Asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes en el posacuerdo (2016–2022)

El asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes en el posacuerdo (2016–2022)

Entre la firma del Acuerdo Final de La Habana en noviembre de 2016 y el fin del gobierno de Iván Duque Márquez en agosto de 2022, Colombia atravesó una paradoja que definió su vida pública: mientras se apagaban los combates entre el Estado y la guerrilla más antigua del continente, en los territorios rurales se encendía una violencia selectiva que en cinco años y medio dejó más de 331 excombatientes de las FARC-EP asesinados y al menos 417 líderes sociales muertos, con conteos de organizaciones como Indepaz que ubican la cifra en rangos superiores. En 2020, en plena pandemia, el país concentró el 53% de los homicidios de defensores de derechos humanos registrados en el mundo: 177 de 331 casos globales, más que Filipinas y Honduras sumadas. El fenómeno no fue una secuela residual del conflicto: fue su continuación por otros medios, en los vacíos que el Estado no ocupó, sobre los cuerpos de quienes intentaban encarnar el Acuerdo en el terreno.

El mundo del que brota el hecho

La violencia posterior a 2016 no comienza de la nada. El Acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, encabezadas por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, cerró un frente de guerra que durante más de medio siglo había definido la vida rural colombiana. Pero dejó intactos —como lo señaló el expresidente César Gaviria— los conflictos agrarios que le dieron origen. La reforma rural integral pactada en el punto uno, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la restitución de tierras a las víctimas del despojo y la apertura política para la fuerza desmovilizada dependían de un supuesto que la realidad desmintió con rapidez: que el Estado tenía la capacidad y la voluntad de ocupar civil, política y militarmente los territorios que las FARC dejaban atrás.

El supuesto era frágil por antecedentes. El más inmediato: la desmovilización del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia en la primera década del siglo. Exintegrantes que buscaron reincorporarse fueron amenazados y asesinados por antiguos compañeros que pasaron a conformar los grupos posdesmovilización, llamados bacrim o narcoparamilitares, que años después se consolidarían bajo nombres como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como el Clan del Golfo, Los Caparros y las Águilas Negras. La lección estaba escrita: firmar la paz sin transformar las estructuras de tierra, sin garantizar seguridad efectiva y sin desmantelar las redes que sostenían la violencia era invitar a una nueva reconfiguración armada sobre los mismos territorios.

La violencia contra líderes ya venía, además, en ascenso silencioso. En el Pacífico nariñense, líderes de consejos comunitarios afrocolombianos y de organizaciones de víctimas que se interponían en las actividades del narcotráfico y de los grupos neoparamilitares fueron asesinados selectivamente años antes del Acuerdo: Felipe Landázuri en 2008, Armenio Cortés ese mismo año, Miller Angulo en 2012, todos en Tumaco. Los asesinatos de líderes afrocolombianos pasaron de alrededor de diez en 2013 a alrededor de treinta y tres en 2018: la firma del Acuerdo no inauguró la violencia contra los liderazgos étnicos, la aceleró.

Un tercer antecedente pesa. El programa de protección estatal a víctimas y testigos había mostrado sus límites en el marco del proceso de Justicia y Paz con las AUC: en 2007, víctimas amenazadas debieron interponer una acción de tutela para obligar al Estado a actuar, y solo entonces se creó un programa específico. La institucionalidad de protección llegaba tarde, después del cuerpo, y esa temporalidad —el Estado que responde cuando ya no hay a quién proteger— se repetiría con crudeza en el posacuerdo.

La reconstrucción de una violencia sostenida

La curva es legible en las cifras anuales: 207 asesinatos en 2017, 298 en 2018, 279 en 2019, 310 en 2020 y 168 en 2021 en los conteos consolidados sobre líderes sociales y personas relacionadas con la implementación del Acuerdo. El año más letal coincide con el confinamiento por Covid-19: entre el 5 de marzo y el 31 de julio de 2020, en apenas cinco meses, fueron asesinados 73 líderes sociales y al menos 13 comuneros indígenas. El 93% eran hombres, el 90% vivían en zonas rurales. La pandemia, que en las ciudades significó encierro y silencio, en los territorios significó que los líderes quedaron localizados, quietos, encontrables.

