El Frente Nacional

Frente Nacional (1958–1974)

Entre el 7 de agosto de 1958 y el 7 de agosto de 1974, Colombia se gobernó bajo un pacto sin precedentes en América Latina: liberales y conservadores acordaron alternarse la presidencia cada cuatro años y repartirse por mitades exactas todos los cargos del Estado, mientras cualquier otra fuerza política quedaba fuera de la legalidad electoral. El Frente Nacional fue la fórmula con que las dirigencias de los dos partidos históricos, tras más de una década de matanzas mutuas y tres años de dictadura militar, decidieron desactivar la guerra bipartidista congelando el sistema político. Funcionó: la violencia partidista cedió, la economía se industrializó a ritmo sostenido, el país terminó de volverse urbano. Pero el mismo cierre que pacificó a los dos partidos empujó a las demás fuerzas —el liberalismo disidente, el populismo rojaspinillista, el catolicismo radical, el campesinado sin tierra, el comunismo agrario— a buscar por fuera de las instituciones los cauces que el pacto les negaba dentro. De ese cierre nacieron, entre otras cosas, las FARC, el ELN y el M-19.

El panorama: un pacto contra la guerra y contra la dictadura

El Frente Nacional se pensó al mismo tiempo como salida a la violencia bipartidista que había desangrado al país desde 1946 y como transición hacia el gobierno civil después del régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla. Sus dos arquitectos fueron Alberto Lleras Camargo, jefe del liberalismo, y Laureano Gómez, el conservador que Rojas había derrocado en 1953. Ambos se reunieron en España, primero en Benidorm el 24 de julio de 1956, donde firmaron una declaración de cooperación bipartidista contra el régimen militar, y luego en Sitges el 20 de julio de 1957, ya caído Rojas, donde diseñaron la arquitectura del acuerdo definitivo: alternancia presidencial entre los dos partidos durante cuatro períodos consecutivos —dieciséis años— y paridad milimétrica en toda la estructura del Estado.

Rojas había dejado el poder el 10 de mayo de 1957, presionado por un paro cívico que reunió a las élites de ambos partidos, la Iglesia, los gremios y los estudiantes. Una junta militar gobernó en transición hasta el 7 de agosto de 1958. En medio, el 1 de diciembre de 1957, el país votó un plebiscito que refrendaba con fuerza aplastante lo pactado en Sitges: más de cuatro millones de votos por el Sí frente a poco más de doscientos mil por el No, con una participación cercana al 82% del censo electoral.

Aquel plebiscito tuvo, además, un dato que las crónicas del momento apenas registraron y que la historia posterior tardaría en subrayar: fue la primera vez que las mujeres colombianas votaron en una consulta nacional. El derecho al sufragio femenino había sido concedido bajo la dictadura, en el Acto Legislativo 3 de 1954, pero no había tenido ocasión de estrenarse en las urnas. Las mujeres colombianas entraron a la vida política nacional justo en el acto en que esa vida política se cerraba sobre sí misma: serían votantes desde entonces, sí, pero durante los siguientes dieciséis años lo serían dentro de un sistema donde solo dos opciones tenían acceso legal al poder. La ciudadanía llegó envuelta en su propia limitación.

La reforma constitucional que emergió de ese plebiscito instituyó la paridad y la alternancia, elevó el gasto en educación como porcentaje del presupuesto nacional y estableció, sin decirlo con esas palabras, que ningún partido distinto del liberal y el conservador podía acceder legalmente al poder.

La idea de un gobierno compartido entre los dos partidos no era nueva —tenía antecedentes en la Unión Republicana de 1910, en el gobierno de Enrique Olaya Herrera desde 1930 y en propuestas de Alfonso López Pumarejo hacia 1945—, pero nunca antes se había constitucionalizado. Esa fue la novedad, y también la trampa: lo que otras veces había sido acuerdo coyuntural entre élites, esta vez quedaba inscrito en la carta como régimen.

