Tibú

Un municipio en la frontera del Catatumbo

Tibú está en la subregión del Catatumbo, al norte de Norte de Santander, junto a los municipios de Convención, El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Sardinata y Teorama. La subregión limita al norte y al oriente con Venezuela y concentra buena parte de la extensión fronteriza del departamento. Es un territorio de cadenas montañosas y valles tropicales atravesado por el río Catatumbo, cuya cuenca colombiana drena hacia el lago de Maracaibo, del otro lado de la frontera; esa orientación hidrográfica, que empuja las aguas hacia Venezuela y no hacia el interior colombiano, es una metáfora casi literal de la posición del municipio en la geografía nacional: mira hacia afuera, se conecta más fácil con Zulia que con Bogotá y ha construido su vida económica en función de esa condición liminar.

Las distancias son parte de la definición del lugar. Desde Bogotá, el Catatumbo está a unas dieciséis horas por carretera. Está lejos incluso de Cúcuta, la capital departamental. Llegar al casco urbano de Tibú puede requerir hasta tres horas desde puntos cercanos por vías en mal estado, y los partos del municipio se registran mayoritariamente en Cúcuta —donde hay médicos especialistas—, lo que distorsiona sus propias cifras de natalidad. La infraestructura vial es insuficiente, muchas veredas carecen de electricidad, escuela o centro de salud, y la ausencia de refrigeración impide conservar alimentos perecederos: la precariedad no es un dato administrativo sino la condición material de la vida cotidiana. A eso se suma la porosidad de la frontera, que ha propiciado migración no regulada desde Venezuela y comercio ilícito transfronterizo, entre ellos el narcotráfico.

Que Tibú sea a la vez un enclave económicamente estratégico —oleoducto de exportación, cultivos que abastecen mercados internacionales— y una periferia abandonada no es una paradoja: es la lógica del municipio. Cada uno de sus ciclos productivos ha extraído riqueza sin dejar la infraestructura ni las instituciones que esa riqueza haría posibles en otras geografías.

El territorio Barí antes del Estado

Antes del petróleo, de la República y de los mapas oficiales, el Catatumbo era territorio del pueblo Barí. Sus comunidades habitaban lo que hoy son los municipios de Tibú, El Tarra, El Carmen, Convención y Teorama, y su forma de vida se organizaba alrededor de grandes casas comunales —bohíos— que podían albergar unas cincuenta personas, entre las cuales las familias se desplazaban en un patrón estacional y móvil. El territorio no era un fondo pasivo sino la infraestructura misma de la sociedad: los caminos entre bohíos, los cementerios de guerreros, los lugares sagrados de la memoria comunitaria.

La entrada del Estado colombiano al Catatumbo se hizo, casi desde el comienzo, en clave de hostilidad organizada contra los Barí. La Ley 80 de 1931 comprometió al gobierno a prestar protección armada a las compañías petroleras contratantes para "prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de los Motilones o salvajes", usando la fuerza pública o cuerpos de policía armada. Esa cláusula convertía al indígena en obstáculo contractualmente removible. Dos años después, el 2 de septiembre de 1933, la Colombian Petroleum Company invocó la cláusula XIX de su contrato y solicitó con urgencia al ministro de Gobierno el envío de policías al campamento de La Petrólea para enfrentar a los indígenas. La ecuación estaba planteada: el subsuelo era del Estado, la superficie era de las compañías, y los Barí eran una externalidad.

La industria petrolera irrumpió en los sitios sagrados y bloqueó el acceso a lugares ancestrales como los cementerios de los guerreros. La fuerza pública ejerció una violencia que las propias comunidades han descrito como exterminio físico y cultural. De aquella red densa de bohíos, hoy sobreviven veintitrés comunidades: dieciséis viven en los resguardos Catalaura y Motilón Barí, cuatro en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y las restantes en territorios que aún no han sido reconocidos como resguardo. En 1979, los Barí conformaron Asocbarí, dirigida por el consejo autónomo de los caciques y los cabildos de las veintitrés comunidades, con cinco asociaciones regionales presentes en Teorama, El Carmen, Convención, El Tarra y Tibú. Es la organización a través de la cual el pueblo ha reivindicado, frente al Estado que en 1931 se comprometió a repelerlo, la titularidad sobre lo que siempre fue suyo.

