Puerto Triunfo

Un puerto en la mitad del país

El municipio pertenece a la subregión del Magdalena Medio, una franja definida menos por la geografía política que por el eje del río: unos 386 kilómetros de curso medio que atraviesan territorios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Magdalena y Santander. En el tramo entre El Hato y Nare, el Magdalena se hace lento, ancho, cargado de sedimentos, recibe sus afluentes principales y sirve simultáneamente de frontera entre nueve departamentos y de arteria de comunicación entre ellos. Puerto Triunfo se sitúa sobre la margen occidental de ese tramo, en jurisdicción antioqueña, frente a las tierras planas que se abren hacia Puerto Boyacá.

La subregión tiene sus ejes económicos y políticos consolidados en cuatro puertos: Puerto Berrío al norte, sobre Antioquia; Barrancabermeja más arriba, sobre Santander; La Dorada en Caldas, y Puerto Boyacá enfrente. Puerto Triunfo queda en el intersticio, más cerca del sur antioqueño que de la gran cuenca ganadera, y su vocación económica se define por dos actividades: la ganadería extensiva que caracteriza a toda la subregión —latifundio, pastos, escasa densidad campesina— y la minería de mármoles y calizas, en un distrito minero que comparte con Puerto Nare, Puerto Berrío y Maceo. Puerto Nare concentra la mayor explotación, pero la calidad de las calizas del corredor incorporó a Puerto Triunfo al mismo circuito productivo.

Esa localización —río de por medio, montaña a la espalda, cordillera al frente, seis departamentos accesibles en pocas horas— es el dato que explicará después su historia. Cuando en 1978 Pablo Escobar comenzó a comprar tierras en la zona, no lo hizo por casualidad: la ubicación daba acceso a rutas de contrabando hacia el Caribe, hacia el Pacífico y hacia el interior, y ofrecía vías de escape a través de montañas, ríos y trochas. La misma condición que había definido al Magdalena Medio como región de tránsito para la colonización campesina lo definió como región de tránsito para la economía ilegal.

La frontera que abrió Antioquia

El territorio que hoy es Puerto Triunfo era, antes de la colonización, parte del área ocupada por los tahamíes hacia el valle del Magdalena. Durante siglos permaneció como periferia: selvas cálidas, tierras bajas insalubres, márgenes que la Antioquia minera y cafetera consideraba fronteras improductivas. La colonización antioqueña del siglo XIX siguió los caminos de herradura que empujaban desde el altiplano hacia el oriente; el ferrocarril de Antioquia, construido desde Puerto Berrío hacia el interior, abrió el valle del Nus como eje activo de poblamiento y prefiguró lo que ocurriría más al sur.

El desplazamiento decisivo llegó después de 1920, con la construcción de los caminos motorizados. La ruta Sonsón-La Dorada penetró dentro de los límites de la tierra colonizada y se convirtió en eje del más activo poblamiento; los costos del transporte de cosechas al mercado bajaron hasta en un 400% al conectarse los mercados distantes con Medellín y Manizales. En 1967, solo tres de los 106 municipios de Antioquia carecían de carretera hacia la capital departamental. La red vial había cerrado el mapa.

En ese proceso, el corregimiento de Las Mercedes —también llamado La Merced, con su vereda La Estrella— pertenecía al municipio de San Luis. Era un poblado ribereño, disperso, habitado por colonos que alternaban el aserrado de madera, la ganadería incipiente y trabajos ocasionales; su vinculación con el resto de Antioquia dependía menos de las vías serranas que del propio río, que conectaba con La Dorada, con Puerto Berrío y con Puerto Boyacá. Cuando la autopista Medellín-Bogotá comenzó a tenderse por el valle, atravesando lo que sería Doradal, esa geografía cambió: por primera vez la zona quedó a pocas horas de las dos ciudades más grandes del país. Las tierras baratas del Magdalena Medio se volvieron, en ese instante, un activo estratégico.

Puerto Triunfo fue erigido municipio hacia finales de la década de 1970, segregándose de San Luis. La fecha coincide con dos procesos que reorganizarían todo: la llegada silenciosa de los primeros capitales del narcotráfico a la región y la aparición, en la vereda La Estrella, del primer grupo armado de autodefensa local. La emancipación municipal se produjo en el mismo suelo donde estaba naciendo la guerra que definiría al Magdalena Medio por las siguientes tres décadas.

