Génesis del paramilitarismo en el Magdalena Medio (1984–1989)

Génesis del paramilitarismo en el Magdalena Medio (1984–1989)

Entre 1984 y 1989, en la cuenca media del río Magdalena —ese corredor caliente que enlaza a Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Cimitarra y Puerto Triunfo— se ensambló la máquina de guerra que reorganizaría la violencia colombiana durante las tres décadas siguientes. No fue un estallido campesino ni una reacción vecinal contra la guerrilla, aunque de ambas cosas tomó su lenguaje. Fue un proyecto deliberado, construido por tres actores: la doctrina contrainsurgente del Ejército, que aportó marco institucional y entrenamiento; las élites ganaderas locales, que pusieron la base social y el financiamiento inicial a través de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM); y el capital del narcotráfico, encarnado en Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, que resolvió la crisis fiscal del experimento en 1985 y lo proyectó, ya convertido en tecnología exportable, hacia Urabá, Córdoba, los Llanos y el Putumayo. Lo que allí se probó —fachada civil, escuelas de entrenamiento, alianza con oficiales activos, exterminio político selectivo, control territorial mediante cooperativas y emisoras— dejó de ser una anomalía regional para convertirse en la plantilla del paramilitarismo colombiano.

El terreno del que brota: frontera, guerrilla y ganadería

El Magdalena Medio llegó a los años ochenta como una frontera interior: colonización tardía, presencia estatal precaria y una institucionalidad reducida, casi siempre, a lo militar y lo represivo. El Estado no cumplía funciones de balance territorial, regulación ni cohesión social; la movilización cívica de la región durante todo el siglo XX había consistido, precisamente, en exigir lo que otros territorios daban por descontado. Ese vacío lo fueron ocupando actores armados de signo contrario: el ELN echó raíces tempranas en la serranía de San Lucas y en las estribaciones de Santander, y las FARC extendieron sus frentes por el valle y sus vertientes.

A finales de los setenta esa presencia guerrillera cambió de textura. En 1979, el Frente IV de las FARC recibió presión del Secretariado para generar recursos propios, y esa orden coincidió con una expansión hacia zonas ricas y con un aumento sostenido de secuestros, extorsiones y cobros a hacendados, ganaderos, políticos y sectores del campesinado. El Frente XI llevó el impuesto revolucionario a ganaderos de todo tamaño: quien no pagaba podía ser secuestrado o asesinado. El 7 de enero de 1984, en la finca La Traviata, en Cimitarra, siete ganaderos fueron ejecutados en una misma acción; el episodio se volvió emblema de una violencia que erosionaba el apoyo social que las FARC habían construido en la región. Por esos mismos meses, el secuestro del padre de Henry Pérez por las FARC operó como detonante familiar y político de lo que vendría.

Sobre ese piso —Estado ausente, guerrilla extorsiva, ganadería acorralada— se acumulaba un tercer estrato: el del narcotráfico. Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha compraron tierras a gran escala en el Magdalena Medio y se hicieron terratenientes y ganaderos. La hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo, es solo el vértice visible de un patrón mucho más extenso de reconversión narco-agraria. Los capos ingresaron al conflicto no solo como financiadores externos, sino como propietarios rurales con intereses idénticos a los de las élites tradicionales frente a la extorsión guerrillera. Esa coincidencia de patrimonios amenazados es el sustrato material de la alianza que estaba por venir.

El Ejército como partero: doctrina, batallones y salvoconductos

La segunda pieza del andamiaje la puso la fuerza pública. Desde comienzos de los años ochenta, el Ejército acentuó una estrategia contrainsurgente que interpretaba el conflicto a la luz de la doctrina de seguridad nacional: toda la población se clasificaba como aliada o enemiga, y huelgas, manifestaciones y campañas electorales se leían como focos de conflicto sometidos a control estatal. Ese marco doctrinario convirtió a la izquierda legal y al sindicalismo en objetivos legítimos, y volvió racional —desde la lógica militar— apoyarse en civiles armados para prolongar la vigilancia y el fuego más allá del pie de fuerza.

