Rodrigo Londoño

Origen quindiano

Londoño nació en el departamento del Quindío, en una región que hasta principios de los años noventa exhibía los índices más bajos de necesidades básicas insatisfechas del país. El Eje Cafetero —Caldas, Risaralda y Quindío, apenas 13.873 kilómetros cuadrados equivalentes al 1,2% del territorio nacional, del que el Quindío aporta el 15%— se sostenía entonces sobre pequeños propietarios caficultores integrados en cooperativas. Su colonización se acercó, más que la de otras zonas cafeteras, a un patrón igualitario. Era, en los mapas del bienestar colombiano, una excepción amable.

Y sin embargo, de esa tierra próspera salieron algunas de las figuras insurgentes más notorias del siglo XX colombiano. Los hermanos Fabio y Manuel Vásquez Castaño, fundadores del ELN, también nacieron en el Quindío. Londoño se sumó a esa genealogía inesperada. El departamento había sido, además, escenario de enfrentamientos entre grupos armados liberales y conservadores durante los años cincuenta, en el marco de La Violencia; la memoria de esos años seguía viva cuando él creció. A comienzos de los noventa, la crisis del modelo cafetero erosionó las condiciones que habían distinguido a la región, pero para entonces Londoño llevaba ya años en la clandestinidad.

Su formación previa a la vida armada incluyó estudios en el exterior, en países del bloque socialista —la Unión Soviética y Yugoslavia figuran en su hoja de vida política—, un dato que lo diferenciaba de los cuadros campesinos que fundaron las FARC en Marquetalia y que lo emparentaba con la vertiente urbana e ideológica sumada a la guerrilla en los años setenta. Se le atribuye una formación en el campo médico, oficio que ejerció dentro de las filas antes de ascender al mando político-militar. Ese perfil híbrido —cuadro urbano con formación técnica, disciplinado, discreto— marcaría toda su trayectoria posterior.

Ascenso en la estructura guerrillera

Las FARC-EP se organizaban en una jerarquía cuyo vértice era el Secretariado del Estado Mayor Central, compuesto por siete miembros que resolvían las decisiones tácticas y políticas en cooperación con el Estado Mayor Central y bajo la autoridad última de la Conferencia Nacional Guerrillera. Llegar a ese círculo suponía décadas de mando en frentes, bloques y comisiones. Hacia el final de la primera década del siglo XXI, Timoleón Jiménez figuraba entre esos siete, junto a Jorge Briceño (Mono Jojoy), Alfonso Cano (Guillermo León Sáenz Vargas), Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo e Iván Márquez.

Su ascenso se consumó en un contexto de golpes militares sostenidos. En 2008 murió Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, el fundador. La sucesión recayó en Alfonso Cano, cuadro ideológico y político, no en un jefe militar del calibre del Mono Jojoy. La lógica de esa designación —privilegiar el pensamiento estratégico sobre la capacidad de combate— hablaba ya de una organización que buscaba una salida distinta, aunque el aparato militar continuaba operando con la contundencia habitual.

El golpe siguiente fue devastador. En septiembre de 2010, la operación Sodoma acabó con Víctor Julio Suárez Rojas, el Mono Jojoy, jefe del bloque más numeroso de la guerrilla y símbolo del ala militar dura. El operativo empleó treinta aviones y helicópteros de guerra que arrojaron doce toneladas y media de bombas de alto poder sobre un campamento fortificado; con él murieron unos veinte guerrilleros de su primer anillo de seguridad. Fue la manera en que el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos, apenas iniciado, mostró que su política de seguridad mantendría la contundencia militar del uribismo.

Poco más de un año después, en noviembre de 2011, la operación Odiseo dio muerte a Alfonso Cano. Era la primera vez en la historia de las FARC que caía abatido su máximo comandante. Las circunstancias fueron controvertidas: el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, denunció pocos días después que Cano había sido "fusilado", cuestionando la versión oficial de una muerte en combate. Fuera cual fuera el detalle, la consecuencia estructural era clara. En tres años, la guerrilla había perdido a su fundador, a su jefe militar más temido y a su comandante político. El Secretariado histórico, aquel que había construido la organización desde los años sesenta, se cerraba con ausencias.