La Concesión Barco y el sello petrolero

En 1905, durante la presidencia de Rafael Reyes, se otorgó la concesión "Barco y Mares" para la búsqueda de petróleo en el Catatumbo. El bloque original se extendía sobre la frontera con Venezuela, entre el río de Oro y el Sardinata, en una zona descrita entonces como completamente selvática cuyos únicos habitantes eran los indios motilones. Ese trazado —una geografía indígena convertida en polígono contractual— es el acto fundacional de Tibú como enclave.

La concesión pasó por varias manos. El presidente José Vicente Concha validó su traspaso a la Compañía Colombiana de Petróleos, cuyos accionistas principales eran los norteamericanos Wilson Griffiths, Carl McFadden y Jorge Du Bois; los mismos accionistas, mediante una operación en cadena, la cedieron después a la Colombian Petroleum Company, constituida en el estado de Delaware. La titularidad se movió sobre papel entre razones sociales, pero el capital y los intereses permanecieron.

En 1928, la caducidad de la concesión fue confirmada por las autoridades colombianas por razones de política internacional, entre ellas la firma del tratado con Estados Unidos sobre el canal de Panamá. El movimiento no fue indoloro. Ese mismo año, el Departamento de Comercio norteamericano emitió una circular que puso fin a los empréstitos de ese país a Colombia, coincidencia leída por algunos como presión financiera vinculada a la política petrolera —aunque la circular también recogía críticas sobre el manejo fiscal colombiano que circulaban en la oposición interna—. Fue el primer episodio en que las decisiones sobre el subsuelo del Catatumbo se cruzaron con la geopolítica hemisférica.

La concesión se restableció y se reordenó bajo una nueva figura contractual. De ese arreglo salieron los campos que hicieron de Tibú un municipio petrolero: Petrólea, Campo Sarare, la infraestructura de captación en el corazón de lo que había sido territorio Barí. El petróleo producido en la Concesión Barco se transporta por oleoducto hasta el puerto de Coveñas, sobre el golfo de Morrosquillo, en el Caribe: el sistema de líneas Tibú-Coveñas, Cienco-Retiro y Viotá-Cienco articula un corredor que atraviesa medio país. Existió también una carretera que comunicaba el campamento de la Barco con La Gloria, en el Magdalena, vía Convención; pero la amenaza constante de los motilones y el carácter estrictamente privado de la vía —propiedad de la compañía— retrasaron durante años que se convirtiera en un eje de colonización.

Esa es la marca original de Tibú: un municipio cuyo lugar en la economía nacional se decidió antes de que existiera como municipio, en cláusulas negociadas entre gobiernos y accionistas de Delaware, sobre un territorio que otros habitaban.

La colonización y el ciclo de la coca

A la Concesión Barco siguió, con décadas de por medio, una segunda ola de poblamiento. Colombia vivió durante los siglos XIX y XX tres grandes oleadas de colonización. La segunda coincidió con La Violencia: campesinos huyeron de El Pato, Riochiquito y Marquetalia hacia zonas periféricas como Guaviare, Caquetá y Norte de Santander. La tercera está asociada al desarrollo de economías extractivas —el petróleo primero, la coca después— y explica buena parte de la geografía humana del Catatumbo actual. Tibú fue punto de llegada en ambos ciclos.

Los recién llegados se instalaron en un territorio donde la ausencia estatal era condición estructural. En La Gabarra —corregimiento de Tibú sobre el río Catatumbo, en el borde selvático del municipio— la precariedad vial hacía inviable la agricultura comercial. En los años ochenta, un trayecto entre Tibú y La Gabarra podía tardar hasta una semana; los camiones se enterraban en las trochas y el plátano, el maíz y las demás cargas se perdían antes de llegar al mercado. A eso se sumó, a partir de 1986, el deterioro de las exportaciones de café y agropecuarias y la reducción, durante la apertura económica, de las hectáreas dedicadas a cultivos transitorios como algodón, arroz, trigo, cebada, soya, sorgo y hortalizas. La agricultura campesina se hundió sin que apareciera una política de sustitución o de infraestructura que la reemplazara.

En ese vacío entró la coca. La ausencia de respuestas del Estado a las necesidades prioritarias, la falta de programas alternativos y la imposibilidad de sacar productos legales al mercado configuraron las condiciones para que el cultivo ilícito se convirtiera en la única vía de subsistencia disponible. La Gabarra, en plena selva, se consolidó como centro productor de cocaína. En 1997, Colombia desplazó a Perú y a Bolivia como primer productor mundial de hoja de coca, y el Catatumbo fue uno de los territorios donde ese desplazamiento se hizo visible.