Los Escopeteros: el paramilitarismo nace en La Estrella

El 21 de febrero de 1977, una patrulla de las FARC incursionó en la vereda La Estrella, del corregimiento de Las Mercedes. Ese mismo año, Ramón Isaza —un campesino de la zona, sin trayectoria previa en organizaciones armadas— reunió a un grupo reducido de vecinos, se armó con escopetas de cacería y conformó lo que se conocería como "Los Escopeteros". Era la primera célula de autodefensa en el Magdalena Medio antioqueño, y una de las primeras del país en la fase que precedió a la explosión paramilitar de los años ochenta.

El grupo tenía raigambre estrictamente local. No dependía, en su origen, de los hermanos Gonzalo de Jesús y Henry Pérez, que empezarían a organizar la autodefensa de Puerto Boyacá al otro lado del río, ni había sido convocado por estructuras militares. Nació en veredas concretas, con nombres concretos, en respuesta a una presencia guerrillera concreta. Esa autonomía inicial permite entender el fenómeno: el paramilitarismo del Magdalena Medio no fue un proyecto único descendido desde Puerto Boyacá, sino la articulación posterior de emprendimientos armados dispersos que ya existían.

La cooptación llegó pronto. Sectores del Ejército incorporaron a los grupos locales, incluidos los de Isaza, al esquema contrainsurgente de la década de 1980. En ese proceso confluyeron varias piezas: el MAS —Muerte a Secuestradores, promovido inicialmente por los capos del narcotráfico tras el secuestro de Marta Nieves Ochoa—, "Los Tiznados" y las Autodefensas de Puerto Boyacá. Todas terminarían reconformándose como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ACMM. El grupo de Isaza, que había empezado con escopetas defendiendo veredas de San Luis, quedó convertido en uno de los frentes de esa estructura mayor: el Frente José Luis Zuluaga, FJLZ-ACMM, con jurisdicción sobre Puerto Triunfo, La Dorada y una franja del sur de Caldas que incluía Norcasia, Victoria, Samaná y Pensilvania.

La transformación decisiva no fue militar sino económica. La ganadería extensiva, base material de las autodefensas en su fase inicial —ganaderos aportando cuotas, prestando fincas, entregando reses—, resultó insuficiente para sostener el aparato armado a medida que este crecía. A finales de los años ochenta, el narcotráfico se convirtió en la fuente dominante de financiamiento. No reemplazó a la ganadería: la absorbió. Aparecieron los "narco-ganaderos", narcotraficantes convertidos en terratenientes, que no rompieron la vieja conexión orgánica entre el paramilitarismo y la propiedad rural sino que la potenciaron. Esa mutación ocurrió al mismo tiempo que otro proceso corría en paralelo, unos kilómetros al norte, sobre la misma autopista: la consolidación de la Hacienda Nápoles como epicentro del Cartel de Medellín. Los dos fenómenos —la mutación económica del clan Isaza y el ascenso de Escobar— compartieron suelo, corredores y clientela ganadera antes de encontrarse.

Nápoles: el capital que reorganizó el suelo

Pablo Escobar Gaviria compró la Hacienda Nápoles a partir de 1978, en el corredor de Doradal, sobre la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Puerto Triunfo. La operación tenía dos propósitos evidentes: lavar el dinero acumulado por el naciente Cartel de Medellín y obtener el estatus social que un capo aún joven necesitaba construir en el país. Pero la elección del lugar fue estratégica antes que estética. Desde Nápoles, Escobar accedía a seis departamentos, a múltiples rutas de contrabando y a vías de escape por montañas, afluentes y trochas que la geografía del Magdalena Medio ofrecía en abundancia.

La hacienda se convirtió pronto en un artefacto de exhibición. Escobar instaló en la entrada el avión con el que, según su propia narrativa, había realizado su primer envío de droga, y exhibió automóviles que atribuía a Al Capone. Construyó dieciséis lagos artificiales. Trajo un zoológico con animales africanos —hipopótamos, rinocerontes, cebras, jirafas— que se convertiría en la marca visual del predio. Nápoles no era una finca ganadera con excentricidades; era un teatro de poder, abierto de manera intermitente al público, que buscaba producir consenso alrededor de su propietario.

