Juan Francisco Berbeo

Un notable del Socorro

Berbeo nació en 1739 en la villa del Socorro y murió allí el 28 de junio de 1795. Pertenecía a una familia de la élite local, aunque las fuentes no la describen como poseedora de una gran fortuna. El Socorro y Pamplona tenían una división del trabajo y una actividad artesanal y mercantil mayores que muchas zonas del virreinato, con agricultura, producción textil y circuitos comerciales que enlazaban el oriente con Santafé y el Caribe. Esa configuración ayuda a entender la sensibilidad de propietarios, comerciantes, cultivadores y artesanos frente a la fiscalidad, pero no convierte a toda la región en una pequeña burguesía homogénea ni al resto del Nuevo Reino en un espacio uniforme de haciendas y trabajo servil.

De esa capa de vecinos principales provenía Berbeo. Era hijo de Justino Berbeo y Juana María Moreno; se casó primero con María Blasina Montenegro, con quien tuvo cinco hijos, y en 1771 con Bárbara Rodríguez Terán, con quien tuvo una hija. En 1781 él y Salvador Plata eran regidores del cabildo y estaban entre los vecinos más prominentes del Socorro. Su patrimonio incluía casa, propiedades rurales y personas esclavizadas, aunque la historiografía lo describe como una fortuna modesta dentro de la élite. Persisten lagunas sobre su educación y su experiencia anterior, pero su vida no cabe únicamente en los meses de la rebelión: familia, bienes y función capitular permiten situarlo en las redes locales que hicieron posible su elección como comandante.

La bomba fiscal borbónica

Para entender por qué un vecino principal del Socorro terminó comandando un ejército campesino contra la Corona hay que mirar primero las reformas fiscales que la monarquía borbónica desplegó sobre sus dominios americanos en la década de 1770. La lógica era doble: profesionalizar la administración imperial y, sobre todo, aumentar la recaudación para financiar la guerra contra Inglaterra y sostener una burocracia y una fuerza militar en expansión. En el Nuevo Reino de Granada esa política tuvo un ejecutor concreto: Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, que llegó a Santafé como regente visitador a comienzos de 1778.

Gutiérrez de Piñeres restableció la Armada de Barlovento, amplió la alcabala y endureció los monopolios del tabaco y el aguardiente. Las series fiscales disponibles muestran un incremento de la presión tributaria, pero las cifras del 10,4 % del producto y del 32 % de ingresos aportados por los estancos corresponden a momentos posteriores: el 10,4 % es el promedio estimado para 1796–1800 y los 770.000 pesos de tabaco y aguardiente pertenecen a la última década del dominio español. Para 1776–1780 la estimación comparable es 4,75 %, frente a 2,95 % en 1761–1765. Estas cifras ayudan a medir una tendencia de largo plazo; no deben presentarse como fotografía exacta del Socorro en marzo de 1781.

En una economía socorrana atravesada por el mercado, esas medidas afectaban de manera distinta a comerciantes, cultivadores, artesanos y consumidores. La alcabala gravaba intercambios; los estancos regulaban producción, compra y venta; y la Armada de Barlovento añadió una carga impopular. La capacidad de protesta no nació de una superioridad cívica frente a regiones supuestamente resignadas: antes y durante 1781 hubo disturbios y adhesiones en numerosos pueblos, y el movimiento se expandió también hacia las tierras calientes, los Llanos y otras provincias. Los motines de Mogotes, Simacota y Charalá muestran que el estallido de marzo tuvo antecedentes regionales.

El bando roto y la marcha

El 16 de marzo de 1781, durante un día de mercado en el Socorro, una multitud protestó contra el edicto fiscal fijado en la plaza o junto a la casa del alcalde. La tradición y un informe atribuido al alcalde identifican a Manuela Beltrán como la mujer que arrancó el papel; su biografía, oficio y actuación posterior siguen siendo discutidos. En las semanas siguientes se eligieron capitanes y se organizó el Común. La incorporación de vecinos notables como Berbeo respondió a negociaciones y presiones dentro de una movilización que reunía artesanos, campesinos, comerciantes y propietarios. Esa alianza no tuvo desde el comienzo dos bloques perfectamente delimitados: sus lealtades y objetivos cambiaron durante el conflicto.

