Consolidación de la historiografía profesional en Colombia (1978–1984)

La consolidación de la historiografía profesional en Colombia (1978–1984)

Entre 1978 y 1984, la historiografía colombiana dejó de ser un oficio de letrados patriotas para convertirse en una disciplina profesional con instituciones, editores, públicos masivos y marcos conceptuales propios. Esos seis años concentran la aparición del Manual de Historia de Colombia editado por Colcultura bajo la dirección científica de Jaime Jaramillo Uribe, los primeros tres tomos de la Historia doble de la costa de Orlando Fals Borda, la maduración de los estudios sobre La Violencia como campo específico, la reforma de los textos escolares que en 1984 declaró oficialmente el fin de la hegemonía del manual de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, y el arranque editorial de lo que en 1989 aparecería como la Nueva Historia de Colombia. En ese arco no solo se renovó el modo de escribir el pasado nacional: se produjeron las herramientas —violentología, historia económica y social, historia regional, investigación acción participativa— con las que una generación defraudada por el Frente Nacional intentó explicarle al país su propia violencia, su fragmentación y las responsabilidades que el bipartidismo había preferido callar.

El mundo del que brota el hecho

La hegemonía intelectual que estos años vinieron a desplazar era muy antigua. La Academia Colombiana de Historia, creada en 1902 por la Resolución 115 del 9 de mayo del Ministerio de Instrucción Pública —con el nombre inicial de Comisión de Historia y Antigüedades Patrias—, había sido durante tres cuartos de siglo la depositaria de la historia oficial. Con el centenario de la Independencia en 1910 cristalizó un relato en el que los próceres eran padres fundadores y la gesta emancipadora conducía, casi teleológicamente, al Estado centralista de la Constitución de 1886. El manual de Henao y Arrubla, texto escolar dominante durante generaciones, fijaba esa memoria en el aula.

Los primeros golpes a esa arquitectura no vinieron de historiadores. En 1941, Luis Eduardo Nieto Arteta, en el marco de la reacción que gestó la Escuela Normal Superior contra la interpretación tradicional, publicó un libro pionero que introdujo la historia económica como problema, incorporó nuevas fuentes —las memorias de los secretarios de Hacienda, entre ellas— y aplicó, de manera todavía mecánica, el método marxista. En 1955 apareció el trabajo documentado de Luis Ospina Vásquez sobre economía colombiana, cuya circulación amplia solo llegó una década después. Entre 1962 y 1964, Mario Arrubla publicó en la revista Estrategia una serie de artículos sobre la caracterización de la economía colombiana, luego recogidos en libro, que politizaron el debate sobre el desarrollo nacional.

Detrás de esos textos había un desplazamiento más profundo. Hasta 1930, la educación media y universitaria colombiana estuvo dominada casi por completo por el pensamiento conservador de tendencia clerical. La Reforma de Alfonso López Pumarejo en 1935 fue la primera brecha significativa: por ella entraron a los claustros universitarios otras corrientes, incluido el marxismo, y con ellas se hizo pensable una historia distinta de la que la Academia custodiaba. El proceso de modernización capitalista iniciado en los años treinta —industrialización, expansión del mercado interno, crecimiento urbano— creó el sustrato material sobre el que germinaría, décadas después, una comunidad académica capaz de sostener revistas, cátedras y colecciones editoriales.

El detonante político de la generación protagonista salta a la vista. Los jóvenes académicos que a mediados de los sesenta comenzaron a estudiar historia, sociología, economía y antropología habían llegado a la adultez bajo el Frente Nacional, el pacto de alternancia entre liberales y conservadores instalado desde 1958. Se sintieron defraudados por él y por el bipartidismo del que emanaba. Su reacción fue emprender una reflexión científica sobre el pasado, presente y futuro del país desde perspectivas cercanas al marxismo, aunque nunca exclusivamente marxistas: los Annales franceses, la historia social británica y la teoría de la dependencia latinoamericana alimentaron esa curiosidad con densidades distintas. El nuevo currículo de antropología de la Universidad Nacional, aprobado en 1970, estructuraba su eje teórico en torno a Durkheim, Marx, Morgan, Malinowski y Lévi-Strauss: señal explícita de cuánto había penetrado el marxismo en un programa de ciencias sociales de referencia. La radicalización del movimiento estudiantil, alimentada por el rechazo estatal a sus demandas y por la politización de las universidades durante y después del Frente Nacional, terminó de dar tono a la generación.

