Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL)

Movimiento Armado Quintín Lame

El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) fue una guerrilla indígena colombiana que operó entre el 29 de noviembre de 1984 y marzo de 1991 en el departamento del Cauca, principalmente en la zona norte y en Tierradentro, sobre territorios nasa. Nació como brazo armado defensivo del proceso organizativo que desde 1971 encabezaba el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), a raíz del desalojo violento de la recuperación de tierras de López Adentro y del asesinato del sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué, ambos en noviembre de 1984. Su singularidad en el panorama insurgente colombiano fue doble: no reivindicó una revolución de clase ni una toma del poder nacional, sino la defensa armada de resguardos, cabildos y autoridades tradicionales; y su base social —comunidades nasa organizadas décadas antes de la aparición del fusil— antecedía y condicionaba a la estructura militar, invirtiendo la secuencia clásica en la que la vanguardia armada construye a la comunidad que dice representar. Se desmovilizó en marzo de 1991, en el mismo ciclo del Ejército Popular de Liberación (EPL) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), atraído por la perspectiva de participar en la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno de César Gaviria Trujillo.

La raíz larga: de Manuel Quintín Lame al CRIC

El nombre de la organización no era decorativo. Manuel Quintín Lame Chantre, líder nasa nacido en el Cauca a finales del siglo XIX, había dedicado su vida a reconstituir los resguardos indígenas, esa institución colonial que la Corona española creó en la segunda mitad del siglo XVI para proteger a los indígenas de la esclavitud encomendera —y también para asegurar el cobro de tributo. Lame recorrió el Cauca, el Huila y el Tolima recuperando tierras, fortaleciendo cabildos y exigiendo la aplicación de las leyes que amparaban a los indígenas. Fue encarcelado cerca de setenta veces, según su propio conteo. En 1924, tras trasladarse al sur del Tolima, fundó junto a José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timote el Supremo Consejo de Indias y el pueblo de San José de Indias, y emprendió la reconstitución de los resguardos de Natagaima, Coyaima, Yaguara y Velu. La reconquista de los resguardos de Ortega y parte del Chaparral se extendió entre abril de 1922 y el último día de 1938; en 1939 Lame entró oficialmente como gobernador con un cabildo de doce hombres.

En los años veinte su lucha entró en contacto con el Partido Socialista Revolucionario, creado en 1926, y después con el Partido Comunista, fundado en 1930. Sánchez y Timote se vincularon a esa izquierda emergente; Lame permaneció conservador, católico y refractario a subordinar la causa indígena a una agenda de clase. Esa tensión —la de una lucha étnica que roza pero no se disuelve en la revolución obrera— quedó como herencia. Su obra escrita, redactada en 1939 y publicada por primera vez en 1971, fue leída por una nueva generación indígena precisamente en el año en que se fundó el CRIC.

El Consejo Regional Indígena del Cauca nació el 24 de febrero de 1971 en el seno de las luchas por la tierra que agitaban entonces el suroccidente colombiano, en un contexto donde también actuaba la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), con la que mantendría una relación compleja. Trino Morales, dirigente guambiano, fue el primer secretario de Asuntos Indígenas de la ANUC en el Cauca y tuvo un papel relevante en la conformación del CRIC. La organización adoptó una plataforma que, en lo esencial, no ha cambiado desde entonces: recuperación y ampliación de resguardos, fortalecimiento de cabildos, no pago de terrajes, aplicación de la legislación indígena y —añadidos por la dinámica local— defensa de la lengua propia, la historia propia y la formación de maestros indígenas. Los puntos 8, 9 y 10 se incorporaron después. La filiación con Lame era explícita: sus reivindicaciones prefiguraban, en buena medida, el programa del CRIC.

