Alto Sinú

Un territorio encajonado

El río Sinú nace en el cerro de León, a 3.200 metros de altitud, en las estribaciones del cerro de Paramillo. En su tramo alto, antes de llegar a la Cerrazón de Urrá —el estrecho geológico que separa la montaña de la llanura—, discurre entre dos cordilleras: la serranía de Abibe al occidente y la de San Jerónimo al oriente, ambas ramificaciones del mismo nudo. Dentro de esa hoya se forman los dos grandes afluentes del alto Sinú, el río Verde y el río Esmeralda, que se le unen antes del angostamiento de Urrá. El resultado es una cuenca cerrada, húmeda y montuosa, con vocación de mundo aparte.

El Nudo de Paramillo, donde este relieve alcanza su punto culminante, es más que un accidente altimétrico. De él se desprenden el Sinú y el San Jorge, cuyos suelos aluviales generan uno de los geoecosistemas más fértiles del Caribe colombiano. Funciona también como una estrella de corredores fluviales y terrestres que conecta Antioquia, Córdoba, Chocó y Bolívar. En su interior no existen vías internas formales por las cuales el Estado pueda transitar con presencia continua. Esa doble condición —fertilidad aguas abajo, aislamiento y conectividad clandestina aguas arriba— estructuró, desde antes de la Colonia, las posibilidades de quien quisiera controlar la región. Quien dominara el nudo dominaría los flujos.

Esa misma topología encerrada entre Abibe y San Jerónimo fue identificada muy temprano como óptima para levantar una gran represa en el sitio de Urrá, con la salvedad —anotada por los mismos técnicos— de que había condicionantes económicos y ecológicos que atender. La historia posterior demostraría cuán livianamente se dijo esa salvedad. La cabecera del Sinú funcionaba como despensa hidrológica del Caribe y, al tiempo, como frontera interior de un país que apenas la nombraba en sus mapas de gestión: un territorio del que dependía la fertilidad de la llanura sinuana sin que sus propias condiciones internas —caminos, escuelas, presencia administrativa— hubieran sido nunca prioridad.

Antes de los conquistadores: el mundo zenú

A comienzos del siglo XVI, cuando los españoles llegaron a esta parte del Caribe, encontraron la región de los ríos Sinú y San Jorge organizada en tres cacicazgos: Fincenú, en el valle del Sinú, con centro en los alrededores de la Laguna de Betancí; Pancenú, en la hoya del río San Jorge; y Cenúfana, en la zona del bajo Cauca y el Nechí. El Alto Sinú era, así, la cabecera de un mundo mucho más vasto y articulado de lo que sugiere hoy su condición de periferia.

Los zenúes desarrollaron uno de los sistemas hidráulicos prehispánicos más notables del continente. Extraían limos del fondo de las ciénagas y los acumulaban en diques alargados —los camellones— sobre los cuales levantaban viviendas, cultivos de yuca y frutales, y estanques donde criaban pescado. En la cuenca media y baja del San Jorge, entonces llamado Jegú, esos camellones convivían con canales que combinaban drenaje, riego y piscicultura. Con el tiempo esas obras se hundieron. El resultado fue la desaparición gradual de un paisaje construido durante siglos y la pérdida de la infraestructura agrícola que había sostenido a una población densa en tierras que, sin esa gestión del agua, oscilan entre la inundación estacional y la sequía.

La orfebrería fue otra de las marcas del mundo zenú. Los orfebres mezclaban oro con plata —lo anotó el cronista Fernández de Enciso— y producían filigranas, anillos para la nariz, collares y efigies rituales cuya función era simbólica y religiosa, no monetaria. Los textiles y las redes de pesca reproducían patrones geométricos que parecen dialogar con el paisaje natural. La sociedad zenú tenía rangos bien definidos, visibles en la diferenciación de los entierros, aunque la estructura política capaz de organizar y sostener las obras hidráulicas resulta más difícil de leer en el registro material.

Se ha calculado, a partir de argumentos económicos, ecológicos y geográficos —incluida la presión demográfica que suponen los sistemas de riego—, que la población zenú pudo acercarse al millón de habitantes antes de la conquista. Cuando Pedro de Heredia entró a la región en 1534, ese mundo ya estaba en retroceso: los indios hablaban de epidemias recientes, seguramente propagadas por contactos indirectos antes del arribo directo de los españoles. La conquista, en el Sinú como en casi toda América, llegó a un territorio ya diezmado.

