Juan del Valle

Un obispo para el flanco más violento

La diócesis que Juan del Valle recibió no era una sede cualquiera. Erigida en la década de 1540 sobre el territorio de la gobernación de Popayán, comprendía uno de los espacios más contradictorios del Nuevo Reino: una franja que se extendía desde el valle del Cauca hasta las estribaciones andinas hacia el sur, densamente poblada antes de la irrupción española por más de un centenar de unidades tribales con fuertes de madera y organización político-militar propia, y que hacia 1547 exhibía las huellas frescas de una de las conquistas más sangrientas del continente. La descripción que Andagoya dejó de aquel corredor —cimientos donde antes hubo pueblos de ochocientas casas— condensa lo que el nuevo obispo iba a encontrar al llegar: no una feligresía por organizar, sino un vacío demográfico producido por la violencia y una clase encomendera empeñada en exprimir lo que quedara de mano de obra indígena.

El nombramiento se produjo en un momento institucional bisagra. En 1549 se erigió la Real Audiencia de Santa Fe y, con ella, el occidente neogranadino —hasta entonces vinculado administrativamente a Lima y Quito— quedó bajo jurisdicción santafereña. Ese mismo año se afianzó la llegada de órdenes religiosas al Nuevo Reino. Del Valle asumía, por tanto, en un territorio que apenas empezaba a integrarse en el mapa jurisdiccional de Santa Fe y donde la Iglesia era, en la práctica, un edificio por levantar. Durante buena parte del siglo XVI la evangelización en el distrito de Popayán fue débil y demorada, en parte porque los clérigos tendían a abandonar las zonas con comunidades indígenas pobres en busca de regiones más prósperas. Sobre esa arena movediza le tocó construir una diócesis.

Su condición de primer obispo y su reconocimiento como protector de indios no son datos decorativos: son las dos coordenadas que definen su acción y explican su choque frontal con los poderes locales. La biografía definitiva sobre él —Vida y luchas de Juan del Valle, primer obispo de Popayán y protector de indios, publicada en Popayán en 1961 por Juan Friede— fijó ambos rasgos en el título mismo, y la historiografía posterior no los ha desmentido.

Formación en la sombra: lo que sabemos y lo que se calla

Sobre los años previos a su llegada a América, el archivo es parco. Del Valle pertenece a esa generación de eclesiásticos españoles formados en el clima intelectual y político de la primera mitad del siglo XVI: el de la Escuela de Salamanca, el de la reforma Carolina que siguió al regreso de Carlos V a España en 1541, el de las controversias vallisoletanas sobre la legitimidad de la conquista y el estatuto jurídico del indígena. Es el clima que produjo las Leyes Nuevas de 1542, promulgadas cuando fray Bartolomé de las Casas se hallaba en la Corte, y que buscaron abolir el señorío de los españoles sobre los indios, impedir su esclavización, extinguir las encomiendas a medida que caducaran y declarar a los indígenas personas libres sujetas al derecho común de Castilla.

Es en ese caldo donde hay que situar la formación del futuro obispo de Popayán. Su acción episcopal ulterior —la defensa de los indios, la confrontación con la encomienda, la voluntad de llevar sus denuncias hasta el Concilio— traduce en clave provincial y neogranadina lo que Las Casas encarnaba en la Corte y en la conciencia imperial. No hay que imaginarlo como un discípulo directo del dominico, pero sí como un miembro consecuente de esa corriente lascasiana que buscó, desde dentro del aparato eclesiástico y con el respaldo formal de la Corona, poner freno al proyecto encomendero de los conquistadores.

El silencio sobre su origen concreto —diócesis de procedencia, formación universitaria, trayectoria previa— no es solo una laguna: es también un rasgo estructural del personaje. Del Valle no llegó a Popayán como una figura ya consagrada por la Corte, sino como uno más de los prelados enviados a fundar sedes en la periferia americana, esa periferia que la reforma Carolina había decidido dotar de una jerarquía eclesiástica sujeta al patronato regio. Llegó, en suma, como pieza de un engranaje que desde el vamos subordinaba su autoridad episcopal a los vicepatronos civiles.

El marco: patronato regio y evangelización como razón de Estado

Para entender qué podía y qué no podía hacer un obispo en el Nuevo Reino a mediados del siglo XVI hay que detenerse en el marco jurídico. El patronato real, otorgado por el papado a la Corona castellana, comprendía tres derechos fundamentales: la autorización exclusiva para construir templos mayores, el patronato en su sentido castellano tradicional y el derecho de presentación de personas idóneas para iglesias catedrales, monasterios, dignidades, colegiatas y beneficios eclesiásticos. Estas prerrogativas se extendían en la práctica a virreyes, presidentes de audiencias y gobernadores, que actuaban como vicepatronos y marcaban las pautas de organización y gobierno de la Iglesia indiana.