Berbeo fue reconocido como comandante en jefe del movimiento. La fórmula exacta con la que se le nombró varía, pero su función quedó nítida: dirigir la marcha, mantener la disciplina y, sobre todo, hablar por todos ante Santafé. La adhesión se extendió con rapidez a Pamplona, Vélez y Cúcuta; los pueblos del oriente neogranadino, tocados por las mismas medidas, respondieron al llamado socorrano. El ejército comunero avanzó hacia la capital.

El 8 de mayo de 1781, en Puente Real de Vélez —la actual Puente Nacional—, una expedición comunera de varios centenares de hombres hizo retroceder o rendirse al destacamento enviado por la Real Audiencia. La operación había sido ordenada desde la jefatura de Berbeo, pero la fuerza de campo estuvo dirigida por capitanes como Ignacio Calviño; por eso no es preciso describirla como una victoria personal de Berbeo. La noticia aumentó la alarma en Santafé. Gutiérrez de Piñeres salió de la capital la noche del 12 de mayo y se dirigió a Cartagena; el virrey Manuel Antonio Flórez ya se encontraba en la costa atendiendo la defensa del Caribe durante la guerra con Gran Bretaña. El 15 de mayo la Junta de Tribunales acordó suspender o moderar varias medidas mientras se organizaba la negociación.

Zipaquirá: la negociación desde arriba

Para detener la marcha antes de que llegara a Santafé, la Audiencia envió una comisión en la que participó el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. Berbeo negoció desde el campamento comunero en Zipaquirá. El pliego de treinta y cinco capítulos quedó fechado y firmado por él el 5 de junio de 1781; la Junta General de Tribunales lo aprobó en Santafé la noche del 7, y los comisionados y capitanes lo ratificaron y juraron en Zipaquirá el 8. Hablar de una única firma el 5 confunde la presentación de las demandas con su aprobación y juramento.

El texto fue elaborado con intervención de delegados de Tunja y de la conducción comunera, y Berbeo introdujo modificaciones antes de presentarlo. Las Capitulaciones reunían demandas fiscales —sobre tributo, alcabala, sal, tabaco, aguardiente y otros gravámenes— con restitución de resguardos, trato a los indígenas, preferencia de americanos en empleos, conservación de capitanías y organización administrativa. Mantenían fórmulas de fidelidad al rey, pero algunas cláusulas alteraban de manera importante la distribución local del poder. Por eso la historiografía las ha leído de modos distintos: como reforma dentro de la monarquía, como pacto político excepcional o como programa con elementos de autonomía. Ninguna de esas etiquetas agota por sí sola sus treinta y cinco capítulos.

Caballero y Góngora y los comisionados aceptaron las demandas mientras Santafé carecía de fuerza suficiente para enfrentar la marcha. Tras el juramento del 8 de junio, Berbeo y buena parte de los capitanes promovieron el regreso de las tropas a sus lugares. La dispersión fue amplia, pero no instantánea ni completa: en distintas regiones continuaron levantamientos, resistencias y disputas sobre el cumplimiento del pacto. Las autoridades, además, habían aprobado en secreto la negociación bajo la idea de que la coacción permitía declararla nula después.

La grieta: Galán no firma

José Antonio Galán no quedó entre quienes juraron la pacificación en Zipaquirá y continuó actuando después de junio. Las fuentes muestran desacuerdos con las Capitulaciones y órdenes posteriores para que las obedeciera, pero no permiten convertir una frase sobre su aprobación apresurada en una explicación completa de sus motivos. Su correspondencia propuso mantener la movilización y expresó temor a que la Audiencia ganara tiempo para recomponerse. Esa posición fue cambiante y se articuló con conflictos locales que no dependían únicamente de él.

Galán siguió recorriendo las tierras calientes y luego regresó al área santandereana, mientras en el Alto Magdalena, los Llanos y otras regiones persistían movilizaciones con dirigentes y agendas propias. Entre junio y octubre hubo motines por el cumplimiento de las Capitulaciones y nuevos intentos de coordinación. La noche del 13 de octubre de 1781, Salvador Plata y antiguos capitanes comuneros capturaron a Galán y a varios acompañantes en Chaguanete, cerca de Onzaga. Las fuentes difieren sobre el número exacto de detenidos, de modo que no conviene fijarlo en nueve.

