Capitulaciones

En el derecho indiano, una capitulación era un contrato bilateral firmado entre la Corona española y un particular —descubridor, conquistador o poblador— por el cual el rey concedía licencia para explorar, someter y ocupar un territorio, otorgaba mercedes y prerrogativas al capitulante, y se reservaba la suprema jurisdicción civil y criminal junto con el quinto real. No era una simple autorización administrativa: era el instrumento por el cual una monarquía sin recursos para financiar la expansión ultramarina externalizó la conquista de América en empresarios privados, a cambio de reconocerles autoridad, tierras y hombres. Sobre el territorio de la actual Colombia se firmaron capitulaciones desde 1499, y con ellas se fundaron ciudades, se repartieron indios, se erigieron gobernaciones y se sentaron los primeros títulos de propiedad. Casi tres siglos después, cuando en Zipaquirá los comuneros firmaron un pacto con los representantes del virrey en 1781, el mismo nombre —capitulaciones— volvió a designar el gesto: negociar con la Corona los términos del sometimiento. Que ese segundo pacto fuera anulado unilateralmente por el virrey Manuel Antonio Flórez fue, quizá, la primera lección jurídica de que el vínculo colonial podía romperse.

Qué era una capitulación

El instrumento tenía tres partes constitutivas: la licencia del rey para conquistar y descubrir, las obligaciones que asumía el descubridor, y las mercedes regias que la Corona concedía en contraprestación. La licencia era el acto soberano por el cual el monarca habilitaba a un súbdito para actuar en su nombre en territorios de ultramar. Las obligaciones —organizar la expedición, aportar naves y hombres, financiar el armamento, poblar en debida forma, evangelizar— trasladaban al capitulante el peso material de la empresa. Las mercedes —títulos de adelantado o gobernador, facultades para repartir tierras, aguas e indios, potestad de nombrar regidores y jueces, participación en el botín— constituían la recompensa esperada, siempre condicionada al éxito y a la conducta del beneficiario, con amonestación expresa de castigo si el conquistador se apartaba de lo pactado.

La bilateralidad no era retórica. La Real Cédula del 19 de abril de 1495 abrió América a la emigración general mediante capitulaciones con personas particulares. Inauguró un régimen distinto: la Corona no imponía condiciones desde su omnipotencia; negociaba términos con capitulantes concretos. El caso de Pedro Fernández de Lugo para la gobernación de Santa Marta lo ilustra con claridad: fue su hijo Alonso quien presentó la propuesta inicial y una serie de modificaciones antes de que se alcanzara el acuerdo definitivo. A lo largo del siglo XVI la Corona firmó más de setenta capitulaciones de este género. La de Cristóbal Colón, del 17 de abril de 1492, sigue siendo el arquetipo: un particular que se compromete a lo imposible a cambio de títulos, porcentajes y jurisdicciones que se harán efectivos si la empresa prospera.

En su núcleo, la capitulación es un pacto asimétrico pero recíproco: la Corona no cede la soberanía —se reserva expresamente la suprema jurisdicción civil y criminal— pero delega su ejercicio operativo en el capitulante, que actúa como una suerte de empresario público con investidura regia. El quinto real —el veinte por ciento del botín reservado al monarca— resume la ecuación: la Corona pone la legitimidad, el particular pone el capital y el riesgo, y ambos se reparten las ganancias en proporciones fijadas por escrito.

Raíces castellanas: la Reconquista como plantilla

La capitulación indiana no fue una invención renacentista sino la transposición al Atlántico de instituciones fraguadas en ocho siglos de guerra ibérica contra el islam. El quinto real era una institución medieval vigente durante las guerras de la Reconquista, aplicada al reparto del botín entre los reyes cristianos y los caudillos que tomaban plazas. La lógica de poblar de fieles castellanos las tierras recuperadas, mediante la fundación de ciudades en buena y debida forma, era el mismo procedimiento que ahora se exigía en América. Las instituciones municipales —el cabildo, el concejo, el fuero local— aseguraron la Conquista del Nuevo Mundo del mismo modo en que habían posibilitado la larga marcha peninsular desde Covadonga hasta Granada.