La consecuencia era doble. Por un lado, la evangelización quedó concebida como política de Estado: la expansión de la monarquía española implicaba la expansión de la fe católica, y la Iglesia americana no fue nunca un proyecto meramente religioso sino un brazo del proyecto imperial. Por otro, la jerarquía eclesiástica americana quedó institucionalmente atada a las autoridades civiles locales, que tenían la última palabra en la construcción de templos, en la designación de doctrineros y en el reparto de beneficios. Un obispo podía enfrentarse a los encomenderos, pero difícilmente podía enfrentarse a la vez a los encomenderos y a los gobernadores y oidores que ejercían el vicepatronato, porque esos eran también los canales institucionales de su propia autoridad.

La Corona reforzó ese blindaje regalista limitando los canales directos entre los obispos americanos y Roma: la política conciliar española revisó sus términos para hacerla más favorable a las medidas regalistas, prohibiendo las visitas ad limina y las informaciones directas sobre el estado de las diócesis. El obispo del Nuevo Reino que quisiera denunciar en Roma lo que veía en su distrito tenía cerrada la vía institucional ordinaria. Solo podía escribir al rey o —como Del Valle acabó haciendo— viajar en persona, con el enorme costo y el riesgo que eso suponía.

Sobre ese entramado se articuló también el sistema sinodal. Entre 1555 y 1558 se celebraron los tres primeros sínodos del Nuevo Reino: Popayán en 1555, Cartagena en 1556 y Santafé en 1558. El de Popayán fue el primero, y su convocatoria correspondió a Juan del Valle.

El sínodo de Popayán y la ofensiva contra la encomienda

El sínodo de 1555 es la pieza más elocuente del episcopado de Del Valle y merece leerse en su contexto exacto. Convocarlo significaba reunir al clero de la diócesis para fijar normas de disciplina eclesiástica, de administración de sacramentos y de organización doctrinal en un territorio que apenas empezaba a tener parroquias estables. Pero significaba también algo más: constituir a la Iglesia local como un cuerpo con voz propia frente a los poderes civiles y frente a la clase encomendera. En una gobernación donde los clérigos abandonaban las doctrinas pobres, donde la evangelización avanzaba a paso de tortuga y donde el aparato episcopal apenas se estaba montando, convocar un sínodo era un acto fundacional de primer orden.

La agenda indigenista del sínodo se articuló con el marco legal que la Corona había suspendido en la práctica. Las Leyes Nuevas de 1542, que habrían debido reformar de raíz el régimen encomendero, fueron suspendidas en su aplicación al Nuevo Reino tras la guerra civil que provocaron en el Perú. Desde 1546, el Cabildo de Bogotá obedeció formalmente esa legislación pero resolvió no cumplirla, invocando la fórmula clásica del derecho indiano: "se obedece pero no se cumple". Del Valle heredaba una legislación protectora vaciada de eficacia y una élite encomendera envalentonada por la certeza de que la Corona, al final, cedería a sus presiones.

En ese contexto, la acción episcopal de Del Valle en Cali fue todo lo contundente que las circunstancias permitían. Mantuvo una activa brega contra la clase encomendera en la gobernación de Popayán, y actuó personalmente en Cali, ciudad clave del valle del Cauca donde se concentraba buena parte del poder encomendero. Allí encontró un aliado inesperado: el oidor Montaño, enviado por la Audiencia de Santa Fe en el contexto del levantamiento de Álvaro de Oyón y de la rebelión del cacique de Saboyá. Montaño, al llegar a Cali, tomó partido por el obispo indigenista y respaldó su ofensiva contra los encomenderos.

Esa alianza tuvo un costo político inmediato. A su regreso a Santa Fe, Montaño enfrentó graves quejas de la propia Audiencia, del cabildo, de los oficiales reales y de los miembros más prominentes de la sociedad santafereña. Los gastos de su viaje, estimados en unos dos mil pesos, dieron pie a consecuencias legales o administrativas cuya precisión escapa al detalle, pero cuyo sentido político es claro: la clase encomendera del Nuevo Reino, con el licenciado Briceño como su representante en la Audiencia, se cobró la osadía de un oidor que había respaldado al obispo protector de indios. Del Valle sobrevivió a esa ofensiva porque su fuero episcopal lo protegía; Montaño no gozaba de esa protección y fue tratado en consecuencia.