Las fuerzas en juego

El Frente Nacional se montó sobre un país que estaba dejando de ser el que había sido. En 1964, por primera vez en su historia, Colombia tenía más habitantes urbanos que rurales. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que a comienzos de los cincuenta reunían apenas una sexta parte de la población, hacia mediados de los sesenta rondaban ya una cuarta y seguirían creciendo. La transición no fue solo demográfica: fue el resultado combinado de la caída de la mortalidad con fecundidad aún alta, del desplazamiento forzado por La Violencia que expulsó a cientos de miles del campo, y de las políticas industrializadoras que atrajeron a las ciudades una mano de obra que las ciudades no estaban preparadas para recibir. Los recién llegados ocuparon inquilinatos en los centros abandonados por las élites y levantaron barrios de invasión en las periferias, donde la vida cotidiana transcurría sin agua corriente, sin alcantarillado y sin más autoridad que la del gamonal local que gestionaba los servicios a cambio de votos.

La industria fue el gran motor de ese trasvase. Si antes de 1945 apenas representaba una fracción menor del ingreso nacional, entre 1958 y 1974 se convirtió en el corazón productivo de las ciudades que crecían. Ya no se trataba solo de los sectores tradicionales —textiles, calzado, bebidas, tabaco— que habían definido la manufactura del país desde comienzos de siglo. Aparecieron plantas de industria básica intermedia, bienes de capital, metales, minerales no metálicos, química inorgánica, refinación de petróleo y derivados: un tejido más denso y técnicamente más complejo. El empleo industrial creció en cerca de la mitad en poco más de una década, pasando de menos de un cuarto de millón de trabajadores al inicio del pacto a más de trescientos sesenta mil a la altura de 1970. La dependencia de materias primas importadas —cerca de una cuarta parte del consumo total— siguió siendo un lastre estructural, pero los volúmenes crecían y la sofisticación técnica también. Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla se consolidaron como los polos donde esa Colombia industrial tomaba forma, con sus fábricas, sus sindicatos, sus barrios obreros y sus universidades ampliadas para formar ingenieros y administradores.

El campo, en cambio, se rezagó. La Ley 135 de 1961, que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y estableció mecanismos de extinción de dominio y titulación de baldíos, produjo resultados redistributivos exiguos: entre 1962 y 1978, menos del 1% de la superficie agrícola total fue afectada por la reforma, y buena parte de las tierras entregadas correspondió a colonización dirigida sobre baldíos —piedemonte de la cordillera Oriental, Magdalena Medio, altillanura del Meta y Vichada, sur de Córdoba— y no a expropiaciones de latifundios. La concentración de la propiedad rural, lejos de aliviarse, se acentuó entre 1960 y 1970: las explotaciones menores de diez hectáreas menguaron en número y superficie, mientras se robustecían los estratos medio-alto y alto. La reforma agraria del Frente Nacional fue, en la práctica, una ley sin aplicación real.

En lo internacional, el pacto coincidió con el momento más caliente de la Guerra Fría en el hemisferio. La Revolución Cubana de 1959 obligó a Washington a reformular su política hacia América Latina: la Alianza para el Progreso, lanzada por John F. Kennedy en 1961, prometía reformas sociales financiadas para inocular a la región contra la tentación cubana. Colombia se incorporó desde el comienzo, y Lleras Camargo se convirtió en uno de los interlocutores latinoamericanos preferidos del gobierno estadounidense. Rompió relaciones diplomáticas con Cuba, firmó acuerdos militares de cooperación y adoptó la Doctrina de Seguridad Nacional como marco estratégico del Estado colombiano. Por debajo de la Alianza para el Progreso corría, en paralelo, el Plan LASO —Latin American Security Operation—, que entre 1962 y 1966 promovió la "acción cívico-militar" y consolidó en las Fuerzas Armadas la combinación entre desarrollismo y anticomunismo que las definiría durante décadas.

La cronología vivida: cuatro gobiernos, cuatro momentos

El primer gobierno del Frente Nacional lo asumió Alberto Lleras Camargo el 7 de agosto de 1958, tras vencer holgadamente en las elecciones del 4 de mayo a la candidatura de Jorge Leyva. La transición no fue tersa: pocos meses antes de esas elecciones, un grupo de militares intentó un golpe que amenazó con abortar el proceso, y aunque la conjura fracasó, dejó claro que la salida civil todavía era frágil. Lleras gobernó con una combinación de reformismo social y alineamiento internacional: impulsó la Ley 135 de reforma agraria, incorporó al país a la Alianza para el Progreso y a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y promovió la construcción de vivienda popular. Ciudad Techo, en Bogotá, fue inaugurada con la visita de John F. Kennedy y Jacqueline Bouvier en diciembre de 1961, y desde entonces se llamó Ciudad Kennedy. En el frente interno, el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), encabezado por Alfonso López Michelsen, se organizó como disidencia liberal contra el pacto, sosteniendo que el Frente Nacional era una fórmula de exclusión disfrazada de convivencia.

