Pablo Emilio Guarín Vera

Los orígenes: un liberal en el Magdalena Medio

Los datos personales seguros sobre la juventud de Guarín son escasos. Su nombre empieza a circular como dirigente político en Puerto Boyacá en la frontera entre los años setenta y ochenta. Para entonces, el Magdalena Medio boyacense era una geografía que el Estado apenas rozaba: un corredor de haciendas ganaderas, campamentos petroleros, colonizaciones campesinas y presencia guerrillera del Frente IV de las FARC, asentado en la región desde finales de los años sesenta. Hasta bien entrada la década del setenta, ese Frente había sostenido con distintos sectores locales —campesinos, y según algunos testimonios también ganaderos— un equilibrio precario que permitía coexistencia y hasta cierta colaboración logística. Ese equilibrio se rompió a comienzos de los ochenta bajo la presión combinada del secuestro y la extorsión, la llegada de dineros del narcotráfico y la aparición de los primeros grupos civiles armados.

El territorio, además, cargaba una historia política singular. Puerto Boyacá había sido conocido durante décadas como un enclave del Partido Comunista, con presencia sindical en los frentes petroleros y agrarios y una tradición de organización campesina que la Violencia bipartidista de los años cincuenta no había logrado disolver. Esa reputación —que le valió al municipio el apodo con el que Guarín bautizaría después su semanario— convivía con una clase ganadera en ascenso, enriquecida por la ampliación de la frontera agrícola y crecientemente hostil a las cuotas de extorsión que el Frente IV cobraba en sus haciendas. La región no era un territorio homogéneo que se pasara en bloque de una lealtad a otra. Era un espacio en disputa, con actores contradictorios, y Guarín supo leer esa disputa antes que casi ningún otro dirigente del liberalismo boyacense.

Guarín entendió pronto ese cambio y supo situarse en él. La región le ofrecía dos elementos que sabría usar: un electorado ganadero y campesino resentido con la guerrilla, y un vacío de representación que el liberalismo tradicional no había sabido llenar. En las elecciones de mitaca de 1980 fue elegido diputado a la Asamblea de Boyacá con el aval de Alternativa Liberal, el movimiento del entonces congresista Jaime Castro. Ya en 1978, en las elecciones al Senado, Castro había cosechado en Puerto Boyacá 1.168 votos gracias a la maquinaria que Guarín le construyó allí, aunque esa cifra representara apenas el 5,8 por ciento de la votación total de Castro en el departamento. La cifra es pequeña, pero la relación es reveladora: desde muy temprano, Guarín supo canjear una base electoral concentrada en un municipio a cambio de un aval nacional. Ese canje —votos contra respaldo político— será, en versiones sucesivas, la fórmula que le permitirá operar entre Puerto Boyacá y Bogotá.

Paralelamente, Guarín cultivó una vocación de publicista. Fue corresponsal en Puerto Boyacá de El Tiempo, el diario más influyente del país, lo que le dio acceso a un altavoz nacional privilegiado y una cierta protección simbólica en la región. Y fundó y dirigió el periódico local Puerto Rojo, un semanario con nombre paradójico —evocaba la reputación del municipio como bastión histórico del Partido Comunista— que fue convirtiéndose, a lo largo de los primeros años ochenta, en la principal tribuna antisubversiva del Magdalena Medio. Guarín no era un dirigente rural improvisado: era un hombre con imprenta, con firma en el diario capitalino y con curul departamental. Esa combinación, en aquella región y en aquel momento, no la tenía nadie más.

La trayectoria: 1982-1987, del diputado al ideólogo

El período que decide la biografía histórica de Guarín se abre en 1982, cuando Belisario Betancur llega a la presidencia con la promesa de un proceso de paz con las guerrillas, y se cierra con su asesinato en 1987. Cinco años que coinciden, punto por punto, con la fase de institucionalización del proyecto paramilitar en el Magdalena Medio.

