Estanco del tabaco

El estanco del tabaco

En la Nueva Granada del último siglo colonial, el estanco del tabaco fue el monopolio real que reservó a la Corona la producción, distribución y venta del tabaco, y que a partir de 1774 pasó de manos de rematadores privados a la administración directa del virreinato. No fue un impuesto entre otros: fue el nervio fiscal donde los Borbones sostuvieron su proyecto imperial en el Nuevo Reino, la palanca que financió burocracia y gastos militares, y —cuando el visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres endureció sus reglas entre 1778 y 1780— la mecha concreta de la Revolución Comunera. Su historia atraviesa casi un siglo: nace hacia 1764 en la mesa de un comerciante de Honda, arde en las plazas de Mogotes y Charalá, sobrevive a la independencia contra el ideario liberal de Nariño y Vargas, es defendido en 1836 por Santander como indispensable para la República y solo cae hacia 1850, cuando el mercado europeo ofrece a Colombia una renta alternativa que hace posible sacrificarlo. Entender el estanco es entender por qué la crisis del pacto colonial en la Nueva Granada tuvo forma de hoja seca prensada en atado.

Anatomía de un monopolio

Un estanco, en el vocabulario fiscal del imperio español, es la reserva exclusiva para la Corona del comercio de un producto: la sal, el aguardiente, los naipes, el tabaco. El Estado fija dónde se cultiva, quién lo cultiva, a qué precio compra la cosecha, a qué precio la revende al público, y castiga por contrabando cualquier operación fuera de sus canales. En la Nueva Granada, el estanco del tabaco arrancó hacia 1764 bajo una fórmula intermedia: la Corona no administraba directamente el monopolio, sino que lo remataba a un particular. El primer rematador conocido fue José Mesa Armero, comerciante de Honda —el gran puerto interior del Magdalena, punto de trasbordo entre las tierras altas y el río—, que pagaba 50.000 pesos anuales por el derecho a explotar la renta. Era el esquema clásico de arrendamiento fiscal heredado de los Austrias: el Estado se aseguraba una cifra fija y delegaba el riesgo operativo al asentista.

El sistema duró una década. En 1774, bajo el virrey Manuel de Guirior, se estableció la administración directa: los funcionarios reales tomaron el control de las factorías, fijaron las zonas de cultivo autorizadas y desplazaron a los rematadores. El cambio no era menor. Suponía que la Corona asumía toda la maquinaria administrativa —guardas, comisionados, factores, contadores— pero se quedaba con la totalidad del margen entre el precio de compra al cultivador y el precio de venta al consumidor. Una apuesta borbónica típica: menos delegación, más recaudo, más control territorial.

Sobre esa estructura inicial actuó, cuatro años más tarde, la mano que la redefinió por completo. En 1778 llegó a Santa Fe el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, primer regente del Nuevo Reino de Granada, figura creada por la reforma borbónica para cumplir en este virreinato funciones análogas a las de los intendentes en otros territorios americanos. Traía instrucciones precisas de aumentar la recaudación, y las cumplió con una minuciosidad que rozó la obsesión. Reorganizó el estanco mediante ordenanzas detalladas que fijaron cuatro zonas de cultivo para todo el virreinato: Ambalema, en el valle del Alto Magdalena; Girón, en el actual Santander; Pore-Nunchía, en el piedemonte llanero de Casanare; y Palmira, en el valle del Cauca. Estableció seis administraciones y factorías de distribución, redactó normas técnicas para la elaboración y el empaque de la hoja, y montó un sistema de resguardos policiales encargados de vigilar el circuito completo desde la mata hasta el mostrador.

La lógica combinaba fisco y territorio en una sola operación. Al concentrar la producción en cuatro regiones autorizadas, el Estado podía inspeccionar cada cosecha, calcular con precisión las mermas y evitar la dispersión de siembras que hacía inviable el control. Al mismo tiempo, cartografiaba productivamente el virreinato: decidía qué comarcas tendrían derecho al cultivo comercial y cuáles quedarían excluidas. Y muchas quedaron excluidas. Pueblos que habían cultivado tabaco durante generaciones —especialmente en la región de Guanentá, en el actual Santander— fueron desautorizados. Los guardas del monopolio recibieron la orden de destruir todas las plantas sembradas fuera de las áreas permitidas y de arrestar a los violadores. En un país donde el tabaco era, para pequeños productores, cultivo de subsistencia y de renta modesta, la ordenanza equivalía a un desalojo económico.

