Juan Francisco Berbeo

Un notable del Socorro

Berbeo nació hacia 1729 en la provincia del Socorro y murió en 1795. Pertenecía a la élite local de una región singular dentro del virreinato: mientras el resto del Nuevo Reino vivía de haciendas extensas y trabajo servil, el Socorro y Pamplona habían desarrollado una economía con mayor división del trabajo, especialización incipiente entre artesanía y agricultura y una circulación mercantil más viva. Sus habitantes se agrupaban en pequeñas parroquias rodeadas de propietarios blancos medianos y grandes, con numerosos artesanos —tejedores de algodón sobre todo— y un comercio local que conectaba los valles cordilleranos con Cartagena, Maracaibo y Santafé. Era, en pequeño, una sociedad de pequeña burguesía provincial, con conciencia de sí y con recursos económicos suficientes para resentir con claridad cualquier presión tributaria.

De esa capa provenía Berbeo. No fue ni un gran hacendado ni un funcionario de alto vuelo, sino uno de aquellos vecinos principales que en las villas neogranadinas ejercían influencia por combinación de propiedad, parentesco y prestigio local. Junto a Antonio Monsalve encabezó la fracción de la élite socorrana que en la primavera de 1781 se sumó al estallido plebeyo. De su biografía anterior a la revuelta —dónde estudió, si tuvo experiencia militar previa, qué cargos menores desempeñó— apenas quedan trazas, y esa penumbra es en sí misma reveladora: Berbeo entra en la historia con el motín y la historia lo suelta con la anulación de las Capitulaciones. Su vida, para efectos del archivo colombiano, cabe casi entera en veintidós meses.

La bomba fiscal borbónica

Para entender por qué un vecino principal del Socorro terminó comandando un ejército campesino contra la Corona hay que mirar primero las reformas fiscales que la monarquía borbónica desplegó sobre sus dominios americanos en la década de 1770. La lógica era doble: profesionalizar la administración imperial y, sobre todo, aumentar la recaudación para financiar la guerra contra Inglaterra y sostener una burocracia y una fuerza militar en expansión. En el Nuevo Reino de Granada esa política tuvo un ejecutor concreto: Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, que llegó a Santafé como regente visitador a comienzos de 1778.

Gutiérrez de Piñeres restableció el impuesto de la Armada de Barlovento —gravamen destinado a financiar la flota que protegía el Caribe—, extendió la alcabala a productos que antes no la pagaban y en mayo de 1780 duplicó el precio al detalle del tabaco y el aguardiente. Los estancos de esos dos productos representaban por sí solos cerca de la tercera parte de los ingresos fiscales de la Corona en el virreinato. En agosto reforzó los controles sobre la producción tabacalera: se redujeron los precios de compra al campesino cultivador, se aumentaron los de venta al público y se reprimieron con dureza las siembras "ilegales" fuera de las zonas autorizadas por el estanco. En el conjunto del período, la carga tributaria del Nuevo Reino se triplicó: pasó de rondar el 2,9% del PIB a alcanzar cerca del 10,4% en el quinquenio de mayor presión.

Sobre una economía como la socorrana —articulada en torno al mercado, con productores medianos y artesanos que dependían del acceso al aguardiente, al tabaco, a la sal, al algodón y a los textiles para vivir y para comerciar—, ese salto fiscal cayó como una guillotina. La alcabala castigaba al comerciante, el estanco de tabaco expropiaba al cultivador, la Armada de Barlovento pesaba sobre todo el mundo. A diferencia de otras regiones más resignadas al abuso colonial, el Socorro tenía suficiente densidad urbana, alfabetización comercial y experiencia en pleitos administrativos para reconocer el atropello y reaccionar. La revuelta no vino de la nada: hubo disturbios en Mogotes desde febrero de 1778, otro brote allí mismo y en Simacota en octubre de 1780, y en Charalá en diciembre del mismo año. Cuando estalló, en marzo de 1781, ya había atmósfera.

El bando roto y la marcha

El 16 de marzo de 1781, en la plaza de El Socorro, una mujer llamada Manuela Beltrán rompió el bando que anunciaba los nuevos tributos. El gesto, pequeño y físico, encendió la mecha. En cuestión de semanas la muchedumbre se organizó en torno a una capitanía colectiva y buscó a los notables locales para que la encabezaran: sin firmas respetables la revuelta era jacquerie; con firmas respetables podía negociarse. Berbeo y Monsalve aceptaron. Se sumaron también representantes influyentes de la muchedumbre —artesanos, pequeños propietarios y comerciantes— entre quienes destacaron Ignacio y Pablo de Ardila, Miguel de Uribe, José Tavera, Isidro Molina y Roque Cristancho. La alianza tenía la fisonomía clásica de las revueltas del Antiguo Régimen: notables que ponían el nombre y la moderación, plebeyos que ponían el número y la ira.

