Yair Klein

El oficial que se hizo empresario de la guerra

Klein llegó a Colombia como excoronel de las Fuerzas de Defensa de Israel reconvertido en empresario privado de seguridad. Su compañía se llamaba Hod Hajanit en hebreo —Punta de Lanza en español, Spearhead en la documentación en inglés—: no una firma de vigilancia ni de escoltas, sino una unidad de choque que ofrecía en el mercado internacional lo que los ejércitos regulares hacen puertas adentro. En los años ochenta, ese mercado existía y era próspero. La contrainsurgencia latinoamericana, las guerras africanas de baja intensidad y el auge del narcotráfico habían generado una demanda global de instructores con experiencia de combate y credenciales de ejército regular, dispuestos a trabajar por contrato para gobiernos débiles, mafias organizadas o particulares con capacidad de pago. Klein encarnaba la fase temprana de esa industria: no un aventurero solitario, sino un oficial retirado con doctrina, red y método.

El puente hacia Colombia lo tendió otro israelí, Izhack Soshani Meraiot, representante de las Industrias Israelíes de Equipos Aéreos, que contactó a Klein para llevar sus servicios al país. La operación no fue un negocio marginal montado desde una oficina en Tel Aviv: entró por el canal formal de las relaciones industriales militares israelo-colombianas, las mismas que permitían a Colombia fabricar bajo licencia los fusiles Galil y recibir de Israel aeronaves, sistemas de inteligencia y material antidisturbios. El contratista que trajo a Klein era, al mismo tiempo, agente de una industria militar estatal. Esa ambigüedad —entre el negocio privado del excoronel y la infraestructura pública de exportación militar israelí— nunca se aclaró del todo, y es la que permitió, más adelante, que el escándalo de Antigua en 1989 estallara con la carga que estalló.

El contexto que lo hizo posible

Cuando Klein desembarcó en el Magdalena Medio a fines de 1987, la infraestructura que lo recibía llevaba al menos cinco años en construcción. En diciembre de 1982, el mayor retirado del Ejército Óscar de Jesús Echandía había proclamado en Puerto Boyacá el objetivo de una "Puerto Boyacá limpia de guerrilla", consigna que sintetizaba la alianza entre oficiales del Ejército, ganaderos y políticos regionales que caracterizaría a la zona. Desde 1982, el Ejército intensificó allí tácticas contrainsurgentes que incluían patrullajes conjuntos con paramilitares, y montó escuelas de entrenamiento militar para civiles a cargo de oficiales y exoficiales que naturalizaron la existencia de grupos de autodefensa en la región. La coalición fundacional del paramilitarismo del Magdalena Medio la integraron ganaderos, miembros del Ejército y políticos regionales; el crimen organizado se incorporó después. Las primeras masacres y actividades criminales fueron dirigidas principalmente por ganaderos y militares, no por jefes de la mafia.

Sobre esa base se montó ACDEGAM, la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, creada por el ala política del proyecto paramilitar. ACDEGAM canalizó los recursos que sostenían la maquinaria: acondicionamiento de centros de entrenamiento, pago de sueldos, compra de armas y municiones. Con su organización hermana, Tradición, Familia y Propiedad, conformó después el movimiento político MORENA, al que la revista Semana comparó con ARENA, el partido neofascista de Roberto D'Aubisson en El Salvador, vinculado a los escuadrones de la muerte de ese país. La comparación no era retórica: apuntaba a un proyecto que aspiraba a ser, al mismo tiempo, fuerza militar, movimiento político y aparato territorial.

Lo que llegó en 1987 fue la última pieza. La guerra abierta entre los carteles de Medellín y Cali, iniciada a fines de ese año, disparó la demanda de instrucción militar profesional. El Cartel de Medellín llevaba la delantera gracias a su asociación con los hermanos Castaño, que ya tenían contactos con mercenarios europeos. Entre 1987 y 1988, Gonzalo Rodríguez Gacha acudió además a los paramilitares del Magdalena Medio para entrenar a sus escoltas: el instructor Marcelino Panesso les impartió manejo de armas, orden cerrado y tácticas de emboscada en el centro Las Galaxias. Cuando Klein aterrizó, ya existían escuelas locales, ya había instructores propios y ya se cruzaban circuitos entre narcotráfico y paramilitarismo. Lo que faltaba —y lo que él trajo— era la codificación doctrinal.

