Misión Yarborough y el anexo secreto sobre operaciones paramilitares (1962)

Misión Yarborough y anexo secreto sobre operaciones paramilitares (1962)

En febrero de 1962, una misión militar del Ejército de Estados Unidos encabezada por el general de brigada William P. Yarborough, jefe del Special Warfare Center de Fort Bragg, visitó Colombia por invitación del gobierno de Alberto Lleras Camargo. De aquella visita salió un informe con recomendaciones abiertas para la modernización contrainsurgente colombiana y un anexo secreto —el Secret Supplement— en el que Yarborough recomendó al Estado colombiano estructurar una organización civil-militar clandestina destinada a "ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra proponentes comunistas conocidos", con respaldo estadounidense. Ese documento es la primera constancia escrita, con firma institucional, de la delegación de violencia clandestina en civiles armados que después se convertiría en política de Estado. No inventó una práctica: la tradición de bandas partidistas, pájaros y sicarios venía de dos décadas atrás. Pero le dio arquitectura doctrinal, respaldo externo y una hoja de ruta transferible a manuales, planes operativos y, en 1965, a un decreto legislativo.

El mundo del que salió la misión

La misión Yarborough no fue una anomalía. Fue una pieza dentro de la mayor reorganización de la política exterior estadounidense hacia América Latina desde la Segunda Guerra Mundial, disparada por la Revolución Cubana de 1959 y por la conversión pública de Fidel Castro al marxismo-leninismo, anunciada apenas semanas antes de que Yarborough aterrizara en Bogotá.

El 17 de agosto de 1961, en Punta del Este, la administración Kennedy había lanzado la Alianza para el Progreso mediante la Carta de Punta del Este: un programa de cooperación económica pensado como alternativa democrático-capitalista al modelo cubano, con reformas agrarias, inversión en infraestructura y modernización institucional. La consigna implícita era demostrar que el capitalismo reformista podía mejorar las condiciones materiales de los latinoamericanos más rápido que el comunismo. Kennedy identificó a Colombia como eslabón vital y el país quedó convertido en vitrina del programa. La visita de Kennedy a Bogotá el 17 de diciembre de 1961, ocho días después de que Lleras Camargo rompiera relaciones diplomáticas con Cuba, selló esa condición de socio predilecto.

La Alianza para el Progreso tenía una segunda pierna, menos visible. En paralelo al componente de desarrollo, Kennedy había instruido al general Maxwell Taylor para reforzar las capacidades contraguerrilleras del Ejército estadounidense y había creado, a nivel de gabinete, el Special Group (Counter Insurgency), encargado de coordinar la respuesta militar y clandestina a lo que Washington leía como una ofensiva revolucionaria del Tercer Mundo. El marco intelectual venía de Walt W. Rostow, asesor de Seguridad Nacional, para quien la modernización económica y la contrainsurgencia eran caras de una misma estrategia: acelerar el "despegue" de las sociedades tradicionales mientras se contenía por la fuerza a quienes quisieran capturar ese tránsito.

La doctrina que empezaba a codificarse desplazaba el énfasis desde la guerra interestatal regular hacia la guerra irregular interna. Sus principios operativos venían de la experiencia colonial francesa en Indochina y Argelia —Roger Trinquier, David Galula— y de la británica en Malasia y Kenia, esta última fuente central del programa de Acción Cívico-Militar que el Pentágono elaboraba como complemento político-táctico de la Alianza. En ese mismo dispositivo se insertaba la School of the Americas, que hasta el final de la Guerra Fría entrenaría a más de cuarenta mil militares latinoamericanos en las técnicas del nuevo repertorio.

En Colombia, la doctrina llegaba a un país que ya sabía delegar la violencia. Desde los años treinta, caciques del Partido Conservador y jerarquías de la Iglesia católica habían organizado bandas armadas contra liberales; los liberales respondieron con bandas propias, aunque sin bendición eclesiástica. Durante La Violencia, esas estructuras se ensañaron especialmente contra gaitanistas y comunistas. Para eliminar a dirigentes guerrilleros desmovilizados se recurrió a los "pájaros", figura de la que derivaría el sicariato colombiano. Curia, conservadores y liberales incorporaron a policías —y, en menor grado, a militares— a esas estructuras, aunque nunca como estrategia estatal formal.