También la mentalidad se trasplantó. La lógica religiosa que trataba a los adversarios como infieles pasó de los moros a los nativos americanos, con dominación o exterminio como horizonte. La exaltación forjada en la lucha contra los árabes permitió a los españoles colorear las empresas americanas con los matices del servicio a Dios y a la cristiandad, y la doctrina del patronato regio, cuyos antecedentes la Corona de Castilla remontaba a la ley I del título XI de la primera de las Partidas de Alfonso X, dio marco jurídico al control eclesiástico sobre las nuevas provincias. La capitulación fue así el envase contractual de una empresa que la cultura peninsular ya sabía cómo hacer: avanzar la frontera, fundar ciudad, repartir tierra e infieles, cobrar el quinto.

Empresa privada bajo licencia real

La monarquía española nunca poseyó los recursos para financiar por sí misma la exploración, conquista y colonización de América. Esta insolvencia estructural define la conquista como empresa privada antes que como empresa del Estado. Los comerciantes establecidos en Sevilla y en las islas antillanas especulaban con los recursos necesarios para armar las expediciones; los propios soldados pagaban precios altísimos por su equipamiento militar, endeudándose con la expectativa de recuperar la inversión en el botín o en el reparto posterior de tierras e indios. Era una lógica de inversión con horizonte incierto, cuya escala menor —el soldado que se hipoteca por su coraza— replicaba la escala mayor del capitán que se juega el patrimonio familiar en una gobernación.

Los capitulantes reunían socios, arriesgaban patrimonio, perseguían ganancia: un ethos empresarial rudimentario. Pero la mayoría carecía de dotes empresariales, y los excedentes obtenidos no siempre se reinvirtieron productivamente. La expansión, además, fue lenta: casi una generación después del Descubrimiento, en 1519, apenas se completaba la ocupación de algunas Antillas. La conquista continental que llevaría a los europeos hasta las sabanas del altiplano bogotano en 1537-1538 requeriría todavía dos décadas de preparación logística, humana y financiera.

Las capitulaciones sobre el territorio neogranadino

Alonso de Ojeda obtuvo en 1499 la capitulación para explorar la costa del golfo de Paria y, ese mismo año, acompañado de Juan de la Cosa y de Américo Vespucio, alcanzó el cabo de la Vela: fue el primer contacto europeo con lo que hoy es Colombia, y ocurrió bajo la cobertura jurídica de una capitulación. Un año después, en 1500, Rodrigo de Bastidas adquirió derechos para reconocer la costa atlántica desde el cabo de la Vela hasta el golfo de Urabá; su expedición se prolongó hasta 1501 y sentó las bases del posterior interés por Santa Marta y Cartagena.

La capitulación firmada con Pedro Fernández de Lugo para la gobernación de Santa Marta condensa, mejor que ningún otro documento, la anatomía institucional del pacto conquistador aplicado al Nuevo Reino. En ella se le otorgaba la gobernación de la provincia, la facultad de emitir repartimientos y conceder tierras, aguas e indios a conquistadores y pobladores, y la potestad de nombrar regidores, jueces y notarios. Fue el hijo, Alonso Luis de Lugo, quien negoció los términos, evidencia de que estos contratos no se imponían: se ajustaban en un ida y vuelta con la Corte. De esta gobernación partió la expedición que Gonzalo Jiménez de Quesada condujo por el río Magdalena hasta el altiplano cundiboyacense en 1536-1538. La muerte del propio Fernández de Lugo obligó a Jiménez de Quesada a viajar con urgencia a la Corte española para asegurar el reconocimiento de sus logros, descuidando incluso la organización formal de la ciudad de Bogotá conforme a las ordenanzas reales de fundación: un dato menor que revela hasta qué punto la vida jurídica del nuevo asentamiento dependía de la negociación cortesana en Madrid o en Valladolid.

Sobre el altiplano confluirían, en 1538 y 1539, las huestes de Jiménez de Quesada procedente del norte, la de Sebastián de Belalcázar subiendo desde Popayán, y la de Nicolás de Federmann llegando desde Coro por los llanos, cada una respaldada por su propia licencia o capitulación con distintas gobernaciones. La superposición jurisdiccional que se resolvió en el encuentro pacífico del altiplano fue un conflicto de capitulaciones: tres títulos concurrentes reclamando el mismo territorio, resueltos por la vía del reparto negociado y del posterior arbitraje de la Corona.