Los cursos de 1988 y 1989

Klein dictó en Colombia al menos tres cursos documentados. Los dos primeros ocurrieron entre enero y marzo de 1988, en el contexto de la guerra entre carteles y en asociación con estructuras vinculadas al grupo de Medellín. En esos meses, mercenarios israelíes y británicos ya se ocupaban en instruir a un grupo de cincuenta hombres. Klein no vino solo: lo acompañaron los israelíes Teddy Melnick y otro conocido únicamente como "Mike", cuya identidad nunca fue revelada. La ausencia de registros del DAS de entradas al país con ese nombre impidió después identificar al segundo israelí, señal de que al menos parte de la operación circulaba fuera de los canales migratorios oficiales.

Después de los cursos de Klein llegó un segundo equipo, esta vez británico, encabezado por David Tomkins, con experiencia en explosivos y operaciones secretas. Su tarea era distinta: preparar un ataque contra la dirigencia de las FARC en Casa Verde, La Uribe, el santuario político y militar del secretariado guerrillero. La misión no se concretó por las exigencias logísticas y tácticas del terreno, pero el hecho de que se planeara —con mercenarios británicos financiados por el narcotráfico contra el estado mayor de una guerrilla— revela la escala de ambición del proyecto y explica la envergadura de los contratistas que se estaban trayendo.

El tercer curso, en abril de 1989, borró toda ambigüedad sobre quién pagaba. Klein y los mismos dos acompañantes, Melnick y "Mike", estuvieron en la Isla de la Fantasía durante otro entrenamiento. Los informes del DAS registraron que Klein se alojó en Bogotá, en el hotel Country 85, entre el 1 y el 6 de ese mes. Varios testigos coincidieron en que los israelíes llevaron consigo un aparato especial para detectar explosivos, precaución llamativa que se ha interpretado como temor a que la guerra entre Escobar y los Rodríguez Orejuela se extendiera hasta ellos. Para entonces, Klein ya no podía ignorar la naturaleza de sus contratantes: el financiador era el Cartel de Medellín, y en la práctica Rodríguez Gacha, a cuyo entorno pertenecían buena parte de los entrenados y las fincas donde se dictaban las lecciones. Que el excoronel volviera un año y medio después de los primeros cursos, con la guerra entre carteles ya de dominio público internacional y la presencia de mercenarios extranjeros conocida en el país, señala una decisión deliberada de continuar en el negocio con plena información.

La "táctica inglesa" y el método Klein

Lo que Klein enseñó puede reconstruirse a partir de los testimonios de desmovilizados que pasaron por sus cursos o por los cursos que sus alumnos replicaron. En el vocabulario paramilitar quedó fijado como "táctica inglesa" —denominación curiosa, porque el instructor era israelí, y que sugiere una amalgama con la doctrina aprendida junto a los británicos de Tomkins—. Un desmovilizado la resumió en una frase que vale como definición operativa: exterminar al enemigo de raíz mediante contrainteligencia e infiltración.

No se trataba solo de técnicas de combate, aunque estas también se enseñaban. El núcleo del método era una doctrina de guerra irregular que ponía en el centro la contrainteligencia: infiltrarse en la guerrilla, usar a la población civil del casco urbano como fuente de información, mapear redes de simpatizantes y familiares, anticipar movimientos, identificar objetivos con precisión antes de golpear. Esa lógica —población civil como campo de batalla informativo, exterminio "de raíz" como horizonte estratégico— reorganizó la violencia paramilitar. Las masacres selectivas, las listas de sospechosos, los asesinatos de sindicalistas, maestros y líderes comunitarios en los años siguientes no fueron improvisaciones ni desbordes: eran la traducción operativa de una doctrina que separaba al combatiente de su entorno civil eliminando el entorno mismo.

En el plano estrictamente táctico, los cursos incluyeron formaciones de fuego como la cadena de tiradores —una línea de avance por turnos que permite mantener presión sobre el enemigo mientras se progresa en el terreno— y la línea en U, útil en emboscadas y en el cierre de flancos. Esas formaciones, básicas en cualquier manual de infantería regular, marcaron para los paramilitares el paso de un modo de pelear artesanal —grupos armados que disparaban y corrían— a uno con disciplina de fuego, comunicación entre escuadras y capacidad de sostener combates prolongados.

