Guerrilla urbana

La guerrilla urbana en Colombia

La guerrilla urbana en Colombia fue una modalidad específica de lucha armada que trasladó el conflicto político al escenario de las ciudades entre mediados de los años setenta y finales de los noventa. No se trató de un simple desplazamiento geográfico de la insurgencia rural hacia el asfalto, sino de un proyecto autónomo con matriz ideológica propia, base social distinta y un repertorio de acción que privilegiaba lo simbólico y lo mediático sobre la resistencia territorial. Su expresión paradigmática fue el Movimiento 19 de Abril, el M-19, que entre 1974 y 1990 convirtió a Bogotá en teatro político y transformó operaciones como el robo de la espada de Simón Bolívar, la toma de la Embajada de la República Dominicana o el asalto al Palacio de Justicia en episodios que definieron el imaginario político de una generación. Más tarde, durante la crisis del narcotráfico y la apertura democrática de los años ochenta y noventa, el ELN y las FARC-EP intentaron su propia versión de la lucha urbana mediante milicias barriales en Medellín, Barrancabermeja y Cali, con resultados muy distintos: donde el M-19 encontró clase media e intelectuales, ellos hallaron periferias marcadas por la economía criminal y organizaciones híbridas donde la política y el delito ya eran indistinguibles.

La modalidad y su matriz ideológica

La guerrilla urbana colombiana se distinguió de sus contemporáneas rurales —las FARC, el ELN, el EPL— por tres rasgos combinados: escenario, base social e ideología. El escenario era la ciudad, entendida no como retaguardia sino como frente principal; la base social eran universitarios, hijos de familias de élite militar, sindicalistas, activistas anapistas y clases medias profesionales, en contraste con el origen predominantemente campesino de las FARC; y la ideología era una amalgama de nacionalismo bolivariano y vocación democrática que se distanciaba deliberadamente del marxismo-leninismo ortodoxo que reivindicaban las guerrillas fundadas en los sesenta.

Los estatutos del M-19 se autodefinían como "organización político-militar, patriótica, antioligárquica, antiimperialista". La fórmula era estudiada: articulaba un horizonte socialista pero anteponía la liberación nacional a la lucha de clases, y utilizaba un lenguaje legible para simpatizantes que jamás habrían leído a Lenin. Ese tono, más socialdemócrata que revolucionario clásico, permitió que el M-19 se convirtiera, entre mediados de los setenta y mediados de los ochenta, en el proyecto armado que más apoyo generó en sectores medios e intelectuales colombianos.

La ciudad, en ese esquema, no era el lugar donde se recogían los frutos de una lucha ganada en el monte, sino el espacio donde la política se disputaba a la vista de todos. De ahí el peso que la organización otorgaba a la acción simbólica y a la publicidad. Cada operación estaba concebida para ser noticia, para producir imagen, para instalar una consigna. El primer acto público conocido del M-19 —el robo de la espada de Simón Bolívar en enero de 1974— estuvo precedido por una campaña publicitaria enigmática en medios de comunicación, única en la historia nacional: avisos crípticos que anunciaban algo sin decir qué, hasta que la sustracción del arma del Libertador en la Quinta de Bolívar reveló el sentido de todo. La promesa fue devolverla cuando regresara la democracia real, gesto que apropiaba el símbolo patriótico central del país y lo ponía al servicio de una acusación política: la de que la República se había extraviado.

Los orígenes: fraude, ruptura y modelo continental

El nombre lo dice todo. Movimiento 19 de Abril alude a la fecha de las elecciones presidenciales de 1970, en las que la Alianza Nacional Popular —ANAPO— presentó a Gustavo Rojas Pinilla como candidato contra la fórmula del Frente Nacional. Los resultados de la jornada apuntaban al triunfo del general, pero la noche electoral se enturbió: el presidente saliente Carlos Lleras Restrepo suspendió la difusión de datos parciales y al día siguiente se proclamó ganador al candidato oficialista Misael Pastrana Borrero, en circunstancias que amplios sectores del país calificaron de fraude. Para una generación de jóvenes anapistas de clase media, esa noche cerró la puerta de la vía electoral con violencia.