La geografía del asesinato dibuja un mapa reconocible. En los departamentos amazónicos de Putumayo, Caquetá y Guaviare, entre 2016 y 2020, fueron asesinados 113 líderes sociales, muchos de ellos promotores o firmantes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito —conocido como PNIS— e impulsores de procesos comunitarios de reemplazo de la coca por economías legales.

En el Catatumbo, Tibú se convirtió en el municipio con mayor concentración de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con 32 casos, seguido de Ocaña con 17, Convención con 8 y El Tarra con 6. Los asesinatos fueron el hecho más frecuente: 36 en total, entre ellos 10 feminicidios, nueve de ellos ocurridos en Tibú en apenas tres meses. En Arauca, 2021 dejó cerca de 185 homicidios, uno cada dos días. En el Bajo Atrato chocoano, territorios colectivos como Truandó y Domingodó quedaron sembrados de minas antipersonal, con retenes ilegales en vías fluviales, denuncias masivas de reclutamiento forzado y un desplazamiento gota a gota que despobló comunidades enteras sin producir imágenes de éxodo visibles para los medios nacionales.

En el norte del Cauca, la violencia adquirió un rostro conocido: dirigentes indígenas nasa fueron señalados como objetivos militares por disidencias de las FARC, el ELN, el EPL y las Águilas Negras bajo la acusación —repetida hasta el automatismo— de ser informantes o colaboradores del enemigo. Cristina Bautista, gobernadora del resguardo de Tacueyó, murió en octubre de 2019 durante una emboscada contra la guardia indígena. En Tierralta, Córdoba, María del Pilar Hurtado fue asesinada en junio de 2019, con su hijo como testigo del disparo. Meses antes, en enero de 2018, había caído Temístocles Machado en Buenaventura, defensor del territorio ganado al mar y de las comunidades negras que resistían el avance portuario. En el bajo Naya asesinaron a Emilsen Manyoma en 2017. Dimar Torres, excombatiente de las FARC-EP, fue asesinado en abril de 2019 en el Catatumbo por miembros del Ejército Nacional: la violencia contra firmantes no provenía solo de grupos ilegales.

Los excombatientes cayeron en un patrón sostenido. A octubre de 2021, la ONU contabilizaba casi 292 firmantes del Acuerdo asesinados tras dejar las armas. El 13 de mayo de 2022, el Consejo Nacional de Reincorporación y el Partido Comunes elevaban la cifra a 331. La Orinoquía concentró una porción notable de esos crímenes, y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación —Mariana Páez en Mesetas, Miravalle en Caquetá, Icononzo en Tolima— vivieron el vaciamiento progresivo de sus habitantes, que optaron por desplazarse hacia zonas urbanas o hacia otras regiones ante la constatación de que quedarse era volverse blanco.

La autoría de los crímenes se reparte entre múltiples actores. De los casos esclarecidos por la Fiscalía, el Clan del Golfo y los llamados Grupos Armados Organizados Residuales aparecen como responsables del 11,86% de los asesinatos de líderes sociales; una proporción mayoritaria se atribuye a sicarios sin adscripción claramente determinada, y el resto se distribuye entre disidencias de las FARC-EP y el ELN. La atomización de la autoría dice algo por sí sola: no hay un solo enemigo del liderazgo social, hay un ecosistema de violencia que converge sobre él.