A comienzos de los años sesenta, una parte de las guerrillas comunistas que habían combatido durante La Violencia había depuesto las armas al amparo del Frente Nacional. Otra parte, unos pocos cientos de hombres agrupados en comunas agrícolas remotas, permanecía armada en zonas del sur del Tolima, del Huila y del Cauca. Esa presencia menor, cuya amenaza militar era limitada pero cuyo simbolismo político era grande, sería el argumento con el que Bogotá y Washington justificarían la sofisticación contrainsurgente que se venía.

La visita y el informe

La misión de Yarborough llegó a Bogotá en febrero de 1962. Su composición era la de un equipo de análisis estratégico del Special Warfare Center: oficiales especializados en guerra irregular, inteligencia y operaciones psicológicas. Su encargo era evaluar la situación colombiana y formular recomendaciones para adecuar las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a las exigencias de la contrainsurgencia moderna. El presidente que los recibió, Alberto Lleras Camargo, estaba en la fase final de su mandato y era el principal arquitecto colombiano del Frente Nacional, así como el interlocutor privilegiado de Washington en la región.

El informe resultante tuvo dos partes. La primera, pública en su circulación institucional, contenía recomendaciones convencionales: reorganización de unidades, modernización de equipos, formación de oficiales en academias estadounidenses, dotación de aeronaves ligeras. Yarborough recomendó aviones tipo Helio Courier para la Fuerza Aérea Colombiana —los mismos que la CIA usaba entonces en operaciones encubiertas en el sudeste asiático y África—, un programa intensivo de registro civil con huellas dactilares y fotografías en archivos gubernamentales, y técnicas de interrogatorio que incluían el uso de pentotal sódico y polígrafos.

Esta parte del informe ya era significativa. El registro biométrico masivo de civiles y las técnicas farmacológicas de interrogación anticipaban el corazón operativo de la Doctrina de Seguridad Nacional: la conversión del ciudadano en objeto de vigilancia contrainsurgente, con la sospecha desplazándose desde el combatiente armado hacia la sociedad civil desarmada.

La parte decisiva era la segunda: el Secret Supplement, anexo clasificado que no circulaba con el informe principal. Allí Yarborough escribió la fórmula que hoy opera como acta fundacional del paramilitarismo colombiano. La estructura civil-militar recomendada debía cumplir tres funciones. Primero, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra "proponentes comunistas conocidos". Segundo, realizar labores de contra-agente y contra-propaganda. Tercero —detalle que suele olvidarse— presionar "hacia reformas conocidas como necesarias", es decir, ejercer coacción también sobre el propio Estado colombiano para acelerar cambios que Washington consideraba imprescindibles.

Tres rasgos hacen del anexo un documento sin equivalente previo. Primero, la explicitud del vocabulario: "paramilitares", "sabotaje", "terroristas" son palabras técnicas escogidas, no eufemismos. Segundo, la definición del blanco: no combatientes armados en el monte, sino "proponentes comunistas conocidos", categoría deliberadamente amplia que cubre desde militantes clandestinos hasta dirigentes sindicales, académicos o sacerdotes con simpatías por la izquierda. Tercero, la arquitectura mixta civil-militar, con respaldo estadounidense, que rompe de entrada con el principio del monopolio estatal de la fuerza. Lo que en 1962 se recomienda por escrito no es reforzar al Ejército contra la guerrilla, sino crear —al lado del Ejército— una estructura clandestina en la que civiles selectos ejecuten violencia política contra la disidencia interna.

Del papel al plan: Ruiz Novoa y el Lazo

La traducción operativa del informe empezó de inmediato. En 1962, el general Alberto Ruiz Novoa asumió como jefe de la contrainsurgencia colombiana y puso en marcha el Plan Lazo —conocido también como LASO, sigla de Latin American Security Operation—, cuya vigencia se extendió hasta 1966. Ruiz Novoa siempre minimizó públicamente el vínculo entre las recomendaciones de Yarborough y su plan, pero el Lazo se nutrió ampliamente de las ideas estadounidenses sobre guerra irregular difundidas por misiones militares como la de febrero de 1962: allí están las coincidencias de vocabulario, de secuencia táctica, de estructura organizativa.

La filosofía del Plan Lazo la resumió el propio Ruiz Novoa en una frase que hizo escuela: "quitarle el agua al pez". La metáfora, tomada de Mao invertido, sintetizaba el desplazamiento doctrinal. El enemigo ya no era solo la guerrilla armada, sino la población campesina que le prestaba sustento; la victoria consistía en separar a una de la otra mediante una combinación de acción militar, acción cívica, guerra psicológica y organización de civiles armados bajo tutela del Ejército.

