Jesús Armando Arias Cabrales

Un oficial de vocación heredada

Arias Cabrales entró a la Escuela Militar de Cadetes en 1951, con dieciséis o diecisiete años, en una decisión que él mismo describe como una prolongación natural del ambiente familiar: en su casa siempre se habló de la milicia, y esa conversación cotidiana marcó su rumbo. El detalle importa, porque su generación fue la primera de oficiales colombianos formada íntegramente bajo el nuevo paradigma que sustituía la vieja influencia prusiana por la doctrina norteamericana. Los cadetes que ingresaron a comienzos de los cincuenta se entrenaron bajo un modelo cuyo centro de gravedad no era ya la guerra convencional entre Estados, sino la contrainsurgencia: la identificación de un enemigo interno, la guerra irregular, la inteligencia militar como herramienta de combate político.

Ese giro doctrinal —lo que los historiadores del Ejército llaman su norteamericanización— coincidió con el ascenso de la Guerra Fría a la agenda hemisférica. La Escuela de las Américas, con sede entonces en Panamá, formó a oficiales latinoamericanos en una gramática común: teoría económica marxista, estructura y reclutamiento de partidos comunistas, técnicas de interrogatorio, estrategia contrainsurgente. Aprendían al enemigo desde adentro para desarticularlo. En Colombia, esa formación se ancló en una tradición institucional que definía la identidad del cuerpo militar en torno al anticomunismo, y que en las décadas siguientes marcaría carreras enteras.

Arias Cabrales ascendió en ese sistema. Los detalles menores de su hoja de vida —destinaciones intermedias, comandos regionales— aparecen difuminados por la magnitud del episodio que lo consagraría; entre julio de 1985 y julio de 1986 ocupó un cargo dentro del país cuya centralidad quedaría demostrada en noviembre de ese año. En el momento decisivo, era el oficial que dirigía en el terreno la operación de retoma. Cuarenta años de uniforme resumidos en dos días.

El 6 de noviembre y la Casa del Florero

El 6 de noviembre de 1985, cuarenta y un guerrilleros del M-19 al mando de Andrés Almarales y Luis Otero Cifuentes tomaron por asalto el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Retuvieron a magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, empleados, visitantes y trabajadores de la cafetería: más de trescientas personas quedaron en manos del comando. La operación guerrillera —según reconstruiría décadas después Gustavo Petro, entonces militante del grupo— estaba pensada como un acto de presión para forzar la negociación con el presidente Belisario Betancur y llevar a juicio público al Gobierno por el incumplimiento de los acuerdos de paz. El cálculo del M-19 partía del supuesto de que habría diálogo. Fue un cálculo errado.

La respuesta militar fue inmediata y desproporcionada. Tanques Cascabel del Ejército irrumpieron por las puertas del edificio pocas horas después. El operativo lo dirigía y coordinaba el Ejército Nacional, con la participación de otras fuerzas del orden. Arias Cabrales, con su rango de general y su papel de mando central, estableció su cuartel a menos de cien metros del Palacio en llamas: en el Museo de la Casa del Florero, la casa colonial donde, según la tradición, comenzó la independencia de Colombia el 20 de julio de 1810. Desde allí se dictaron las órdenes que sellaron el desenlace.

En ese cuartel improvisado convergieron los mandos que decidieron la operación en el terreno. Junto a Arias Cabrales operaba el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe de Inteligencia Militar del B-1, y el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería de Usaquén, cuya frase televisada —"aquí, defendiendo la democracia, maestro"— quedó como imagen icónica del operativo. Los tres, entre otros oficiales, manejaban desde la Casa del Florero una lista de personas sospechosas de colaborar con el M-19 o de intentar escapar entre los rescatados. La Inteligencia Militar hacía allí un trabajo específico: identificar entre los sobrevivientes a posibles guerrilleros disfrazados de civiles y a colaboradores que hubieran facilitado la toma desde adentro.

Los trabajadores de la cafetería del Palacio fueron colocados en esa lista. Se sospechó que alimentos y bebidas habían servido de cobertura para introducir armas en las semanas previas. La sospecha, nunca probada judicialmente contra las víctimas, sirvió como fundamento operativo para lo que vino después.

