Combinación de formas de lucha

La combinación de todas las formas de lucha

En la historia política colombiana pocas fórmulas han cargado tanto peso como esta. Nacida en el X Congreso del Partido Comunista Colombiano de 1961 y codificada como tesis en 1966, la "combinación de todas las formas de lucha" fue la doctrina según la cual la vía revolucionaria podía articular simultáneamente la acción armada, la movilización social y la contienda electoral, sin que ninguna excluyera a las otras. Durante medio siglo funcionó como bisagra entre el partido y la guerrilla, como principio organizativo de frentes urbanos y rurales, como marco para experimentos electorales tan ambiciosos como la Unión Patriótica y —simétricamente— como acusación con la que la derecha equiparó cualquier movimiento social de izquierda con el brazo político de la subversión armada. Es, a la vez, una decisión de congreso, una práctica de décadas y un argumento que aún envenena el debate público.

Qué nombra la fórmula

La resolución política aprobada por el Noveno Congreso del PCC en 1961 lo dijo con una frase que sería repetida durante décadas: "La vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de todas las formas de lucha". El enunciado admitía por primera vez, de manera oficial, que la lucha armada podía ocupar un lugar legítimo junto a la actividad sindical, electoral y social del partido. No era una declaración de guerra ni una renuncia a la política institucional: afirmaba que ambas cosas podían coexistir, con predominio variable según las circunstancias, dentro de una misma estrategia.

Esa aparente sencillez ocultaba una enorme ambigüedad productiva. La combinación nunca fijó proporciones ni jerarquías definitivas entre sus componentes. No dijo cuándo la lucha armada debía subordinarse a la electoral o al revés, ni cómo se articulaban en el terreno concreto los sindicatos, los concejales, las milicias y las guerrillas. Esa indefinición fue su rasgo constitutivo. Permitió al PCC mantener bajo un mismo techo a organismos y personalidades con visiones distintas —a veces contradictorias— sobre la política revolucionaria, y le dio la elasticidad suficiente para adaptarse a coyunturas cambiantes sin romper con ninguna corriente del campo socialista internacional. La combinación fue, al mismo tiempo, doctrina operativa y mecanismo de cohesión interna. Ese doble carácter es la clave para entender por qué sobrevivió tanto tiempo y por qué acabó costando tanto.

La prehistoria práctica: autodefensas antes que doctrina

La fórmula de 1961 no cayó del cielo teórico: recogió y bautizó una práctica que el PCC venía sosteniendo desde hacía más de una década. Dos semanas después de que quedó claro que Laureano Gómez ganaría la elección presidencial de 1949 —en pleno intento del gobierno de Mariano Ospina Pérez de imponer la ley marcial—, el partido anunció una política de Autodefensa de Masas frente a lo que llamó la violencia organizada del conservatismo. La respuesta armada se concentró en tres enclaves rurales: el municipio de Viotá en Cundinamarca, la región del Sumapaz a caballo entre el sur de Cundinamarca y el borde oriental del Tolima, y el extremo sur del Tolima. Al frente del Sumapaz quedó Juan de la Cruz Varela; en el sur del Tolima, Jacobo Prías Alape, conocido como Charro Negro.

En esos territorios el PCC ya tenía presencia política previa, ligada a los conflictos agrarios de las décadas anteriores, lo que dio a las autodefensas un arraigo campesino que ningún otro grupo armado de izquierda tendría después. Entre 1949 y 1964 el partido desarrolló una política cíclica que alternaba, según la coyuntura nacional, modalidades de autodefensa comunitaria y guerrilla móvil. Cuando el Frente Nacional se inauguró en 1958 y la mayoría de las guerrillas liberales aceptaron la amnistía y se desmovilizaron, las comunistas no lo hicieron: sus dirigentes habían sido explícitamente excluidos del reparto bipartidista del poder, y la amnistía no los cubría en igualdad de condiciones. Las del Sumapaz rechazaron la propuesta de manera abierta, lo que las expuso a nuevas ofensivas militares. Hacia comienzos de los años sesenta unos pocos cientos de guerrilleros comunistas seguían viviendo en comunas agrícolas dispersas por regiones remotas, en lo que las derechas nombrarían como "repúblicas independientes".

