Anticomunismo

En Colombia, el anticomunismo fue mucho más que un capítulo local de la Guerra Fría. Antes de que existiera un comunismo colombiano digno de ese nombre, ya circulaban desde los púlpitos, los catecismos y los diarios conservadores las palabras que después servirían para nombrar al enemigo: subversivo, ateo, materialista, agente del desorden. Esa gramática ideológica —forjada en el catolicismo integrista de la Regeneración, en el hispanismo antimoderno y en la doctrina eclesial del orden social— antecedió al fenómeno que decía combatir y le sobrevivió con notable elasticidad. Durante casi un siglo prestó legitimidad cultural y moral a formas sucesivas de violencia contra adversarios internos que a menudo no eran comunistas en ningún sentido riguroso: campesinos sin tierra, sindicalistas, gaitanistas, militantes de la Unión Patriótica, defensores de derechos humanos. Entender el anticomunismo colombiano es, por tanto, entender el dispositivo por el cual una sociedad aprendió a nombrar como amenaza existencial a buena parte de su propio cuerpo social.

Una gramática antes que una doctrina

El anticomunismo colombiano nació antes que el comunismo colombiano. En 1915, cuando la Revolución de Octubre era todavía inimaginable y el país no tenía partido de izquierda organizado, Andrés Botero L. publicó en Medellín el Catecismo político social, un manual de preguntas y respuestas que enseñaba a los niños, con la misma cadencia con que aprendían el Padrenuestro, que el buen gobierno era el que protegía las creencias religiosas y que la disidencia frente a esa fórmula era, en última instancia, un pecado político. Durante las tres primeras décadas del siglo XX, la instrucción religiosa con contenido político circuló por colegios y hogares, tejiendo desde la niñez la equivalencia entre orden, catolicismo e hispanidad, y su reverso: liberalismo, modernidad extraña y desorden.

Esa ecuación tenía raíces doctrinales precisas. El conservatismo posterior a la Constitución de 1886 bebía del pensamiento católico e hispánico, y sus políticas se apoyaban en una concepción del hombre y de la sociedad radicalmente distinta a la liberal: una sociedad jerárquica sostenida por familia, Iglesia y Estado, cuya función principal era contener las pasiones antisociales del individuo suelto. Cuando en los años veinte apareció el fantasma del socialismo, esa arquitectura conceptual ya estaba lista para recibirlo: no era necesario inventar categorías nuevas, bastaba con colocar al nuevo enemigo en el mismo casillero donde llevaba décadas alojándose el liberalismo radical.

De ahí el temprano radicalismo de los Leopardos, el grupo conservador activo en los años veinte que buscaba que el partido retomara su doctrina tradicional y se recristianizara. Sus armas eran a la vez políticas y literarias; sus blancos, la masonería, el liberalismo y el socialismo. Se nutrían doctrinalmente de las encíclicas papales y acogían íntegramente la Quanta Cura (1864) de Pío IX y su Syllabus, ese catálogo de errores modernos que condenaba en bloque el liberalismo, el socialismo, el racionalismo y la separación entre Iglesia y Estado. En un país donde la jerarquía eclesiástica tenía un peso institucional excepcional, esa importación doctrinal no era una excentricidad intelectual: era el marco compartido por buena parte de la élite gobernante.

La Iglesia adelantándose al enemigo

Lo distintivo del caso colombiano es que la Iglesia construyó su discurso antisocialista antes de que el socialismo madurara en el país. Desde los púlpitos y las cartas pastorales, el "maldito socialismo" fue presentado como causa de la miseria obrera y del caos social —inversión notable, pues era precisamente esa miseria la que empezaba a producir agitación— y se llamó al Estado a usar mano dura contra sus supuestos portadores. La estrategia no fue solo discursiva. Entre 1920 y 1924, el catolicismo militante impulsó organizaciones obreras paralelas para disputarle a la izquierda incipiente el terreno del mundo del trabajo: en 1920 la jerarquía habló de crear la Unión Popular Católica de Colombia; en 1923 surgió en Medellín la Unión Conservadora de Obreros; en 1924, miembros de la asociación Soldados de Cristo atacaron en Bogotá las oficinas del periódico El Socialista. La Congregación de Obreros de San José, también en Medellín, completaba ese engranaje que combinaba caridad, encuadramiento y vigilancia.

