Henry Pérez

Un hijo del Magdalena Medio

De Pérez se sabe menos, en lo íntimo, de lo que su peso histórico exigiría. Nacido a mediados de los años cincuenta en el corredor ganadero que se extiende entre el bajo Boyacá, el nordeste antioqueño y el sur santandereano, creció en un territorio marcado por la ausencia funcional del Estado, la colonización agraria y una presencia insurgente temprana: el IV Frente de las FARC operaba en la región desde la década anterior. Su padre, Gonzalo de Jesús Pérez, alias Caruso, fue el interlocutor visible del vecindario armado de Patevaca, corregimiento de Puerto Boyacá, hacia noviembre de 1981, cuando reunió al caserío para explicar la necesidad de defenderse ante lo que percibía como inacción estatal frente a las FARC.

Esa reunión fundacional no fue, sin embargo, el nacimiento del paramilitarismo como suele contarse desde la mitología regional. Otras versiones del mismo período sitúan como primer comandante de los escopeteros al inspector de policía local, Adán Parra, y el entorno de esos primeros grupos estaba ya atravesado por episodios de terror que complican la estampa de autodefensa comunitaria espontánea. Lo que sí es claro es que, hacia 1982, se produjo una segunda reunión en Puerto Boyacá, esta vez organizada por el coronel Jaime Sánchez Arteaga, del Batallón Bárbula, con presencia del alcalde militar Óscar Echandía. A esa mesa se sentaron Gonzalo y Henry Pérez, Nelson Lesmes, Luis Suárez, Rubén Estrada, Carlos Loaiza con sus hijos, y Pedro y Jaime Parra. De ahí salió, con firma institucional del Ejército, la estructura que después se llamaría Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

Henry Pérez entró a ese aparato como hijo de Caruso, pero salió al frente de él por temperamento y por lectura política. Para 1983 —fecha que la periodización más consolidada fija como inicio de su jefatura efectiva— ya era el mando visible sobre el territorio, con Ramón Isaza como coordinador subordinado en la margen antioqueña del río. Sobre las circunstancias precisas de esa consolidación circulan versiones que la justicia colombiana ha desvirtuado. La más difundida cuenta que las FARC secuestraron a Gonzalo Pérez en 1983 o 1984 y que Henry cruzó el Magdalena a pedirle ayuda a Isaza para rescatarlo, sellando en ese trance la alianza entre las dos vertientes del paramilitarismo del Magdalena Medio. La Fiscalía desvirtuó el episodio y el supuesto responsable operativo del rescate niega que haya ocurrido. Queda la posibilidad, más incómoda, de que el mito del padre secuestrado sirviera como carta de legitimación para un mando que se estaba construyendo por otras vías.

La camioneta Toyota

El punto de inflexión —el que separa al paramilitarismo de escopeteros del paramilitarismo como industria— tiene fecha y objeto. En diciembre de 1984, hombres bajo el mando de Pérez interceptaron cerca de Puerto Boyacá un cargamento de cocaína que resultó ser de Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano. Pérez tomó una decisión que en clave estrictamente militar era menor y en clave política fundacional: devolvió la droga y el vehículo a sus propietarios. Recibió a cambio una camioneta Toyota.

Ese gesto abrió la puerta a una serie de reuniones en las que los enviados del Cartel de Medellín le explicaron a Pérez lo que ya estaban haciendo en el Magdalena Medio: comprar tierras a escala, necesitar seguridad para esas fincas, proteger laboratorios que empezaban a trasladarse a la región. La autodefensa comenzó a prestar servicio de vigilancia en la finca La Suiza, y de ahí en adelante la contabilidad del grupo cambió de escala. El armamento que antes se agotaba en revólveres, pistolas y escopetas —insuficiente, como reconocieron después los propios comandantes, para cualquier ofensiva sostenida— fue reemplazado por armas de largo alcance. Los sueldos dejaron de depender exclusivamente del aporte de ganaderos y comerciantes. Un antiguo lugarteniente, Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, quedó encargado de las finanzas: cobrar gramaje a los laboratorios de Escobar y Rodríguez Gacha, administrar la caja común.