En el sur del Tolima la convivencia con las guerrillas liberales de Gerardo Loaiza había sido tensa, con rivalidades y episodios de choque, aunque hubo intentos de unificación en un estado mayor común. De esa mezcla de arraigo campesino, exclusión política y experiencia militar acumulada emergió la doctrina de 1961: la combinación fue, antes que nada, la teorización tardía de un modo de operar que el partido llevaba años practicando por necesidad.

El congreso, la codificación y el envío de los comisarios

En 1961 el Noveno Congreso del PCC formalizó lo que hasta entonces era práctica dispersa. La decisión respondió a una constelación de factores: el entusiasmo producido por el triunfo de la Revolución cubana dos años antes, la expulsión de los sindicatos comunistas de la CTC —que cerró parcialmente la vía obrera institucional—, el crecimiento de organizaciones guerrilleras propias y ajenas, y el reacomodo ideológico que anunciaba el conflicto entre Moscú y Pekín. La resolución de 1961 fue, sin embargo, todavía condicional: la lucha armada se admitía como componente legítimo, pero la acción pacífica conservaba primacía.

La codificación plena como "tesis" llegó a comienzos de 1966, en otro congreso del partido. Esa aprobación tuvo una consecuencia inmediata y práctica: el PCC envió dos comisarios políticos —uno de la Juventud Comunista y otro del partido— al núcleo guerrillero del sur del Tolima que había rechazado las iniciativas de paz del Frente Nacional y que, tras el ataque militar a Marquetalia dos años antes, se movía por las selvas del suroriente. Ese envío ritualizó la combinación: hubo desde entonces, en la estructura de la guerrilla en formación, una figura que encarnaba el vínculo con el partido legal. Las FARC mantendrían durante décadas en el organigrama de cada uno de sus frentes la separación institucional entre comandante político y comandante militar, con funciones específicas para cada uno. Esa arquitectura, que sobrevivió mucho más allá del distanciamiento con el PCC, es la traducción más literal y duradera de la doctrina de la combinación.

Moscú, La Habana, Pekín: una doctrina propia entre presiones ajenas

La decisión colombiana de 1961 no coincidía con las orientaciones que en ese mismo momento circulaban por el movimiento comunista internacional. El PCUS insistía entonces en el tránsito pacífico hacia el socialismo y en la coexistencia pacífica con Occidente; dos años después, esa línea entraría en abierta ruptura con la posición de Mao Zedong, para quien "el poder nace del fusil" y la guerra popular prolongada era la estrategia adecuada a los países con fuertes bases agrarias. La Habana, entusiasmada con el éxito de la insurrección propia, promovía el foquismo: la idea de que un núcleo guerrillero rural podía crear las condiciones objetivas de la revolución sin necesidad de partido de masas previo.

Frente a esas tres orientaciones —tránsito pacífico, guerra popular, foco guerrillero— la combinación colombiana no encajaba plenamente en ninguna. Admitía la lucha armada, lo que la separaba de la ortodoxia soviética; conservaba al partido como eje articulador, lo que la distanciaba del foquismo cubano; y no adoptaba el modelo maoísta de guerra popular prolongada, aunque las ideas de Mao tuvieran amplia resonancia en Colombia. Era un producto de compromiso: una doctrina lo bastante ambigua para no romper con ninguno de los polos del campo socialista y para preservar la unidad interna del partido en un momento en que el conflicto sino-soviético empezaba a fracturar a los comunismos del mundo.

Esa flexibilidad tuvo, con todo, sus costos. Las disidencias no tardaron en aparecer. Del PCC se desprendió el Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, de orientación maoísta, con su brazo armado, el Ejército Popular de Liberación (EPL), fundado en 1967 y con implantación inicial en el Alto Sinú y el Alto San Jorge, en la frontera entre Córdoba y Antioquia. El EPL asumió el modelo chino de guerra popular prolongada al menos en su formulación programática, pero en la práctica combinó columnas rurales pequeñas con esfuerzos de trabajo político en zonas de colonización, sin llegar nunca a la escala de las FARC ni a la dispersión territorial del ELN. A mediados de los sesenta el Ejército de Liberación Nacional (ELN) surgía con inspiración castrista y adoptando el modelo del foco, con núcleo inicial en el nororiente santandereano y bajo la influencia decisiva de un puñado de dirigentes formados en Cuba; su marca ideológica original —una mezcla de guevarismo con teología de la liberación— quedó sellada por la incorporación y muerte en combate del sacerdote Camilo Torres Restrepo en febrero de 1966. En la práctica, tanto el EPL como el ELN operaron más como variantes del foquismo que como aplicaciones rigurosas de sus doctrinas de referencia, y ambos sufrieron crisis internas severas —la más célebre, la "guerra sucia" contra la disidencia dentro del ELN en la década de 1970, con ejecuciones internas en el frente Anorí— que evidenciaron los límites del modelo cuando no había un partido legal amortiguando los desacuerdos.