De ese sustrato salieron los nombres que dominarían el período. Jaime Jaramillo Uribe hizo de puente entre generaciones: había incluido al negro en sus ensayos históricos de 1963 y 1969, avanzando una agenda temática sobre grupos subalternos que la nueva historia asumiría después. Germán Colmenares publicó en 1973 su Historia económica y social de Colombia (1537-1799), obra que —junto con los trabajos de Juan Friede y del propio Jaramillo Uribe— transformó el tratamiento de la encomienda, el tributo, la demografía indígena y el trabajo colonial, y se volvió referencia obligada. Álvaro Tirado Mejía trabajaba su Introducción a la historia económica de Colombia con el método marxista como base, sin excluir la historia social, los Annales ni la dependencia. A su lado maduraron Jorge Orlando Melo, Jesús Antonio Bejarano, Salomón Kalmanovitz, José Antonio Ocampo, Hermes Tovar Pinzón, Marco Palacios, Medófilo Medina, Darío Fajardo. Colmenares reforzó sus redes internacionales con una beca Guggenheim en 1976-1977 y una estadía como profesor invitado en la Universidad de Columbia, donde dialogó con Herbert Klein.

Sobre ese material humano y teórico se levantó el proyecto editorial que abre la secuencia.

La reconstrucción del campo, 1978–1984

El Instituto Colombiano de Cultura convocó a mediados de los años setenta una reunión de historiadores, economistas y sociólogos en Medellín para discutir los fines, el contenido y las dificultades de escribir un nuevo Manual de Historia de Colombia. Se trataba de superar los manuales tradicionales —el de Henao y Arrubla en primer lugar— con una síntesis que incorporara los avances de las tres décadas anteriores en historia económica, social y política. El resultado apareció entre 1978 y 1980, en tres volúmenes de la Biblioteca Colombiana de Cultura de Colcultura, con Jaramillo Uribe como director científico. El volumen 1 cubría Prehistoria, Conquista y Colonia; el 2, la Independencia; el 3, el siglo XX.

La elección editorial fue deliberada. El Manual era una obra concebida para un público amplio, no para especialistas, y salía respaldada por el sello estatal en un momento en que el gobierno impulsaba publicaciones históricas de gran tiraje. Los nuevos criterios historiográficos, madurados en revistas académicas y en seminarios universitarios durante los sesenta y setenta, irrumpieron así ante un público masivo, con precio popular y distribución nacional. Que Jaramillo Uribe —figura puente entre la vieja historiografía y la profesional— dirigiera la empresa era también una declaración: la renovación se hacía desde dentro de la tradición, no contra ella en bloque.

Al mismo tiempo, por otro cauce muy distinto, Orlando Fals Borda publicaba con Carlos Valencia Editores el primer volumen de la Historia doble de la costa. Mompox y Loba apareció en 1979; El presidente Nieto, en 1981; Resistencia en el San Jorge, en 1984; Retorno a la tierra cerraría la tetralogía poco después. Fals Borda no venía de la historia académica sino de la sociología: había sido decano y figura fundadora de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, coautor de La violencia en Colombia con el sacerdote Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña Luna, y desde los años setenta trabajaba con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y con los llamados "baluartes" de autogestión campesina en la Costa Atlántica. Su obra anterior, Capitalismo, hacienda y poblamiento en la costa atlántica (1976), ya había descrito los mecanismos de despojo agrario —la "ley de tres pasos" por la que colonos habilitaban tierras que grandes terratenientes terminaban apropiándose— y anticipado la temática de la tetralogía.