Del pacto al suelo: repartimiento, encomienda y propiedad

El efecto jurídico-territorial más duradero de las capitulaciones no fue político sino patrimonial. La facultad de repartir tierras que la Corona delegaba en adelantados y conquistadores convirtió al repartimiento en el primer título de propiedad sobre suelo americano. Toda propiedad privada derivaba de una gracia o merced real: no había apropiación originaria por ocupación, sino cesión derivada de la soberanía monárquica canalizada a través del capitulante. Y aquí se abre una divergencia decisiva con otras experiencias coloniales: mientras en la América anglosajona la propiedad podía nacer del cercamiento y del trabajo aplicado a la tierra —lockeanamente, del sudor sobre suelo vacuum domicilium—, en Indias la tierra pertenecía primero al rey por título de descubrimiento y conquista, y solo por acto expreso de su voluntad, o de quien le representaba, pasaba a manos particulares. Nadie labraba una hectárea propia: labraba una hectárea del rey que el rey había cedido.

De ahí que el conquistador que recibía una capitulación ejerciera, al repartir tierras, una función soberana delegada. Las mercedes que otorgaba al fundar ciudad —solares urbanos, peonías, caballerías— desprendían fragmentos de dominio de una masa jurídica cuya titularidad matriz seguía siendo la del monarca. Las concesiones de rutina hechas por autoridades locales rondaban extensiones equivalentes a algo más de cuatrocientas hectáreas —lo que en el vocabulario de la época se contaba en peonías y caballerías—, ubicadas en las cercanías de los poblados y no en tierras alejadas. El criterio operativo era doble: cercanía al núcleo urbano —para asegurar el poblamiento efectivo, requisito de validez de todo asentamiento indiano— y proporcionalidad al rango del beneficiario, con caballerías más extensas para los que aportaban caballo y armadura, peonías más modestas para el soldado de a pie. La estratificación militar de la hueste se traducía, sobre el mapa, en estratificación de la propiedad.

Sobre esa base se levantó la encomienda, que no era formalmente una concesión de tierras sino una atribución de trabajo indígena: la Corona confiaba a un beneficiario un grupo de indios para que los evangelizara y protegiera, a cambio del derecho a percibir tributo y servicios. Jurídicamente, tierra y encomienda eran títulos separados; en la práctica, muchos títulos de encomienda otorgados por conquistadores y por la Audiencia mencionaban ambiguamente las labranzas de los indios como parte de lo recibido, borrando la línea que la doctrina se empeñaba en mantener. La confusión no era inocente: quien controlaba el trabajo indígena podía ampliar de facto sus tierras haciendo cultivar por los encomendados parcelas contiguas, que luego reclamaba por uso continuado. El encomendero, formalmente titular solo de tributo y servicio, se transformaba insensiblemente en propietario territorial por acumulación de hechos consumados.

El repartimiento de indios recayó sobre grupos preexistentes —clanes y tribus— y no sobre individuos aislados: la tasación se hacía al conjunto y el cacique era el representante para el pago del tributo, con lo que la conquista aprovechó las estructuras políticas indígenas para extraer trabajo y bienes. Esta continuidad institucional tuvo consecuencias jurídicas duraderas. Los resguardos indígenas, delimitados a partir de mediados del siglo XVI, protegieron la tierra comunitaria de los pueblos originarios como propiedad colectiva inalienable, mientras que el suelo circundante —convertido en estancias, hatos, haciendas— fue apropiado por vía de merced y compra por los descendientes de conquistadores y funcionarios. Se configuró así un paisaje agrario dual: el resguardo comunal frente a la hacienda privada, ambos derivados del mismo acto originario de repartimiento, ambos sostenidos por la ficción de la titularidad regia.