La coronación jurídica de esa cruzada llegó en octubre de 1928 con la aprobación de una ley —conocida popularmente como Ley Heroica— que prohibía la formación de organizaciones populares y sindicales de oposición e impedía la difusión de ideas socialistas. Varios jerarcas católicos, entre ellos el arzobispo de Cartagena, enviaron telegramas de felicitación a los congresistas, expresando su respaldo al "partido del orden social" y equiparando socialismo y liberalismo con elementos subversivos. Era, en rigor, un marco jurídico altamente represivo que anticipaba en varias décadas la doctrina del enemigo interno: castigaba con condenas rápidas la organización obrera y la palabra socialista, y lo hacía en nombre de una defensa moral que la Iglesia bendecía. El país llegaría a la Gran Depresión y al ascenso del gaitanismo con ese cuerpo doctrinal ya endurecido.

La Violencia: exterminio con nombre de política

Cuando en 1946 el conservatismo recuperó la presidencia y comenzó lo que la historiografía llamaría La Violencia, el anticomunismo entró en su fase de laboratorio armado. El período, extendido aproximadamente hasta 1958, se caracterizó por una estrategia de exterminio contra sectores que luchaban por el cambio social, en un momento en que el movimiento gaitanista amenazaba con acceder al poder. Gaitán no era comunista —era un liberal populista con vocación reformista—, pero el rótulo funcionó igual: la lógica bipartidista, alimentada por el clero rural y por la prensa conservadora, redujo a un mismo campo enemigo al gaitanismo, al liberalismo radical, al comunismo real y a cualquier forma de organización campesina.

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 desencadenó una represión sistemática apoyada en grupos de matones adscritos a la policía y al ejército conocidos como chulavitas, denominación que remitía a su origen geográfico en Boyacá. Su misión práctica fue liquidar liberales y librepensadores en las zonas rurales, y el clero local a menudo les indicó a quién había que temer y a quién había que castigar. En el Valle del Cauca operó una figura paralela y todavía más sombría, la de los Pájaros, matones conservadores que ejecutaban selectivamente a liberales con la complicidad de jueces y funcionarios que los absolvían aun ante pruebas fehacientes. Esa complicidad institucional —la puerta trasera del sistema penal— es un rasgo estructural del anticomunismo colombiano que se repetirá una y otra vez: la violencia no operaba contra la ley sino a su sombra, con jueces, alcaldes y comandantes de policía haciéndose los distraídos.

Frente al avance conservador, y ante la inminente victoria electoral de Laureano Gómez, el Partido Comunista Colombiano anunció en 1949 una política de autodefensa armada. Estableció enclaves campesinos en Viotá (Cundinamarca), en el Sumapaz —bajo Juan de la Cruz Varela— y en el sur del Tolima, con Jacobo Prías Alape, Charro Negro, a la cabeza. La respuesta oficial fue calificarlos de "repúblicas independientes", fórmula que resurgirá con fuerza en la década siguiente y servirá para justificar bombardeos y operaciones militares contra poblaciones civiles enteras. En 1954, ya bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, la Asamblea Constituyente ilegalizó al Partido Comunista, en parte como resultado de una creciente aceptación de las categorías internacionales de la Guerra Fría. La proscripción legal de un partido político por su ideología sería una anomalía en cualquier democracia; en Colombia formaba parte del continuum lógico que venía del Syllabus.

La Doctrina de Seguridad Nacional y la formalización del enemigo interno

Hasta ese momento, el anticomunismo colombiano era una gramática cultural con expresiones jurídicas y militares intermitentes. Fue la irrupción de la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría hemisférica, lo que le confirió a esa gramática un andamiaje institucional sistemático, un lenguaje técnico y una escala que antes no había tenido.