La cronología es la siguiente. En noviembre de 1981 ya se documentan en Puerto Boyacá y sus alrededores los primeros grupos armados de autodefensa: Gonzalo Pérez —padre de Henry Pérez— justificaba ante la comunidad de Patevaca la conformación de un grupo de escopeteros argumentando que el Estado no protegía a la población frente a la guerrilla. En 1982, según el testimonio del alcalde militar Óscar Echandía, hubo en el municipio una reunión organizada por el coronel Jaime Sánchez Arteaga, del Batallón Bárbula, con la participación de Gonzalo y Henry Pérez, Nelson Lesmes, Luis Suárez, Rubén Estrada, Carlos Loaiza y otros civiles y militares. De ese proceso —gradual, no de un único acto fundacional— nacen las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Y en el mismo período —entre 1982 y 1984, la segunda fecha asociada al secuestro del padre de Henry Pérez— se funda Acdegam, la asociación de ganaderos que servirá de fachada civil, contable y logística del proyecto.

Guarín no aparece como fundador militar de la estructura armada, ni como firmante material del acta de Acdegam. Su función es otra, y es la que le da estatura histórica: fue el dirigente político que asumió públicamente la conducción del proyecto. En febrero de 1983, el informe de la Procuraduría General de la Nación reveló que 69 de los 163 miembros del grupo MAS individualizados en el Magdalena Medio eran miembros activos de la Fuerza Pública. Ese informe puso al Ejército contra las cuerdas y desató un choque abierto entre la administración Betancur y el estamento castrense, con el general Fernando Landazábal Reyes, ministro de Defensa, defendiendo a las Fuerzas Armadas de las acusaciones por masacres formuladas por el liberal Horacio Serpa. Fue entonces cuando Guarín encontró su lugar en el mapa nacional. Recogió las objeciones militares al proceso de paz y las tradujo al lenguaje del liberalismo regional. El Partido Liberal, con él como voz destacada en el Magdalena Medio, articuló la oposición civil y castrense al diálogo con la guerrilla.

La operación política de mayor visibilidad ocurrió a fines de 1983. En noviembre, Puerto Rojo dio gran despliegue a una masacre ocurrida el 2 de octubre en el corregimiento de Guanegro, atribuida a las FARC, y utilizó la crónica como detonante emocional de una movilización sin precedentes: Guarín encabezó una marcha de aproximadamente 500 campesinos venidos de Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Yacopí, Puerto Berrío y La Dorada hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá. Los manifestantes portaban pancartas con la consigna "Somos campesinos desplazados por la violencia comunista" y exigían dos cosas: la disolución de la Comisión de Paz y la militarización del Magdalena Medio. Guarín se consagró así como el vocero público más visible de la oposición al proceso de Betancur y, simultáneamente, como líder político de las autodefensas nacientes. La consigna era hábil: no pedía la creación de más fuerzas armadas privadas —eso hubiera exigido explicaciones incómodas— sino más Estado militar, con la marcha misma como demostración de una base social dispuesta a movilizarse.

En los años siguientes, Guarín siguió operando en la doble pista. Como diputado, ejerció influencia sobre la administración municipal de Puerto Boyacá: entre el 7 de diciembre de 1984 y el 12 de septiembre de 1987, la alcaldía la ocupó Luis Alfredo Rubio Rojas, quien había sido tesorero de Acdegam entre 1982 y 1983. La secuencia es transparente: la organización que servía de fachada al aparato armado colocó a su tesorero al frente de la administración municipal, y lo hizo bajo la sombra política de Guarín. Como publicista, siguió modulando en Puerto Rojo y en sus corresponsalías el discurso que explicaba la aparición de las autodefensas como respuesta natural al abandono estatal y a la presencia guerrillera: él mismo llegaría a decir que la simpatía inicial de la población del Magdalena Medio boyacense con el Partido Comunista y las FARC se había debido al abandono del Gobierno Nacional, argumento que servía a la vez como diagnóstico y como coartada del giro contrainsurgente.

Al mismo tiempo, el proyecto se transformaba bajo sus pies. En diciembre de 1984, fuerzas paramilitares al mando de Henry Pérez interceptaron cerca de Puerto Boyacá un cargamento de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha, "el Mexicano". La reunión que siguió al incidente derivó en una alianza que cambió la naturaleza del proyecto: desde ese momento, las autodefensas del Magdalena Medio brindaron seguridad a las instalaciones de producción de cocaína del narcotraficante y cobraron gramaje por ese servicio. Al menos uno de los laboratorios operados en el área —el de la finca "El Indio"— fue autorizado por el propio Henry Pérez. El cambio no fue solamente financiero, aunque los recursos del narcotráfico transformaron la escala del aparato: fue estructural. El paramilitarismo dejó de ser únicamente un instrumento contrainsurgente al servicio de ganaderos y militares y se convirtió, además, en un actor activo a favor de los narcotraficantes. En esa mutación, la agencia política de Guarín empezó a quedar rezagada respecto al peso creciente de otros actores.