Pese al colapso demográfico, comunidades descendientes de los zenúes sobrevivieron y siguen registradas hoy. Su presencia perduró en aldeas y resguardos que la administración colonial y republicana fue registrando de manera intermitente, y desde allí se abrieron las líneas de continuidad con el mundo campesino e indígena que encontrarían, siglos después, los primeros cronistas europeos que remontaron el río.

La frontera antioqueña y la formación de la hacienda

En el siglo XIX el francés Luis Striffler, residente en la región, dejó constancia de que Montería y el pueblo indígena de Cereté eran considerados el último poblado "civilizado" antes de entrar al territorio emberá del Alto Sinú: la línea entre la llanura mestiza y la montaña indígena atravesaba, ya entonces, este mismo paisaje. Aquel deslinde no era solo etnográfico. Era también fiscal, sanitario y militar: hasta ahí llegaban los caminos reales, las boticas, la jurisdicción efectiva de la parroquia y de la alcaldía. Lo que empezaba río arriba era otra cosa, y a esa otra cosa acudirían, en los cien años siguientes, madereros, cazadores de caucho, prospectores de oro y hacendados con sus cuadrillas.

Entre finales del siglo XIX y buena parte del XX, el actual departamento de Córdoba recibió un flujo persistente de colonizadores antioqueños y costeños, acompañado por la incursión de compañías extranjeras interesadas en bosques, maderas finas y extracción de oro. El Alto Sinú, con su selva húmeda y su ribera fértil, fue una de las fronteras naturales de esa expansión.

Un hito habitualmente citado es la compra en 1913, por la familia Ospina de origen antioqueño, de la hacienda Marta Magdalena a antiguos propietarios franceses. Con ella, y hacia 1920 con otras propiedades como Santa Helena y Cañaflecha, se instaló en el Alto Sinú un tipo de hacendado forjado en la minería y el comercio antioqueños, que trastocó las relaciones sociales tradicionales y abrió caminos de modernización en la estructura agraria. Tucurá, Tierralta, Juan José, Montelíbano y Uré se convirtieron en sitios fronterizos donde se encontraban —y chocaban— terratenientes antioqueños, colonos antioqueños, sinuanos y sabaneros que llegaron casi al mismo tiempo. Esa geopolítica de colonización se leyó, en clave regional, como una progresiva "antioqueñización" del Sinú que habría culminado con la secesión de Córdoba de Bolívar y la creación del nuevo departamento en 1951.

El costo social de esa expansión hacendataria fue alto. En el Alto Sinú y en el San Jorge se documentaron masacres campesinas perpetradas por pájaros a sueldo de propietarios generalmente conservadores —los apellidos Parra, Atencia y Marchena aparecen recurrentemente en los registros— con el objetivo de ampliar haciendas como Chimborazo, Venecia, La Esmeralda, Guadalajara y La Florida. La violencia bipartidista se anudó con la usurpación de tierras y produjo una capa nueva de agravios sobre un terreno donde el reparto nunca había sido claro. Muchos campesinos que huían de la Violencia liberal-conservadora encontraron en el Alto Sinú refugio y tierra para colonizar; algunos de ellos alimentaron, desde finales de los años cincuenta, un reducto guerrillero liberal dirigido por Julio Guerra que se negó a desmovilizarse en la pacificación general.

La frontera funcionó, así, en dos direcciones simultáneas. Hacia adentro absorbía colonos, guerrilleros liberales sin amnistía, familias desplazadas de otros departamentos; hacia afuera exportaba madera, ganado en pie y oro aluvial. Los pueblos ribereños del Sinú —Frasquillo, Crucito, Saiza, Batatas— se poblaron con esa mezcla, mientras el título de la tierra permanecía casi siempre en manos de las haciendas grandes. La disputa por la propiedad, más que por el uso, definió el fondo agrario sobre el que se montarían las guerras siguientes.

