Cimarronaje

En el vocabulario colonial americano, cimarrón nombraba al animal doméstico que había vuelto al monte; pronto, y sobre todo, al esclavo africano que huía del amo. En el territorio de la actual Colombia, esa palabra dejó de designar apenas una fuga individual para nombrar un proceso de tres siglos en el que hombres y mujeres esclavizados abandonaron minas, haciendas y bogas, se internaron en pantanos y serranías, y allí levantaron aldeas armadas —los palenques— con cabildos electivos, capitanes propios, lenguas mestizas y una doctrina práctica de negociación con la Corona. El cimarronaje neogranadino fue una forma de guerra prolongada y una forma de gobierno; produjo instituciones, capitulaciones y territorios; y dejó, cuando la esclavitud terminó en 1851, un sedimento cultural y político que el movimiento afrocolombiano del siglo XX volvería a movilizar bajo el mismo nombre para fundar sus reivindicaciones territoriales frente al Estado republicano.

Un fenómeno con causas estructurales

El cimarronaje no fue un accidente de temperamento sino la respuesta lógica a una economía que necesitaba cuerpos africanos y no encontraba manera de sujetarlos. El colapso demográfico indígena en la costa atlántica, veloz y desmesurado, dejó a los explotadores españoles sin la mano de obra con la que habían contado para transportes, minas, agricultura y servicios urbanos. Desde finales del siglo XVI, la trata cubrió ese vacío. Cartagena de Indias se convirtió en el principal puerto de entrada de africanos esclavizados en toda América: entre 1580 y 1640 desembarcaron allí, bajo registro, no menos de 110.000 personas; en el conjunto del período de la trata, unas 196.000. Al territorio de la actual Colombia entraron menos de 120.000; el resto se redistribuyó hacia Panamá, la Audiencia de Quito y otros destinos.

La composición de esa población marcó desde el inicio la forma que tomaría la resistencia. En los siglos XVI y XVII se prefirió importar varones, considerados más útiles para las faenas pesadas. En nueve haciendas de la provincia de Cartagena, entre 1633 y 1724, la proporción llegó hasta cinco hombres por cada mujer; los menores de quince años no alcanzaban el 5% de la población esclava. Ese desequilibrio impidió la autorreproducción: la fuerza de trabajo debía sostenerse importando africanos, no criando criollos. Y produjo, dentro del sistema, una tensión permanente —limitada satisfacción sexual para los hombres esclavizados, agravada por los abusos de los amos sobre las mujeres— que se sumaba a la violencia cotidiana del régimen.

Los esclavos protestaron y se sublevaron de manera continua. Se suicidaron, mataron a sus hijos recién nacidos, se rebelaron colectivamente y, sobre todo, huyeron. La fuga hacia los montes, los manglares y las serranías —el cimarronaje propiamente dicho— fue la forma de resistencia que dio lugar a comunidades duraderas. Su geografía siguió con precisión el mapa del extractivismo colonial: donde había minas de oro y platino, donde había haciendas agroganaderas, donde la boga fluvial exigía cuadrillas, allí surgieron palenques. El Chocó, el norte de Antioquia, el valle del Cauca, el Patía, el bajo Magdalena y el hinterland de Cartagena fueron a la vez los grandes escenarios del trabajo forzado y los grandes escenarios de la fuga.

Benkos Biohó y el primer ciclo de palenques

Antes de que las autoridades españolas dieran nombre y rostro al fenómeno, ya existían comunidades cimarronas organizadas. En 1576, el corsario inglés Oxenham desembarcó en el Darién y estableció una alianza militar con negros cimarrones: la sola existencia de esa alianza indica que en la costa istmeña había, para esa fecha, colectivos capaces de negociar de igual a igual con una potencia europea. El cimarronaje precedió a la figura heroica que la memoria le atribuyó después.

