Visita Regia, virreinato de Caballero y Góngora y Expedición Botánica (1776–1789)

Visita Regia, virreinato de Caballero y Góngora y Expedición Botánica (1776–1789)

El 16 de marzo de 1781, Manuela Beltrán, vendedora de la plaza de El Socorro, arrancó de la oficina de impuestos el bando que anunciaba los nuevos tributos y lo rompió en público. El gesto duró segundos. Bastó para prender una sublevación que en semanas puso en jaque la capital del virreinato y obligó a la Corona a reinventar su manera de gobernar el Nuevo Reino de Granada.

El episodio no fue casual. Se inscribe en el ciclo reformista más denso de la historia colonial neogranadina, que se extendió entre 1776 y 1789. Comenzó con una Visita Regia que endureció la fiscalidad para financiar al imperio español en pleno esfuerzo bélico atlántico. Siguió con el estallido comunero de 1781, la mayor sublevación popular del virreinato. Y desembocó en el gobierno del arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora, que respondió a la crisis con una fórmula inédita: amnistía política, pacificación negociada, milicias criollas y ciencia útil. En medio de ese engranaje nació, en 1783, la Real Expedición Botánica dirigida por José Celestino Mutis.

El ciclo modernizó la administración, la hacienda y la cultura letrada del virreinato. Al hacerlo, formó a los cuadros intelectuales que, una generación después, desmontarían el orden colonial. Relegitimó al imperio construyendo los instrumentos de su ruina.

Una Visita al servicio de la guerra

La Visita Regia de Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, iniciada en 1778, fue la aplicación local de un giro imperial mucho más amplio. Carlos III había asumido que la monarquía española, para sostener su lugar entre las potencias, necesitaba extraer más de sus posesiones americanas y controlarlas con mayor rigor.

Bajo la mano de José de Gálvez, el reformismo apuntaba a acortar la autonomía de audiencias y cabildos —órganos heredados de los Habsburgo que los Borbones consideraban excesivamente laxos—, a centralizar la recaudación y a reordenar el mapa administrativo americano. En 1777 se estableció la Capitanía General de Venezuela. Poco después llegarían los intendentes al Río de la Plata.

En el Nuevo Reino, la Corona optó por una fórmula distinta: creó la institución de la Regencia como sustituto parcial e imperfecto del régimen de intendencias. La Real Orden del 25 de marzo de 1783 lo dejaría claro al remitir a la Audiencia de Quito la Ordenanza de Intendentes rioplatense para que se adaptara en lo aplicable. Se esperaba de los regentes resultados similares a los que producirían los intendentes en otros territorios.

Un virreinato desigual

El territorio al que llegaba esa maquinaria era una geografía económica dual. Sobre la costa, Cartagena orientaba el comercio exterior. En el interior, Santafé de Bogotá, Socorro y Popayán organizaban la circulación de bienes locales conectados por el río Magdalena.

Cada región cumplía una función especializada. Antioquia extraía oro de aluvión. Chocó y Barbacoas operaban minas esclavistas cuyos capitales venían de Popayán. Los valles del Cauca —Cali, Buga, Cartago— se habían convertido en zona de haciendas que abastecían a las minas del occidente. La región oriental, con Tunja, Socorro y Pamplona a la cabeza, concentraba manufacturas textiles, agricultura y una densa capa de artesanos y medianos propietarios blancos.

El oro superaba el 85% de las exportaciones y se acuñaba en Santafé y Popayán. En Cartago, Anserma y Cali funcionaban casas de fundición para recaudar el quinto real y contener el contrabando. La rebaja general de aranceles promulgada en 1776 cuadruplicó el comercio entre España y América entre 1778 y 1788. Al hacerlo, estrangulaba los circuitos de contrabando y comercio intercolonial de los que vivían grupos criollos enteros.

La fiscalidad se dispara

Sobre ese cuerpo económico cayó la nueva fiscalidad. La carga tributaria del virreinato, que antes de las reformas rondaba el 2,9% del PIB, se disparó hasta cifras cercanas al 10,4% en algún quinquenio del período 1761-1800: una multiplicación por más de tres.