El territorio como estructura: por qué era casi imposible ganar

Conviene detenerse en la geografía política del suroccidente neogranadino, porque explica mejor que ninguna otra cosa los límites de lo que Del Valle podía lograr. La gobernación de Popayán —con Cali, Buga, Cartago, Anserma y la propia Popayán como núcleos urbanos, además de Timaná, fundada por Añasco y Ampudia hacia diciembre de 1538 por orden de Belalcázar, y Santa Ana de los Caballeros (luego Anserma), fundada por Jorge Robledo a mediados de 1539— era un archipiélago de ciudades aisladas entre sí. El aislamiento físico se traducía en aislamiento económico y en una tendencia poderosa hacia la autonomía política de cada ciudad, con jurisdicciones bien delimitadas donde el reparto de recursos quedaba confinado. Solo las empresas mineras vinieron a romper, mucho después, esa rígida estructura jurisdiccional.

En cada una de esas ciudades, la élite encomendera ejercía un control cuasi-señorial. Popayán, convertida en capital de la gobernación, acercó a sus élites a las autoridades metropolitanas y les permitió establecer alianzas matrimoniales tempranas con los españoles que se iban avecindando, reforzando sus prácticas señoriales. Cali, Buga, Cartago funcionaban con lógicas semejantes: pequeñas oligarquías locales que concentraban tierras, encomiendas y cargos, y que se resistían a cualquier interferencia externa. Un obispo con sede episcopal en Popayán, actuando en Cali, dependía para su acción de una autoridad audiencial que estaba en Santa Fe —a semanas de camino— y de una Corona que había suspendido sus propias Leyes Nuevas.

A eso se sumaba la volatilidad del gobierno civil. Belalcázar mismo fue suspendido por Briceño y enviado a España para justificarse ante el Consejo de Indias; murió en Cartagena a bordo del navío que debía llevarlo. García de Bustos, enviado desde España como reemplazo, falleció en la travesía. El puesto de gobernador quedó entonces en manos de Pedro Hernández de Busto. Esa cadena de sucesiones y muertes evidencia hasta qué punto el poder civil en la gobernación de Popayán era inestable a mediados del siglo XVI. Del Valle intentó gobernar una diócesis en un territorio donde el propio conquistador fundador acababa muriendo bajo sospecha y sus reemplazos morían en el mar.

La contradicción de fondo, con todo, no era local sino estructural. La Corona quería preservar a los indígenas como fuente de tributos a largo plazo; los encomenderos querían el máximo aprovechamiento inmediato. Esa fricción fue la fuente recurrente de conflictos políticos y sociales en la Nueva Granada y en el Perú, y probablemente en toda la América hispana. Del Valle se situó del lado de la Corona en su versión más lascasiana, pero la Corona misma oscilaba: cuando la aplicación de las Leyes Nuevas amenazó con costar el Perú, cedió. Un obispo protector de indios podía tener razón doctrinal y jurídica, y perder de todos modos la partida política.

La evangelización que no llegaba

El segundo frente que Del Valle tuvo que atender fue el de la evangelización propiamente dicha, y ahí las condiciones eran igualmente adversas. Los esfuerzos evangelizadores en el distrito de Popayán durante el siglo XVI fueron débiles y demorados. Los clérigos que llegaban a las zonas con comunidades indígenas pobres tendían a marcharse pronto, buscando regiones más prósperas: el Perú, las altiplanicies orientales, las minas. La costa atlántica sufrió un patrón semejante. Solo hacia mediados del siglo XVI empezaron a establecerse religiosos con cierta permanencia en los distritos de Santa Fe y Tunja, y aun ahí el proceso fue lento.

Las órdenes religiosas —dominicos y franciscanos sobre todo, con los dominicos llegando en 1528 al mando de fray Tomás de Ortiz como protector de indios— fueron las grandes protagonistas de la evangelización neogranadina. Pero su presencia en el suroccidente fue tardía y desigual. Del Valle, como obispo, se encontró con la tarea de construir una Iglesia territorial en un espacio donde la infraestructura misional era mínima y donde los pocos clérigos disponibles preferían otras destinaciones.

La consecuencia era paradójica. Donde la Iglesia lograba instalarse, la permanencia del doctrinero significaba nuevas cargas para los indios en productos y servicios, de modo que la evangelización trastocaba no solo las nociones de lo sagrado sino la vida cotidiana. Donde no lograba instalarse —que era la mayor parte del distrito—, la conversión formal se producía por vías más laxas: la falta de una religión dominante en las confederaciones locales y la permisividad de los curas frente a las deidades y objetos sagrados indígenas, desestimados como meras supersticiones, facilitaron una cristianización superficial. Del Valle intentó dotar de estructura ese proceso; el sínodo de 1555 es también, leído desde este ángulo, un intento de fijar normas doctrinales en un espacio donde la doctrina se practicaba con enorme improvisación.

