Córdoba (Colombia)

Un territorio entre dos ríos

La geografía cordobesa se organiza alrededor de dos cuencas paralelas que descienden del Nudo de Paramillo, en el extremo norte de la cordillera Central. El Sinú nace en el cerro de León, a 3.200 metros de altitud, recibe en su curso alto los aportes del Verde y el Esmeralda antes de la Cerrazón de Urrá, y se divide luego en dos tramos de fisonomía opuesta: un alto Sinú montañoso, encajonado entre las serranías de Abibe y San Jerónimo, y un bajo Sinú de planicie que se extiende hasta el mar. El San Jorge, más al oriente, desciende del mismo nudo y desemboca en la llanura inundable del Caribe, donde se ensanchan las ciénagas de Ayapel y Punta de Blanco.

El bajo Sinú es un paisaje de agua tanto como de tierra. Las ciénagas de Betancí, Ciénaga Grande y Tinajones se dilatan y contraen con las lluvias, y los pueblos ribereños han vivido durante siglos de esa oscilación: pesca, cultivos de vega, ganado que sube y baja según la creciente. A lo largo del curso fluvial, entre haciendas ganaderas y ciudades-puerto, la vida lacustre define lo que se come, se canta y se cuenta. El alto Sinú, por su parte, presenta condiciones óptimas para el represamiento hidroeléctrico en el sitio de Urrá, un dato geográfico que se convertiría, andando el siglo XX, en detonante político.

Los valles inundables de Córdoba y Sucre figuran entre los territorios colombianos con evidencias más antiguas de domesticación del medio: al menos cuatro mil años de aumento poblacional y control territorial, comparables en densidad arqueológica a la Sabana de Bogotá o la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí la historia empieza antes de la palabra escrita, en los diques que aún se adivinan bajo el agua.

El mundo zenú y la ingeniería del agua

Cuando los españoles llegaron en 1534, encontraron los restos de una civilización que había resuelto el problema de vivir en una llanura que se inunda. Los panzenúes construyeron en la depresión del bajo San Jorge un sistema hidráulico monumental: canales, camellones, terraplenes y represas que extraían limos del fondo cenagoso para acumularlos en diques alargados, elevados sobre el nivel de la creciente. Sobre esos camellones se levantaban viviendas y se sembraban cultivos, a salvo del agua pero alimentados por ella. La escala del trabajo bastó para transformar el paisaje: kilómetros y kilómetros de campos elevados, orientados perpendicularmente al flujo de los caños, que hoy los sobrevuelos aéreos siguen revelando bajo el manto de las sabanas inundables.

La sociedad zenú tenía especialización regional y comercio activo entre sus zonas. Su orfebrería —anillos nasales, collares, filigranas en espiral, aleaciones de oro con plata descritas por Martín Fernández de Enciso— no representaba el oro como moneda sino como sustancia numinosa, ligada a la energía solar y a la eternidad. Los diseños que hoy se leen en filigrana aparecen también en textiles y en las redes de pesca de sus descendientes: un lenguaje visual que atravesaba oficios.

La organización política que hizo posible los camellones oscila, en las reconstrucciones disponibles, entre jerarquías centralizadas fuertes y una sociedad más igualitaria, sin el aparato de mando que se atribuye a otras culturas precolombinas del norte suramericano. Hacia 1534, cuando Pedro de Heredia avanzó desde Calamar por los Montes de María hacia el Finzenú buscando el oro de las tumbas, la población ya había caído respecto a su apogeo, y los propios indígenas hablaban de epidemias recientes. Gordon estimó que en su máximo la población pudo acercarse al millón de habitantes; trabajaba, evidentemente, sobre una demografía ya diezmada por enfermedades que se adelantaron a los caballos.