El EPL y el Nudo como retaguardia insurgente

Cuando el Ejército Popular de Liberación hizo presencia en la región sinuana a partir de 1965 —consolidándose formalmente en Córdoba desde 1967—, la cuenca del Alto Sinú estaba ya cargada de conflictos agrarios: masacres campesinas, usurpaciones de hacendados, colonos sin títulos, un antiguo reducto guerrillero liberal todavía activo. La aparición del EPL no fue el resultado de una decisión abstracta, sino la consecuencia de esa acumulación.

En diciembre de 1967, la hoya hidrográfica de los ríos Sinú, Manso y Tucurá fue declarada por el EPL zona de guerra. El Nudo de Paramillo se convirtió, desde entonces, en el centro de despliegue de sus operaciones político-militares. Esto instaló al EPL como el grupo guerrillero con presencia más temprana y consolidada en Córdoba, aunque entre los años sesenta y setenta también aparecieron las FARC. La selva cerrada, los corredores fluviales, la ausencia de vías estatales: la misma topología que había amparado a la guerrilla liberal amparó ahora al proyecto maoísta del EPL. Con el paso de los años, el ELN y las FARC-EP extendieron su presencia hacia el Bajo Cauca, el norte, Nordeste y occidente antioqueños, el sur de Bolívar y el sur de Córdoba, dibujando un continuo de retaguardias que superaba con creces los límites subregionales.

Del lado de las comunidades campesinas e indígenas del Alto Sinú, la presencia del EPL trajo desplazamientos masivos hacia los cascos urbanos de Tucurá y Tierralta. El pueblo que había sido refugio de la Violencia se convertía, dos décadas después, en trampa de una nueva guerra. Las veredas más altas —las que rozan el Nudo, las que miran hacia Ituango o hacia el San Jorge— quedaron atrapadas entre los cobros de los frentes guerrilleros, las incursiones del Ejército y una economía cada vez más dependiente del monte: caza, pesca, cultivos precarios en claros abiertos a machete, y desde los ochenta el asomo, primero tímido y luego decidido, de la hoja de coca.

Los Castaño y el paramilitarismo del sur de Córdoba

Sobre ese cuadro se montó, desde finales de los ochenta, la Casa Castaño. Fidel Castaño Gil dirigió inicialmente los grupos paramilitares que emergieron entre Córdoba, Sucre y Bolívar como respuesta armada a la presencia guerrillera, en una región marcada por el conflicto histórico entre campesinos sin tierra y grandes ganaderos. En apenas dos meses al comenzar 1988, coincidiendo con elecciones locales, fuerzas paramilitares cordobesas, samarias y de Puerto Boyacá cometieron al menos siete masacres en Urabá y Córdoba contra la izquierda que había brotado en esos pueblos.

En 1990 Fidel Castaño se sometió a la justicia junto con trescientos de sus hombres y entregó varias haciendas, lo que produjo una disminución transitoria de la violencia paramilitar en el sur de Córdoba. Ese episodio, hoy medio olvidado, indica algo: el paramilitarismo no era una fatalidad geográfica, era un proyecto político con márgenes de negociación. Que la violencia recrudeciera después no obedeció al terreno, sino a decisiones.

Aprovechando el conflicto entre las FARC y el EPL en Urabá, la Casa Castaño se posicionó como actor central en el noroccidente colombiano, incorporó a algunos desmovilizados del EPL —los llamados Comandos Populares— a su proyecto contrainsurgente y consolidó control sobre territorios antes considerados guerrilleros. La guerra de las FARC contra esos Comandos Populares, en Urabá y en el sur de Córdoba, produjo asesinatos y masacres de civiles, muchos de ellos campesinos atrapados entre lealtades que nunca habían escogido.

A mediados de los años noventa los hermanos Castaño conformaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con apoyo de élites económicas y políticas de la zona. Las ACCU fueron el preámbulo directo de las Autodefensas Unidas de Colombia y marcaron la transición entre la primera y la segunda generación paramilitar. A principios de 1997, Vicente Castaño citó en el Alto Sinú a líderes y comandantes de grupos que operaban en el Bajo Cauca a una reunión donde se les informó que quedaban integrados a las ACCU y se delimitaron los territorios de cada estructura. La región no era ya solo retaguardia: era capital del proyecto.