El debate de la izquierda colombiana en los sesenta —bajo la sombra del Che Guevara y del propio Camilo Torres— giró en torno a la vía correcta hacia la revolución: foco o guerra popular prolongada. Nadie cuestionaba el objetivo. Entre 1963 y 1972 los disidentes acusaron al PCC de "revisionista" y enemigo de la revolución, y acuñaron el término mamerto para referirse a los comunistas que, al abrigo de la combinación, no se arriesgaban plenamente a la lucha armada. La disputa no era solo ideológica: era también una lucha por la hegemonía dentro del campo revolucionario, y en ella la combinación funcionó como línea divisoria entre quienes aceptaban convivir con la legalidad partidaria y quienes la denunciaban como coartada del acomodo.

Jacobo Arenas y la bisagra viva

Si un personaje encarnó en carne y hueso la doctrina de la combinación fue Jacobo Arenas. Enviado por el PCC a la zona guerrillera de Marquetalia en abril de 1964, semanas antes del ataque militar que lanzaría la ofensiva del gobierno de Guillermo León Valencia contra las llamadas repúblicas independientes, Arenas llegó como cuadro comisionado del partido para reforzar la presencia comunista frente al inminente asalto. La operación, iniciada en mayo de ese año, obligó al grupo comandado por Manuel Marulanda Vélez —Tirofijo— a romper el cerco y migrar hacia las selvas del suroriente. De esa marcha nacería, tras sucesivas reorganizaciones, la guerrilla que hacia finales de la década adoptaría el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Arenas fue durante décadas el principal vínculo ideológico entre las FARC y el PCC dentro del Secretariado. Su muerte en 1990 coincidió con el período de distanciamiento entre ambas organizaciones —un distanciamiento que Marulanda no caracterizó como ruptura fraccional y que no implicó el abandono de los postulados socialistas o comunistas, sino una divergencia sobre métodos y ritmos—. Aun después de esa separación formal, las FARC siguieron estimulando entre sus guerrilleros la lectura de Voz, órgano del PCC, durante las horas de estudio; mantuvieron la penetración de Juntas de Acción Comunal y de organizaciones sociales en sus zonas de influencia; buscaron acuerdos con candidatos a alcaldes; y desplegaron milicias bolivarianas en barrios populares. La combinación seguía operando como práctica aunque su nombre se hubiera vuelto incómodo.

Frentes urbanos, sindicatos y organizaciones sociales

En las décadas de 1970 y 1980 la doctrina se extendió, mucho más allá del PCC, a la manera en que las guerrillas colombianas concibieron la ciudad. Ni el ELN ni el EPL ni las FARC consideraron entonces las grandes urbes como escenario principal de la confrontación armada. La ciudad era otra cosa: espacio para construir base social mediante el control de organizaciones sindicales, estudiantiles y comunitarias, y espacio para el reclutamiento de cuadros políticos. Los frentes urbanos operaban con lógica capilar: un dirigente sindical simpatizante aquí, un colectivo estudiantil allá, una red de apoyo en la periferia obrera, un párroco cercano a la teología de la liberación, un abogado dispuesto a defender presos políticos. Cada uno de esos hilos, tomado por separado, era militancia legítima; entretejidos, formaban el tejido de retaguardia sobre el que se apoyaba la lucha armada. Todo eso era combinación, aunque nadie lo llamara así en las asambleas de barrio.