Los zenúes no fueron exterminados. Sobrevivieron a la conquista y a la colonia, y hoy siguen siendo una de las etnias más numerosas del Caribe colombiano, con decenas de miles de miembros concentrados sobre todo en el resguardo de San Andrés de Sotavento, en el norte del departamento. Ese resguardo tiene una genealogía jurídica precisa: el visitador Juan de Villabona y Zubiaurre lo concedió en 1611, combinando San Andrés con Chinú y Chima —el sitio de Pinchorroy—, y las autoridades coloniales lo confirmaron en 1675 y 1773, con una extensión entre 56.000 y 85.000 hectáreas según los títulos coloniales. Sobre esa base, y con siglos de recortes de por medio, se sostiene la reivindicación territorial contemporánea.

De provincia colonial a departamento tardío

Durante la Colonia y el largo siglo XIX republicano, el territorio que hoy es Córdoba fue una porción del enorme espacio caribeño gobernado desde Cartagena. La inestabilidad de la división político-administrativa colombiana —provincias, estados, distritos y departamentos que cambiaban al ritmo de las conveniencias políticas más que de los criterios geográficos— hizo que la región del Sinú y el San Jorge pasara por sucesivas dependencias sin identidad institucional propia. La creación del departamento el 18 de junio de 1952 llegó cuando ya existía una estructura hacendil consolidada, un flujo migratorio sostenido y una diferenciación sociodemográfica que reclamaba autonomía.

El nombre del departamento honra, en la lectura regional más extendida, al héroe de la independencia de origen antioqueño José María Córdova, marca simbólica de la colonización paisa sobre la nueva entidad. Lo que sí está documentado es que la creación implicó una segregación respecto a una entidad preexistente y que consolidó administrativamente una diferencia real: Córdoba no era, para entonces, ni Bolívar ni Sucre.

Esa diferencia venía de tres décadas de transformación acelerada. Desde comienzos del siglo XX, la región recibió compañías extranjeras dedicadas a la explotación de bosques, maderas finas y oro, que abrieron caminos, montaron aserraderos y prepararon el terreno para una segunda ola: la de los colonizadores antioqueños. La familia Ospina Vásquez compró la hacienda Marta Magdalena a los franceses en una fecha situada entre 1913 y 1920, y con ella inauguró lo que se ha descrito sin eufemismo como una "toma" de la región por familias antioqueñas enriquecidas en la minería y el comercio. Santa Helena, Cañaflecha y otras haciendas del alto Sinú pasaron por procesos similares. La llegada paisa introdujo capital, modernizó parcialmente la estructura hacendil tradicional y trastocó las relaciones sociales previas.

A ese vector se sumó la migración de otras zonas de la Costa Caribe, y Córdoba adquirió una composición humana distinta a la de sus vecinos: menos plenamente costeña que Sucre o Bolívar, atravesada por una capa dirigente de origen antioqueño instalada sobre una base campesina, indígena y afrodescendiente. En esa mezcla —y en la tensión que generó— se juega buena parte de la historia contemporánea del departamento.

La hacienda ganadera como estructura

Si un paisaje agrario define a Córdoba es el de la gran hacienda ganadera. A lo largo del curso del Sinú y en las sabanas del San Jorge, la ganadería extensiva ocupó el suelo con una lógica de acumulación de tierra más que de intensificación productiva. Una cabeza de ganado dispone, en promedio, de más tierra que una familia campesina en la misma región: la desproporción es el corazón del asunto.

El mecanismo clásico para expandir el hato sin asumir los costos del desmonte fue la aparcería llamada "pasto por tierra". El campesino recibía un lote de monte, lo tumbaba, sembraba maíz y plátano durante dos años, cosechaba, y al término del segundo año entregaba la parcela sembrada en pastos al terrateniente. Este último ampliaba su hacienda gratis; el aparcero recomenzaba en otro lote más adentro. A ese esquema se sumaban los "avances" —préstamos que el patrón otorgaba al colono y que rara vez podían pagarse—, y con ellos una servidumbre por deuda que ataba a familias enteras al ciclo de abrir tierra para otros.