Su red: la alianza que Guarín encarnó

Para entender la centralidad histórica de Guarín hay que trazar el mapa de la alianza que operaba bajo su cobertura pública. Cinco nodos la componían.

El primero eran los ganaderos y terratenientes del Magdalena Medio, articulados en Acdegam. La asociación cumplía funciones muy anteriores y muy posteriores a la representación gremial. Canalizaba los recursos para el acondicionamiento de centros de entrenamiento paramilitar. Pagaba sueldos. Compraba armas y municiones. Entre 1986 y 1988 desplegó veinte cooperativas en corregimientos y veredas estratégicas, que funcionaban simultáneamente como tiendas de víveres, redes de información y nodos de seguridad. Sus administradores recibían un arma —revólver o pistola— y un radio de comunicación, y cumplían funciones de líderes comunitarios y de responsables de vigilancia. Era una red que suplantaba al Estado en su capilaridad territorial y que, al hacerlo, convertía toda la vida cotidiana de la región en un dispositivo de control paramilitar.

El segundo nodo era la comandancia militar del proyecto, encarnada por Gonzalo y Henry Pérez. Henry Pérez fue quien concibió para Acdegam una estructura que integraba lucha contrainsurgente, participación política local y desarrollo socioeconómico, y por eso se le ha llamado el padre de lo que después se conocería como parapolítica. Fue él, no Guarín, quien pensó el modelo. Guarín le puso la voz pública y el escudo político; Pérez le puso la arquitectura operativa.

El tercer nodo era el Ejército. La relación de las autodefensas de Puerto Boyacá con la Fuerza Pública no fue de cooperación puntual, sino estructural: las autodefensas nacieron aliadas con el Ejército y nunca fueron completamente autónomas. Las escuelas de entrenamiento paramilitar en el Magdalena Medio contaron con participación de oficiales y exoficiales. El Ejército autorizó ventas de armas con salvoconducto, incluyendo material obsoleto de uso oficial, y facilitó la adquisición de armamento por parte de los grupos civiles a cambio de que estos sirvieran como informantes y colaboradores. A partir de 1982, se documentaron patrullajes conjuntos de unidades militares y grupos paramilitares.

En ese mapa aparece la figura del general Farouk Yanine Díaz, comandante de brigada al menos para 1984, en el período de consolidación del proyecto. Según las confesiones del paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir —quien admitió haber participado en más de 800 asesinatos políticos—, fue Yanine Díaz quien lo envió a Puerto Boyacá a comienzos de los años ochenta, y era el militar más recurrentemente mencionado en sus declaraciones. La responsabilidad institucional del Ejército en la consolidación del paramilitarismo del Magdalena Medio fue reconocida más tarde por hallazgos de la Procuraduría General. Yanine Díaz, sin embargo, siguió ascendiendo: fue inspector general de las Fuerzas Militares en 1989, jefe del Estado Mayor Conjunto entre 1991 y 1992 y delegado ante la Junta Interamericana de Defensa.

El cuarto nodo, el narcotráfico, entró en la ecuación en diciembre de 1984 con Rodríguez Gacha y, tras él, con la órbita más amplia del cartel de Medellín. Para 1989, Acdegam estaba plenamente cooptada y financiada por el narcotráfico: había pasado de ser una fachada de autodefensa a convertirse en el brazo político y económico del paramilitarismo en el Magdalena Medio. La entrada del capital de Rodríguez Gacha, con su capacidad para financiar armamento, entrenadores extranjeros y expansiones territoriales, sentó las bases para el salto siguiente del proyecto: dejar de ser una milicia regional y aspirar a una vocación nacional.