Le siguió el conservador Guillermo León Valencia, presidente entre 1962 y 1966. Su administración enfrentó dos crisis simultáneas. La primera fue económica: en noviembre de 1962 el gobierno devaluó el peso, elevando el precio básico del dólar a nueve pesos, pero la inflación de 1963 —agravada por escasez de alimentos y alzas salariales— eliminó el efecto real de la devaluación, forzó a acentuar los controles de importaciones y costó al Banco de la República buena parte de sus reservas. La segunda fue militar: Valencia decidió aplicar por la fuerza la doctrina contrainsurgente que había recibido de Washington, y durante su cuatrienio se desplegó un poderío militar considerable contra los enclaves campesinos que el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano, había denunciado en el Senado como "repúblicas independientes": Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero. La ofensiva no liquidó a las guerrillas: las fundó.

En 1966 llegó al poder Carlos Lleras Restrepo, liberal, tecnócrata, el presidente más ambicioso del ciclo. Heredó una economía maltrecha por la parálisis industrial, la caída de los precios del café y el estancamiento agrario, y también una crisis del pacto bipartidista que empezaba a mostrar sus grietas. Respondió con la mano firme del reformismo desde arriba. Impulsó la reforma constitucional de 1968, que fortaleció el poder presidencial, incluyó la emergencia económica como situación de excepción, prolongó la paridad bipartidista hasta 1978 y —quizá su decisión más consecuente— reorganizó las relaciones entre Ejecutivo y Congreso permitiendo que este cediera voluntariamente facultades legislativas y quedara desprovisto de sus poderes presupuestales. Al mismo tiempo, Lleras Restrepo intentó reactivar la reforma agraria, corrigiendo el desdén con que la había tratado Valencia, y para eso apoyó la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), con la idea de que el campesinado debía ser aliado del Estado y no su enemigo. El Decreto 755 de 1967 abrió el camino organizativo, y en julio de 1970 la ANUC celebró su Primer Congreso Nacional con cerca de 845.000 usuarios inscritos: una cifra que, en un país donde la población rural rondaba entonces los diez millones de personas, convertía a la organización campesina impulsada por el gobierno en uno de los movimientos sociales más grandes que Colombia había conocido, comparable en escala a las principales centrales sindicales urbanas y muy superior a la militancia sumada de todos los partidos de izquierda de la época.

El cuarto y último gobierno del Frente Nacional fue el del conservador Misael Pastrana Borrero, entre 1970 y 1974. Su elección, el 19 de abril de 1970, fue el episodio más traumático del ciclo. Frente a él corría Gustavo Rojas Pinilla, el exdictador reciclado en caudillo populista al mando de la Alianza Nacional Popular (ANAPO). Los primeros datos de la noche daban ganador a Rojas. El presidente saliente, Carlos Lleras Restrepo, suspendió la difusión de resultados parciales, y al día siguiente se proclamó el triunfo de Pastrana por un margen estrecho: alrededor de sesenta mil votos entre más de tres millones emitidos. Un apagón masivo en un momento clave del conteo alimentó las sospechas. La ANAPO denunció fraude, y buena parte de la izquierda —y de la opinión— dio la denuncia por cierta. El episodio del 19 de abril terminó siendo, para los sectores más radicales del país, la prueba definitiva de que el Frente Nacional no ofrecía cauces electorales reales para la oposición.

Pastrana gobernó con la agenda invertida frente a Lleras Restrepo. Se distanció del enfoque cepalino y del reformismo agrario, y adoptó las ideas de Lauchlin Currie a través de la llamada Operación Colombia, cuyo eje era desplazar el motor del desarrollo del campo hacia las ciudades. La apuesta descansaba en el sector de la construcción, financiado por un instrumento nuevo, la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), creada en 1972, que ofreció a los ahorradores urbanos un mecanismo indexado a la inflación y canalizó volúmenes crecientes de crédito hacia la vivienda. La construcción se convirtió en el sector líder del cuatrienio, y con ella se multiplicaron los barrios de clase media en las cuatro grandes ciudades: la Colombia que salía del pacto bipartidista tenía ya un tejido urbano de propietarios hipotecados, una clase media residencial que no existía a la escala anterior y una economía crecientemente atada al ciclo del cemento.