Sobre esa filosofía se montaron tres innovaciones operativas encadenadas. Los Comités de Coordinación Cívico-Militar fueron el primer dispositivo: en cada zona sensible, oficiales del Ejército sentaban en la misma mesa a autoridades civiles, notables regionales y agentes de inteligencia para seleccionar, organizar, adoctrinar y armar unidades de autodefensa legal. La preferencia recaía en militares y policías retirados y en "personas sobresalientes" políticamente confiables. Era, sobre el terreno colombiano, la primera aplicación sistemática del principio Yarborough de estructura civil-militar mixta.

La segunda innovación fue la acción cívico-militar propiamente dicha —obras públicas, brigadas de salud, programas de ayuda campesina ejecutados por las Fuerzas Armadas en zonas de precaria presencia estatal—, importada de la experiencia británica en Malasia y Kenia y sistematizada en el Pentágono. En Colombia, esa acción cívico-militar incorporó a organismos civiles como Acción Comunal, el Cuerpo de Paz, CARE y Cáritas en una red híbrida donde la ayuda humanitaria y la inteligencia contrainsurgente resultaban difícilmente distinguibles: el promotor de la brigada de salud y el agente que fichaba a los pobladores podían ser la misma persona, o compartir jerarquía.

La tercera innovación fue el ataque militar frontal contra las llamadas "repúblicas independientes", expresión que Álvaro Gómez Hurtado había acuñado en el Congreso para designar los territorios de asentamiento comunista en el sur colombiano: Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero. El Plan Lazo se propuso desmantelar esos enclaves uno por uno, y allí el legado Yarborough encontró su prueba de fuego.

Marquetalia

La ofensiva contra Marquetalia empezó el 13 de mayo de 1964. El Ejército desplegó bombardeos aéreos y fuego de artillería pesada sobre las posiciones guerrilleras, seguidos de un cerco terrestre con unidades de infantería y policía. Los habitantes del enclave habían tenido conocimiento del ataque desde los primeros días de abril: sabían que se venía en la tercera semana de mayo. El Partido Comunista Colombiano había enviado a Jacobo Arenas para reforzar la presencia política ante la ofensiva. En el mando militar campesino estaba Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, cuyo liderazgo se había consolidado tras el asesinato de Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, a manos de guerrilleros liberales.

Antes del ataque, un grupo de académicos y sacerdotes encabezado por el padre Germán Guzmán Campos —autor de la obra de referencia sobre La Violencia—, con Camilo Torres Restrepo y Orlando Fals Borda entre los firmantes, dirigió una carta al ministro de Guerra, Alberto Ruiz Novoa, ofreciendo realizar un estudio socioeconómico de Marquetalia antes de la operación militar. La idea era pausar la fase armada para conocer la realidad social del enclave. La oferta fue agradecida y declinada. La operación continuó.

Los efectos fueron severos. Los parlamentarios Carlos Restrepo Arbeláez y Gerardo Bernal denunciaron en el Congreso, en octubre de 1964, fusilamientos y torturas con corriente eléctrica. Las cifras del gasto militar circularon en la prensa norteamericana como escandalosas. Y de la retirada campesina hacia las montañas emergió, dos años después, el embrión organizativo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entre 1964 y 1966, la ofensiva se extendió a las otras "repúblicas independientes": Riochiquito, El Pato, Guayabero.

Marquetalia importa en la genealogía Yarborough por dos razones. Materializó en el terreno la doctrina del anexo —aislar al pez del agua, con acción psicológica, cívica y militar articuladas— y, al mismo tiempo, obligó al gobierno a formalizar jurídicamente lo que hasta entonces era práctica militar sin cobertura legal. La respuesta a esa necesidad fue el Decreto 3398 de 1965.

El Decreto 3398 de 1965: la ventana jurídica

El 24 de diciembre de 1965, en pleno estado de sitio, el gobierno de Guillermo León Valencia expidió el Decreto Legislativo 3398, "por el cual se organiza la defensa nacional". El texto definía la defensa nacional como "la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones". Según la exposición gubernamental, el decreto respondía al bandolerismo residual de La Violencia y a las guerrillas revolucionarias emergentes tras las operaciones contra las repúblicas independientes.