En la última década colonial, los ingresos de la Corona en la Nueva Granada promediarían 2,4 millones de pesos anuales. Cerca del 32% saldría solo de los estancos de tabaco y aguardiente. La renta del aguardiente, junto con la del tabaco, se había convertido en la columna vertebral del erario. El virrey Pedro Messía de la Cerda la había descrito en 1772 como "la más útil y pingüe" de las rentas, expresión que retomarían Manuel de Guirior en 1776 y luego Francisco Gil y Lemos.

El impuesto a la minería, en cambio, se había reducido del quinto real al 3% de la producción, para estimular una actividad considerada estratégica. La lógica era clara: fomentar la extracción del oro y compensar el fisco por la vía de los estancos y las alcabalas sobre el consumo.

Piñeres reordena el estanco

Gutiérrez de Piñeres llegó como primer regente visitador del Nuevo Reino en 1778. Su mandato era financiero y disciplinario: aumentar el recaudo, ordenar las rentas, cerrar filtraciones.

Restableció el impuesto de la armada de Barlovento, gravamen destinado a sostener la defensa naval del Caribe, y extendió la alcabala a productos antes exentos. Elevó los impuestos sobre la sal, el tabaco, los textiles y el algodón. Sobre todo, reorganizó el estanco del tabaco con ordenanzas minuciosas: fijó cuatro zonas legales de cultivo —Ambalema, Girón, la región de Pore-Nunchía y Palmira— y seis administraciones de distribución.

La consecuencia inmediata fue que numerosos pueblos, sobre todo en Antioquia y Santander, quedaron excluidos del cultivo libre que habían practicado durante generaciones. A los campesinos autorizados se les rebajó el precio de compra de la hoja. A los consumidores se les subió el de venta. Las siembras "ilegales" —las que habían sido legales hasta ayer— fueron perseguidas.

Geografía del descontento

La geografía humana de esa violencia fiscal explica lo que vino después. Los pueblos de la región oriental —Socorro, San Gil, Charalá, Mogotes, Onzaga— eran precisamente los centros manufactureros y tabacaleros donde la reforma golpeaba con mayor fuerza. Se bajó el precio de compra al productor, se subió el de venta al consumidor y se reprimieron siembras tradicionales, todo sobre un tejido social ya tensionado por la alcabala y la armada de Barlovento. Los recaudadores actuaban con arbitrariedad, sumando al peso del impuesto la humillación del trato.

El descontento se acumuló durante casi tres años. Cuando Manuela Beltrán rompió el bando, la ira que ya estaba en la plaza encontró forma. En cuestión de semanas, la sublevación se extendió por las provincias del oriente. Los comuneros organizaron un ejército, eligieron mandos y empezaron a marchar hacia Santafé.

Berbeo, Galán y el arzobispo

Juan Francisco Berbeo emergió como comandante principal del ejército comunero y como el interlocutor reconocido por las poblaciones participantes. Junto a él actuaron figuras como Ambrosio Pisco, cacique aliado que buscaba articular las demandas indígenas. Del lado colonial, el virrey Manuel Antonio Flórez —que gobernaba desde Cartagena, alejado del foco del conflicto— carecía de fuerzas suficientes en el interior para reprimir de inmediato la sublevación. La Real Audiencia optó por negociar mientras se ganaba tiempo.

El negociador fue Antonio Caballero y Góngora, entonces arzobispo de Santafé, designado por su autoridad eclesiástica y su capacidad de mediación. Las conversaciones se desarrollaron en Zipaquirá, a pocas leguas de la capital, con el ejército comunero acampado al alcance de la ciudad.

El 5 de junio de 1781, Berbeo presentó desde el campamento las Capitulaciones de Zipaquirá: un pliego amplio de reformas que incluía la eliminación del impuesto de Barlovento, la supresión de guías y tornaguías, ajustes a la alcabala, la fijación del precio del aguardiente y la reducción del tributo indígena a cuatro pesos anuales. El documento articulaba también reclamos sobre preferencia de criollos en cargos y sobre el estanco del tabaco. Era, en conjunto, el desmonte parcial de la Visita.