"Apurar y acabar con todo"

Dos frases atribuidas a Arias Cabrales durante aquellas horas son hoy parte del expediente histórico: "estamos jugando contra el tiempo" y "por favor, apurar y acabar con todo". La Comisión de la Verdad, décadas después, concluyó que el propósito de la operación militar de retoma fue el exterminio del comando guerrillero del M-19 a cualquier costo. No es una lectura marginal ni un cargo panfletario: es el resultado de años de investigación sobre las comunicaciones, las decisiones y los efectos del operativo.

Un episodio ilumina esa lógica con particular crudeza. El doctor Martínez Sáenz, jefe del Socorro Nacional de la Cruz Roja, se presentó en la Casa del Florero con el mandato de ingresar al Palacio para atender a heridos y facilitar la evacuación de rehenes. Fue retenido allí durante más de tres horas, sin que se le permitiera avanzar. Su presencia hubiera interferido con la orden perentoria transmitida a Arias Cabrales. La Cruz Roja —el símbolo mismo del derecho humanitario en la guerra— quedó neutralizada en la antesala del edificio en llamas.

La operación se saldó con la muerte de la mayoría de los guerrilleros, incluidos Almarales y Otero, y con la de once magistrados de la Corte Suprema entre los que estaba su presidente, Alfonso Reyes Echandía —quien alcanzó a pedir por radio, en las primeras horas, un cese al fuego que nunca llegó—, y Manuel Gaona Cruz. Alrededor de cien personas murieron en total. El Palacio ardió, y con él ardieron expedientes judiciales, entre ellos los procesos de extradición de narcotraficantes que la Corte revisaba en ese momento, coincidencia que alimentaría durante décadas la sospecha de una alianza velada entre el M-19 y el Cartel de Medellín para consumar la toma.

Betancur, el Ejército y la zona gris del mando

La pregunta que atraviesa la retoma —y con ella la responsabilidad de Arias Cabrales— es hasta dónde el operativo militar respondió a órdenes del poder civil y hasta dónde fue una operación autónoma del Ejército. La respuesta no es simple.

Por un lado, el entonces ministro de Gobierno Jaime Castro sostuvo que Betancur tomó durante la crisis tres decisiones grandes: enviar al Batallón Guardia Presidencial, no negociar con el M-19 y no hablar directamente con el magistrado Reyes Echandía cuando este pidió por radio detener la operación. En esa versión, el presidente conservó el mando político. Un testimonio posterior recogido por la Comisión de la Verdad matizó ese cuadro: Betancur habría distinguido entre "no negociar" y "sí dialogar", proponiendo condiciones para que el M-19 desocupara el edificio, liberara rehenes y saliera al exterior sin pago de dinero. Un cable de la embajada estadounidense fechado en noviembre de 1985 registra que la llamada del M-19 pidiendo la mediación de Jaime Betancur, hermano del presidente, solo reafirmó la decisión personal y política del mandatario de actuar con fuerza y no dar la impresión de negociar con terroristas.

Por otro lado, análisis posteriores —el del sociólogo Nazih Richani entre ellos— sostienen que no fue el presidente quien ordenó el ataque y el desenlace, y que la retoma se aproximó a un cuasi-golpe de Estado: los militares recuperaron terreno en la definición de la política de defensa y seguridad, y enterraron la iniciativa de paz que Betancur había impulsado desde el inicio de su mandato. La tensión previa entre el presidente y generales como Fernando Landazábal y Miguel Vega Uribe —incómodos con la lógica negociadora del Gobierno y críticos abiertos de la tregua con las guerrillas— daba fondo estructural a esa lectura. Años después, Juan Manuel Santos defendería públicamente a Betancur desde los editoriales de El Tiempo con un argumento revelador: que los militares no le "copiaron" sus instrucciones. La defensa, involuntariamente, admitía la falla del control civil.

