Simplificación censal borbónica de 1778–1782

La simplificación censal borbónica de 1778–1782

Entre 1778 y 1782, la Corona española ordenó contar a los habitantes del Virreinato de la Nueva Granada y clasificarlos, para efectos administrativos, en cuatro casillas: blancos, indios, libres de todos los colores y esclavos. La operación, dirigida durante el gobierno del arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora y ejecutada con la ayuda de padrones locales en ciudades como Cartagena de Indias, es la primera numeración de la población del territorio colombiano que se parece a un censo moderno. Su valor no está solo en las cifras —cerca de 800.000 almas, 26% de blancos, 46% de "libres", 20% de indios, 8% de esclavos— sino en algo más silencioso y más duradero: al reducir el mosaico colonial de mulatos, pardos, zambos, mestizos, cuarterones y demás variantes a cuatro rótulos, la administración borbónica fabricó un orden racial esquemático que la República heredaría intacto como armazón de la ciudadanía. Las cuatro categorías con las que Colombia entró al siglo XIX no cayeron de un cielo biológico ni son residuo de la conquista temprana: son producto de una decisión fiscal y militar tomada bajo Carlos III.

El mundo del que brota el padrón

Cuando llegó la orden de empadronar, la Nueva Granada llevaba dos décadas en obra. Desde los años sesenta, el reinado de Carlos III había desplegado en América un programa de reformas —conocidas después como borbónicas— cuyo propósito declarado era racionalizar la administración, ensanchar los ingresos de la Corona y recuperar el control efectivo de territorios que, bajo los Austrias, habían operado con notable autonomía. En la Nueva Granada, la carga tributaria pasaría de representar cerca del 2,9% del producto colonial antes de las reformas a rozar el 8,4% hacia 1800; los estancos de tabaco y aguardiente, reorganizados con minuciosas ordenanzas, terminarían aportando casi un tercio de los 2,4 millones de pesos anuales que la Corona sacaba del virreinato en la última década de la dominación.

Ese cambio de escala fiscal exigía saber. Las audiencias y cabildos heredados del siglo XVII eran considerados por los Borbones demasiado independientes; las reducciones jesuíticas, disueltas años atrás, habían dejado poblaciones enteras fuera del alcance de la autoridad real; las visitas de inspección —el instrumento clásico de la Corona para pulsar la marcha de la hacienda, la economía y la situación de los indígenas— arrojaban informes fragmentarios sobre un territorio cuyas divisiones no estaban demarcadas de manera inequívoca. Contar era, en ese contexto, una operación política: sin padrón no había base cierta para la alcabala, para el reclutamiento miliciano, para la administración del tributo indígena, para la asignación de curatos.

El detonante inmediato llegó en 1778. Ese mismo año Carlos III promulgó el Reglamento y aranceles reales para el comercio de España y las Indias —el llamado libre comercio dentro del imperio— y designó a Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres regente visitador de la Nueva Granada. Piñeres restableció el impuesto de la armada de Barlovento, extendió la alcabala a nuevos productos y reordenó el estanco del tabaco delimitando zonas de cultivo y montando un sistema policial de control sobre su comercialización. La operación fiscal se estrelló en 1781 con la Revolución de los Comuneros, sublevación que expuso los límites de gobernar un territorio del que se sabía tan poco. Cuando en 1782 Caballero y Góngora asumió como arzobispo-virrey —figura extraordinaria, mitad clérigo, mitad estadista ilustrado—, la necesidad de conocer la población dejó de ser tesis administrativa y se volvió urgencia.

A esa urgencia se sumaba otra, más difusa y más honda. La demografía del virreinato había cambiado. El colapso indígena de los siglos XVI y XVII —causado conjuntamente por la violencia de la conquista y por las enfermedades europeas— había reducido a poco más de 150.000 personas a una población que pudo superar los tres millones antes del contacto. Desde 1690, la recuperación demográfica venía impulsada no por los indios sino por la rápida reproducción de mestizos, negros y mulatos. Hacia 1778 esa población de origen mixto era ya el grupo más numeroso: entre 1750 y 1800 sería responsable de la fundación del 20% de los municipios colombianos, buena parte en tierras de clima medio. La Corona no tenía nombre administrativo estable para esta gente. Los llamaba "castas", "libres", "arrochelados", "gente sin Dios ni ley"; hacia 1770 se calcula que unas 60.000 personas vivían en las rochelas del Caribe neogranadino —asentamientos ilegales en bosques, colinas, pantanos y riberas— fuera del alcance efectivo de las autoridades. Contar era también un modo de conjurar el temor a que esa mayoría demográfica escapara a toda cuadrícula.

