Idea · Crisis y narcotráfico

Apertura democrática

La Apertura Democrática fue la reforma política, el proceso de paz y el nuevo vocabulario público con que el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) intentó sacar a Colombia del ciclo de represión y guerra sucia heredado del Estatuto de Seguridad de Turbay, combinando amnistía, negociación con las guerrillas y descentralización política.

3.815 palabras64 documentos96 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1978
Estatuto de Seguridad: el antecedente represivo
1982
Ley 35: la primera amnistía
1983
Plan Nacional de Rehabilitación y oposición militar
1984
Acuerdos de La Uribe y ceses al fuego múltiples
1985
Nacimiento de la Unión Patriótica
1985
Toma y retoma del Palacio de Justicia: el derrumbe

La lectura

La Apertura Democrática representó la primera hipótesis institucional seria en la historia reciente de Colombia de que el conflicto armado podía resolverse mediante diálogo y no mediante exterminio, rompiendo con la lógica del estado de sitio permanente que había gobernado el país más del 80% del tiempo entre 1958 y 1990. Su arquitectura combinó una amnistía legislativa, acuerdos de cese al fuego con las principales guerrillas, un plan de rehabilitación social para las regiones más golpeadas y la creación de un movimiento político legal —la Unión Patriótica— destinado a absorber la insurgencia en la vida democrática. El proceso se estrelló contra una constelación de vetos que el presidente Betancur, sin partido propio y sin capacidad para disciplinar a los actores que convocaba, no logró neutralizar: la oposición abierta de los altos mandos militares, la resistencia de élites regionales y gremios agropecuarios, el paramilitarismo naciente en el Magdalena Medio y la doble agenda del propio M-19. Aunque la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 la enterró políticamente, la Apertura dejó sedimentos duraderos: instaló en el vocabulario público colombiano los conceptos de negociación, causas objetivas del conflicto y reforma política como condición de la paz, y sembró las semillas de la descentralización y la Asamblea Constituyente que desembocarían en la Constitución de 1991.

La Apertura Democrática

La Apertura Democrática fue el nombre con el que el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) bautizó su intento de sacar a Colombia del ciclo largo de estado de sitio, represión militar y guerra sucia que había definido la década anterior. Fue, a un tiempo, una amnistía, un proceso de paz con las guerrillas, una reforma política y un vocabulario nuevo para hablar del conflicto armado. Nació como respuesta al fracaso del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala, se estrelló contra la resistencia de militares, élites regionales y paramilitares, y quedó enterrada, en un sentido muy literal, entre las ruinas del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Algunas de sus reformas —la elección popular de alcaldes, el vocabulario público de la negociación, la semilla de la Asamblea Nacional Constituyente— sobrevivieron a la catástrofe y estructuraron la política colombiana hasta desembocar en la Constitución de 1991. Es, en la historia reciente del país, la primera gran hipótesis institucional de que la guerra podía terminarse mediante diálogo y no mediante exterminio.

La sombra del Estatuto de Seguridad

La Apertura no se entiende sin lo que vino antes. En septiembre de 1978, apenas iniciado su gobierno, Turbay Ayala expidió el Estatuto de Seguridad como decreto de estado de sitio. La norma otorgó a las Fuerzas Armadas facultades excepcionales para el control del orden público, incluida la detención sin orden judicial, y trasladó a los tribunales militares el juzgamiento de civiles acusados de delitos políticos. Durante su vigencia se habla de entre 8.000 y 16.000 personas detenidas por razones políticas, la mayoría procesadas por la justicia castrense.

El costo humano y político fue devastador. Las torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas asociadas al estatuto fueron negadas o encubiertas por el Estado, pero documentadas por organizaciones colombianas y por Amnistía Internacional, cuya visita al país —convocada por defensores de derechos humanos locales— marcó un antes y un después en la percepción internacional de Colombia. El régimen de excepción, sumando los años anteriores, se prolongó seis años ininterrumpidos, y solo se levantó al final del mandato de Turbay, con el argumento de que la subversión estaba controlada.

La realidad la desmintió. Bajo el estatuto, las FARC avanzaron en su expansión, el ELN y el M-19 incrementaron sus acciones, y el conjunto de la guerrilla creció. La mano dura, lejos de exterminar la subversión, la fortaleció y golpeó de paso la legitimidad del Estado. Cuando comenzó la campaña presidencial de 1982, la paz —no como aspiración retórica sino como problema urgente— se había instalado en el centro del debate público. El Partido Liberal, desgastado por las denuncias de derechos humanos y sacudido además por el escándalo del Grupo Gran Colombiano, llegó dividido en dos facciones a las urnas. Ese resquicio abrió el camino a un conservador que se había desmarcado de la política tradicional.

Betancur y la triple estrategia

Belisario Betancur ganó las elecciones de 1982 al frente de un Movimiento Nacional de vocación suprapartidista. Antioqueño de origen humilde, escritor de formación, hombre de matices más que de doctrina, llegó al Palacio de San Carlos con un plan de desarrollo bautizado Cambio con equidad y una lectura del país que rompía con la de su antecesor. Frente al lenguaje de la subversión enemiga, propuso reconocer que el conflicto armado tenía causas objetivas y subjetivas: pobreza, exclusión, cerrazón política. Frente a la coerción, propuso el diálogo.

Su gobierno articuló una triple estrategia. La primera línea era negociar la paz con las guerrillas. La segunda, una reforma política llamada Apertura Democrática, destinada a ampliar el escenario político más allá del bipartidismo tardío del Frente Nacional. La tercera, una política exterior tercermundista que devolviera a Colombia al concierto latinoamericano, con distancia respecto de Washington. Las tres piezas se sostenían mutuamente: sin apertura política no había incentivo para dejar las armas; sin negociación no había paz que legitimar; sin autonomía internacional no había margen para desafiar la doctrina contrainsurgente hemisférica.

Había, en el fondo del proyecto, una operación de relegitimación. El estado de excepción había dejado de ser excepcional —entre 1958 y 1990 Colombia estuvo bajo alguna forma de estado de sitio más del 80% del tiempo— y el régimen político acumulaba señales de agotamiento: altos índices de abstencionismo, redes clientelistas cerradas sobre sí mismas, deterioro de los servicios sociales, expansión guerrillera. Betancur necesitaba restaurar la credibilidad del Estado tanto como resolver el conflicto. Esa doble ambición explicaría, más tarde, tanto la audacia de su retórica como los límites de su capacidad para disciplinar a los actores que él mismo convocaba al diálogo.

La Ley 35 y la primera amnistía

El primer gesto sustantivo llegó rápido. El 19 de noviembre de 1982, apenas tres meses después de la posesión, el Congreso aprobó la Ley 35, expedida por iniciativa del Ejecutivo. La norma otorgó amnistía por delitos políticos —rebelión, sedición y asonada— y sus conexos. Excluyó expresamente los homicidios cometidos fuera de combate con sevicia, colocando a la víctima en situación de indefensión o aprovechándose de ella: un intento de trazar una línea entre el combatiente y el criminal común que la práctica posterior haría difícil de mantener.

La Ley 35 permitió la excarcelación de centenares de presos políticos pertenecientes a todos los grupos guerrilleros. La mayoría eran militantes del M-19. El propio Betancur habló después de unos 2.000 amnistiados; otras fuentes cifran la cifra en torno a 1.500. En cualquier caso, era la mayor liberación de presos políticos en la historia reciente del país, y una ruptura simbólica con la lógica del Estatuto de Seguridad.

