La toma y retoma del Palacio de Justicia (1985)

¿Por qué el Palacio de Justicia sigue sin cerrarse, cuarenta años después?

El 6 y 7 de noviembre de 1985, treinta y cinco guerrilleros del M-19 y un centenar de rehenes murieron dentro del Palacio de Justicia de Bogotá, sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, sobre el costado norte de la Plaza de Bolívar y frente al Palacio de Nariño. Entre los muertos había once magistrados de la Corte Suprema, incluido su presidente Alfonso Reyes Echandía; entre los desaparecidos, al menos once personas sacadas con vida del edificio y llevadas a la vecina Casa del Florero, varias de las cuales nunca reaparecieron. El operativo, bautizado por el M-19 Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, había sido diseñado para forzar un juicio político al presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz; terminó como la mayor masacre judicial de la historia colombiana y como el episodio que, cuarenta años después, sigue produciendo condenas, absoluciones y reaperturas. La pregunta no es qué ocurrió —eso está establecido en lo fundamental—, sino por qué ocurrió con esa forma y por qué no cierra.

Qué se juega en preguntarlo

La versión más difundida durante décadas fue lineal y tranquilizadora: una guerrilla urbana asaltó el máximo tribunal de la República, el Ejército recuperó el edificio cumpliendo su deber constitucional, murieron rehenes en el fuego cruzado, el país lamentó una tragedia. Esa versión sobrevivió mientras cada una de las tres agencias implicadas —M-19, Cartel de Medellín y aparato militar— fue leída por separado, como si sus lógicas no se hubieran cruzado.

Preguntar hoy por el Palacio es negarse a esa separación. Es examinar si la toma fue una acción política del M-19 que desbordó su cálculo, un narcoasalto encargado por Pablo Escobar Gaviria para quemar los expedientes de extradición, o el desenlace de una doctrina militar que privilegió la aniquilación sobre la vida de los rehenes; y examinar, sobre todo, por qué el sistema judicial colombiano no pudo o no quiso decidir entre esas hipótesis durante más de dos décadas. Lo que se juega no es la reconstrucción de dos días de noviembre: es la porosidad del Estado colombiano en los años ochenta, los límites de la política armada como espectáculo y la capacidad del país para producir verdad sobre su propia violencia.

Los términos del debate

Tres relatos han competido por explicar el Palacio, y cada uno tiene sostén documental serio.

El relato insurgente-político describe la toma como el desenlace lógico de una tregua rota. En marzo de 1984, las FARC habían firmado con el gobierno de Betancur los Acuerdos de La Uribe; en agosto del mismo año, el M-19 firmó los Acuerdos de Corinto, en Cauca. Ninguno implicó desarme. El del M-19 contemplaba un diálogo nacional que el grupo entendía como su ingreso a la política institucional sin renunciar a las armas. Cuando en febrero de 1985 el gobierno prohibió el congreso convocado por el M-19 en Los Robles, el movimiento leyó la señal: los enemigos de la paz habían ganado una batalla más. La tregua se rompió formalmente en junio, y el 28 de ese mes un comando tomó una localidad del Eje Cafetero, la primera de una serie de acciones que culminarían cinco meses después en la Plaza de Bolívar. Bajo esta lectura, el Palacio fue un intento —desmesurado, mal calculado— de forzar la reapertura del proceso mediante un juicio público al presidente. Andrés Almarales y Luis Otero Cifuentes, comandantes operativos, dirigían la Compañía Iván Marino Ospina; el nombre honraba al fundador del M-19 muerto meses antes. Antonio Navarro Wolff, que sobrevivió al episodio y ejerció más tarde la copresidencia de la Asamblea Constituyente, sostuvo siempre que el propósito no fue atacar a los magistrados sino negociar con el gobierno.