En paralelo, Pastrana clausuró en la práctica lo poco que quedaba de la reforma agraria. Sectores influyentes de los dos partidos con intereses terratenientes se alinearon para frenarla, y en enero de 1972, en Chicoral (Tolima), las dirigencias liberal y conservadora sellaron con los gremios rurales un pacto que reorientó la política agraria hacia la modernización capitalista de la gran propiedad, la seguridad jurídica sobre el latifundio y el proteccionismo arancelario. La ANUC, que en agosto de 1971 había aprobado en Fúquene su Mandato Campesino declarándose autónoma del gobierno, exigiendo la expropiación del latifundio y rechazando la colonización como sustituto de la redistribución, terminó siendo abandonada por el Estado que la había impulsado. En cuestión de meses, la organización campesina más numerosa del siglo se quedó sin interlocutor, y sus corrientes internas empezaron a radicalizarse por vías que ya no pasarían por el ministerio.

El cierre cultural del cuatrienio fue igualmente significativo. Bajo Pastrana se consolidó una televisión estatal que empezó a llegar de manera cotidiana a los hogares urbanos, se expandió la matrícula universitaria pública y privada, y las universidades —la Nacional a la cabeza— se convirtieron en espacio de circulación de una izquierda intelectual y estudiantil que leía a los teóricos de la dependencia, discutía a Marx y a Marcuse, y miraba con más atención a La Habana que a Bogotá. Fue también la época en que la irrupción de la contracultura global —el rock, la píldora, el pelo largo, el nadaísmo local ya en su segunda ola— reconfiguró las costumbres de las clases medias jóvenes, marcando un divorcio generacional que la Iglesia y los partidos apenas empezaban a percibir. El país que Pastrana entregó en 1974 era, en varias capas simultáneas, un país que ya no cabía en el molde del pacto.

Los actores: los que caben y los que no

El Frente Nacional era, antes que otra cosa, una máquina de repartir. La paridad, que en su formulación original parecía un simple mecanismo de garantías cruzadas, se convirtió en la lógica dominante del Estado. Cada curul, cada ministerio, cada notaría, cada juzgado, cada gobernación, cada asamblea departamental y cada concejo municipal debía dividirse por mitades entre liberales y conservadores. La rama judicial, la administración pública, los cuerpos legislativos: todo se pactaba. Y como la competencia entre los dos partidos había perdido su razón de ser ideológica —ambos gobernaban al tiempo—, lo que se disputaba internamente eran los puestos.

De ahí que el clientelismo se convirtiera en la práctica electoral dominante. Los partidos dejaron de ser vehículos programáticos y se transformaron en federaciones de caudillos locales cuya fuerza dependía del control de electores y del uso del presupuesto público como instrumento de manipulación. La burocracia del Estado pasó a ser la depositaria de la función de reproducción electoral del sistema. El gamonalismo regional, que la política del siglo XIX ya conocía, encontró bajo el Frente Nacional una segunda edad de oro, esta vez con recursos fiscales crecientes.

Ese cierre por dentro produjo, casi mecánicamente, un afuera. Lo que no cabía en el reparto tenía que organizarse en los márgenes, y allí fue apareciendo un mapa disperso de oposiciones cuya única coincidencia era, precisamente, no caber. Sobre ese mapa vale la pena detenerse porque en él estaban ya, en germen, casi todos los conflictos políticos que atravesarían las décadas siguientes.

Dentro del propio liberalismo, el Movimiento Revolucionario Liberal encarnó la primera disidencia sistemática. López Michelsen construyó desde el interior del partido una crítica frontal a la lógica del pacto, presentó candidaturas propias en las elecciones presidenciales de 1962 —donde compitió junto con Jorge Leyva— y sostuvo, con una fórmula que se volvería reveladora, que el pacto había convertido al régimen colombiano en algo parecido a un partido único sin oposición real. El MRL era, en cierto modo, la prueba de que el Frente Nacional producía sus propias contradicciones incluso en el bando que lo había diseñado.