La lectura más honesta del episodio no elige entre las dos versiones: las integra. Betancur fijó el objetivo político —no negociar, recuperar el Palacio— y delegó su ejecución en un Ejército formado durante décadas en la doctrina de seguridad nacional, blindado por el fuero militar y acostumbrado a operar bajo estado de sitio con relativa autonomía respecto del poder civil. Los mandos, encabezados por Arias Cabrales, llenaron ese mandato político con métodos de exterminio y desaparición que el presidente no ordenó explícitamente, pero tampoco impidió. La autonomía militar operó en una zona gris de delegación, no en oposición frontal al Estado. Arias Cabrales no fue un oficial rebelde: fue un oficial que actuó dentro del margen que el sistema le entregaba.

Los desaparecidos de la Casa del Florero

El horror del 6 y 7 de noviembre no terminó cuando cesaron los disparos. Comenzó, para varios sobrevivientes, cuando salieron con vida del edificio.

Empleados de la cafetería, visitantes ocasionales, personas que trabajaban en el Palacio fueron evacuados y trasladados a la Casa del Florero. Allí, bajo la coordinación de Sánchez Rubiano y la mirada del cuartel de mando de Arias Cabrales, la Inteligencia Militar procedió a identificarlos. A varios los separaron del resto. El administrador de la cafetería y otros trabajadores fueron detenidos bajo custodia de la fuerza pública. Nunca volvieron a aparecer con vida.

Los sobrevivientes seleccionados fueron trasladados a instalaciones militares, entre ellas las del Cantón Norte —la misma guarnición donde décadas después Arias Cabrales cumpliría su condena—. Allí fueron sometidos a torturas. Varios fueron desaparecidos. Otros, ejecutados extrajudicialmente. La Comisión de la Verdad estableció la responsabilidad del Estado colombiano por las desapariciones, torturas y ejecuciones de personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, y encontró indicios de un operativo prediseñado, no una serie de decisiones improvisadas por oficiales aislados. La lógica que había ordenado "acabar con todo" durante la retoma continuó operando después, sobre cuerpos ya rendidos.

Algunas versiones acusatorias han señalado que en la Casa del Florero se prepararon canecas con ácido para disolver los cuerpos de quienes no resistieran los interrogatorios, y que la orden de torturar habría venido del ministro de Defensa Rafael Samudio Molina y del coronel Plazas Vega. Estas afirmaciones, de carácter marcadamente acusatorio y no corroboradas de manera independiente, deben leerse con cautela. Lo que sí está fuera de discusión, porque lo estableció la justicia colombiana y lo confirmó la Comisión de la Verdad, es que hubo desapariciones forzadas, y que Arias Cabrales fue uno de los responsables por acción y omisión desde su cuartel a cien metros del Palacio.

Cuarenta años después, cinco de esas desapariciones seguían sin esclarecimiento pleno. Familias de víctimas todavía reclamaban indemnizaciones no pagadas.

Doctrina, no desviación

La tentación fácil ante Arias Cabrales es leerlo como un individuo desviado, un oficial que rompió con el marco institucional. La lectura no resiste el material. Lo que hizo aquellos dos días en Bogotá fue aplicar, con eficiencia técnica y con el vocabulario operativo de su generación, la doctrina en la que se había formado desde 1951.

La doctrina de seguridad nacional —traducida en Colombia primero por el estamento castrense y luego canalizada institucionalmente por instrumentos como el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay— definía al enemigo interno como cualquier persona o grupo sospechoso de simpatizar con el comunismo o de no adherirse a las políticas de seguridad del Estado. No era una definición jurídica: era una categoría operativa que ampliaba el blanco militar mucho más allá de los combatientes armados. Sindicalistas, líderes campesinos, estudiantes, sacerdotes, abogados de derechos humanos, empleados de cafetería sospechosos de haber colaborado con guerrilleros: todos podían caer, y de hecho cayeron, bajo la mira de esa categoría.

La doctrina prescribía además una "guerra total" que convertía en frente de combate todos los espacios de la vida nacional: el económico, el sindical, el religioso, el psicológico. La destrucción del enemigo se erigía en fin supremo del Estado, y la proporcionalidad entre medios y fines quedaba subordinada a esa meta. En ese marco mental, "acabar con todo" no era una improvisación brutal: era una expresión operativa coherente con la doctrina aprendida.