Cómo se hizo el censo

El empadronamiento se ejecutó, en lo esencial, entre 1778 y los primeros años de la década siguiente. Fue una operación irregular. No cubrió todo el territorio: las divisiones y subdivisiones provinciales estaban mal demarcadas, y los curas párrocos, corregidores y cabildos que recogían la información trabajaban con criterios y celo variables. Sus resultados no fueron muy precisos —el propio virrey y sus sucesores lo reconocieron—, y las cifras totales oscilan: unas 800.000 almas para la cobertura efectiva del empadronamiento, cerca de 940.000 en estimaciones que corrigen la subcobertura. Pese a todo, y por comparación con lo que había antes, la historiografía suele tratarlo como el primer censo confiable de la población del territorio que hoy es Colombia.

La distribución por categorías dibujó el paisaje que definiría el imaginario demográfico del país durante generaciones. Los blancos rondaban el 26%, los indios el 20%, los esclavos el 8% y los eclesiásticos apenas el 0,3%; la sorpresa estaba en la casilla restante. Casi la mitad de la población —alrededor del 46%— caía bajo el rótulo de "libres", un término que no describía color ni sangre sino condición jurídica: no esclavos, no tributarios, no aborígenes. La categoría capturaba a mestizos, mulatos, zambos, pardos, cuarterones y a todos los cruces intermedios que la sociedad colonial había producido a lo largo de dos siglos y medio de mezcla. Que ese conglomerado fuera ahora el grupo más numeroso, y no los indios ni los esclavos —cuyas proporciones venían decreciendo desde hacía un siglo—, era el hallazgo mayor del padrón.

El detalle regional afinaba el cuadro y desmentía la idea de un país homogéneo. En Santafé de Bogotá, los blancos rondaban un tercio de los habitantes y los mestizos algo más de la mitad, con presencias marginales de indios y esclavos que apenas alcanzaban el 3% cada una. En la villa de Medellín, cuyo padrón registró 14.704 habitantes, más de la mitad eran mulatos o esclavos negros. En Cartagena de Indias, plaza portuaria y militar del Caribe, los libres de color eran ampliamente el grupo mayoritario, y su peso demográfico obligaría a la Corona a incorporarlos como base de la reorganización miliciana borbónica.

Debajo del gran padrón virreinal circulaban padrones locales de barrio, más granulares y hoy más elocuentes. Los de Cartagena, fechados hacia 1777, dan cuenta de al menos cuatro barrios: Santo Toribio, San Sebastián, La Merced y, aparentemente, la Santísima Trinidad de Gimaní. El padrón de La Merced lo formó Francisco Pedro Vidal, capitán de Milicias de Blancos y comisario del barrio; el general lo ejecutó Mariano José de Valverde, regidor interino de la ciudad. Estos registros, hechos casa por casa, consignaban rango honorífico —el uso de "don" y "doña" antes del nombre—, condición de esclavo, y llegaban a un nivel de matiz que el padrón consolidado ya no podía retener. Cuando los datos subían a la capital virreinal y de allí a Madrid, la textura se aplanaba: pardo, zambo, cuarterón y mulato se convertían, en la casilla oficial, en "libre".

Esa pérdida de granularidad no era descuido burocrático. Era el corazón de la operación. La Corona no necesitaba distinguir a un cuarterón de un mulato para lo que le importaba: saber cuántos vasallos pagaban tributo indígena, cuántos aportaban alcabala, cuántos podían servir en milicia de pardos, cuántos eran propiedad esclava. La taxonomía de cuatro casillas correspondía a cuatro regímenes jurídico-fiscales distintos, no a cuatro grupos biológicos. Lo que el padrón registraba, en el fondo, no era el color de la piel sino la posición en el aparato tributario y militar del imperio.

Las causas de la simplificación

Hay una lectura clásica según la cual las reformas borbónicas fueron, ante todo, un ejercicio de racionalidad ilustrada: gobernar mejor, saber más, someter el territorio al ojo del Estado. Caballero y Góngora encaja bien en ese retrato. Formuló un Plan de Estudios que privilegiaba las ciencias útiles —química, botánica, mineralogía, medicina— sobre las materias especulativas; apoyó la Expedición Botánica que José Celestino Mutis dirigía desde 1761; propuso reformar la distribución y el orden de los asentamientos del virreinato para acomodar la población dispersa a un molde de "policía", de orden civil. En su visión, contar a los habitantes formaba parte de un proyecto mayor de conocer un territorio "enormemente rico" que había escapado hasta entonces a la mirada estatal.