La convicción de que la democracia colombiana era una ficción no era enteramente nueva. Ya circulaba entre partidarios de la lucha armada desde comienzos de los sesenta, cuando nacieron las FARC y el ELN. Pero el fraude de 1970 la reforzó dentro de un sector inédito: no ya campesinos radicalizados ni estudiantes marxistas, sino votantes urbanos moderados que se sintieron estafados. Entre 1970 y 1978, casi todos los grupos de izquierda distintos del Partido Comunista promovieron campañas de abstención con consignas como "No vote", "Abstención revolucionaria" y "El poder sale del fusil". Sobre ese suelo germinó el M-19.

Los fundadores llegaron por dos caminos. De un lado, jóvenes provenientes del ala socialista de la ANAPO, exasperados por el fraude y convencidos de que las urnas ya no ofrecían escape. Del otro, un puñado de excombatientes de las FARC —Jaime Bateman Cayón, Ariel Otero, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina— que dejaron esa organización, o fueron expulsados de ella, en un contexto de crisis interna y de búsqueda de una alternativa revolucionaria más dinámica y urbana. La ruptura con las FARC y con el Partido Comunista se debió a la frustración con una estrategia política que consideraban vaga e inoperante: los futuros fundadores del M-19 querían una lucha armada de carácter inmediato, con impacto visible, no la paciencia rural de largo aliento.

Esa fusión —anapistas defraudados más exguerrilleros impacientes— se produjo bajo la influencia decisiva de los Tupamaros uruguayos. Cuatro tupamaros estuvieron presentes en los primeros días de la organización y aportaron saberes de guerrilla urbana: la lógica de la operación de comando, el uso del secuestro político, la construcción del acto espectacular. La comparación con los Montoneros argentinos fue también inevitable. Las tres organizaciones —Tupamaros, Montoneros, M-19— compartían la apuesta por convertir a la ciudad en escenario, aunque el M-19 sobrevivió mucho más tiempo que sus modelos, quizá porque las dictaduras del Cono Sur —Chile en 1973, Uruguay el 27 de junio de 1973, Argentina el 24 de marzo de 1976— aplicaron con brutalidad la Doctrina de Seguridad Nacional y aniquilaron a sus adversarios armados, mientras que en Colombia la respuesta estatal fue severa pero se dio dentro de un régimen civil que preservaba, formalmente, las reglas del juego electoral.

Trayectoria: los hitos que definieron un método

La trayectoria del M-19 puede leerse como una escalada de operaciones cada vez más ambiciosas, orientadas todas a convertir la lucha armada en gesto público.

El robo de la espada de Bolívar, en enero de 1974, fue el prólogo. Pequeño en términos militares —una sustracción sin víctimas de un objeto ceremonial—, fue enorme en términos simbólicos. Instaló al M-19 en la conversación nacional antes incluso de que se supiera con precisión qué era.

La Operación Ballena Azul, en la noche del 31 de diciembre de 1978, marcó un salto cualitativo. Mediante un túnel construido bajo el complejo militar del Cantón Norte en Bogotá, el grupo sustrajo más de cinco mil armas del Ejército colombiano. La operación fue una humillación militar sin precedentes y una demostración pública de capacidad. El costo, sin embargo, fue enorme: la respuesta del Ejército consistió en la detención y tortura de numerosos militantes, y el M-19 estuvo al borde de la extinción por haber subestimado al enemigo.