La ruptura entre Berbeo y Galán puede leerse como diferencia táctica, social y política, pero no prueba la existencia de dos programas perfectamente formados y opuestos desde marzo. Berbeo buscó institucionalizar parte de las conquistas mediante el pacto, las capitanías y el corregimiento; Galán mantuvo la movilización y favoreció medidas más amplias en algunos lugares. A su alrededor actuaron indígenas, mestizos, negros, mulatos, personas esclavizadas, pequeños productores y notables con intereses no siempre coincidentes. La coalición se fracturó en varias direcciones, no en una sola línea entre élite y pueblo.

La anulación y el premio

El 18 de marzo de 1782 la Real Audiencia declaró nulas las Capitulaciones con el argumento de que habían sido aceptadas bajo coacción. Para entonces las autoridades habían recuperado capacidad militar y política, Gutiérrez de Piñeres se encontraba de nuevo en funciones y Manuel Antonio Flórez seguía siendo el virrey nominal. La anulación no fue firmada por Berbeo. El documento confirmó la reserva que la Junta había formulado desde junio de 1781 y cerró jurídicamente un pacto cuyo cumplimiento ya venía siendo resistido.

La desmovilización debilitó la capacidad de imponer el cumplimiento, pero no fue el único factor. La coalición se había dispersado, varios capitanes colaboraron con la pacificación, persistieron levantamientos regionales y las autoridades combinaron promesas, cargos, misiones religiosas, persecución y fuerza militar. Las Capitulaciones no fueron solo papel desde el día de su firma: durante meses sirvieron como referencia para reclamar derechos y para organizar autoridades locales, incluso mientras el gobierno preparaba su desconocimiento.

El corregimiento no fue un premio concedido después de la anulación. Berbeo invocó la cláusula 17 de las Capitulaciones, solicitó los cargos de corregidor y justicia mayor del Socorro y San Gil y de maestre de campo, y juró el primero el 22 de junio de 1781, con una remuneración anual de mil pesos. Durante algunos meses firmó resoluciones como corregidor, justicia mayor y capitán general de los Comunes, una superposición que Carlos Vidales interpreta como intento de enlazar el poder de la rebelión con el aparato colonial. Otras lecturas vieron oportunismo o asimilación. La evidencia del cargo no decide por sí sola entre esas interpretaciones; además, el oficio fue suprimido cuando las autoridades recuperaron el control.

Berbeo no aparece como juez, firmante ni autoridad emisora de la sentencia contra Galán. El texto fue pronunciado en Santafé el 30 de enero de 1782 por Juan Francisco Pey Ruiz, Juan Antonio Mon y Velarde, Joaquín Vasco y Vargas, Pedro Catani y Francisco Javier de Serna. Condenó a Galán, Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz a muerte, confiscación e infamia; dispuso para Galán horca, decapitación, descuartizamiento, quema parcial y exposición de sus restos en Guaduas, Socorro, San Gil, Charalá y Mogotes. También ordenó demoler y salar su casa. La fuente expresa el propósito de escarmiento con el lenguaje de la justicia regia, pero no menciona una aprobación de Berbeo.

Tampoco Caballero y Góngora era virrey cuando se dictó la condena o se ejecutó a Galán el 1 de febrero. Flórez conservó nominalmente el cargo hasta el 31 de marzo de 1782; tras el breve gobierno de Juan de Torrezar Díaz Pimienta, Caballero asumió el mando interino el 15 de julio. El indulto general del 6 de agosto llegó después de las ejecuciones, pero alcanzó a numerosas personas todavía perseguidas o expuestas a sanciones. Ese desfase permite discutir la política de pacificación; no autoriza a decir que ya no quedaba nadie a quien perdonar ni que Berbeo avaló la sentencia.

La red: notables, plebeyos, prelados

La figura de Berbeo se entiende mejor dentro de una red de alianzas cambiantes. Antonio Monsalve, Salvador Plata y Francisco Rosillo estuvieron entre los capitanes y vecinos prominentes que compartieron la conducción. Los Ardila, Miguel de Uribe, José Tavera, Isidro Molina y Roque Cristancho representaron otras posiciones dentro del Común, pero las fuentes no permiten ordenarlos a todos en un bloque plebeyo estable. Molina continuó con Galán y fue ejecutado; Plata, en cambio, participó en su captura. Manuela Beltrán quedó fijada por la tradición en el comienzo de la revuelta, aunque la documentación conocida no permite reconstruir con seguridad toda su biografía ni su actuación posterior.