El mando heredado

La sucesión recayó en Timoleón Jiménez. Fue una designación que respondió a la mecánica interna del Secretariado: quien quedaba en pie asumía. No hubo el peso carismático de un Marulanda, ni la aureola militar de un Jojoy, ni la densidad intelectual con que Cano se había proyectado hacia afuera. Londoño llegó al mando en el peor momento militar de las FARC, con el aparato golpeado, con la certeza recién demostrada de que el Estado podía alcanzar a los máximos comandantes en sus campamentos, y con una organización que, pese a mantener capacidad operativa, había perdido la ilusión de invulnerabilidad.

Ese punto es central para entender el giro estratégico que siguió. Las gestiones exploratorias con el gobierno Santos ya estaban en curso antes de la muerte de Cano —el propio Cano las había impulsado— y su continuación bajo el mando de Londoño no fue una ruptura sino una prolongación. A principios de 2012, apenas dos meses después de la operación Odiseo, se inició formalmente una fase exploratoria de negociaciones que se prolongó durante seis meses. El 26 de agosto de ese año se dio a conocer el documento conjunto Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

La decisión de fondo era doctrinal, no coyuntural. Por primera vez en su historia, las FARC aceptaban negociar con el objetivo expreso de poner fin al conflicto armado como condición esencial para la construcción de la paz, renunciando a la exigencia de cambios previos de condiciones estructurales antes de negociar. Era un quiebre ideológico de fondo: la guerrilla que se había definido durante décadas por la lucha armada como instrumento indispensable de transformación social aceptaba ahora que la transformación se buscaría por otras vías. Ese giro no lo produjo la debilidad militar por sí sola —ninguna derrota táctica basta para explicar un cambio doctrinal de esa magnitud—, pero la coyuntura militar hizo posible que se consumara sin fracturas mayores en el mando.

La mesa de La Habana

Las negociaciones formales se lanzaron en Oslo, Noruega, en octubre de 2012, antes de trasladarse definitivamente a La Habana, donde el gobierno cubano ofició de país garante junto con Noruega. La delegación de las FARC en la mesa fue encabezada visiblemente por Iván Márquez, con Jesús Santrich y Pablo Catatumbo entre sus figuras públicas más recurrentes. Londoño, como comandante en jefe, no ocupó de manera permanente un asiento en la mesa: su función era distinta y en cierto modo más pesada. Sostener desde el mando la coherencia interna del proceso, garantizar que cada acuerdo parcial fuera asumido por la organización y proyectar hacia afuera la firma última.

Fueron cuatro años de negociación sobre una agenda temática compleja, con puntos que abarcaron desarrollo rural, participación política, cultivos de uso ilícito, víctimas, fin del conflicto y refrendación e implementación. En diciembre de 2014 las FARC declararon un cese al fuego universal, y las fuerzas militares colombianas anunciaron que suspenderían los bombardeos y operaciones ofensivas contra la guerrilla a partir de marzo de 2015. En septiembre de 2015, los negociadores firmaron el acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, que estableció los parámetros legales para la reincorporación: un sistema de justicia restaurativa con amnistía para los delitos que no fueran de lesa humanidad, pero con exigencia de verdad, reparación y sanciones propias para los máximos responsables.

Ese acuerdo era, en términos de Londoño y del Secretariado, la pieza decisiva. Aceptar el marco de la JEP significaba aceptar que los comandantes responderían judicialmente por los crímenes cometidos, incluido el secuestro sistemático que había sido pilar del financiamiento guerrillero. Quienes habían mandado durante décadas se disponían a sentarse ante jueces a reconocer conductas concretas, con nombres y víctimas.

La X Conferencia y el plebiscito

Entre el 17 y el 23 de septiembre de 2016, en los Llanos del Yarí, se reunió la X Conferencia Nacional Guerrillera de las FARC-EP, máximo nivel de dirección de la organización. Fue una asamblea de refrendación interna: los delegados de todos los frentes y bloques debían ratificar colectivamente lo que la delegación en La Habana había pactado. La conferencia respaldó el acuerdo. Ese respaldo, casi unánime en términos políticos —con la excepción notable de un sector del Frente 1, uno de los "frentes madres" o históricos del movimiento—, es un dato decisivo para leer la trayectoria de Londoño: la paz no fue una decisión personal impuesta desde el mando debilitado, sino una determinación institucional adoptada por el máximo órgano de la guerrilla.