Berbeo fue reconocido como comandante en jefe del movimiento. La fórmula exacta con la que se le nombró varía, pero su función quedó nítida: dirigir la marcha, mantener la disciplina y, sobre todo, hablar por todos ante Santafé. La adhesión se extendió con rapidez a Pamplona, Vélez y Cúcuta; los pueblos del oriente neogranadino, tocados por las mismas medidas, respondieron al llamado socorrano. El ejército comunero avanzó hacia la capital.

El 8 de mayo de 1781, al norte de Tunja, en Puente Real —la actual Puente Nacional—, las huestes de Berbeo derrotaron al pequeño destacamento que la Real Audiencia había enviado a contenerlas. La noticia sembró el pánico en Santafé. Gutiérrez de Piñeres, el visitador que había desatado la tormenta, huyó hacia Cartagena. La ciudad quedó, en la práctica, indefensa. Una junta de tribunales reunida el 15 de mayo acordó, con más apuro que convicción, rebajar los impuestos y extinguir la Armada de Barlovento. Era una capitulación anticipada, pero no bastaría: el ejército comunero seguía avanzando y la negociación tendría que hacerse cara a cara.

Zipaquirá: la negociación desde arriba

Para detener la marcha antes de que tocara Santafé, la Audiencia despachó al arzobispo Antonio Caballero y Góngora, prelado hábil y político consumado, con instrucciones de pactar lo que hiciera falta. Berbeo aceptó negociar. Se instaló con su campamento en territorio de Zipaquirá y allí, el 5 de junio de 1781, firmó las Capitulaciones que llevan el nombre del pueblo.

El texto fue redactado por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de la ciudad de Tunja, con modificaciones posteriores que Berbeo introdujo de acuerdo con Jorge Lozano de Peralta, aristócrata santafereño simpatizante del movimiento. Las capitulaciones combinaban demandas fiscales —reducción del tributo indígena a cuatro pesos anuales y del de los mulatos a dos pesos, fijación de precios más bajos para el aguardiente, alivio en la alcabala y la sal— con reivindicaciones de trato: cargos para criollos, respeto a las villas, moderación de los funcionarios peninsulares. Era un programa reformista, no revolucionario: no cuestionaba el vínculo con la Corona ni la estructura colonial, sino sus excesos recientes. Era, exactamente, el programa que podía firmar un notable del Socorro.

Caballero y Góngora, negociador de guante blanco, cedió en todo lo que hiciera falta para evitar la entrada del ejército comunero a Santafé. Persuadió a los rebeldes de que volvieran a sus pueblos con las capitulaciones firmadas en la mano. Berbeo aceptó. Las huestes se disolvieron. Buena parte de los combatientes regresó al Socorro, San Gil, Charalá y demás villas del oriente convencida de haber ganado.

La grieta: Galán no firma

Un capitán no aceptó la desmovilización. José Antonio Galán, comandante de una de las columnas comuneras, consideró que las Capitulaciones habían sido aprobadas demasiado rápido y que el arzobispo firmaba en Zipaquirá lo que la Corona anularía en cuanto tuviera fuerza para hacerlo. Su lectura era, en el fondo, lúcida: la victoria del Puente Real había sido efímera y la desmovilización, sin garantías materiales, entregaba a los rebeldes atados a la clemencia del poder que acababan de humillar.

Galán no volvió a casa. Con una fracción del ejército continuó operando por los pueblos del Magdalena Medio y del sur santandereano, agitando contra el incumplimiento de lo pactado. Entre el 20 de junio y el 11 de septiembre de 1781 se produjeron en la provincia del Socorro varios motines por incumplimiento de las Capitulaciones, que culminaron en la convocatoria de una segunda marcha hacia Santafé, prevista para el 15 de octubre. Galán no alcanzó a partir: dos días antes fue aprehendido cerca de Onzaga junto a nueve compañeros.