Un peldaño más afuera estaba la ANAPO. El movimiento de Rojas Pinilla creció en los estratos bajos de las grandes ciudades —desempleados, migrantes rurales recién llegados, habitantes de tugurios— con un discurso que mezclaba nacionalismo, cristianismo social y crítica a la oligarquía, y que en materia económica no amenazaba la hegemonía capitalista: su plataforma incluía, por ejemplo, la cogestión en las empresas. En 1966 se presentó como candidato de la ANAPO José Jaramillo Giraldo; en 1970 fue el propio Rojas quien casi le arrebata la presidencia al establecimiento. La ANAPO representaba a los sectores populares urbanos que la industrialización y la migración habían creado y que ningún partido del reparto se ocupaba de representar.

Más allá aún, en un plano donde ya no se trataba de disputar cargos sino de disputar el sentido mismo del orden social, aparecía la Iglesia católica en su ala renovada. La institución que durante la primera mitad del siglo había sido soporte del conservatismo estaba viviendo su propia sacudida interna: el Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1965, y la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín en 1968 desplazaron a una parte del clero hacia posiciones que en Colombia adquirieron un radicalismo particular.

Nadie encarnó ese desplazamiento como Camilo Torres Restrepo. Sacerdote, sociólogo, capellán de la Universidad Nacional, Torres colgó los hábitos, creó el Frente Unido como aparato político pluralista, y a finales de 1965 se unió al Ejército de Liberación Nacional argumentando que "las vías legales están cerradas". Murió en combate el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento, cerca de San Vicente de Chucurí. Su frase —"el deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución"— se volvió consigna. Fue sometido póstumamente a juicio por dos tribunales especiales por los delitos de subversión, atentado a la seguridad del país y asociación para delinquir. Dos años más tarde, en 1968, sesenta sacerdotes reunidos en la finca Golconda suscribieron un manifiesto que denunciaba la dependencia económica, la pobreza, la ausencia de reforma agraria y la "violencia institucionalizada", y proponía que la Iglesia rompiera con la separación entre lo sobrenatural y lo temporal. Del clientelismo cotidiano en las gobernaciones al martirio de un cura guerrillero: entre esos dos extremos se movía el mapa político real del Frente Nacional.

Las transformaciones: lo que cambió de verdad

Bajo el Frente Nacional, Colombia dejó de ser el país que había sido y no llegó a ser todavía el que iba a ser. El cambio más profundo fue demográfico y territorial: en 1964 se cruzó el umbral urbano, y la vida de la mayoría dejó de organizarse en torno a la vereda, el municipio agrario y la parroquia rural para hacerlo en torno al barrio popular, la fábrica, el sindicato y la universidad. Bogotá dejó de ser una capital administrativa relativamente pequeña para convertirse en la metrópoli que absorbía la migración desde todo el país. Medellín consolidó su condición de capital industrial. Cali, empujada por el azúcar y la manufactura, creció aceleradamente. Barranquilla siguió siendo el puerto que integraba al Caribe.

Al mismo tiempo, el país se hizo más desigual en algunos frentes y menos en otros. La industrialización sostenida creó una clase obrera urbana, expandió las clases medias profesionales y multiplicó el empleo asalariado. Pero la concentración de la tierra aumentó, la reforma agraria fue clausurada por los intereses terratenientes que operaban dentro de los dos partidos, y el campesinado sin tierra —que había protagonizado La Violencia y que ahora se organizaba en la ANUC— quedó atrapado entre la promesa reformista de Lleras Restrepo y su cancelación bajo Pastrana. El Pacto de Chicoral, que hacia 1972 selló la coalición terrateniente-bipartidista contra la redistribución, marcó el punto final de la reforma agraria como política de Estado durante el ciclo frentenacionalista.

El sistema político, por su parte, se cerró institucionalmente. El uso casi permanente del estado de excepción se convirtió en rasgo estructural: los gobiernos del Frente Nacional recurrieron al estado de sitio como sucedáneo del régimen militar, expidiendo por decreto lo que el Congreso no aprobaba o no discutía. En ese marco se expidió el Decreto Legislativo 3398 de 1965, que obligó a todos los colombianos a participar activamente en la defensa nacional y a cooperar con ella, convirtiendo a cada habitante en pieza de la estrategia estatal de defensa. Bajo ese paraguas legal, las Fuerzas Armadas empezaron a promover la creación de estructuras de civiles armados —las juntas de autodefensa—, cuyo desarrollo pleno como grupos paramilitares vendría en los años ochenta, pero cuya base jurídica quedó fijada en aquel decreto de mediados de los sesenta.