La respuesta guerrillera no fue el agradecimiento que la Casa de Nariño esperaba. Jaime Bateman Cayón, comandante del M-19, rechazó la ley apenas tres días después de su firma. Su argumento era político: la amnistía, sostuvo, debía ir acompañada de una completa reforma política y social, no ofrecerse como perdón unilateral del Estado. La objeción reveló desde el principio una tensión que atravesaría todo el proceso: para el gobierno, la amnistía era la puerta de entrada al diálogo; para la guerrilla, apenas una precondición mínima. Cada uno esperaba del otro un gesto que el otro consideraba insuficiente.

Los acuerdos de 1984

El proceso ganó forma institucional a lo largo de 1983 y culminó en 1984. El gobierno creó una Comisión de Paz presidida por Otto Morales Benítez, veterano liberal de convicciones reformistas, y complementó la política con dos piezas más: el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), establecido en 1983 para atender las condiciones objetivas del conflicto en las regiones más golpeadas, y la Ley 45 de 1985, o Ley de Indulto, que amplió el marco jurídico de la reincorporación.

El 28 de marzo de 1984, en las montañas de La Uribe, en el departamento del Meta, el gobierno y las FARC suscribieron los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz, conocidos como Acuerdos de La Uribe. Fueron once puntos: cese al fuego bilateral, creación de una Comisión de Verificación, compromiso guerrillero de desmovilizar paulatinamente su estructura militar e iniciar un tránsito hacia un movimiento político legal, y compromiso gubernamental de impulsar reformas políticas y sociales. El acuerdo quedó abierto para la adhesión de otros grupos alzados en armas, y Betancur lo ratificó personalmente.

Los meses siguientes ampliaron el perímetro. El 24 de agosto de 1984, el gobierno firmó un acuerdo de cese al fuego con el Ejército Popular de Liberación (EPL) en el antiguo Museo Zea de Medellín. Ese mismo año se pactaron ceses al fuego con el M-19 y con la Autodefensa Obrera (ADO). En algunos de estos textos, la guerrilla se comprometió a prohibir el secuestro y otras arbitrariedades, aunque el alcance y la aplicación efectiva de esos compromisos serían objeto de disputa desde el primer día. El ELN, atravesando un replanteamiento estratégico tras haber quedado al borde de la desaparición entre 1973 y 1974, se mantuvo al margen.

Por un instante, en el segundo semestre de 1984, pareció que Colombia tenía a la mayor parte de sus guerrillas en tregua simultánea. Nunca antes había ocurrido.

Los enemigos agazapados

La sensación no duró. Casi desde el primer día, el proceso encontró una resistencia interna que ningún acuerdo bilateral podía neutralizar.

La primera línea de oposición vino del propio gabinete militar. El general Fernando Landazábal Reyes, ministro de Defensa entre 1982 y 1984, calificó públicamente en 1983 el proceso de paz como una concesión a los subversivos y una claudicación gubernamental ante la subversión. En 1984, con el cese al fuego con las FARC ya vigente, el general Miguel Vega Uribe, comandante de las Fuerzas Militares, y el mayor general Guillermo Jaramillo Berrío, comandante del Ejército, se pronunciaron en el mismo sentido. La oposición castrense dejó de ser murmullo y se hizo doctrina pública.

Detrás de las declaraciones había una estructura. Los manuales militares de la época, como el Manual de combate contra bandidos y guerrilleros, recomendaban a los oficiales crear juntas civiles de autodefensa que guiaran operaciones, patrullaran regiones y sirvieran de informantes. La colaboración entre Ejército y grupos armados civiles era doctrina, no desviación. En diciembre de 1983, el general Farouk Yanine Díaz fue nombrado comandante de la XIV Brigada del Ejército en el Magdalena Medio, una de las regiones donde esa doctrina se estaba traduciendo, con financiamiento narcotraficante, en el nacimiento del paramilitarismo moderno. La relación histórica entre militares y élites regionales, tejida en décadas de lucha contrainsurgente, limitaba la autonomía del uniforme como representante del Estado central y lo ataba a compromisos locales que el proceso de paz amenazaba con desbaratar.

El 15 de septiembre de 1984, apenas semanas después de firmado el cese al fuego con el EPL, unidades del Batallón de Infantería No. 22 "Batalla de Ayacucho" habrían atacado un campamento del EPL durante la vigencia de la tregua. El proceso empezaba a sangrar por dentro.

La segunda línea de oposición vino de los gremios y las élites regionales. En Córdoba, Antioquia, el Magdalena Medio, Huila y el Valle del Cauca, las asociaciones agropecuarias emitieron pronunciamientos duros contra los Acuerdos de La Uribe, temerosas de que las reformas políticas se tradujeran en reforma agraria y de que la tregua incentivara invasiones de tierras. Los ganaderos de Santander llegaron a notificar formalmente a la Comisión de Paz que estaban armándose para defenderse por su cuenta.

En agosto de 1984, Otto Morales Benítez renunció a la presidencia de la Comisión de Paz. En su carta denunció la existencia de "enemigos agazapados de la paz" dentro y fuera del Gobierno. Años después, en entrevistas, identificó a sectores de la clase empresarial y a ministros del propio gabinete de Betancur que se oponían al proceso en privado. La frase, precisa y a la vez elusiva, describía bien la naturaleza del sabotaje: no una conspiración articulada sino una constelación de vetos que se reforzaban unos a otros y que el presidente, aislado y sin partido propio, no lograba disciplinar.

El Palacio de Justicia

El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19 dirigido operativamente por Luis Otero y Andrés Almarales tomó por asalto el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La retoma militar, ejecutada con blindados y armamento pesado, dejó sin vida a once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de empleados, visitantes y trabajadores de la cafetería.

El episodio condensa en 28 horas todas las traiciones del proceso. No fue Betancur quien ordenó el ataque ni definió la modalidad de la retoma: la operación militar se ejecutó con una autonomía tal que ha sido descrita como cuasigolpe de Estado, un momento en que el poder civil desapareció del mando efectivo. Simultáneamente, la toma misma probaba que el M-19, mientras negociaba con el gobierno y mantenía formalmente el cese al fuego, había preparado en paralelo una operación militar de escala nacional destinada, según su propio relato, a someter al presidente a un juicio político. La doble agenda insurgente y la insubordinación militar se encontraron en el mismo edificio.

El saldo político fue inmediato. Los militares recuperaron el terreno perdido en la definición de las políticas de defensa y seguridad. Las manifestaciones a favor de la paz, que habían acompañado con entusiasmo la primera fase del gobierno, disminuyeron sensiblemente. La iniciativa de paz de Betancur quedó, en la imagen que se volvió cliché por veraz, enterrada en las ruinas del Palacio de Justicia. Al presidente le quedaban nueve meses de gobierno y ningún capital para intentar algo nuevo.

La Unión Patriótica

Mientras la negociación se derrumbaba, uno de sus frutos institucionales seguía su curso propio. La Unión Patriótica (UP) había nacido en 1985 como resultado de los Acuerdos de La Uribe. Se concibió como un movimiento político amplio y democrático que permitiría a las FARC y a otros sectores de izquierda participar en la vida política legal, presentar candidatos y disputar cargos de representación popular. En términos del diseño de la Apertura Democrática, era el ensayo mayor: si funcionaba, demostraba que la guerrilla podía convertirse en partido y la democracia colombiana podía ensancharse sin romperse.

En las elecciones de 1986, la UP obtuvo dos senadores propios y cuatro más en coalición, tres representantes a la Cámara y seis más en coalición, veintinueve diputados, y accedió a veinticuatro alcaldías tras obtener mayoría en los concejos de treinta municipios. Su candidato presidencial, el abogado Jaime Pardo Leal —después de que Jacobo Arenas, segundo jefe de las FARC, hubiera sido su primera opción—, alcanzó algo menos del 5% de los votos, el resultado más alto obtenido hasta entonces por un candidato vinculado al comunismo en Colombia. Para un partido de meses de existencia, era una irrupción electoral considerable.