De ese golpe la organización se levantó con la toma de la Embajada de la República Dominicana el 27 de febrero de 1980. Un comando dirigido por Rosemberg Pabón, y concebido por Luis Otero —antropólogo y miembro fundador—, irrumpió durante una recepción diplomática y retuvo como rehenes a entre catorce y dieciséis embajadores, incluidos los de Estados Unidos y el Vaticano. Durante los aproximadamente 61 días que duró la ocupación, Jaime Bateman envió al comando un mensaje en el que reconocía que la operación había superado todo lo esperado y que Pabón tenía el mando de la situación. La toma concluyó con una negociación que permitió al comando viajar a Cuba junto con los rehenes, a cambio de un rescate cuyo monto se situó entre uno y varios millones de dólares. Fue la operación de guerrilla urbana más comentada de la historia colombiana.

Los años siguientes trajeron un ensayo de negociación. En agosto de 1984, el M-19 firmó con el presidente Belisario Betancur los Acuerdos de Corinto, que incluían tregua y cese bilateral del fuego. La tregua se rompió en junio de 1985. Cinco meses después llegaría el episodio más trágico y más ambiguo del ciclo urbano de la guerrilla colombiana: la toma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 asaltó la sede de la Corte Suprema en Bogotá. La Fuerza Pública contaba con información previa de inteligencia sobre los planes del grupo, no informó al Gobierno de ello y, aunque tomó alguna determinación para prepararse, no logró evitar el ingreso guerrillero. La retoma militar dejó decenas de muertos, entre ellos magistrados de la Corte y guerrilleros como Andrés Almarales y Luis Otero, y abrió una herida institucional que el país aún litiga.

Después vinieron los años de repliegue y de nueva negociación. El grupo, severamente hostigado en los núcleos urbanos, se retiró a emplazamientos en el suroccidente —Caquetá, Huila y Cauca— y desde allí exploró la salida política. Entre mayo y julio de 1988 secuestró al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado; ese episodio, paradójicamente, puso al gobierno en el camino de la mesa. El 2 de abril de 1988 el M-19 declaró un cese unilateral del fuego que preparó el terreno; las negociaciones formales con el gobierno de Virgilio Barco comenzaron en enero de 1989. El 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo, Cauca, cerca de novecientos guerrilleros bajo el mando de Carlos Pizarro Leongómez depusieron las armas. Casi diecisiete años de lucha armada terminaron en un acto público filmado.

La respuesta del Estado: el Estatuto de Seguridad

Ninguna historia de la guerrilla urbana puede contarse sin la historia paralela de la represión que la persiguió. El Estatuto de Seguridad, promulgado mediante el Decreto 1923 de 1978 durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, fue el instrumento con el que el Estado colombiano intentó modelar la sociedad según los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional. El presidente López Michelsen había rechazado la iniciativa cuando le fue propuesta; Turbay la impuso al asumir el gobierno.

El Estatuto amplió las prerrogativas de los organismos de seguridad para detener sin orden judicial, institucionalizó la tortura y legitimó operaciones contrainsurgentes que se desbordaron rápidamente sobre sectores sociales mucho más amplios que la propia guerrilla. Las cifras varían: 16.000 detenidos por razones políticas durante su vigencia, más de 5.000 solo en Bogotá torturados por militares. Los blancos fueron líderes sindicales, activistas sociales, dirigentes estudiantiles y campesinos de izquierda; el "enemigo interno" que la doctrina construía era una categoría elástica que servía para casi cualquier disidencia.

El diseño legal no comenzó en 1978. El Decreto 2578 de 1976 ya facultaba a mayores del ejército e inspectores de policía para sancionar a personas "potencialmente criminales", y el Decreto 0070 de enero de 1978 concedía inmunidad criminal especial a policías y militares por homicidios cometidos en operaciones contra secuestros, extorsiones o narcotráfico. Desde comienzos de la década ya se documentaban en zonas como Cimitarra, en Santander, detenciones arbitrarias acompañadas de torturas, con la peculiaridad de que a los liberados se les imponía un carné de tránsito libre.