La grieta entre Berbeo y Galán no fue solo táctica. Era la separación entre dos horizontes políticos que la revuelta había mantenido unidos mientras tuvo enemigo común. Berbeo quería reformar el sistema tributario; Galán apuntaba a algo de mayor alcance —una emancipación del poder colonial que, en 1781, ni siquiera tenía nombre—. Cuando el arzobispo firmó y los notables se marcharon a casa, esa grieta se abrió: los plebeyos que habían seguido a Galán quedaron solos frente a un aparato colonial que se recomponía a marchas forzadas.

La anulación y el premio

El 18 de marzo de 1782, una vez llegaron a Santafé los refuerzos militares que el virrey Manuel Antonio Flórez había ordenado despachar desde Cartagena, la Real Audiencia anuló las Capitulaciones de Zipaquirá mediante un Acuerdo firmado por Gutiérrez de Piñeres —restituido a sus funciones—, Pey Ruiz, Mon y Velarde, Vasco y Vargas y Catani. El argumento oficial fue que el pacto se había firmado bajo amenaza de violencia, lo que lo convertía en un acto de defecto incorregible: los reyes no negocian con sus súbditos bajo coacción, y lo pactado en tales condiciones no obliga. El virrey Flórez, desde Cartagena, había ratificado ese criterio con anterioridad.

La anulación era, en términos jurídicos, previsible; en términos políticos, la traición ya se había consumado meses antes, cuando Berbeo desmovilizó al ejército que era la única garantía material del pacto. Sin ejército, las Capitulaciones eran papel.

Y aquí aparece el gesto que ha marcado la memoria histórica de Berbeo. Tras la disolución del movimiento, fue nombrado corregidor con un sueldo anual de mil pesos. No se le persiguió, no se le procesó, no se le confinó: se le integró. La Corona, con inteligencia política probada, prefería tener a los notables criollos comprando lealtad que fabricando mártires. Berbeo aceptó el nombramiento.

Su firma —o, al menos, su presencia como corregidor entre las autoridades que avalaron el acto— aparece junto a la del arzobispo, ya para entonces virrey, y otros funcionarios españoles y criollos en la sentencia dictada contra Galán. La condena es de una brutalidad ritual: el 1 de febrero de 1782, Galán fue ahorcado, decapitado y descuartizado. Su cabeza fue enviada a Guaduas, la mano derecha expuesta en El Socorro, la izquierda en Villa de San Gil, el pie derecho en Charalá y el pie izquierdo en Mogotes —cada trozo colgado como escarmiento en el pueblo que había alimentado la revuelta—. Isidro Molina y otros compañeros recibieron pena similar. La sentencia declaró infame la descendencia de Galán, ordenó la confiscación de sus bienes en favor del real fisco, la demolición de su casa y que el solar fuera sembrado de sal. Y añadió una cláusula de una dureza inusual incluso para la justicia colonial: que se diera olvido a su nombre, de modo que no quedara de él "más que odio y espanto por la fealdad del delito".

Berbeo, corregidor con mil pesos anuales, avaló ese acto. Cuando el arzobispo Caballero y Góngora asumió como virrey, decretó una amnistía general para el resto de los comuneros. Los cabecillas ejemplares ya habían sido descuartizados; el perdón llegó cuando ya no había a quién castigar.

La red: notables, plebeyos, prelados

La figura de Berbeo se ilumina cuando se la mira dentro de la red humana que la sostuvo y la contradijo. Antonio Monsalve fue su par en la representación de la élite socorrana; juntos entraron al movimiento y juntos lo modularon. Los Ardila —Ignacio y Pablo—, Miguel de Uribe, José Tavera, Isidro Molina y Roque Cristancho fueron los delegados de la muchedumbre con quienes Berbeo tuvo que pactar la conducción interna: mediaban entre el capitán general y la tropa, y algunos de ellos, como Molina, pagarían con la vida el haberse quedado del lado plebeyo cuando la grieta se abrió. Manuela Beltrán no aparece en el relato posterior; su gesto —el bando roto— es prólogo, no continuación, y la historia colombiana la ha guardado en esa función iniciática, tal vez injustamente.

Del otro lado, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres es el antagonista casi novelesco: el visitador celoso cuya avidez recaudatoria detona el estallido, huye a Cartagena cuando el ejército comunero se acerca y regresa a firmar la anulación cuando la fuerza militar lo permite. El virrey Manuel Antonio Flórez, refugiado también en la costa, opera desde la retaguardia. Y Antonio Caballero y Góngora es la figura de mayor calibre político: arzobispo cuando firma las Capitulaciones, virrey pocos años después, negociador de una habilidad que la Corona premió con la máxima magistratura del reino. Su ascenso confirma que en Zipaquirá había ganado, no perdido.