La doctrina contrainsurgente norteamericana desplazó el énfasis desde la guerra regular interestatal hacia la guerra irregular interna. Se nutrió de las experiencias coloniales francesas en Vietnam y Argelia, y se reelaboró en los años sesenta y setenta con base en las guerras de Vietnam, Filipinas, Malasia y Kenia. La Escuela de las Américas de Panamá fue uno de los canales de difusión hacia los cuerpos militares latinoamericanos. Su tesis central era simple y devastadora: el enemigo ya no era un ejército extranjero al otro lado de una frontera, sino un adversario invisible incrustado en la propia población, un enemigo interno, y por tanto la distinción entre combatiente y civil —piedra angular del derecho de guerra clásico— dejaba de ser operativa.

En Colombia esa doctrina encontró terreno ya arado. En el Batallón XXI Vargas de los Llanos Orientales se introdujo tempranamente la noción de enemigo interno y se estableció la distinción entre "población hostil" y "población simpatizante", una fórmula que invitaba a prescindir de la ciudadanía como categoría protectora para quienes se hubieran rebelado contra el gobierno y a librar contra ellos y sus simpatizantes una guerra sin cuartel. La modernización doctrinal externa se acopló sin fricciones con una tradición que ya trataba al disidente como adversario existencial, no como ciudadano equivocado.

La Alianza para el Progreso, lanzada por la administración Kennedy en 1961, se presentó públicamente como un programa de modernización, reforma agraria y desarrollo económico. Su dimensión contrainsurgente fue igual de central: buscaba fortalecer la legitimidad política y la capacidad militar de los gobiernos latinoamericanos frente a la amenaza comunista, y articulaba aspectos económicos, sociales, políticos, psicológicos, militares y de seguridad en un solo paquete estratégico. Walt W. Rostow, profesor del MIT y asesor de Seguridad Nacional de Kennedy, había establecido el nexo teórico en Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no-comunista (1960): todos los países atravesaban etapas sucesivas, y la del "despegue" era particularmente vulnerable a la subversión. La modernización, en esa lectura, no era una alternativa al anticomunismo sino su forma más sofisticada.

El engranaje colombiano se completó con el Plan Laso (1962–1966), que identificó la necesidad de acercar los militares a la población civil mediante la "acción cívico-militar" e influyó en las Fuerzas Armadas para que adoptaran la combinación de desarrollismo y anticomunismo como orientación estratégica. Ese mismo año, un anexo secreto al informe del general William Yarborough recomendó, con nitidez escalofriante, el desarrollo de una estructura civil y militar que ejecutara actividades paramilitares, de sabotaje y terroristas contra comunistas conocidos, con respaldo de Estados Unidos. Era la fórmula del paramilitarismo estatal escrita en un memorándum oficial, dos décadas antes de que el fenómeno explotara.

El Estatuto de Seguridad: el anticomunismo como derecho positivo

La proyección jurídica más acabada de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia fue el Decreto 1923 de 1978, conocido como Estatuto de Seguridad, expedido durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Precedido por dos decretos de tono premonitorio —el 2578 de 1976, que otorgó a los mayores del ejército y a inspectores de policía la facultad de sancionar con multa a personas consideradas potencialmente criminales, y el 0070 de enero de 1978, que dio a militares y policías inmunidad criminal especial por homicidios cometidos durante ciertas operaciones—, el Estatuto llegó como un decreto de Estado de Sitio que concedía amplias facultades a las Fuerzas Armadas para el control del orden público.

Su texto era la traducción legal casi literal de la doctrina del enemigo interno. Establecía arresto inconmutable de hasta un año para quienes ocuparan transitoriamente lugares públicos con el fin de presionar decisiones de las autoridades, o distribuyeran propaganda subversiva, o fijaran escritos o dibujos considerados ultrajantes. La huelga, la manifestación, el mitin, el afiche —el repertorio elemental de la política democrática— quedaban expuestos a la sanción penal. Solo en Bogotá, y según admitiría después el propio Ministerio de Defensa, más de 5.000 personas fueron detenidas y torturadas por militares durante la vigencia del Estatuto. Estudiantes y profesores fueron detenidos, universidades enteras allanadas por el ejército bajo la acusación de vinculación con movimientos subversivos.