El ELN fue quizá la organización que más lejos llevó ese modelo urbano. Desde comienzos de los ochenta, con la reorganización posterior al desastre de Anorí bajo la conducción de los hermanos Manuel y Antonio Pérez —el segundo, sacerdote español conocido como Poliarco—, la guerrilla apostó por un trabajo de largo aliento en universidades públicas, sindicatos del sector petrolero y minero, comunidades de base católicas y organizaciones barriales. La influencia de la teología de la liberación no era decorativa: ordenaba una manera de entender la política en la que la militancia legal, el trabajo comunitario y la disponibilidad para la lucha armada formaban un continuo pastoral y político. Barrancabermeja, Bucaramanga, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Nacional en Bogotá y el nororiente antioqueño fueron nodos de esa presencia. El EPL, por su parte, construyó bases sindicales notables en el Urabá bananero, donde la afiliación sindical, la militancia partidaria legal en el PCC-ML o en la Unión Patriótica de Urabá y la vinculación armada convivieron durante años en un mismo tejido social, con resultados electorales visibles en las primeras elecciones populares de alcaldes en 1988. Esa misma imbricación resultaría fatal cuando el paramilitarismo, aliado con sectores de la Fuerza Pública, decidió en los años noventa arrasar el trabajo sindical y político asimilándolo por completo al enemigo armado.

El movimiento A Luchar, creado en 1984 con participación de militantes del ELN aunque con una base mayoritaria de simpatizantes ajenos a esa guerrilla, ilustró la ambigüedad del arreglo. Se autodefinió como "la parte armada de la resistencia civil" y negó ser una vanguardia, buscando una identidad propia de movimiento social; al mismo tiempo, la vinculación de parte de su dirigencia con la organización armada era conocida en ciertos círculos y desconocida —o negada— en otros. Las mujeres militantes del ELN que operaban en estructuras urbanas realizaban trabajo comunitario legal, como la difusión de derechos humanos en escuelas, y solo tras su admisión formal en el grupo armado recibían la fundamentación política que orientaba esa labor hacia los fines de la organización. La militancia legal precedía, entonces, a la incorporación armada, y en muchos casos era la puerta por la que se pasaba de una cosa a la otra sin que el tránsito quedara claramente marcado ni para el propio militante ni para su entorno.

El paro del 27 de octubre de 1988 fue tal vez el punto más nítido de esa ambición articuladora, y también de sus límites. Militantes del EPL, el M-19 y el ELN lo concibieron como punto de partida de una nueva forma de lucha político-militar urbana que vincularía organizaciones populares y sindicales con la acción armada en un mismo pulso contra el Estado. Se esperaban movilizaciones masivas, paros regionales, tomas de universidades, marchas obreras que confluyeran con la presión armada. El día llegó y no hubo nada de eso: solo atentados guerrilleros dispersos, sin acompañamiento social visible, en un escenario donde los sindicatos no respondieron y las bases populares no se movieron al ritmo previsto por los estrategas. La combinación soñaba con articular obreros, estudiantes y milicianos en una misma jornada; la realidad devolvió la imagen de una lucha armada actuando en soledad, y confirmó la distancia creciente entre la retórica del arreglo y su capacidad efectiva de convocatoria.

La Unión Patriótica: la combinación puesta a prueba en las urnas

Tres años antes de ese paro fallido, la doctrina había conocido su experimento más ambicioso por otra vía: la electoral. La Unión Patriótica, surgida en mayo de 1985 al amparo de los Acuerdos de La Uribe firmados entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, se proyectó como un movimiento político amplio y democrático de oposición a los partidos tradicionales, alimentado inicialmente por el impulso de la guerrilla y del PCC pero abierto a convergencias más amplias.

Sus resultados electorales en 1986 fueron, para las escalas de la izquierda colombiana, extraordinarios. Conquistó entre catorce y quince curules en el Congreso —sumando senadores y representantes propios y en coalición—, y multiplicó su presencia en el nivel subnacional con diputados en once asambleas departamentales, más de trescientos concejales en todo el país y alrededor de veintitrés alcaldías. En documentos internos de 1987 la UP reivindicó su carácter de movimiento político de convergencia con dinámica propia, cuya votación superaba el marco de influencia orgánica de las fuerzas que la habían fundado. La discusión interna sobre si era un apéndice de las FARC o un movimiento autónomo se resolvió, al menos en el discurso oficial del propio partido, a favor de la segunda opción.