El quinto nodo era la política nacional. Guarín cultivó una alianza pragmática con Jaime Castro, y esa relación se volvió incómoda cuando Betancur nombró a Castro ministro de Gobierno. La contradicción era abierta: el jefe político de Guarín ocupaba una cartera clave del gabinete que impulsaba el proceso de paz al que Guarín se oponía frontalmente desde Puerto Boyacá y desde la Plaza de Bolívar. La alianza terminó por deshacerse y Castro tomó distancia. También apareció en el paisaje el apoyo de sectores civiles ultramontanos: en noviembre de 1982, la Sociedad Colombiana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, la TFP, publicó un aviso pagado en nueve diarios en respaldo de Acdegam, señal de que el proyecto del Magdalena Medio conectaba con una derecha civil más amplia que la de los ganaderos regionales. La red iba, por tanto, del páramo boyacense a las páginas pagadas de la gran prensa nacional, pasando por los cuarteles de brigada y las oficinas del cartel de Medellín.

En esa red, Guarín ocupó un lugar preciso. No era el estratega militar ni el financista ni el general: era el traductor entre el lenguaje de la contrainsurgencia militar y la protección ganadera, por un lado, y el de la política liberal, la marcha campesina y el editorial de opinión, por el otro. Era la interfaz pública del proyecto.

Puerto Boyacá: el laboratorio

Puerto Boyacá fue el escenario donde toda esta arquitectura se probó, y allí conviene detenerse en un dato que las secciones anteriores no han desarrollado: cómo se cerró políticamente el municipio. La hegemonía sobre la alcaldía y el concejo se aseguró mediante la eliminación sistemática de militantes del Partido Comunista, de la Unión Patriótica y del sector galanista del liberalismo. Esa limpieza —ejecutada por el MAS y por las estructuras paramilitares locales— no fue un daño colateral del combate contra la guerrilla: fue la condición material del monopolio político. Para 1988, la Unión Patriótica había sido diezmada en toda la zona; en el propio municipio no quedó espacio para candidatos que disputaran el proyecto desde la izquierda o desde el liberalismo galanista.

La red de veinte cooperativas creada entre 1986 y 1988 completó ese cierre. Al abarcar toda la vida comunitaria —suministro de víveres e insumos agropecuarios, circulación de información, seguridad—, Acdegam sustituyó al Estado en su función capilar. Los administradores, con arma y radio, eran simultáneamente comerciantes, líderes comunitarios y ojos y oídos de la estructura armada. El municipio se convirtió en una vitrina: un territorio "pacificado" que servía de modelo para exportar. Y ese modelo, hacia el final de la vida de Guarín, empezó a viajar.

Su huella: el asesinato de 1987 y el proyecto que lo sobrevivió

Pablo Emilio Guarín Vera fue asesinado en 1987. El Tiempo, en cuyas páginas él había firmado como corresponsal, le dedicó tras su muerte un editorial que lo despidió como si hubiera muerto un prócer, presentándolo como defensor de las ideas democráticas y sin mencionar sus vínculos con estructuras paramilitares financiadas por el narcotráfico. La omisión no era inocente. Para 1987, cualquier persona medianamente informada del país conocía la naturaleza del proyecto de Puerto Boyacá; la Procuraduría llevaba cuatro años documentándolo, la alianza con Rodríguez Gacha era pública en los corrillos judiciales y periodísticos, y las masacres del Magdalena Medio ya habían llenado las primeras planas. Que el diario más influyente del país despidiera a Guarín como un prócer y no como el articulador político de la primera experiencia consolidada de paramilitarismo colombiano constituyó un espaldarazo simbólico de alto costo. Normalizó la figura. Blanqueó al proyecto. Ratificó la disociación entre el cálculo electoral de la clase política y la coherencia con las políticas de Estado.

El dato más revelador sobre el peso real de Guarín en la arquitectura del proyecto no está en el editorial que lo elogió, sino en lo que ocurrió después de su asesinato. Ninguna de las estructuras que había cobijado se desarticuló con su muerte. Al contrario. Acdegam siguió funcionando y para 1989 ya estaba plenamente convertida en el brazo político y económico del paramilitarismo. La red de cooperativas continuó expandiéndose. La alianza con Rodríguez Gacha se profundizó. Y el modelo empezó a exportarse a otras regiones del país con una velocidad y una eficacia que no dependieron de la tutela política de Guarín.