El instrumento jurídico ya existía. El parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto Legislativo 3398 de 1965 permitía al Ejército entregar armas a grupos de autodefensa; sobre esa cobertura se construyó, en Puerto Boyacá y sus alrededores, un sistema de colaboración mucho más ambicioso que la simple dotación. En 1982, el coronel Jaime Sánchez Arteaga, del Batallón Bárbula, organizó al menos una reunión con figuras clave de la región —entre ellas Gonzalo y Henry Pérez, Nelson Lesmes, Luis Suárez, Rubén Estrada y Carlos Loaiza— de la que salió el diseño inicial de la estructura paramilitar local. Ese mismo año, Puerto Boyacá se autoproclamó "capital antisubversiva de Colombia".

A partir de 1982, los patrullajes conjuntos de unidades militares y grupos paramilitares se hicieron rutina en el Magdalena Medio. Oficiales y ex oficiales estuvieron a cargo de escuelas de entrenamiento militar para civiles, reproduciendo y naturalizando la figura de la autodefensa. El general Farouk Yanine Díaz fue el oficial más implicado en la promoción y consolidación del proyecto: aparece como el más mencionado en la confesión del exparamilitar Vladimir ante la justicia, entre agosto y diciembre de 1995, y lo nombró también el desertor Diego Viáfara. Vladimir declaró que Yanine lo envió a Puerto Boyacá a comienzos de los ochenta y que tuvo participación directa en actividades de instrucción.

El informe de la Procuraduría General de la Nación de febrero de 1983 dio la primera medida oficial de la simbiosis: entre 59 y 69 de los 163 miembros individualizados del MAS eran integrantes activos de la Fuerza Pública. La respuesta institucional —Corporación Cívica de Seguridad de Bogotá incluida, con una carta al ministro de Defensa en la que tildaba los hallazgos de imprudentes y le pedía a la Procuraduría concentrarse en la insurgencia— no desmintió los datos: reveló que existía una franja de opinión dispuesta a defender la responsabilidad estatal como un asunto de patriotismo. El propio ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes defendió públicamente a las Fuerzas Armadas ante las acusaciones del congresista Horacio Serpa sobre masacres paramilitares en el Magdalena Medio; años después, ya retirado, seguiría defendiendo la legitimidad de esos grupos con la fórmula de que "el pueblo forma parte del Ejército".

La relación no consistió, pues, en entregar unos fusiles bajo un artículo permisivo. Consistió en crear, entrenar, coordinar tácticamente y sostener políticamente estructuras armadas civiles que operaban con salvoconductos militares y bajo la sombra protectora de brigadas y batallones. En 2004, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que, a partir de 1985, muchos grupos de autodefensa mutaron sus objetivos y se convirtieron en organizaciones de delincuencia comúnmente llamadas paramilitares, con origen en el Magdalena Medio y proyección posterior al resto del país.

ACDEGAM: la fachada civil y la ingeniería social del terror

Si el Ejército puso la doctrina y las armas, ACDEGAM puso la piel. Fundada en 1984 tras el secuestro del padre de Henry Pérez, la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio se presentó desde el primer día como una organización gremial de servicios sociales. Su repertorio era casi el de un pequeño Estado paralelo: droguerías, tiendas comunales, brigadas de salud, escuelas, reparación de vías. Esa fachada legal cumplió tres funciones simultáneas: dio legitimidad a los grupos armados en formación, tejió una base social real entre campesinos y colonos, y ofreció una infraestructura logística que después se descubriría útil para otra clase de tareas.

Entre 1986 y 1988, ACDEGAM creó alrededor de veinte cooperativas en corregimientos y veredas estratégicas. Cada una operaba como tienda de víveres e insumos agropecuarios y, a la vez, como central de información: sus administradores eran miembros paramilitares dotados de arma y radio. Un mostrador y una antena bastaban para transformar una vereda en un puesto de control. La red de escuelas sirvió para naturalizar el proyecto entre niños y familias, mientras las brigadas médicas y las droguerías construían clientela política y consentimiento.