La capitulación —pacto entre dos particulares, la Corona y el capitulante— generó en cascada una arquitectura de derechos derivados: gobernación, repartimiento de tierras, encomienda de indios, cargos concejiles. La Corona conservaba lo que la doctrina llamaría después dominio eminente sobre el territorio, una noción jurídico-política, no propietaria, que a partir de 1526 se vería reforzada por la inclusión en las capitulaciones de cláusulas expresas sobre el buen tratamiento de los indios, acentuando el carácter público del instrumento. Cuando tres siglos más tarde las repúblicas independientes reclamaron para sí la soberanía territorial, heredaron con ella también esa arquitectura: el dominio eminente sobre baldíos, subsuelo y aguas pasó del rey al Estado republicano por vía de sucesión, sin ruptura patrimonial. Los grandes hacendados de la República hundían sus títulos, generación tras generación, en aquellas primeras mercedes concedidas por capitulantes armados en las décadas de 1530 y 1540.

La tensión con la Corona y los límites del pacto

La lógica capitular contenía una tensión estructural: el capitulante actuaba en nombre del rey, pero con recursos propios y con expectativas de recompensa proporcionales al riesgo asumido. Cuando la conquista se consolidaba y los territorios generaban rentas estables, la Corona reclamaba el ejercicio efectivo de la jurisdicción que había reservado en el papel. Las contradicciones aparecieron muy temprano, evidenciadas en los procesos judiciales contra Colón, Cortés y los Pizarro, y se agudizaron cuando la monarquía intentó ejercer un control más directo sobre la vida colonial.

Las leyes expedidas por Carlos V en Burgos en 1542 —conocidas como Leyes Nuevas— marcaron el momento en que la monarquía asumió el control y ejerció sus plenos derechos soberanos sobre los nuevos territorios. El establecimiento de la Real Audiencia en Santa Fe hacia 1550 formó parte de la organización de sistemas más burocráticos de autoridad que acompañaron la transición desde la sociedad de conquista hacia la sociedad colonial organizada. Ese proceso incluyó también la legislación protectora del indio y la conformación de un aparato eclesiástico estructurado. Pero el control no fue mecánico: los funcionarios reales que llegaron tras la conquista traían consigo séquitos de familiares y dependientes a quienes favorecían con encomiendas, esparciendo desorden tanto como estableciendo autoridad. Los magistrados coloniales gozaban de amplio poder discrecional para fallar conforme a costumbre o equidad sin ceñirse a la letra de la ley, lo que otorgaba flexibilidad —no necesariamente arbitrariedad corrupta— a la aplicación del derecho indiano. En las últimas décadas del siglo XVI, el otorgamiento de permisos para nuevas expediciones ya no requería licencia del Consejo de Indias: bastaba con la de la Audiencia local, un dato que ilustra la delegación progresiva de competencias hacia los órganos americanos.

La capitulación como instrumento activo de expansión fue perdiendo peso a medida que se completaba la ocupación efectiva del territorio y se consolidaba la administración virreinal jerárquica que tendría su forma acabada bajo los Austrias y los Borbones. Pero como plantilla jurídica —pacto bilateral con prestaciones recíprocas, soberanía delegada, reserva de jurisdicción— la capitulación quedó sedimentada en la cultura política del Nuevo Reino, disponible para ser reactivada cuando las circunstancias lo demandaran.

1781: el eco de Zipaquirá

Casi tres siglos después de la primera capitulación firmada por Ojeda, el mismo vocablo reapareció en el corazón del virreinato para nombrar el pacto entre la Corona y una insurrección popular. La revuelta de los Comuneros del Socorro, estallada en marzo de 1781 contra las reformas fiscales del visitador regente Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, avanzó hacia Santa Fe reuniendo miles de labradores, artesanos e indios. La capital, casi desguarnecida —el virrey Manuel Antonio Flórez se encontraba en Cartagena previniendo un ataque inglés—, envió una delegación negociadora encabezada por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. En Zipaquirá, ante Juan Francisco Berbeo y los demás comandantes comuneros, se firmaron las Capitulaciones.

El documento prometía reducciones tributarias sustantivas —el tributo indígena bajaría a cuatro pesos anuales y el de los mulatos a dos pesos—, la supresión o rebaja de estancos e impuestos y otras reivindicaciones fiscales concretas. Su médula era la justicia distributiva: impuestos diferenciales según la riqueza, protección a los pobres frente al peso desigual de la carga fiscal. No era un texto ilustrado sobre derechos del hombre ni un manifiesto contractualista, aunque la igualdad que defendía guardaba parentesco con el racionalismo jurídico de la Ilustración.