La estrategia central fue la recuperación de tierras. Grupos de comuneros, casi siempre de noche, entraban a las haciendas usurpadas históricamente a los resguardos, se asentaban, dividían el terreno entre una porción para el cabildo y otra para usufructo de las familias, y comenzaban a cultivar. La lucha combinaba tres frentes: el institucional, por vía de la reforma agraria y del Incora; el organizativo, mediante cabildos y asambleas comunitarias; y el de hecho, con la ocupación material del predio. En 1974 el CRIC fundó el periódico Unidad Indígena, que en 2018 seguía circulando.

La respuesta terrateniente fue la violencia sicaria. Los "pájaros" al servicio de grandes propietarios asesinaron en marzo de 1974 al dirigente Gustavo Mejía, y en 1975 a Marco Aníbal Melengue, Ángel Mestizo, Avelino Ramos y Manuel Dagua. Marcos Avirama, entonces presidente del CRIC, sobrevivió a atentados. La escalada empujó a numerosos líderes a buscar mecanismos de autodefensa y a tantear alianzas con las organizaciones de izquierda y los grupos insurgentes que ya operaban en la región. Ese es el subsuelo del MAQL: una década larga de recuperación de tierras, asesinato sistemático de dirigentes y búsqueda —todavía vacilante, todavía sin fusil propio— de una respuesta que no dejara al movimiento a merced de sus enemigos ni bajo la tutela de otras vanguardias.

Un campo de batalla múltiple en el norte del Cauca

Cuando en 1984 se fundó el MAQL, el norte del Cauca era ya un tablero cruzado por varios actores armados que se disputaban su territorio y su gente. Las FARC operaban con el Frente 6, que en los años ochenta desarrolló una relación paradójica con las comunidades indígenas: extorsionaba a los hacendados del norte del Cauca a cambio de protegerlos frente a las recuperaciones de tierra, alineándose de facto con los intereses terratenientes contra el movimiento indígena. Ese frente asesinó a dirigentes nasa acusándolos de delincuentes comunes y se opuso activamente a las tomas de haciendas para no perder su fuente de renta. La tensión con el CRIC era estructural, no coyuntural: las FARC interferían en las organizaciones de base, presionaban decisiones políticas y no reconocían la especificidad indígena.

El M-19, en cambio, había instalado hacia 1983 su retaguardia en las montañas del norte del Cauca con la idea de construir desde allí un corredor hacia el Valle del Cauca. Su relación con el movimiento indígena fue más porosa: hubo aproximación de dirigentes y vínculos formativos que después pesarían en la estructura del Quintín Lame. Ese acercamiento tuvo costo. Después de que el CRIC abriera espacio al M-19 en Tierradentro, la mayor parte de su dirigencia —entre otros Marcos y Édgar Avirama, Guillermo Amórtegui y Luis Ángel Monroy— fue detenida y procesada en consejo verbal de guerra desde noviembre de 1979, acusada de vínculos con la organización de Jaime Bateman Cayón.

A ese cuadro se sumó, entre 1983 y 1985, el Frente Ricardo Franco, disidencia de las FARC encabezada por Javier Delgado, que intentó presentarse ante las comunidades como fuerza anti-FARC para ganar terreno. Su desenlace fue macabro: entre noviembre de 1985 y enero de 1986, sus comandantes —identificados como "Rey" y Hernando Pizarro— ordenaron la tortura, asesinato y desaparición de más de un centenar de sus propios combatientes en Tacueyó, acusándolos de infiltrados del Ejército, la Policía y otras organizaciones. Las cifras oscilan entre 125 y 165 víctimas. La masacre le costó al Frente Ricardo Franco la expulsión de la Coordinadora Nacional Guerrillera. También operaban en la zona el ELN y el PRT.

En ese enjambre, las comunidades indígenas se encontraron reclutadas, extorsionadas, presionadas y a veces asesinadas por fuerzas que se decían sus liberadoras. La competencia entre grupos por captar jóvenes indígenas alteró las estructuras tradicionales de autoridad y fomentó comportamientos que erosionaban a los cabildos. El malestar, tímido en 1984, se hizo abierto en 1985: el VII Encuentro de Autoridades Indígenas del Sur-Occidente emitió una de las declaraciones más duras contra la presencia de grupos armados en territorios indígenas, denunciando el desconocimiento de la especificidad étnica y exigiendo que sus resguardos dejaran de ser escenario de guerra ajena. La declaración no exceptuaba a ninguna facción.