El Estatuto materializó una premisa central de la doctrina: bajo la lucha contrainsurgente, nadie podía ser neutral. Huelgas, manifestaciones y campañas electorales de ciertas orientaciones eran consideradas focos de conflicto y sujetos de control estatal. La ciudadanía dejaba de ser un derecho para volverse una concesión revocable en función de la lealtad al orden. Y detrás de todo, la vieja gramática seguía funcionando: quien protestaba era, por definición, un subvertido; quien era subvertido, un cómplice; quien era cómplice, un enemigo.

El desgaste político de esos años derivó, paradójicamente, en un momento de apertura. El gobierno de Belisario Betancur (1982–1986) llegó con la promesa de la paz, en medio de un Partido Liberal debilitado por los escándalos de violaciones de derechos humanos ocurridos bajo Turbay. Pero la apertura fue breve, y la infraestructura anticomunista construida durante la década anterior no se desmontó: cambió de forma.

El paramilitarismo como brazo armado

En el mismo lapso en que se debatía la política de paz, el anticomunismo colombiano encontró una figura nueva —o más bien la actualización armada de una vieja fórmula—: el paramilitarismo. En 1981, tras el secuestro de Marta Nieves Ochoa por el M-19 en noviembre, se creó el MAS (Muerte a Secuestradores). La investigación del Procurador General Carlos Jiménez Gómez, entregada en 1983, identificó a 163 personas involucradas en su fundación, de las cuales 59 eran militares en servicio activo. En sus orígenes participaron principalmente narcotraficantes del Cartel de Medellín. La convergencia era ya, desde el primer día, entre uniformados, capos y ganaderos.

El MAS, concebido inicialmente como respuesta a los secuestros, se convirtió rápidamente en denominación paraguas para grupos regionales que organizaban escuadrones anticomunistas clandestinos en distintas zonas del país. El Magdalena Medio se transformó, durante los años ochenta, en el laboratorio donde se articularon mandos militares, dirigentes políticos del bipartidismo, líderes paramilitares, narcotraficantes y grandes empresas nacionales y extranjeras en una cruzada anticomunista que combinó estrategias de tierra arrasada con despojo masivo de tierras. La lógica era doble y hay que nombrarla con precisión: se mataba al campesino no solo por presunto guerrillero, sino para arrebatarle sus propiedades. La ideología prestaba el rótulo; la codicia recogía las escrituras.

Fidel Castaño relataría años después que el mayor Alejandro Álvarez Henao, en Segovia, había jugado un papel en el inicio de las autodefensas regionales y en su propia formación en la lucha antiinsurgente. Ese microorigen —un mayor del ejército, un hacendado joven, una región convulsa— se repitió en decenas de puntos del país. En Córdoba y Urabá, la violencia paramilitar amparada como lucha antisubversiva fue sistemática y letal contra organizaciones sociales, sindicalistas, maestros, movimiento campesino, comunidades indígenas y afrodescendientes, e incluso contra personas con orientaciones sexuales no normativas. La lista de blancos revela con crudeza el rasgo definitorio del anticomunismo en su fase paramilitar: el enemigo era todo aquello que el orden hegemónico no reconocía como propio.

En los años noventa, las Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad rural creadas con autorización estatal, fueron aprovechadas por las estructuras paramilitares para superar sus problemas de coordinación y darle fundamento legal a su accionar. Junto con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por la Casa Castaño, constituyeron el preámbulo de las Autodefensas Unidas de Colombia. El apoyo de sectores de las fuerzas armadas al paramilitarismo fue sistemático, en el marco de una doctrina que llevaba a identificar a la población civil —especialmente a los campesinos— como base de apoyo guerrillero. La franquicia anticomunista, más que una consigna, era ya un modelo de negocio con cobertura ideológica.