El engaño

Las autoridades coloniales aprobaron y juraron públicamente las Capitulaciones. Caballero y Góngora participó en el acto de pacificación. Pero la Real Audiencia expidió acto seguido un acuerdo interno de anulación, argumentando que las Capitulaciones habían sido obtenidas mediante amenaza de violencia y por tanto carecían de validez jurídica. El juramento público había sido una maniobra dilatoria: se necesitaba tiempo para que llegaran las fuerzas militares que Flórez había ordenado desde Cartagena.

José Antonio Galán, uno de los capitanes del movimiento, entendió el engaño antes que los demás. Rechazó las Capitulaciones —le parecían aprobadas con sospechosa rapidez y no confiaba en las promesas del arzobispo— y promovió una nueva marcha hacia Santafé, prevista para el 15 de octubre de 1781. No llegó a emprenderla. Fue aprehendido cerca de Onzaga dos días antes, en compañía de nueve compañeros.

La represión que siguió fue ejemplarizante. Galán fue ejecutado el 1 de febrero de 1782: ahorcado, decapitado y descuartizado. Su cabeza fue enviada a Guaduas, su mano derecha a El Socorro, la izquierda a San Gil, el pie derecho a Charalá y el pie izquierdo a Mogotes: una cartografía macabra que devolvía a cada villa rebelde una parte del cuerpo del líder. Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz fueron condenados a la misma pena.

Berbeo aceptó las Capitulaciones firmadas, fue nombrado corregidor con un sueldo anual de mil pesos, y su nombre figuró entre los firmantes de la sentencia de muerte de Galán. La cooptación del jefe comunero por el aparato colonial completaba el ciclo: la Corona había recuperado el control, había ejecutado a los intransigentes y había integrado a los negociadores. El precio político era considerable. La rebelión había mostrado que un movimiento popular podía, en pocas semanas, poner en jaque la capital del virreinato.

El arzobispo-virrey

En 1782, Caballero y Góngora asumió el virreinato del Nuevo Reino de Granada acumulando en su persona los cargos de arzobispo y virrey: una concentración inusual de autoridad eclesiástica y política. Heredaba de Flórez un legado pesado: un territorio recientemente pacificado por medio del engaño, una fiscalidad desprestigiada, una población que sabía lo que era arrancar concesiones al gobierno.

Su primera decisión fue reveladora: decretó amnistía total al asumir el poder. El gesto tenía varias capas. Cerraba formalmente el ciclo represivo, ofrecía a las poblaciones rebeldes una salida honorable y permitía al propio Caballero y Góngora distanciarse de su ingrato papel como componedor de unas Capitulaciones que él mismo había ayudado a firmar y que la Corona había anulado.

Sobre esa amnistía construyó un programa de gobierno denso y coherente. Caballero y Góngora entendió que la relegitimación del orden colonial no podía sostenerse solo en el fisco y la tropa. Necesitaba un contenido productivo, un discurso de utilidad, un vínculo con las élites criollas que las hiciera partícipes del proyecto imperial. Ese contenido lo encontró en la política científica que Carlos III venía impulsando desde Madrid: fomento de las ciencias útiles, expediciones botánicas, explotación racional de las riquezas naturales.

Tres frentes de gobierno

El programa se articuló en tres frentes simultáneos. En lo educativo, Caballero y Góngora formuló un Plan de Estudios que priorizaba las ciencias útiles —química, botánica, mineralogía, medicina— sobre las materias especulativas de la tradición escolástica. Propuso a la Corte crear una Universidad con dos cátedras de medicina —Prima y Vísperas— y un teatro anatómico. Ese Plan no llegó a implantarse plenamente en las universidades neogranadinas por causas ajenas a su voluntad, pero orientó decisivamente el clima intelectual de los años siguientes.

En lo económico, formuló proyectos como el sometimiento de los bosques de quina a un régimen de estanco, con el cálculo de que podría producir al Real Erario más de 600.000 pesos líquidos: convertir la naturaleza americana en renta imperial mediante ciencia aplicada. Y en lo científico, dio impulso a la Real Expedición Botánica.