Ese doble frente —contra los encomenderos y por la construcción de una Iglesia territorial— explica por qué su episcopado fue tan agotador. No se trataba solo de denunciar abusos, sino de construir el aparato mismo desde el cual la denuncia pudiera ser sostenida.

El viaje a Europa y el Concilio de Trento

El acto más decidido y más costoso de Del Valle fue el viaje que emprendió hacia el final de su vida rumbo a Europa. El objetivo era doble: llevar sus denuncias contra el régimen encomendero al conocimiento directo de la Corona y participar en el Concilio de Trento, que en su fase final —convocada bajo Pío IV entre 1562 y 1563— iba a fijar el rumbo de la Reforma católica. Que un obispo americano de una diócesis periférica emprendiera semejante viaje da la medida de dos cosas: de su determinación personal y de lo estrechos que eran los canales institucionales a su disposición.

Recuérdese que la política regalista de la Corona había prohibido las visitas ad limina y limitado la comunicación directa entre los episcopados americanos y la Santa Sede. Un obispo del Nuevo Reino que quisiera hacer llegar a Roma información sobre el estado de su diócesis —sobre los abusos de los encomenderos, sobre la debilidad de la evangelización, sobre la necesidad de reformas— tenía cerrada la vía ordinaria. La única alternativa era el desplazamiento personal, con los enormes riesgos que eso suponía en el siglo XVI: la travesía atlántica, las escalas, los caminos europeos, la duración de un viaje que podía prolongarse durante años.

Del Valle emprendió esa travesía y no volvió. Murió en el camino, hacia 1561, sin llegar a intervenir en las sesiones tridentinas ni a completar sus gestiones ante la Corona. La muerte de Belalcázar a bordo del navío que lo llevaba a España a rendir cuentas, y la muerte en la travesía de García de Bustos enviado como su reemplazo, encuentran así un eco simétrico en el destino del primer obispo de Popayán: la comunicación transatlántica del siglo XVI era, en sí misma, una barrera política. Los actores que quisieron sortearla a menudo pagaron con la vida el intento.

Ese viaje frustrado condensa el drama del personaje. Del Valle había agotado los recursos locales: había convocado su sínodo, había denunciado en Cali, había perdido a su aliado Montaño ante la reacción santafereña. La única jugada que le quedaba era ir en persona a las dos capitales del mundo católico —Madrid y el concilio— a exponer directamente lo que veía. La muerte en el camino no solo interrumpió esa jugada: hizo que sus denuncias no dejaran huella institucional en las decisiones tridentinas. El silencio historiográfico posterior sobre su figura tiene aquí una de sus explicaciones más concretas.

La red: aliados, adversarios, contemporáneos

La trama humana en la que Del Valle se movió da la medida de su posición. Sus adversarios eran nombrables y numerosos: la clase encomendera de Cali y de toda la gobernación, el licenciado Briceño como su representante en la Audiencia de Santa Fe y el conjunto de la alta sociedad santafereña que se cobró en Montaño el respaldo prestado al obispo. Frente a ese bloque, Del Valle contaba con muy pocos apoyos institucionales estables: el oidor Montaño en su breve intervención caleña, el marco jurídico de las Leyes Nuevas —vaciado en la práctica— y el respaldo doctrinal de la corriente lascasiana en la Corte y en las órdenes religiosas.

Los contemporáneos que enmarcan su acción son los grandes actores de la Conquista y de la primera institucionalización colonial: Belalcázar como fundador y suspendido, Jorge Robledo colonizando hacia el norte de Cali con la fundación de Santa Ana de los Caballeros (luego Anserma) y de Cartago, Pascual de Andagoya como cronista de los estragos de la Conquista, Pedro Cieza de León recorriendo esos mismos territorios en la misma década. En un plano más amplio, la figura tutelar es la de fray Bartolomé de las Casas: no como maestro directo de Del Valle, sino como el referente doctrinal cuya utopía humanista de una civilización cristiana en América —eco del mismo clima renacentista que produjo los hospitales-pueblos de Vasco de Quiroga— dio contenido programático a lo que Del Valle intentó hacer en el terreno.