Por debajo de esa capa cívica, ACDEGAM funcionaba como caja y central logística del aparato armado. A través de la asociación se canalizaron recursos para el acondicionamiento de centros de entrenamiento, el pago de sueldos de paramilitares, la adquisición de armas y municiones. Ese doble uso —servicios sociales visibles, armamento invisible— fue la innovación política del experimento: el paramilitarismo del Magdalena Medio no se limitó a matar, sino que se integró al tejido cotidiano como oferta de orden.

La ambición del modelo tuvo un costo. Hacia 1985, ACDEGAM entró en crisis financiera: los planes de estructuración, reclutamiento y expansión de servicios sociales excedían los aportes de los ganaderos y las imposiciones a campesinos. La organización estaba, técnicamente, quebrada por su propia ambición. Fue en ese momento —crisis fiscal por un lado, narcotraficantes ya asentados como terratenientes por el otro— cuando el proyecto encontró a su financiador dominante.

La entrada del narcotráfico y el salto de escala (1985–1988)

La confluencia se produjo por convergencia de intereses más que por decisión unilateral. Los narcotraficantes, propietarios rurales golpeados por la extorsión y el secuestro guerrilleros, necesitaban ejércitos privados para proteger sus tierras y sus laboratorios; los militares querían combatir a la insurgencia con recursos y hombres que el Estado no ponía; los ganaderos querían sobrevivir a los frentes de las FARC. Los tres proyectos coincidieron en el terreno y en el enemigo. La alianza narco-paramilitar que se cerró hacia 1985 no fue un secuestro del proyecto contrainsurgente por parte del narcotráfico, sino la solución financiera de una coalición en apuros.

Sus efectos, sin embargo, fueron cualitativos, no solo cuantitativos. Rodríguez Gacha, en particular, financió la expansión territorial del aparato armado desde Puerto Boyacá hacia otras regiones. Ese flujo de dinero permitió pasar de un dispositivo defensivo regional a una organización con proyección nacional. Y trajo un giro doctrinario silencioso: la protección de laboratorios y rutas de cocaína se volvió una función tan central como el combate a la guerrilla.

En 1987, el ala narcotraficante contrató, con vínculos ya trabados con los hermanos Castaño, a mercenarios israelíes y británicos para instruir militarmente a los paramilitares. Entre ellos, la figura del israelí Yair Klein se volvió emblemática. A comienzos de 1988, estos instructores extranjeros entrenaban a un grupo de unos cincuenta hombres. Entre 1987 y 1988, Rodríguez Gacha acudió a las estructuras del Magdalena Medio para entrenar a sus propios escoltas en el centro de formación Las Galaxias, con Marcelino Panesso como instructor. La transferencia de saber militar era doble: mercenarios extranjeros formaban a los paramilitares, y estos, a su vez, formaban a los sicarios y escoltas del cartel de Medellín.

El precio político de ese matrimonio fue el desplazamiento gradual de los promotores originales. Ganaderos y militares vieron cómo la financiación narco reordenaba la organización desde adentro: al final de la década, quien pagaba imponía objetivos. La estructura conservó su retórica contrainsurgente, pero su lógica cotidiana se subordinó cada vez más a la protección del negocio. Hacia 1989, un conflicto abierto entre Pablo Escobar y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) de Henry Pérez —con Cuco Vanoy alineado del lado de las ACMM— dejó ver que la coalición nunca había sido monolítica: dentro del propio bloque narco-paramilitar había facciones dispuestas a matarse entre sí.

Henry Pérez y la invención de la parapolítica

En el centro de esa estructura estaba Henry Pérez. Su papel no fue el de un jefe militar más, sino el de un articulador institucional. Pérez concibió una arquitectura que integraba en un solo diseño la acción contra la guerrilla, la coordinación con el Ejército Nacional, la participación en la política local y el desarrollo socioeconómico regional. Suya es la paternidad de lo que después se llamaría parapolítica: la idea de que las armas y los votos podían moverse en el mismo tablero y bajo la misma cadena de mando.