Noviembre de 1984: los detonantes

Dos hechos concretos, separados por un día, precipitaron la decisión de tomar las armas. El 9 de noviembre de 1984, la fuerza pública desalojó violentamente a los comuneros nasa que ocupaban la hacienda López Adentro, entre los municipios de Caloto y Corinto, en una de las recuperaciones más emblemáticas del norte del Cauca. El desalojo fue devastador: cultivos arrasados, viviendas destruidas, la comunidad expulsada de una tierra que consideraba ancestralmente suya y que había vuelto a ocupar tras años de trámites y confrontación. Al día siguiente, el 10 de noviembre, fue asesinado en Santander de Quilichao el padre Álvaro Ulcué Chocué, sacerdote nasa de Toribío, figura central del despertar indígena de esa generación, párroco que había hecho de la Iglesia católica un vehículo para la organización comunitaria y para la defensa de la vida indígena.

La conjunción de los dos golpes —el Estado desalojando por la fuerza y el pistolero silenciando al pastor— cerró una discusión que llevaba años abierta dentro del movimiento. La respuesta puramente política y jurídica había mostrado sus límites; las guerrillas existentes, sus incompatibilidades. Faltaba una fuerza propia. Diecinueve días después del asesinato de Ulcué, el 29 de noviembre de 1984, un grupo de dirigentes y comuneros se reunió en el páramo de Las Moras, dentro del resguardo de Mosoco, en el macizo de la cordillera Central, y fundó el Movimiento Armado Quintín Lame.

Estructura, doctrina, identidad

El MAQL se pensó a sí mismo como algo distinto de una guerrilla clásica. Su esquema organizativo contemplaba cuatro modalidades progresivas. Los grupos de apoyo, sin uniforme ni armas, insertos en la vida comunitaria, cumplían funciones logísticas y de información. La autodefensa operaba dentro del territorio del resguardo, protegía asambleas, recuperaciones y dirigentes, pero no salía del ámbito comunitario. El comando móvil ya portaba uniformes y armas de uso ocasional, con capacidad de desplazarse por varias zonas. El movimiento armado propiamente dicho era la estructura permanente, con presencia extraterritorial y de carácter interétnico, capaz de sostener acciones fuera de los resguardos y de coordinar con otros pueblos. Esa arquitectura escalonada expresaba una convicción central: la organización armada debía estar subordinada a la comunidad, no al revés, y solo debía crecer hasta donde la comunidad la sostuviera.

La doctrina se separaba del marxismo insurgente por su punto de partida. Mientras el M-19 buscaba representación política y las guerrillas comunistas se planteaban objetivos de transformación de clase, el Quintín Lame luchaba por los derechos indígenas: recuperación de tierras, respeto a los cabildos, autonomía territorial, defensa de la lengua y la historia propias. Su horizonte no era la toma del poder nacional sino la garantía de existencia colectiva de los pueblos indígenas del Cauca. Sus acciones armadas se justificaron como respuesta a los atropellos sufridos por las comunidades, en un registro discursivo defensivo antes que revolucionario.

La incorporación de prácticas culturales propias fue explícita. En las reuniones de la Dirección Política participaban Thê' Walas, los médicos tradicionales nasa, cuya presencia orientaba decisiones que en otras guerrillas se resolvían por votación de comisarios o por consulta al pensamiento marxista. La legitimidad última no venía del centralismo democrático sino de la autoridad cultural. Esa diferencia no era estética: implicaba que el MAQL no podía ordenar a las comunidades sino en la medida en que las comunidades —a través de sus autoridades tradicionales— lo reconocieran.

