Resistencia embera-katío contra Urrá y desaparición de Kimy Pernía Domicó

Resistencia indígena al despojo: Kimy Pernía Domicó y la lucha embera-katío contra Urrá (1993–2001)

Entre 1993 y 2001, el pueblo embera-katío del alto Sinú libró contra la hidroeléctrica de Urrá I una de las primeras batallas jurídicas y territoriales por la consulta previa en Colombia. La disputa enfrentó a una comunidad indígena de las serranías de Abibe y San Jerónimo con un consorcio sueco-colombiano, la Empresa Multipropósito Urrá S.A. ESP y el Estado colombiano, en un territorio donde el nudo de Paramillo funcionaba a la vez como reserva natural, corredor estratégico y retaguardia paramilitar. En junio de 2001, uno de sus principales líderes, Kimy Pernía Domicó, fue desaparecido forzadamente por las Autodefensas Unidas de Colombia. El caso muestra cómo la consulta previa nació capturada en Colombia: reconocida por la Ley 99 de 1993 mientras las obras ya avanzaban, vaciada por vía judicial mediante indemnizaciones individuales, y cerrada por la violencia paramilitar coordinada con inteligencia militar.

El alto Sinú antes de la represa

La hoya del alto Sinú se extiende entre las estribaciones del cerro de Paramillo, cerrada por las serranías de Abibe al occidente y San Jerónimo al oriente. El río nace en el cerro de León, a 3.200 metros de altitud, y recibe aguas arriba a sus dos afluentes mayores, el río Verde y el río Esmeralda, que se le unen antes de la Cerrazón de Urrá. Ese estrechamiento entre montañas —donde el cauce se comprime antes de abrirse hacia el valle— marca el límite del alto Sinú montañoso y ofrece, en términos hidráulicos, condiciones óptimas para levantar una gran represa. Fue allí donde se construyeron las obras.

El territorio pertenece a los embera-katío desde tiempos anteriores al registro escrito. El viajero francés Luis Striffler, que remontó el Sinú en el siglo XIX y dejó su testimonio en El Alto Sinú, describió a Montería como el "último pueblo civilizado" antes de entrar en tierras embera: la frontera cultural coincidía, ya entonces, con el ingreso a las selvas montañosas donde el río se vuelve torrentoso. Los embera-katío comparten con otros pueblos de la costa Pacífica y del Darién —kuna, noanamaes— elementos de una cosmovisión común, entre ellos la talla de figuras de madera que representan espíritus. Para ellos, la relación con la tierra excede el orden económico: naturaleza y cultura forman una unidad, y atentar contra una es atentar contra la otra.

Del nudo de Paramillo, en el extremo norte de la cordillera Central, se desprenden dos ríos que definen la geografía cordobesa: el Sinú y el San Jorge. La cuenca así formada es un geoecosistema de productividad excepcional. Especies como el bocachico (Prochilodus magdalenae) y la dorada o charúa (Brycon sinuensis), esta última endémica del Sinú, dependen de migraciones reproductivas que recorren el río desde las llanuras hasta las partes torrentosas del alto Sinú, donde los cardúmenes desovan en las quebradas de aguas frías. La vida pesquera de decenas de miles de familias sinuanas —y la propia dieta embera— reposaba sobre ese ciclo migratorio.

La desembocadura, en el otro extremo del río, era ya inestable antes de la represa: desde 1938, la apertura de la boca de Tinajones había desviado cerca de nueve décimas partes del caudal del Sinú, produciendo transformaciones sedimentarias de fondo. El río, en toda su longitud, era un sistema en tensión.

La licencia, la ley y la trampa de origen

La crisis energética de 1992, provocada por una severa sequía que impuso al país meses de racionamiento, aceleró una reforma estructural del sector eléctrico. La generación, transmisión y distribución se abrieron a la participación privada, y proyectos de largo plazo que llevaban años en carpeta —entre ellos Urrá— encontraron por fin las condiciones políticas y financieras para arrancar. Las obras civiles de Urrá I comenzaron en 1993.

Ese mismo año, el Congreso expidió la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio del Medio Ambiente y organizó el Sistema Nacional Ambiental. Su artículo 76 estableció, con claridad literal, que la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y negras no podría ser afectada por la explotación de recursos naturales sin que las decisiones fueran consultadas previamente a sus representantes. Sobre el papel, Colombia acababa de reconocer un derecho fundamental. Sobre el terreno, la maquinaria del consorcio SKANSKA-CONCIVILES ya movía tierra en la Cerrazón de Urrá.