Lo decisivo no fue lo prometido, sino lo que siguió. Berbeo aceptó las Capitulaciones, disolvió el ejército comunero y fue nombrado corregidor con un sueldo anual de mil pesos —un movimiento que algunos interpretarían después como cooptación. José Antonio Galán, en cambio, rechazó el acuerdo por considerarlo aprobado con excesiva ligereza y continuó la insurrección. Los hechos le darían la razón. El virrey Flórez, informado del texto firmado, lo improbó de inmediato argumentando que tenía un defecto incorregible: haber sido negociado bajo amenaza de violencia. Una vez que los comuneros se dispersaron y regresaron a sus pueblos, y tras el refuerzo militar de la capital, las Capitulaciones fueron anuladas. Galán fue apresado y, el 1 de febrero de 1782, ahorcado, decapitado y descuartizado: su cabeza a Guaduas, su mano derecha expuesta en El Socorro, su mano izquierda en San Gil, su pie derecho en Charalá y su pie izquierdo en Mogotes. El arzobispo Caballero y Góngora, incómodo con su papel de componedor —del que buscó alejarse—, fue nombrado poco después virrey de Nueva Granada.

La lección jurídica de Zipaquirá fue doble y contradictoria. La Corona había aceptado sentarse a pactar con súbditos alzados en armas, reconociendo implícitamente que la relación colonial admitía negociación cuando la fuerza lo imponía. Pero también había demostrado que ese pacto era revocable unilateralmente por el poder monárquico bajo pretexto de coacción, sin obligación de honrar lo firmado. La fractura interna del movimiento —Berbeo cooptado, Galán ejecutado— prefiguraba una tensión que atravesaría las décadas siguientes: entre una insurgencia popular que exigía cumplimiento efectivo y una élite criolla dispuesta a negociar prerrogativas dentro del orden existente.

La memoria de Zipaquirá viajó, además, más lejos de lo que las autoridades virreinales podían controlar. Francisco de Miranda, en su larga campaña por las cortes europeas para convencer a Londres, San Petersburgo y París de apadrinar una expedición emancipadora, incorporó el relato de la sublevación comunera a su repertorio persuasivo. La utilizaba como prueba de dos cosas: que los suramericanos ya habían demostrado capacidad de organización armada frente a la metrópoli, y que la Corona española había mostrado su verdadero rostro al desconocer la palabra empeñada por sus propios representantes. Un pacto violado, en el vocabulario del derecho de gentes europeo del siglo XVIII, era argumento potente: liberaba a la parte agraviada de sus obligaciones y legitimaba la resistencia. Miranda no invocaba las Capitulaciones de Zipaquirá como precedente jurídico formal ante un tribunal, pero sí las convertía en episodio moral para persuadir a gabinetes extranjeros de que la empresa americana tenía fundamento y no era mera aventura de exiliados. El texto anulado por Flórez circulaba así, transfigurado, por las antesalas diplomáticas de Europa, mucho antes de que sus términos concretos importaran a nadie en Santa Fe.

1810: la capitulación disuelta y la soberanía reasumida

Entre Zipaquirá y las juntas revolucionarias de 1810 median menos de treinta años, y la relación entre ambos momentos no es de citación textual sino de gramática política sedimentada. Cuando en mayo de 1808 la invasión napoleónica produjo la vacatio regis y Fernando VII pasó de rey a prisionero, el edificio contractual sobre el que se asentaba la relación colonial quedó, en la lectura de los criollos ilustrados, formalmente disuelto: si la Corona era una de las partes del pacto, la ausencia del titular hacía que la soberanía retornara al pueblo, que la había depositado en él.

Esta doctrina no era una invención del momento. La tradición pactista castellana la había formulado con precisión en las obras de Francisco Suárez y en la escolástica del derecho natural. No es casual que los Borbones, en su afán centralizador de despotismo ilustrado, hubieran prohibido precisamente esas obras: reconocían en ellas un potencial antiabsolutista que podía volverse contra la monarquía si se activaba en circunstancias de crisis. La política borbónica de trasladar formas centralizadas de administración al estilo francés buscaba eliminar el ancestral sentimiento localista español —más aparente que efectivo bajo los Austrias— y, con ello, contribuyó a hacer impopular el gobierno borbónico entre las élites criollas apegadas a la tradición de libertades locales.