Y, sin embargo, esa singularidad convivió con tensiones internas y con el rechazo, más o menos abierto, de las propias comunidades. El pronunciamiento del VII Encuentro de Autoridades Indígenas del Sur-Occidente en 1985 no exceptuó a ninguna facción, y la modalidad de "movimiento armado" con presencia extraterritorial e interétnica desbordaba, por definición, la lógica de la autodefensa comunitaria. Los vínculos formativos con el M-19 introdujeron elementos de la cultura insurgente colombiana —el uniforme, la clandestinidad, la disciplina militar— que no eran, en sí mismos, indígenas. El MAQL nunca dejó de habitar esa contradicción: ser el brazo armado de un movimiento que, en su fondo, desconfiaba de todo brazo armado.

Operaciones: la toma de Santander de Quilichao y la escalada

El 4 de enero de 1985, poco más de un mes después de su fundación, el MAQL realizó su primera acción militar de envergadura: la toma armada del municipio de Santander de Quilichao, iniciada a las 5:45 de la tarde. La ciudad no era un objetivo cualquiera: era la misma en la que dos meses antes habían asesinado a Álvaro Ulcué. La organización reivindicó públicamente la acción mediante comunicado y se presentó ante el país como una fuerza nueva. El mensaje no era buscar el poder sino cobrar una deuda y anunciar existencia.

En los años siguientes, el MAQL sostuvo operaciones en el norte del Cauca y en Tierradentro, principalmente en Toribío, Jambaló, Caldono, Corinto y Páez. Su relación con las FARC-EP se agrió hasta el enfrentamiento: el Frente 6 seguía asesinando dirigentes indígenas y oponiéndose a las recuperaciones de tierra, y la aparición de una guerrilla indígena autónoma —que no aceptaba subordinarse ni compartir hegemonía— agravó la disputa. La lógica de las FARC, que trataba a los pueblos indígenas como parte indistinta del campesinado, chocaba con la insistencia nasa en su especificidad étnica y en la primacía de sus autoridades. Con el M-19 la relación siguió siendo formativa y menos hostil, aunque nunca de fusión.

El malestar comunitario, expresado desde 1985, no cesó. Las comunidades del Cauca reclamaban autonomía frente a todos los actores armados; el traslado del peso de las guerras a sus territorios generaba costos que ningún proyecto insurgente compensaba. Los propios dirigentes del CRIC afrontaron durante toda la década conflictos con grupos armados que buscaban imponer sus visiones políticas sobre las comunidades. Dentro de ese cuadro, el MAQL fue a la vez fuerza propia y presencia armada más entre otras, y esa ambigüedad marcó su corta trayectoria.

Causas: lo estructural y lo detonante

Conviene separar los planos. En el fondo estructural estaba la cuestión no resuelta de la tierra en el Cauca: resguardos coloniales fragmentados por décadas de despojo, haciendas cañeras y ganaderas asentadas sobre territorios indígenas, un cinturón latifundista al que el Estado no había puesto orden y que respondía a la movilización con violencia privada. Ahí también estaba la larga tradición organizativa nasa —de Quintín Lame al CRIC—, que había construido una base social políticamente madura, con conciencia de sí, con periódico propio, con cabildos activos, con recuperaciones exitosas y con una plataforma coherente. Y estaba, en el mismo plano estructural, la presencia armada múltiple que convertía al norte del Cauca en un espacio donde el monopolio estatal de la fuerza había cedido a una competencia entre actores insurgentes, sicariales y paramilitares.

En el plano coyuntural, el desalojo de López Adentro el 9 de noviembre de 1984 y el asesinato de Álvaro Ulcué el 10 de noviembre operaron como detonantes precisos: dos golpes concentrados que agotaron la paciencia de un movimiento ya arrinconado por más de una década de asesinatos selectivos —Gustavo Mejía en 1974, Melengue, Mestizo, Ramos y Dagua en 1975, atentados contra Marcos Avirama— y sin herramientas propias para responderlos. La conjunción entre madurez organizativa acumulada y una coyuntura crítica de agresión múltiple produjo la decisión.