Las provincias de Antioquia, Cartagena, Santa Marta y Mompox aparecían como territorios de distribución, no de producción: consumían tabaco venido de las cuatro zonas autorizadas, transportado bajo escolta y precio fijo. El monopolio así configurado dejó al virreinato dividido en un mapa binario: unos pocos distritos que podían cultivar legalmente, y un extenso resto obligado a comprar a precio de estanco lo que antes producía en sus solares.

El peso fiscal: por qué la Corona no podía soltar el tabaco

Para dimensionar la centralidad del estanco basta una cifra. En la última década del dominio colonial, entre aproximadamente 1800 y 1810, los ingresos totales de la Corona en la Nueva Granada promediaban 2,4 millones de pesos anuales. De ese monto, unos 770.000 pesos —un 32%— provenían de los estancos combinados de tabaco y aguardiente. Casi un tercio del fisco virreinal descansaba sobre dos monopolios de consumo popular. Ninguna otra renta —ni la alcabala, ni los diezmos, ni el quinto real sobre metales— alcanzaba peso comparable en la fase final del régimen.

La renta del aguardiente fue calificada por sucesivos virreyes como la más "útil y pingüe": Pedro Messía de la Zerda lo dijo en su relación de gobierno de 1772, Manuel Guirior repitió el elogio en 1776, y un tercer virrey lo confirmaba aún en 1789. El tabaco compartía ese pedestal. Las reformas borbónicas sobre ambas rentas produjeron un incremento sostenido de la recaudación entre 1760 y la década de 1790, y esta expansión fiscal se leía en las cifras agregadas del virreinato: la carga tributaria total pasó de representar cerca del 2,9% del producto en el primer quinquenio con registro sistemático a un 10,4% hacia 1800. Más que triplicarse en pocas décadas.

Y aun así, con todo ese esfuerzo, el fisco colonial no alcanzaba. Los ingresos apenas bastaban para sostener una burocracia mal pagada e ineficiente y para cubrir los cuantiosos gastos militares que el estado permanente de guerra europea y atlántica imponía a la monarquía española. El estanco del tabaco no era un lujo recaudador: era una pieza estructural sin la cual el edificio administrativo no se sostenía. De ahí su blindaje. Los Borbones no podían soltar el tabaco porque no tenían con qué reemplazarlo, y ese mismo cálculo, medio siglo más tarde, pesaría sobre los gobiernos republicanos.

El costo de esa dependencia fiscal fue político. Los estancos del tabaco y el aguardiente concentraron las mayores críticas de comerciantes y agricultores, que los consideraban la traba más grosera a la libertad de comercio y la expresión más nítida de la política monopolista española. La renta que sostenía a la Corona era, simultáneamente, el motivo más visible del descontento contra ella.

El giro Gutiérrez de Piñeres

Cuando el regente visitador llegó a Santa Fe a comienzos de 1778, la máquina fiscal borbónica en la Nueva Granada llevaba una década bajo administración directa pero no había sido exprimida al máximo. Gutiérrez de Piñeres se dedicó a exprimirla. Su gestión, comprimida en menos de tres años, produjo el paquete de medidas más agresivo del siglo XVIII en el virreinato. Restableció el impuesto de la Armada de Barlovento —gravamen colonial destinado a financiar la defensa del Caribe— y extendió la alcabala a productos antes exentos. Reorganizó por completo el estanco del tabaco mediante las ordenanzas que fijaron las cuatro zonas de cultivo. En mayo de 1780 tomó la decisión que cristalizó el conflicto: duplicó el precio al detalle del tabaco y del aguardiente. En agosto reforzó los controles administrativos —muy probablemente un sistema más estricto de guías y tornaguías para la circulación de la hoja— y, con ello, cerró el cerco sobre el contrabando.

El paquete tenía coherencia interna. Más gravámenes, más productos gravados, más precio en los estancos, más vigilancia sobre la circulación. Pero cayó sobre una sociedad ya tensada. En la región de Guanentá, donde el cultivo del tabaco había sido durante generaciones actividad económica relevante para pequeños productores, las nuevas restricciones al cultivo libre coincidieron con una epidemia de viruela que se cobró unas seis mil vidas y con episodios de escasez de alimentos. Los guardas del monopolio, autorizados a destruir plantaciones ilegales, recorrían los pueblos arrancando matas y encarcelando labradores. El estanco dejó de ser una abstracción fiscal y se convirtió en una presencia armada en los caminos.