Desde los años veinte, las haciendas tabacaleras y ganaderas de Córdoba y Sucre aglutinaron a la población campesina e indígena como terrajeros o arrendatarios. Cuando parte de esa población salió a colonizar tierras marginales —bosques del alto Sinú, orillas de ciénagas, laderas del Paramillo—, se abrió el conflicto agrario largo que atravesaría todo el siglo. La expansión ganadera fue impresionante: entre 1950 y 1976, la población bovina de la zona norte del país —que incluye a Córdoba junto con Urabá y los valles del Sinú y el San Jorge— casi se duplicó, de 6,8 a 12 millones de cabezas, un crecimiento anual del 2,8% que fue el más alto del país.

Ese crecimiento fue, al mismo tiempo, calamidad histórica que quitó tierras al campesinado e impidió el desarrollo agrícola, y principal elemento dinámico de la evolución agrícola nacional: la hacienda cordobesa funcionó como motor de acumulación privada y como freno de desarrollo territorial. De ella se derivó, además, la trama del poder local. En la Costa Caribe, el control político regional se originaba en redes de base hacendil que articulaban a terratenientes, letrados, comerciantes y burócratas pueblerinos, y que servían para preservar el acceso privilegiado a la tierra y el agua. El Estado departamental, cuando llegó en 1952, se instaló sobre esa red preexistente en vez de sustituirla.

Los tres enclaves y el peso extractivo

Del subsuelo y de los ríos de Córdoba salen bienes que el país considera estratégicos. Tres nombres condensan esa dimensión: Cerromatoso, la mayor mina de ferroníquel del país; Urrá, la hidroeléctrica del alto Sinú; y Coveñas, el terminal caribeño del oleoducto que trae el crudo del pozo Caño Limón, en Arauca, y lo embarca hacia los mercados internacionales. A ellos hay que sumar, como coordenadas de importancia estratégica, el Nudo de Paramillo, los Montes de María, la Mojana y la franja costera. Ese mapa no es solo económico: es también militar. El control de esos puntos motivó, durante décadas, dinámicas de guerra que la sección siguiente aborda.

La construcción de Urrá I, en el alto Sinú, condensó los conflictos de la última generación. El proyecto inundó territorios ancestrales embera katío y afectó gravemente la vida acuática del río. La represa, sumada a la pesca indiscriminada, bloqueó los desoves aguas arriba y comprometió el potencial reproductivo de especies reofílicas como el Brycon sinuensis, el bocachico endémico del Sinú. El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, mediante el Acuerdo 013 de diciembre de 1999, estableció un área de reserva pesquera entre la presa y Pasacaballos —doce kilómetros aguas abajo—, prohibiendo todo aprovechamiento en ese tramo. La medida reconocía el daño, sin repararlo.

Más grave fue el tratamiento de las comunidades. La Ley 99 de 1993, en su artículo 76, establece que la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y negras no puede ser afectada por la explotación de recursos naturales sin consulta previa. En el caso Urrá, el Estado colombiano —ejecutivo y rama judicial— avaló el desconocimiento de esa protección e impuso, en lugar de reparación colectiva, una indemnización monetaria otorgada familia por familia. Los sistemas embera katío de propiedad y producción son colectivos; trocarlos por giros individuales fracturó la cohesión política y cultural de la comunidad, hasta el punto de que las nuevas generaciones ignoran ya los sistemas originales, con el riesgo cierto de la extinción cultural que la propia ley pretendía impedir.

Pese a la violencia y el desarraigo, las comunidades campesinas y pescadoras de la zona impulsaron formas de recomposición como los Agrosistemas Biodiversos Familiares —los ABIF—, iniciativas para permanecer en el territorio combinando pesca, huertos, cría menor y agroforestería. La resistencia adoptó, como en los tiempos zenúes, la forma de aprender a vivir con el agua alterada.

Guerrillas, paramilitares y captura del Estado

El conflicto armado en Córdoba se asentó sobre el conflicto agrario. El Ejército Popular de Liberación —EPL— hizo presencia en la región sinuana desde 1965 y apareció formalmente en el departamento en 1967. En los sesenta y setenta llegaron también las FARC, y ambos grupos se expandieron aprovechando el reservorio de agravios acumulado: campesinos sin tierra, aparceros endeudados, indígenas cercados por la hacienda. La extorsión y el secuestro guerrilleros contra hacendados y ganaderos alimentaron, a su vez, un rechazo de las élites regionales que a fines de los ochenta encontraría salida armada propia.