Desde 1983, Pérez cooptó a Ramón María Isaza Arango y su grupo, integrándolo al dispositivo del Magdalena Medio. A su alrededor se movía Pablo Emilio Guarín, dirigente del Partido Liberal en Puerto Boyacá que años después lideraría las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, junto a una capa de operadores políticos locales. La emisora Ecos del Río, controlada por las autodefensas, sirvió como caja de resonancia del proyecto: transmitía discursos, marcaba enemigos, celebraba victorias. La política municipal, el aparato armado y la voz pública quedaron enlazados en un mismo circuito.

El proyecto necesitaba también una envoltura ideológica. ACDEGAM y sectores vinculados a la Tradición, Familia y Propiedad (TFP) constituyeron el núcleo de un movimiento político llamado MORENA, que la revista Semana comparó con el partido neofascista ARENA de El Salvador por sus vínculos con grupos paramilitares. Alrededor de MORENA circulaban cuadros como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y el propio Guarín, que dotaron al proyecto de un lenguaje anticomunista modernizado y de aspiraciones electorales explícitas. El paramilitarismo del Magdalena Medio no quiso ser solo un ejército: quiso ser también un partido, una emisora, una identidad regional.

La escalada del terror: Segovia, La Rochela y el exterminio de la UP

El costo humano del experimento se hizo insoportablemente visible en 1988 y 1989. La primera elección popular de alcaldes y los éxitos electorales de la Unión Patriótica y el Frente Popular en el Magdalena Medio, Urabá, Córdoba y el Ariari desencadenaron una represalia sistemática. La estrategia paramilitar no apuntó a combatir guerrilleros armados: apuntó a la dirección política de la izquierda. Militantes de la UP, candidatos a concejos, sindicalistas, maestros e indígenas fueron asesinados sin que ello redujera en nada la capacidad operativa de las guerrillas. Esa disociación entre víctimas y objetivo militar declarado es, quizá, la mejor evidencia de que el proyecto era, en su núcleo, un proyecto de limpieza política.

El exterminio de la Unión Patriótica lo confirma con la aritmética de un genocidio metódico. Solo entre 1984 y 1988 fueron asesinados y desaparecidos 1.284 militantes, con una curva ascendente que tocó su punto crítico justamente en 1988, año de las alcaldías populares; el saldo agregado del genocidio superaría luego las 1.690 víctimas. Cuatro de cada diez de esas víctimas, cuando se pudo registrar su ocupación, eran campesinos, trabajadores o administradores de finca, y se concentraban en Urabá, Tolima, Meta, Caquetá y el propio Magdalena Medio. La UP no fue diezmada en las ciudades: fue exterminada en las veredas y en los cascos urbanos de la periferia, donde el paramilitarismo tenía cuerpo.

La masacre de Segovia, en Antioquia, entre el 11 y el 12 de noviembre de 1988, dejó 46 víctimas y se convirtió en el caso judicialmente mejor documentado del período. El proceso identificó móviles políticos explícitos: exterminar a los militantes de la UP del municipio y desplazar a quienes políticamente quedaran con vida. La justicia identificó a César Pérez García como determinador, tras probar que se reunió con Henry de Jesús Pérez Morales y alias Rambo para acordar la masacre; Fidel Castaño Gil fue igualmente vinculado como determinador. Segovia no fue un exceso local: fue la aplicación disciplinada de una doctrina.

La otra cara de la escalada fue el ataque al aparato judicial. El 4 de octubre de 1987, 19 comerciantes salieron de Ocaña hacia Medellín en cinco vehículos y fueron retenidos y desaparecidos en el Magdalena Medio. El motivo atribuido fue el no pago del impuesto de "seguridad" que integrantes del Ejército y paramilitares les exigían para transitar por la zona con mercancía de contrabando. Familiares y testigos se dirigieron a un batallón militar en busca de información, gesto que dice mucho sobre la percepción local de quién mandaba. El 18 de enero de 1989, una comisión de funcionarios judiciales que investigaba, entre otras cosas, esa desaparición, fue masacrada en La Rochela. Doce funcionarios murieron; el mensaje al Estado fue inequívoco.