El relato del narcoasalto proviene de una fuente incómoda: Roberto Escobar, hermano del capo. Afirmó que el M-19 recibió pago del Cartel de Medellín para asaltar la Corte, eliminar magistrados y destruir los expedientes de Los Extraditables, ese grupo de narcotraficantes que enfrentaban la extradición a Estados Unidos y que preferían, según su propia consigna, una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Escobar habría condicionado el financiamiento —dos millones de dólares aceptados por Iván Marino Ospina— a que dos de sus hombres acompañaran al comando para incendiar los archivos y ejecutar a los magistrados favorables al tratado. La cronología política respalda la plausibilidad del interés narco: el 30 de abril de 1984, Escobar había ordenado el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla como represalia por su denuncia pública del narcotráfico; los Extraditables se habían organizado para bloquear el tratado de 1979, ratificado por la Ley 27 de 1980; y en diciembre de 1981, más de doscientos narcotraficantes habían fundado en Medellín el grupo paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores) tras el secuestro de Marta Nieves Ochoa por el M-19, episodio que había forzado una tregua incómoda entre guerrilla y cartel en Antioquia.

El relato del aniquilamiento estatal desplaza el eje de la responsabilidad. Sostiene que, cualquiera fuese la motivación del comando, la matanza de magistrados y civiles fue producto de una decisión política del presidente Betancur y de una doctrina militar que privilegió la recuperación del edificio a cualquier costo. La evidencia es sustantiva: la vigilancia especial del Palacio había sido retirada en los días previos pese a que la inteligencia militar tenía información sobre una operación urbana en preparación; Alfonso Reyes Echandía llamó desde adentro pidiendo que cesara el fuego, sin ser escuchado; el M-19 pidió a Betancur que enviara a su hermano Jaime como mediador y la solicitud fue rechazada; y la Comisión de la Verdad presidida por Nilson Pinilla concluyó en 2010 que la muerte de los magistrados se debió en buena medida al abandono del Ejército y la Policía de su deber de protegerlos.

La evidencia que tensiona cada relato

Cada uno de los tres relatos explica una parte y deja otra fuera. Integrarlos exige seguir el material con precisión.

El vínculo del M-19 con el Cartel existió, pero no en los términos absolutos del narcoasalto. Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina —comandantes del movimiento— rechazaron formalmente la condición de Escobar de que hombres del cartel se sumaran al comando para quemar archivos y matar magistrados. Los testigos presenciales de las reuniones no escucharon a los guerrilleros comprometerse a esas tareas específicas. Marino Ospina aceptó, sí, los dos millones de dólares, pero el destino exacto de esos fondos no está establecido, y el M-19 sostuvo motivaciones políticas propias para la operación: la ruptura de Corinto, el bloqueo del diálogo nacional, la percepción de que el gobierno había cedido ante las Fuerzas Armadas y el descontento del general Fernando Landazábal Reyes, ministro de Defensa opositor de la política de paz. Escobar no compró la toma: la financió parcialmente sabiendo que sus efectos —expedientes destruidos, magistrados muertos— coincidirían con sus intereses, con o sin compromiso explícito de los guerrilleros.

Esa coincidencia estructural se confirmó en los meses siguientes. En diciembre de 1986, con la Corte Suprema diezmada y asediada por las amenazas de los Extraditables, el tribunal declaró inexequible la Ley 27 de 1980 alegando un vicio de forma: la ley había sido ratificada no por el presidente Julio César Turbay sino por el ministro de Gobierno Germán Zea, encargado de las funciones presidenciales. El argumento era jurídicamente discutible y ampliamente leído como pretexto: la Corte sobreviviente actuaba bajo el peso de sus muertos. El presidente Virgilio Barco sancionó de inmediato la Ley 68 de diciembre de 1986, con texto idéntico a la declarada inexequible, para preservar la extradición. Que el desenlace del Palacio produjera, trece meses después, exactamente el resultado que Los Extraditables buscaban no prueba conspiración, pero clausura la posibilidad de leer el episodio como una confrontación bilateral entre M-19 y Estado.