También fue una sentencia. Los asesinatos comenzaron antes del primer congreso del partido, en noviembre de 1985: para esa fecha ya habían caído al menos 70 militantes. En septiembre de 1986, la cifra ascendía a 300. Los homicidios se concentraron en las zonas donde la UP tenía mayor fuerza electoral y organizativa —Urabá, el Magdalena Medio, el Meta, Caquetá, el Tolima— y en el perfil social que sostenía su implantación territorial: el 41% de las víctimas identificadas con ocupación registrada eran campesinos, trabajadores agrícolas o administradores de finca.

El exterminio no fue espontáneo. Se documentan al menos dos planes coordinados: el "Baile Rojo" y el "Plan Esmeralda", desarrollado este último en los Llanos Orientales y el Caquetá, con el objetivo explícito de perseguir y dar muerte a los miembros del partido. Los ejecutores fueron principalmente grupos paramilitares —incluidos los hermanos Castaño—, con vínculos con narcotraficantes y con sectores del Ejército y la Policía. La composición del MAS (Muerte a Secuestradores), la organización paramilitar de mayor visibilidad en el Magdalena Medio, había sido investigada previamente por la Procuraduría, que había señalado vínculos con miembros de las fuerzas militares. La oposición a la UP fue la convergencia de intereses que ya había resistido los acuerdos: paramilitares con conexión narco, clase política local que veía amenazado su control territorial y sectores del ejército y la policía.

El gobierno de Betancur no contuvo esa guerra sucia. No contuvo al MAS, no contuvo a los organismos de inteligencia, no contuvo a la fuerza pública. La introducción de la elección popular de alcaldes, implementada a partir de 1988, amplió las posibilidades de la UP para acceder al poder local, y con ello la magnitud del blanco. La masacre de Segovia, el 11 de noviembre de 1988, fue una reacción directa a los resultados electorales de marzo de ese año, que habían favorecido a la UP en el Alto Nordeste Antioqueño. El exterminio se prolongaría más de una década, alcanzaría también a Bernardo Jaramillo Ossa —sucesor de Pardo Leal, asesinado en marzo de 1990— y quedaría inscrito como uno de los casos más graves de violencia política de la historia colombiana reciente. La calificación de genocidio, sostenida por organizaciones de víctimas y estudios académicos, se apoya en la concentración territorial de los homicidios y en su relación directa con la fuerza electoral y organizativa del partido.

La reforma que sobrevivió

Y sin embargo, algo del proyecto sobrevivió. La Apertura Democrática no era solo la negociación con las guerrillas; era también un conjunto de reformas al régimen político que se abrieron paso, con dificultad, a través del sistema institucional.

La más importante fue la elección popular de alcaldes, aprobada bajo Betancur e implementada a partir de 1988. Hasta entonces, la autoridad municipal era delegada desde el Ejecutivo central y no podía ser cuestionada por los ciudadanos afectados, un dispositivo que perpetuaba el clientelismo bipartidista y bloqueaba la rendición de cuentas local. La elección directa cambió esa geometría. Abrió una puerta a organizaciones alternativas: en municipios del Cauca, el CIMA logró ganar la alcaldía de Almaguer con un candidato propio, Primitivo, en un experimento de política local por fuera de los partidos tradicionales. En decenas de municipios, la UP entró al poder por primera vez —y por eso mismo, en muchos de ellos, fue exterminada.

La reforma se inscribió en un ciclo descentralizador más amplio que Colombia emprendió durante los años ochenta, apoyado por agencias internacionales como el Banco Mundial y el FMI, y reclamado también por guerrillas como el M-19 y el EPL en sus procesos de negociación. Ese ciclo prepararía el terreno para la profundización constitucional posterior.

La Apertura también instaló un vocabulario. La agenda pública colombiana incorporó, con Betancur, un léxico centrado en la paz, las reformas políticas y sociales, y la necesidad de dialogar. Ese vocabulario no desapareció con el Palacio de Justicia; se volvió lengua franca del debate político y quedó como marco disponible para los procesos posteriores. Cuando Virgilio Barco Vargas asumió la presidencia en 1986, no derogó la política de paz: la reformuló bajo el nombre de "Iniciativa para la Paz", con un diseño distinto —la guerrilla debía examinar su futuro como grupo armado a cambio de espacios de diálogo democrático— pero sobre el terreno abierto por su antecesor.

De Barco a la Constitución

La herencia se cobró en la década siguiente. El M-19, severamente hostigado tras el Palacio de Justicia y replegado al suroccidente colombiano, comenzó a negociar con Barco el 2 de abril de 1988, cuando declaró un cese unilateral del fuego. La desmovilización se concretó el 9 de marzo de 1990 en Santo Domingo, Cauca, con la entrega de armas de aproximadamente 900 guerrilleros y la conversión del movimiento en la Alianza Democrática M-19.

El proceso no fue lineal. El Congreso hundió el acuerdo de reforma constitucional que se había pactado entre el M-19 y el gobierno Barco, con participación de congresistas vinculados al narcotráfico. Ante el bloqueo, el M-19 y el gobierno reorientaron el proceso hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La vía se abrió mediante dos decretos sucesivos de estado de sitio —uno bajo Barco y otro bajo César Gaviria—, ambos avalados por la Corte Suprema de Justicia, y fue impulsada inicialmente por la movilización estudiantil de la Séptima Papeleta.

El costo humano volvió a marcar el proceso. En abril de 1990, Carlos Pizarro Leongómez, comandante del M-19 desmovilizado y candidato presidencial, fue asesinado por un sicario del paramilitarismo. Su muerte, tras las de Pardo Leal y Jaramillo Ossa, despertó una ola de solidaridad con el grupo recién reincorporado. La Alianza Democrática M-19 obtuvo alrededor de un tercio de la votación en los comicios para la Asamblea Constituyente a finales de 1990, un resultado que habría sido inimaginable sin la Apertura Democrática, sin la Ley 35, sin los muertos.

Gaviria, que había llegado a la presidencia como sucesor político de Luis Carlos Galán —asesinado en agosto de 1989—, retomó los diálogos iniciados por Barco con el EPL, el Quintín Lame y el PRT. Entre el final del gobierno Barco y el gobierno Gaviria, el M-19, el EPL y otras organizaciones menores depusieron las armas, con la promesa de reforma política en el marco de la Constituyente como elemento central de los acuerdos.

La Constitución de 1991 recogió esa herencia. Consolidó y profundizó la descentralización iniciada con la elección popular de alcaldes. Institucionalizó los derechos humanos y estableció mecanismos para su aseguramiento, incluyendo la acción de tutela, la iniciativa popular y las acciones populares. Reformó la rama judicial. Amplió la participación política y diversificó el espectro partidista, disolviendo el andamiaje del Frente Nacional tardío. Restringió los poderes presidenciales de emergencia, respuesta directa a los abusos acumulados en los ocho de cada diez años de estado de sitio que había vivido el país. El contexto internacional —caída del Muro de Berlín, fin de la Guerra Fría, salidas negociadas en Centroamérica— ayudó a que varias guerrillas eligieran el acuerdo sobre la continuación de la lucha armada.

Balance de una ambivalencia

La Apertura Democrática dejó, entonces, una herencia doble y difícil de reconciliar.