El Nudo de Paramillo fue estratégico para los paramilitares por las mismas razones por las que lo había sido para el EPL: la estrella de corredores fluviales y terrestres, la ausencia de vías internas formales, la conexión con cuatro departamentos, la posibilidad de controlar economías ilegales sin tropezar con presencia estatal. Un excomandante de las AUC describió esas ventajas con la naturalidad de quien las había usado durante años. En los mismos caseríos donde antes cobraban las guerrillas, ahora cobraban las autodefensas; en los mismos ríos por los que bajaba la madera bajaban, ahora, cargamentos de otra naturaleza.

Urrá: la represa que partió el río

En 1993 comenzaron las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I, construida por el consorcio sueco-colombiano SKANSKA-CONCIVILES sobre el sitio identificado décadas antes como óptimo, en la parte del río encajonada entre Abibe y San Jerónimo. La represa fue inaugurada el 1 de julio de 2000. Inundó 7.400 hectáreas, alcanzó una altura de presa de 73 metros y quedó con una capacidad instalada de 340 megavatios.

Los números del proyecto contaron una historia paralela a la de la obra. El costo real ascendió a US$800 millones, muy por encima de los US$600 millones previstos al inicio; el costo por kilovatio instalado, US$2.350, se ubicó bastante arriba del rango eficiente, que iba de US$1.100 a 1.350. La financiación fue mixta, con el Estado aportando el 52% y el resto proveniente del sector privado, bajo la figura de la Empresa Multipropósito Urrá S.A. ESP. La represa terminó costando más y produciendo menos energía por peso invertido de lo que su propio expediente técnico había prometido.

El impacto ambiental y cultural del embalse fue mayor que su rendimiento económico. La cuenca alta del Sinú es hábitat de especies migratorias que necesitan aguas corrientes para reproducirse, entre ellas el bocachico y la dorada, esta última endémica de la cuenca. Cuando la dorada remonta al alto Sinú prefiere los tramos torrentosos, en cardúmenes que suben cerca de la superficie. La represa, sumada a la pesca indiscriminada, contribuyó a la pérdida de desoves aguas arriba y a la reducción del potencial reproductivo de esas especies. Las autoridades pesqueras reaccionaron con medidas de contención: en diciembre de 1999 el INPA declaró área de reserva el tramo entre el sitio de presa y Pasacaballos, doce kilómetros aguas abajo, prohibiendo allí toda actividad pesquera; en septiembre de 2002 se sumaron nuevas medidas de ordenamiento. Ninguna de esas normas podía, sin embargo, restituir los ciclos migratorios de un río que había dejado de fluir libremente en su tramo alto. La subienda —el momento anual en que los peces remontan el Sinú para desovar y del que dependían pescadores de todo el bajo Sinú, desde Lorica hasta la desembocadura— dejó de ser lo que había sido durante generaciones.

Los emberá-katío frente al embalse

El impacto humano recayó sobre todo en el pueblo emberá-katío del Alto Sinú, cuya presencia en la región venía siendo reconocida al menos desde el siglo XIX, cuando Striffler ya la señalaba, y cuya cosmovisión entiende el territorio no como bien económico sino como parte de un equilibrio simbólico y ecológico integrado a los ecosistemas del río.

Desde 1993 los emberá-katío desplegaron una estrategia de resistencia legal e internacional. Interpusieron demandas, tutelas y solicitudes de audiencias públicas para detener Urrá; no consiguieron parar la construcción, pero el 23 de abril de 2000 obtuvieron dos victorias parciales: la inclusión de nuevos territorios en su resguardo y la suspensión del proyecto Urrá II, la segunda fase de la iniciativa hidroeléctrica. La resistencia se apoyó en redes internacionales —Global Response, Amnistía Internacional, Survival International— que convirtieron el caso emberá en referencia global de la denuncia ambiental y de derechos humanos indígenas.

La derrota, con todo, fue estructural. La indemnización impuesta por el Estado se otorgó por familias y no por comunidades, desconociendo el sistema cultural y organizacional colectivo del pueblo emberá-katío. Ese diseño técnico —presentado como neutro— fracturó la cohesión política interna, individualizó lo que era comunitario y arriesga a la postre la propia continuidad cultural: las nuevas generaciones desconocen ya los sistemas de propiedad y producción colectivos. El artículo 76 de la Ley 99 de 1993, que establece protecciones a la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas frente a la explotación de recursos naturales, quedó en la práctica incumplido. Tanto por vía ejecutiva como judicial, el Estado avaló el desconocimiento de los derechos territoriales colectivos y sustituyó la garantía de integridad territorial por un resarcimiento monetario individualizado.