Esa figura fue Benkos Biohó. Según Orlando Fals Borda, Biohó no fundó San Basilio, como suele decirse, sino un palenque anterior llamado Matuna —o Mantuna—, en los pantanos que dieron su nombre al asentamiento, cerca de Cartagena. Matuna creció lo suficiente para adoptar una estructura política formal: Biohó fue proclamado rey del arcabuco —de la espesura, del monte cerrado— y la comunidad eligió en cabildo a sus propias autoridades según mérito y servicio. La palabra importa: los cimarrones no reprodujeron una monarquía africana idealizada ni un caudillismo improvisado, sino que adoptaron y adaptaron una institución castellana —el cabildo electivo— para gobernarse a sí mismos fuera del alcance del rey.

Ese modelo se replicó. Los palenques que surgieron después en la zona de Loba y Mompox, aguas abajo del río Magdalena, adoptaron formas de organización análogas. Lo que empezó como fuga individual se convirtió, en dos generaciones, en una arquitectura política dispersa pero coherente: aldeas fortificadas con autoridades propias, capitanes de guerra, división del trabajo entre agricultura y patrullaje, y una relación calculada —a veces armada, a veces comercial— con las haciendas vecinas. Biohó murió ejecutado por las autoridades cartageneras a comienzos del siglo XVII, pero el modelo institucional que ayudó a fijar sobrevivió. Hoy una estatua suya preside la plaza de San Basilio de Palenque; el símbolo se trasladó del lugar histórico al lugar sobreviviente.

Geografía del cimarronaje

Los palenques colombianos no formaron un archipiélago único sino varios, con lógicas regionales distintas. Cerca de Cartagena, los pantanos de Matuna y la Montaña de María fueron el gran refugio del cimarronaje caribeño. Todavía en la década de 1770 —casi dos siglos después de las primeras fugas— pequeños grupos de esclavos seguían viviendo allí de la pesca y de cultivos menores, y hostigaban las haciendas vecinas. En la falda de la montaña de María se consolidó, tras una capitulación negociada por el obispo Antonio María Cassiani, el Palenque de San Basilio, que se desarrolló hacia comienzos del siglo XVII y creció rápidamente por la llegada continua de fugitivos.

Al sur de Mompox, en la ribera del Magdalena, se formaron durante el siglo XVII palenques poblados por esclavos huidos de las minas de oro del norte de Antioquia —Zaragoza de las Palmas, Remedios y los reales mineros que dieron su nombre al oro neogranadino—. La geografía los protegió: pantanos, ciénagas, montes cerrados. Esos asentamientos continuaron existiendo en décadas posteriores, sostenidos por el aislamiento tanto como por sus propias armas.

En el Pacífico y su vertiente andina el fenómeno tomó otra forma. En la serranía de la cuenca del río Patía, entre los actuales departamentos de Cauca y Nariño, se levantó el palenque de El Castigo, uno de los más notables del Pacífico sur colonial. Su ubicación, descrita por fray Juan de Santa Gertrudis como de difícil acceso, lo protegió durante décadas de las expediciones de la Real Audiencia de Quito. La Audiencia intentó negociar varias veces sin éxito, hasta que en 1745 una expedición armada al mando de Juan Álvarez y Tomás Hurtado lo destruyó militarmente. En el valle del Patía existió al menos otro palenque, del que las referencias son más borrosas.

En el valle del Cauca, palenques como los de Amaime y El Bolo mantuvieron con las haciendas vecinas una relación singular: casi siempre violenta, pero en algunos pocos casos —entre ellos esos dos— se desarrolló una convivencia armónica, hecha probablemente de trueque, alianzas puntuales y no agresión mutua. La excepción confirma la regla: el cimarronaje fue, en la mayoría de los casos, guerra de baja intensidad contra las haciendas y las expediciones militares.

Más al norte, en la península de La Guajira, la memoria oral local sitúa hacia 1780 la fundación de comunidades como Tabaco, Roche, Manantial, Patilla y Chancleta por negros cimarrones que se liberaron cerca de Puerto Bolívar y se desplazaron siguiendo la orilla del mar y el río Ranchería, dividiéndose en grupos que fundaron cada aldea en distintos puntos del trayecto. La tradición oral, en este caso, hace de guía donde el archivo escasea.