Hay, también, una tercera capa: la influencia del ejemplo insurgente. El M-19 había instalado su retaguardia en la región desde 1983 y ofrecía formación militar; el ciclo guerrillero colombiano estaba en su apogeo; los cuadros indígenas que después fundarían el MAQL habían visto de cerca, y padecido, la operatividad de esos grupos. La tradición de Quintín Lame explica el nombre y el horizonte; la coyuntura de 1984 explica el momento; la ecología insurgente de la región explica que la respuesta tomara forma de guerrilla y no de otra cosa.

De la guerra a la mesa: la propuesta de paz desde 1988

El MAQL comenzó a plantear la salida negociada relativamente temprano. En julio de 1988, cuando llevaba menos de cuatro años en armas, emitió un comunicado de paz con tres demandas de alcance regional: la desmilitarización de las zonas indígenas y campesinas, tanto por parte de la fuerza pública como de las guerrillas; un acuerdo político con participación de todas las fuerzas sociales del Cauca; y un proyecto de desarrollo regional que tuviera en cuenta los intereses de toda la población. El pliego era coherente con la doctrina fundacional: no reclamaba puestos ni cargos, sino condiciones para que la vida comunitaria pudiera reanudarse sin fusiles ajenos.

Durante 1990 las negociaciones se aceleraron. Confluyeron varios factores. El primero, la desmovilización del M-19 en marzo de 1990, que había sido el interlocutor formativo del Quintín Lame y cuyo tránsito a la política legal validaba el mismo camino. El segundo, la percepción compartida por varias organizaciones de que el proyecto militar había llegado a un punto de rendimientos decrecientes: la guerra no ofrecía victoria posible y sí un desgaste continuo. El tercero, decisivo, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, prometida por el gobierno de Virgilio Barco en sus últimos meses y asumida por César Gaviria Trujillo desde su llegada a la presidencia en agosto de 1990. La Constituyente ofrecía algo que ninguna negociación previa había ofrecido: la posibilidad de reescribir el pacto fundacional del país y, en particular, de inscribir en la Carta el reconocimiento de los pueblos indígenas.

El MAQL, el EPL y el PRT formaron parte del mismo ciclo. Las negociaciones se centraron, en el caso del Quintín Lame, en las garantías para la población indígena. El acuerdo de desmovilización y entrega de armas se selló en marzo de 1991. La organización dejó las armas y sus voceros se sumaron al proceso constituyente. En la Asamblea Nacional Constituyente que sesionó entre febrero y julio de 1991, la presencia indígena —Lorenzo Muelas por los guambianos y otros delegados por los pueblos indígenas y por las guerrillas desmovilizadas— logró consagrar en la Carta Política el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la nación, la oficialidad de las lenguas indígenas en sus territorios, la jurisdicción especial indígena y la entidad territorial indígena. Las metas que Quintín Lame había perseguido a golpe de cárcel medio siglo antes, y que el CRIC había convertido en plataforma desde 1971, encontraron canal constitucional.

Reincorporación: regreso al comunero

La desmovilización del MAQL tuvo una particularidad que la separa de las de otras guerrillas: los excombatientes no volvieron a "la sociedad" como categoría abstracta, sino a sus resguardos, a sus cabildos, a sus veredas concretas. La reincorporación se hizo, en la mayoría de los casos, mediante el reingreso al tejido comunitario preexistente. Se presentaron como comuneros, no como guerrilleros, y esa fórmula facilitó la aceptación. Un cuadro resumen de la Oficina de Reinserción sobre los primeros 84 encuestados del MAQL, elaborado en Pueblo Nuevo en mayo de 1991, constituye una de las referencias documentales del proceso.

La regla general fue el reintegro exitoso a los ambientes familiares y comunitarios, con articulación tanto a instituciones locales propias —cabildos, asambleas— como a instituciones estatales y regionales. Hubo, sin embargo, casos de exclusión por el pasado guerrillero, y la experiencia fue calificada, con razón, como "contradictoria y dolorosa": las violencias sufridas por las familias y comunidades en los años de la guerra no se disolvieron con la firma del acuerdo. La negociación fue posible porque existía una identidad cultural común entre los actores sociales de las comunidades y los combatientes; ese sustrato compartido permitió sellar la paz como pacto de reincorporación étnica y no como derrota militar de una organización externa.