A esa violencia institucional se sumó la de los grupos paramilitares. El Tribunal Superior de Medellín estableció en sentencia de 2014 que los pueblos emberá-katío y zenú fueron convertidos en blancos específicos de ataque en las riberas del Sinú y el San Jorge por parte de estructuras armadas ilegales, entre ellas el bloque paramilitar con frentes en el Alto San Jorge, el Sinú y Sanidad. En ese contexto de violencia dirigida, los líderes de la resistencia al embalse quedaron especialmente expuestos. Kimy Pernía Domicó, cabecilla de la lucha emberá-katío contra Urrá y una de las figuras indígenas más visibles de Colombia en los años noventa, encarnó ese cruce trágico entre la resistencia legal contra el megaproyecto y la persecución paramilitar sobre los pueblos indígenas del Alto Sinú. Había recorrido las cortes nacionales, las oficinas de la ministra del Ambiente, los foros internacionales; había hablado ante el Parlamento Europeo. El 2 de junio de 2001 fue desaparecido en Tierralta. Años después, en versiones ante Justicia y Paz, alias Mancuso reconoció la responsabilidad de las AUC en su asesinato y en la ocultación de su cuerpo. Kimy quedó, en el relato emberá, como el nombre que condensa lo que la ley no protegió y las armas cobraron: la resistencia culminada en desaparición.

Santafé de Ralito: la sede de la desmovilización

A comienzos de los años dos mil, el Alto Sinú se convirtió en escenario del ejercicio político más ambicioso —y controvertido— del paramilitarismo colombiano: la negociación de su desmovilización con el Estado. La sede fue Santafé de Ralito, un corregimiento del municipio de Tierralta convertido oficialmente en zona de diálogo. El gobierno estableció allí una zona de 368 kilómetros cuadrados destinada a reubicar a los paramilitares desmovilizados y a albergar las conversaciones formales, que comenzaron en mayo de 2004. Una misión de la Organización de Estados Americanos fue designada para verificar el proceso.

Entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005 se desmovilizaron más de veinte grupos de las AUC, con más de 13.000 combatientes, además de cerca de 1.000 miembros del Bloque Cacique Nutibara que se habían desmovilizado antes, en noviembre de 2003. Los principales cabecillas paramilitares —entre ellos Salvatore Mancuso y Carlos Castaño Gil, hasta su muerte en 2004— se concentraron en Ralito. Algunos habrían continuado dirigiendo tropas desde la retaguardia, mientras se entregaban como combatientes personas ajenas a los grupos armados —delincuentes, vagabundos, desempleados— reclutadas a cambio de dinero, y se rendían armas viejas o inservibles.

A esas denuncias se sumaron cuestionamientos más profundos: las AUC eran responsables de aproximadamente el 70% de las violaciones de derechos humanos en Colombia y estaban ampliamente vinculadas al narcotráfico. La combinación de impunidad e intereses ilegales convirtió el proceso en objeto de rechazo nacional e internacional. Algunos episodios exhibieron la fragilidad del esquema: el comandante Chepe Barrera, jefe de las Autodefensas del Sur del Magdalena, se resistió a la concentración en Ralito; en octubre de 2004 el Ejército lo detuvo, pero fue liberado mediante una resolución que lo autorizaba como representante del estado mayor y le permitió volver a su territorio mientras otros jefes seguían concentrados en el corregimiento cordobés.

Que Santafé de Ralito fuera el sitio escogido no es incidental: refleja el reconocimiento estatal de la hegemonía paramilitar sobre el sur de Córdoba como un hecho político con el que había que dialogar. La misma región que había sido retaguardia del EPL era ahora escenario diplomático de las autodefensas. Los mismos ríos, los mismos caseríos, los mismos caminos de trocha ahora servían al montaje logístico de una zona de despeje inversa, en la que quienes se concentraban no eran una guerrilla que aspiraba al poder sino un ejército contrainsurgente que ya lo había ejercido de facto sobre buena parte del Caribe rural.