Ese rol lo asumió Fidel Castaño Gil. Vinculado al narcotráfico y con respaldo activo de sectores hacendiles del sur de Córdoba y Urabá, organizó a fines de los ochenta grupos paramilitares que propinaron masacres sucesivas contra campesinos y trabajadores agrícolas señalados como base social de la guerrilla. El terror alcanzó también a movimientos políticos de izquierda —la Unión Patriótica, el Frente Popular— justamente en las regiones donde habían obtenido sus mejores resultados electorales. Tres factores dieron a ese primer paramilitarismo su base social y su impunidad operativa: la ofensiva contraguerrillera de las Fuerzas Militares, la expansión del narcotráfico y el respaldo de élites locales resentidas con la actuación guerrillera.

En 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —ACCU—, con protagonismo central de los hermanos Castaño, sobre todo Carlos y Vicente, y sobre la experiencia acumulada durante casi una década. Las ACCU se convirtieron en la columna vertebral del proyecto paramilitar nacional. En 1997, nueve organizaciones paramilitares regionales se reunieron en la zona y crearon las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—, definidas como movimiento político-militar antisubversivo con dirección única y estado mayor conjunto. Carlos Castaño fue actor decisivo de esa reconfiguración, especialmente en el frente mediático: instaló en amplios sectores de la opinión pública el discurso contrainsurgente como causa legítima.

Desde mediados de los noventa, las ACCU-AUC se expandieron desde Córdoba y Urabá hacia el sur del Chocó y toda la Costa Caribe, consolidando corredores estratégicos que conectaban el bajo Cauca y el Magdalena Medio con salidas al mar por el Golfo de Urabá y la costa cordobesa. El Nudo de Paramillo funcionó como bisagra: sin presencia estatal significativa, articulaba Antioquia, Córdoba, Chocó y Bolívar mediante rutas fluviales y terrestres útiles tanto para el tráfico de cocaína como para el desplazamiento de tropas. El narcotráfico fue fuente central de financiación.

La expansión contó con colaboración de militares activos. Un oficial retirado ha testimoniado que hubo un engranaje sistemático entre unidades del Ejército y las estructuras paramilitares en Córdoba, y algunos excombatientes del EPL desmovilizado terminaron integrando las filas de las ACCU. El Ejército ha negado que esa colaboración tuviera carácter sistemático.

Las declaraciones judiciales de Salvatore Mancuso confirmaron después patrones específicos de articulación entre tropa oficial y proyecto paramilitar. Jefe paramilitar de origen italiano y uno de los rostros más visibles de las AUC hacia 2002, Mancuso relató con particular detalle el escenario de Urrá. Allí, según su testimonio, el Ejército Nacional acusó de guerrilleros a miembros de comunidades indígenas opositoras a la represa y compartió con las AUC censos poblacionales, a partir de los cuales se elaboraron listados de personas señaladas. El objetivo, siempre según su versión, era debilitar los procesos organizativos indígenas y facilitar los espacios de negociación y consulta previa con la empresa Urrá y el Estado.

Sobre esa infraestructura de terror se cometieron los asesinatos que hoy simbolizan la resistencia embera katío. Cayó primero el profesor Alberto Alzate Patiño, de la Universidad de Córdoba, en 1997. Dos años después, en 1999, fue asesinado el profesor embera Lucindo Domicó. Y el 2 de junio de 2001 desapareció y fue asesinado el líder Kimy Pernía Domicó, cuya figura terminaría por condensar el precio humano de Urrá. Mancuso confesaría más tarde que el Bloque Catatumbo, bajo su mando, fue responsable de la muerte de cinco mil civiles, y que las autodefensas habían infiltrado todas las ramas del poder público.