La respuesta popular no esperó a 1781. En febrero de 1778, apenas iniciada la nueva fase, los habitantes de Mogotes expulsaron a los guardias del monopolio. Fue el primer aviso. Dos años y medio más tarde, en octubre de 1780, estallaron disturbios en Mogotes y Simacota. En diciembre del mismo año, Charalá se sumó. Los tres focos coincidían geográficamente en la comarca del Guanentá, y coincidían temporalmente con el efecto pleno de las medidas de mayo y agosto de 1780: duplicación de precios y refuerzo de controles. El estanco reorganizado por Gutiérrez de Piñeres estaba desmontando la economía campesina de una región entera, y esa región respondía pueblo por pueblo antes de que Manuela Beltrán rompiera cartel alguno.

Junto al tabaco había otro vector encendido: los controles sobre los hilados de algodón, que golpeaban a las artesanas tejedoras de una zona donde la especialización entre artesanía y agricultura era más avanzada que en el resto del virreinato. Guanentá no era una región de haciendas: era un tejido de cultivadores independientes, artesanos y pequeños comerciantes, y las medidas borbónicas atacaban simultáneamente sus dos actividades principales. El descontento se acumuló en capas.

El estallido de 1781

El 16 de marzo de 1781, en la plaza del Socorro, la vendedora Manuela Beltrán arrancó el edicto donde estaba fijado el impuesto de la Armada de Barlovento. Aquel gesto condensó el hartazgo de tres años y desencadenó la Revolución de los Comuneros. A la protesta se unieron criollos, mestizos e indígenas: la geografía social del Socorro y del Guanentá, mucho más plebeya y mercantil que la de las tierras de hacienda, permitió una alianza vertical que en otras regiones del virreinato habría sido impensable. Juan Francisco Berbeo asumió el mando; José Antonio Galán encabezó la vanguardia más radical.

El movimiento avanzó hacia Santa Fe con una velocidad que desconcertó al gobierno virreinal. Gutiérrez de Piñeres, principal blanco del odio popular, huyó de la capital hacia Cartagena, donde se encontraba el virrey Manuel Antonio Flórez. En Bogotá cundió el pánico: las fuerzas militares disponibles eran mínimas, y la Real Audiencia se encontró sin ejército con qué contener el avance comunero. La respuesta fue negociada. Se nombró una comisión encabezada por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora para tratar con los rebeldes, y a comienzos de junio de 1781, en Zipaquirá, se firmaron las capitulaciones.

Las Capitulaciones de Zipaquirá recogieron el pliego completo del malestar borbónico. Entre sus artículos figuraban la reversión de las medidas fiscales más impopulares: ajustes al precio del aguardiente, modificaciones al impuesto de ventas y disposiciones sobre la Armada de Barlovento, la alcabala, la sal, el tabaco y el algodón. El pliego era, en efecto, el reverso exacto del programa de Gutiérrez de Piñeres. Firmado el acuerdo, la mayoría de los comuneros se dispersó satisfecha. Solo Galán rechazó las capitulaciones y persistió en la rebelión.

Las autoridades españolas nunca tuvieron intención de honrar lo firmado. Flórez alegó que las capitulaciones habían sido negociadas bajo amenaza de violencia y, tan pronto llegaron tropas desde Cartagena, la Real Audiencia las anuló formalmente. Galán fue apresado y ejecutado junto con otros cabecillas. La represión selló la victoria militar del régimen borbónico, pero no borró el precedente. Décadas más tarde, Francisco de Miranda esgrimiría el relato comunero ante las potencias extranjeras como prueba de que los suramericanos estaban maduros para la revolución contra España.

La lectura larga de 1781 exige matiz. El estanco del tabaco fue causa precipitante, no única. Actuó junto con la Armada de Barlovento, la alcabala extendida, los controles sobre hilados, la epidemia de viruela y la escasez alimentaria. Pero fue el vector que dio forma geográfica al conflicto: sin la reorganización del monopolio y la exclusión de Guanentá de las zonas autorizadas, no se explica por qué la insurrección brotó allí y no en otras provincias igualmente afectadas por los nuevos gravámenes. El tabaco fijó el mapa de la revuelta.