Hacia 1987, Henry Pérez y su padre compraron tierras en Urabá, y en 1988 asesoraron a Fidel Castaño en la ejecución de las primeras masacres en la zona bananera. Grupos como Los Tangueros, Los Magníficos y Los Mazudos, en el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, siguieron el modelo de las autodefensas de Puerto Boyacá; algunos de sus integrantes fueron entrenados directamente en el Magdalena Medio. La expansión hacia los Llanos Orientales corrió por dos vías paralelas y complementarias: la de Rodríguez Gacha, que llevó allí capital y estructura, y la de Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, subordinado de Henry Pérez que entre 1986 y 1989 fue enviado a Vista Hermosa y San Martín (Meta) por orden de Pérez y Rodríguez Gacha. Víctor Carranza, con notorios nexos con los grupos de Puerto Boyacá, completó la introducción del paramilitarismo en los Llanos. Las Autodefensas del Magdalena Medio también hicieron presencia en los Llanos del Yarí —Caquetá, Meta y Guaviare—, en Putumayo y en Nariño, principalmente para proteger laboratorios de cocaína de Rodríguez Gacha. En Cundinamarca, la presencia paramilitar se extendió por San Cayetano, Vergara, Yacopí, Paime, El Peñón, Pacho, La Palma, Puerto Salgar y Guaduas.

Que toda esa expansión ocurriera sin Guarín —en algunos casos incluso antes de su muerte, en otros después— indica que su función política, con toda su visibilidad, era ornamental respecto al motor estructural del proyecto. La lógica que sostenía la maquinaria —alianza militar-narco-ganadera, red de cooperativas, cobertura territorial— lo superó antes de que muriera. Su asesinato no marca el fin de una tutela indispensable; marca la confirmación de que el proyecto ya no la necesitaba. Guarín fue, en cierto sentido, víctima de su propia obra: le construyó a las autodefensas del Magdalena Medio una legitimidad civil que, una vez fluyendo el dinero del narcotráfico y consolidada la alianza militar, dejó de requerir la mediación de un diputado liberal.

Balance: el eslabón que hizo posible la máscara

Guarín no fue el arquitecto del paramilitarismo colombiano ni su comandante. No inventó el modelo —los ganaderos, los militares y los Pérez lo estaban probando desde antes—, no lo financió —eso corrió por cuenta de Rodríguez Gacha y del cartel de Medellín— ni lo entrenó. Pero fue quien, entre 1982 y 1987, hizo posible que ese modelo tuviera rostro público, tribuna parlamentaria y respaldo civil. Mientras el gobierno de Betancur intentaba desactivar la guerra con un proceso de paz, y mientras la Procuraduría revelaba que la mitad de los identificados del MAS eran miembros activos de la Fuerza Pública, Guarín salió a defender el proyecto con curul, con periódico y con marcha campesina. Sin esa cobertura política, la alianza clandestina entre militares, ganaderos y narcos habría tenido que operar completamente en la sombra, sujeta al escrutinio de un Estado que, aunque tímidamente, intentaba conocerla y desmontarla.

Hay una consecuencia que conviene subrayar. La secuencia Guarín-Pérez-Rodríguez Gacha no fue una anomalía regional, sino el primer ensayo maduro de una fórmula que el país volvería a encontrar veinte años después: un cuerpo armado sostenido por dineros del narcotráfico, tolerado o auspiciado por sectores de la Fuerza Pública, y respaldado en el Congreso y en la prensa por representantes electos que le prestaban lenguaje, votos y legitimidad. Lo que en Puerto Boyacá fue un diputado departamental con un semanario, en la década siguiente fueron decenas de congresistas con firmas notariales, pactos y curules compradas. La distancia entre una escala y otra es enorme; la lógica que las une, no tanto.

La centralidad de Guarín se mide en esa continuidad. El paramilitarismo colombiano, en su fase decisiva, tuvo un representante electo por Boyacá, una tribuna en el diario más importante del país y una alianza pública con un ministro del gobierno de turno. No operó por fuera del sistema político: operó por dentro, con curul, con firma en la primera plana y con la maquinaria electoral del liberalismo regional a su favor. Esa es la biografía histórica de Guarín, y esa es también la deuda que quedó pendiente cuando El Tiempo lo despidió como prócer y las crónicas locales de Puerto Boyacá lo convirtieron en mártir del liberalismo antisubversivo.