El otro aporte, más difícil de medir pero probablemente el más duradero, fue el modelo organizacional. El entrenamiento impartido en Puerto Boyacá bajo la influencia de Klein no se quedó allí: paramilitares del grupo de San Juan Bosco de la Verde fueron enviados a Puerto Boyacá para recibir instrucción y, al regresar, actuaron como instructores locales para el resto de su gente. El principio quedó fijado: una escuela central concentra la doctrina, los cuadros pasan por ella y luego se dispersan a replicarla en sus regiones. Es la lógica de las academias militares aplicada a fuerzas irregulares, y es la que permitió que el conocimiento acumulado en el Magdalena Medio se convirtiera en materia exportable.

La cascada de las escuelas

Los años siguientes mostraron hasta qué punto ese modelo se instaló. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, las ACMM, crearon una constelación de escuelas: la Escuela Águila 10, fundada en 1994 en la vereda Balsora de Puerto Triunfo, con "Nelson" o "El Mono" como instructor principal; La Iglesia, La Mariela y La Guayabera. Las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, las ACPB, establecieron desde 1997 su principal base de entrenamiento, la Base 8, en la vereda El Cocuy del municipio de Cimitarra. La directriz organizacional de estos bloques centralizaba el entrenamiento en escuelas principales con el objetivo declarado de lograr "orden y disciplina" —fórmula que, en un aparato dedicado a masacrar campesinos y desplazar comunidades, cobra su verdadera dimensión—.

Trazar una línea doctrinal directa entre Klein y los instructores de Águila 10 sería forzar el material. Lo que sí puede afirmarse es que el patrón se sostuvo: escuelas fijas, cuadros técnicos, rotación de reclutas, replicación en frentes regionales. Ese patrón no existía antes de 1988 en la escala en que apareció después. La coalición ganadera-militar de Puerto Boyacá había montado centros de entrenamiento desde 1982, pero no una red articulada de escuelas con doctrina compartida. Entre el Panesso que entrenaba escoltas en Las Galaxias y la Base 8 de Cimitarra hay una diferencia de escala y de método que corresponde, en buena medida, al paso por Puerto Boyacá de los instructores extranjeros a fines de los ochenta.

La red que rodeó a Klein

Klein no operó en el vacío. La red que lo acogió y le pagó incluyó, en distintos momentos y con distintos grados de proximidad, a Pablo Escobar, a Gonzalo Rodríguez Gacha, a los hermanos Fidel y Carlos Castaño, y a la dirigencia paramilitar del Magdalena Medio encabezada por Henry Pérez. La conexión Castaño era la llave: fueron ellos, con sus contactos previos entre mercenarios europeos, quienes dieron al Cartel de Medellín la ventaja sobre el grupo de Cali en la contratación de instructores extranjeros. Rodríguez Gacha aportó el flujo de dinero, la infraestructura de fincas y laboratorios, y la voluntad estratégica de convertir el paramilitarismo en un instrumento de expansión territorial vinculado al negocio cocalero.

Hacia 1987, Henry Pérez y su padre compraron tierras en Urabá; en 1988 asesoraron y coordinaron con Fidel Castaño la ejecución de las primeras masacres en la zona bananera. Ese movimiento —del Magdalena Medio a Urabá— marca el inicio de la expansión regional del proyecto y coincide, en el tiempo, con la presencia de Klein en Puerto Boyacá. Después, las autodefensas provenientes del Magdalena Medio hicieron presencia en los Llanos del Yarí —Caquetá, Meta, Guaviare—, en Putumayo y en Nariño, orientadas principalmente a proteger laboratorios de cocaína de Rodríguez Gacha. Las tres regiones con mayor expulsión de población desplazada entre 1980 y 1988 —Urabá, Magdalena Medio y Alto Sinú y San Jorge— coinciden con las zonas donde se produjo el boom del narcotráfico y la génesis de los primeros grupos paramilitares regionales. La cartografía del despojo se superpone a la del entrenamiento.

En paralelo, la red mercenaria transnacional se hacía visible. Tomkins y sus británicos aterrizaron después de Klein; Soshani Meraiot articulaba el canal israelí; el propio aparato de seguridad colombiano —DAS, Policía— acumulaba información de inteligencia que, a principios de 1989, demostraba la relación del Cartel de Medellín con altos mandos militares, altos funcionarios del Gobierno y políticos. Klein era un engranaje visible de una maquinaria que las autoridades colombianas conocían en sus grandes trazos y que, sin embargo, seguía funcionando.