La llegada de Escobar no fue un episodio aislado. Narcos del Cartel de Medellín adquirieron tierras masivamente en el Magdalena Medio desde los años setenta, para lavado de capital, para infraestructura de la cadena del narcotráfico —pistas, laboratorios, bodegas— y para ocio personal. Esa compra masiva reorganizó la estructura de la propiedad rural sin transformar del todo su naturaleza: los narcotraficantes se hicieron ganaderos, y en ese tránsito consolidaron el modelo que sostendría al paramilitarismo cuando la ganadería tradicional dejara de bastar. La conexión entre capital ilegal, aparato armado y latifundio, que la literatura sobre el conflicto nombraría después, tuvo en Puerto Triunfo y sus alrededores uno de sus laboratorios más nítidos.

La relación entre Escobar y las autodefensas de Isaza no fue lineal. En determinados períodos coincidieron intereses; en otros se enfrentaron abiertamente. Tras la fuga de Escobar de La Catedral en 1992, las autodefensas del Magdalena Medio intentaron capturarlo en operaciones que fueron bloqueadas por el Ejército, que en ocasiones protegió al narcotraficante. Algunos militares les avisaban de operativos antinarcóticos; otros intervenían para facilitar la huida del capo. La relación entre paramilitares y fuerzas militares fue, en ese terreno, contradictoria antes que sistemática: no un pacto único, sino un entramado de complicidades parciales según la jerarquía, la unidad y el momento.

El DAS —Departamento Administrativo de Seguridad—, en cambio, sí estuvo articulado con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de manera más orgánica; en la memoria del conflicto se le calificó como "la institución más paramilitar" del país. El narcotráfico fue, en última instancia, el factor determinante que dio forma al fenómeno paramilitar en la región: sin sus recursos, la estructura militar no se habría sostenido ni expandido.

La Isla y el régimen de castigo

Del lado del río opuesto a la ostentación de Nápoles, en un punto del cauce cuya ubicación exacta muchos habitantes de Puerto Triunfo ignoraban entonces, funcionaba un lugar llamado La Isla. Era un centro de reclusión y castigo del Frente José Luis Zuluaga de las ACMM: allí llevaban a personas señaladas por los paramilitares, allí se ejecutaba trabajo forzado, allí desaparecían cuerpos. Cuando la capacidad de La Isla se saturaba, los detenidos eran trasladados al corregimiento de Las Mercedes, que también funcionaba como espacio de reclusión.

El testimonio de José David Aguirre Nieto permite entrar en el funcionamiento del lugar. A mediados de 2001, Aguirre, habitante de Puerto Triunfo, fue llevado a La Isla bajo el pretexto de estar desempleado y ser considerado un "vago". Permaneció allí sometido a trabajo esclavo durante tres meses, hasta que el propio Isaza ordenó su liberación. No era un caso excepcional: la lógica de la vagancia como delito, del cuerpo del pobre como fuerza expropiable, era parte del régimen de disciplinamiento social que las autodefensas ejercían sobre el municipio.

Los casos documentados incluyen a hombres amarrados y trasladados a la finca Las Vegas, en la vereda La Agustina, donde fueron desaparecidos en fosa —el caso de Orozco y alias La Vaca—; a José Ramiro Alcalá David, regresado a la base de San Miguel y desaparecido en el río Magdalena; y a los "caminantes", personas indocumentadas que atravesaban la región y que el Frente José Luis Zuluaga ejecutaba sin mayor investigación, bajo el argumento de que liberarlos los convertiría en testigos. Exintegrantes reconocieron después que en los años noventa la violencia contra esta población fue más generalizada; posteriormente, según su versión, empezaron a "averiguar mejor" antes de actuar.

La Isla desapareció físicamente en parte. El río Magdalena, con sus crecidas, ha arrastrado con los años porciones del lugar, y esa erosión ha reducido el área donde ocurrieron los hechos. La desaparición material del sitio contribuyó a que la verdad tardara en conocerse: durante los años del control paramilitar circulaban rumores, pero el miedo impedía saber con certeza qué ocurría. Solo después de la desmovilización de 2006 comenzaron a articularse los testimonios. Muchos pobladores supieron entonces, por primera vez, qué había pasado a unos kilómetros de sus casas.