La ley nació y la represa comenzó a construirse en simultáneo, de modo que el mecanismo de protección llegó tarde por diseño. Cuando los embera-katío empezaron a exigirlo, en 1993, la respuesta institucional no fue detener las obras para consultar: fue avanzar y, más adelante, ofrecer compensaciones.

El proyecto tenía además una fragilidad económica notable. El costo inicial proyectado, 600 millones de dólares, terminó en 800 millones. La capacidad instalada, 340 megavatios, arrojó un costo real por kilovatio instalado de 2.350 dólares, muy por encima del rango de proyectos eficientes en el mundo, situado entre 1.100 y 1.350. La eficiencia territorial fue igualmente pobre: 21,7 hectáreas inundadas por cada megavatio producido, sobre un total de 7.400 hectáreas anegadas por un embalse cuya presa alcanzó 73 metros de altura. La financiación fue mixta —52 % estatal, el resto privado— a través de la Empresa Multipropósito Urrá S.A. ESP, constituida como sociedad anónima de servicios públicos.

En términos técnicos, Urrá I era un mal proyecto: caro, ineficiente y ambientalmente costoso. Sostenerlo requería tanto la captura del mecanismo de consulta como, más tarde, la eliminación de quienes lo impugnaban.

1993–1997: primeras demandas y despliegue del territorio armado

Los embera-katío iniciaron acciones legales contra la construcción de Urrá desde 1993. Interpusieron demandas, tutelas y solicitaron audiencias públicas ante distintas instancias del Estado. La estrategia combinaba el litigio con la deliberación pública: se trataba de forzar al Ministerio del Medio Ambiente, al Gobierno de Ernesto Samper Pizano primero y al de Andrés Pastrana Arango después, a reconocer que la Ley 99 se aplicaba también a un proyecto ya en marcha.

Mientras el litigio avanzaba, el paisaje militar del alto Sinú y sus corredores cambiaba de forma acelerada. Hacia 1994 se conformaron, bajo la iniciativa de los hermanos Castaño —con Fidel Castaño Gil como figura central—, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que en 1996 emprendieron un proyecto de expansión paramilitar de alcance nacional. Ese proyecto abarcaría Urabá, Córdoba, Sucre, Chocó, Magdalena, Antioquia, los Llanos Orientales y el Catatumbo, y constituiría la base estructural de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formalizadas poco después bajo el mando de Carlos Castaño Gil.

El nudo de Paramillo fue decisivo en esa estabilización. La región funcionaba como corredor fluvial y terrestre entre Antioquia, Córdoba, Chocó y Bolívar, y albergaba economías ilegales que financiaban a las estructuras armadas. Un excomandante de las AUC lo formuló con crudeza: en una región sin vías internas, quien controla el territorio controla también la economía. El control paramilitar del alto Sinú no era, por tanto, un accidente: era la condición material de sostenimiento de las ACCU y luego de las AUC.

Las Convivir —cooperativas de vigilancia rural creadas bajo marco legal— fueron utilizadas por las estructuras paramilitares, según el testimonio de Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad, como "bisagra entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal". Carlos Castaño encomendó a Mancuso la creación del Bloque Norte de las AUC, y esa articulación entre lo legal y lo ilegal le facilitó la tarea.

A finales de 1996 e inicios de 1997, miles de habitantes de Córdoba, Urabá y el norte del Chocó sufrieron bombardeos, masacres, desapariciones de líderes comunitarios, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos. En esa oleada actuaron de manera conjunta las Fuerzas Armadas de Colombia y grupos paramilitares.

En 1997, en ese mismo clima, los paramilitares asesinaron al profesor Alberto Alzate Patiño, de la Universidad de Córdoba, por su oposición al proyecto de la represa Urrá I. Fue el primer homicidio directamente asociado a la resistencia contra la obra. La violencia dejaba de ser un contexto general y comenzaba a apuntar, con precisión, a quienes sostenían el litigio.

La sentencia T-652 y la vía indemnizatoria

En 1998, tras años de tutelas y audiencias, la Corte Constitucional profirió una decisión que debió haber sido el punto de inflexión: reconoció los derechos fundamentales de la comunidad embera-katío del alto Sinú y ordenó medidas de protección específicas en relación con el proyecto Urrá. El fallo, sin embargo, no detuvo la represa. Lo que hizo el Estado —a través de la rama ejecutiva y de decisiones judiciales posteriores— fue sustituir la consulta previa, tal como la ordenaba el artículo 76 de la Ley 99, por un resarcimiento monetario de los perjuicios ocasionados.