El genocidio de la Unión Patriótica

Ningún episodio revela con mayor claridad el desfase entre la retórica anticomunista y su blanco real que el exterminio de la Unión Patriótica. Nacida en 1985 como fruto de los diálogos entre el gobierno Betancur y las FARC, la UP fue concebida como un frente amplio que permitiría el tránsito de la insurgencia a la política legal. Desde su nacimiento fue identificada por una parte del estamento castrense como el enemigo interno, ignorando de manera deliberada su naturaleza civil y su vocación democrática.

Entre 1984 y 2002 fueron asesinados miles de sus militantes, candidatos, alcaldes, congresistas y simpatizantes. La cifra convirtió al fenómeno en genocidio político: la aniquilación sistemática de un colectivo por su pertenencia ideológica. La lógica que lo hizo posible es la misma que venimos siguiendo: la identidad institucional anticomunista y contrainsurgente de las Fuerzas Militares, alineada con la Doctrina de Seguridad Nacional, había producido identidades excluyentes y formas de combate para la guerra irregular que borraban la distinción entre insurgente y opositor legal. Bastó con que un partido pudiera ser vinculado —así fuera indirectamente— a una guerrilla activa para que sus miembros fueran tratados como combatientes disfrazados de civiles. La militancia política pasó a ser, en la práctica, una condena diferida.

La extensión de la lógica no se detuvo en la UP. Defensores de derechos humanos, abogados y miembros de ONG que investigaban violaciones cometidas por agentes del Estado fueron señalados —incluso por altas autoridades y servicios de inteligencia— de ser parte de la subversión. Entre las víctimas de desaparición forzada del período 1970–1981 sobre las que existe información ocupacional, el grupo más afectado fue el de los campesinos, con dos tercios del total, seguidos por obreros y empleados. La estadística devuelve al terreno el rostro material del anticomunismo: un dispositivo dirigido, en su mayor parte, contra pobres del campo cuya militancia real, cuando existía, se agotaba en juntas de acción comunal, ligas agrarias o sindicatos bananeros.

Estigma, protesta y control social

El anticomunismo colombiano funcionó, en toda su historia, como una máquina de estigmatización. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, los organismos militares adoptaron tesis que identificaban al comunismo y a las organizaciones de izquierda como enemigo interno, desdibujando la distinción entre actividad política legal y subversión armada. Huelgas, manifestaciones y campañas electorales de ciertas orientaciones eran leídas como focos de conflicto. El estigma de "comunista" o de "repúblicas independientes" se aplicó a territorios y a poblaciones civiles enteras consideradas base social de las guerrillas, y sirvió de justificación para nuevas acciones militares en su contra.

La práctica de asesinar campesinos y luego cambiarles la ropa civil por prendas militares, ponerles un arma al lado y fotografiarlos existía en el ejército ya en los años sesenta como mecanismo de descalificación destinado a aislar a las víctimas de la sociedad y a evitar protestas por su muerte. La memoria del país reconocería décadas después una versión más masiva del mismo procedimiento bajo el nombre de falsos positivos, pero la matriz —convertir al muerto en enemigo para justificar retroactivamente su asesinato— era vieja.

En 2001 se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, y en 2003 el Estatuto Antiterrorista. Ambas normas, declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, se apoyaban en la doctrina del enemigo interno e incluían la suspensión de derechos y la criminalización de la protesta social. Su declaratoria de inconstitucionalidad no impidió que su espíritu persistiera en la práctica política. Una observación de época capturaba la profundidad del reflejo: en Colombia persistía la tendencia a rechazar tesis por el solo hecho de ser agitadas por comunistas, en lugar de examinar su veracidad. El anticomunismo no era solo una política; era un modo de pensar que impedía el debate.