La legitimación social: fiestas, regalos, silencio

El régimen paramilitar en Puerto Triunfo no se sostuvo únicamente por el terror. Como habían hecho antes Pablo Escobar y el Cartel de Medellín en la misma zona, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio invirtieron en producir consenso. Repartían regalos a los niños en diciembre. Organizaban festividades comunitarias, entre ellas la fiesta del campesino. Adoptaron un repertorio de gestos filantrópicos que era la continuación exacta del que Escobar había desplegado en Antioquia y en la región durante los años ochenta.

Al menos parte de la comunidad no percibía negativamente estas acciones en el momento en que ocurrieron. Esa recepción es un dato incómodo pero necesario: el paramilitarismo local no se experimentaba como una ocupación extranjera, sino como un poder de facto que además del castigo distribuía bienes, ordenaba el espacio público y garantizaba una forma de seguridad —selectiva, arbitraria, pero seguridad al fin— que el Estado no proveía. En veredas donde la única presencia estatal había sido intermitente durante décadas, la sustitución fue efectiva.

La misma lógica de sustitución operaba en escala regional. Las Autodefensas del Magdalena Medio, a través de la Asociación Campesina de Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), desarrollaron programas de educación, formación de maestros como promotores de salud y otras iniciativas de bienestar comunitario, asumiendo funciones que correspondían al Estado. El financiamiento provenía del propio aparato paramilitar, sostenido crecientemente por el narcotráfico. Era el mismo modelo con el que Escobar había construido canchas y barrios en Medellín, ahora aplicado a la escala de una subregión entera.

Bajo esa capa de legitimación operaba el despojo. Durante los años ochenta, mandos militares, dirigentes políticos del bipartidismo, líderes paramilitares, narcotraficantes y grandes empresas nacionales y extranjeras se apoderaron de tierras fértiles del Magdalena Medio mediante estrategias de desplazamiento forzado y asesinato de campesinos, con el pretexto anticomunista como justificación pública. La compra masiva de tierras por parte de los narcos, iniciada como estrategia de lavado, terminó articulada con la expulsión sistemática de la población que las ocupaba. El campesino colonizador que había abierto la frontera fue el primero en ser expulsado de ella.

Desplazamiento: el reverso del control

El Magdalena Medio fue una de las tres regiones con mayor número de población expulsada entre 1980 y 1988, junto con Urabá y el Alto Sinú y San Jorge. Entre las tres explicaron más de la mitad de los éxodos registrados en el país durante esos años. La coincidencia geográfica no es menor: eran los mismos territorios donde surgían los primeros grupos paramilitares de carácter regional y donde el narcotráfico compraba tierras masivamente. Los dos fenómenos operaban en el mismo suelo, sobre la misma población, con la misma lógica de expulsión y concentración.

La masacre y el desplazamiento forzado no fueron efectos colaterales del conflicto en el Magdalena Medio, sino métodos deliberados. Los grupos paramilitares los usaron para disuadir a la población civil de apoyar —o de ser sospechosa de apoyar— a la guerrilla. La neutralidad no se admitía. En veredas como Hoyo Rico, en la zona de Puerto Boyacá, la mayoría de la población fue desplazada: quienes no se plegaron a los armados huyeron a los pueblos, y el campo quedó prácticamente vacío. La lógica se replicó en Puerto Triunfo y en toda la franja ribereña.

La estrategia tuvo un componente adicional: el despojo. Se mataba al campesino acusado de guerrillero, pero también se lo mataba para arrebatarle sus propiedades. La III Encuesta de Verificación de 2010 estableció que más de la mitad de la población desplazada en Colombia tenía tierras al momento del desplazamiento y que la casi totalidad debió abandonarlas. Detrás de esas cifras nacionales están municipios como Puerto Triunfo, donde la concentración de la tierra en manos de narcotraficantes, ganaderos y empresas fue un proceso simultáneo al vaciamiento del campo.