El vacío que se llenó de armas

La causa estructural del ciclo está en un hecho que se enunciaba con reticencia en el debate público pero que los propios mandos militares reconocieron: tras la firma del Acuerdo, el Estado no logró ocupar de manera efectiva —ni civil, ni política, ni militarmente— las zonas que controlaban las FARC. El repliegue guerrillero fue rápido; la llegada estatal fue lenta o simplemente no llegó. En ese hueco entraron, con velocidad que solo permite una preparación previa, tres tipos de organizaciones: las disidencias de las FARC-EP que rechazaron el Acuerdo o retornaron a las armas después, el ELN que aprovechó para expandir su presencia desde sus bastiones históricos, y los grupos sucesores del paramilitarismo, con el Clan del Golfo a la cabeza como estructura dominante.

Estos actores no pelearon por consignas. Pelearon por economías. Los territorios en disputa coinciden con los corredores del narcotráfico, con las cuencas de minería ilegal de oro, con las tierras aptas para ganadería extensiva y palma aceitera, con áreas de operación de la industria de hidrocarburos y con circuitos de extorsión ligados a la contratación estatal municipal. El Clan del Golfo, en particular, se consolidó como algo más que una estructura armada: se convirtió en actor de gobernanza político-territorial regional, interviniendo en la definición de candidaturas locales, en la financiación de campañas electorales y en la captura de rentas mediante contratos públicos. Un poder paralelo que administra vidas, votos y economías.

En ese esquema, el liderazgo social es un obstáculo funcional. Los presidentes de juntas de acción comunal que denuncian rutas de coca, los promotores del PNIS que convencen a sus vecinos de erradicar y sembrar cacao, los reclamantes de tierras que exigen restitución sobre predios que un empresario compró barato durante el despojo, los defensores ambientales que se oponen a la deforestación para ganadería o al vertimiento de mercurio de la minería ilegal, los dirigentes indígenas que ejercen jurisdicción propia sobre resguardos: todos son piedras en el engranaje de economías que necesitan silencio para funcionar. El asesinato selectivo es, en esta lógica, un instrumento de administración territorial.

A esa causa estructural se sumó un componente político activo. El gobierno de Iván Duque ganó las elecciones presidenciales de junio de 2018 con un mandato explícito de modificar sustancialmente el Acuerdo. El Centro Democrático, con respaldo del presidente electo, había sostenido durante años que el pacto con las FARC era una entrega del país a la guerrilla. El uribismo presionó de manera constante para excluir a los excombatientes de la competencia política argumentando que debían cumplir penas de cárcel antes de ocupar escaños en el Congreso, desplegó campañas para señalar a miembros de la desmovilización como violadores de niños e impulsó reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz orientadas a imponer penas drásticas. Aunque algunas de esas iniciativas sufrieron reveses parciales, el mensaje llegó a los territorios: el Acuerdo estaba deslegitimado desde el Palacio de Nariño, y quienes lo encarnaban no contaban con el respaldo político del Ejecutivo. La política de seguridad del cuatrienio mantuvo trazas de la doctrina del enemigo interno, en tensión con los compromisos en derechos humanos del propio Acuerdo.

El detonante coyuntural, en muchos territorios concretos, fue la implementación fallida del PNIS. El programa fue ejecutado a cuentagotas. Las familias firmaron actas de sustitución, arrancaron sus matas de coca y quedaron esperando los proyectos productivos que llegaban parcialmente o no llegaban. Mientras tanto, las alternativas eran claras: la erradicación forzada mostraba una tasa de resiembra del 50% frente al 0,8% en las zonas de sustitución voluntaria pactada. Donde el Estado erradicaba a la fuerza, la coca volvía; donde las comunidades erradicaban por acuerdo, no volvía. Pero la política pública privilegió lo primero. Quienes habían apostado por el Acuerdo, quienes habían firmado, quienes habían encabezado asambleas comunitarias para convencer a sus vecinos, quedaron señalados por los grupos armados como traidores a la economía cocalera y, simultáneamente, tratados por el Estado con la desconfianza que se le reserva al infractor. El liderazgo social fue expuesto por partida doble.