Antigua: el canal paralelo de armas

En 1989, mientras Klein cerraba en Colombia su ciclo docente, se destapó una operación conexa que pondría su nombre en la agenda internacional: la compra por parte del gobierno de la isla de Antigua de dos mil armas al gobierno de Israel, sin explicación pública satisfactoria. El ejército de Antigua era diminuto, apenas simbólico, y la magnitud del pedido —dos mil unidades— resultaba a todas luces desproporcionada. La alerta se disparó en varios países. Las armas terminaron en manos de estructuras paramilitares colombianas vinculadas a Rodríguez Gacha. El circuito Antigua ilustró que el negocio no era solo de entrenamiento: incluía también un canal de armamento que aprovechaba la triangulación con gobiernos caribeños complacientes o infiltrados.

El escándalo puso en evidencia la ambigüedad estructural de la industria militar israelí en la región. Israel proveía a Colombia de material bélico legal —aeronaves, sistemas de inteligencia, material antidisturbios, licencias del Galil— y, en paralelo, ciudadanos israelíes con credenciales de excoroneles operaban circuitos paralelos que armaban a estructuras ilegales. Nunca se estableció judicialmente hasta dónde uno y otro plano se comunicaban, pero la coexistencia era, en sí misma, un dato político. Klein pertenecía al segundo circuito, pero su llegada al país había sido facilitada por un representante del primero.

El país que lo dejó operar

Para entender por qué Klein pudo trabajar en Colombia a plena luz durante casi dos años hay que mirar el estado de un sistema judicial acorralado. Entre 1979 y 1991, 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales fueron asesinadas en el país, y el promedio anual de muertes de funcionarios judiciales pasó de 2 en 1979-1982 a 10,5 en 1985-1988; la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal, calculó 110 asesinatos antes de 1985 y 240 entre 1987 y 1991. En una encuesta de 1987, el 25,4% de los jueces y juezas colombianos manifestaron haber sido objeto de amenazas directas o contra sus familiares en razón de sus funciones, y el gobierno de Virgilio Barco estimaba que solo el 20% de los crímenes llegaba a conocimiento de las autoridades y que, de estos, solo el 4% obtenía sentencia. Un aparato con esa impunidad estructural —96% de crímenes sin sanción, jueces asesinados o amenazados— no estaba en condiciones de procesar en tiempo real a un excoronel extranjero que entrenaba paramilitares en fincas del Magdalena Medio.

El 18 de enero de 1989 —tres meses antes del tercer curso de Klein— ocurrió la masacre de La Rochela: doce miembros de una comisión judicial que investigaba, entre otros hechos, la desaparición de diecinueve comerciantes en la que estaban involucrados altos oficiales del Ejército, fueron asesinados por paramilitares conocidos como los Masetos. La Rochela mostró, con brutalidad ejemplar, la concurrencia entre narcotráfico y un sector de las Fuerzas Armadas en la guerra sucia, y la vulnerabilidad total de quienes intentaban investigarla desde la justicia. Klein trabajaba en ese ecosistema, no al margen.

Fuga, sentencia y estela

Cuando el escándalo de Antigua estalló y la evidencia sobre los entrenamientos se volvió pública, Klein salió de Colombia. La justicia colombiana lo condenó en ausencia por delitos vinculados a la instrucción militar a paramilitares. Durante casi dos décadas, el excoronel siguió operando en el mercado internacional de seguridad —su nombre aparecería después ligado a episodios en Sierra Leona y a negocios en la ex Unión Soviética— hasta que en agosto de 2007 fue detenido en Moscú a petición de las autoridades colombianas. El proceso de extradición se prolongó por años y estuvo cruzado de tensiones diplomáticas: Israel gestionó activamente para que no fuera enviado a Colombia, y finalmente Rusia rechazó la solicitud y lo dejó en libertad, alegando riesgos para su seguridad. Klein regresó a Israel.

La estela judicial colombiana quedó, en gran medida, trunca. Los procesos por graves violaciones a los derechos humanos se cruzaron con un problema estructural que también afectó a los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos: no existía un convenio de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos que regulara el acceso de los extraditados a los procesos internos en curso. Por analogía, y por la geografía política de sus refugios, el acceso a Klein para las causas colombianas fue siempre limitado. Se privilegió, en la práctica de las extradiciones, la persecución por delitos comunes en el exterior sobre los procesos por crímenes contra los derechos humanos en Colombia, cuando la justicia interna ya operaba con ciertos resultados, como las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía de Justicia y Paz o los procesos de la Corte Suprema. El resultado fue el debilitamiento de los derechos de las víctimas y del avance de los procesos ante la justicia ordinaria. Klein encarna, con más nitidez que casi cualquier otro implicado extranjero, esa impunidad de doble filo: la del sistema colombiano en los años ochenta y la del sistema internacional dos décadas después.

