Alfonso Reyes Echandía

El jurista que llegó a la cima

Reyes Echandía pertenecía a esa generación de abogados boyacenses que hicieron carrera moviéndose entre el aula, la cátedra y la magistratura, sin renunciar nunca a ninguna de las tres. Cuando fue elegido presidente de la Corte Suprema era ya, para el gremio, la máxima autoridad viva en derecho penal en Colombia: había sido rector de la Universidad Externado de Colombia, director de su Departamento de Derecho Penal y, en la especialización que allí se dictaba, sus discípulos lo consideraban el mejor profesor. Quienes tomaron sus clases en esos años lo recordaban como un maestro exigente, capaz de explicar las categorías más abstractas de la dogmática con una claridad que hacía pensar que la teoría del delito era una cuestión de sentido común.

Esa acumulación —rector, director de departamento, magistrado, presidente— no fue una escalera de honores sino una biografía coherente. Reyes Echandía no cambiaba de campo cuando cambiaba de cargo: llevaba el rigor del salón de clase al expediente y traía las tensiones del expediente al salón de clase. Cuando el M-19 entró al Palacio de Justicia, la Corte estaba presidida por el jurista que probablemente había formado a buena parte de los penalistas del país. Ese detalle —doloroso, ineludible— explica por qué su muerte fue leída, dentro y fuera de la profesión, no como la de un magistrado más sino como una decapitación intelectual.

Tunja, el Externado y la doctrina

Reyes Echandía nació en Tunja en 1932, en una Boyacá todavía marcada por el bipartidismo rural y por una tradición jurídica que combinaba positivismo, catolicismo y una cierta austeridad andina. Cursó derecho y encaminó su vida académica hacia el Externado de Colombia, universidad de tradición liberal y radical fundada en 1886, que en la segunda mitad del siglo XX se había convertido en el gran laboratorio del derecho público y penal en el país.

En el Externado hizo la carrera completa. Primero como profesor de derecho penal, luego como director del Departamento —cargo desde el cual moldeó los planes de estudio y la orientación doctrinal de una escuela— y finalmente como rector, la máxima responsabilidad institucional de la universidad. La especialización en derecho penal, en cuyos claustros él enseñó, formó a magistrados, fiscales, litigantes y académicos durante décadas; era, en la práctica, uno de los espacios donde se decidía qué se entendía por delito, culpabilidad y pena en Colombia.

Reyes Echandía perteneció a la corriente que introdujo en el país las categorías de la dogmática penal alemana e italiana, con un acento garantista que privilegiaba la certeza jurídica, la tipicidad estricta y los límites del poder punitivo. En un país donde la respuesta habitual a la violencia era el estado de sitio, esa opción no era neutral: significaba insistir en que el derecho penal era un instrumento técnico, no una herramienta política, y que la Constitución fijaba fronteras que ni la guerra ni el pánico podían borrar. Esa convicción explicaría, años más tarde, la manera en que la Corte que él presidía enfrentaría el pulso con el narcotráfico y con el Ejecutivo.

De la cátedra a la Sala Penal

El paso a la Corte Suprema se hizo por la puerta natural: la Sala Penal, donde su autoridad doctrinal era indiscutida. Ser magistrado de esa Sala en los años setenta y ochenta significaba resolver los casos más políticamente cargados del país —los procesos por rebelión, los delitos contra el régimen constitucional, las controversias por estados de sitio, la aplicación de las normas antinarcóticos—, en un contexto donde la frontera entre justicia y guerra se volvía cada vez más porosa.

Fue en ese tránsito de la Sala Penal a la presidencia de la Corte donde Reyes Echandía consolidó su perfil de magistrado técnico, celoso de las formas y reticente a que la jurisdicción se dejara arrastrar por las urgencias del Ejecutivo o por las presiones del momento. Cuando en 1985 asumió la presidencia de la corporación, lo hizo con el capital simbólico de un hombre que había escrito los libros que sus colegas citaban y había enseñado a muchos de ellos.