La forma de la indemnización fue tan importante como su existencia. Se otorgó por familias y no por comunidades. Ese detalle técnico —que podría parecer un asunto de reparto administrativo— desmontó, por dentro, la organización política embera-katío. Los sistemas de propiedad y producción del pueblo embera son colectivos: la tierra, el bosque, el río, las decisiones sobre siembra, caza y pesca pertenecen al conjunto de la comunidad, no a la unidad doméstica. Repartir la reparación en unidades familiares fragmentó la cohesión política, introdujo desigualdades internas y dejó a las nuevas generaciones sin el marco material que sostenía la memoria colectiva. Las alteraciones culturales más graves —pérdida del respeto hacia los mayores, debilitamiento de la medicina tradicional reemplazada por una medicina occidental de deficiente cobertura, abandono del cultivo propio de alimentos básicos— se aceleraron a partir de ese momento.

Simultáneamente, Urrá negoció con la población campesina afectada. Más de 1.100 negocios de compra de tierras fueron celebrados, y aproximadamente 400 familias campesinas solicitaron reubicación en lugar de compensación monetaria, lo que dio lugar a un proceso descrito como "una especie de reforma agraria". Los reasentamientos no evitaron que buena parte de los pobladores originales fueran desplazados por la combinación de la inundación y la presión armada.

La consulta previa, en este primer tiempo, fue neutralizada por vía institucional: el Estado la reconoció formalmente, luego la reemplazó por dinero, y ese dinero llegó fragmentado de modo que erosionaba la capacidad de la comunidad para sostener la resistencia colectiva.

El río partido y el ecosistema roto

Cuando Urrá I comenzó a operar, en julio de 2000, el impacto sobre el río Sinú fue inmediato y estructural. La presa interrumpió por completo la ruta migratoria del bocachico, dejando poblaciones aisladas aguas arriba y aguas abajo del frente de presa. Los desoves de peces reofílicos —los que dependen de corrientes rápidas para reproducirse— se perdieron aguas arriba, con consecuencias inmediatas sobre el potencial reproductivo de la especie.

La dorada o charúa, Brycon sinuensis, endémica de la cuenca y con preferencia por las partes torrentosas del alto Sinú documentada por los estudios de marcaje y recaptura de Otero y colaboradores en 1986, quedó categorizada a nivel nacional como Casi Amenazada (NT). La pérdida de sus áreas de desove y la interrupción de sus rutas migratorias se cuentan entre las amenazas que pesan sobre ella.

Aguas abajo de la presa, las poblaciones naturales de bocachico mostraron empobrecimiento genético y la aparición de linajes exógenos, posiblemente asociados a los programas de repoblamiento. Esos programas, cuando carecen de regulación estricta de la pesca, terminan reduciendo la diversidad genética porque los alevinos liberados provienen de muy pocos parentales. En el embalse, en cambio, los repoblamientos combinados con manejo pesquero regulado tuvieron resultados satisfactorios: se recuperaron poblaciones, aunque en un ecosistema artificial distinto del río original.

El Acuerdo 013 del 14 de diciembre de 1999 del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) estableció como área de reserva pesquera el tramo entre el sitio de presa y Pasacaballos, 12 kilómetros aguas abajo, prohibiendo allí toda actividad de aprovechamiento. Era, en la práctica, una admisión oficial: la construcción había alterado el equilibrio del río a tal punto que se requerían prohibiciones específicas para evitar el colapso pesquero en el tramo inmediato.

Para los embera-katío, la afectación del río no era un asunto ambiental separado de su cultura: era su cultura. El bocachico y la dorada no eran solo alimento; eran parte del sistema simbólico y ritual que ordena la vida en el alto Sinú. Romper el ciclo migratorio del pez equivalía a romper el ciclo cultural del pueblo.

Karagabí: 1999–abril de 2000

Entre 1999 y comienzos de 2000, la resistencia embera-katío alcanzó su punto de mayor visibilidad. Kimy Pernía Domicó y Alirio Pedro Domicó, entre otros líderes, articularon un discurso público que combinaba la denuncia jurídica con la defensa cultural. Kimy Pernía viajó a Canadá, a Europa, a foros internacionales, y en Bogotá se sentó frente a funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, entonces liderado por Juan Mayr Maldonado, para exigir el cumplimiento de la sentencia T-652 y la protección del territorio.