El comportamiento del aparato militar es el punto donde la evidencia se vuelve más densa y más incómoda. La vigilancia especial del Palacio había sido reforzada semanas antes por amenazas explícitas contra la Corte y luego retirada, sin explicación pública satisfactoria, en los días previos al 6 de noviembre. La visita del presidente francés François Mitterrand había sido custodiada con hipótesis de amenaza del M-19; una vez cumplida sin incidentes, la alerta pareció desmontarse. Cuando el comando entró por el sótano hacia las once y media de la mañana, encontró un edificio prácticamente indefenso.

La retoma, dirigida por el general Jesús Armando Arias Cabrales al mando de la Décimo Tercera Brigada y ejecutada operativamente por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega al frente de la Escuela de Caballería, siguió una lógica de recuperación militar y no de rescate humanitario. Los tanques Cascabel entraron por la fachada. El incendio del cuarto piso, donde se concentraban los expedientes de la Sala Penal —incluidos los de la extradición—, consumió los archivos que hubieran permitido decisiones ulteriores. Betancur nunca envió mediador; el llamado del propio Alfonso Reyes Echandía pidiendo que cesara el fuego fue transmitido por radio y quedó sin respuesta institucional. La decisión presidencial de no dar la impresión de negociar con terroristas se convirtió, en la práctica, en la decisión de no proteger a los rehenes.

El capítulo de la Casa del Florero, sobre la esquina noreste de la Plaza, cierra la evidencia de la operación militar. Allí, en el Salón de Signatarios del Acta de Independencia habilitado como centro de identificación e interrogatorio, fueron llevados los sobrevivientes rescatados del edificio. Los empleados de la cafetería —Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín, Bernardo Beltrán Hernández y otros— fueron señalados como presuntos auxiliadores del M-19, acusados de haber ingresado armas y víveres los días previos. Un vigilante auxiliar declaró ante el juez haber visto a cuatro personas detenidas en el corredor y a otras en la Sala de Nariño, siempre de cara al muro. Irma Franco Pineda, estudiante de Derecho vinculada al M-19, fue sacada con vida del Palacio y trasladada a la Casa del Florero; en la noche del jueves 7 fue retirada del lugar y desde entonces no volvió a ser vista. Entre los desaparecidos figura Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería, embarazada de siete meses. La distancia entre haber sido rescatada viva y no aparecer nunca más no es negligencia: es la marca de una doctrina.

La respuesta que la evidencia sostiene

El Palacio de Justicia no fue una acción, sino la superposición de tres acciones que compartieron un mismo escenario y un mismo resultado sin haber sido coordinadas.

El M-19 planeó y ejecutó una operación política mal calculada. Buscaba forzar la reapertura del diálogo mediante un juicio público al presidente por incumplir Corinto, apostando a la capacidad disuasiva del espectáculo: una guerrilla que se había hecho célebre por acciones como el robo de la espada de Bolívar en 1974 o la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980 confiaba en que la desmesura del gesto obligaría a negociar. Esa confianza expresaba el agotamiento de un modelo. Desde comienzos de 1983, el M-19 estaba de vuelta en la guerra; su imagen romántica se había desgastado en operaciones fallidas; la tregua de Corinto le había dado visibilidad sin darle poder político real; hostigado militarmente en las ciudades y replegado hacia el suroccidente, el grupo necesitaba un golpe capaz de invertir la relación de fuerzas. Confundió notoriedad con capacidad de coacción. Sobreestimó el costo político que Betancur estaría dispuesto a pagar por no negociar; subestimó cuánto había cambiado el cálculo del Estado desde 1980, y cuánto pesaba, en ese cambio, la presión del alto mando militar por castigar sin concesiones.