La posdesmovilización y la disputa continuada

La desmovilización no cerró el ciclo. Tras la salida de las AUC, las FARC iniciaron un proceso de recuperación de territorios que antes habían controlado los paramilitares en Córdoba y sus zonas aledañas. En noviembre de 2006 atacaron a la fuerza pública en Tierradentro, corregimiento de Montelíbano, con 400 guerrilleros, dejando 18 policías muertos: el mensaje de que el vacío se disputaba con armas fue inequívoco.

Simultáneamente aparecieron nuevas estructuras armadas —las llamadas bandas criminales posdesmovilización— que continuaron generando victimización en múltiples territorios. Su presencia se sintió incluso en zonas distantes como el archipiélago de San Andrés, donde su llegada coincidió con picos históricos de homicidios en 2010 y 2011. En el sur de Córdoba, entre 2012 y 2014, la disminución de los cultivos de coca coincidió con mayores confrontaciones armadas entre grupos ilegales y la fuerza pública: el alza del precio del oro hizo más rentable la minería frente a la coca, reorientando los circuitos de guerra sin apagarlos. El Nudo de Paramillo, el embalse de Urrá y los ríos Sinú y San Jorge quedaron identificados como territorios estratégicos cuyo control seguía motivando dinámicas militares, económicas y políticas de los actores armados.

La huella humanitaria de todas esas capas es acumulativa. El desplazamiento forzado vació parcialmente veredas y corregimientos, empujó a comunidades campesinas e indígenas hacia los cascos urbanos de Tucurá y Tierralta, y engrosó las periferias de ciudades más lejanas donde las víctimas llegaron con necesidades básicas insatisfechas y expuestas a nuevos hechos victimizantes. El paramilitarismo vació territorios en amplias regiones del Caribe —Urabá, Montes de María, Cesar, Magdalena— y el sur de Córdoba, aunque no siempre nombrado en esa lista, participó de la misma lógica.

Cabecera de deudas

El Alto Sinú muestra cómo la historia de Colombia se escribe por acumulación más que por sustitución. Sobre la cuenca donde los zenúes elevaron camellones y esculpieron filigranas se implantó la hacienda antioqueña; sobre la hacienda, la colonización de campesinos que huían de la Violencia; sobre esa frontera, el reducto guerrillero liberal, luego el EPL, luego las FARC; sobre las guerrillas, la Casa Castaño y las ACCU convertidas en AUC; sobre las AUC, la mesa de negociación en Ralito y las estructuras armadas posdesmovilización; y todo ello atravesado, desde 1993, por la construcción del embalse que partió el río en dos.

Nada de esto obedeció a un destino topográfico. La geografía —el nudo, las serranías, los corredores sin caminos oficiales— ofreció las condiciones; las decisiones políticas escogieron qué hacer con ellas. Indemnizar por familias y no por comunidades a los emberá-katío fue una decisión. Permitir a Fidel Castaño someterse en 1990 con trescientos hombres, sin exigir la desarticulación estructural del proyecto paramilitar, fue otra. Convertir Santafé de Ralito en zona de diálogo antes de esclarecer las responsabilidades por el 70% de las violaciones de derechos humanos del país, otra más. Cada una de esas decisiones dejó su registro en el territorio: en un río sin subienda, en un resguardo fragmentado por indemnizaciones individuales, en un corregimiento donde los archivos del proceso de desmovilización conviven con las fosas que la Fiscalía sigue exhumando.

Contra la imagen de un territorio meramente sometido, cada capa generó su propia resistencia: la guerrilla liberal que se negó a desmovilizarse, los campesinos que denunciaron a los pájaros, los emberá-katío que llevaron el caso Urrá a las cortes y a las redes transnacionales, las comunidades que aún reclaman verdad ante la Comisión y los tribunales. El río partido en Urrá aguarda una restauración ecológica que no se ha emprendido; el resguardo emberá-katío exige el cumplimiento efectivo de decisiones judiciales que llevan más de veinte años; las familias desplazadas de Saiza, Batatas, Crucito y Frasquillo esperan retornos que no se completan. Cabecera del Sinú, cabecera también de deudas.