Dos artículos concentran su peso paramilitar. El artículo 25 establecía que "todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio" podían ser convocados para actividades de defensa nacional. La disposición borraba la distinción constitucional entre combatientes y no combatientes y convertía a la población civil en reserva movilizable para la guerra. Otra disposición facultaba al Ministerio de Defensa Nacional para amparar como propiedad particular armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En la práctica, civiles seleccionados podían portar legalmente fusiles de guerra bajo tutela militar.

La cadena normativa se completó rápido. El Decreto 1667 de 1966 lo complementó. La Ley 48 de 1968, expedida bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, elevó ambos decretos a legislación permanente. El Decreto 1355 de 1970, Estatuto Orgánico de la Policía, cerró el andamiaje. Entre 1965 y 1989, el paramilitarismo fue legal en Colombia. Lo que no era legal eran los crímenes que esas estructuras cometieran; el marco general de existencia contaba con respaldo del Congreso.

El Decreto 3398 rompió el principio del monopolio estatal de la fuerza que Alberto Lleras Camargo —el mismo presidente que había recibido a Yarborough— había proclamado en su célebre discurso del Teatro Patria. En menos de cuatro años, el país pasó de la defensa doctrinal del monopolio militar a su desmonte legislativo. Y lo hizo al ejecutar, casi punto por punto, la recomendación del anexo secreto de febrero de 1962: estructura civil-militar mixta, respaldada por el Estado, autorizada para ejercer violencia contra el enemigo interno.

Los manuales militares del período siguiente —el Reglamento EJC 3-10 de 1969, las Instrucciones de 1979, el Manual EJC-3-101 de 1982 y textos posteriores— desarrollaron y detallaron esa arquitectura. Un manual adoptado en 1963 y atribuido a Roger Trinquier, el teórico francés de Argelia, había establecido ya el principio: "el control de la población permitirá obligar a participar a una parte importante de los habitantes en su propia defensa". El manual del Ejército de 1979 lo tradujo al vocabulario colombiano: "organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate".

Del papel a la selva: las primeras autodefensas legales

Durante los años setenta, el marco jurídico abierto por el Decreto 3398 empezó a producir estructuras concretas. En el sur de Córdoba, el Ejército promovió la creación de "juntas de autodefensas" o grupos de defensa civil, dirigidos a ganaderos y terratenientes, para involucrarlos en la guerra contrainsurgente. En el Magdalena Medio —y particularmente en el municipio de Puerto Boyacá— se puso a prueba de manera paradigmática el experimento de organización de autodefensas legales al amparo del decreto.

Los actores de esa primera hornada tenían nombres que la década siguiente haría siniestros. Henry Pérez llegaría a comandar las Autodefensas de Puerto Boyacá. Los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, futuros fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y luego de las AUC, recibieron entrenamiento del Ejército bajo el marco legal del Decreto 3398. Salvatore Mancuso emergería en el mismo circuito ganadero cordobés. La continuidad institucional entre las autodefensas legales de los setenta y los grupos paramilitares contemporáneos no es una hipótesis: es una trayectoria documentada de personas, territorios y patrocinios.

Durante los sesenta y setenta, la "ventana jurídica" del Decreto 3398 tuvo un uso relativamente marginal. Su potencial se reveló en los ochenta, cuando la primera generación de grupos paramilitares contemporáneos —una combinación de estructuras sicariales al servicio del narcotráfico, autodefensas locales de ganaderos y mecanismos legales e ilegales del Ejército en la lucha contraguerrillera— convergió sobre el marco legal disponible. La fluidez entre lo legal e ilegal, entre lo político y lo económico, entre el interés contrainsurgente del Estado y el interés territorial de los cárteles definió esa primera generación paramilitar sin que las unidades civiles de autodefensa dejaran de ser jurídicamente lícitas.

Convergencia entre lo endógeno y lo exógeno

Reducir el paramilitarismo colombiano a una imposición estadounidense es un error simétrico al de negar la responsabilidad de Washington. La cadena documental que va del anexo Yarborough al Decreto 3398 y de allí a las autodefensas de los ochenta muestra dos líneas de fuerza que se encuentran.

