la magnitud del daño. El se obedece pero no se cumple con que el Cabildo de Bogotá recibió las Leyes Nuevas es la fórmula que resume la ambigüedad del reinado en su vertiente americana: una monarquía que legislaba con creciente escrúpulo teológico pero cuyas órdenes chocaban contra intereses locales que ella misma había creado al delegar la conquista.

Vista desde el altiplano, la figura de Carlos V se despoja de su aura europea de emperador universal y aparece en su función más precisa: el hombre cuya firma remota autorizó la entrada de Quesada, ratificó las gobernaciones de Santa Marta, Cartagena y Venezuela, prohibió sin éxito la herencia perpetua de las encomiendas, erigió la Audiencia que instaló el papel sellado en la sabana. Un arquitecto ausente cuya obra puede recorrerse aún hoy en los archivos de la Real Audiencia, en el trazado colonial del centro de Bogotá y de Tunja, en los apellidos de las familias encomenderas que echaron raíces bajo su reinado y en el principio, todavía vivo en la memoria jurídica del país, de que la propiedad última de la tierra deriva de un acto soberano y no de la mera ocupación. El emperador no vio nunca su Nuevo Reino de Granada. El Nuevo Reino, en cambio, vivió medio siglo bajo su firma.