El Cartel de Medellín aportó financiamiento a una operación cuyas motivaciones políticas eran ajenas pero cuyos efectos previsibles —expedientes destruidos, magistrados muertos, Corte debilitada— convergían con sus intereses estratégicos. No compró la toma en el sentido literal de dictar sus objetivos; participó en su condición de posibilidad económica, aceptando que los guerrilleros rechazaran formalmente sus condiciones más groseras a cambio de que el resultado material siguiera sirviéndole. Que esa apuesta funcionara —la Corte declaró inexequible la extradición en diciembre de 1986— confirma que la coincidencia de intereses no exige coordinación explícita para producir efectos estructurales.

El aparato militar convirtió la toma en masacre. La retoma no fue una respuesta improvisada sino la ejecución de una doctrina que ya autorizaba sacrificar rehenes en nombre de la recuperación institucional. El retiro previo de la vigilancia especial, la negativa a negociar, el rechazo del presidente a enviar a su hermano como mediador pese al llamado explícito del propio presidente de la Corte, el uso de tanques y el incendio del cuarto piso, la desaparición sistemática de los sobrevivientes de la cafetería en la Casa del Florero: todo compone una operación cuyo objetivo declarado —el rescate— fue subordinado a otro no declarado —la aniquilación del comando y de cuanto pudiera atarse a él, incluidos los archivos y los testigos.

Aquí la palabra omisión deja de servir. La distinción entre negligencia y dolo se vuelve borrosa cuando la doctrina institucional ya autoriza el resultado que la omisión produce. Retirar la vigilancia no protege por descuido: prepara. No enviar mediadores no aísla por prudencia: decide. No entregar con vida a los sobrevivientes no extravía: elimina. Ninguno de los tres relatos alcanza por sí solo: el M-19 puso el detonante, el Cartel puso el dinero, el Estado puso la doctrina que convirtió el detonante y el dinero en cien muertos y once desaparecidos. Las tres agencias son responsables, pero la agencia decisiva —la que determinó la forma del desenlace— fue la del aparato militar respaldado por la decisión presidencial.

Esa articulación explica por qué la irresolución judicial se prolongó cuatro décadas. Esclarecer plenamente el Palacio implicaba exhibir no la culpa de un actor sino la porosidad de un Estado. Implicaba mostrar que las Fuerzas Armadas habían actuado bajo una doctrina hoy indefendible, que la Presidencia había tomado decisiones que produjeron muertos evitables, que la Corte Suprema había cedido en diciembre de 1986 ante el terror de los narcotraficantes, y que la frontera entre guerrilla, cartel y aparato coercitivo era mucho más permeable de lo que las categorías del derecho ordinario podían procesar. La memoria oficial encontró más económico administrar la ambigüedad.

El itinerario judicial y el desplazamiento reciente

La justicia dijo lo que pudo y calló lo que no supo cómo decir. El general Arias Cabrales fue condenado en firme a 35 años por la desaparición forzada de cinco víctimas del Palacio. Plazas Vega, condenado en primera instancia a 30 años por las desapariciones de Irma Franco y Carlos Rodríguez Vera, pasó ocho años en prisión antes de que la Sala Penal de la Corte Suprema revocara su condena en 2015. La asimetría entre ambas decisiones capturó en pequeño la ambivalencia del sistema: una responsabilidad se sostuvo, la otra se disolvió, y ninguna de las dos alcanzó a nombrar la doctrina que las hizo posibles. Al menos cinco desaparecidos seguían siendo reclamados sin resolución en la década pasada, y varias indemnizaciones familiares permanecían pendientes.

En paralelo, sectores militares construyeron un contrarrelato sostenido: los uniformados que participaron en la retoma habrían actuado bajo órdenes constitucionales, mientras los integrantes del M-19 que planearon la toma fueron amnistiados y algunos accedieron a cargos públicos o aspiraron a la Presidencia. Cierto en su descripción de la asimetría, tramposo en su equivalencia moral, el argumento sirvió durante años para congelar el debate. Ignoraba que la amnistía política pactada en Santo Domingo, Cauca, el 9 de marzo de 1990, cuando aproximadamente 900 guerrilleros del M-19 depusieron las armas bajo el mando de Carlos Pizarro León-Gómez, cubría los actos de rebelión pero no las desapariciones forzadas ni las ejecuciones extrajudiciales; y que la responsabilidad de la Fuerza Pública se juzgaba precisamente por esos actos, no por haber cumplido órdenes de recuperar el edificio.