Mutis antes de la Expedición

Cuando el 27 de abril de 1783 se inauguró oficialmente la Real Expedición Botánica del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, el proyecto no era del todo nuevo. Mutis, gaditano de formación médica, había llegado a Santafé en 1761 como médico del virrey Pedro Messía de la Cerda —había partido de España en 1760— y desde antes de embarcarse se había propuesto estudiar la historia natural americana.

Al año de su llegada expuso en Santafé los principios del heliocentrismo copernicano, gesto que sentó las bases de su programa de renovación científica pero también le atrajo la enemistad de los dominicos, que intentaron expulsarlo por enseñar doctrinas contrarias a la ortodoxia. No lo consiguieron: Mutis contaba con la protección de los virreyes y, más adelante, muy explícitamente, con la de Caballero y Góngora, alineada con la política de Carlos III de apoyar iniciativas científicas pragmáticas aun cuando contradijeran posiciones eclesiásticas.

Entre 1761 y 1783, Mutis desarrolló su programa de historia natural con recursos personales —los que obtenía como médico, mineralogista y profesor— y con colaboradores ocasionales, entre ellos el pintor Pablo Antonio García del Campo. Fue una fase independiente, sin subsidio, en la que Mutis construyó además una extensa biblioteca con obras científicas europeas de botánica, matemáticas, historia natural, geografía y literatura. En un virreinato donde los criollos apenas habían tenido acceso a grabados religiosos importados, esa biblioteca produjo un efecto revolucionario.

También sus redes. Cuando le disputaron el descubrimiento de propiedades de la quina, Mutis acudió a Suecia —a la escuela linneana— en busca de auxilio, no a España. Sus vínculos científicos trascendían el marco imperial.

La Expedición se hace Estado

La creación oficial de la Expedición en 1783 transformó ese trabajo solitario en un aparato de Estado. El 1 de abril de ese año, Mutis fue puesto en la dirección, con Eloy Valenzuela como subdirector y Antonio García del Campo como pintor. La primera sede se estableció en la Mesa de Juan Díaz, en Cundinamarca. El mismo año se trasladó a Mariquita, donde permanecería hasta 1791, y finalmente a Santafé, donde funcionaría hasta su clausura en 1816 durante la Reconquista española.

La Expedición se inscribía en una serie de proyectos similares auspiciados por la Corona: la Expedición al Orinoco (1754-1761), la Real Comisión de Guantánamo (1769-1802), la Expedición Botánica al Virreinato del Perú iniciada en 1777. Era ciencia imperial: describir el Nuevo Mundo con las herramientas taxonómicas de Linneo para inventariarlo, clasificarlo y, en última instancia, explotarlo.

La articulación con el gobierno de Caballero y Góngora era estrecha y explícita. El arzobispo-virrey concibió la Expedición como parte de un vasto plan de explotación racional de las riquezas naturales del reino y como instrumento para reorientar los establecimientos de enseñanza. La cátedra de la naturaleza reemplazaría a la sutileza escolástica; el herbario, al comentario. Entre los impulsores del proyecto figuraba, no por casualidad, el propio Gutiérrez de Piñeres, cuya sugerencia había contribuido a su creación: la ciencia útil era la otra cara de la fiscalidad dura. Ambas apuntaban a hacer más productivo al virreinato para el imperio.

A partir de 1783, la etapa mutisiana se transformó en burocrática y profesional: pintores formados en escuelas de técnica botánica, apoyo económico regular de la Corona, cadena administrativa. Y una cadena de discípulos que ya venía tejiéndose desde los años sesenta. Mutis había enseñado a Felipe Vergara y Caycedo en los años 1760 y a Eloy Valenzuela en los 1770, quienes impartieron matemáticas y filosofía en el Colegio del Rosario. José Félix Restrepo, formado en San Bartolomé como devoto de la filosofía moderna, enseñó filosofía de orientación científica en esa institución entre 1778 y 1781, y luego trasladó esa enseñanza al Colegio-Seminario de Popayán. La red se ramificaba por generaciones y ciudades.