La imagen que suele circular —el campesino ganadero convertido por necesidad en aliado ocasional del narco— no resiste el archivo. La alianza fue estructural, no coyuntural, y transformó la naturaleza del grupo. Al menos un laboratorio de clorhidrato de cocaína operaba en la finca El Indio con autorización expresa de Pérez. El Magdalena Medio, por su geografía fluvial y por el control paramilitar del territorio, se volvió sitio predilecto para Rodríguez Gacha en el traslado de sus instalaciones de producción. Los paramilitares proveían el perímetro; el cartel, el capital.

Esa alianza tuvo un costo interno que Pérez tardó en dimensionar. El creciente peso financiero de Escobar y Rodríguez Gacha distanció a la comandancia de sus promotores originales —los militares del Bárbula, los ganaderos de ACDEGAM, los notables regionales que habían firmado la fundación—. El aparato dejó de responder a la lógica defensiva del ganadero atacado y empezó a responder a la lógica ofensiva del narcotraficante que necesitaba expandir territorio. Pérez fue el gestor de ese tránsito y, con el tiempo, quien pagó el precio de haberlo permitido.

ACDEGAM, MORENA y la política del terror organizado

La singularidad de Pérez frente a otros comandantes paramilitares de la época no está en el volumen de fuego —Fidel Castaño en Córdoba desplegaba una capacidad militar comparable— sino en la comprensión de que armar milicias no bastaba. Pérez concibió, y llevó a la práctica con notable coherencia, una estructura de tres pisos: coordinación militar contrainsurgente con las Fuerzas Militares, participación en la política local y contribución al desarrollo socioeconómico regional. Es esta arquitectura, más que cualquier acción militar concreta, la que justifica que se le llame el padre de lo que años después se conocería como parapolítica.

La pieza legal de ese diseño fue la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, ACDEGAM, gremio de fachada que canalizaba recursos hacia entrenamiento, sueldos y armamento con participación de militares, ganaderos y finqueros de la región. Bajo su paraguas se construyeron las llamadas Escuelas de Propio Esfuerzo —cerca de sesenta profesores en la nómina—, clínicas, cooperativas, vías rurales y un centro de comunicaciones. El paramilitarismo del Magdalena Medio no operaba en la clandestinidad campesina de la insurgencia: operaba a plena luz, con logotipo, con oficina, con acta constitutiva. Esa visibilidad era su fuerza política.

La pieza electoral vino después. ACDEGAM y su organización hermana, Tradición, Familia y Propiedad —capítulo colombiano del ultracatolicismo brasileño de Plinio Corrêa de Oliveira—, dieron cuerpo a un movimiento político llamado MORENA, Movimiento de Restauración Nacional. La revista Semana lo comparó abiertamente con ARENA, el partido salvadoreño de Roberto D'Aubuisson vinculado a los escuadrones de la muerte. La comparación no era retórica: en ambos casos se trataba de traducir en votos y cargos públicos una violencia parapolicial que ya tenía capacidad de veto territorial.

La pieza institucional la selló la propia Presidencia de la República. En 1985 Belisario Betancur visitó el Magdalena Medio invitado por Luis Alfredo Rubio Rojas, Pablo Guarín y el presidente de ACDEGAM. Elogió al general Farouk Yanine Díaz por restaurar la paz en la región. ACDEGAM capitalizó esa foto durante años, aunque nada sugiere que Betancur supiera con precisión qué estaba avalando. La visita presidencial, sumada a los patrullajes conjuntos que desde 1982 realizaban unidades militares con grupos paramilitares en el Magdalena Medio, produjo entre 1983 y finales de la década un paisaje de al menos dieciocho masacres y miles de desplazados, con comunicados oficiales de la XIV Brigada que rutinariamente reportaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate.

Un informe del Procurador General documentó después lo que ya era vox populi: miembros de la fuerza pública y de los organismos de seguridad estatal participaban orgánicamente en los grupos paramilitares. La red incluía sectores de las brigadas XIV y V del Ejército, la inteligencia de la Armada en Barrancabermeja y la Policía de Puerto Boyacá. Las declaraciones posteriores del perpetrador Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, y del propio segundo de Pérez, Luis Antonio Meneses Báez, cerraron el cuadro.

En diciembre de 1982, el mayor retirado Óscar de Jesús Echandía había resumido la doctrina en una frase pública: el objetivo era una Puerto Boyacá limpia de guerrilla. Lo que en el enunciado sonaba a operación militar significó, en la práctica, la eliminación sistemática de la oposición política, sindical y comunitaria de la región. Pérez no inventó ese lenguaje —lo heredó del contrainsurgente clásico—, pero le construyó la infraestructura civil que lo hizo sostenible.