El contexto judicial del período explica por qué el mensaje se recibió. Entre 1979 y 1991 fueron asesinadas 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales. En 1987, el 25,4% de los jueces del país declaró haber recibido amenazas directas o contra sus familias. Según estimativos del gobierno de Virgilio Barco, solo el 20% de los crímenes llegaba a conocimiento de las autoridades, y de esos apenas el 4% obtenía sentencia. El proyecto paramilitar no operaba a pesar del Estado: operaba en un Estado que había perdido la capacidad de juzgarlo.

La plantilla se exporta: Urabá, Córdoba, los Llanos, el Putumayo

Hacia 1987, el laboratorio empezó a proyectarse fuera de su cuenca original, y lo hizo por la misma vía que había usado para consolidarse: comprando tierra. Los hermanos Pérez —Gonzalo y Henry— adquirieron predios en Urabá como parte de una estrategia de expansión y comenzaron a operar simultáneamente en Córdoba y el Urabá antioqueño. Allí la interlocución fue con Fidel Castaño, que había levantado una estructura propia en el sur cordobés y necesitaba metodología y hombres. En 1988, Henry Pérez asesoró y coordinó con Castaño la ejecución de las primeras masacres en la zona bananera.

La primera masacre documentada de ese ciclo ocurrió el 4 de marzo de 1988 en dos plantaciones de Currulao, subdivisión bananera de Turbo: 28 trabajadores afiliados a Sintagro fueron asesinados. En la operación participaron un mayor del Batallón Voltígeros y asesinos venidos de Puerto Boyacá. La composición del comando es, por sí sola, un diagrama del modelo: oficial activo del Ejército más pistoleros formados en la escuela madre. La lista de víctimas —sindicalistas afiliados a Sintagro, no combatientes guerrilleros— repite la lógica que ya había ensayado el Magdalena Medio contra la UP: liquidar la organización política y sindical de los trabajadores, no a los frentes armados.

Sobre esa cabeza de puente se levantó la primera generación paramilitar del norte de Antioquia y el sur de Córdoba, calcada del molde de Puerto Boyacá. Los Tangueros o Mochacabezas, al mando de Fidel Castaño, fueron su expresión más conocida; junto a ellos operaron Los Magníficos y Los Mazudos, estos últimos entrenados directamente en el Magdalena Medio. No fue un injerto vertical y unificado. Cada foco regional reconfiguró la tecnología según intereses locales —agroindustria bananera en Urabá, ganadería extensiva en Córdoba— pero el repertorio básico viajó completo: fachada agraria, alianza con la guarnición militar de la zona, financiación mixta entre terratenientes y narcotráfico, exterminio de sindicalistas y de la izquierda electoral, control territorial mediante emisoras y tiendas.

La proyección hacia el sur siguió otra geografía: la de los laboratorios de cocaína. Desde 1987, Rodríguez Gacha instaló en la vereda La Azulita, municipio de Puerto Asís, Putumayo, una base paramilitar acoplada a una base de procesamiento de coca. La ecuación era transparente: la seguridad del laboratorio la prestaba el mismo aparato que en el Magdalena Medio decía combatir la subversión. Las autodefensas del Magdalena Medio hicieron presencia en los Llanos del Yarí —Caquetá, Meta, Guaviare—, en el Putumayo y en Nariño, orientadas primordialmente a proteger la infraestructura del cartel. En 1988, los "Combos" al servicio de Rodríguez Gacha dieron muerte a ochenta guerrilleros del EPL que custodiaban los laboratorios de la zona de El Azul, en Putumayo, tras la ruptura entre Rodríguez Gacha y las guerrillas por un cargamento de cocaína que aquel acusó a las FARC de haberle robado en el Magdalena Medio. La geografía paramilitar coincidía, ya sin disimulo, con el mapa de la coca.