El programa ilustrado: Nariño, Vargas y la crítica criolla

Mientras las plazas del Guanentá ardían, en Santa Fe se articulaba una crítica de otra naturaleza. El 16 de noviembre de 1779 —apenas año y medio después de que Gutiérrez de Piñeres iniciara su gestión, y año y medio antes del estallido comunero— el joven Antonio Nariño presentó al virrey un plan de nueva administración para el virreinato. El documento describía un país cuyo comercio yacía lánguido y cuya población permanecía empobrecida pese a las riquezas naturales, y proponía un programa fiscal que era, punto por punto, la negación del edificio borbónico: supresión de los estancos de tabaco y aguardiente —con la conservación del monopolio de la sal por razones de utilidad común—, eliminación de las alcabalas internas, y sustitución del sistema por un impuesto directo de capitación igual para toda la población, incluida la indígena.

El plan de Nariño era, en 1779, un documento de sorprendente radicalidad. Anticipaba las categorías del liberalismo económico que solo florecerían décadas más tarde y ofrecía, por primera vez desde dentro de la élite criolla, una alternativa fiscal coherente al monopolio. No era una queja: era un proyecto de Estado. El documento existe, está fechado, y permite entender las tendencias políticas que desembocarían en el 20 de julio de 1810 con una precisión que la cronología heroica —empeñada en situar el pensamiento emancipador después de 1808— tardó en asimilar.

Pedro Fermín de Vargas trabajó una línea análoga, y en algunos aspectos más ambiciosa. Nacido en el propio Socorro en 1762, formado en la Universidad del Rosario y funcionario del virreinato antes de romper con la Corona, Vargas conocía por dentro tanto la maquinaria borbónica como la sociedad que ella pretendía administrar. Su Pensamientos políticos sobre la agricultura, el comercio y las minas del Virreinato de Santa Fe —redactado hacia 1789 y luego ampliado en el exilio— es un verdadero estudio de conjunto en sentido moderno: diagnóstico del estado social, análisis de la estructura agraria, propuestas sobre transportes, educación, tecnología agrícola y libertad de comercio. Vargas denunciaba el estanco no solo como injusticia fiscal sino como freno técnico: al confinar el cultivo a cuatro zonas, la Corona impedía la mejora de las variedades, la especialización regional y la incorporación de nuevos mercados. Su prosa mezclaba las categorías de la economía política ilustrada —fisiócratas franceses, Adam Smith leído a través de traductores españoles— con observaciones concretas de un funcionario que había recorrido caminos y factorías. Fugado del virreinato en 1791, pasó el resto de su vida en Londres y otros exilios, conspirando con Miranda y afinando un programa que la Nueva Granada solo empezaría a discutir después de 1810.

Nariño y Vargas encarnaban una crítica ilustrada criolla que se distinguía tanto de la queja plebeya de Guanentá como del acomodamiento notarial de la mayoría de la élite santafereña. Convertían el malestar en programa. El estanco del tabaco, para ellos, no era solo una injusticia contra los cultivadores del Socorro: era el ejemplo más nítido de una economía sometida a trabas artificiales, incapaz de aprovechar sus dotaciones naturales.

Este cruce entre insurrección popular y crítica ilustrada define el momento pre-independentista de la Nueva Granada. Los comuneros no tenían programa: tenían pliego. Los ilustrados criollos no tenían base social propia: tenían diagnóstico y proyecto. Ninguno de los dos, por separado, alcanzó a producir la independencia. Pero la memoria de las capitulaciones violadas y la circulación creciente de las críticas al monopolio prepararon, durante tres décadas, el terreno sobre el que caminarían las juntas de 1810.

La República que hereda el estanco

Consolidada la independencia hacia 1819, los nuevos gobernantes se encontraron con una paradoja incómoda. El estanco del tabaco había sido, durante décadas, símbolo por excelencia de la opresión colonial y objetivo declarado del ideario ilustrado. Y, sin embargo, era una de las pocas fuentes de ingresos que la República no podía darse el lujo de perder. En los primeros años, las juntas de gobierno eliminaron algunas rentas coloniales —el tributo de indios, el impuesto a los mazamorreros, el monopolio del aguardiente—, generando faltantes cuantiosos. El tabaco se conservó.

La divergencia con la vecina Venezuela fue nítida. La legislatura venezolana de 1834 suprimió el estanco del tabaco en consonancia con el espíritu liberal. La Nueva Granada tomó el camino contrario: mantuvo el monopolio bajo administración directa del gobierno. Dos años más tarde, en su mensaje a la legislatura granadina de 1836, el presidente Francisco de Paula Santander encareció explícitamente no suprimir el estanco. El argumento fue estrictamente fiscal: los gastos de la nación lo hacían indispensable, y no era practicable sustituirlo por otras contribuciones de rendimientos equivalentes. El general que había combatido al régimen español defendía ahora, con los mismos argumentos que un virrey borbónico, una de sus instituciones más características.