Cuando el vínculo político con la monarquía se rompió, ese sentimiento localista afloró con fuerza. Ignacio de Herrera y Vergara, en un documento del 1 de septiembre de 1809 dirigido al delegado del Nuevo Reino de Granada ante la Junta de Sevilla, sostenía que "el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta" y que el rey estaba encargado de hacer felices a sus dominios: pura doctrina pactista, aunque no se la nombrara así. Camilo Torres Tenorio venía de más atrás en el mismo camino: su Memorial de Agravios de 1809, cuya idea cardinal era el derecho de representación, había inscrito a los americanos como vasallos con tantos derechos como los españoles peninsulares dentro del cuerpo nacional. Todavía cabían dentro de la monarquía; todavía pedían escaños, no repúblicas. Un año bastó para desplazar el eje. En carta a su tío el oidor Ignacio Tenorio del 29 de mayo de 1810, Torres anunciaba ya que se acercaba el día en que los americanos serían reconocidos como "ciudadanos" que "forman un pueblo soberano", abandonando la idea de nación hispana en favor de la de república. El mismo letrado que meses antes reclamaba representación proporcional en las Cortes peninsulares había cruzado la línea. En menos de veinticuatro meses, la doctrina criolla dominante pasó de exigir participación dentro del pacto a proclamar su disolución. La distancia recorrida en esas páginas mide el desgaste real del vínculo capitular.

Ese desgaste se precipitó en Santafé en las semanas siguientes. Los cabildos criollos venían tanteando el terreno desde el año anterior; las noticias de las juntas peninsulares y de las que empezaban a formarse en otras capitales americanas —Caracas en abril, Buenos Aires en mayo, Cartagena en junio— circulaban por tertulias y correspondencia privada. Cuando el incidente del florero de Llorente encendió la calle el 20 de julio, el cabildo abierto no improvisó doctrina: la tenía escrita en la cabeza desde hacía meses.

El acta redactada esa misma jornada por José Acevedo y Gómez condensó la operación doctrinal completa. Toda autoridad se depositaba provisionalmente en la Junta Suprema hasta que se formara una Constitución; las provincias se unirían en sistema federal; y el rey seguía siendo rey, pero solo si venía a gobernar conforme a la constitución que el pueblo le diera. Se trataba, en sustancia, de una reformulación del pacto en términos inversos: no era ya el rey quien capitulaba con un particular delegándole atribuciones, sino el pueblo quien capitulaba con el rey imponiéndole condiciones de vigencia. La inversión completaba tres siglos de gramática contractual: la misma lógica de prestaciones recíprocas que había fundado la conquista se volvía, al final, contra el fundador. La presencia del pueblo reunido en la plaza pública fue invocada en el acta como hecho político legitimador —el mismo mecanismo que en Buenos Aires y en otras capitales americanas de 1810— aunque este patrón no fue uniforme ni el único canal institucional utilizado.

Entre 1810 y 1812 surgieron diversas entidades políticas autónomas: Mompós en agosto de 1810, el Socorro, Cartagena, las Provincias Unidas en noviembre de 1811, Tunja, Cundinamarca, Antioquia. Cada una expresó, con matices y grados distintos, la tendencia hacia la autonomía provincial y el federalismo que el localismo resistente al centralismo borbónico había alimentado durante décadas. En sus actas de constitución, en sus pactos de federación, en sus declaraciones fundacionales, se articuló una gramática política en la que el vocabulario de la capitulación —pacto, prestaciones recíprocas, condiciones de vigencia, causal de disolución— proveyó el molde estructural, incluso cuando el término específico no apareciera.

La huella: molde contractual y memoria disputada

La capitulación, como forma jurídica activa, se extinguió con la conquista, y como institución empresarial de expansión territorial no sobrevivió al siglo XVI. Pero su legado se despliega en dos planos que la historiografía colombiana ha explorado con desigual atención, y que conviene detallar porque explican buena parte de lo que Colombia hizo consigo misma después de 1810.