Menos visible en las crónicas de la época, pero no menos decisiva, fue la transformación de la textura cultural del país. La expansión de la matrícula universitaria multiplicó por varias veces la población estudiantil, y con ella el peso político de los campus. La televisión, que había llegado bajo Rojas Pinilla, se convirtió durante el pacto en un electrodoméstico común de las clases medias urbanas y empezó a articular, por primera vez, una esfera pública nacional simultánea. La radio consolidó a los locutores deportivos y a las radionovelas como referentes compartidos entre Cali y Cúcuta. El nadaísmo desafió el buen gusto conservador desde Medellín, García Márquez publicó Cien años de soledad en 1967, y el rock latino empezó a colarse por Radio 15 y las primeras discotecas bogotanas. La familia católica de los años cincuenta —numerosa, obediente, agraria— seguía siendo el modelo dominante, pero el molde ya no encajaba con lo que la industrialización y la migración estaban produciendo en las ciudades. Bajo la superficie del bipartidismo, el país se estaba individualizando, secularizando y politizando a la vez.

El nacimiento de las guerrillas contemporáneas

Las principales guerrillas colombianas del último medio siglo nacieron durante el Frente Nacional, y su nacimiento se explica por la intersección de dos procesos: el cierre político del pacto bipartidista y el clima internacional de la Guerra Fría posterior a la Revolución Cubana. Cuando se instaló el Frente Nacional en 1958, la mayoría de las guerrillas liberales y comunistas de La Violencia se desmovilizó bajo las amnistías de la transición. Pero las guerrillas comunistas permanecieron armadas: el Partido Comunista Colombiano, que desde 1949 alternaba entre autodefensa campesina y guerrilla móvil según la coyuntura, no fue incorporado al reparto del poder, y sus enclaves rurales en el sur del Tolima, Riochiquito, El Pato y otras zonas se mantuvieron como zonas de autodefensa.

Fue la decisión de tratarlos militarmente lo que precipitó la formación de las FARC. En mayo de 1964, bajo el gobierno de Valencia, se ejecutó la operación militar contra Marquetalia —conocida en algunas fuentes como Operación Soberanía— con asesoría norteamericana en el marco del Plan LASO. Manuel Marulanda Vélez y sus hombres escaparon del cerco, constituyeron el Bloque Sur ese mismo año y redactaron el Programa Agrario Guerrillero. En 1966, en la II Conferencia Guerrillera celebrada en El Pato (Meta), el Bloque Sur adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para entonces contaban con unos 350 combatientes, con Ciro Trujillo como lugarteniente y con Jacobo Arenas —vinculado al grupo desde abril de 1964— como ideólogo político. Sin la agresión militar a Marquetalia, probablemente las FARC no habrían nacido. El grupo construyó ese ataque como su mito fundacional: no surgió por iniciativa propia, según su relato, sino como respuesta defensiva a la ofensiva del Estado.

El Ejército de Liberación Nacional tuvo otro origen. Fundado en 1964 con apoyo directo de la Revolución Cubana, lo formaron principalmente estudiantes universitarios radicalizados que se asentaron en Santander, donde se unieron a campesinos y a remanentes de la guerrilla gaitanista de Rafael Rangel. Su primera acción pública fue la toma de Simacota, el 7 de enero de 1965. La adhesión de Camilo Torres a fines de ese año y su muerte en 1966 le dieron al ELN un aura de radicalismo cristiano que lo distinguió durante décadas de la orientación comunista ortodoxa de las FARC. Más tarde articularía vínculos con el sindicalismo petrolero de Barrancabermeja.

Durante todo el ciclo del Frente Nacional, la actividad guerrillera fue de baja intensidad: acciones esporádicas, tomas ocasionales de pueblos, presencia territorial limitada a enclaves rurales marginales. Ninguna de las dos guerrillas representaba entonces una amenaza estratégica al Estado. Pero estaban sembradas, y con ellas la lógica que atravesaría el resto del siglo.

El caso del M-19 fue distinto y confirma la tesis del cierre. El Movimiento 19 de Abril tomó su nombre de la fecha de las elecciones de 1970 y se conformó como respuesta directa al presunto fraude contra Rojas Pinilla. Su núcleo original salió del sector más radical de la ANAPO —estudiantes y obreros— que decidió tomar las armas después de haber intentado, y perdido, por la vía electoral. A diferencia de las FARC y el ELN, cuyas raíces estaban en dinámicas anteriores al Frente Nacional, el M-19 fue engendrado por el Frente Nacional mismo, por su episodio más incriminatorio.