Pero la Ilustración es solo la superficie amable del asunto. Debajo pulsa la crisis fiscal del imperio y el miedo al desorden social. La triplicación de la carga tributaria entre las décadas centrales del siglo XVIII y 1810 no fue metáfora: fue exigencia concreta a poblaciones concretas. Para tributar, hay que estar contado; para estar contado, hay que estar clasificado; para ser clasificado, hay que caber en una casilla. Las cuatro categorías del padrón resuelven este problema con eficiencia brutal. Blancos: aportan alcabala, pueden acceder a cargos, milician como blancos. Indios: pagan tributo indígena, gozan de tutela paternalista, milician en su condición. Esclavos: son bienes, tributan a través del amo, no militan. Libres de todos los colores: pagan alcabala pero no tributo indígena, aportan cuerpo a las milicias de pardos, se les excluye de la universidad y de la mayoría de cargos públicos.

La segunda causa es militar. Después de la toma inglesa de La Habana en 1762 —trauma imperial que reordenó toda la política defensiva española en América—, la Corona comprendió que no podría defender su Caribe con tropas peninsulares. La solución fue crear milicias disciplinadas de vecinos, y en plazas como Cartagena, donde los pardos eran la mayoría, eso significaba incorporarlos formalmente y extenderles el fuero militar. Contarlos, agruparlos en una sola categoría —"libres de todos los colores"— y darles un lugar administrativo era la condición de posibilidad para armarlos. La expresión, que puede sonar hoy a gesto de inclusión, era en su origen una decisión de cuartel: designaba a los hombres reclutables que no eran ni blancos privilegiados ni esclavos ajenos, y les asignaba compañías propias bajo mando blanco.

La tercera causa es demográfica y de policía. Las autoridades sabían, mucho antes del censo, que la población mestiza y libre crecía sin control, se reproducía en el servicio doméstico —el crecimiento de los mestizos en Santafé fue estimulado por el abuso sexual de mujeres indias y negras y por relaciones informales en una ciudad con más mujeres que hombres entre esos grupos—, fundaba pueblos en tierras marginales y desbordaba el mapa colonial heredado. Las campañas borbónicas de reducción de arrochelados en el Caribe neogranadino, el poblamiento de Antioquia impulsado entre 1778 y 1782 por el oidor Mon y Velarde y el gobernador Francisco Silvestre, la erección de decenas de nuevos municipios en clima medio: todo respondía al mismo impulso de fijar, ordenar y hacer legible a esa mayoría flotante. El padrón era la contraparte estadística de una política territorial. Contaba para poder gobernar; agrupaba para poder simplificar; simplificaba para poder actuar.

Bajo estas tres presiones —fiscal, militar, de policía— el mosaico colonial de castas resultaba disfuncional. Distinguir en un padrón entre mulato, zambo, cuarterón, tercerón, morisco y salta-atrás quizá tenía sentido en el registro parroquial, donde cada casta se anotaba en la partida de bautismo, pero era insostenible como base de un sistema tributario y militar de escala imperial. La decisión de colapsar todo eso en "libres" no fue tanto un acto teórico sobre la naturaleza de la raza como un atajo administrativo. Y sin embargo, ese atajo produjo efectos que la teoría racial no habría producido con esa fuerza: al agrupar en una sola casilla a mestizos, mulatos, zambos y pardos, la Corona los constituyó, sin proponérselo del todo, como un mismo sujeto administrativo con intereses comunes frente al Estado.

Lo que la categoría no veía

Los propios funcionarios sabían que estaban simplificando. La jerarquía social colonial no coincidía con la jerarquía legal. Los indios, jurídicamente vasallos libres del rey, ocupaban en la práctica una posición inferior a la que su condición sugería, sometidos a una tutela minuciosa que los trataba como menores de edad. Los "blancos" del censo se subdividían internamente en "primera clase" o nobleza y "segunda clase" —pobres y asalariados—, y muchos de ambas descendían de conquistadores e indígenas y negaban su mestizaje. La categoría "blanco" encubría, con frecuencia, realidades mestizas; muchos individuos registrados como "indios", "blancos" o incluso "esclavos" eran, en términos culturales y étnicos, mestizos. Para finales del siglo XVIII, casi todos los "indios" de los resguardos del oriente colombiano eran culturalmente mestizos, al igual que muchos de la altiplanicie del sur.