El mapa completo permite ver algo: los palenques no fueron un fenómeno exclusivo del Caribe, aunque allí quedara el más célebre. Fueron una forma de ocupación territorial dispersa pero constante, siempre situada en el filo del control colonial —en el monte cerrado, en la ciénaga, en la serranía—, y siempre en las proximidades de las zonas de mayor explotación esclavista.

Adentro del palenque

La vida interior de estas comunidades combinaba herencias africanas, préstamos coloniales y soluciones inéditas a problemas nuevos. El desequilibrio demográfico entre hombres y mujeres, herencia directa del régimen de trata, planteó desde el comienzo una tensión práctica. Richard Price ha documentado que en algunos palenques americanos el problema se resolvió mediante normas explícitas que asignaban turnos nocturnos de cada mujer entre los palenqueros; para los palenques colombianos no hay evidencia directa, pero se ha sugerido que soluciones semejantes pudieron ensayarse.

Las mujeres del palenque tuvieron un papel económico decisivo. Cultivaban ñame, arroz y yuca; cuidaban el ganado; salían diariamente del poblado a vender los productos del monte en mercados vecinos. Ese trabajo doble —dentro del palenque como productoras, fuera de él como intermediarias con la economía colonial— hizo de la aldea cimarrona una unidad económica anfibia, no un enclave cerrado. La supervivencia dependía tanto de la autarquía agrícola como del intercambio calculado con los pueblos y haciendas cercanos.

La organización política se articuló en cabildos electivos que replicaban una forma castellana pero la ponían al servicio de una autonomía negra. Junto a esa dimensión política, se consolidó una dimensión ritual propia. En San Basilio, los ritos funerarios —el complejo del lumbalú— establecieron una división sexual del espacio sagrado en la que la mujer desempeña un papel medular en el canto, la danza y las expresiones más íntimas del duelo, mientras el hombre participa en un rol diferenciado. Esa ritualidad, lejos de ser una supervivencia africana fósil, fue el resultado de un proceso de larga duración: la convivencia prolongada entre esclavizados de distintas regiones de África, obligados a comunicarse y a inventarse rituales comunes, produjo en San Basilio una lengua propia y una identidad cultural específica, hoy reconocida como uno de los ejemplos más significativos de adaptación afrocolombiana. La lengua palenquera —único criollo de base ibérica hablado en América— es la prueba viva de esa gestación.

La Corona entre el exterminio y la capitulación

La política colonial frente a los palenques nunca fue lineal. Osciló, a lo largo de dos siglos, entre la hostilidad abierta y la solidaridad negociada, entre la guerra de exterminio y la concesión de libertad. La misma jurisdicción que en un momento ordenaba arrasar podía, décadas más tarde o antes, otorgar tierras.

En 1619 fueron declarados libres algunos grupos de negros cimarrones en la jurisdicción de Cartagena y se les facilitaron tierras para laborar. La medida reconocía, de hecho, la incapacidad militar para reducirlos y prefería incorporarlos como campesinos tributarios antes que sostener campañas costosas y perdidas. A fines de ese mismo siglo, en cambio, las autoridades ordenaron el exterminio total de los palenqueros: la política había virado hacia la línea dura, quizá porque los palenques se habían multiplicado más allá de lo tolerable, quizá porque la Corona temía lo que un funcionario, Juan de Herrera, expresaría hacia 1721 respecto a Cartagena: que los cimarrones encabezaran una insurrección general de la población de color, aliada eventualmente con grupos indígenas.

Ese temor no era paranoico. Cartagena era el mayor puerto negrero de América, su hinterland estaba salpicado de palenques, y una alianza entre cimarrones e indígenas del interior habría amenazado el orden colonial en su punto más sensible. La respuesta osciló, entonces, según la relación de fuerzas locales y la coyuntura imperial: cuando la Corona podía golpear, golpeaba; cuando no, capitulaba.