La reacción del Ejército tras la Operación Ballena Azul y tras la toma de la Embajada Dominicana ilustra la lógica del Estatuto: centenares de militantes detenidos, sometidos a torturas y a medios ilegales. El efecto fue doble. De un lado, deslegitimó la lucha contrainsurgente y motivó la organización civil de defensa de los derechos humanos. Del otro, contribuyó paradójicamente a aumentar la credibilidad de los grupos guerrilleros entre los sectores sociales que eran blanco de esa represión. Cuando el Estado trata como enemigo a un sindicalista o a un estudiante que no ha tomado un arma, le confirma al guerrillero su relato: que la democracia es una ficción y que no hay más camino que el fusil.

La mutación de los noventa: milicias, comunas y organizaciones híbridas

La desmovilización del M-19 en 1990 no cerró el capítulo de la guerrilla urbana. Lo abrió, en realidad, en una forma distinta y menos coherente. En la segunda mitad de los ochenta y a lo largo de los noventa, el ELN primero y las FARC-EP después decidieron penetrar las ciudades mediante estructuras milicianas asentadas en las periferias. Fue una guerrilla urbana muy distinta a la del M-19: sin retórica bolivariana, sin operaciones espectaculares dirigidas a la prensa nacional, sin base de clase media. Su terreno fueron las comunas, los barrios de invasión, las laderas.

Medellín fue el laboratorio principal. Las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, y las Milicias Populares del Valle de Aburrá, tuvieron su origen con impulso del ELN, aunque con el tiempo se distanciaron de ese tronco. La estrategia miliciana consistió en penetrar zonas periféricas y de ladera —los barrios nororientales fueron el principal escenario de violencia— generando primero terror y negociando después con las pandillas locales para incorporarlas a sus filas. Las milicias obtuvieron legitimidad inicial en barrios marginados al resolver problemas de seguridad cotidiana que el Estado y la Policía no atendían: expulsaban o sancionaban a consumidores de droga y a pequeños delincuentes, imponían patrullajes, restringían horarios, arbitraban en conflictos vecinales. Pero esa "justicia" venía con precio: control violento de la población y sometimiento a una autoridad armada cuya legitimidad dependía del uso continuo de la fuerza.

El 26 de mayo de 1994, en la cancha deportiva de la Comuna 1, seiscientos cincuenta integrantes de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y de las Milicias Populares del Valle de Aburrá se desmovilizaron colectivamente. Fue el primer intento de encauzar el fenómeno miliciano por la vía política. No incluyó, sin embargo, a las milicias que operaban en la Comuna 13 —las Milicias América Libre y las Milicias de Occidente—, cuyos integrantes se dividieron: unos pasaron al ELN, otros a los Comandos Armados del Pueblo. Sobre la Comuna 13 esas agrupaciones establecieron una hegemonía casi absoluta hasta finales de los años noventa.

Jorge Giraldo ha calificado a estas milicias populares de Medellín como "organizaciones híbridas": en ellas se conjugan narrativas y prácticas criminales y políticas, y por eso no son propiamente guerrillas ni son propiamente bandas. Tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, la fragmentación se aceleró. Muchas milicias derivaron progresivamente hacia grupos criminales violentos, lo que facilitó la penetración paramilitar en los barrios periféricos. Individuos que habían pasado por bandas ingresaron después a milicias y terminaron, años más tarde, en estructuras paramilitares. Esa circulación entre banda, milicia y paramilitar sugiere algo incómodo: que la línea entre lo político y lo criminal en las periferias urbanas nunca fue tan nítida como el vocabulario académico pretende.

Barrancabermeja ofreció otro laboratorio, más marcadamente insurgente. En 1991, el ELN formó allí el Frente Urbano Resistencia Yariguíes (FURY) e inició su actividad armada en el puerto petrolero. Hasta 1998, el FURY fue el grupo guerrillero con mayor arraigo entre los pobladores. En la década operaban simultáneamente el FURY, unidades del Frente Capitán Parmenio del ELN, unidades del Bloque del Magdalena Medio de las FARC y reductos del Frente Ramón Gilberto Barbosa del EPL. Que en una sola ciudad convivieran cuatro estructuras insurgentes distintas indica hasta qué punto Barrancabermeja se había convertido en una ciudad en disputa, tejida por corredores urbano-rurales que conectaban la periferia con el Magdalena Medio.