El criterio con que un empadronador asignaba una casilla era, con frecuencia, la opinión de la comunidad donde vivía el individuo, más que un examen genealógico. La casta se leía en el bautismo, en los apellidos, en la vestimenta, en la ocupación, en el barrio, en la reputación. El sistema formal de "pureza de sangre" —operacionalizado a través del registro parroquial y de la exigencia de documentos de nacimiento legítimo para acceder a la universidad o a cargos públicos— coexistía con una fluidez práctica considerable. Los individuos cambiaban de identidad sociorracial a lo largo de la vida: un mulato acomodado podía volverse "libre" y con el tiempo empezar a ser tratado como "blanco de segunda"; un mestizo que aprendía un oficio y se casaba con una española podía comprar, literalmente, un documento de blancura. La sociedad colonial operaba con una doble contabilidad: la formal, hecha de partidas de bautismo y probanzas de sangre, y la informal, hecha de reputación, matrimonio, oficio y vecindad.

En esa doble contabilidad, los mestizos y mulatos eran los grandes ambiguos. Contados como "libres", carecían de un lugar definido en la jerarquía social. No estaban protegidos por el estatuto tutelar del indio, no gozaban de los privilegios del blanco, no eran propiedad como el esclavo. Constituían la mayor parte de la clase trabajadora urbana, poblaban los barrios de artesanos, servían en las milicias, y en los Libros de Cabildos aparecían apenas como "el común", masa anónima afectada por epidemias, carestías y obligaciones fiscales. Los estereotipos negativos que la minoría blanca dominante proyectaba sobre ellos —indios "perezosos", mestizos "conflictivos", pardos "pendencieros"— tuvieron larga vida y aparente aceptación social.

La tensión de fondo era esta: durante el siglo XVIII, el número creciente de aspirantes mestizos y mulatos a educación superior y a cargos generó una respuesta institucional endurecida. Las disposiciones sobre nacimiento legítimo y pureza de sangre —vigentes desde finales del XVI— se aplicaron con renovado rigor precisamente cuando la demografía las hacía obsoletas. Al mismo tiempo que el padrón agrupaba a todos los libres bajo un mismo rótulo administrativo, las universidades y cabildos multiplicaban las probanzas para diferenciarlos por dentro. El resultado fue un sistema esquizofrénico: por arriba, cuatro categorías; por debajo, decenas de gradaciones sutiles que decidían el destino cotidiano de cada persona.

Los padrones locales de Cartagena permiten asomarse a esa doble textura. Registrados barrio por barrio, casa por casa, discriminaban con mayor detalle la condición de cada habitante; el general de la ciudad, resumido después, contaba cinco grupos —blancos, libres de color, esclavos, eclesiásticos e indios— donde los libres de color eran la mayoría. Al subir la información de los barrios al resumen, y del resumen a Santafé, y de Santafé a Madrid, cada paso limpiaba matices. Lo que llegaba a la mesa del rey era un cuadro con cuatro casillas.

Consecuencias inmediatas

Ese cuadro con cuatro casillas, sin embargo, no se quedó como retrato inerte de la sociedad neogranadina: empezó a actuar sobre ella casi desde el momento en que se cerró.

En lo inmediato, el padrón cumplió su función. Permitió ajustar el reclutamiento miliciano en Cartagena y otras plazas caribeñas, dio base a la reorganización del estanco del tabaco, alimentó las relaciones de mando de los virreyes —la de Caballero y Góngora, entregada en 1789, sigue siendo documento capital para entender el virreinato— y aportó materia prima a los ilustrados criollos que empezaban a pensar el país en términos estadísticos. Pedro Fermín de Vargas, en su Memoria sobre la población del Nuevo Reino de Granada, discutió cifras y proyecciones. Los datos del padrón se convirtieron, casi de inmediato, en el punto de partida para toda especulación demográfica.

Pero la consecuencia más duradera fue otra, y opera en un plano que los funcionarios de 1782 no anticiparon del todo. Al colapsar el mosaico de castas en cuatro categorías operativas, la Corona produjo un efecto secundario: hizo pensables como un solo cuerpo político a poblaciones que hasta entonces se pensaban a sí mismas fragmentadas por matices infinitos. "Libres de todos los colores" no era un grupo antes de 1778; era un archipiélago de castas que se distinguían entre sí con celo. Después del padrón, empezó a ser una categoría con la que los propios sujetos podían identificarse frente al Estado. La expresión, nacida como taquigrafía administrativa, se cargó de contenido político.

Ese giro se ve con claridad en Cartagena, donde los pardos milicianos empezaron a usar el fuero militar que la Corona les había concedido como palanca de estatus y de negociación. La incorporación de los pardos a las milicias, hecha por razones defensivas contra Inglaterra, les dio acceso a privilegios legales y a símbolos de honor —uniforme, grado, exención de ciertos castigos— que la sociedad tradicional les había negado. La categoría censal se volvió, para ellos, una plataforma.