La Corte que le tocó presidir no era un cuerpo homogéneo: convivían magistrados de todas las escuelas y filiaciones partidistas, y cada Sala tenía sus tensiones. Pero en al menos un asunto la corporación había fijado una posición institucional firme: la extradición.

La Corte y la extradición

El tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos había sido firmado en 1979 y había entrado en vigencia en marzo de 1982. Su objeto declarado era permitir el envío a territorio estadounidense de nacionales colombianos requeridos por delitos federales, en particular narcotráfico. Desde su vigencia, el tratado se convirtió en el centro nervioso de la relación entre el Estado colombiano y el cartel de Medellín encabezado por Pablo Escobar: para los capos era, literalmente, cuestión de vida o extradición, y desde entonces libraron una guerra explícita contra la posibilidad de ser juzgados en Estados Unidos.

El diseño institucional colombiano hacía que el proceso de extradición requiriera un concepto previo no vinculante de la Procuraduría y el visto bueno de la Corte Suprema, siendo la decisión final competencia del Ejecutivo. La Corte era, por tanto, un filtro obligatorio. Y la Corte que presidía Reyes Echandía se había resistido a tumbar el tratado: dictó varias veces auto inhibitorio ante las demandas de inconstitucionalidad que buscaban dejarlo sin efecto. No era una defensa entusiasta —el gobierno colombiano tampoco mostraba particular interés en aplicarlo—, sino una posición jurídica que sostenía la validez del instrumento internacional.

Esa resistencia tuvo consecuencias. Para Pablo Escobar y los llamados extraditables, la Corte era un obstáculo con nombre y apellido, y sus magistrados eran identificados uno por uno según cómo votaran. El narcotráfico, que en los años ochenta se convirtió en el actor más violento contra el sistema judicial, asesinó a funcionarios que se atrevieron a investigarlo y desplegó una guerra sistemática de intimidación, cooptación y asedio contra operadores judiciales. La Corte de Reyes Echandía estaba, sin proponérselo del todo, en el ojo de ese huracán.

Que el cartel identificara a los magistrados favorables al tratado como blancos específicos se acreditó cuando Escobar ofreció financiar la toma del Palacio de Justicia al M-19 con dos condiciones: que dos de sus hombres acompañaran a los guerrilleros para quemar los archivos de la Corte relativos a la extradición y para asesinar a los magistrados que apoyaban el tratado. Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina, los líderes del M-19, rechazaron la exigencia; pero Iván Marino aceptó los dos millones de dólares que Escobar ofrecía. Los testigos de esas reuniones nunca escucharon a los guerrilleros comprometerse con quemar archivos ni con asesinar magistrados. La relación exacta entre el dinero aceptado y esas tareas quedó, en la memoria del episodio, en una zona gris que ni las víctimas pudieron aclarar después.

Presidente de la Corte en 1985

Cuando Reyes Echandía asumió la presidencia de la Corte, Colombia atravesaba uno de los momentos más densos de su historia reciente. El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) había impulsado el primer gran proceso de diálogo con las guerrillas, en un contexto en el que el narcotráfico había multiplicado los ingresos de los grupos armados y propiciado su fortalecimiento. Los ceses al fuego y las mesas de negociación convivían con hostigamientos militares en el campo y con una guerra sucia contra líderes sociales y políticos legales.

El M-19, guerrilla urbana surgida de la izquierda nacionalista, había firmado con Betancur un acuerdo de tregua que se rompió en junio de 1985 en medio de un persistente acoso militar y de enfrentamientos que ninguno de los dos lados quiso o pudo evitar. La ruptura dejó al movimiento en una posición estratégica delicada: había perdido la legitimidad del interlocutor de paz sin haber recuperado la capacidad militar del guerrero.