En los ministerios de Hacienda del período republicano temprano se repetía el mismo diagnóstico. Un secretario de la cartera, en memoria sobre el problema del estanco, reconoció la atonía productiva que el monopolio imponía a la renta pero se declaró contrario a suprimirlo: los impuestos alternativos, argumentó, serían poco productivos y acaso más gravosos que el existente. La lógica de la dependencia fiscal borbónica sobrevivió al cambio de régimen porque la ecuación estructural no había cambiado: un Estado pobre necesitaba una renta segura, y el tabaco la ofrecía.

Los perdedores eran los mismos de siempre. Los pequeños agricultores tabacaleros de Santander —herederos directos de los cultivadores excluidos por Gutiérrez de Piñeres— abogaban activamente por la supresión, porque el monopolio les impedía expandir su producción. La estructura administrativa borbónica seguía en pie, con sus factorías, sus guardas, sus zonas autorizadas. Solo había cambiado la bandera bajo la cual operaba.

La abolición de 1850 y el boom de Ambalema

La supresión llegó a mediados del siglo XIX, durante el gobierno de José Hilario López, en el marco de las reformas liberales coordinadas por el secretario de Hacienda Manuel Murillo Toro. El estanco cayó, junto con otros gravámenes coloniales, en una operación de desmonte del edificio fiscal heredado. La medida produjo una drástica disminución de los ingresos estatales, agravada por la simultánea cesión de rentas a las provincias mediante las leyes de descentralización fiscal de 1850 y 1851. El precio de la libertad económica, pagado en caja pública, fue alto.

Pero esta vez el sacrificio tenía sentido. Lo que hizo posible la abolición en 1850, y no antes, fue la aparición de un mercado externo capaz de sustituir la renta monopolista por una renta exportadora. Los descubrimientos auríferos de California y Australia habían iniciado el declive del oro como principal producto de exportación colombiano, y la clase comerciante buscaba con urgencia nuevas fuentes de divisas. El tabaco de Ambalema —la misma zona que Gutiérrez de Piñeres había fijado como una de las cuatro autorizadas setenta años antes— apareció como la respuesta.

Antes de la abolición, la producción total de las tres factorías principales —Ambalema, Girón y Palmira— no superaba los 35.000 quintales, destinados exclusivamente al consumo interior. Suprimido el estanco, capitales privados antioqueños tomaron el control del sector, especialmente a través de compañías como Montoya y Sáenz, y reactivaron Ambalema como distrito exportador. El tabaco colombiano empezó a viajar por el Magdalena hacia Cartagena, y desde allí a Londres primero y a Bremen después, donde se redistribuía a los consumidores europeos. El ciclo se extendió entre 1846 y 1857 en su fase de despegue, y como boom pleno hasta aproximadamente 1875. Durante ese cuarto de siglo, el tabaco fue una de las exportaciones más prometedoras de Colombia y contribuyó decisivamente a consolidar la navegación a vapor por el Magdalena, al proveer carga en el trayecto de bajada que antes se hacía casi vacío.

La infraestructura administrativa borbónica —el mapa de las cuatro zonas, las factorías, los circuitos de comercialización— no fue destruida por la independencia ni por la abolición: fue heredada, adaptada y puesta al servicio de la exportación. Ambalema exportadora nació sobre el molde de Ambalema estancada. El Estado borbónico, sin proponérselo, había cartografiado el sector que la República liberal comercializaría al mundo.

El auge no duró. Hacia 1870 el tabaco colombiano ya era considerado "de tercera" en Bremen. La caída de calidad tenía raíces técnicas y socioeconómicas: prácticas fraudulentas como la sustitución nocturna de tabaco de calidad por "carola" en los atados —para que los comisionados no encontraran merma en peso al día siguiente— apuntaban a las tensiones entre terratenientes y aparceros que caracterizaban el modelo productivo. Durante la depresión, los propietarios intentaron descargar las pérdidas sobre sus aparceros e impedirles la libertad de venta; los cosecheros respondieron mediante el contrabando, sacando el tabaco de noche para venderlo al otro lado del río, donde contrabandistas conocidos como "cheseros" disponían de caneyes para comprarlo y secarlo. El colapso de precios de 1875 acabó con la industria de exportación. La aventura tabacalera colombiana duró, en su fase alta, apenas una generación.