Como política de paz inmediata, fracasó. Las FARC no desmovilizaron su estructura militar durante la tregua y siguieron creciendo. El M-19 mantuvo una doble agenda que estalló en el Palacio de Justicia. Los militares saboteaban abiertamente el proceso desde el gabinete, mientras en las regiones se afianzaba el paramilitarismo con financiamiento narco. Los gremios se armaban. El presidente, aislado de los partidos y sin capacidad para disciplinar ni a su propio ministro de Defensa, quedó desbordado. La Unión Patriótica, la criatura política más ambiciosa del proceso, fue objeto de un exterminio sostenido que el Estado no contuvo. La ingenuidad del diseño —confiar en que la sola voluntad presidencial bastaría para garantizar la seguridad de los reincorporados y aprobar reformas sociales de fondo— chocó con un entramado institucional heredado del Frente Nacional que no estaba dispuesto a ceder territorio.

Como reforma estructural, en cambio, resistió. La elección popular de alcaldes cambió la geometría del poder local. El vocabulario de la paz se instaló como lengua pública. La idea de que la guerrilla podía convertirse en partido, aunque bañada en sangre en el caso de la UP, hizo posible la desmovilización del M-19 y del EPL bajo Barco y Gaviria. La ruta hacia la Constituyente se abrió sobre el terreno preparado por Betancur, y la Constitución de 1991 tradujo en arquitectura institucional muchas de sus intuiciones iniciales.

La lección, para el país que la vivió y para el que vino después, fue amarga y precisa. Las reformas institucionales sobrevivieron porque eran más difíciles de matar que los hombres que las encarnaron. La Apertura Democrática enseñó que en Colombia la paz no se decreta desde el Palacio de San Carlos y que el Estado no es un actor único: es un archipiélago de actores con autonomía suficiente para sabotear cualquier acuerdo que amenace sus posiciones. Enseñó también que los procesos de paz sin garantías materiales de seguridad para los reincorporados producen cementerios, no democracias. Y enseñó, por fin, que las guerrillas que negocian sin renunciar a la doble agenda armada ofrecen al saboteo civil y militar el pretexto que necesita.

Todas esas lecciones estaban disponibles, escritas con nombres y con fechas, para los procesos de paz que Colombia intentaría después. Que hayan sido aprendidas es otra cuestión.

En el archivo

44 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01Frente Nacional1958–19742

02Crisis y narcotráfico1974–199027

03Constitución de 19911991–20028

04Posconflicto2016–presente1

2022Triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez (2022)Hecho

05Transversal—5

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Belisario Betancur: presidente que concibió e impulsó la Apertura Democrática como triple estrategia de paz, reforma política y política exterior tercermundista
02Julio César Turbay Ayala: antecesor cuyo Estatuto de Seguridad (1978) generó el ciclo represivo que la Apertura buscó revertir
03Jaime Bateman: comandante del M-19 que rechazó la Ley 35 de 1982 tres días después de su firma, exigiendo reformas estructurales como condición del diálogo
04Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas: comandantes de las FARC que suscribieron los Acuerdos de La Uribe el 28 de marzo de 1984, el eje central del proceso de paz
05Unión Patriótica: movimiento político nacido en 1985 como resultado directo de los Acuerdos de La Uribe, expresión institucional de la Apertura Democrática
06Palacio de Justicia: escenario donde la toma del M-19 y la retoma militar en noviembre de 1985 enterraron políticamente el proceso de paz
07Estatuto de Seguridad: decreto de estado de sitio de 1978 cuyo fracaso contrainsurgente y costo en derechos humanos fue el antecedente directo que motivó la Apertura
08Frente Nacional: sistema bipartidista de exclusión política cuya herencia de cierre democrático la Apertura intentó superar
09Asamblea Constituyente: reforma institucional que la Apertura Democrática contribuyó a instalar en la agenda pública y que culminaría en la Constitución de 1991

Personas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

64 documentos · 96 fragmentos

01Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 47, 512 citas

[1]
durante más de una década. EL GOBIERNO DE JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, 1978-1982 Antes de finalizar este primer capítulo, y aunque ya se han apuntado algunas de las cuestiones en torno a los diferentes gobiernos presidenciales que tienen lugar en Colombia desde los años ochenta, resulta necesario recoger de un modo algo…
p. 51

[72]
personas en la Embajada de la República Dominicana en Colombia (1980) y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Un grupo guerrillero que, por todo lo anterior, va a ser severamente hostigado en los núcleos urbanos y obligado a retirarse a los emplazamientos del suroccidente colombiano,…
p. 47

02En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 371 cita

[2]
del modelo de sustitución de importaciones, y del otro, la crisis agraria. El resultado fue una ola de protestas y ma- nifestaciones en el nivel nacional que desembocaron en el Paro Cívico del 77, que costó la vida a 18 ciudadanos y la privación de libertad a 3.000. Los militares trataron de imponer el llamado…
p. 37

03Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 1, 48 citas

[3]
16 I. El gobierno de la paz y los enemigos agazapados (1982-1986) Durante la campaña presidencial para el período 1982-1986 la paz fue tema clave de discusión. Lo fue, sobre todo, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el abuso y poder desmedido de las Fuerzas Armadas, las desapariciones y demás…
p. 1

[4]
16 I. El gobierno de la paz y los enemigos agazapados (1982-1986) Durante la campaña presidencial para el período 1982-1986 la paz fue tema clave de discusión. Lo fue, sobre todo, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el abuso y poder desmedido de las Fuerzas Armadas, las desapariciones y demás…
p. 1

[31]
la Comisión de Paz Fuente: El Espectador (31 de mayo de 1983). Al mismo tiempo, las, en constante comunicación con la Comisión de Paz, lograron importantes avances para FARC concretar el cese al fuego y la firma de una tregua. De tal manera que el 28 de marzo de 1984, en La Uribe (Caquetá), se firmó el Acuerdo de Cese…
p. 4

[32]
la Comisión de Paz Fuente: El Espectador (31 de mayo de 1983). Al mismo tiempo, las, en constante comunicación con la Comisión de Paz, lograron importantes avances para FARC concretar el cese al fuego y la firma de una tregua. De tal manera que el 28 de marzo de 1984, en La Uribe (Caquetá), se firmó el Acuerdo de Cese…
p. 4

[70]
48 II. La “Iniciativa para la Paz”: el punto de partida (1986-1990) Antes de las elecciones presidenciales de 1986, en lo que respecta al desarrollo del conflicto armado, Colombia había sufrido grandes cambios. La Ley de Amnistía de 1982 y la tregua aún pactada con las, pero desconocida por ambas FARC partes,…
p. 1

[71]
48 II. La “Iniciativa para la Paz”: el punto de partida (1986-1990) Antes de las elecciones presidenciales de 1986, en lo que respecta al desarrollo del conflicto armado, Colombia había sufrido grandes cambios. La Ley de Amnistía de 1982 y la tregua aún pactada con las, pero desconocida por ambas FARC partes,…
p. 1

[85]
63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1

[86]
63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1

04Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 531 cita

[5]
eight thou- sand Colombians were detained for “political reasons,” with the vast major- ity tried in military courts. During this same period a noticeable increase of forced disappearances and allegations of torture at the hands of military offi- cials was documented by human rights organizations (Gallon 1991, 13–15).…
p. 53

05Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 95, 982 citas

[6]
ELN; de José Raquel Mercado, por el M-19, y de Rafael Pardo Buelvas, por la Autodefensa Obrera (ADO). 63 Término usado con frecuencia en las organizaciones al margen de la ley para referirse a delatores. 96 fiflffffflhalz g osrlescmflrnlcsz en Colombia, a pesar de que regía una democracia, los militares estaban por…
p. 95

[44]
empate militar y la guerrilla tenía control de territorios donde desarrolló un modelo de poder dual. por una democracia sin violencia 99 La idea no alcanzó a probarse. Apenas los primeros congresistas del partido fueron elegidos, comenzaron a ser asesinados en un exterminio político que duró más de una década. Entre…
p. 98

06Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical PerspectiveCharles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez (eds.) · 1992 · p. 3791 cita

[7]
1982 to begin this process in earnest. During the government of President Turbay Ayala (19781982), guerrilla actions, especially those instigated by the M-19, reached new, unexpected levels compared to the previous decade. It was during this period, for example, that the M-19 stole hundreds of weapons from the army's…
p. 379

07La dimensión moral del conflicto armado en Colombia. Una lectura a partir de Theodor W. AdornoTulia Almanza Loaiza · 2022 · p. 3511 cita

[8]
guerrilla se volvió más audaz y con - fiada, llegando a cometer secuestros y asesinatos muy aparatosos, como cuando el M-19, una guerrilla urbana que hizo presencia en 1977, asesinó 1978 a José Raquel Mercado, principal dirigente sindical de la CTC, y, luego, saqueó los depósitos de armas del Cantón Norte, principal…
p. 351

08El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 322 citas

[9]
los derechos humanos y para las garantías constitucionales, fueron muy importantes las primeras visitas que Colombia recibió de organizaciones interna- cionales de defensa de derechos humanos, así como de mecanis- mos de protección de derechos humanos del sistema regional y del sistema universal de derechos humanos.…
p. 32

[10]
los derechos humanos y para las garantías constitucionales, fueron muy importantes las primeras visitas que Colombia recibió de organizaciones interna- cionales de defensa de derechos humanos, así como de mecanis- mos de protección de derechos humanos del sistema regional y del sistema universal de derechos humanos.…
p. 32

09El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 1432 citas

[11]
represión Al final del gobierno de Turbay Ayala la situación económica se agravaba: la tasa de crecimiento decaía de 8,9% en 1978, a 2% en 1982. La corrupción danzaba entre las instituciones del Estado, a pesar de que Turbay Ayala había ofrecido, en una de sus antológicas frases: “La reduciré a sus justas…
p. 143

[12]
represión Al final del gobierno de Turbay Ayala la situación económica se agravaba: la tasa de crecimiento decaía de 8,9% en 1978, a 2% en 1982. La corrupción danzaba entre las instituciones del Estado, a pesar de que Turbay Ayala había ofrecido, en una de sus antológicas frases: “La reduciré a sus justas…
p. 143

1025 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 20, 232 citas

[13]
este paso. lejos de fortalecer a las confederaciones tradicionales. las debilitó más porque permitió que se agudizaran sus crisis internas. De esta forma, el sindicalismo ya no representarla un gran desafío social, como se consta- tó en el Segundo Paro Cívico Nacional de 1981. Si por un lado '1\ubay jugaba a la…
p. 20

[16]
seria su primer presidenle. 21 Colombia dK/igtna..., págs. 272 y SS. 1 ' SegUn Maria Teresa Finclji, hubo una nueva dinamica con tos illdigenas. de trato mas reciproco, de "autoridad a au10· ridad'" rMoviniento social y cuiiW potiUca: el caso del movimienro de auroriclades indlgenas en Colombia-. en Amado GUOITero…
p. 23

11¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 88, 902 citas

[14]
desataron contra militantes de izquierda y líderes sociales. 71 Este despliegue represivo del Gobierno y de los mandos militares bajo la presidencia de Turbay, con el apoyo de los gremios, fue respondido, des- de el otro lado, por los avances de las FARC y el ELN junto con el aumento de las acciones propagandísticas…
p. 88

[38]
muchas de sus ofensivas contrainsur- gentes o en su implantación territorial en las periferias, dada la preca- riedad de recursos del Estado para financiar la guerra. A esto se había Titular de prensa, inicio del proceso de paz con las FARC en 1984. El Espectador. 137 Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del…
p. 90

12Conversaciones de honor: Memorias MilitaresMartín Nova · 2020 · p. 521 cita

[15]
que el manejo debía ser de manera amplia estatal, no solamente la aplicación de la fuerza y operaciones militares. Se percibe la participación de los ministerios en lo que es de su esencia y su responsabilidad. Y en cuanto a las Fuerzas Militares hay un margen de maniobra más amplio. Por ejemplo, el manejo por parte…
p. 52

13Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 73, 972 citas

[17]
nacional se convirtió en un componente central de la agenda nacional desde aquel entonces. El nuevo man datario, Belisario Betancur, proveniente de las filas conservadoras aunque candidato de un movimiento suprapartidista gracias al apoyo de la Anapo y otras fuerzas minoritarias que conformaron el llamado Movimiento…
p. 73

[40]
lograron torpedearla. Por ello, nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra colectiva”110* *. Otto Morales no aclaró nunca públicamente a quién se refería cuando hablaba de “enemigos agazapados de la paz”. Sin embargo, en una entrevista con la periodista Margarita Vidal, muchos años después, en 2014, le confesó: “la…
p. 97

14Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 272, 2792 citas

[18]
a las que también se impusieron ca rgas financieras elevadas para co mprar más empresas. Las operaciones del holding llevaron a la quiebra de las in st ituciones financieras y el grupo cayó como un castillo de naipes. El esclarecimiento del episodio del <czarpazo,> del Grupo Gran Co lombiano ahondó, sin duda, la…
p. 272

[56]
las n egoc ia ciones de pa z. En su tra yecto ria labe rínti ca se fo rjaban alianzas tem poral es e ntr e al- g uno s frentes guerrilleros y los traficantes, co n base en el cuidado de ca mpo s de cultivo, v ía s de comunicación, aeropuerto s, pro v i- sión de ar ma s. El Caquetá, por eje mpl o, atravesó una de las…
p. 279

15Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 231 cita

[19]
los sectores, y a ellos tenía que hacer frente uno de los estados latinoamericanos más débiles, considerando el presupuesto de la nación, la capacidad fiscal, la integración territorial, la infraestructura física o la calidad de las Fuerzas Armadas. Quizás una pequeña muestra de este desbordamiento que padecía el…
p. 23

16Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo II: Mujeres y SociedadMagdala Velásquez Toro (dirección académica), Catalina Reyes Cárdenas, Pablo Rodríguez Jiménez · 1995 · p. 5021 cita

[20]
Betancur. Durante su administración se propone una nueva conducta en el manejo de los pro- blemas nacionales. Una nueva mentalidad que reclama cambios y reformas políticas y sociales, que reconoce la necesidad de dialogar y negociar para poner punto final al conflicto armado, se abre paso en la opinión pública. Para…
p. 502

17Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 24, 1872 citas

[21]
fervor revolucionario provocado por el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979; de la lectura del paro del 14 de septiembre de 1977 como una situación prerrevo- lucionaria y de la reacción frente a las violaciones de los derechos humanos y de la ofensiva militar del Estado durante la vigencia del…
p. 24

[42]
de la Uribe y con el lanzamiento de la UP se agudizó la reacción de este bloque. Al final de 1984 con los Acuerdos de la Uribe firmados, los gremios, en especial los ligados a la producción agropecuaria temían la posibilidad de que se realizara una reforma agraria y se incentivaran las invasiones de tierras (El…
p. 187

18Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 51, 862 citas

[22]
de salud. 53 1MKYIPäRKIP(¿E^]*EYWXMRS0ºTI^)PTEVEQMPMXEVMWQSIREGGMºR Un segundo paso sería dado el 19 de noviembre de 1982, con la expedición de la Ley No. 35 de 1982, que otorgaba una amnistía por delitos políticos 82 y fue aprobada por el Congreso a iniciati- va del Poder Ejecutivo. Con ello, como lo señaló Alfredo…
p. 51