La Historia doble era una respuesta metodológica radical al problema de la fuente y del público. Cada volumen se organizaba en dos canales paralelos: uno narrativo, accesible, tejido con voces campesinas y testimonios; otro analítico, teórico, dirigido al lector académico. La forma encarnaba la Investigación Acción Participativa, propuesta que Fals Borda venía elaborando desde los sesenta y que hacía de la investigación una práctica compartida entre el científico social y la comunidad estudiada, orientada a la organización popular. La costa colombiana —Mompox, el bajo San Jorge, las sabanas de Bolívar y Córdoba— no era un caso regional entre otros: era el laboratorio donde una ciencia social crítica intentaba, simultáneamente, escribir historia y transformarla.

Entre ambos extremos —el Manual estatal y de gran tiraje, la Historia doble militante y regional— se desplegó el trabajo cotidiano de la comunidad profesional. La historia económica del siglo XIX ganó densidad con estudios sobre tabaco de Luis F. Sierra, sobre agricultura de la primera mitad del siglo de Fabio Zambrano y sobre comercio exterior de José Antonio Ocampo. Para el siglo XX, Bejarano y Kalmanovitz avanzaron en la historia de la agricultura mientras Óscar Rodríguez trabajaba la de la industria; Miguel Urrutia y Jaime Jaramillo abrieron el tema de los artesanos, punto de partida para lo que después sería la historia del movimiento obrero. La historia colonial siguió teniendo en Colmenares su referente, con la encomienda, el tributo y la demografía indígena tratados con un rigor documental antes desconocido.

El campo de estudios sobre La Violencia —el conflicto bipartidista que entre finales de los años cuarenta y comienzos de los sesenta había desangrado el campo colombiano— se consolidó en paralelo. La violencia en Colombia, de Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna, había aparecido como Monografía Sociológica N° 12 de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional bajo el sello de Ediciones Tercer Mundo, con el tomo I en 1962 y el tomo II en junio de 1964. Camilo Torres Restrepo, el sacerdote sociólogo que después moriría en las filas del Ejército de Liberación Nacional, publicó en 1963 La Violencia y los cambios socio-culturales en las áreas rurales colombianas, donde sostuvo que La Violencia había sido el cambio socio-cultural más importante en el campo colombiano desde la Conquista. Eric Hobsbawm había contribuido tempranamente con "The Anatomy of the Violence in Colombia", incluido en Primitive Rebels (1959).

Fue en el arco 1978–1984 cuando el campo terminó de perfilarse. Gonzalo Sánchez Gómez emergió como una de las figuras centrales, y a él se sumaron trabajos como Cuando Colombia se desangró de James D. Henderson, publicado en Bogotá por El Áncora en 1984. Poco después empezó a hablarse de violentólogos para nombrar a esa comunidad de científicos sociales que hacía de La Violencia un objeto específico de análisis, con archivos judiciales, correspondencia parroquial, expedientes de la Comisión de Paz, testimonios orales. Bajo el Frente Nacional, La Violencia había sido tratada oficialmente como problema sociológico del campesinado, mientras se guardaba silencio sobre las responsabilidades de los partidos, del Estado y de la Iglesia. La violentología retomó esos silencios y devolvió al debate público las responsabilidades que el pacto bipartidista había clausurado.

La reforma de los textos escolares de 1984 cerró el ciclo. Ese año se declaró oficialmente el fin de la hegemonía del manual de Henao y Arrubla: se trasladó al aula lo que ya había ocurrido en la investigación y en la edición. La Academia Colombiana de Historia expresó su animadversión a través del Boletín de Historia y Antigüedades, donde las observaciones a la nueva producción histórica se hicieron recurrentes; la mayoría de ellas revelaban escaso conocimiento de las corrientes historiográficas contemporáneas. En el prólogo del que sería después el proyecto de la Nueva Historia, se señalaría con diplomacia que la Academia, si bien había cumplido una labor meritoria, contaba con escasos recursos materiales y solo había podido cubrir de manera limitada las funciones propias de un centro de investigación.

En 1984, el trabajo editorial que refundiría el Manual en una obra ampliada estaba en marcha bajo el sello de Procultura, con Álvaro Tirado Mejía asumiendo la dirección científica y académica y con Jorge Orlando Melo y Jesús Antonio Bejarano como asesores. Esa obra aparecería como Nueva Historia de Colombia en 1989, publicada por Planeta, con Jaramillo Uribe como prologuista. La estructura pasaría de tres volúmenes a seis tomos temáticos que abarcarían desde la Colombia indígena hasta la vida diaria, con volúmenes específicos sobre relaciones internacionales y movimientos sociales, educación y ciencias, luchas de la mujer, economía, café, industria, literatura, artes y recreación.