La comunidad tejió, en paralelo, una red internacional de solidaridad. Organizaciones como Global Response, Amnistía Internacional y Survival Internacional documentaron el caso, presionaron por vías diplomáticas y amplificaron la denuncia. Esa red, construida en muy pocos años, mostró que la resistencia embera-katío ya no era un asunto local del alto Sinú: había entrado en la agenda global de derechos indígenas y estándares ambientales de la banca multilateral.

En 1999 la violencia volvió a apretar. Los paramilitares asesinaron al profesor embera Lucindo Domicó, en el contexto directo de la oposición a la represa. El asesinato de un maestro indígena —figura que sostenía la transmisión cultural y política dentro de la comunidad— era un mensaje inequívoco.

Pese a ello, el 23 de abril de 2000, los embera-katío obtuvieron una victoria concreta: lograron la inclusión de nuevos territorios en sus resguardos y la suspensión del proyecto Urrá II, la segunda fase, aguas arriba, que hubiera duplicado el área inundada. Urrá II quedó suspendida. Urrá I, en cambio, se inauguró dos meses y medio después, el 1 de julio de 2000, con Andrés Pastrana en la presidencia.

Esa victoria parcial —Urrá II detenida, Urrá I consumada— define el equilibrio ambiguo del caso. La resistencia embera había demostrado que el litigio funcionaba: la consulta previa, aun capturada, podía frenar un proyecto si se combinaba con presión internacional y organización comunitaria. Y precisamente porque funcionaba, en el otro flanco se estaba preparando la respuesta.

Junio de 2001: la desaparición de Kimy Pernía

En junio de 2001, Kimy Pernía Domicó fue desaparecido forzadamente por las Autodefensas Unidas de Colombia. Salvatore Mancuso reconocería, años después, su responsabilidad directa en la desaparición y el homicidio del líder embera. En su testimonio ante la Comisión de la Verdad, Mancuso explicó que los ataques contra las comunidades indígenas del alto Sinú y el nudo de Paramillo estuvieron orientados a debilitar sus procesos organizativos y a facilitar los espacios de negociación y consulta previa entre esas comunidades, la empresa Urrá y el Estado.

La frase, en su prosa administrativa, dice lo que hay que decir: la violencia no era el efecto colateral de una guerra ajena; era una herramienta funcional al proyecto hidroeléctrico. Se mataba y se desaparecía para negociar mejor.

Mancuso reveló, además, un mecanismo específico de coordinación. El Ejército Nacional compartió con las AUC, en el departamento de Córdoba, censos poblacionales de las comunidades indígenas, señalando a sus miembros como guerrilleros. En un contexto en el que esas comunidades se oponían públicamente a la represa Urrá y en el que la consulta previa había sido incumplida, esos listados operaron como sentencia de muerte administrativa. Ser miembro de una comunidad que resistía la represa se traducía, en el registro militar, en presunción de pertenencia guerrillera; y esa presunción se convertía, en manos paramilitares, en objetivo militar.

La segunda captura de la consulta previa se completa aquí. La primera, institucional, había sustituido el derecho por dinero fragmentado en familias. La segunda, armada, eliminó a los líderes que sostenían el litigio y a los intelectuales —profesores universitarios, maestros indígenas— que producían el discurso público de la resistencia. Alberto Alzate Patiño en 1997, Lucindo Domicó en 1999, Kimy Pernía Domicó en 2001: tres asesinatos en cuatro años, todos directamente asociados a la oposición a Urrá.

Las causas: desarrollo, ley y violencia

Debajo del caso Urrá corren, entrelazadas, tres corrientes.

La primera es estructural: el modelo de desarrollo extractivo colombiano, acelerado por la crisis energética de 1992 y por las reformas de apertura del sector eléctrico. Urrá I no era técnicamente eficiente —lo demuestran las cifras de costo por kilovatio y de hectáreas por megavatio—, pero encajaba en la lógica de generación hidroeléctrica de gran escala que dominaba la planeación energética de la época. La decisión sobre la represa se tomó por razones de renta y urgencia, no de racionalidad técnica.

La segunda es institucional: la Ley 99 de 1993 reconoció la consulta previa el mismo año en que arrancaron las obras de Urrá I. Esa simultaneidad no fue neutra. Convirtió al derecho recién reconocido en un obstáculo que el Estado tenía interés en administrar sin cumplir plenamente. La ruta escogida —sustituir consulta por indemnización individualizada— desactivó el mecanismo desde dentro. La sentencia T-652 de 1998 pudo haber corregido esa desviación; no lo hizo, porque las decisiones ejecutivas y judiciales posteriores mantuvieron la lógica compensatoria.