Qué dejó Klein en Colombia

La tentación de atribuir a Klein el paramilitarismo colombiano es fuerte y equivocada. El proyecto ya existía cuando él llegó: tenía coalición social —ganaderos, militares, políticos—, tenía infraestructura financiera —ACDEGAM—, tenía territorio —Puerto Boyacá y su hinterland—, tenía primeras masacres, tenía instructores locales como Marcelino Panesso y tenía un aliado nuevo y desbordado por el dinero, el narcotráfico. Lo que no tenía, o tenía solo en formas rudimentarias, era una doctrina de guerra irregular sistematizada y un modelo organizacional replicable a escala nacional. Eso es lo que Klein aportó, en apenas tres cursos y dos años, con dos asistentes israelíes y un aparato de detección de explosivos.

Situar bien esa contribución exige dos precisiones, y una tercera que no puede eludirse. La primera: Klein fue un acelerador técnico, no el arquitecto. Su presencia hizo saltar un umbral que la coalición del Magdalena Medio venía empujando desde 1982, pero no creó la coalición ni la voluntad estratégica ni la infraestructura financiera. Si él no hubiera venido, otro habría venido: Tomkins ya venía, los Castaño ya tenían contactos, el mercado mercenario global ofrecía docenas de excoroneles disponibles. La contingencia del nombre no debe confundirse con la contingencia del proceso. La segunda: la profesionalización que Klein indujo tuvo efectos que sobrevivieron a su paso. Las escuelas de las ACMM y las ACPB en los años noventa, el modelo de instructor central y cuadros replicadores, la "táctica inglesa" incorporada al vocabulario paramilitar, la centralidad de la contrainteligencia y la infiltración como método —no como accesorio— de la guerra irregular: son marcas duraderas de una intervención breve. El auge del narcotráfico dio impulso a un paramilitarismo de segunda generación cuya variante más siniestra fue el narcoparamilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia, articulado sobre premisas de la doctrina contrainsurgente y la guerra de baja intensidad. Klein aportó el eslabón técnico que enlazó esa doctrina —difundida en los ejércitos regulares del continente por la Escuela de las Américas y sus derivadas— con su ejecución por parte de estructuras irregulares al servicio del capital ganadero, el narcotráfico y sectores del Estado. La tercera, y la que sostiene a las dos anteriores en su verdadero peso: la estrategia paramilitar en el Magdalena Medio durante los años ochenta incluyó el despojo sistemático de tierras campesinas, con el resultado de que mandos militares, dirigentes políticos del bipartidismo, líderes paramilitares, narcotraficantes y grandes empresas nacionales y extranjeras se apoderaron de las tierras de la región; la estrategia de tierra arrasada buscaba despoblar el campo matando al campesino no solo por presunto guerrillero sino para arrebatarle sus propiedades. Klein no diseñó ese proyecto de despojo; enseñó a matar mejor a quienes lo ejecutaban. La distinción importa para la ficha biográfica; es irrelevante para las víctimas.

Yair Klein importa en la historia de Colombia porque su breve paso condensa varias verdades incómodas al mismo tiempo. Que el paramilitarismo colombiano fue, desde su segunda generación, un producto híbrido entre doctrina militar profesional y voluntad económica del narcotráfico y del capital rural. Que la impunidad estructural del sistema judicial —jueces asesinados, 96% de crímenes sin sentencia, La Rochela— fue la infraestructura invisible sobre la que operaron los mercenarios extranjeros y sus contratantes. Que la internacionalización de la contrainsurgencia latinoamericana no fue una metáfora: pasó por contratos, canales industriales, redes mercenarias transnacionales y aparatos de detección de explosivos importados. Y que la justicia colombiana, veinte años después, no logró llevar a Klein ante un tribunal propio. Su nombre queda en los archivos como el del hombre que enseñó una técnica; el sistema que lo contrató, lo protegió y lo dejó ir sigue siendo, en buena medida, el objeto pendiente de la investigación histórica.