Las causas de una profesionalización

La cristalización tuvo causas estructurales que la antecedían por décadas.

La primera es la modernización capitalista iniciada hacia 1930. La industrialización, la urbanización acelerada, la expansión del mercado interno y la irrupción de las clases trabajadoras crearon en tres décadas un país al que la historia patria conservadora, con sus próceres y sus batallas, ya no podía explicar. Se necesitaban categorías nuevas —clase, mercado, dependencia, modo de producción, región— y las nuevas categorías reclamaban historiadores capaces de manejarlas.

La segunda fue la Reforma universitaria de 1935. Al abrir los claustros a corrientes de pensamiento distintas del conservadurismo clerical, hizo posible que el marxismo y las ciencias sociales de vocación crítica ganaran cátedras, revistas, discípulos. Sin esa apertura, difícilmente habría existido, treinta años después, una comunidad académica con la formación teórica que exigía la nueva historiografía.

La tercera fue el Frente Nacional. Al clausurar la política mediante un pacto de alternancia entre las dos oligarquías partidistas, empujó a la generación universitaria de 1958 a 1970 a buscar en el análisis histórico y social las respuestas que la política institucional negaba. Ese desplazamiento —de la militancia partidista al aula, del debate parlamentario a la revista académica— explica el temple crítico de la nueva historiografía y su afinidad con el marxismo, la dependencia y los Annales.

Junto a estas causas estructurales operaron detonantes específicos. El impulso gubernamental a publicaciones históricas de gran tiraje, decisión de política cultural del Estado colombiano en los setenta a través del Instituto Colombiano de Cultura, permitió que criterios historiográficos hasta entonces confinados a la academia irrumpieran ante un público amplio. La consolidación de casas editoriales como Carlos Valencia Editores, Áncora y Tercer Mundo dio soporte material a una producción que sin ellas habría quedado en tesis y artículos. La circulación internacional de los historiadores colombianos —Colmenares en Columbia, otros en París, en México, en universidades norteamericanas— trajo métodos, lecturas y estándares que ya no podían ignorarse.

Hubo, por último, una causa negativa: la Academia Colombiana de Historia había dejado de ser un centro de investigación efectivo. Sus recursos materiales eran escasos; la naturaleza honorífica de sus miembros y sus finalidades patrióticas limitaban su capacidad para responder a las exigencias metodológicas de la disciplina profesional. Su reacción, ceñida al Boletín de Historia y Antigüedades, fue defensiva más que sustantiva. Ese vacío lo llenaron las nuevas instituciones: departamentos universitarios de historia, el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, los seminarios permanentes, las colecciones editoriales.

Consecuencias inmediatas y de largo plazo

El efecto más inmediato fue una expansión sin precedentes del público lector de historia y una diversificación radical de los temas. La Nueva Historia llevaría al gran público, en 1989, temáticas hasta entonces marginales o ausentes: la historia de la mujer, la vida cotidiana, la arquitectura contemporánea, el cine, el teatro, los movimientos sociales. Los editores justificaron esas inclusiones apelando al desarrollo alcanzado por esos campos en la historiografía europea y norteamericana, y reconocieron que la historia de las luchas de la mujer se incluía deliberadamente porque solía ser olvidada o relegada. Un tomo entero se dedicó a Relaciones Internacionales y Movimientos Sociales; otro, a Educación y Ciencia, Luchas de la Mujer y Vida Diaria.

La reforma de los textos escolares de 1984 produjo una ruptura generacional en la memoria pública. Los colombianos escolarizados desde entonces conocieron una historia distinta de la que habían aprendido sus padres: una historia con clases sociales, con conflictos económicos, con negros e indígenas como sujetos, con una Independencia más compleja que la gesta de próceres.