El acuerdo se firmó luego en el Teatro Colón de Bogotá. Pero antes del cierre debía superar un plebiscito. La refrendación popular exigía que el SÍ ganara al NO y además superara el 13% del censo electoral —al menos 4.536.992 votos—. El 2 de octubre de 2016 el NO se impuso por un margen estrecho, encabezado por los partidos afines al expresidente Álvaro Uribe y por representantes de sectores rurales, junto con núcleos de víctimas, particularmente en la región Caribe, que exigían penas de cárcel para los responsables en lugar de su participación en el Congreso. La refrendación directa quedó frustrada.

El acuerdo fue entonces modificado a finales de 2016 para incorporar objeciones del rechazo ciudadano y refrendado por el Congreso. Londoño mantuvo durante esas semanas una posición pública de contención: la guerrilla no romperá lo pactado, la vía civil está tomada. En diciembre las FARC recibieron el reconocimiento simbólico de que su decisión estratégica no dependía del resultado de la urna, aunque la implementación quedaría marcada desde el inicio por la debilidad de la legitimidad social del proceso.

Del fusil al partido

Entre enero y agosto de 2017, las FARC-EP se concentraron en veintiséis zonas de desarme y reincorporación repartidas por el territorio nacional. La dejación de armas se ejecutó bajo verificación internacional en un período que coincidió aproximadamente con los 180 días previstos en el acuerdo. La reincorporación fue diseñada según una lógica distinta de los procesos convencionales de desarme, desmovilización y reinserción: se haría "de acuerdo con los intereses" de la propia guerrilla, como proceso colectivo y territorial, no como abandono de los territorios a cambio de subsidios individuales. Esa arquitectura reflejaba la insistencia del Secretariado en que las FARC no se disolverían en el archipiélago de excombatientes anónimos, sino que persistirían como sujeto colectivo con proyección política.

En 2017 fue aprobado el partido político sucesor. Con la sigla y la marca originales —el partido conservó al principio el nombre FARC en su versión civil, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común— la organización dio el paso de la clandestinidad armada a la legalidad electoral. Londoño asumió su presidencia. El acuerdo garantizaba, además, una presencia mínima en el Congreso durante dos períodos legislativos, mecanismo que buscaba compensar la desventaja de una fuerza recién nacida frente a las maquinarias tradicionales.

En 2018 Londoño se presentó como candidato presidencial. Fue una candidatura simbólica más que competitiva: la retiró antes de la elección, alegando problemas de salud —había sido operado del corazón— y las condiciones de seguridad. El gesto fue leído entonces como reconocimiento de que la ruta electoral inmediata era estrecha; la campaña había estado marcada por hostilidades directas, protestas en plazas y la evidencia de que el clima nacional no favorecía la figura pública del excomandante.

Cinco facciones disidentes de las FARC no se acogieron al proceso o rompieron con él después. Algunas, encabezadas por figuras que habían sido negociadoras en La Habana como Iván Márquez y Jesús Santrich, tomaron nuevamente las armas en 2019 alegando incumplimientos del Estado. Otras, herederas del sector del Frente 1 que se había separado antes de la firma, nunca aceptaron la ruta pactada. Londoño mantuvo, frente a esas rupturas, una posición inequívoca de rechazo al retorno armado, insistiendo en que la vía civil, con todos sus obstáculos, era la única defendible.

Comunes y el posacuerdo

En enero de 2021 el partido cambió su nombre a Comunes, en un intento explícito por marcar distancia respecto a la sigla armada y facilitar la construcción de una identidad política nueva. El cambio se produjo en un contexto adverso: los excombatientes firmantes del acuerdo estaban siendo asesinados de manera sistemática, con cifras que se acumulaban año tras año. El fenómeno, junto con el exilio forzado de excombatientes y sus familias, evidenció que fuerzas activas se oponían a la paz por vías letales, y reprodujo un patrón trágicamente conocido en los procesos de paz colombianos: incumplimiento de acuerdos, asesinato de firmantes, deterioro sostenido de las condiciones de seguridad.