La tercera es territorial y armada: el nudo de Paramillo era, hacia mediados de los años noventa, el centro logístico y económico de la expansión paramilitar nacional. Los intereses paramilitares en la región —control de corredores, economías ilegales, articulación con inteligencia militar mediante las Convivir y los intercambios de censos— convergieron con los intereses del proyecto hidroeléctrico. No fue necesario que hubiera una conspiración explícita entre la empresa Urrá y las AUC: bastó con que la eliminación de los líderes indígenas beneficiara a ambos actores para que el resultado fuera funcional a la obra. La violencia, en el alto Sinú, no fue un accidente que interrumpió un proceso legal: fue la otra cara del proceso legal.

Las consecuencias: derecho, río, cultura

Urrá I inundó 7.400 hectáreas, interrumpió las migraciones del bocachico y la dorada, y desplazó a cientos de familias embera y campesinas. La cohesión política embera-katío quedó gravemente dañada por la mezcla de indemnización individualizada, desplazamiento y asesinato selectivo de líderes. Las prácticas culturales tradicionales —medicina, alimentación, respeto intergeneracional— se erosionaron con rapidez. El pueblo embera-katío del alto Sinú entró en el nuevo siglo debilitado en sus formas de reproducción cultural.

Y sin embargo, del mismo caso emergió un legado ambiguo. La sentencia T-652 de 1998, la suspensión de Urrá II en abril de 2000 y la red internacional tejida con Amnistía Internacional, Global Response y Survival Internacional se convirtieron en referentes jurisprudenciales y organizativos para las luchas indígenas y afrodescendientes que vinieron después. La consulta previa, aunque capturada en el caso concreto de Urrá, se fortaleció como campo de batalla jurídico en Colombia gracias, en parte, al precedente que los embera-katío obtuvieron a un costo altísimo.

Sobre el río, el daño no admitía compensación. La reserva pesquera decretada por el INPA en diciembre de 1999 no restauró las migraciones; solo administró un daño estructural. El bocachico aguas abajo mostró empobrecimiento genético; la dorada, endémica, quedó en categoría de amenaza. La productividad histórica de la cuenca —uno de los geoecosistemas más ricos del Caribe colombiano— se redujo. Y el desfase entre el embalse controlado y la desembocadura sedimentaria, ya frágil desde 1938, se profundizó.

Por qué sigue importando

El caso de los embera-katío contra Urrá no es un episodio cerrado de la historia ambiental colombiana. Es el molde en el que se fundieron muchos de los conflictos socioambientales que llegan hasta hoy: hidroeléctricas, minería, agroindustria, hidrocarburos, todos ellos librados sobre el mismo terreno jurídico y con dinámicas territoriales parecidas. La pregunta que dejó abierta —¿puede el Estado reconocer un derecho de consulta y al mismo tiempo permitir que se vacíe por vía indemnizatoria y se cierre por vía armada?— no ha recibido, dos décadas después, una respuesta institucional satisfactoria.

Kimy Pernía Domicó importa porque encarnó una figura precisa: la del líder indígena que combinó litigio, deliberación pública y proyección internacional en un mismo cuerpo político. Su desaparición forzada, reconocida por Mancuso, ilustra el precio que Colombia ha cobrado a quienes han intentado convertir los derechos étnicos escritos en la Constitución de 1991 en derechos ejercidos. El profesor Alberto Alzate Patiño, el maestro Lucindo Domicó y Kimy Pernía forman una serie: la lista de personas asesinadas o desaparecidas por sostener el argumento —jurídico, ético, ecológico— de que los embera-katío tenían derecho a decidir sobre su territorio.

Que Urrá I haya sido, además, un proyecto económicamente mediocre añade una capa incómoda a la lectura. La violencia y la captura de la consulta no fueron el precio pagado por un gran proyecto nacional inevitable: fueron el precio pagado por sostener una decisión que ni siquiera podía justificarse plenamente con la vara del desarrollismo. La renta energética, la urgencia post-1992 y la inercia institucional bastaron para blindar la obra.

El alto Sinú, hoy, sigue siendo territorio embera-katío. El río Sinú, cortado por la presa de 73 metros en la Cerrazón de Urrá, sigue corriendo hacia Tinajones. Y la consulta previa sigue siendo, como fue entre 1993 y 2001, un campo de batalla: reconocida en el papel, disputada en el terreno, cerrada muchas veces por vías que no aparecen en los textos legales pero que operan con una eficacia que la ley no ha logrado desmontar.