El impacto sobre el campesinado fue doble. Por un lado, el boom cocalero modificó las costumbres y los hábitos en la búsqueda de ingreso: la lógica del jornal en cultivo ilícito, del raspachín, del intermediario, sustituyó los ritmos del cultivo tradicional. Por otro, inició la estigmatización y desestructuración del campesinado catatumbero, convertido —a los ojos del país y del Estado— en cómplice o beneficiario del narcotráfico, categoría que después sería usada para justificar operativos militares y despojos.

La condición fronteriza multiplicaba el efecto. Norte de Santander, por su geografía, era zona de tránsito de cocaína hacia Europa vía Venezuela, además de corredor de contrabando de ganado, café, cigarrillos y gasolina en dirección contraria. Tibú y La Gabarra funcionaban como piezas de un sistema económico transfronterizo en el que el Estado colombiano estaba estructuralmente ausente y el venezolano tampoco alcanzaba.

Guerrillas: el ELN, las FARC y el EPL

Las guerrillas llegaron antes que el paramilitarismo y se instalaron con la calma que da la ausencia de rivales. La condición periférica del Catatumbo —abandono estatal, ciclos de colonización espontánea, economías extractivas, frontera porosa— favoreció la inserción y consolidación del ELN, el EPL y las FARC. La región fue señalada como cuna de asentamiento predominantemente del ELN, presente en la zona desde hacía décadas, y esa antigüedad se convertiría luego en el obstáculo principal para la implantación paramilitar.

Las FARC llegaron después, en los años noventa, atraídas por dos objetivos que Tibú combinaba mejor que ninguna otra geografía colombiana: la apropiación de recursos derivados de la riqueza petrolera —el oleoducto Caño Limón-Coveñas atraviesa el corredor y ha sido, durante décadas, uno de los objetivos militares más golpeados del país— y el afianzamiento en una frontera estratégica con Venezuela que ofrecía retaguardia, contrabando y salida internacional. El EPL, aunque menor en pie de fuerza, mantuvo presencia en el corredor.

La guerrilla fue la primera en aprovechar la bonanza cocalera. Cuando los cultivos se expandieron en La Gabarra y las veredas de Tibú, los grupos armados ya operaban el territorio y establecieron una economía de gramaje y control sobre la cadena productiva local. Esa combinación —presencia militar consolidada, control de rutas fronterizas, tributación sobre la coca— hizo del Catatumbo uno de los enclaves más rentables del mapa insurgente colombiano.

Cuando los paramilitares intentaron entrar, la resistencia de las guerrillas fue tal que el proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia no logró implantarse en la región con la rapidez ni la solidez que había alcanzado en otros territorios. Ese diferencial explica la intensidad con que se ejerció, después, la violencia paramilitar: para desplazar a un adversario tan enraizado hacía falta un nivel de terror mayor.

El Bloque Catatumbo y la masacre de La Gabarra

El 21 de agosto de 1999, en el corregimiento de La Gabarra, se produjo la masacre que marcó la entrada formal de los paramilitares al Catatumbo. La incursión no fue improvisada. Entre 1997 y 1999, Salvatore Mancuso dirigió el Bloque Catatumbo, estructura de las AUC destinada a reducir la presencia guerrillera en el nororiente. Carlos Castaño Gil justificó públicamente la arremetida como una "fuerte confrontación con el ELN", pero el objetivo real era otro: apoderarse del negocio cocalero de la frontera, para lo cual había que desalojar a las guerrillas que lo controlaban. La declaración fue coartada; la coca, motivo.

La ofensiva paramilitar en Tibú tuvo un rasgo que la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá contra "Cabo Machado" documentaría después con claridad judicial: el respaldo activo de instituciones estatales. Entre 1999 y 2003 se cometieron en la región al menos 5.700 homicidios con participación, aquiescencia o tolerancia de agentes de la Fiscalía, el DAS, el Ejército y la Policía. La frase administrativa —"participación, aquiescencia o tolerancia"— nombra un continuo que va de la colaboración operativa hasta el silencio cómplice, y describe lo que en Tibú y en La Gabarra funcionó como una alianza entre paramilitares, sectores militares, instancias civiles y sectores económicos.