La escuela de Puerto Boyacá y la expansión

Hacia 1987, el paramilitarismo del Magdalena Medio bajo mando de los Pérez cruzó la frontera regional. Padre e hijo compraron tierras en Urabá; en 1988 Henry Pérez asesoró y coordinó con Fidel Castaño la ejecución de las primeras masacres en la zona bananera del Urabá antioqueño. Hacia finales de esa década, Castaño y Pérez unieron hombres y capacidades y desataron una ola sanguinaria que tuvo su epicentro en Urabá pero cuyos ecos llegaron a otros teatros.

En paralelo, las autodefensas del Magdalena Medio hicieron presencia en los Llanos del Yarí —extendidos sobre Caquetá, Meta y Guaviare— y en Putumayo y Nariño, orientadas primordialmente a proteger los laboratorios de cocaína que Rodríguez Gacha operaba en esas regiones. Desde 1985, en Cundinamarca operaban grupos dependientes de Puerto Boyacá: el de Braulio en la parte baja de Yacopí y el de Víctor Linares en la parte alta, este último con subordinación directa a el Mexicano. En el Vichada, José Baldomero Linares tejía otra ramificación. En Santander, combatientes de San Juan Bosco de la Verde y del Carare-Chucurí viajaban a entrenarse en Puerto Boyacá y regresaban como instructores locales.

A inicios de los noventa, las Autodefensas de Puerto Boyacá tenían control social y territorial pleno de Puerto Berrío y Cimitarra. Fue en Cimitarra donde el aparato desarrolló su exportación conceptual más duradera: los Núcleos Veredales de Autodefensa, células de seis personas por vereda que combinaban vigilancia, delación y control comunitario. Ese modelo sirvió de prototipo replicable en otros territorios del país.

El otro insumo de la escuela fueron los mercenarios extranjeros. A finales de los años ochenta, instructores israelíes vinculados al exteniente coronel Yair Klein entrenaron en la región a paramilitares del Magdalena Medio, con el conocimiento de comandantes de la fuerza pública. Los cursos —tiro, explosivos, contrainsurgencia urbana— convirtieron a Puerto Boyacá en el primer centro de formación militar del paramilitarismo colombiano y produjeron a varios de los sicarios que ejecutaron los magnicidios políticos del final de la década. La escuela también recibía combatientes que Fidel Castaño enviaba desde Córdoba: Castaño pagaba un sueldo aparte a Ariel Otero, segundo de Pérez, específicamente para que entrenara a sus hombres.

Esa transferencia técnica es el nudo del legado. Cuando Carlos Castaño formuló las Autodefensas Unidas de Colombia como proyecto de coordinación nacional en 1997, los dos modelos que tenía a la vista para escalar eran el suyo propio, de Urabá, y el de Puerto Boyacá. La gramática organizativa —el gremio de fachada, el brazo político, la escuela de instructores, el pacto con militares locales, la economía de guerra basada en gramaje— venía toda de Pérez.

Los aliados y los subordinados

El mapa humano alrededor de Pérez ordena buena parte de la historia posterior del paramilitarismo. Su segundo en el mando fue Luis Antonio Meneses Báez, exoficial del Ejército conocido en la organización como Ariel Otero, un hombre con formación militar formal que aportó al aparato el conocimiento operativo del que carecía la primera generación de escopeteros. En la margen antioqueña del Magdalena, Ramón Isaza coordinaba una estructura subordinada que sobreviviría al propio Pérez y se independizaría después. En las finanzas, Ramiro Vanoy —quien años más tarde comandaría el Bloque Mineros de las AUC en el Bajo Cauca— gestionaba el gramaje. En el vecindario ganadero, Pablo Guarín, dirigente político local y diputado, hacía la interlocución con la clase dirigente regional hasta su asesinato en 1987.

Hacia el norte, los Castaño —Fidel primero, Carlos después— eran aliados con proyecto propio en Córdoba y Urabá, no subordinados. Hacia el sur del país, los laboratorios de Rodríguez Gacha en los Llanos y en el Pacífico funcionaban como extensión de facto de la red, aunque el mando operativo no siempre pasara por Puerto Boyacá. En el eje Meta-Boyacá, la figura del esmeraldero Víctor Carranza tejía otro vértice del pacto, con lógica territorial propia. En Norcasia, Caldas, un grupo paralelo extendía su influencia hasta La Dorada, Fresno y Mariquita; en Urabá operaba un comandante conocido como Fercho.