La política departamental no quedó al margen. Mancuso declaró en al menos dos ocasiones objetivo militar a Juan Manuel López Cabrales, uno de los caciques políticos tradicionales de Córdoba; la segunda vez, por incumplimiento de compromisos sobre las secretarías de salud y educación. Juan Manuel López y su hermano Libardo habían ofrecido esas dos carteras a cambio de que Mancuso no apoyara al candidato rival, Juan Carlos Aldana, en la elección para gobernador. Un grupo de congresistas conocido como "El Sindicato" buscó al jefe paramilitar para proponerle precisamente lo contrario: que respaldara a Aldana y acabara con la hegemonía López. La escena describe con crudeza el mecanismo: los paramilitares no reemplazaron a la clase política tradicional, negociaron con ella. La familia López Cabrales conservó mayorías electorales pese a la fuerza militar y económica de Mancuso, y por eso mismo la clase política afín al jefe paramilitar tuvo que pactar el reparto de la burocracia pública. La justicia encarceló después a Juan Manuel López Cabrales en el marco de las investigaciones sobre esas negociaciones. Alias "El Alemán" señaló en varias versiones a Mara Bechara, excandidata a la Gobernación, de haber recibido apoyo paramilitar, y la investigación la vinculó al homicidio de Hugo Iguarán Cotes, candidato a la rectoría de la Universidad de Córdoba, en septiembre de 2000.

En Córdoba, el poder político regional se había originado en redes hacendiles; el paramilitarismo no vino a inventar la estructura de captura del Estado, sino a intensificarla y armarla.

Sinuanismo: la fuerza cultural

Sería un error leer a Córdoba solo por sus violencias. El departamento es también la matriz de una parte central de la música colombiana. San Pelayo, municipio cercano a Cereté, es reconocido como cuna del porro, y sus bandas de viento —herederas de una tradición local profundamente arraigada— fueron referencia obligada para músicos que, mediado el siglo XX, orquestaron la costeña para el país y el mundo. Lucho Bermúdez y Pacho Galán se inspiraron en las bandas del Valle del Sinú para sus arreglos de big band, situando su música a medio camino entre el jazz orquestal norteamericano y el mambo de las orquestas latinoamericanas.

El porro, según las reconstrucciones más aceptadas, nació en las sabanas y se expandió luego por los pueblos del río Magdalena y hacia el sur con los colonos del Sinú, encontrando en San Pelayo su gran capital. El Festival Nacional del Porro, celebrado allí cada mes de junio desde 1977, ha institucionalizado la rivalidad amistosa entre bandas municipales y ha preservado una tradición interpretativa que descansa en clarinetes, trompetas, trombones, bombardino, redoblante, tambora y platillos. El repertorio distingue entre el porro palitiao, más lento y ceremonial, con un pasaje central en que los músicos golpean rítmicamente el aro del tambor con palillos, y el porro tapao o puya, más rápido y de sonoridad cerrada. Compositores como Pablo Flórez, Rafael Campo Miranda o el propio Alejandro Ramírez Ayazo dieron cuerpo a un canon que atraviesa fiestas patronales, corralejas y salones de baile de todo el país.

El poeta momposino Candelario Obeso mencionaba ya el porro en 1869, bailado en rueda, al estilo de la cumbia. La cumbia, por su parte, es un aire fundamentalmente mulato y zambo; sus tambores —tambora o bombo—, el guache, la maraca y la caña de millo componen su instrumentación característica, y su baile con velas encendidas prescinde habitualmente de letra cantada. Géneros próximos como el mapalé remiten explícitamente a raíces africanas. La costa Caribe, y Córdoba dentro de ella, produjo así una parte sustancial del abanico cultural colombiano: una música que, después de las violencias, siguió llenando la vida nacional.