Del lado del gobierno, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres aplicó las reformas fiscales, salió de Santafé tras el avance comunero y desde Cartagena rechazó el pacto. El virrey Manuel Antonio Flórez no huyó con él: ya estaba en la costa supervisando la defensa del Caribe en el contexto de la guerra con Gran Bretaña. Antonio Caballero y Góngora actuó como arzobispo y negociador en Zipaquirá; solo en julio de 1782 asumió el gobierno interino. Su ascenso posterior muestra la confianza que obtuvo de la Corona, pero no prueba por sí solo que la negociación hubiera sido desde el inicio una maniobra personal perfectamente calculada.

Salvador Plata y Francisco Rosillo no fueron meros figurantes. Formaron parte de la conducción general y actuaron después en la pacificación; Plata encabezó la captura de Galán en octubre. Berbeo, por su parte, continuó expidiendo órdenes después del juramento de las Capitulaciones y trató de conservar capitanías, rentas y disciplina desde su doble autoridad. La red de notables locales no regresó en bloque y de inmediato a una normalidad anterior: algunos buscaron institucionalizar lo obtenido, otros colaboraron con la restauración y varios cambiaron de posición a medida que se alteró la correlación de fuerzas.

Dos velocidades

La trayectoria de Berbeo revela las tensiones internas de una coalición extensa. Hubo diferencias sociales, regionales y tácticas, pero no dos ejércitos compactos que hubieran compartido una bandera y programas definidos de antemano.

Los vecinos prominentes del Socorro tenían agravios fiscales concretos y defendieron demandas que podían negociarse dentro de la monarquía. Sin embargo, las Capitulaciones no se redujeron a rebajas tributarias: incluyeron resguardos, empleos, milicias y organización local. Berbeo mantuvo fórmulas de fidelidad al rey y buscó dar forma institucional al acuerdo mediante el corregimiento. Describir ese horizonte como reformista es razonable; afirmar que toda la élite consideró satisfecha su demanda y volvió a casa como un solo actor borra conflictos posteriores y usos divergentes del pacto.

Los sectores populares tampoco tuvieron un único programa. Cultivadores, artesanos, indígenas tributarios, mestizos, negros y mulatos libres y personas esclavizadas formularon reclamos diferentes según la región. Galán impulsó en algunos lugares la abolición de estancos, la liberación de esclavizados y la continuidad armada, pero investigaciones recientes muestran que varias movilizaciones locales precedieron su llegada o siguieron después de su partida. Su desconfianza frente al pacto resultó fundada en cuanto la Audiencia lo anuló, aunque eso no demuestra que él expresara por sí solo la voluntad de todos los plebeyos ni que hubiera formulado ya una independencia nacional.

La conducta de Berbeo produjo consecuencias que alimentaron la acusación de traición: promovió la desmovilización, aceptó un cargo real y se distanció de la resistencia de Galán. Pero el mismo Berbeo siguió usando el título de capitán general, expidió órdenes y trató de hacer operativas varias conquistas del pacto antes de que su corregimiento fuera suprimido. La documentación permite discutir adaptación, moderación, institucionalización y colaboración posterior; no permite afirmar que avaló la horca de Galán ni reconstruir una ausencia total de contradicción interna. Esa distinción cambia el juicio moral sin borrar su responsabilidad política en el desenlace.

La memoria larga

Berbeo murió en el Socorro el 28 de junio de 1795, quince años antes de las juntas de 1810. No vivió la crisis final de la monarquía ni puede saberse qué posición habría adoptado entonces. Su nombre quedó ligado a la conducción comunera, mientras Galán adquirió con el tiempo una centralidad popular y heroica mayor. Esa diferencia de memoria no prueba que una clase social completa hubiera rechazado en 1781 la ruptura que otra generación realizó después.