La consecuencia académica más duradera fueron los marcos interpretativos. La violentología se convirtió en la lente con la que se leería, después de 1984, el nuevo ciclo de violencia ya en curso: el narcotráfico, los paramilitares, la expansión guerrillera. Cuando el gobierno encargó en 1987 el informe Colombia: Violencia y Democracia, los investigadores convocados fueron los que se habían formado en el subcampo maduro entre 1978 y 1984. La IAP de Fals Borda desbordó las fronteras colombianas y se volvió referencia latinoamericana y mundial de las metodologías participativas. La historia regional, desarrollada por Colmenares para el período colonial y por Fals Borda para la Costa Atlántica, desmontó el marco centralista heredado de 1886 e hizo posible pensar el país como archipiélago de regiones desigualmente articuladas.

Hubo también consecuencias problemáticas. La renovación pesó en lo institucional y editorial con una fuerza que no tuvo en el plano metodológico. El liderazgo intelectual continuó en manos de figuras como Jaramillo Uribe, que dirigió científicamente tanto el Manual de Colcultura como, mediante el prólogo, la Nueva Historia. El patrocinio fue estatal —Colcultura, Procultura— o de grandes editoriales privadas —Planeta—, con las servidumbres que eso implica. Hubo dogmatismo y uso mecánico de las categorías marxistas: análisis esquemáticos de la burguesía, tratamiento demasiado rígido del concepto de clase, olvido de las mediaciones y de la complejidad interna de los estratos dominantes. La historia económica de Tirado Mejía, apoyada en el método marxista combinado con los Annales, la historia social y la dependencia, no siempre evitó esa mecánica.

De todo el legado, la aportación más original y duradera no fue la que en su momento hizo más ruido. La violentología ganó visibilidad pública, la historia económica marxista dominó las cátedras; pero la combinación de historia regional documental —Colmenares sobre la Colonia, Palacios sobre el café, Fals Borda sobre la Costa— con la propuesta metodológica de la IAP fue lo que abrió una salida propia a la historiografía colombiana. Articuló el archivo con la organización popular, desafió tanto la historia nacional centralista como el marxismo esquemático, y anticipó debates —sobre la voz de los subalternos, la relación entre historia y memoria, la responsabilidad política del historiador— que en el resto del continente solo se plantearon con nitidez años después.

Por qué sigue importando

La historiografía profesional consolidada entre 1978 y 1984 fue el instrumento con el que Colombia empezó a explicarse a sí misma su propia violencia estructural. Sin esa consolidación no habría existido el vocabulario público con el que después se discutieron el narcotráfico, el paramilitarismo, la reforma constitucional de 1991, los procesos de paz, la Comisión de la Verdad. Cuando en el siglo XXI un país entero se preguntó cómo había llegado hasta ahí, las respuestas —imperfectas, disputadas, provisorias— venían de categorías forjadas en esos seis años: la comprensión de La Violencia como conflicto con responsabilidades políticas y no como fatalidad rural, la percepción de las regiones como sujetos históricos, la idea de que la historia se investiga con las comunidades y no solo sobre ellas.

Sigue importando también por lo que enseña sobre la relación entre saber y política. La generación de historiadores profesionales que hizo posible este período era una generación defraudada por el Frente Nacional que decidió que la respuesta al cierre de la política era abrir el archivo. Trasladar al terreno del conocimiento riguroso preguntas que la política institucional se negaba a formular definió el tono ético de la historiografía colombiana durante décadas. La disciplina no se concibió como refugio erudito sino como intervención pública.

Y sigue importando por sus límites. El desplazamiento de la historia patria conservadora fue real, pero operó ante todo como relevo de hegemonía institucional; los dogmatismos que después se hicieron visibles dejan ver hasta qué punto la voluntad crítica puede coexistir con sus propias servidumbres teóricas. El patrocinio estatal permitió el gran tiraje pero fijó ciertas cauciones; la continuidad de liderazgos amortiguó las rupturas más ambiciosas; la fascinación por el marxismo demoró el reconocimiento pleno de dimensiones —cultura, género, subjetividad, etnicidad— que la Nueva Historia de 1989 apenas comenzaría a incorporar. Es el momento en que la historia colombiana aprendió a narrarse con rigor, y también el momento en que empezó a medir el tamaño de lo que aún no había narrado.