En el mediano plazo, la experiencia del Quintín Lame contribuyó a erradicar la lucha armada como opción de autoprotección dentro del movimiento indígena. La vía política, respaldada por el andamiaje constitucional de 1991, se consolidó como el camino. La violencia contra los pueblos indígenas del Cauca no cesó —el paramilitarismo y el conflicto con las FARC seguirían dejando víctimas durante décadas—, pero la respuesta ya no fue formar nuevas guerrillas propias sino la Guardia Indígena, desarmada, colectiva y basada en la autoridad de los cabildos.

Por qué importa

El MAQL ocupa un lugar particular en la historia colombiana de las insurgencias del siglo XX. No fue la guerrilla más grande, ni la más duradera, ni la que mayor impacto militar tuvo. Su importancia es de otro orden. Fue la única organización armada del ciclo insurgente colombiano cuyo horizonte político no fue la revolución social ni la toma del poder nacional, sino la defensa de una base étnica y territorial preexistente. Esa singularidad no es un matiz: es una inversión de la lógica leninista que rigió a las guerrillas marxistas del país, en la cual la vanguardia armada construye a la comunidad revolucionaria. En el Quintín Lame, la comunidad —organizada desde la reconstitución de resguardos por Manuel Quintín Lame en los años veinte, consolidada por el CRIC desde 1971— antecedía y condicionaba al fusil.

Esa anterioridad estructural explica también su final. Otras guerrillas se desmovilizaron y sus bases se dispersaron o se diluyeron; el MAQL se desmovilizó y sus combatientes volvieron a un tejido que seguía existiendo, con cabildos que seguían funcionando y con una plataforma política que seguía viva. El Quintín Lame pudo entregar las armas porque tenía a dónde volver: no una vida civil abstracta sino unos resguardos concretos. La reinserción no fue conversión sino regreso.

Su historia también corrige un silencio del relato dominante sobre el conflicto armado colombiano. Ese relato, construido en torno a la dicotomía entre guerrillas marxistas y contrainsurgencia estatal —con el añadido posterior del narcotráfico y el paramilitarismo—, no ha sabido acomodar del todo a una organización que se apartaba de las categorías básicas: ni campesinismo revolucionario, ni marxismo urbano, ni nacionalismo pequeñoburgués. La categoría de guerrilla indígena, en propiedad, existe en Colombia por el MAQL. Ignorarla equivale a leer la historia insurgente colombiana como si el catálogo se agotara en FARC, ELN, EPL y M-19, dejando fuera el hecho de que uno de los pueblos históricamente más oprimidos del país tuvo, en un momento preciso, su propia respuesta armada, con su propio nombre, su propia doctrina y su propia manera de dejarla atrás.

Queda, por último, la lectura sobre la Constituyente de 1991. Sin el MAQL, la presencia indígena en la Asamblea habría sido menor y menos densa políticamente; sin la desmovilización del Quintín Lame, el ciclo de paz de 1990-1991 no habría incluido a los pueblos indígenas como sujeto negociador propio, sino apenas como beneficiarios de decisiones ajenas. El reconocimiento constitucional del carácter pluriétnico y multicultural de la nación, la jurisdicción especial indígena, la protección de los resguardos como propiedad colectiva imprescriptible: todo eso tiene, entre sus condiciones de posibilidad, la existencia de una guerrilla que se hizo para poder desaparecer bajo mejores términos, y que al desaparecer dejó su horizonte inscrito en la ley fundamental del país. En un ciclo en que muchas guerrillas se desmovilizaron sin lograr, en verdad, nada de lo que habían anunciado, el Quintín Lame es de las pocas de las que puede decirse —con las cautelas del caso— que su programa se cumplió.