En Cali, las FARC-EP tuvieron presencia en Aguablanca y en las comunas 18 y 20 —actividades de propaganda, pintas y presencia barrial—, y el M-19 dejó huella en barrios populares donde milicianos ejercieron control social, redujeron robos y resolvieron conflictos vecinales. En Bogotá, en cambio, la penetración miliciana fue mucho menor. La base de datos del CINEP sobre "matanza social" urbana en la capital muestra que de 3.696 casos, solo 59 se atribuyen a guerrilla —apenas un 2%— y solo cuatro ocurrieron en la ciudad. Bogotá había sido el gran escenario simbólico del M-19, pero no fue nunca terreno miliciano en el sentido en que lo fueron Medellín o Barrancabermeja.

La red: personas, ideas, geografías

La geografía de la guerrilla urbana colombiana dibuja un mapa preciso. Bogotá fue el escenario del M-19: la Quinta de Bolívar, el Cantón Norte, la Embajada Dominicana, el Palacio de Justicia. Toda operación pensada para producir noticia nacional necesitaba, entonces como ahora, ocurrir en la capital. Medellín fue el escenario de la mutación miliciana: la Comuna 1 con su desmovilización de 1994, la Comuna 13 con su hegemonía miliciana hasta finales de los noventa. Barrancabermeja fue la ciudad guerrillera por excelencia del ELN. Cali fue el terreno donde el M-19 y las FARC ensayaron presencia barrial. Y Yumbo, la Comuna 13 y Aguablanca completan un rosario de periferias donde la guerra tuvo forma urbana.

Las personas que animaron ese proyecto fueron figuras muy distintas entre sí. Jaime Bateman Cayón, el fundador principal del M-19, encarnó un estilo de conducción marcado por la cercanía con la prensa, el humor y la política mediática; su liderazgo definió el tono simbólico del grupo. Álvaro Fayad y Iván Marino Ospina, también fundadores procedentes de las FARC, aportaron formación militar. Luis Otero, antropólogo, concibió la toma de la Embajada Dominicana y murió en el Palacio de Justicia. Andrés Almarales murió también en el Palacio. Carlos Pizarro Leongómez condujo la desmovilización de 1990 y fue asesinado en abril de ese mismo año por un sicario del paramilitarismo mientras era candidato presidencial. Antonio Navarro Wolff encarnó la transición del fusil a la política institucional.

Frente a ellos, del lado insurgente rural que también intentó lo urbano, están Fabio Vásquez Castaño y Manuel Pérez Martínez, del ELN, cuya organización terminaría formando el FURY en Barrancabermeja y las milicias iniciales en Medellín. En el otro extremo del espectro, Pablo Escobar y Carlos Castaño Gil representan las fuerzas —narcotráfico y paramilitarismo— que a lo largo de los ochenta y noventa se disputaron con las milicias el control de las periferias urbanas y terminaron, en Medellín, por absorberlas o desplazarlas. Álvaro Gómez Hurtado, secuestrado en 1988, fue paradójicamente uno de los actores que facilitó la salida negociada del M-19. Virgilio Barco y César Gaviria, los presidentes de la desmovilización y la Constituyente, cerraron el ciclo del M-19 y abrieron el de las guerrillas remanentes.

Las ideas que animaron esa red fueron menos coherentes de lo que se suele suponer. El nacionalismo bolivariano del M-19 no era el marxismo-leninismo del ELN, y ninguno de los dos coincidía plenamente con el foquismo cubano ni con el maoísmo del EPL. Los Tupamaros aportaron técnica; los Montoneros, comparación mediática. La circulación de tácticas fue continua: el propio ELN justificó en algún momento el uso del secuestro con fines económicos apelando a que dicha práctica ya era usada por otras organizaciones revolucionarias en Venezuela, Guatemala y Argentina. Pero cada organización local le puso su marca. El M-19 puso teatro; el ELN puso frentes urbanos; las FARC pusieron corredores.