La capitulación más célebre fue la de San Basilio. Los palenqueros habían defendido su libertad con violencia sostenida, matando a varios de sus amos y a miembros de las expediciones militares enviadas a reducirlos. Cuando quedó claro que no podían ser doblegados, la mediación del obispo Antonio María Cassiani permitió negociar condiciones: la existencia del palenque fue legalizada, la comunidad se instaló definitivamente en la falda de la montaña de María, y la Corona reconoció, de facto, un territorio negro autónomo dentro de su jurisdicción. La capitulación fue, en rigor, un tratado entre soberanías desiguales pero reales.

El Castigo, en el Patía, corrió suerte contraria. La Real Audiencia de Quito intentó varias veces la negociación; los cimarrones no cedieron; en 1745 la expedición de Álvarez y Hurtado lo destruyó. Los palenques al sur de Mompox, en cambio, sobrevivieron por su difícil acceso geográfico: nadie los negoció ni los aniquiló; se disolvieron o se transformaron lentamente en aldeas campesinas negras del bajo Magdalena.

La historia larga muestra una doctrina implícita, construida por los propios cimarrones y aprendida a golpes por la Corona: la fuga masiva y organizada, sostenida militarmente, obligaba a la autoridad colonial a elegir entre el exterminio —costoso, incierto— y la negociación con concesión de tierras y autonomía. Los palenques enseñaron al Estado colonial que había una tercera vía entre la esclavitud y la revuelta abierta: la existencia territorial reconocida.

Del cimarronaje a la abolición

Durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX, el cimarronaje se combinó con otras vías de liberación. La manumisión concedida por los amos, la compra de la propia libertad —teóricamente posible mediante los ingresos de las charcas o cascajeros que los esclavos mineros trabajaban por su cuenta, en la práctica casi inaccesible—, los acuerdos por los que un esclavo se comprometía a servir diez o quince años adicionales a cambio de una libertad futura que los amos frecuentemente incumplían: todas fueron rutas legales, todas insuficientes. La fuga siguió siendo, probablemente, la vía por la que el mayor número de esclavos alcanzó la libertad efectiva.

La independencia abrió una nueva fase. Entre 1811 y 1815, la Provincia de Cartagena dispuso la libertad de los esclavos; en Mompox una rebelión llevó a decretar la libertad del comercio y la posesión de esclavos; en Antioquia, Juan del Corral decretó la libertad de los hijos de esclavos. Fueron medidas locales, fragmentarias, revocables. La guerra ofreció además una vía directa: el alistamiento en los ejércitos libertadores como forma de manumisión práctica, cuya cobertura legislativa fue parcial pero cuyo efecto real —miles de negros combatiendo por una libertad prometida— fue considerable.

En 1821 se aprobó la ley de libertad de vientres: los hijos de esclavas nacidos a partir de esa fecha serían libres, aunque debían esperar hasta los dieciocho años para ejercer plenamente esa libertad. La ley republicana no llegó, pese a lo que se dice a veces, a la manumisión total. Bajo la nueva república, la estructura social colonial persistió con notable continuidad: bajo la dictadura de Bolívar se restableció incluso el tributo indio por presión de sectores dominantes.

Lo decisivo ocurrió por debajo de la ley. Entre 1843 y 1849, cuando las manumisiones prácticamente cesaron y rigió un sistema de aprendizaje que obligaba a los ex esclavos a someterse a sus antiguos amos, las poblaciones esclavas de Cartagena y Santa Marta se redujeron a la mitad. No fue el Estado el que las liberó: fueron ellas las que se autoliberaron, huyendo, negociando, evadiendo el sistema de aprendizaje. Para 1850 quedaban en la Nueva Granada apenas unos 17.000 esclavos, menos del 1% de la población; en 1825 habían sido cerca del 4%. La institución se estaba vaciando por dentro.