Al lado del sonido, la cocina también aporta signos de identidad. El calor sinuano tiene su respuesta doméstica en el minguí, bebida helada preparada con plátanos maduros asados y machacados, mezclados con agua, azúcar y hielo picado: uno de esos detalles menores que definen un territorio y que se toma en la misma esquina donde se baila el porro. A su alrededor gira una gastronomía anfibia que combina el bocachico frito o en cabeza salada, el mote de queso —sopa espesa de ñame blanco y queso costeño—, la carne asada al humo del monte y el suero atollabuey, crema ácida que acompaña casi todo lo que sale de la brasa. El plátano, en sus variantes verde y maduro, y el maíz, en bollos, arepas y peto, sostienen la base cotidiana; el arroz con coco marca la frontera festiva con la cocina más plenamente cartagenera.

La cultura material tiene también su capital en el sombrero vueltiao, tejido en caña flecha por artesanos zenúes de Tuchín y de las veredas del resguardo de San Andrés de Sotavento. El grado del sombrero —quinceano, diecinueveano, veintiuno, veintisieteano— se mide por el número de fibras entrelazadas en cada trenza; a mayor número, mayor finura, flexibilidad y precio, hasta el punto de que un sombrero de veintisiete fibras puede tomar meses de trabajo y pasarse enrollado por el ojo de un anillo. La Ley 908 de 2004 declaró al sombrero vueltiao símbolo cultural de la nación, sanción tardía de un oficio que sostiene económicamente a miles de familias indígenas y que reproduce, en cada pieza, los mismos motivos geométricos —el diente de ñeque, la flor de azahar, la cruz— que aparecen en la orfebrería precolombina. La caña flecha, planta silvestre convertida en cultivo doméstico, exige un proceso paciente de raspado, tinturado con barro y bija, y secado al sol antes de llegar al telar de dedos con que trabajan las tejedoras.

El sinuanismo, como categoría, no es una etiqueta folclórica sino la suma decantada de esos oficios: la ingeniería del agua heredada de los zenúes, la banda de viento en la plaza del pueblo, el sombrero que sale del resguardo, la comida que se cocina con lo que da la ciénaga. Todo eso resistió a la hacienda, a Urrá y al paramilitarismo, y sigue siendo lo primero que un cordobés reconoce como suyo cuando se lo pregunta lejos de casa.

Persistencia de las resistencias

En los primeros años de los setenta, los indígenas zenúes del norte de Córdoba protagonizaron una activa movilización junto con organizaciones campesinas, sindicales y estudiantiles. La Doctrina de la Seguridad Nacional estigmatizó y persiguió ese ciclo en el marco más amplio de la radicalización del movimiento campesino colombiano. La respuesta institucional y armada al reclamo agrario preparó, sin saberlo, el terreno para la escalada de los ochenta y noventa. Pero la movilización no desapareció: se transformó, cambió de nombre, buscó otras formas.

El resguardo de San Andrés de Sotavento sigue siendo el eje territorial de los zenúes contemporáneos, con Tuchín como centro visible del oficio del sombrero vueltiao. La cultura embera katío, herida por Urrá, sigue disputando el reconocimiento efectivo de sus derechos colectivos. Y las comunidades campesinas y pescadoras del bajo Sinú, con sus ABIF y sus organizaciones locales, ensayan formas de permanecer en un territorio que las grandes obras y la ganadería extensiva tienden a expulsar.

Córdoba entra al siglo XXI con la marca de todos sus estratos: los camellones zenúes bajo el agua, los cascos de hacienda antioqueña, los pueblos de porro, las torres de Cerromatoso, la presa de Urrá, el terminal de Coveñas, las fosas de la parapolítica. Su capital, Montería, ha crecido como ciudad ganadera y de servicios; Lorica conserva la arquitectura del comercio ribereño; Cereté, Sahagún, Tierralta, Valencia y San Antero organizan el mapa municipal alrededor del Sinú y del golfo de Morrosquillo. La juventud institucional del departamento —apenas más de siete décadas— convive con una densidad histórica que precede en milenios a la creación de Colombia. Esa asimetría entre historia larga y Estado tardío es, en el fondo, la clave del sujeto: un territorio que existió mucho antes de tener nombre administrativo y que, por eso mismo, ha resistido con recursos propios el intento reiterado de reducirlo a sus rentas.