Las técnicas asociadas a esa doctrina en América Latina —detenciones indiscriminadas, allanamientos, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales— fueron sistemáticamente empleadas por regímenes militares y por sectores de los ejércitos en democracias formales. El sociólogo Daniel Feirstein las ha descrito como características de toda la región. En Colombia, donde no hubo dictadura militar prolongada, la doctrina se ejerció a través de un aparato castrense que operaba con relativa autonomía bajo estados de sitio recurrentes y con la protección del fuero militar. La corriente institucional cuya identidad se había construido en torno al anticomunismo identificó a la Unión Patriótica —el partido nacido del acuerdo entre las FARC y el Gobierno en 1985— como enemigo desde su misma fundación. El exterminio de más de tres mil de sus militantes en las dos décadas siguientes fue la traducción sistemática de esa categoría.

Arias Cabrales pertenece a esa generación y a esa institución. Su condena por desaparición forzada no lo separa del cuerpo del que provino: lo revela.

La condena, la excepción y el patrón

En 2011, la justicia ordinaria colombiana condenó a Arias Cabrales a 35 años de prisión por la desaparición forzada de cinco de las víctimas de la retoma. La condena quedó en firme. Al momento de recientes entrevistas —una de ellas realizada por el periodista Martín Nova— el general cumplía la pena en el Cantón Norte, la misma guarnición donde décadas antes se habían decidido operaciones que marcaron el conflicto armado y donde algunos de los sobrevivientes del Palacio habrían sido llevados en noviembre de 1985.

La significación de esa condena solo se aprecia en contraste. El coronel Alfonso Plazas Vega, condenado en 2010 a 30 años por la desaparición forzada de Irma Franco —guerrillera del M-19 sobreviviente del Palacio— y Carlos Rodríguez Vera —administrador de la cafetería—, vio revocada su sentencia por la Corte Suprema de Justicia en 2015. Salió en libertad tras ocho años de prisión. La revocatoria dejó el proceso judicial del Palacio en una asimetría chirriante: el general condenado sigue preso, el coronel absuelto está libre, y la cadena de mando efectiva —incluidos ministros de Defensa y otros oficiales superiores— no fue procesada.

Más elocuente aún es el caso del general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar. Como comandante de la Novena Brigada, sus tropas fueron señaladas como presuntas autoras de al menos setenta y cinco ejecuciones extrajudiciales —los llamados "falsos positivos"—, uno de los niveles más altos de cualquier unidad militar en Colombia. Lasprilla no fue procesado judicialmente por ninguno de esos asesinatos. Ascendió. En febrero de 2014 fue nombrado comandante del Ejército. La brecha entre presunta responsabilidad de mando y procesamiento efectivo se hizo institución.

Ese patrón —fuero militar, jurisdicción penal castrense investigándose a sí misma, impunidad sistémica— tiene una historia jurídica precisa. Hasta 1987, el Tribunal Disciplinario fue el órgano encargado de dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción militar y la ordinaria cuando se investigaban delitos cometidos por militares. En una sentencia del 20 de mayo de 1983, ese Tribunal interpretó que los militares en servicio activo estaban prestando su servicio permanentemente, y por tanto todo delito que cometieran caía bajo el fuero castrense. La consecuencia fue previsible: militares señalados por la Procuraduría como presuntos responsables de asesinatos y actividades paramilitares terminaron siendo investigados por sus propios pares. La Comisión Andina de Juristas lo documentó en 1990: la jurisdicción penal militar mostró serias limitaciones frente a graves violaciones de derechos humanos. En 1987 la competencia fue trasladada a la Corte Suprema, pero para entonces el daño estructural ya estaba hecho, y el espíritu de cuerpo del estamento castrense siguió operando en la práctica.

La condena de Arias Cabrales es, en ese cuadro, una excepción. No una prueba de que el Estado de Derecho venció a la impunidad, sino la anomalía que confirma la regla. El sistema alcanzó a este oficial por la combinación excepcional de tres factores: la magnitud simbólica del Palacio de Justicia como blanco, la persistencia de las familias de las víctimas durante más de dos décadas, y el papel de organismos internacionales de derechos humanos que documentaron las desapariciones cuando la justicia colombiana aún no las procesaba. Sin esa concurrencia, Arias Cabrales probablemente habría envejecido en la sombra tranquila que rodeó a otros mandos.