Londoño, como presidente de Comunes, ha sido en esos años la figura pública más visible del sector desarmado. Su papel ha combinado la denuncia del asesinato de firmantes, la interlocución con los gobiernos —el de Iván Duque, hostil al acuerdo aunque obligado a implementarlo; el de Gustavo Petro, que reivindica su continuidad— y la representación del sujeto colectivo excombatiente ante la sociedad y las instituciones. No ha sido una figura de masas ni ha aspirado a serlo: su liderazgo es más bien institucional, hacia adentro del proceso de reincorporación, con capacidad de mantener la cohesión política del grueso de los firmantes en medio de presiones de todo signo.

La labor cotidiana del partido ha oscilado entre la política electoral y la gestión del sujeto excombatiente. En el Congreso, la bancada aprovechó los diez escaños garantizados por el acuerdo para intervenir en debates de implementación, tierras, víctimas y seguridad. En el territorio, Comunes ha buscado sostener los proyectos productivos colectivos de los antiguos espacios de reincorporación, hoy convertidos en asentamientos precarios que exigen inversión estatal continua. Ese doble frente —la voz política en Bogotá y el sostenimiento material de excombatientes en zonas rurales cada vez más disputadas— define en la práctica el trabajo de la organización que Londoño preside.

La llegada de Petro al gobierno en 2022 reintrodujo la agenda de paz en el vértice del Estado, esta vez bajo el rótulo de "paz total", que incluye tanto la implementación efectiva del acuerdo con las FARC como negociaciones abiertas con el ELN y con las disidencias armadas. Ese giro modificó las condiciones de interlocución de Comunes: por primera vez desde 2018, el gobierno reconoce el acuerdo como agenda propia. Los déficits acumulados —tierras no entregadas, proyectos productivos incumplidos, firmantes asesinados— siguen marcando el balance, y la reincorporación es una arquitectura frágil que requiere sostenimiento continuo.

Comparecencia ante la JEP

El otro rostro de la trayectoria posacuerdo de Londoño es el judicial. Los exintegrantes del Secretariado de las FARC-EP comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el Caso 001, denominado Toma de rehenes y otras graves privaciones a la libertad. Es el caso emblemático sobre el secuestro como práctica sistemática de la guerrilla durante el conflicto.

En una versión colectiva presentada ante la JEP, las FARC-EP reconocieron que el secuestro económico aumentó en algunos frentes y bloques como mecanismo para cumplir metas de financiamiento bajo supervisión del Secretariado. Los excomandantes admitieron que el Secretariado imponía cuotas económicas anuales a los frentes y bloques, práctica vinculada a mandatos de la Octava Conferencia de 1993, y que esas cuotas empujaron a la extensión del secuestro. El reconocimiento tiene un peso específico: no se trata de aceptar un exceso aislado ni de atribuir los hechos a mandos medios descontrolados, sino de admitir la responsabilidad estructural del nivel más alto de la organización, aquel del que Londoño mismo formó parte y que después presidió.

Ese reconocimiento judicial es el complemento necesario del gesto político de la paz. Sin él, la firma habría sido apenas una capitulación militar disfrazada. Con él, la trayectoria de Londoño adquiere una densidad distinta: es el excomandante que dejó las armas y responde por lo que se hizo con ellas. La JEP prevé para los máximos responsables sanciones propias —restrictivas de la libertad, con componentes reparadores— que no equivalen a la cárcel ordinaria pero que tampoco son amnistía. Es precisamente ese punto —la ausencia de cárcel ordinaria para responsables de crímenes graves— el que ha alimentado el rechazo persistente de sectores de víctimas y de la oposición política al acuerdo.

Interlocutores y geografías

Del Secretariado histórico, los interlocutores más cercanos de Londoño en la última etapa fueron Iván Márquez y Pablo Catatumbo, ambos cuadros veteranos con recorrido en el trabajo político y en el mando militar. La relación con Márquez se fracturó tras la ruptura de 2019 y su retorno a las armas; fue el golpe interno más severo del posacuerdo para el sector firmante, pues implicaba que el jefe negociador de La Habana renegaba del acuerdo que había firmado. Con Catatumbo, la relación se sostuvo dentro de Comunes y en el Congreso, donde ocupó una de las curules garantizadas.