Perfiles y motivaciones del blanco

La motivación del blanco varía por región pero comparte una lógica. Los perfiles documentados incluyen presidentes de juntas de acción comunal y promotores del PNIS; líderes indígenas y autoridades de consejos comunitarios afrocolombianos; defensores de derechos humanos y ambientalistas; sindicalistas y militantes de partidos políticos alternativos —en particular del recién creado partido Comunes, sucesor político de las FARC-EP, cuya militancia en los territorios fue sistemáticamente eliminada—. El 14% de los casos con perfil claramente documentado corresponde a personas con liderazgo comunitario, político o sindical, y en esos casos el móvil identificado apunta a evitar el avance de grupos políticos alternativos y a destruir formas de organización social. La acusación recurrente que los grupos armados esgrimen contra sus víctimas —informante, colaborador, sapo— opera como fórmula de justificación interna, un modo de darle sentido a la eliminación ante las propias bases y la comunidad circundante.

A la disputa territorial se sumó un factor de fragmentación armada que multiplicó los frentes de riesgo: el Frente 1 comandado por Gentil Duarte, la Segunda Marquetalia liderada por Iván Márquez desde 2019, los diversos frentes del EMC en el sur y el suroccidente. Un mismo municipio podía estar disputado por tres o cuatro estructuras enfrentadas entre sí, y un líder podía ser leído simultáneamente como enemigo por varias de ellas. La pandemia de Covid-19 agravó el cuadro: redujo la movilidad de defensores y la presencia de observadores internacionales mientras los grupos armados aprovechaban el confinamiento para consolidar controles locales.

Lo que quedó, lo que se perdió, lo que persiste

Las consecuencias inmediatas del ciclo 2016–2022 son cuantificables y devastadoras. La pérdida humana viene primero: cientos de liderazgos comunitarios extinguidos, muchos irreemplazables en el corto plazo porque encarnaban conocimiento acumulado, redes de confianza y capacidad de convocatoria que no se transfieren por instructivo. Cada asesinato desactivó procesos: una junta de acción comunal sin presidente durante meses, un consejo comunitario que suspende sus asambleas, una asociación de sustituidores que pierde a su vocero ante la Agencia de Renovación del Territorio. La violencia produjo además un desplazamiento forzado silencioso pero masivo: el asesinato de un líder amenazado, o incluso de un familiar suyo, funcionaba como señal creíble de que las amenazas se cumplen, y aceleraba la salida de los otros amenazados. En regiones como el Bajo Atrato, ese desplazamiento fue gota a gota, familia por familia, sin producir cifras de éxodo que activaran la respuesta institucional que un desplazamiento masivo sí habría desencadenado.

La reincorporación política y económica de los excombatientes quedó dañada estructuralmente. Los ETCR se vaciaron, los proyectos productivos colectivos naufragaron en muchos casos por falta de garantías de seguridad para operar en los territorios, y una parte de los firmantes optó por rearmarse en las disidencias no tanto por convicción ideológica como por búsqueda de protección armada ante la ausencia de protección estatal. La cifra de más de 331 firmantes asesinados envió una señal a los combatientes activos del ELN y de otros grupos: dejar las armas es peligroso. Esa señal encarece cualquier negociación futura.

La impunidad se consolidó como rasgo dominante del sistema. De 302 casos de asesinato de líderes sociales investigados por la Fiscalía, 117 fueron reportados como esclarecidos —un 58,61% relativamente alto en apariencia— pero con identificación clara de autores en solo 103 casos, y con condenas efectivas a autores intelectuales prácticamente inexistentes. Se procesa al gatillero cuando se le encuentra, no a quien dio la orden ni a quien financió el crimen. Los llamados reiterados de la ONU a investigar diligentemente y judicializar a los responsables no se tradujeron en avances estructurales. La certeza territorial de que matar líderes no tiene costo judicial funciona como incentivo perverso que convierte el asesinato en instrumento rutinario de gobernanza armada.