Causas y detonantes

Las causas de fondo del ciclo no están en la voluntad de ningún funcionario individual, sino en la política imperial de Carlos III: financiar las guerras atlánticas con América, cerrar el margen de autonomía de las corporaciones criollas, integrar la ciencia europea en el proyecto de gobierno.

Sobre ese marco actuaron factores más precisos. El crecimiento demográfico de los sectores criollos y mestizos, observable para los visitadores reales en la parte oriental del virreinato desde 1755, había producido una población más numerosa, más consciente de sus problemas públicos y más capaz de generar actitud crítica frente a la administración colonial. La rebaja arancelaria de 1776, al cuadruplicar el comercio hispano-americano, había restringido el contrabando y el comercio intercolonial de los que se enriquecían grupos criollos, y había desplazado a las élites locales de posiciones de mediación económica.

Los detonantes fueron más contingentes. La necesidad de financiar la guerra española contra Gran Bretaña —España entró en 1779 apoyando a los rebeldes norteamericanos— aceleró la agenda fiscal. La aplicación simultánea del impuesto de Barlovento, del estanco reorganizado del tabaco y de la extensión de la alcabala, todo entre 1778 y 1781, concentró el peso reformista en un plazo demasiado corto para ser digerido por las provincias afectadas. La geografía del descontento —Socorro, San Gil, Charalá— coincidió con la geografía de la excelencia manufacturera y tabacalera, es decir, con las regiones que tenían más que perder y más capacidad organizativa. Y el gesto de Manuela Beltrán actuó como chispa sobre pólvora acumulada.

La razón por la cual el ciclo produjo, en respuesta, un programa ilustrado y no simplemente una represión tiene también dos capas. La coyuntural: Caballero y Góngora, marcado por su papel de negociador de las Capitulaciones anuladas, necesitaba un lenguaje de gobierno que no fuera el del engaño ni el del cadalso, y encontró en la política científica de Carlos III un instrumento a la medida. La estructural: había ya, en el Nuevo Reino, una red de médicos, profesores, discípulos y bibliotecas —construida por Mutis desde 1761— sobre la cual el proyecto podía apoyarse. Sin esa infraestructura previa, la voluntad reformista del arzobispo-virrey habría producido un plan en el papel. Con ella, produjo una Expedición.

Balance de corto plazo

En el corto plazo, el balance del ciclo fue el que la Corona buscaba. La rebelión comunera quedó desactivada: sus líderes intransigentes ejecutados, sus negociadores cooptados, su geografía apaciguada por la amnistía. La recaudación se sostuvo: los estancos de tabaco y aguardiente seguirían aportando cerca del 32% de los ingresos coloniales hasta el final del período.

La militarización del virreinato avanzó con la organización de milicias criollas que integraban a las élites locales en la defensa imperial: una cultura militar que dejaría herencia en los cuadros de la Independencia, cuando muchos de los mismos oficiales criollos formados en esas milicias voltearían sus armas contra la Corona. La Expedición Botánica se consolidó en Mariquita, formó pintores y naturalistas, produjo miles de láminas.

En lo cultural, el efecto fue más profundo de lo previsible. La generación que se formó entre 1780 y 1800 en el ambiente que Caballero y Góngora ayudó a crear —con el Plan de Estudios como horizonte, con la Expedición como referencia, con Mutis como maestro— compartía con la Ilustración española del reinado de Carlos III los mismos temas: rechazo de la escolástica, entusiasmo por la ciencia moderna, fe en el conocimiento como remedio contra los males sociales. En sus tertulias circulaban, muchas veces de contrabando, obras del pensamiento francés. La influencia del benedictino Feijóo en los inicios del nuevo espíritu marcó a más de un discípulo neogranadino.

Cuando la ciencia empezó a asustar

Los sucesores de Caballero y Góngora evaluaron su programa con matices. José de Ezpeleta adoptó una postura pragmática ante los problemas de ordenamiento del reino, reconociendo las dificultades de la reforma sin descartarla. La política científica se mantuvo, aunque con inflexiones importantes: la crisis de 1794-1797 —con el establecimiento republicano en Estados Unidos y la Revolución francesa como telón de fondo— modificó la relación de las autoridades coloniales con la circulación de ideas ilustradas. Lo que en los años ochenta había parecido un instrumento de gobierno empezó a parecer, en los noventa, una amenaza de subversión.