Después del uniforme

Arias Cabrales terminó su carrera militar en 1989 como comandante del Ejército, la cúspide institucional. Aquella promoción, cuatro años después del Palacio, es en sí misma un dato: mientras las investigaciones sobre los desaparecidos apenas comenzaban, el oficial que había dirigido la retoma coronó el escalafón. Entre agosto de 1989 y agosto de 1991 ocupó puestos diplomático-militares en el exterior: asesor principal de la delegación colombiana ante la Junta Interamericana de Defensa, agregado militar de la Embajada de Colombia en Estados Unidos y Canadá, y jefe de estudios del Colegio Interamericano de Defensa. La circulación por instituciones hemisféricas de la seguridad —herederas directas del entramado que en las décadas anteriores había formado la doctrina en la que se educó— fue el epílogo natural de una carrera formada en esa misma matriz.

Entre 1991 y la sentencia de 2011, Arias Cabrales fue un oficial retirado como muchos otros: presente en la memoria pública sobre todo por el episodio del Palacio, pero sin la carga judicial que llegaría después. Los procesos por las desapariciones forzadas avanzaron lentamente, sostenidos por las familias de las víctimas, por organizaciones de derechos humanos y por la creciente presión internacional. Cuando la Fiscalía colombiana finalmente lo llevó a juicio, el país había cambiado: la Constitución de 1991, la firma del proceso de paz con las FARC en 2016, la instalación de una Comisión de la Verdad. Arias Cabrales era ya, cuando lo condenaron, un símbolo tanto como un procesado.

En la reclusión, ha ofrecido entrevistas. Habla de su vocación heredada, de los cuarenta años de uniforme, de una carrera que llevó a un adolescente de dieciséis años desde la Escuela Militar de Cadetes hasta el despacho del comandante del Ejército. Sostiene su inocencia. La versión que ofrece de sí mismo es la del soldado que cumplió con su deber en un momento crítico de la Nación. Esa versión choca frontalmente con las conclusiones de la Comisión de la Verdad y con la sentencia judicial en firme.

Un prisma para leer el conflicto

La biografía de Arias Cabrales no cabe en las categorías cómodas. No es un dictador latinoamericano ni un oficial marginal: es un general que hizo carrera dentro de una democracia formal, que sirvió bajo cinco presidentes elegidos, que dirigió una operación militar respaldada por decisión política del jefe de Estado, y que terminó condenado por delitos cometidos durante esa misma operación.

Su caso ilumina —más que ningún otro— la textura específica del conflicto armado colombiano en los años ochenta. Una democracia con elecciones regulares y prensa relativamente libre, pero con Fuerzas Militares que operaban bajo doctrina contrainsurgente heredada de la Guerra Fría, protegidas por fuero castrense, con autonomía operativa amplia bajo estados de sitio recurrentes. Un poder civil que dio la orden política pero cedió el terreno operativo. Un aparato de inteligencia que categorizó a civiles como enemigos internos y los desapareció con métodos aprendidos en la Escuela de las Américas y en los manuales que circulaban entre generaciones de oficiales.

Que un general condenado por desaparición forzada cumpla condena en la misma guarnición donde algunas de sus víctimas fueron torturadas es una figura que ninguna novela habría inventado. Que la mayoría de sus pares en cadenas de mando análogas nunca hayan sido procesados, y que uno de ellos haya ascendido a la comandancia del Ejército mientras cargaba la sospecha de setenta y cinco ejecuciones extrajudiciales, es la medida real del Estado de Derecho colombiano frente al aparato militar. Arias Cabrales es la excepción; Lasprilla es la regla.

El país que reclama, cuarenta años después, cinco desaparecidos del Palacio de Justicia todavía sin esclarecimiento pleno, es el mismo que produjo a Arias Cabrales y que —parcialmente, incompletamente, tardíamente— lo juzgó. Entre esas dos verdades, la de la doctrina que lo formó y la de la sentencia que lo condenó, se escribe todavía la relación no resuelta de Colombia con las armas de su propio Estado.