A esa presión interna se sumó una externa. Los intereses británicos —los antiguos exportadores de esclavos, reciclados en filantropía cuando la trata dejó de ser rentable— presionaron por el fin de la exportación de africanos hacia América, en parte porque necesitaban mano de obra africana para sus propios entables coloniales en el continente. El abolicionismo internacional coincidió con el vaciamiento demográfico interno.

Cuando el 21 de mayo de 1851 el gobierno de José Hilario López promulgó la ley que abolía la esclavitud —vigente desde el 1 de enero de 1852—, certificó un hecho consumado más que decretó una ruptura. Los propietarios de las regiones mineras de Antioquia, Barbacoas, Buenaventura, Cauca y Chocó eran, como observó Salvador Camacho Roldán, los que más tenían que perder, pero para entonces el número absoluto de esclavos era ya modesto. La abolición fue el remate legal de un largo proceso en el que el cimarronaje —la autoliberación por fuga— había sido, silenciosa pero constantemente, el motor principal.

Después del palenque: el largo intervalo

Con la abolición, el cimarronaje como práctica desapareció por definición: sin esclavitud legal no hay esclavo fugitivo. Pero las comunidades que había fundado no se disolvieron todas. Algunas, como San Basilio, se transformaron en pueblos campesinos con estatuto legal reconocido. Otras, en el bajo Magdalena y en el Cauca, se integraron lentamente al paisaje agrario negro del país. En el valle del río Cauca, hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, los descendientes de los cimarrones fueron despojados de sus tierras, y ese despojo derivó en la colonización de otras zonas: la libertad legal no había traído, para la mayoría, ni tierra ni ciudadanía plena.

Durante buena parte del siglo XX, el cimarronaje colonial fue objeto sobre todo de estudio erudito. Investigadores como Roberto Arrázola, Aquiles Escalante, Nina S. de Friedemann y, más tarde, María Cristina Navarrete o Alfonso Múnera reconstruyeron pacientemente el archivo, cartografiaron los palenques, describieron sus lenguas y sus rituales. Ese trabajo académico, marcado por un sesgo indigenista, ruralista y culturalista —similar al que había caracterizado los estudios sobre poblaciones indígenas—, sedimentó una imagen del cimarronaje como fenómeno cerrado, pretérito, folklórico. Preparaba, sin saberlo, la materia prima para una operación política posterior.

La resignificación del término

En la segunda mitad de los años ochenta, en la parte norte del Pacífico colombiano, campesinos negros del Chocó —particularmente en torno al río Atrato— comenzaron a organizarse articulando reclamos en un lenguaje nuevo: el de la identidad étnica y los derechos territoriales colectivos. La Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, fue el proceso organizativo que lideró esa etnización de la negridad y sirvió después de piloto para la elaboración de la Ley 70 de 1993.

Paralelamente, en el mundo urbano, había surgido una organización con vocación explícitamente política: Cimarrón. Su nombre era ya un manifiesto. Se inspiraba en las luchas transnacionales de la diáspora africana —el movimiento de derechos civiles estadounidense, las referencias a Malcolm X, Martin Luther King, Angela Davis, los Panteras Negras— e intentaba articular una crítica del racismo colombiano tomando como matriz simbólica la resistencia esclava colonial. Hacia 1985, sin embargo, la organización se escindió. Muchos activistas rurales, especialmente del Chocó, la abandonaron por considerar que la lucha debía dirigirse a la defensa territorial frente a los capitales externos que empezaban a presionar sobre el Pacífico. Otros sectores mantuvieron el foco en el racismo urbano y la discriminación cotidiana. Las dos líneas —territorial rural y antirracista urbana— disputaron desde entonces qué herencia del cimarronaje activar.