[28]
Reyes, Ministro de Defensa (1982 - 1984), cali fi có en 1983 públicamente el proceso de paz promovido por el gobierno de “concesión a los subversivos” y de claudicación guber- namental ante la subversión 161. En ese mismo sentido se referirían en 1984 otros altos o fi ciales, como el general Miguel Vega Uribe,…
p. 86

19Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 135, 144, 1473 citas

[23]
poco tiempo aduciendo cuestiones de salud; lo sucedió el connotado político liberal Otto Morales Benítez. El presidente se dedicó a sacar en el Congreso una ley de amnistía" amplia, in condicional y automática para todos los presos políticos y para quienes de pusieran las armas. Una vez aprobada, (Ley 35 de 1982),…
p. 135

[24]
país, culminara en la reconci- liación nacional. El impacto inicial fue de sorpresa en la opinión pública, en la élite del poder y en la misma guerrilla, pues en tres meses el gobierno ha- bía arrebatado la “bandera de la paz” al M -19. Cómo conducir un proceso político diametralmente opuesto al énfasis…
p. 144

[91]
los car- teles en el Guaviare y Caquetá y la guerra a muerte que, como se mencionó, estos decretaron contra la UP. Barco y la transición a Gaviria, agosto de 1988-junio de 1994 De mayo a julio de 1988 el M -19 mantuvo en cautiverio al dirigente conserva- dor Álvaro Gómez Hurtado, secuestro que, inesperadamente, puso…
p. 147

20La Tragedia del Palacio de JusticiaEnrique Parejo González · 2010 · p. 10, 2052 citas

[25]
Belisario Betancur presentó, entre sus propuestas, la de buscar la paz con la guerrilla. Una vez elegido, hizo contacto con las distintas organizaciones subversivas y se reunió, en México y en España, con dirigentes del M-19, con el cual trazó los planes para alcanzar el objetivo indicado. En los años setenta, el M-19…
p. 10

[69]
que el magistrado Reyes Echandía, presidente de la Corte, fue muerto por los guerrilleros. Siga. La Tragedia del Palacio de Justicia 211 Voz X. De los individuos que tenemos acá, de los cuales hay tres que están en muy malas condiciones heridos [posiblemente guerrilleros]. Se recuperaron las armas que tenían, unos…
p. 205

21Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 2741 cita

[26]
ley. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, entiendese por delitos políticos los tipificados en el Código Penal como rebelión, sedición o asonada, y los conexos con ellos por haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos. Artículo 3. Los homicidios fuera de combate no quedarán…
p. 274

22Entre la incertidumbre y el dolor: Impactos psicosociales de la desaparición forzada. Tomo IIICentro Nacional de Memoria Histórica; Liz Arévalo Naranjo (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 1991 cita

[27]
a fi anzamiento del sistema capitalista y el neoliberalismo, caracterizado por la reducción del Estado, liberación de importaciones y apertura fi nanciera y de capital En 1984, en el municipio de la Uribe, el campamento de Casa Verde de las Farc, fue el escenario donde se adelantaron las Categoría de análisis…
p. 199

23¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 1671 cita

[29]
se beneficiaron gue- rrilleros de las FARC, M -19, ELN, EPL, del PLA (Comando Pedro León Arboleda), de la ORP (Organización Revolucionaria del Pueblo) y de la ADO (Autodefensa Obrera), que fueron excarcelados. El número de beneficiarios varía dependiendo de la fuente, sin embargo, en la mitad de su gobierno, Betancur,…
p. 167

24Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 260, 2672 citas

[30]
guerrilla que se presentaba como generosa y abierta y, despu é s de levantar el estado de sitio, logr ó la aprobaci ó n de una ley de am nist í a que permiti ó a unos 1 500 guerrilleros salir de las c á rceles sin que sus grupos entregaran las armas y sin que los beneficiarios tuvieran que renunciar a la guerra. As í,…
p. 260

[46]
lo grar que jefes guerrilleros participaran en pol í tica y fueran elegidos al Congreso y otras corporaciones, buscaban crear un canal para simpatizantes y militantes civiles, muchos de ellos influidos por el curocomunismo, que cre í an que el ambiente pol í tico y la fatiga con la violencia favorec í an la acci ó n…
p. 267

25La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 681 cita

[33]
la creación de nuevos frentes de guerra y convertirse en el “Ejército del Pueblo”, lo que cambiará la dinámica de la guerra y determinará la expansión de este grupo armado. El 28 de marzo de 1984 se firmaron los acuerdos de cese al fuego y tregua entre el Gobierno colombia- no y la guerrilla de las FARC, que fueron…
p. 68

26Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 25, 382 citas

[34]
1982-1986 25 estímulos y el restablecimiento de “la normalidad civil” en las regiones e implementaría el PNR, con prioridad en las comunidades afectadas por la violencia. En el texto del acuerdo, la Comisión de Paz declaró que el gobierno promovería la modernización democrática de las instituciones, la elección…
p. 25

[35]
MIR Patria Libre, el Frente Ricardo Franco y el Comando Quintín Lame 64. 60 La última charla con John Agudelo Ríos, presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Bogotá, 2005, página16. 61 Ídem, página19. 62 Ídem, página 23. 63 Ídem, página 26. 64 Villamizar, Darío, Un Adiós a la Guerra,…
p. 38

27Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 195, 2484 citas

[36]
la mayor parte de los miembros del M-19 tomaron de nuevo las armas. La respuesta del comandante del M-19, Jaime Bateman, fue decepcionante. Tres días después de que el presidente firmara la ley de amnistía, Bateman la rechazó, diciendo que debería haber estado acompañada de una completa re- forma política y social.…
p. 195

[37]
la mayor parte de los miembros del M-19 tomaron de nuevo las armas. La respuesta del comandante del M-19, Jaime Bateman, fue decepcionante. Tres días después de que el presidente firmara la ley de amnistía, Bateman la rechazó, diciendo que debería haber estado acompañada de una completa re- forma política y social.…
p. 195

[59]
viable a los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Durante un breve período de tiempo, miles de colombianos militaron en el nuevo partido, y un número considerable de ellos vivía en los fortines de la guerrilla en Córdoba y Urabá. Una de las tragedias de la reciente historia de Colombia es que casi todos los…
p. 248

[60]
viable a los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Durante un breve período de tiempo, miles de colombianos militaron en el nuevo partido, y un número considerable de ellos vivía en los fortines de la guerrilla en Córdoba y Urabá. Una de las tragedias de la reciente historia de Colombia es que casi todos los…
p. 248

28No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 172, 1942 citas

[39]
en los Llanos del Yarí y el Magdalena Medio. En agosto de 1984 el presidente de la Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, renunció súbitamente con una carta en la que le decía a Betancur que dentro y fuera del Gobierno había «enemigos agazapados de la paz». Durante varias décadas, Morales 571 Arango Castrillón,…
p. 194

[84]
en un escenario de ambigüedad entre guerra y paz. El movimiento insurgente transitó dividido entre unos que apostaban por la insu- rrección armada y la revolución socialista, y otros por abrir la democracia a través de acuerdos de paz y reformas. Este cambio tuvo que ver con un contexto internacional favorable a las…
p. 172

29Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 421 cita

[41]
comandante del Ejército a ministro. Una muestra de cómo el pensamiento del general reflejaba la época es el «Manual de combate contra bandidos y guerrilleros», que él aprobó estando al mando de Ejército y que recomendaba a los militares «crear juntas civiles de autodefensa» que guiaran las operaciones militares,…
p. 42

30Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 401 cita

[43]
fuentes, no fue el presidente quien ordenó el ataque y el desenlace de semejante aconte- cimiento -que causó la 1nuerte de prácticamente todos l<¡:>s ocupantes del edificio incluido los jueces y guerrilleros-, el cual prácticamente conllevó un cuasigolpe de Estado. Los militares recuperaron el terreno en la definición…
p. 40

31Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 1181 cita

[45]
La izquierda: entre la política y las armas Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se produjo un hecho inesperado que iba en contravía de las predicciones de la izquier- da con respecto a un mayor endurecimiento del régimen político. In- mediatamente después de asumir la Presidencia el 7 de agosto de…
p. 118

32Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 108, 1112 citas

[47]
tradicionales, sobre todo el Liberal, que dominaba la política local. En esta región, la UP fue un movimiento campesino. Las apuestas organizativas, formadas al calor de los movimientos sociales de los setenta, se aglutinaron a su alrededor. Líderes como Blanca Nubia Ballesteros, en Guaviare, o Eusebio Prada, en el…
p. 108

[65]
del Estado como su patrimonio natural» 373. El llamado «Baile Rojo» 374 y el «Plan Esmeralda» –este último desarrollado en la región–, tuvieron «la finalidad de perseguir y dar muerte a los miembros de la UP en los llanos orientales y Caquetá» 375, como lo denunció el asesinado congresista Henry Millán. La lucha…
p. 111

33El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 112, 1652 citas

[48]
y duran te períodos relativamente largos a los ciudadanos, lo que significaba en la práctica la masificación de la tortura, por entonces ya bastante extendida. Dio rienda libre al ministro de Defensa, Camacho Leyva, quien llamó a la población a armarse contra la subversión y la crimi nalidad (E l Tiempo, 18 de abril…
p. 165

[92]
idea de que solamente así se podría construir un sistema político moderno y le gítimo.96 Fue entonces cuando se acabaron por fin todas las restric ciones institucionales a la competencia política establecidas durante el Frente Nacional (paradójicamente, este era el momento más alto de votación para los partidos…
p. 112

34La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1971 cita

[49]
militantes y simpatizantes, que no eran miembros de las FARC-EP –antes del Acuerdo de La Uribe, Meta, en 1984–, agraviados, desesperados e indignados por el exterminio que estaba sufriendo este partido y la falta de garantías para hacer política de oposición y 350 La Unión Patriótica fue concebida inicialmente como…
p. 197

35Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 801 cita

[50]
naciente movimiento se difundió y le permitió conquistar nuevos militantes. Surgió, de esta manera, un “frente amplio de convergencia democrática” que permitió a sec- tores tradicionalmente excluidos del sistema político incursionar en la democracia y vincularse a la actividad política legal (Cam- pos, 2008). En El…
p. 80

36Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in ColombiaSteven Dudley · 2004 · p. 281 cita

[51]
didn’t take orders from the FARC or the Communist Party. They weren’t trying to become martyrs. They sought to work through democracy. They believed the UP wasn’t just a part of the struggle of the masses, it was the struggle. I discovered there was even a time when Josué himself was more hopeful than submissive. When…
p. 28

37Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 841 cita

[52]
esos hechos, le argumentaban a los miembros de la guerrilla que, pues, no tenían cómo pagar, pues ellos no generaban, pues, unas acciones en contra [específicamente] de esas familias. Al parecer, les hacían como un estudio socioeconómico a dichas familias y otras sí se iban desplazadas» 228. El exterminio de la Unión…
p. 84

38Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 1821 cita

[53]
adulto y desplazado), N° 14 (Hombre, adulto y desplazado); Equipo Nizkor & Derechos Human Rights, Tomo I, Op. Cit. 238 Base de Datos de Información Electoral para el Alto Nordeste Antioqueño (1978−1998), CNMH. 180 Silenciar la democracia. Las masacres de remedios y segovia 1982–1997 Línea de Tiempo N°. 7 Preferencias…
p. 182

39Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 201 cita

[54]
el Estado y el establecimiento, era la enorme corrupcion que se percibía en las capas gobernantes de la región, predominantemente liberales. El 28 de enero de 1985, como fruto de los mismos acuerdos de paz, se dio vida jurídica y política a la UNION PATRIOTICA. Su primer congreso finalizó el 16 do noviembre 1985 con…
p. 20

40Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 201 cita

[55]
el Estado y el establecimiento, era la enorme corrupcion que se percibía en las capas gobernantes de la región, predominantemente liberales. El 28 de enero de 1985, como fruto de los mismos acuerdos de paz, se dio vida jurídica y política a la UNION PATRIOTICA. Su primer congreso finalizó el 16 do noviembre 1985 con…
p. 20

41Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1131 cita

[57]
Socialista de los Trabajadores (PST), que se agruparon en torno a la idea de construir una propuesta política extra institucional y en oposición a los métodos que ellos mismos consideraban conciliatorios, como los diálogos de paz. Para mayor información revisar el caso sobre la persecución, estigmatización y…
p. 113

42Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1301 cita

[58]
estos por Cundinamarca; en convergencia, fueron elegidos otros seis, entre estos, Julio Enrique Ortiz Cuenca por el Huila (Movimiento de Convergencia Liberal y UP) y Alfonso Gómez Méndez por el Tolima (Movimiento Político Tolima Libre, Liberal Oficial-U, Nuevo Liberalismo, Movimiento Amplio y Democrático-Rescatemos el…
p. 130

43Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 7081 cita

[61]
y el encarcelamiento judicial de los 2423 Prensa Cajar, «Masacre de Caño Sibao». 2424 Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar), «Base de datos, Víctimas identificadas UP 1984-2006». 2425 Testimonio de Carlos Alfonso Velázquez, coronel (r) del Ejército y catedrático universitario…
p. 708

44El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 1892 citas

[62]
lo que fuera UP, fuuu. Había que golpearlos. (CNMH, CV, Sepúlveda, 2016, 21 de junio) Exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio de la UP se coordina desde Puerto Boyacá hacia las zonas en los que ese partido adquirió alguna presencia y fuerza…
p. 189

[63]
lo que fuera UP, fuuu. Había que golpearlos. (CNMH, CV, Sepúlveda, 2016, 21 de junio) Exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio de la UP se coordina desde Puerto Boyacá hacia las zonas en los que ese partido adquirió alguna presencia y fuerza…
p. 189

45Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 941 cita

[64]
municipios predominantemente campesinos. El campesinado fue una parte importante de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. Como se puede evidenciar en el mapa 5, los asesinatos de militantes de este partido se cometieron en zonas alejadas de las grandes ciudades capitales y en los límites de la…
p. 94

46Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 2151 cita

[66]
de los más ilustrativos al respecto. Un líder de este partido le dijo a la Comisión: «Allí se produjeron matanzas horribles. Allí fue asesinado el alcalde de Tibú, Tirso Vél ez […], el candidato más opcionado a la Gobernación de Santander […]. En la ciudad de Barrancabermeja, fue asesinado Leonardo Posada Pedraza,…
p. 215

47Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 912 citas

[67]
la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Esta estaba dirigida por Luis Otero y Andrés Almarales, miembros y fundadores del M-19 (El Tiempo, 1985c). La toma dejará sin vida 11 magistrados, adicionalmente a los magistrados titulares estaban los auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y el…
p. 91

[68]
la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Esta estaba dirigida por Luis Otero y Andrés Almarales, miembros y fundadores del M-19 (El Tiempo, 1985c). La toma dejará sin vida 11 magistrados, adicionalmente a los magistrados titulares estaban los auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y el…
p. 91

48Colombia: The Politics of Reforming the StateEduardo Posada-Carbó (editor) · 1998 · p. 291 cita

[73]
that the party had lost touch with the labour unions and the stu- dents. 18 Yet anti-c/ientelista discourses, such as that of Carlos L1eras Restrepo, were never endorsed by the majority of the electorate. Further- more, clientelism had some redistributive functions; according to Miguel Urrutia this would help to…
p. 29

49Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 5272 citas

[74]
como se ha comentado atrás, la democracia colombiana es un maltrecho organismo que no cuenta siquiera con la célula ele- mental de la democracia municipal. Los ciudadanos se hallan desprovistos de la capacidad de resolver los problemas de su lo- calidad y son sustituidos por las "fuerzas vivas", cuando se les da por…
p. 527

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como se ha comentado atrás, la democracia colombiana es un maltrecho organismo que no cuenta siquiera con la célula ele- mental de la democracia municipal. Los ciudadanos se hallan desprovistos de la capacidad de resolver los problemas de su lo- calidad y son sustituidos por las "fuerzas vivas", cuando se les da por…
p. 527

50Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2761 cita

[76]
público. La coyuntura para estas transformaciones era favorable. Las agencias de desarrollo internacionales como el Banco Mundial y el FMI apoyaban la idea de la descentralización como mecanismo de desarrollo. Asimismo, dentro de la agenda de negociación de guerrillas como el M -19 y el EPL — que se desmovilizaron a…
p. 276

51Recentralisation in ColombiaJulián D. López-Murcia · 2022 · p. 211 cita

[77]
(see Table 10.2). In the book, the recentralisation trends are illustrated mainly using examples from the water supply and sanitation sector. Nonetheless, they also affected education (Eaton and Chambers-Ju 2014; Parra et al. 2021) and health services (Vecino- Ortiz et al. 2020). C olombia ’ s R e C ent R alisation in…
p. 21

52Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andinaMartín Tanaka, Francine Jácome · 2010 · p. 491 cita

[78]
a los ciudadanos. La Constitución de 1991 consolidó el proceso de descentrali- zación política y administrativa que comenzó en el año de 1986 con la refor- ma que permitió la elección popular de alcaldes. Al igual, creó mecanismos de participación directa, como la iniciativa popular, y de comunicación directa con la…
p. 49

53Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 7: InstitucionesRoberto Hinestrosa Rey (Director Académico), Sandra Morelli Rico (Coordinación Académica) · 1993 · p. 2751 cita

[79]
instituciones de ura legitimidad de la que carecen; en este erden de ideas, la participación ciuda= aparece como dino de los prinei- pales instrumentos para la conseci- sión de tales propósitos. La crisis de legitimidad de sistema Iombia es particul tamos en presencia de un Estac bil, carente de Jegitimidad e incapaz…
p. 275

54Crecer como un río. Jornaliando cuesta arriba por vida digna, integración regional y desarrollo propio del Macizo Colombiano, Cauca, Nariño y Colombia. Volumen 2John Jairo Rincón García, Camilo López Pérez, Nancy Celia Navarro Rojas, Wilder Jamith Meneses Bolaños, Víctor Hugo Buesaquillo, Camilo Ernesto Muñoz Meneses, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2017 · p. 511 cita

[80]
Primitivo y Dumer. Y se logró, logramos como el objetivo de nuestra mente y pensamos que era lo máximo, sacamos a Primitivo como alcalde de Rosas 61 62. Este cambio se empieza a dar cuando aparece por primera vez que los alcaldes hay que nombrarlos de manera popular, pues antes el alcalde lo ponía el gobernador.…
p. 51

559 de marzo de 1990Rafael Pardo Rueda · 2020 · p. 321 cita

[81]
espacio de discusión con posibilidad de llegar a acuerdos, pero en un contexto democrático, o sea, sin exclusividad de unas propuestas frente a otras y sin que nadie, ni el establecimiento o la guerrilla, pretendieran un papel hegemónico con respecto a los demás sectores. Se le daría a la guerrilla espacio de diálogo,…
p. 32

561989María Elvira Samper · 2019 · p. 1481 cita

[82]
democrático dándole un reconocimiento pleno a la oposición; hablábamos de descentralización, derechos de los indígenas, derechos de primera y segunda generación… Es decir, saltábamos hacia una democracia moderna en su acepción más clásica. Pero por otro lado notábamos que algo raro estaba pasando. La muerte de Galán,…
p. 148

57Magdalena. Historias de ColombiaWade Davis · 2021 · p. 2001 cita

[83]
M -19 eran, de hecho, guerrillas urbanas comprometidas, no muy diferentes a los Tupamaros, de Uruguay o a los Montoneros, de Argentina. En Año Nuevo de 1979, habiendo construido un túnel secreto debajo de una base militar, se robaron más de cinco mil armas del Ejército colombiano. Un año después, se tomaron la…
p. 200

58Grandes momentos de ColombiaGustavo Castro Caycedo · 2016 · p. 531 cita

[87]
de casi 17 años de lucha, el viernes 9 de marzo de 1990 en Santo Domingo, Cauca, los guerrilleros del M-19, y su comandante Carlos Pizarro León-Gómez, (hijo del almirante Juan Antonio Pizarro), depusieron las armas; él envolvió su pistola en una bandera de Colombia. Nadie mejor que Antonio Navarro Wolf, el único…
p. 53

59Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 1701 cita

[88]
para que se privilegiaran las listas únicas. El M-19 pactó con el Gobierno que el acuerdo se volviera ley en el Congreso y que luego se convocaría a un referendo para reformar electoral- mente la Constitución del 86. Pero la mafia actuó por medio de sus congresistas y tumbó el acuerdo con mayorías parlamenta- rias…
p. 170

60Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 711 cita

[89]
en el nuevo pacto social (1989 – 1996) El año 1989 fue determinante en el proceso de adopción del nuevo pacto social a partir del fortalecimiento del movimiento por una Asamblea Constituyente. En ese año, el gobierno de Barco continuó con los acercamientos con los grupos subversivos ten- dientes a su desmovilización,…
p. 71

61¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 1011 cita

[90]
UP, luego de queJaime Pardo Leal también fuera asesinado; y Carlos Pizarro, excomandante de un M-19 que recogía un respetable apoyo popular tras su conversión en partido político. Al tiempo, el narcotráfico, en alianza con grupos políticos y paramilitares, venía de asesinar a los periodistas Guillermo Cano y Jorge…
p. 101

62Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de SantanderCarlos Andrés Pallares Rincón · 2014 · p. 1011 cita

[93]
# 93. Anales del Congreso, 7 de noviembre de 1986 # 130. Anales del Congreso, 28 de octubre de 1986 # 118. 103 Argelino Durán Quintero. Un ocaso político signado por la guerra 2.5. El retiro y la tragedia 2.5.1. Diálogos de paz: entre la esperanza y la frustración Cuando Argelino decidió retirarse de la vida política,…
p. 101

63Las ideas en la guerra. Justificación y crítica en la Colombia contemporáneaJorge Giraldo Ramírez · 2015 · p. 128, 1292 citas

[94]
1991 y abrió un periodo de reformas en todos los órdenes del sistema político y socioeconómico. La Constitución disolvió los bloqueos que desde 1976 habían impedido reformar el régimen político; de manera tácita pero contundente, respondió a las demandas de “apertura democrática” que algunos sectores políticos y…
p. 128

[95]
1991 y abrió un periodo de reformas en todos los órdenes del sistema político y socioeconómico. La Constitución disolvió los bloqueos que desde 1976 habían impedido reformar el régimen político; de manera tácita pero contundente, respondió a las demandas de “apertura democrática” que algunos sectores políticos y…
p. 129

64La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 451 cita

[96]
los antiguos combatientes regresaron a la vida civil y política, y jugaron de inmediato un papel esencial y constructivo. Su comandante, Carlos Pizarro, fue candidato a la alcaldía de Bogotá el mismo mes de su desmovilización y obtuvo la tercera votación. Luego lanzó su candidatura presidencial, que fue truncada por…
p. 45

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