También se ve en la resistencia. El descontento fiscal de 1781 —los Comuneros— movilizó a poblaciones que la administración empezaba apenas a contar. Y en las décadas siguientes, cuando la crisis imperial se agravara, el peso demográfico de los libres, ya visible en el papel gracias al padrón, se volvería argumento político en las juntas de 1810.

La herencia republicana

La independencia no borró el esquema. Lo tradujo. Entre 1811 y 1816, seis de las nueve provincias-estados de la Nueva Granada crearon un cuerpo electoral constituido por "hombres de todos los colores" que tuvieran independencia económica. La fórmula era, con variaciones, una republicanización directa de la casilla borbónica. Los "libres de todos los colores" del censo se convertían en los "hombres de todos los colores" del sufragio; la ciudadanía activa se armaba sobre la misma agrupación amplia que la Corona había fabricado con fines fiscales. México, Perú, Bolivia, Argentina y Chile configuraron en sus primeros años republicanos cuerpos electorales distintos; la Nueva Granada, en cambio, hizo del padrón borbónico el molde de su primera ciudadanía.

Los requisitos, sin embargo, filtraban duro. Ser ciudadano activo exigía independencia económica —quedaban excluidos peones, jornaleros y esclavos— y la condición de padre de familia libre, casado y no separado de su mujer sin justa causa. Se estima que apenas el 14% de la población cumplía esas condiciones. La categoría racial ampliada se combinaba con un filtro económico y patriarcal estrecho: era todos los colores, pero eran pocos. Aun así, en algunas provincias caribeñas la porosidad fue real. Mauricio José Romero, pardo, hijo de un mulato nacido en Matanzas, fue vicepresidente de la Convención Constituyente de 1832 que erigió el Estado de la Nueva Granada y segundo firmante de su primera Constitución. Un pardo firmando la carta fundacional: el escenario habría sido inconcebible medio siglo antes, cuando el padrón apenas empezaba a nombrarlos.

La ciudadanía activa fue, con todo, una cualidad inestable. Encontró su punto de inflexión en 1827, bajo el gobierno de Simón Bolívar, y solo en 1832 recuperó los términos de las primeras repúblicas. Detrás de esas oscilaciones legales pulsaba la misma tensión que había animado al padrón: cómo contar, cómo clasificar, cómo distribuir derechos entre una población que la propia administración había hecho legible como bloque sin haberla querido hacer igual.

Por qué importa

El interés del censo de 1778 y del padrón de 1782 no está solo en sus cifras, discutidas con paciencia durante dos siglos. Está en que muestra, con nitidez rara, que las categorías con las que una sociedad se piensa a sí misma no son necesariamente el reflejo de una realidad previa: pueden ser el producto de tecnologías estatales concretas, tomadas por razones concretas, en momentos concretos. Cuando hoy hablamos en Colombia de "blancos", "indígenas", "afrodescendientes" y "mestizos" como si fueran divisiones naturales del cuerpo social, estamos usando —con retoques— un esquema que un puñado de funcionarios borbónicos ajustó entre 1778 y 1782 para poder cobrar alcabala y reclutar milicias. La sofisticación racial que la sociedad colonial había producido durante dos siglos —mulato, pardo, zambo, cuarterón, tercerón, morisco, castizo, coyote, salta-atrás— cabía mal en cuatro casillas, pero cabía; y una vez que cupo, empezó a olvidarse.

Ese olvido tiene consecuencias. Al pensar la raza colombiana en el vocabulario de las cuatro categorías, hemos heredado también sus puntos ciegos: la ambigüedad de los "libres" —hoy "mestizos"—, que sigue siendo la mayoría estadística y sigue sin tener un lugar claro en el imaginario racial; la borradura del componente afro dentro de esa categoría mayoritaria; la ficción de un blanco puro que ya en el siglo XVIII encubría mestizaje; el estatuto ambiguo del indio, protegido en el papel y subordinado en la práctica. Cada una de esas tensiones actuales tiene su forma temprana en el padrón borbónico.

Contar es un acto de poder. Clasificar, más aún. Lo que Caballero y Góngora ordenó hacer en 1778 no fue solo un censo: fue una operación de traducción, en la que una realidad social densa fue vertida al idioma esquemático que el Estado podía leer. La República heredó ese idioma, lo pulió y lo hizo suyo. Dos siglos y medio después, cuando el DANE pregunta a los colombianos por su autorreconocimiento étnico-racial, la pregunta se apoya, sin decirlo, en la casilla que un regente visitador diseñó para cobrar impuestos y armar milicias en el Caribe. La historia de las categorías raciales colombianas empieza allí, en la mesa de un empadronador de barrio, en 1778, contando casas.