Allí operó la paradoja mayor. Las mismas reformas borbónicas que habían pretendido fortalecer el control imperial, al desplazar a los criollos de posiciones de privilegio y reemplazar la cooptación de las élites locales por la coerción centralizada, contribuyeron a generar entre esas élites una conciencia de grupo diferenciado. La Corona formó una minoría criolla ilustrada mediante expediciones científicas, tertulias promovidas y sociedades económicas. Esa formación proporcionó al mismo tiempo las herramientas conceptuales para cuestionar el orden colonial y para concebir la propia capacidad de autogobierno. La élite criolla, educada por el reformismo borbónico, adquirió con esa educación la capacidad de imaginar un mundo sin él.

Memoria comunera

La memoria comunera operó, en paralelo, como un recurso político independiente del programa virreinal, y su circulación desbordó pronto las fronteras del reino. Veinticinco años después de Zipaquirá, en 1806, Francisco de Miranda utilizaría el relato de la sublevación de 1781 —basado en un escrito de un protector general de los indios del Virreinato de Santa Fe— como prueba ante potencias extranjeras de que los suramericanos estaban listos para la revolución contra el dominio monárquico español.

Los sucesos de 1781 resonaron con fuerza en la crisis de 1794-1797 y en la de 1808-1810. Ni el pueblo neogranadino ni sus gobernantes olvidaron a los Comuneros. Pero fue en el extranjero, en manos de un caraqueño exiliado que buscaba apoyos ingleses para la insurrección continental, donde la rebelión encontró su primer uso propiamente político como argumento de emancipación.

Conviene, sin embargo, no leer el ciclo como una línea recta hacia la Independencia. El impulso definitivo para la ruptura no lo dio el legado comunero de 1781, sino el conflicto de España con Napoleón Bonaparte y la crisis monárquica de 1808. La rebelión de 1781 no había producido rechazo popular al rey: los tolimenses habían mostrado aversión a la lesa majestad en 1781 como ya la habían mostrado en 1767, y cuando se declaró la Independencia dos décadas después, los revolucionarios proclamaron su lealtad a Fernando VII. Durante el levantamiento comunero, muchos futuros líderes de la Independencia estuvieron del lado de la Corona. El movimiento comunero y el proyecto independentista criollo no fueron fenómenos continuos ni homogéneos. La rebelión comunera no alcanza a catalogarse como subversión fundamental, pues el esfuerzo de Galán fue sofocado sin lograr impacto de entidad en la sociedad colonial; y tampoco la guerra de Independencia representó una verdadera transformación del orden social señorial.

La forma de la Independencia

El período 1776-1789 es la clave para entender por qué la Independencia neogranadina tuvo la forma que tuvo: una revolución dirigida por una élite criolla ilustrada, formada en instituciones que la Corona misma había impulsado, y no una insurrección popular con continuidad genealógica con los Comuneros.

La Visita de Gutiérrez de Piñeres reveló los límites de la fiscalidad extractiva sin legitimación. La rebelión de 1781 mostró la capacidad de movilización de las provincias del oriente y la fragilidad militar del virreinato. El gobierno de Caballero y Góngora demostró que era posible modernizar administrativa, científica y culturalmente el Nuevo Reino, pero que esa modernización formaba precisamente los cuadros —naturalistas, médicos, oficiales de milicia, profesores de filosofía— que tendrían los instrumentos técnicos y conceptuales para gestionar un Estado independiente.

La Expedición Botánica quedó como el símbolo más nítido: un aparato de ciencia imperial cuyos herbarios, láminas y discípulos alimentarían primero al Real Jardín Botánico de Madrid y luego, tras 1810, a la construcción intelectual de la República. El arzobispo-virrey que había protegido a Mutis de los dominicos había hecho, sin saberlo, la biografía inicial de la República.