Fue en ese estado —fragmentado, hostigado, urgido de una operación espectacular que reposicionara al movimiento en la política nacional— cuando el M-19 concibió la idea de tomarse el Palacio de Justicia. El plan, según sus propios voceros, era persuadir a los magistrados para que constituyeran un tribunal y juzgaran al gobierno de Betancur por el incumplimiento de las promesas de paz, desacreditándolo ante el país. Un juicio simbólico, mediático, sostenido con las armas.

Reyes Echandía no formaba parte de ese cálculo. Los magistrados eran, en la lógica de los guerrilleros, jueces potenciales de Betancur; en la práctica, se convirtieron en rehenes. Y el presidente de la Corte, por su cargo, era el interlocutor natural para cualquier gestión con el gobierno.

La Plaza de Bolívar

El Palacio de Justicia en el que Reyes Echandía trabajaba no era un edificio antiguo. La estructura original, de carácter decimonónico, había sido destruida por el incendio del 9 de abril de 1948, cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán detonó El Bogotazo. La reconstrucción posterior levantó, sobre la Plaza de Bolívar y frente al Capitolio, la sede unificada de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Sobre el portal de la fachada, en piedra, quedó grabada la frase del general Francisco de Paula Santander: «Colombianos: las armas os han dado la independencia. Las leyes os darán la libertad». La ironía de esa inscripción se volvería, apenas cuatro décadas después, insoportable.

El 6 de noviembre de 1985, a las once y media de la mañana, un comando del M-19 dirigido por Luis Otero Cifuentes y Andrés Almarales ingresó por la puerta de vehículos del sótano en un camión y por la puerta principal en pequeños grupos armados. En minutos controlaron el edificio y tomaron como rehenes a cientos de civiles, entre ellos a la mayor parte de los miembros de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Reyes Echandía estaba entre ellos.

La fuerza pública contaba con información previa. Un anónimo había alertado sobre posibles planes de incursión del M-19 al Palacio, y se habían tomado disposiciones para estar preparada. No lo estaba. La toma se consumó sin resistencia efectiva, en lo que constituyó una grave torpeza operativa cuyas responsabilidades nunca se aclararon del todo.

Las llamadas que no fueron

Betancur tomó, durante las primeras horas de la crisis, tres decisiones de fondo: enviar al Batallón Guardia Presidencial y a las unidades militares del Cantón Norte a retomar el edificio, no negociar con el M-19, y no hablar directamente con Reyes Echandía. La distinción oficial que el gobierno enarboló fue entre «no negociar» y «sí dialogar»: las condiciones ofrecidas al M-19 eran que entregara el Palacio, liberara a los rehenes y, si lo deseaba, pudiera salir al exterior en avión, sin recibir dinero. Un funcionario del gobierno evocó como referencia el precedente de la toma de la Embajada de República Dominicana durante el gobierno Turbay, en 1980, donde se negoció la salida al exterior de los guerrilleros. Pero Betancur decidió que esta vez no habría negociación formal.

La llamada de Reyes Echandía —o, más exactamente, la llamada que el presidente de la Corte intentó hacer desde adentro del Palacio para pedirle a Betancur que detuviera el ataque militar y buscara una salida negociada— no fue atendida. Fue la decisión política más polémica de esas cuarenta y ocho horas: el jefe de una de las tres ramas del poder público, acorralado en su propia sede, no logró que el jefe de otra rama tomara el teléfono. En radios y transistores, buena parte del país escuchó a Reyes Echandía pidiendo el cese al fuego. La respuesta del gobierno fue el silencio institucional.

El 7 de noviembre, el M-19 llamó a Betancur para pedirle que enviara a su hermano Jaime Betancur —quien había estado entre los primeros rescatados y había sido víctima de secuestro por el propio M-19 dos años antes— de regreso al Palacio como mediador. Esa llamada no tuvo efecto. Habría contribuido, más bien, a reafirmar la decisión presidencial de actuar con fuerza en vez de dar siquiera la impresión de negociar con terroristas. Es una interpretación, no un hecho documentado; pero se ajusta al patrón de conducta que el gobierno mantuvo hasta el final.