La primera es endógena: la tradición colombiana de violencia delegada. Desde los años treinta, el país había desarrollado una gramática política en la que los partidos —conservador principalmente, liberal en respuesta— externalizaban la violencia contra sus adversarios en bandas armadas, pájaros y sicarios, con complicidades variables de policías y militares. Durante La Violencia, esa gramática se sistematizó hasta convertirse en repertorio nacional. La lógica del Frente Nacional, que exigía mantener una fachada democrática mientras se contenía por la fuerza a los excluidos del pacto bipartidista, encontró en la violencia delegada un mecanismo funcional: preservar el orden sin ensuciar al Estado.

La segunda es exógena: la doctrina contrainsurgente estadounidense y su expresión colombiana en la misión Yarborough. Su aporte no fue introducir la práctica paramilitar en un país que la desconocía, sino formalizarla como doctrina, dotarla de vocabulario técnico, integrarla en una arquitectura estratégica y darle respaldo institucional externo. Yarborough convirtió un repertorio informal de violencia partidista en política contrainsurgente moderna, con manuales, planes operativos y cadena de mando.

De esa convergencia salió una arquitectura de largo aliento: una estrategia estatal de delegación del monopolio de la violencia en coaliciones regionales, autorizadas a armarse con patrocinio del Ejército y recursos del gobierno nacional. Esa delegación tuvo doble dirección. Hacia arriba, adoptó recomendaciones de seguridad internacionales —especialmente estadounidenses—; hacia abajo, transfirió funciones de seguridad a grupos privados armados. El anexo Yarborough documenta con precisión el momento en que ambas direcciones se conectaron.

La línea larga

Entre 1962 y 1966 se leen las consecuencias inmediatas de la misión Yarborough: Plan Lazo, Comités de Coordinación Cívico-Militar, ofensivas contra las repúblicas independientes, Decreto 3398, Ley 48 de 1968. En los setenta aparecen las de mediano plazo: primeras autodefensas legales en Córdoba y en el Magdalena Medio, entrenamiento militar de figuras que después comandarían el paramilitarismo de segunda generación, extensión del marco doctrinal a manuales militares sucesivos.

Las de largo plazo han definido el rostro del conflicto colombiano contemporáneo. La primera generación paramilitar de los ochenta —Autodefensas del Magdalena Medio, MAS, los primeros grupos de los Castaño en Córdoba— surgió sobre la ventana jurídica abierta en 1965. La segunda generación —las AUC creadas en 1997 bajo el mando de Carlos Castaño, con Salvatore Mancuso entre sus principales comandantes— consolidó la privatización de la violencia contrainsurgente en asociación con élites regionales, sectores ganaderos, narcotraficantes y con la complicidad activa o pasiva de la Fuerza Pública en decenas de casos judicialmente probados. Las Convivir autorizadas en los noventa, bajo el gobierno de Ernesto Samper y expandidas durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia, extendieron el modelo con nueva envoltura legal.

Masacres, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, despojo territorial: sobre esa contabilidad se sostiene el conflicto colombiano contemporáneo. En su base doctrinal —no como causa única, pero sí como pieza indispensable— está la fórmula que Yarborough escribió en febrero de 1962: estructura civil-militar respaldada por el Estado, autorizada para ejercer violencia clandestina contra "proponentes comunistas conocidos".

Por qué este anexo sigue importando

Durante décadas, la historiografía colombiana sobre el paramilitarismo osciló entre dos explicaciones. Una lo presentaba como reacción endógena de sectores rurales acosados por la guerrilla, defensa espontánea que se degradó con el tiempo por contaminación del narcotráfico. Otra lo presentaba como estrategia deliberada del Estado, una privatización planificada de la violencia contrainsurgente. La circulación pública del contenido del anexo Yarborough, en los noventa y dos mil, desplazó los términos del debate.

Lo que el anexo aporta no es una tesis: es un documento firmado. Y ese documento no absuelve a los actores colombianos. La responsabilidad principal por lo que ocurrió en Colombia es colombiana, de sus élites políticas, económicas y militares, de los gobiernos que expidieron los decretos, sancionaron las leyes y toleraron o promovieron las estructuras. Pero cierra una discusión: el paramilitarismo colombiano no fue una reacción defensiva espontánea que se salió de cauce. Nació como política, con doctrina, con respaldo externo, con arquitectura jurídica y con nombres propios en cada eslabón. En el eslabón inicial, en febrero de 1962, están la firma de William P. Yarborough y las palabras del Secret Supplement: "actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra proponentes comunistas conocidos".