En el plano institucional, los interlocutores son Carlos V, cuya reforma Carolina de 1541 fijó el marco de las Leyes Nuevas, y Felipe II, bajo cuyo reinado se celebró el sínodo de 1555 y se emprendió el viaje al Concilio. Paulo III y sus sucesores completan el marco pontificio del patronato regio y del Concilio de Trento. Fray Luis Zapata de Cárdenas, que llegaría después como arzobispo del Nuevo Reino y generaría el ambiente propicio para un pacto mínimo entre autoridades civiles y eclesiásticas sobre la evangelización —un informe de 1575 dio cuenta de una junta con esa agenda—, señala el momento en que la Iglesia neogranadina alcanzó cierta estabilización, ya sin Del Valle.

La huella: silencio, marginalidad, retorno

La historia posterior de la diócesis de Popayán fue la de una jurisdicción vastísima que llegó a incluir regiones de frontera como el Chocó, el Caquetá y el Putumayo, además del piedemonte de la cordillera oriental limítrofe con la Amazonía. Cubría buena parte del territorio del actual departamento del Cauca —el de mayor extensión en Colombia durante buena parte del período republicano— y administraba espiritualmente territorios con poblaciones indígenas, comunidades negras y campesinos escasamente integrados al Estado nacional. Popayán se convirtió, en consecuencia, en el centro receptor de noticias e informes misionales de esas regiones, y en el siglo XVIII sostuvo un conflicto considerable con las élites mineras esclavistas sobre la administración espiritual y el financiamiento del sistema de estipendios para la atención religiosa de los esclavizados.

Ese peso institucional posterior contrasta con la marginalidad memorial de su primer obispo. Del Valle es un nombre que apenas figura en la iconografía oficial de la Conquista neogranadina, dominada por los conquistadores y por los fundadores de ciudades. Su rehabilitación historiográfica llegó tarde y por vías laterales: la obra que fijó su lugar —la biografía de Juan Friede publicada en Popayán en 1961— es la referencia sobre la que se ha construido cualquier acercamiento posterior. Antes de Friede, Del Valle era una nota al pie en las historias de la Iglesia colombiana. Después, se convirtió en una figura reivindicable, aunque nunca canonizada por el relato nacional.

Ese silencio no es solo ideológico. Es también el rastro de una derrota política real. Del Valle perdió en varios frentes simultáneos: perdió ante la clase encomendera de Cali, que sobrevivió a sus denuncias; perdió a su aliado Montaño ante la reacción santafereña; perdió el viaje transatlántico al morir en el camino; perdió incluso, en cierto sentido, ante la propia Corona, que oscilaba entre la protección legal del indígena y la suspensión práctica de esa protección. La estructura estaba diseñada para que perdiera: el patronato regio subordinaba su autoridad a los vicepatronos civiles, el aislamiento del suroccidente blindaba las autonomías locales y la política regalista cerraba los canales directos con Roma que habrían podido dotar a su acción de un aliado externo.

Y sin embargo, la lectura que reduce a Del Valle a una derrota noble se queda corta. Su sínodo de 1555 fue el primero del Nuevo Reino y estableció un precedente institucional que los de Cartagena (1556) y Santafé (1558) prolongaron. Su denuncia articuló, desde una diócesis periférica, el mismo lenguaje lascasiano que Las Casas defendía en la Corte. Su viaje al Concilio, aunque frustrado, es una de las pocas iniciativas de un obispo neogranadino del siglo XVI para hacerse oír directamente en las instancias supremas de la Iglesia y del Imperio. Construyó, con enorme dificultad, los cimientos de una diócesis que iba a durar siglos y a extenderse sobre uno de los territorios más vastos y complejos de la América hispana.

Es en esa tensión —entre la voluntad reformadora y las condiciones estructurales que la neutralizaban, entre el proyecto lascasiano y su fracaso local, entre la construcción institucional y la derrota política— donde Juan del Valle encuentra su lugar exacto en la historia de la Conquista neogranadina. No fue un santo, ni un mártir, ni un héroe olvidado que la historia deba rescatar mediante una operación hagiográfica. Fue un obispo que intentó ejecutar en el flanco más violento del Nuevo Reino un programa que la propia Corona había proclamado y luego suspendido, y que pagó con el aislamiento institucional, con el desgaste personal y finalmente con la muerte en el camino el precio de tomarse en serio esa contradicción. La memoria oficial de la Conquista lo dejó en el margen porque el relato conquistador no tenía sitio cómodo para una figura así: ni entre los fundadores ni entre las víctimas, sino en el borde exacto donde la reforma imperial chocaba con la realidad americana y salía derrotada. Ahí sigue.