Quién retomó el Palacio

La retoma no fue una operación del gobierno civil. No fue el presidente Betancur quien ordenó el ataque militar sobre el Palacio; las Fuerzas Armadas manejaron la operación con una autonomía que constituyó, en la práctica, un cuasi-golpe de Estado en materia de conducción de la crisis. Ese margen les permitió recuperar el control sobre las políticas de defensa y seguridad que la iniciativa de paz de Betancur les había disputado. Cuánto sabía el presidente en tiempo real, qué le informaron los altos mandos y qué no, es un asunto donde la reconstrucción histórica se topa con silencios deliberados.

La contraofensiva fue a gran escala: tanques Cascabel entrando por la fachada, disparos de cañón contra las paredes de la Corte, incendio en el edificio, humo por la Plaza de Bolívar. En comunicaciones de radio registradas durante la retoma, una voz no identificada afirmó que el magistrado Reyes Echandía, presidente de la Corte, había sido muerto por los guerrilleros. La frase quedó grabada, se filtró después y se convirtió en uno de los documentos más discutidos de esas horas: no hay confirmación adicional por parte de magistrados evacuados en los términos citados, y el momento y las circunstancias precisas de su muerte permanecen envueltos en las brumas del combate.

Lo que sí consta es el saldo. Once magistrados de la Corte Suprema murieron —entre ellos Reyes Echandía, Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano Abadía, Alfonso Patiño Rosselli y Darío Velásquez Gaviria—, la mayor parte del edificio quedó en ruinas o calcinada, prácticamente todos los guerrilleros del M-19 que participaron en la toma resultaron muertos, y decenas de civiles perdieron la vida o desaparecieron. Empleados de la cafetería sospechosos de colaborar con el M-19 habrían sido trasladados tras su rescate a instalaciones militares, donde presuntamente fueron sometidos a detención arbitraria y a violaciones de sus derechos. Los detalles precisos de esos traslados —el destino final de varios de esos empleados— siguen siendo materia de investigación judicial y de dolor familiar.

Durante la retoma, los militares evacuaron a treinta y un individuos del cuarto piso, entre ellos cinco magistrados, y hallaron a siete guerrilleros muertos en ese sector. Reyes Echandía no estaba entre los evacuados vivos.

Tres voluntades, un cadáver

La muerte de Reyes Echandía es imposible de explicar apelando a un solo culpable. Lo mataron balas —¿de quién?— en medio de un combate que él no eligió ni pudo detener. Pero llegar a ese instante final requirió la convergencia de tres decisiones tomadas por actores distintos, con lógicas distintas, sin coordinación explícita entre sí.

La primera fue la del M-19: tomarse por asalto el edificio de la Corte, retener como rehenes a sus magistrados y a cientos de civiles, y sostener la ocupación con las armas. Fueron los guerrilleros quienes convirtieron el Palacio en un campo de batalla, y esa responsabilidad no admite matices. Sin la toma no hay muertos.

La segunda fue la del alto mando militar: conducir la retoma con autonomía respecto al mando civil, priorizar la recuperación del edificio sobre la vida de los rehenes, y desplegar una fuerza que la propia magnitud del combate convertía en verdugo colectivo. El Palacio no cayó porque el Ejército lo asaltó sin negociación previa ni contención táctica que permitiera la evacuación de los magistrados.

La tercera fue la de Betancur: no negociar, no hablar con Reyes Echandía, no ordenar la suspensión del ataque cuando el propio presidente de la Corte se lo pidió por radio. La decisión de no ceder ante el M-19 podía tener fundamentos políticos legítimos —evitar el chantaje armado, no premiar la toma de rehenes—; su costo humano fue el sacrificio de la magistratura.