El desplazamiento significativo llegó con la justicia transicional. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el Acuerdo Final de 2016 —con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz— abrió por primera vez un marco institucional capaz de procesar la articulación entre agencias sin reducirla a la culpa individual de sus ejecutores. La Comisión de la Verdad sobre el Palacio, integrada por Nilson Pinilla Pinilla, José Roberto Herrera Vergara y Jorge Aníbal Gómez Gallego, había publicado en 2010 un informe que estableció responsabilidades institucionales que la justicia ordinaria no supo o no quiso traducir en condenas. La literatura de investigación —El Palacio sin máscara de Germán Castro Caycedo, El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana de Ana Carrigan, Noches de lobos de Ramón Jimeno, Noches de humo de Olga Behar— había construido un archivo paralelo al judicial, más ambicioso que él.

La derrota como condición de la política

Un último desplazamiento importa. Si el Palacio hubiera terminado en negociación exitosa, el M-19 habría prolongado su modelo de guerrilla mediática. La derrota militar y política del episodio —destruida la imagen romántica del grupo, cerrada la puerta a nuevas tomas espectaculares, hostigado en las ciudades y replegado a Caquetá, Huila y Cauca— fue paradójicamente la condición de posibilidad de la desmovilización cinco años después. En abril de 1988 el M-19 declaró un cese unilateral del fuego bajo el gobierno de Barco; el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado entre mayo y julio de ese año, contradictoriamente, abrió las Conversaciones de Usaquén; el 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo, el grupo depuso las armas. Carlos Pizarro fue asesinado por un sicario del paramilitarismo en abril de 1990 mientras viajaba como candidato presidencial; la solidaridad popular con su muerte llevó a la Alianza Democrática M-19 a obtener aproximadamente un tercio de la votación en los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente de finales de 1990. Antonio Navarro Wolff, sobreviviente del Palacio, terminó copresidiendo esa Asamblea. La Constitución de 1991 fue, entre otras cosas, el destino no previsto del comando que en noviembre de 1985 quiso juzgar al presidente y terminó juzgado por la historia.

Lo que sigue abierto

Quedan flancos que la evidencia disponible no cierra. El monto exacto del financiamiento aportado por Escobar y su distribución interna en el M-19 no están establecidos. El contenido de los expedientes destruidos en el incendio del cuarto piso solo puede reconstruirse indirectamente. La cadena de mando en la operación de la Casa del Florero, especialmente la identificación de quienes decidieron el traslado y la desaparición de Irma Franco y otros sobrevivientes, sigue incompleta pese a los avances de la JEP. La existencia y alcance de vínculos entre oficiales del Ejército y estructuras del Cartel de Medellín en 1985 —la hipótesis más radical, la de una alianza narco-militar amenazada por la justicia y decidida a resolverla por aniquilación— es plausible en términos estructurales pero no ha sido probada en términos operativos.

Estos huecos no son fallas del archivo: son la forma que adoptó la captura estatal de la memoria. Un caso completamente esclarecido habría obligado al Estado colombiano a nombrarse a sí mismo como parte del problema, no como su solución. La JEP no promete cerrar todas las preguntas; promete, más modestamente y más significativamente, cambiar el marco en que se hacen. Ese cambio es la única forma disponible de restituir la deuda con los magistrados asesinados, con los empleados de la cafetería desaparecidos, con la ascensorista sin nombre en las estadísticas, y con un país que durante casi cuatro décadas fue educado en la creencia de que sobre el Palacio ya se sabía todo lo que había que saber.