La respuesta fue el exterminio. Lo perpetraron grupos paramilitares en alianza con agentes de las Fuerzas Militares y de la Policía, y se concentró en las regiones donde la UP había obtenido mejores resultados electorales: el Magdalena Medio, los Llanos Orientales, Meta, Caquetá. Las amenazas comenzaron de manera inmediata tras las elecciones de 1986. Entre los primeros dirigentes asesinados figuraron Leonardo Posada Pedraza —representante a la Cámara por Santander, ejecutado el 30 de agosto de 1986 en Barrancabermeja— y Pedro Nel Jiménez, senador por el Meta, asesinado el 1 de septiembre del mismo año. Se documentaron al menos dos planes sistemáticos de exterminio: el "Baile Rojo" y el "Plan Esmeralda", este último desarrollado en Llanos Orientales y Caquetá con la finalidad expresa de perseguir y dar muerte a militantes de la UP, tal como lo denunció en su momento el congresista Henry Millán. Entre 1984 y 2000 la campaña dejó no menos de 4.153 personas asesinadas o desaparecidas, sin contar víctimas de violencia no letal.

En diciembre de 2012, jueces de Justicia y Paz reconocieron el exterminio de la UP como genocidio político en el proceso contra alias HH. En septiembre de 2016 el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado por no haber adoptado medidas suficientes para impedirlo. Ante la persecución, algunos militantes y simpatizantes optaron por el exilio; otros, desesperados e indignados por el exterminio y por la ausencia de garantías para hacer política de oposición, buscaron otras vías.

El caso UP es la prueba más cruda de que la ambigüedad estructural de la combinación tuvo un costo humano concreto. Mientras las FARC no se desmovilizaran y mientras el PCC no renunciara explícitamente a la doctrina, cualquier proyecto electoral vinculado a ese universo político era leído por sus adversarios como una prolongación de la guerrilla por medios pacíficos —y, por lo tanto, como un enemigo al que se podía combatir con las armas del terror—. La doctrina sirvió, sin proponérselo, para justificar el exterminio de quienes intentaron transitar hacia la legalidad plena.

El argumento inverso: cómo la derecha se apropió del concepto

Aquí la historia de la combinación se vuelve simétrica. Formulada por el PCC como estrategia de acumulación revolucionaria, la fórmula acabó siendo apropiada por las derechas colombianas como acusación deslegitimadora. La lógica del argumento era simple: si el propio comunismo admitía combinar la lucha armada con la legal, cualquier organización social, sindical o electoral de izquierda podía ser sospechosa de ser el brazo desarmado de la guerrilla. La combinación se convirtió, así, en un arma retórica que no distinguía entre militancia legal y beligerancia armada, y que autorizaba —tácitamente o expresamente— la represión de la primera bajo el pretexto de combatir la segunda.

Ese uso invertido del concepto se apoyaba en un hecho estructural: el PCC había sido, de facto, expulsado del espacio político institucional colombiano mucho antes de la existencia de la UP. La combinación de estigmatización, violencia y persecución militar sobre los comunistas, sostenida durante décadas, había cerrado la puerta de la política legal antes incluso de que el partido pudiera decidir si quería o no cruzarla en serio. El PCC dejó el frente electoral en segundo plano y privilegió los campos sindical y universitario, sin renunciar del todo a coaliciones o listas propias. Pero esa opción no era libre: era también el reflejo de un espacio institucional que le había sido negado.

En años más recientes, la fórmula ha reaparecido como argumento estigmatizador contra formaciones que reclaman legitimidad plena en la contienda democrática. La persistencia de esa justificación por parte de los actores armados —o la sospecha de que persiste— aparece señalada como uno de los factores que degradan la guerra e impiden abrir camino a la paz negociada. La acusación funciona, entonces, en dos direcciones: contra quienes en el pasado usaron efectivamente la doctrina, y contra quienes en el presente son asimilados a ella sin evidencia.

El plebiscito de 2016 y los ecos que persisten

El Acuerdo Final firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 pareció, sobre el papel, cerrar la larga era de la combinación. La guerrilla se transformaba en partido político, sus excombatientes recibirían durante veinticuatro meses una renta básica equivalente al noventa por ciento del salario mínimo mensual legal vigente —condicionada a no tener vínculo contractual que generara ingresos—, y el país inauguraba, en principio, una etapa en la que la izquierda proveniente de la insurgencia podría hacer política sin armas.