El ideólogo civil del entramado fue Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quien desde ACDEGAM articuló el discurso público de un anticomunismo confesional que combinaba doctrina de seguridad nacional, integralismo católico y nacionalismo agrario. Esa combinación —militar, política, doctrinaria— era exactamente lo que Pérez consideraba insuficiente en las autodefensas convencionales y lo que trataba de institucionalizar. La escuela de Puerto Boyacá formó cuadros, sí, pero también formuló un vocabulario.

1989: la ruptura con Escobar

Hacia 1989 el pacto original se rompió. El detonante fue político. La ofensiva del Cartel de Medellín contra el Estado —el magnicidio de Luis Carlos Galán en agosto de ese año, la sucesión de bombas, el pulso abierto con el gobierno de Virgilio Barco— minó la base social sobre la que Pérez había construido su legitimidad regional. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se habían presentado durante años como aliadas naturales del Estado colombiano contra la subversión; volverse cómplices operativos de una organización que le declaraba la guerra al Estado se volvió insostenible para su proyecto político local.

Hubo también factores internos al propio narcotráfico. Las rivalidades del Cartel de Medellín y los intentos de Escobar de centralizar poder empujaron a varios grupos paramilitares a distanciarse y buscar acomodo con el Cartel de Cali o con estructuras rivales. Pérez y su padre optaron por esa vía. Cuco Vanoy los siguió. Rodríguez Gacha, el aliado histórico, cayó en diciembre de 1989 en un operativo del Bloque de Búsqueda cerca de Coveñas; su muerte alteró la ecuación de fuerzas en el Magdalena Medio y dejó a Pérez sin el interlocutor con quien había construido, cinco años antes, el pacto de la camioneta Toyota.

De 1989 a 1991 el paramilitarismo del Magdalena Medio libró simultáneamente dos guerras: la vieja contra las FARC y el ELN, y la nueva contra el Cartel de Medellín. La segunda le costó mucho más caro que la primera.

Julio de 1991

Henry Pérez fue asesinado en julio de 1991. Su padre, Gonzalo Pérez, había muerto poco antes. Pablo Escobar, desde su reclusión en La Catedral, emitió un comunicado en el que rechazó autoría en el crimen y ofreció una hipótesis alternativa: las autodefensas de Puerto Boyacá tenían pugnas internas por el poder, y la muerte del padre había sido causada por elementos de la misma organización. En el mismo comunicado acusó a Henry Otero —confusión de nombres que probablemente aludía a Ariel Otero— de fabricar declaraciones inducidas por altos oficiales de la Policía que, sostenía Escobar, respaldaban a las autodefensas.

Otras versiones, recogidas años después por investigadores y por procesos judiciales, resultan más incómodas. La orden de asesinato del padre, Gonzalo Pérez, habría partido del propio Henry. La decisión de asesinar a Henry, a su vez, habría sido tomada por Ariel Otero en concurrencia con la esposa de Pérez. La crisis de 1991, en esa lectura, fue menos una consecuencia externa de la guerra con Escobar que una guerra sucesoria dentro del propio aparato paramilitar, con el pretexto o la coartada de la ruptura con el cartel.

Cualquiera sea la mano precisa, el sentido político del hecho está claro. Pérez había construido un aparato demasiado grande, demasiado rentable y demasiado autónomo para que su comandancia personal fuera irreemplazable. En el momento en que sus decisiones estratégicas —la ruptura con Escobar, la eventual negociación con el gobierno de César Gaviria— comprometieron los intereses de sus financiadores y de sus subalternos, el aparato prescindió de él.

Ariel Otero asumió el mando. Impulsó, en cuestión de meses, una desmovilización que según sus propias declaraciones a la prensa comprendió 700 hombres y un número igual de armas. El proceso fue frágil: los desmovilizados buscaron protección en las estructuras que no se desarmaron, particularmente en las de Ramón Isaza. En enero de 1992, antes de presentarse ante el Congreso de la República —donde iba a testificar sobre los cómplices y sobre la formación de su organización—, Otero fue asesinado. Circularon tres hipótesis, no necesariamente excluyentes: represalia del Cartel de Medellín por la guerra sostenida contra Escobar, ajuste del Cartel de Cali por un negocio de armas incumplido, o ejecución por sus propios subalternos, ofendidos porque negociaba con el gobierno sin consultarles.