El legado: lo que quedó vibrando

El Frente Nacional terminó formalmente el 7 de agosto de 1974, cuando Alfonso López Michelsen asumió la presidencia tras ganar unas elecciones ya abiertas a la competencia real entre candidatos de distintos partidos. La paridad, sin embargo, se prolongó hasta 1978 por la reforma constitucional de 1968, y ciertos hábitos de reparto sobrevivieron mucho más allá. Cuando se hace el balance, quedan al menos cuatro herencias que no dejaron de operar.

La primera es institucional. El Frente Nacional resolvió la guerra bipartidista —los muertos por identidad de partido desaparecieron de las estadísticas— y estabilizó al Estado colombiano en un momento en que buena parte de América Latina caía bajo regímenes militares. Colombia mantuvo elecciones regulares, prensa relativamente libre y separación formal de poderes durante el resto del siglo XX. Ese es el activo del pacto. En su reverso, el mismo mecanismo consolidó un Estado ejecutivista, con un Congreso subordinado, un uso rutinario del estado de excepción y una imbricación tal entre partidos y burocracia que la reforma política se volvería, en las décadas siguientes, una tarea permanentemente aplazada.

La segunda es económica y social. La industrialización sostenida entre 1958 y 1974, la urbanización acelerada y la incorporación del país a los circuitos internacionales de comercio e inversión modernizaron a Colombia sobre bases estructurales que quedaron intocadas: la concentración de la tierra siguió creciendo, la reforma agraria fue frustrada, y la migración masiva hacia las ciudades generó un desarrollo urbano desigual que las ciudades no lograron administrar. La modernización del Frente Nacional fue real y fue parcial: creó nuevos actores sociales sin resolver los conflictos de fondo.

La tercera es el conflicto armado. Las FARC, el ELN y el M-19 —y también el Ejército Popular de Liberación, nacido en el mismo período— sobrevivieron al Frente Nacional y se convirtieron en los protagonistas del ciclo insurgente que definió el resto del siglo. Sus raíces son múltiples y no se reducen al cierre del pacto: había un contexto latinoamericano favorable a la lucha armada, había una Doctrina de Seguridad Nacional que trataba militarmente la disidencia, había una decisión del Estado de no ofrecer salida política a los reductos campesinos de La Violencia. El Frente Nacional agregó a esa combinación un factor decisivo: al clausurar los canales electorales para las terceras fuerzas, le entregó a esas guerrillas un argumento poderoso —la exclusión legal como justificación de la vía armada— que utilizarían durante décadas como piedra fundacional de su legitimidad.

La cuarta herencia es simbólica y política. La convicción de que el sistema colombiano estaba diseñado para excluir, de que "las vías legales están cerradas" —la frase de Camilo Torres se volvió consigna precisamente porque nombraba una experiencia compartida—, quedó instalada en la cultura política de la izquierda y de amplios sectores populares. El episodio del 19 de abril de 1970 la reforzó de manera decisiva: para quienes vivieron ese momento como un fraude, la conclusión no fue que había que mejorar el sistema electoral, sino que el sistema electoral no funcionaba.

Mirado hacia atrás, el Frente Nacional aparece con la ambigüedad que le corresponde. Fue la fórmula con que Colombia salió de la peor guerra civil del siglo XX sin caer en una dictadura larga como las del Cono Sur, y en ese sentido protegió al país de destinos peores. También fue la fórmula que congeló el sistema político durante dieciséis años, que redujo la contienda democrática a un reparto entre dos maquinarias burocratizadas, que frustró la reforma agraria por la coalición interna de terratenientes de los dos partidos y que respondió con la fuerza militar a lo que exigía respuesta política. No creó de la nada el conflicto armado colombiano —este tenía raíces más profundas—, pero clausuró los cauces que habrían podido absorber la disidencia dentro de las instituciones. La paz bipartidista se pagó cara, y se pagó en la moneda de las oposiciones armadas y sociales que definirían el resto del siglo. El país que emergió en 1974 —urbano, industrial, moderno, desigual, militarizado, con un archipiélago de guerras esperándolo a la vuelta— llevaba escrita en su estructura la doble marca del pacto: lo que había clausurado y lo que había dejado abierto. En esa cuenta doble se juega buena parte de la Colombia que vino después.