Ninguna de las tres voluntades ordenó matar a Reyes Echandía. Ninguna de las tres, por sí sola, basta para explicar su muerte. Pero su confluencia convierte al Estado colombiano en corresponsable activo, no en víctima pasiva, del aniquilamiento de la Corte que él presidía. Esa distinción —Estado corresponsable y no simplemente Estado agredido— es la que permite entender por qué el episodio del Palacio de Justicia se convirtió, en la memoria pública, en la herida moral más honda del conflicto armado colombiano.

La Corte que vino después

Los efectos institucionales del exterminio de la Corte fueron inmediatos y precisos. La corporación fue reconstituida en diciembre de 1986, aproximadamente un año después de la toma. Y esa nueva Corte, integrada por magistrados que habían visto lo que le pasó a sus antecesores, hizo en pocos meses lo que la Corte de Reyes Echandía se había negado a hacer durante años: declaró inconstitucional el tratado de extradición con Estados Unidos.

El argumento fue jurídicamente débil hasta el bochorno: la ley aprobatoria del tratado había sido firmada por Germán Zea, ministro delegatario en funciones presidenciales, lo que —según la nueva Corte— implicaba una delegación indebida del manejo de las relaciones internacionales, competencia intransferible del presidente titular. La calificación de «peregrino» que este argumento ha recibido en la literatura histórica no es una hipérbole: es una descripción técnica. Ninguna disposición constitucional prohibía la firma del ministro delegatario en el ejercicio ordinario del cargo. La Corte podía haber convalidado el tratado sin esfuerzo; eligió no hacerlo.

La coincidencia entre la voluntad declarada de Pablo Escobar en 1985 —eliminar a los magistrados favorables a la extradición, destruir los archivos, tumbar el tratado— y el resultado objetivo de la secuencia toma-retoma-nueva Corte es demasiado exacta para ignorarla. El M-19 rechazó explícitamente hacer el trabajo del cartel; pero el cartel obtuvo, sin embargo, lo que quería. Los archivos ardieron con el edificio, los magistrados incómodos murieron, y la Corte reemplazante entendió el mensaje sin necesidad de que nadie se lo dictara. Esa es, tal vez, la lección más amarga del episodio: no hace falta una conspiración para que se cumpla un designio; basta con que las estructuras del terror y de la política produzcan, cada una por su cuenta, el resultado que a un tercer actor le conviene.

Legado: la sombra larga

De Reyes Echandía quedan, ante todo, sus libros y sus discípulos. La dogmática penal colombiana del último medio siglo lleva su marca en los manuales, en las sentencias de casación, en las categorías con las que los tribunales todavía deciden qué es delito y qué no. Yesid Reyes Alvarado, su hijo, siguió sus pasos en la academia penal y ejerció como ministro de Justicia; en él y en varias generaciones de juristas formadas por su obra continúa una línea genealógica que la bomba y la bala de noviembre de 1985 no lograron cortar.

Queda también su figura como referente institucional. Reyes Echandía es, en la iconografía cívica colombiana, el rostro del magistrado abandonado por su Estado: el hombre que pidió, por radio y en directo, que su gobierno detuviera el ataque; el hombre a cuya llamada no se contestó. Su nombre aparece grabado en el homenaje que la Corte Suprema y el Externado le rinden, en las promociones de graduados que llevan su epónimo, en las bibliotecas jurídicas que catalogan su obra completa. Es una memoria doble: la del jurista mayor y la del muerto emblemático.

Y queda, sobre todo, la pregunta que su asesinato dejó abierta y que Colombia no ha terminado de responder: qué debe hacer un Estado democrático cuando el precio de no negociar con quienes atacan sus instituciones es la muerte de quienes las encarnan. La respuesta que el gobierno de Betancur dio en noviembre de 1985 fue firme, ejecutada por otros y contada después con las palabras que se le pudieron encontrar. Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, fue el precio de esa firmeza y, al mismo tiempo, su denuncia más elocuente.