El efecto de más largo alcance es el desgaste de legitimidad del Acuerdo. No en el sentido jurídico —siguió vigente, la Corte Constitucional lo blindó, la JEP siguió operando— sino en el sentido político y territorial: para las comunidades que apostaron por él, la ecuación entre lo prometido y lo cumplido fue devastadora. Firmar el Acuerdo, participar en el PNIS, ejercer liderazgo público, hacer política legal desde los territorios: todo eso se demostró que podía costar la vida. El mensaje implícito para las próximas generaciones de liderazgo rural fue leído con claridad.

La reconfiguración territorial del posacuerdo dejó al Clan del Golfo consolidado como el poder armado más extendido del país, con capacidad de intervenir en procesos electorales locales y de administrar rentas legales e ilegales en decenas de municipios. Las disidencias de las FARC, fragmentadas pero persistentes, se instalaron como interlocutoras armadas del sur y el suroccidente. El ELN mantuvo y amplió sus corredores. El fracaso relativo de la sustitución voluntaria consolidó a la coca como economía dominante en las zonas cocaleras históricas, y el mercado internacional del oro reforzó la minería ilegal como frontera de violencia en Chocó, Antioquia y Nariño. Sobre ese mapa, el gobierno de Gustavo Petro asumió en agosto de 2022 con la promesa de una paz total que reconocía implícitamente que la paz de 2016 había quedado incompleta.

Por qué este ciclo sigue importando

Colombia terminó el sexenio 2016–2022 siendo el país con más asesinatos de defensores de derechos humanos del planeta. No es una estadística coyuntural: es la constatación de que un país que firmó el acuerdo de paz más ambicioso de su historia reciente y que fue felicitado con un Premio Nobel en 2016 se convirtió, en los años inmediatamente posteriores, en el lugar más peligroso del mundo para el ejercicio del liderazgo social.

El contraste no admite lecturas complacientes. La violencia posterior a 2016 no se explica solo por la inercia de grupos armados desatados por la salida de las FARC, ni solo por la reconfiguración del narcotráfico, ni solo por la maldad de estructuras criminales específicas. El Estado colombiano —bajo Santos en su segunda mitad y bajo Duque en su totalidad— no destinó los recursos, las capacidades ni la voluntad política necesarias para ocupar los territorios que dejaba la guerrilla desmovilizada, y esa omisión fue en parte estructural —el Estado colombiano no ha tenido nunca presencia efectiva en sus periferias— y en parte deliberada, especialmente bajo un gobierno que llegó al poder con mandato explícito de socavar el pacto. En el cruce entre la ausencia estructural y la omisión deliberada, los cuerpos que quedaron expuestos fueron los de quienes menos protección tenían y más apuesta hacían por el nuevo orden: los liderazgos rurales, indígenas, afrocolombianos, campesinos.

El Acuerdo de La Habana partió del reconocimiento de que la guerra colombiana era ante todo una guerra por la tierra y por el modelo de país rural. Los asesinatos posteriores muestran que esa guerra no terminó porque no se resolvió: las mismas disputas por tierra, por economías, por control territorial, por quiénes deciden qué se siembra y qué se extrae, siguieron activas, ahora sin un frente militar visible pero con un frente silencioso donde cae un líder cada dos o tres días. La restitución de tierras avanza con lentitud; la sustitución de cultivos es tratada como asunto de policía y no de economía política; el extractivismo legal —palma, ganadería, hidrocarburos, minería industrial— y el ilegal —oro, coca— operan sin regulación efectiva; la impunidad sobre los crímenes contra líderes se mantiene en los niveles documentados. Sobre esas cuatro condiciones se sostiene el ciclo. Cristina Bautista murió en octubre de 2019 en Tacueyó. Temístocles Machado, en enero de 2018 en Buenaventura. María del Pilar Hurtado, en junio de 2019 en Tierralta. Dimar Torres, en abril de 2019 en el Catatumbo. Emilsen Manyoma, en 2017 en el bajo Naya. Detrás de ellos, cientos que no cabrán en ningún artículo: 417 líderes sociales, 331 firmantes del Acuerdo. Intentaron sostener el pacto donde el Estado no llegó, y las cifras de este sexenio consignan con exactitud el precio.