Los detonantes de 1989 y la respuesta tardía del Estado

La escalada de 1988 y comienzos de 1989 volvió al proyecto insostenible en términos políticos, aunque no en términos militares. La masacre de La Rochela forzó al gobierno Barco a ordenarle al DAS investigar la estructura criminal de los grupos paramilitares. El informe del DAS de 1989, basado en el testimonio del desertor Diego Viáfara, identificó a Gonzalo Rodríguez Gacha como financiador de la expansión paramilitar en el Magdalena Medio, denunció la participación de oficiales militares de la base de Puerto Boyacá como formadores y vinculó al general Farouk Yanine Díaz por su presunta promoción del proyecto. Era la primera vez que un organismo del Estado nombraba con precisión la arquitectura del proyecto.

En abril de 1989, mediante los decretos 813 y 814, el gobierno Barco derogó la Ley 48 de 1968 y penalizó la promoción, financiación, apoyo y conformación de grupos paramilitares. Ese giro normativo llegaba tarde para las víctimas de la Unión Patriótica, tarde para los 19 comerciantes, tarde para los funcionarios de La Rochela, tarde para los trabajadores bananeros de Currulao y para los 46 muertos de Segovia. Pero significaba, al menos en el papel, el fin del amparo jurídico bajo el cual el Ejército había armado a civiles durante dos décadas.

El asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, ordenado por Pablo Escobar con la participación operativa de Rodríguez Gacha, cerró simbólicamente la etapa. El mismo aparato que en Puerto Boyacá había sido presentado como escudo contra la subversión mataba en Soacha a un precandidato liberal. La coartada contrainsurgente perdía sus últimas coberturas.

Lo que quedó: una tecnología, no una anomalía

El período 1984–1989 no produjo un movimiento coherente ni un actor único. Produjo algo más duradero: una tecnología política, transportable y modular. Una fachada gremial que ofrecía servicios y captaba lealtades, sostenida por una red de cooperativas y emisoras que hacía las veces de sistema nervioso local. Detrás, escuelas de entrenamiento a cargo de oficiales activos o retirados, un financiamiento híbrido —ganaderos, comerciantes, narcotráfico— capaz de absorber crisis fiscales sin renunciar a la retórica antisubversiva, y un brazo político con vocación electoral. El repertorio de violencia completaba el sistema: masacre ejemplarizante, exterminio selectivo de la dirigencia de izquierda y ataque al aparato judicial cuando este se acercaba demasiado.

La coalición que la hizo posible no fue estable. Escobar y las ACMM terminaron enfrentados, los ganaderos perdieron control frente al capital narco, los militares vieron cómo la lógica del laboratorio se subordinaba a la lógica del cartel. Aun así, el dispositivo alcanzó a dejar 18 masacres atribuidas a la órbita de ACDEGAM desde 1983, miles de desplazados y un genocidio político en curso. Y viajó casi de inmediato: a Urabá con los Castaño, a Córdoba con Los Tangueros, al sur con las bases paramilitares que custodiaban los laboratorios de Rodríguez Gacha. Cuando en los años noventa se reorganicen las Autodefensas Unidas de Colombia bajo la comandancia de los hermanos Castaño, no estarán inventando nada: estarán escalando, a nivel nacional y con nueva conducción, un dispositivo probado durante un lustro en la cuenca del Magdalena.

Por eso importa fechar con precisión estos cinco años. No fueron una anomalía criminal ni una respuesta desesperada de sociedades acorraladas por la guerrilla. Fueron el momento en que un sector de las Fuerzas Armadas, un conjunto de élites regionales y una fracción del capital narcotraficante decidieron construir, con lenguaje de autodefensa y arquitectura de proyecto político, un aparato armado dispuesto a suplantar al Estado en las periferias y a decidir, en última instancia, quién podía vivir y quién no. Mapiripán, El Salado, la parapolítica en el Congreso, el despojo de tierras a gran escala: todo eso habla el idioma que allí se aprendió a hablar.