Del 11-S al enemigo terrorista

La política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) representó la mutación más reciente de esa gramática. Uribe se negó a reconocer la naturaleza política de las guerrillas y las calificó de "terroristas", rechazando negociar sin cese al fuego unilateral previo. Buscó apoyo político y militar en la administración de George W. Bush, cuya ala más dura mostró afinidad con esa postura. El clima internacional posterior al 11 de septiembre de 2001 facilitó la traducción del viejo lenguaje anticomunista al idioma nuevo del antiterrorismo global, sin necesidad de sustituir sus operaciones concretas: cambiaba el rótulo, se conservaba el dispositivo.

El término "narcoguerrilla", atribuido en algún momento a un embajador estadounidense, sirvió para articular en una sola figura la vieja amenaza subversiva y la nueva emergencia del narcotráfico, borrando de paso cualquier consideración sobre motivación política. Durante los años de la Seguridad Democrática, el gobierno subsumió los temas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en su política de seguridad. En 2003, Uribe acusó a activistas de derechos humanos de ser selectivos en sus principios y de facilitar el terrorismo; en junio de 2004 afirmó que no denunciar a Amnistía Internacional había permitido que esta "legitimara el terrorismo internacionalmente". La estigmatización presidencial de defensores de derechos humanos operó como una autorización pública para el hostigamiento y la persecución.

En paralelo, el aparato de inteligencia del Estado se articuló con las estructuras paramilitares. Jorge Noguera Cote, director del DAS nombrado por Uribe, habría entregado datos secretos y listas de sindicalistas y opositores al comandante paramilitar Jorge 40 para su exterminio, mientras el jefe de informática de la entidad, Rafael García Torres, borraba expedientes de narcoparamilitares. La política de Seguridad Democrática involucró, por primera vez, todo el aparato estatal —no solo las fuerzas militares— en el combate a los grupos armados ilegales; el problema es que la categoría de amenaza incluía, en la práctica, a opositores legales, magistrados, periodistas y sindicalistas. La doctrina del enemigo interno regresaba en su versión más ambiciosa: no un partido, no una región, sino toda una sociedad puesta bajo sospecha.

Una herencia larga

Trazar la línea de casi un siglo del anticomunismo colombiano —del Catecismo político social de 1915 al Estatuto Antiterrorista de 2003— es asistir a la persistencia de una misma gramática bajo lenguajes sucesivos. La estructura de larga duración es católica, hispanista y contrarrevolucionaria; su función es dividir la sociedad entre orden y desorden, entre nación y anti-nación, y proveer justificación moral para la violencia contra quienes ocupen el segundo casillero. Sobre esa base autóctona operaron los grandes injertos externos: la doctrina contrainsurgente estadounidense, la Escuela de las Américas, la Alianza para el Progreso, el Plan Laso, el informe Yarborough. Sin ese andamiaje internacional, la maquinaria represiva colombiana no habría alcanzado la sistematicidad y la escala que tuvo. Sin la gramática local, el andamiaje habría carecido de legitimidad cultural y de cuadros dispuestos a implementarlo con convicción.

De ese ensamblaje resultó una violencia que desbordó con creces cualquier amenaza comunista real. El Partido Comunista Colombiano nunca fue una fuerza electoral significativa, y las guerrillas más grandes del continente occidental —las FARC, el ELN— nunca estuvieron cerca de tomar el poder. Sin embargo, el país produjo un genocidio político, decenas de miles de desaparecidos, millones de desplazados, una legislación de excepción crónica y una infraestructura paramilitar que se convirtió en actor autónomo del conflicto. La desproporción entre la amenaza declarada y la respuesta producida es, quizá, el dato más elocuente. El anticomunismo colombiano no fue una defensa contra un peligro real; fue una forma de gobernar la sociedad, de contener sus demandas de cambio, de acumular tierra y poder, y de disciplinar a quienes se atrevieran a imaginar un orden distinto. Su vigencia se mide menos por la supervivencia de sus consignas explícitas que por la persistencia de sus operaciones —el estigma, la desconfianza institucional hacia la protesta, la sospecha estructural sobre el disidente— en la cultura política colombiana del siglo XXI.