Geografías y memorias

El estanco dejó huella en los mapas económicos regionales del país, y esa huella sobrevivió al monopolio que la había trazado. Santander conservó la impronta de los cultivadores independientes de tabaco y café, con artesanas tejedoras, una especialización mayor entre agricultura y artesanía, y una densidad urbana reactivada desde finales del siglo XVIII sobre la cordillera oriental. La región que Gutiérrez de Piñeres había excluido de las zonas autorizadas terminó configurando, precisamente por esa exclusión, un modelo productivo distinto: pequeño propietario, artesanía doméstica, mercados locales densos, ausencia relativa de latifundio. La geografía social que hizo posible la Revolución Comunera no fue coyuntural: fue una estructura que se prolongó en el siglo siguiente y modeló la política santandereana hasta bien entrado el siglo XX.

Tolima, en cambio, se estructuró en torno a las haciendas ganaderas y las explotaciones tabacaleras de Ambalema, significativas hasta mediados de la década de 1870. La lógica productiva era la inversa a la santandereana: grandes propiedades, mano de obra aparcera, dependencia de mercados externos y de capitales antioqueños. Cuando el boom se desplomó en 1875, la región quedó sin la base campesina densa que en Santander había amortiguado las crisis. Los aparceros de Ambalema, sin tierra propia y sin ahorro acumulado, quedaron a merced de terratenientes que a su vez enfrentaban la caída de precios internacionales. La factoría borbónica había fundado una economía que la exportación republicana amplificó y que el colapso de precios dejó desnuda.

En las sabanas de Bolívar, el alto Sinú y el San Jorge, la libre exportación del tabaco y de productos selváticos se articuló con una tendencia hacia el jornaleo —remunerado o endeudado— que descompuso formas comunitarias de tenencia de la tierra y valores tradicionales del campesinado. La liberalización del comercio actuó allí como agente disolvente: donde el estanco había cerrado producción, la libertad exportadora abrió trabajo asalariado precario. El monopolio primero, y su abolición después, esculpieron economías regionales que llegarían muy adentrado el siglo XX con perfiles reconocibles todavía hoy en el mapa productivo colombiano.

En la memoria política, el estanco quedó asociado a dos episodios contradictorios que la historiografía colombiana no siempre supo integrar. Por un lado, la Revolución Comunera de 1781, con su gesta plebeya, sus capitulaciones traicionadas y el cuerpo ejecutado de José Antonio Galán como emblema republicano temprano de resistencia contra el monopolio. Galán entró en el panteón de los mártires precursores, y las Capitulaciones de Zipaquirá se leyeron durante el siglo XIX como un pliego proto-independentista, aunque su letra no reclamaba la separación de España sino la reversión de las medidas borbónicas.

Por otro lado, la persistencia del estanco bajo la República durante casi cuatro décadas, defendido por Santander y por sucesivos secretarios de Hacienda con los mismos argumentos fiscales que habían usado los virreyes. Colombia heredó el monopolio como heredó tantas otras instituciones coloniales: no por lealtad ideológica, sino porque el Estado independiente carecía de recursos para hacer otra cosa. Los mismos hombres que celebraban a Galán como precursor firmaban ordenanzas que un cultivador de Charalá habría reconocido, sin dificultad, como continuación del edificio contra el que sus abuelos se habían alzado.

La abolición de 1850, cuando finalmente llegó, no resolvió la contradicción de fondo entre las necesidades fiscales del Estado y la libertad productiva de los cultivadores. Solo la desplazó. La renta que el estanco proveía se sustituyó por la ilusión de una renta exportadora que, al colapsar en 1875, dejó al fisco colombiano de nuevo huérfano y a los aparceros de Ambalema de nuevo desprotegidos frente a los terratenientes. La aventura tabacalera fue un paréntesis luminoso entre dos formas de precariedad, y el país tardaría décadas en encontrar en el café la renta exportadora estable que ni el estanco ni el tabaco exportado supieron proveer.

El monopolio borbónico logró triplicar la carga tributaria del virreinato en unas décadas y financió la maquinaria estatal con una eficacia que ningún régimen posterior alcanzó de inmediato. Pero esa eficacia se pagó al contado en 1781 y en cuotas durante décadas: la insurrección comunera, la crítica ilustrada de Nariño y Vargas, el desprestigio del orden colonial ante las élites criollas y la generación de un imaginario de agravio que Miranda supo capitalizar ante las cortes europeas. La hoja seca prensada en atado, que había financiado guarniciones y sueldos, financió también —sin proponérselo— la primera imaginación política de un país distinto.