Salvador Plata y Francisco Rosillo aparecen en los márgenes de la revuelta como figuras subalternas de la conducción socorrana, con papeles menos protagónicos que los de Berbeo y Monsalve pero solidarios de la línea moderada. Agustín Berbeo, pariente del capitán general, orbitaba en el mismo círculo de notables locales. Toda esa red compone el mapa de una élite provincial que ejerció, brevemente y bajo presión, la función de dirigir una insurrección plebeya para, acto seguido, reincorporarse al orden que la había convocado.

Dos velocidades

Lo que hace de Berbeo un caso —y no solo un personaje— es que su trayectoria revela la estructura interna de la Revolución Comunera. Fueron dos movimientos superpuestos, con la misma bandera y horizontes distintos.

El de los notables era un programa de reforma fiscal pactada. La élite socorrana estaba genuinamente afectada por las medidas de Gutiérrez de Piñeres: el aumento de la alcabala golpeaba al comerciante, el estanco al productor, la Armada de Barlovento al conjunto. Su participación en la revuelta no fue simple oportunismo ni cálculo cínico: había agravio real. Pero el techo de ese agravio era la corrección de los excesos, no la ruptura del vínculo colonial. Cuando la Corona ofreció por escrito rebajar los impuestos, la demanda estaba satisfecha. Firmar y volver a casa era, desde ese horizonte, victoria completa.

El de los plebeyos era otra cosa. Los campesinos tabacaleros expropiados por el estanco, los artesanos aplastados por la alcabala, los indios y mulatos oprimidos por el tributo, tenían mucho menos que ganar con una rebaja fiscal pactada y mucho más que perder si la Corona incumplía —como incumplió—. Galán entendió eso mejor que Berbeo. Su rechazo a las Capitulaciones no fue arrebato ni utopismo: fue el diagnóstico correcto de un pacto que dejaba a los plebeyos desmovilizados y a la Corona con la fuerza para incumplirlo. Los meses de motines entre junio y septiembre de 1781, y la convocatoria de la segunda marcha para octubre, confirman que Galán no estaba solo: buena parte del ala popular del movimiento compartía su lectura.

Berbeo no traicionó, en sentido estricto, un proyecto que hubiera compartido: nunca lo había compartido. Actuó dentro de los márgenes de su clase, que eran los de una reforma fiscal y no los de una emancipación. Pero ese límite estructural, al chocar con la radicalidad plebeya, produjo el efecto práctico de la traición: desmovilización sin garantías, anulación del pacto, descuartizamiento de Galán, corregimiento para Berbeo. La distinción entre traición deliberada y límite de clase, sutil en términos morales, es decisiva en términos históricos: explica por qué la insurrección terminó como terminó, y por qué el mismo hombre pudo firmar Zipaquirá en junio y avalar la horca de Galán en febrero sin sentir, aparentemente, ninguna contradicción interna.

La memoria larga

Berbeo murió en 1795, pocos años antes de que las juntas de 1810 abrieran el ciclo de la independencia. No alcanzó, pues, a ver cómo la generación siguiente llevaría a la práctica la ruptura que él y su clase habían rehusado en 1781. Su nombre entró en la historia colombiana adherido a la palabra "comunero", pero eclipsado, en la memoria popular, por el de Galán.

La sentencia contra Galán había ordenado que se diera olvido a su nombre. Se cumplió a medias. Durante más de un siglo la gesta comunera permaneció efectivamente en la sombra historiográfica: no fue tema mayor de los cronistas de la independencia ni de los primeros historiadores republicanos. Recién en 1880 Manuel Briceño publicó en Bogotá Los comuneros, primer texto historiográfico importante sobre la insurrección, casi un siglo después de los hechos. Briceño reconocía en su obra que el tema había sido inadecuadamente tratado hasta entonces. El silencio no era casual: la orden de olvido, sumada al carácter incómodo de una revuelta popular contra un orden monárquico que las élites republicanas del siglo XIX no siempre quisieron mirar de frente, había producido un vacío.