El desplazamiento no se agotó en la pérdida de la tierra. Produjo el empobrecimiento estructural del campesinado desplazado, arrojado a las periferias urbanas más deprimidas, e incrementó la vulnerabilidad de las zonas receptoras. La huella de esa expulsión sigue leyéndose hoy en la demografía del municipio: una población concentrada en las cabeceras urbanas —Puerto Triunfo, Doradal, Estación Cocorná, Las Mercedes, Puerto Perales—, un campo con menor densidad que la que tuvo en las décadas de colonización, y una estructura de propiedad rural donde el latifundio ganadero se consolidó a costa de la pequeña propiedad campesina.

La disputa armada: guerrilla, paramilitares, río de por medio

La presencia guerrillera en el Magdalena Medio antecede a la aparición del paramilitarismo. Las FARC y otros grupos hicieron presencia en la región desde décadas anteriores a los años ochenta, con frentes que operaban tanto en la ribera antioqueña como en la santandereana. Los frentes Nueve y Cuarenta y Siete se movieron en el corredor que va del sur de Antioquia al sur de Caldas, incluyendo la jurisdicción del clan Isaza. La disputa por el territorio se libró, durante los años noventa y hasta comienzos de los dos mil, en veredas donde la población campesina quedó en medio de fuegos cruzados.

Las FARC entraron al negocio del narcotráfico en un proceso escalonado que, pese a la retórica revolucionaria de la organización, no encontró mayores resistencias internas. El acceso a esa renta les permitió sostener aparatos militares crecientes y disputar territorios que antes no controlaban. En el Magdalena Medio, sin embargo, esa expansión chocó con estructuras paramilitares mejor articuladas al capital regional y al aparato militar. El intento del Frente Nueve de invadir una finca de la zona, repelido por el propietario y sus trabajadores, ilustra el clima que alimentó el respaldo local a la contrainsurgencia armada.

La geografía del enfrentamiento definió su carácter. El río, que en tiempos anteriores había sido eje de comunicación, se convirtió en línea divisoria móvil: los paramilitares controlaban la margen occidental —Puerto Triunfo, Doradal, el corredor de la autopista—, mientras las guerrillas mantenían presencia intermitente en las zonas altas del oriente antioqueño, en San Luis, San Francisco y las estribaciones que conducen al Nordeste. Las incursiones cruzaban veredas, no departamentos. Las emboscadas se tendían en trochas conocidas por ambos bandos. Los pueblos ribereños funcionaron como retaguardias paramilitares y como objetivos guerrilleros a la vez, en una geometría que hacía de cada finca un punto potencial de castigo o de refugio, según quién patrullara ese día.

Entre 1982 y 1997, el auge paramilitar produjo un incremento notable de la desaparición forzada y otras violencias contra la población civil. Puerto Triunfo figuró de manera preponderante, junto con Cimitarra, Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Puerto Nare, en el mapa de esa actuación paramilitar durante el período de "creación y desarrollo" del fenómeno. La disputa territorial no fue simétrica: los paramilitares desplazaron, contuvieron o eliminaron la influencia guerrillera en buena parte del corredor ribereño, con el respaldo intermitente pero decisivo de fuerzas estatales. El clan Isaza, en particular, consolidó su hegemonía sobre el municipio hasta hacer indistinguibles, en algunas veredas, la autoridad armada y la autoridad cotidiana.

La desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006 cerró formalmente el ciclo del paramilitarismo, pero no clausuró la guerra. Los frentes desmovilizados dejaron mandos medios, rutas, redes de proveedores y economías consolidadas que no desaparecieron con la entrega de armas. En Puerto Triunfo, como en el resto del Magdalena Medio, la transición fue menos un final que una mutación.

La posdesmovilización: economías que sobreviven

Después de 2006, excombatientes de las AUC en Puerto Triunfo, Sonsón y El Prodigio —corregimiento de San Luis— fueron capturados por narcotráfico y por cobrar el "gramaje" sobre la siembra de hoja de coca y la producción de pasta básica. La zona de actividad se extendía por San Luis, San Francisco, Sonsón, Puerto Nare y Puerto Triunfo en Antioquia, y por La Dorada, Pensilvania, Samaná, Florencia y Norcasia en Caldas: el mismo corredor donde el clan Isaza había ejercido control durante dos décadas. La economía ilegal sobrevivió al desmonte formal del aparato armado que la había administrado.