La huella: Constitución, milicias, memoria

La desmovilización del M-19 el 9 de marzo de 1990 abrió el momento político más productivo de la guerrilla urbana colombiana. La perspectiva de participar en una Asamblea Nacional Constituyente —convocada inicialmente por la ciudadanía mediante la Séptima Papeleta y formalizada por decretos de Estado de Sitio de Barco y Gaviria— se convirtió en el gran incentivo para nuevas desmovilizaciones: durante 1990 y 1991 dejaron las armas el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL); más tarde lo haría la Corriente de Renovación Socialista.

La Alianza Democrática M-19 obtuvo aproximadamente un tercio de la votación en los comicios para la Constituyente. Antonio Navarro Wolff copresidió la Asamblea y luego ocupó cargos de ministro, congresista, alcalde y gobernador. La Constitución de 1991 creó una Corte Constitucional, una Defensoría del Pueblo, mecanismos como la acción de tutela, una descentralización administrativa ampliada y nuevos controles políticos. Muchos de esos rasgos no responden a la agenda directa del M-19, pero se hicieron posibles en un proceso constituyente que sin la desmovilización del grupo probablemente no habría existido, o habría tenido otra forma. En ese sentido, el M-19 obtuvo lo que ninguna guerrilla colombiana rural consiguió: traducir la presión armada en capital político institucional.

El logro fue caro. Carlos Pizarro fue asesinado semanas después del acuerdo. Militantes reintegrados de varios grupos guerrilleros firmantes fueron perseguidos. Y, sobre todo, las FARC y el ELN no se sumaron al proceso: un bombardeo militar a Casa Verde, en La Uribe, Meta —sede histórica de las FARC—, contribuyó a alejarlas del camino constituyente. Mientras el M-19 se convertía en fuerza parlamentaria, las FARC iniciaban la expansión que las llevaría a su mayor poderío militar durante la década siguiente, y el ELN consolidaba su presencia en Barrancabermeja y en Medellín.

La huella miliciana ha sido más ambigua y más persistente. La desmovilización de 1994 en la Comuna 1 de Medellín no cerró el ciclo: la Comuna 13 siguió bajo hegemonía miliciana hasta finales de los noventa, cuando las grandes operaciones militares del Estado a comienzos de los 2000 —incluida la Operación Orión de octubre de 2002— desmantelaron o transformaron esas estructuras, muchas de las cuales fueron absorbidas por bloques paramilitares o derivaron en bandas criminales urbanas. Barrancabermeja vivió una transición similar. En ambas ciudades, la línea de continuidad entre las milicias urbanas de los noventa, las bandas criminales de los 2000 y las estructuras de control territorial actuales es más nítida de lo que la memoria oficial admite.

Del ciclo entero queda una lección incómoda. La guerrilla urbana no fue una versión desplazada de la guerrilla rural, sino una modalidad con reglas propias, que en su momento fundacional —el M-19— produjo el proyecto insurgente más creativo y más políticamente productivo del país, y que en su momento periférico —las milicias de los noventa— reveló hasta qué punto la inserción armada en las ciudades colombianas dependía, para sobrevivir, de mezclarse con las economías y las estructuras de poder local que ya operaban en esos territorios. El M-19 entró en la ciudad para hablarle al país; el ELN y las FARC entraron para controlar comunas. Los dos proyectos merecen el nombre de guerrilla urbana, pero significan cosas muy distintas. Entre uno y otro se juega buena parte de la historia política colombiana de las últimas cinco décadas, y también el rompecabezas que aún no resolvemos: cómo distinguir, en las periferias de nuestras ciudades, la política del delito, la resistencia del control, la memoria de la nostalgia.