Al otro lado de la mesa, su contraparte fue el gobierno de Juan Manuel Santos, con Humberto de la Calle como jefe negociador. La política de paz fue la política insignia de Santos, quien apostó buena parte de su capital político a llevarla a término y recibió por ello el Premio Nobel en 2016, apenas días después de la derrota en el plebiscito. La sucesión presidencial de 2018 llevó al poder a Iván Duque, cuyo partido había liderado el No; su gobierno mantuvo formalmente el acuerdo pero desaceleró su implementación en varios frentes. Petro, exguerrillero él mismo del M-19, cerró en 2022 el ciclo de contrapartes gubernamentales de Londoño con una postura de continuidad explícita.

Los lugares trazan una geografía definida. Calarcá y el Quindío como origen; las zonas de operación guerrillera durante la vida armada; La Habana como escenario de la negociación; los Llanos del Yarí como sede de la X Conferencia; Mesetas y otros municipios del Meta como espacios de concentración y reincorporación. Cada uno de esos puntos condensa un momento distinto: el niño que sale de una región próspera hacia la clandestinidad, el comandante que negocia en el Caribe, el jefe que refrenda ante sus tropas en la selva, el excombatiente que se instala en zonas rurales marginales para ejecutar un acuerdo que el país no acabó de refrendar.

Huella y disputa

Rodrigo Londoño ocupa un lugar particular en la historia colombiana. No es el fundador ni el símbolo carismático de la guerrilla —esos lugares están tomados por Marulanda y por Jojoy—, ni es el intelectual público de la insurgencia —ese fue Cano—. Es el comandante que cerró. Tras la cadena de golpes que descabezó al Secretariado histórico, sostuvo la negociación hasta la firma, aceptó el marco judicial que exige responder por los crímenes cometidos, condujo la transformación de la organización en partido legal y presidió esa transición durante los años más duros del posacuerdo, con los excombatientes cayendo asesinados y la implementación amenazada por gobiernos hostiles y por fracturas internas.

Su figura pública es discreta, casi pálida frente a la de sus antecesores. Es una característica —no un defecto— que probablemente hizo posible el papel que le tocó. Un comandante con la aureola militar de Jojoy difícilmente habría podido sostener una negociación de cuatro años sin fracturas internas; un intelectual del calibre de Cano habría podido proyectar el proceso con más brillo, pero no está claro que hubiera tenido la paciencia orgánica que exigió la implementación. Londoño combinó formación técnica, disciplina de cuadro, autoridad heredada sin disputa interna y una convicción sostenida —expresada más en gestos que en discursos— de que la vía civil era irreversible.

La disputa sobre su figura no está resuelta ni lo estará pronto. Para una parte de la sociedad colombiana, especialmente entre las víctimas del secuestro y en los sectores que respaldaron el No en 2016, Londoño es el rostro de una impunidad negociada: el excomandante de una organización responsable de miles de secuestros, reclutamientos forzados y asesinatos que hoy participa en política sin pisar una cárcel ordinaria. Para otra parte, es el garante de que un conflicto de más de medio siglo terminó por vía negociada, con reconocimiento judicial de responsabilidades y con un aparato guerrillero convertido en fuerza legal, algo que ningún proceso previo en Colombia había logrado en esa escala.

Las dos lecturas son ciertas y no se cancelan. La trayectoria de Londoño es precisamente el punto donde se tocan: la responsabilidad penal reconocida ante la JEP y la legitimidad política reclamada desde Comunes son las dos caras del mismo acto, no dos hechos separados. Que el debate colombiano tienda a tratar los asuntos de víctimas y excombatientes como esferas diferenciadas es en parte lo que hace tan difícil aceptar la coexistencia de ambas dimensiones en una sola figura.

Queda por ver qué queda de Comunes en el mediano plazo y qué papel jugará su presidente cuando termine el período de garantías electorales pactadas. Queda también por medir, con distancia, el peso histórico de una decisión —firmar la paz, aceptar la JEP, sostener la ruta civil frente a las disidencias— tomada colectivamente por una organización en crisis pero que necesitó, en el vértice de esa organización, a alguien capaz de sostenerla sin ceder ni por el flanco del retorno armado ni por el de la disolución silenciosa. Ese fue el lugar de Rodrigo Londoño en la historia reciente de Colombia. Que sea un lugar incómodo, doblemente cuestionado, en tensión permanente entre lo que reconoce y lo que representa, no lo hace menos consecuente. Lo hace, quizás, más propio del país que lo produjo.