Tras Otero, el mando se reorganizó bajo una junta militar de tres jefes conocidos como Víctor, Andrés y Julio, que delegó la comandancia operativa en Víctor Triana, alias Botalón. Isaza quedó como jefe en el Magdalena Medio antioqueño; Botalón, al norte de Puerto Boyacá; Luis Eduardo Cifuentes, alias el Águila, se quedó con Puerto Salgar, Pacho, Yacopí y otras zonas de Cundinamarca. La escisión formal de Isaza en 1994 selló la fragmentación.

La huella

La lectura convencional dice que la muerte de Pérez cerró un ciclo. Es cierto solo en un sentido: cerró el ciclo del pacto original entre paramilitares y Cartel de Medellín, que había financiado la expansión de los ochenta. En todo lo demás, la muerte de Pérez fue una transición, no un final.

El aparato institucional que había diseñado sobrevivió. Botalón e Isaza adoptaron una estrategia de localismo que aprovechó las reformas de descentralización de finales de los ochenta y comienzos de los noventa —la elección popular de alcaldes desde 1988, la Constitución de 1991, la ampliación de competencias municipales— para capturar funcionarios públicos locales y regionales. La parapolítica que estallaría en escándalo nacional dos décadas después, con el destape de los pactos entre jefes de las AUC y congresistas, tuvo su banco de pruebas en el Magdalena Medio de los años noventa, sobre el molde que Pérez había armado.

El grupo mismo persistió en el mapa. Operó como Autodefensas de Puerto Boyacá hasta 2000, luego como Bloque Puerto Boyacá dentro de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio bajo Arnubio Triana Mahecha, y se desmovilizó en 2006 como Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Ese arco —de 1982 a 2006, casi un cuarto de siglo— fue posible porque el modelo original combinaba financiación autónoma, control territorial pleno, brazo político y protección institucional en un empaque replicable.

Cuando los hermanos Castaño, tras el asesinato de Escobar en diciembre de 1993 con el Bloque de Búsqueda y el respaldo del Cartel de Cali, consolidaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y luego, en 1997, las Autodefensas Unidas de Colombia como coordinación nacional, el eje paramilitar del país se desplazó del Magdalena Medio a Urabá. Pero lo que Carlos Castaño escalaba no era una invención propia: era la síntesis de dos modelos regionales, el suyo de Córdoba y el de Puerto Boyacá. La escuela de instructores, el gremio de fachada, la coordinación con brigadas del Ejército, el brazo político, la economía de gramaje: todo eso venía de Pérez.

La ambigüedad que persigue su figura es la de todo constructor institucional en un proyecto criminal. Pérez fue a la vez arquitecto y producto de la alianza que lo hizo posible. Diseñó una gramática paramilitar original —política, militar y social— que le dio al fenómeno una durabilidad organizativa que ningún grupo puramente militar hubiera alcanzado. Pero esa arquitectura solo pudo escalar porque el narcotráfico la capitalizó, y cuando Pérez intentó recuperar una autonomía estratégica que su propia expansión había vuelto improbable, el aparato lo devoró.

En la historia larga del paramilitarismo colombiano hay antes de Puerto Boyacá y hay después. Lo que separa un momento del otro es el trabajo de un comandante ganadero del Magdalena Medio que entendió, antes que nadie en su gremio, que las armas sin política son insuficientes, y que la política sin fachada institucional es inviable. Ese entendimiento fue su aporte al modelo. Que ese modelo produjera, entre 1983 y 2006, dieciocho masacres solo en el Magdalena Medio, miles de desplazados, la captura de la política local en decenas de municipios y la fusión operativa entre narcotráfico y contrainsurgencia, es el saldo que ninguna semblanza puede maquillar.

Henry de Jesús Pérez no fue el inventor del paramilitarismo colombiano —militares del Batallón Bárbula, ganaderos de ACDEGAM y notables regionales lo antecedieron—, pero fue quien lo convirtió en un proyecto con vocación duradera. Su asesinato en 1991 no probó que el modelo fuera frágil. Probó, más bien, que ya funcionaba lo suficientemente bien como para prescindir de su fundador.