La Constitución Política de 1991 reconoció por primera vez jurídicamente a la población afrocolombiana mediante su Artículo Transitorio 55, que dio origen al proceso legislativo culminado en la Ley 70 de 1993. Esta ley reconoce a las comunidades negras rurales, con énfasis en la región del Pacífico, el derecho a la propiedad colectiva sobre sus territorios, y establece mecanismos para la protección de su identidad étnica y cultural. Su articulado se concentró en la delimitación y manejo de esos territorios colectivos y en la creación de instancias de participación institucional.

La conexión entre los palenques coloniales y esta arquitectura jurídica no es una transmisión continua sino una apropiación estratégica. La Ley 70 no emergió de San Basilio ni de los palenques históricos del Cauca; emergió del proceso campesino del Atrato, y su lógica territorial —tierra colectiva ribereña, manejo ambiental, autonomía étnica— responde a las condiciones del presente pacífico más que a la doctrina institucional de los cabildos cimarrones. Lo que el movimiento afrocolombiano de los años ochenta y noventa hizo con el término cimarronaje fue seleccionarlo y movilizarlo: anclar en la historia larga unas reivindicaciones actuales, dotarlas de profundidad y de legitimidad. La palabra prestó a la lucha contemporánea el aval del pasado.

Esa operación tuvo costos. Algunos sectores del movimiento negro mostraron reticencia a subordinarse a coordinaciones nacionales, y el propio articulado de la Ley 70 —fuertemente pacífico-territorial— dejó por fuera dimensiones importantes: la doble reivindicación que anima al movimiento —el respeto por una especificidad ecológica, económica y cultural, y el acceso en igualdad de condiciones a los mercados de vivienda, educación y trabajo— quedó atendida en su primer polo mucho más que en el segundo. Y la ley, pese a tener más de veinte años de vigencia, no ha sido reglamentada en su totalidad, con consecuencias tangibles sobre la autonomía cultural y territorial que prometía asegurar.

Tras 1993 surgieron múltiples organizaciones étnico-territoriales y étnico-culturales, en el Pacífico y en otras regiones. La expansión organizativa fue notable. También lo fue la respuesta violenta: el desplazamiento forzado y los asesinatos selectivos de líderes afrocolombianos, que dirigentes del movimiento han interpretado como una intención deliberada de revertir los logros constitucionales de 1991, cargan sobre la palabra cimarrón una vigencia sombría. Los descendientes del arcabuco vuelven, en el siglo XXI, a defender territorio frente a una violencia que ya no viene del amo sino del actor armado y del capital extractivo.

La huella

El cimarronaje colombiano dejó tres legados de distinta naturaleza. Dejó, en primer lugar, comunidades concretas —San Basilio y su lengua, las aldeas negras del bajo Magdalena, del Cauca, del Patía, de La Guajira— cuya sola existencia es prueba material de la eficacia histórica de la fuga organizada. Dejó, en segundo lugar, una doctrina implícita de negociación entre soberanías desiguales: los palenques enseñaron al Estado colonial que la libertad negra podía ser reconocida por tratado, no solo tolerada por descuido, y ese precedente reaparece, con siglos de por medio, en la lógica de la propiedad colectiva territorial de la Ley 70. Dejó, en tercer lugar, un nombre disponible para las luchas por venir: cimarrón se convirtió, en el último tercio del siglo XX, en el significante que un movimiento urbano y rural en formación tomó para nombrarse a sí mismo y para inscribir sus demandas en la historia larga de la nación.

Ninguno de esos legados es automático ni transparente. La continuidad entre los palenques y el movimiento afrocolombiano contemporáneo fue construida, no heredada; disputada internamente, no consensuada; parcialmente reconocida por el Estado, no plenamente reglamentada. Pero esa construcción no es una invención: se apoya en hechos —cabildos electivos, capitulaciones, lenguas, territorios sostenidos durante siglos— que están en el archivo y en el paisaje. El cimarronaje fue, y sigue siendo, la forma más antigua y persistente que la población negra en Colombia ha encontrado para afirmar que su libertad no es una concesión del amo ni del Estado, sino una obra propia, defendida en el monte cuando el monte fue posible y ahora litigada en el territorio, en la ley y en la palabra.