En el plano socioeconómico, la capitulación fundó el régimen de propiedad territorial que estructuró la vida colonial y sobrevivió intacto a la Independencia. El repartimiento como primer título, la encomienda como apropiación de trabajo indígena, la merced real como fuente última de toda propiedad privada: esta arquitectura, derivada en cascada de los contratos originales entre la Corona y los capitulantes, produjo las élites terratenientes criollas que en 1810 defenderían a la vez la ruptura con la metrópoli y la conservación de sus privilegios adquiridos por gracia real. Los apellidos que firman el acta del 20 de julio son, en su mayoría, apellidos cuyos títulos de propiedad se remontan a mercedes otorgadas por capitulantes del siglo XVI o por sus herederos. La independencia, leída desde este ángulo, fue tanto emancipación política como consolidación patrimonial: los descendientes de encomenderos y beneficiarios de mercedes protegieron frente al centralismo borbónico un orden de la propiedad que las capitulaciones habían inaugurado. La reforma agraria como pregunta pendiente del siglo XX colombiano se explica en buena medida por esa continuidad: los baldíos que la República heredó del dominio eminente regio, los resguardos que se disolvieron a lo largo del XIX, las haciendas que crecieron por acumulación de mercedes contiguas, todo eso es sedimento capitular.

En el plano jurídico-político, la capitulación dejó sedimentada en la cultura del Nuevo Reino la idea de que la relación con la Corona era contractual, bilateral y condicional. Esta idea, mantenida viva por la tradición pactista castellana pese a los esfuerzos borbónicos por suprimirla, se activó primero en Zipaquirá como intento de renegociación fiscal y luego en 1810 como argumento para la reasunción de soberanía. No fue una línea recta: entre las Capitulaciones de 1781 y el acta del 20 de julio de 1810 no hay cita textual ni invocación explícita, y la médula distributiva del pacto comunero —tributos rebajados, estancos suprimidos, justicia fiscal— difiere del vocabulario republicano ilustrado que emergería tres décadas después. Pero hay una continuidad de gramática política: la convicción de que el vínculo colonial admite condiciones, que su incumplimiento por una de las partes libera a la otra, y que el pueblo —depositario originario— puede reasumir la soberanía cuando el edificio contractual se derrumba. Los criollos de 1810 no citaban a Berbeo, pero pensaban con las mismas categorías que habían permitido a Berbeo sentarse frente al arzobispo Caballero y Góngora.

La memoria de las capitulaciones es, por eso, memoria disputada. Para una tradición historiográfica, son el marco jurídico de la violencia fundacional: el instrumento con el que la Corona legalizó el sometimiento de los pueblos originarios y repartió su trabajo y su tierra entre huestes armadas. Bajo esta lectura, cada capitulación firmada en Sevilla o Valladolid fue una sentencia previa contra los muiscas, los pijaos, los quimbayas: un documento en el que se cedían derechos sobre poblaciones cuya voluntad no había sido consultada. Para otra tradición, son la prueba de que la conquista fue empresa negociada y jurídicamente estructurada, no rapiña unilateral, y que sobre ese pacto se construyó un derecho indiano complejo y matizado, capaz de generar figuras protectoras como los resguardos y la legislación tuitiva del indio. Para una tercera, cuya línea llega hasta las lecturas republicanas del siglo XIX, las Capitulaciones de Zipaquirá y su violación fueron el primer síntoma de que la relación colonial era rescindible, y prepararon el terreno cultural para las juntas de 1810: en esta lectura, Galán descuartizado en 1782 es antepasado directo de los mártires de la Reconquista española de 1816.

Ninguna de las tres agota el objeto. La capitulación fue, a la vez, envoltorio jurídico de la conquista, arquitectura contractual de la sociedad colonial y —al ser violada en Zipaquirá y disuelta por la vacatio regis en 1808— gramática latente para la independencia. Que el mismo nombre haya designado el contrato con Colón, el pacto con Fernández de Lugo, la exigencia de los comuneros y el molde implícito de las actas fundacionales de 1810-1812 no es coincidencia terminológica. A lo largo de tres siglos persistió una manera específica de imaginar la relación política: como pacto revocable entre partes reales. La Colombia que emerge en 1819 hereda esa manera de pensar tanto como hereda las tierras. Del quinto real al dominio eminente del Estado sobre el subsuelo, de la peonía al minifundio, del acta de Zipaquirá al preámbulo constitucional, la capitulación sigue estando ahí: no como norma vigente, sino como forma mental de nombrar los vínculos.