Ese vacío se llenó lentamente. En el siglo XX la figura de Galán fue recuperada por la izquierda política y por la historiografía social. Orlando Fals Borda, en su lectura sociológica de la rebelión, consideró que Galán fue "el único dirigente de alguna visión" del movimiento, pero sostuvo que su esfuerzo fue sofocado en su cuna sin lograr impacto de entidad en la sociedad colonial, razón por la cual la Revolución Comunera no podía catalogarse como una subversión social fundamental. El juicio es severo, pero coincide, por ruta opuesta, con la conclusión que este relato arroja: la moderación de Berbeo y el descuartizamiento de Galán aseguraron que 1781 no cambiara las estructuras.

En 1978 el historiador estadounidense John Leddy Phelan publicó The People and the King: The Comunero Revolution in Colombia, 1781, obra que instaló la revuelta en la historiografía académica anglosajona y devolvió el episodio al debate internacional. Ese mismo eje —Galán como símbolo de resistencia irreductible frente a la componenda de los notables— fue el que recogió el Ejército de Liberación Nacional, uno de cuyos frentes guerrilleros lleva el nombre "Frente José Antonio Galán". La recuperación insurgente confirma, a su manera, que el legado histórico de 1781 gravita más sobre el descuartizado que sobre el capitán general.

Hay, sin embargo, un detalle que la historia diplomática ha rescatado: Francisco de Miranda, precursor de la independencia hispanoamericana, esgrimió ante sus interlocutores en Londres una relación escrita por un protector general de los indios del virreinato sobre la sublevación iniciada en el Socorro el 16 de marzo de 1781, como prueba de que los suramericanos estaban dispuestos a la revolución contra el dominio monárquico español. Es decir: aun con su desenlace pactado, aun con Berbeo aceptando el corregimiento, la Comunera funcionó en el imaginario de los conspiradores de la generación siguiente como precedente de emancipación. La revuelta que Berbeo cerró en Zipaquirá siguió actuando, subterráneamente, como energía política durante décadas.

El lugar de Berbeo

La historia colombiana ha tenido con Berbeo la relación ambigua que tiene con casi todos sus fundadores incómodos: ni lo ha convertido en héroe monumental ni lo ha reducido a villano. Aparece en los manuales como capitán general de los Comuneros, firmante de las Capitulaciones y protagonista principal de 1781; aparece también, en las páginas siguientes, como corregidor y avalista de la sentencia contra Galán, sin que la contradicción se subraye demasiado. El resultado es una figura desdibujada: presente en la lista de personajes de la insurrección, ausente del panteón donde reposan Bolívar, Nariño, Santander y las mujeres y hombres de la independencia.

Ese desdibujamiento hace justicia, tal vez involuntaria, a lo que Berbeo fue. No era ni un héroe emancipador ni un delator vil: era un notable provincial haciendo lo que los notables provinciales del Antiguo Régimen hacían cuando una revuelta popular los interpelaba —conducirla, moderarla, negociarla y, terminada la negociación, reintegrarse al aparato del poder que los reconocía como pares—. Su singularidad histórica no está en su carácter, del que sabemos poco, sino en la escala de los acontecimientos en que le tocó actuar: la revuelta que encabezó fue la más grande del virreinato, la que estuvo más cerca de tomar Santafé, la que arrancó el pacto escrito más ambicioso de la resistencia colonial neogranadina. Y también la que dejó al descubierto, con más nitidez que ninguna otra, la fractura entre los dos horizontes que treinta años más tarde volverían a superponerse, y a chocar, en el ciclo de la independencia.

Berbeo es, en ese sentido, un personaje bisagra: no de la Colonia a la República, transición que no vivió, sino de una forma de conflicto colonial a otra. Antes de 1781, las revueltas neogranadinas habían sido motines locales, contenidos por la parroquia y la comarca. Con la Comunera se organizó por primera vez un ejército rebelde a escala regional, con conducción articulada, programa escrito y capacidad de negociar de igual a igual con la máxima autoridad del virreinato. Que esa conducción fuera moderada, que ese programa fuera reformista y que esa negociación se saldara con la desmovilización y el descuartizamiento del ala radical no anula el precedente: lo define. Berbeo demostró, sin proponérselo, que una insurrección popular en el Nuevo Reino podía llegar hasta las puertas de la capital y arrancar concesiones formales a la Corona. La lección estaba disponible para quien quisiera aprenderla. Los patriotas de 1810 la aprendieron, aunque no siempre lo reconocieran, y sacaron de ella la conclusión que Berbeo no había querido sacar: que sin ruptura política los pactos escritos no valen el papel en que se firman.