La consecuencia demográfica y social fue devastadora. Miles de familias campesinas fueron desplazadas. El corregimiento de La Gabarra, que apenas años antes vivía el boom cocalero, se vació y se repobló repetidamente. La violencia paramilitar en el Catatumbo, entre 1999 y la desmovilización del Bloque, se ejerció con una lógica militar que buscaba no la disputa política sino el desalojo territorial: había que sacar a la guerrilla, había que disciplinar al campesinado y había que tomar el control de la producción y las rutas. La respuesta se calculó por número de muertos y hectáreas.

Que el paramilitarismo no lograra desplazar por completo a las guerrillas —el ELN sobrevivió y, después de la desmovilización, se recompuso; las disidencias del EPL, agrupadas en torno a figuras como Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, hasta su muerte a manos de la fuerza pública en 2015, sostuvieron una presencia armada continua— muestra la profundidad del enraizamiento previo. Después de las AUC vinieron nuevas estructuras: bandas criminales, disidencias, reconfiguraciones del ELN. La cadena no se rompió.

Movilización, liderazgo y respuesta cívica

Frente a esa sucesión de actores armados y a la ausencia de un Estado que garantizara derechos, en Tibú y el Catatumbo se construyó una tradición de movilización cívica cuyo costo humano ha sido altísimo. En 1987 se desarrolló el Paro Cívico del Nororiente, una de las gestas cívicas de mayor trascendencia regional, en el que los campesinos exigieron al Estado programas de salud, educación, obras públicas e infraestructura. Lo que reclamaban no era ideológico: era la presencia elemental del Estado que las cláusulas petroleras habían movilizado sesenta años antes contra los Barí y que nunca se había traducido en escuela, carretera o puesto de salud.

La respuesta al ciclo de movilización fue una ola de amenazas, asesinatos de líderes de la Coordinadora Popular del Nororiente y otras organizaciones, y desapariciones forzadas en varios municipios. El 13 de abril de 1988 fue asesinado en Tibú un campesino militante de la Unión Patriótica junto con su mujer y su hijo por un grupo armado no identificado, uno de tantos casos que fueron atribuidos en la época a lo que se llamó "La Mano Negra". Entre el 22 y el 30 de mayo de ese mismo año, veinte mil campesinos de los departamentos del nororiente realizaron las Marchas de Mayo para reclamar respeto por la vida, con evidencia documentada de participación directa de agentes oficiales en algunos de los crímenes.

Tirso Vélez, líder de la Unión Patriótica y alcalde de Tibú, ejecutó en su primer año de gestión obras por unos 400 millones de pesos y fue destacado por la prensa local como uno de los pocos alcaldes de Norte de Santander cuya gestión resistía la evaluación pública: de 36 mandatarios evaluados, treinta salían "rajados" y solo seis se destacaban, entre ellos el de Tibú. Que un cuadro de un partido diezmado como la UP hiciera obra pública visible en el municipio más disputado del departamento habla tanto de sus capacidades personales como de la vitalidad política que Tibú era capaz de sostener aun bajo asedio.

La organización campesina se prolongó en el tiempo. La Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, se convirtió en interlocutora del Estado y en articuladora del Acuerdo Social para el Catatumbo, negociaciones que fueron mediadas por Francisco de Roux —sacerdote jesuita que años después presidiría la Comisión de la Verdad— y que culminaron el 3 de agosto con el levantamiento de los bloqueos. El proceso no llegó a una resolución definitiva, y distintas formas de activismo de paz continuaron hasta el referéndum nacional de 2016. En paralelo, comunidades y organizaciones sociales participaron en seminarios de construcción de paz y formularon propuestas orientadas a la reconciliación y a la memoria histórica: entre ellas, incorporar una cátedra de historia del territorio, paz y derechos humanos, y avanzar en la construcción de una memoria de la guerra y de la paz desde las propias organizaciones.

Esas comunidades reivindican un papel activo —no de meros espectadores— en la negociación política y la construcción de paz. Es una posición que solo tiene sentido a la luz de la historia local: en Tibú, la paz sin memoria territorial sería otra vez una decisión tomada afuera y aplicada encima, como la Ley 80 de 1931 o el traspaso de la Concesión Barco a Delaware.