El plebiscito del 2 de octubre de 2016 preguntó: "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?". El resultado —una estrecha victoria del No que sorprendió a todas las encuestadoras— fue, entre otras cosas, la constatación de que la sombra de la combinación seguía siendo eficaz como argumento. La campaña del No articuló la exigencia de castigo penal para los excombatientes, la denuncia de una supuesta impunidad y la circulación de desinformaciones, incluyendo cifras falsas sobre los beneficios económicos que recibirían los desmovilizados. Álvaro Uribe declaró que el Acuerdo era "de impunidad total" y que violaba la Constitución y normas internacionales como el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial del Centro Democrático, se sumó a esa crítica en la misma dirección.

El ciclo abierto por la combinación no se cerró con la firma. La oposición sistemática del uribismo a aspectos centrales del Acuerdo —jurisdicción especial de paz, curules transitorias, reforma rural integral— prolongó en el terreno institucional la sospecha que durante décadas había pesado sobre la izquierda desmovilizada, y trasladó al debate parlamentario y judicial buena parte de las tensiones que antes se dirimían por otras vías.

Los testimonios de excomandantes de las FARC iluminan, retrospectivamente, la última cara del problema. En sus regiones de origen —contaron— el PCC y la Juventud Comunista tenían presencia arraigada, con actividad sindical y comunitaria, y ese entorno político formó parte del ambiente en que algunos jóvenes se aproximaron a la lucha armada. La transición no siempre fue explícita ni deliberada: el paso de la militancia legal a la beligerante ocurrió, muchas veces, por continuidad ambiental antes que por decisión ideológica clara. Es la traza más íntima de la combinación: no como estrategia de partido sino como paisaje biográfico.

La huella de un concepto

La combinación de todas las formas de lucha operó simultáneamente en varios registros que conviene no confundir. Como tesis de congreso quedó aprobada en 1961 y codificada en 1966. Como práctica precedió a su formulación: el PCC la venía sosteniendo desde 1949 en Viotá, el Sumapaz y el sur del Tolima, y la doctrina llegó a nombrar lo que ya se hacía. Como mecanismo interno permitió al partido mantener juntas a facciones enfrentadas sobre el uso de las armas, evitando rupturas que en otros comunismos latinoamericanos resultaron fatales. Como arquitectura organizativa se tradujo en los comisarios políticos enviados a la guerrilla en 1966 y en la separación permanente entre comandantes políticos y militares dentro de cada frente de las FARC. Como matriz ideológica alimentó el experimento electoral más ambicioso de la izquierda colombiana, la Unión Patriótica, y sirvió después de coartada retórica para legitimar su exterminio. Y como argumento en manos de sus adversarios permitió a la derecha colombiana equiparar, durante décadas, movimiento social e insurgencia armada. Que la fórmula pudiera ser al mismo tiempo tesis de partido, práctica campesina, arquitectura militar, plataforma electoral y arma retórica del adversario es lo que la hizo tan difícil de desmontar: cada crítica dirigida a uno de sus rostros dejaba intactos los demás.

Nunca resolvió su ambigüedad fundacional, y esa fue simultáneamente su fuerza y su tragedia. Le dio al PCC la elasticidad para sobrevivir en un país que le negaba la política institucional; les dio a las FARC un puente permanente con la legalidad; le dio a la izquierda un lenguaje para pensar la relación entre lo legal y lo armado sin renunciar a ninguno de los dos polos. Pero también atrapó a miles de militantes en una zona gris donde la política pacífica no protegía de la violencia y donde la violencia contaminaba de sospecha a toda la política pacífica.

Comprender la combinación no es solo comprender un capítulo del comunismo colombiano ni de la historia de las FARC. Es entender por qué en Colombia la relación entre izquierda y democracia ha sido, durante más de medio siglo, un enredo doloroso. La lucha electoral pudo convivir con la guerra sin fundirse con ella, el exterminio de un partido legal ocurrió en democracia sin que la democracia lo impidiera, y la firma de un acuerdo de paz no bastó para desmontar la sospecha estructural que la fórmula sembró en el imaginario político nacional. La combinación es, en ese sentido, mucho más que un concepto: es una de las claves para leer el siglo XX colombiano —y buena parte de lo que aún queda del XXI—.