La orden de la sentencia contra Galán buscó borrar su nombre, pero no produjo un silencio historiográfico de un siglo. Historias republicanas como las de José Manuel Restrepo, José Antonio de Plaza, Manuel Ancízar y José Manuel Groot mencionaron el levantamiento, aunque distribuyeron de manera desigual el protagonismo entre Berbeo, la conducción del Común y Galán. Manuel Briceño publicó Los comuneros en 1880 y convirtió a Galán en héroe principal de una narración extensa; Soledad Acosta de Samper volvió a darle un papel central en 1887. Hubo, por tanto, memoria antes del centenario y una reconfiguración decisiva alrededor de 1880, no un vacío absoluto.

En el siglo XX distintas corrientes reinterpretaron la revuelta. Orlando Fals Borda consideró a Galán el dirigente de mayor visión, pero sostuvo que el movimiento no llegó a constituir una subversión social fundamental. Otras investigaciones han destacado el pacto entre pueblo y rey, la guerra social, los proyectos regionales o la agencia de indígenas y afrodescendientes. La lectura de una moderación de Berbeo que clausuró todo cambio estructural es una interpretación influyente, no la conclusión única que se desprende de los hechos.

John Leddy Phelan publicó en 1978 The People and the King: The Comunero Revolution in Colombia, 1781, obra central para interpretar la rebelión como una negociación dentro de una cultura política monárquica. Esa lectura no coincide sin más con la imagen de Galán como resistencia irreductible, y ambas han coexistido con enfoques de guerra social y movilización étnica. La adopción posterior del nombre de Galán por organizaciones de izquierda y por un frente del ELN pertenece a la historia de sus usos políticos; no confirma una continuidad programática entre 1781 y la insurgencia contemporánea ni define por sí sola el legado de Berbeo.

Hacia 1798 Francisco de Miranda reunió en Londres materiales sobre la Nueva Granada, entre ellos una relación atribuida al protector general de los indígenas y un ejemplar de las Capitulaciones con traducción inglesa. Los usó para convencer a interlocutores británicos de que existía disposición americana contra el gobierno español. Ese expediente muestra que la rebelión podía ser reinterpretada como antecedente emancipador poco después de 1781. No demuestra que Berbeo compartiera esa lectura ni que la revuelta actuara de forma continua y subterránea durante las décadas siguientes.

El lugar de Berbeo

La memoria colombiana ha oscilado entre presentar a Berbeo como capitán general y negociador, acusarlo de traición o entender su corregimiento como un intento de institucionalizar el poder comunero. No debe añadirse a ese expediente una condición inexistente de avalista de la sentencia de Galán. Su nombre no figura entre los jueces que la pronunciaron el 30 de enero de 1782. La tensión documentada está en otro lugar: dirigió la marcha, negoció y promovió la desmovilización; luego aceptó autoridad real y terminó apartado del cargo cuando el gobierno recuperó fuerza.

Esa ambigüedad no se resuelve convirtiéndolo en héroe emancipador ni en traidor arquetípico. Fue un regidor y vecino prominente que asumió, bajo presión de una movilización masiva, la comandancia de una coalición heterogénea. Negoció un texto de amplio contenido fiscal, social y político; intentó ejercer después una autoridad simultáneamente comunera y real; y perdió ese espacio cuando avanzó la restauración. La escala de la marcha y la capacidad de obtener un pacto escrito hacen excepcional su trayectoria, pero atribuir a todos los notables una conducta idéntica o declarar las Capitulaciones el acuerdo más ambicioso de toda la resistencia colonial excede la comparación que permiten las fuentes revisadas.

Berbeo fue una figura bisagra dentro de la crisis colonial de 1781, aunque no entre Colonia y República, transición que no vivió. Bajo su comandancia, contingentes de numerosas poblaciones articularon una marcha regional, un mando compartido y un programa escrito capaz de obligar a las autoridades a negociar. El acuerdo mantuvo la fidelidad al rey y a la vez planteó cambios fiscales, territoriales, administrativos y políticos cuya radicalidad sigue discutida. Su posterior anulación mostró los límites de un pacto aceptado bajo coacción y sin una fuerza unificada que garantizara su ejecución. Eso convirtió la rebelión en referencia para interpretaciones posteriores sobre reforma y emancipación; no prueba que los patriotas de 1810 aprendieran una lección única de Berbeo ni que la independencia fuera una consecuencia necesaria de Zipaquirá.