La red: personas, oleoductos, fronteras

Tibú no se explica sin la red de nombres y lugares que lo atraviesa. El apellido Barco pesa doble: por la concesión de 1905 que le dio forma económica al municipio y por Virgilio Barco Vargas, presidente colombiano (1986-1990) cuya administración coincidió con el Paro Cívico del Nororiente, con la crisis agraria y con los primeros años del boom cocalero en La Gabarra. Jorge Eliécer Gaitán, sin haber pisado el municipio, marca el horizonte político nacional en el que se organizó el campesinado del Catatumbo. Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso son los nombres de la ofensiva paramilitar de 1999-2003; Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, el de la persistencia de las disidencias del EPL en la frontera.

Los lugares componen otra red. El río Catatumbo, que drena hacia el lago de Maracaibo; el río de Oro y el Sardinata, entre los cuales se demarcó la concesión original; Petrólea, punto de partida de la industria petrolera y escenario de los enfrentamientos con los Barí en 1933; Campo Sarare, La Gabarra, la frontera con Venezuela; la Serranía de los Motilones, que da nombre a los que fueron llamados "salvajes" en las leyes de la República; el puerto de Coveñas en el golfo de Morrosquillo, terminal caribeña del crudo tibuyano; Cúcuta y Ocaña como los polos urbanos que estructuran el departamento sin llegar nunca a integrar realmente el Catatumbo.

Y una infraestructura que es también protagonista: el oleoducto Tibú-Coveñas y las líneas Cienco-Retiro y Viotá-Cienco. El tubo enterrado es la infraestructura más antigua y persistente del municipio, aquella por la que se conecta con el mercado mundial y aquella que, precisamente por su valor, ha sido durante décadas objetivo de la violencia. El municipio existe económicamente en función de ese sistema, y sin embargo casi nada de la riqueza que por él circula se queda.

La huella: qué queda de Tibú, y para quién

De la superposición de capas —Barí, petróleo, coca, guerra— queda un municipio que sostiene, al mismo tiempo, dos existencias contradictorias. Es un enclave económicamente decisivo para el país: crudo, gramaje transformado en dólares, corredor fronterizo. Y es una periferia estructural: dieciséis horas de Bogotá, tres horas por trocha, veredas sin luz, partos en Cúcuta.

Esa contradicción no es un error de política pública sino el rasgo definitorio del lugar. El Estado colombiano estuvo en Tibú desde temprano, pero estuvo en clave extractiva y coercitiva: comprometido por ley a repeler indígenas para proteger concesiones, comprometido por acción u omisión con paramilitares para desalojar guerrilleros, comprometido con oleoductos y no con carreteras vecinales, comprometido con la seguridad de la infraestructura y no con la de los liderazgos campesinos. No fue un Estado ausente; fue un Estado presente de una manera específica, cuya presencia no incluyó la construcción de mercados, escuelas, hospitales ni programas de sustitución en los momentos en que hubieran modificado la trayectoria del municipio.

Sobre esa presencia asimétrica, tres actores han sostenido, con recursos precarios, la posibilidad de otro Tibú. Asocbarí sigue defendiendo el territorio ancestral de las veintitrés comunidades supérstites. ASCAMCAT ha articulado la demanda campesina de sustitución concertada, tierra y garantías. Las organizaciones de víctimas y las iniciativas de memoria mantienen viva la contabilidad de los muertos —los 5.700 homicidios documentados entre 1999 y 2003, los militantes de la UP asesinados, los líderes desaparecidos, los desplazamientos de La Gabarra— frente a un país acostumbrado a olvidar rápido lo que ocurre lejos de Bogotá.

Que hoy se pueda hablar de Tibú no como territorio en disputa sino como sujeto histórico —con pueblo originario, con oleadas de poblamiento identificables, con líderes nombrables, con propuestas colectivas de futuro— es resultado de esa resistencia sostenida. La historia del municipio no ha terminado, y su capítulo más reciente incluye tanto la crisis humanitaria de 2024, con la reactivación de la confrontación armada y nuevos desplazamientos masivos, como la persistencia de las mismas demandas que se formularon en el Paro Cívico de 1987: infraestructura, educación, salud, presencia digna del Estado. Que las demandas sean las mismas casi cuarenta años después no habla de la insuficiencia de las comunidades. Habla del tipo de Estado que Colombia ha decidido, hasta ahora, ser para su frontera.