Entre 2008 y 2009, Los Rastrojos —una de las estructuras herederas del paramilitarismo, articulada al narcotráfico— controlaban el narcotráfico, las extorsiones y el "paga diario" en Puerto Berrío, con incidencia en Puerto Nare y en varios municipios de Antioquia y Santander. El control armado de las rutas del narcotráfico se identificó, en los análisis del posacuerdo con las AUC, como el asunto nodal para el sostenimiento de las economías ilícitas en la subregión.

En el corredor propio del clan Isaza —el que se extendía desde La Dorada hasta Norcasia, Victoria y Samaná— la persistencia del conflicto tuvo un componente adicional: los cultivos de coca que desde los años noventa se instalaron en tierras de tradición cafetera. La población campesina de esa franja quedó, por segunda vez, en medio de fuegos cruzados: primero entre paramilitares y frentes de las FARC-EP durante los noventa; después, entre estructuras armadas herederas del paramilitarismo y actores dispersos del narcotráfico. Puerto Triunfo, como puerto ribereño y como nodo del corredor, participó de esa continuidad sin que la desmovilización marcara una ruptura efectiva.

La memoria selectiva: Nápoles convertida en parque

El destino de la Hacienda Nápoles después de la muerte de Escobar en 1993 es la clave para entender cómo el municipio administra hoy su propia historia. Tras años de disputa jurídica, abandono y saqueo del zoológico, el predio fue reconvertido en un parque temático que combina atracciones acuáticas, exhibición de fauna —incluidos los hipopótamos descendientes de los ejemplares originales de Escobar, que se convirtieron con el tiempo en un problema ambiental de la cuenca del Magdalena— y una escenografía que alude, con distintos niveles de explicitud, al pasado narco del lugar.

El parque es hoy uno de los mayores destinos turísticos del oriente antioqueño y una de las principales fuentes de empleo del municipio. Doradal, el corregimiento sobre la autopista Medellín-Bogotá que sirve como acceso, ha crecido en función de esa economía turística, con hoteles, restaurantes y comercios que dependen del flujo de visitantes. La reconversión ha producido efectos económicos indudables. También ha producido, de manera menos discutida, una forma específica de memoria: la que hace del lugar del narcotráfico un decorado consumible y silencia el paisaje contiguo del paramilitarismo.

A pocos kilómetros del parque, el punto donde funcionó La Isla no tiene señalización. La finca Las Vegas, en la vereda La Agustina, donde fueron desaparecidos hombres cuyos nombres constan en los archivos judiciales, no aparece en los mapas turísticos. Las fosas del corregimiento de Las Mercedes no forman parte del recorrido. El municipio administra su historia mostrando el zoológico de Escobar y ocultando el archivo de Isaza.

Un municipio que condensa una región

Puerto Triunfo no fue víctima pasiva de fuerzas externas. Fue el suelo donde convergieron, entre 1977 y 2006, tres procesos que se necesitaron mutuamente: una colonización antioqueña tardía que había dejado una frontera agraria sin Estado, un paramilitarismo de raigambre local que nació en la vereda La Estrella con Ramón Isaza y sus escopeteros, y un capital narcotraficante que compró tierras masivamente y reorganizó desde adentro la economía regional. Ninguno de los tres, aisladamente, habría producido la trayectoria que produjo su articulación.

La iniciativa armada local fue real y está documentada. Pero solo adquirió escala, permanencia y capacidad de exterminio cuando se articuló con el capital del Cartel de Medellín, con la cooptación militar y con las redes paramilitares regionales que iban desde Puerto Boyacá hasta Barrancabermeja. Puerto Triunfo operó simultáneamente como origen genuino de un proceso —la primera célula de autodefensa del Magdalena Medio antioqueño nació en su suelo— y como engranaje de un sistema que lo desbordaba. En pocos kilómetros de ribera se puede recorrer, sin salir del municipio, la historia entera del entrelazamiento entre la economía ilegal, la guerra contrainsurgente y el vaciamiento del campo colombiano. El archivo de lo que ocurrió en las veredas del municipio existe, consta en los expedientes de Justicia y Paz y en los testimonios de los desmovilizados, y sigue del lado de adentro de las cercas, sin volverse paisaje, sin volverse señalización, mientras la visita al zoológico se paga en taquilla.