Frontera porosa

En la historia de Colombia, la expresión frontera porosa nombra menos un defecto que un régimen: el modo particular en que el país ha vivido, administrado e imaginado sus bordes. Designa esas franjas —internacionales e internas— donde la línea cartográfica no coincide con el control efectivo del Estado, donde las prácticas cotidianas disuelven las divisiones oficiales y donde otros actores —comunidades indígenas binacionales, colonos, contrabandistas, guerrillas, paramilitares, empresas del narcotráfico— han construido órdenes propios. La noción se ha usado con dos sentidos que conviven mal: como diagnóstico de una debilidad estatal a corregir y como descripción de una condición estructural del ordenamiento territorial republicano. Este artículo la traza como concepto y como proceso: qué se ha querido decir con ella y qué historia larga —de límites coloniales imprecisos, uti possidetis inaplicable, colonización agraria sin Estado, economías ilegales, éxodos y soberanías disputadas— la vuelve una clave para entender por qué en Colombia los bordes son también un centro de gravedad.

De la línea a la faja: qué se nombra cuando se dice "frontera porosa"

En la tradición geográfica moderna, el vocabulario oscila entre dos figuras. Una es la línea: el trazo cartográfico, jurídicamente definido, que separa dos soberanías. Otra es la faja: una zona de espesor, un espacio de contacto donde las poblaciones, las economías y las lealtades se traslapan. La literatura sobre fronteras americanas invoca en este punto una distinción atribuida a Friedrich Ratzel para señalar que ciertos tramos fronterizos, más que líneas, son fajas. Un mismo país —Colombia lo ejemplifica con nitidez— puede tener las dos naturalezas al tiempo: línea allí donde el territorio está despoblado y el mapa alcanza; faja donde hay pueblos, ríos comunes, familias repartidas, comercio informal y actores armados que cruzan a discreción.

La expresión frontera porosa pertenece a la segunda familia. Funciona como término de época, popularizado en las últimas décadas del siglo XX en el cruce del análisis diplomático, la sociología del conflicto y los estudios sobre narcotráfico y migración. En su uso más común remite a franjas donde la soberanía estatal es débil o fragmentada y donde personas, mercancías, armas y capitales circulan al margen del control oficial. La Comisión de la Verdad, al describir la frontera nororiental colombiana como un territorio donde las líneas divisorias imaginarias se disuelven en las prácticas cotidianas de sus habitantes, ofrece una versión sobria del mismo fenómeno: la porosidad no es un agujero, es un modo de vivir el territorio.

Ese modo tiene un pariente conceptual en la sociología histórica. Hasta finales del siglo XIX, y en algunas regiones bien entrado el siglo XX, Colombia carecía de fronteras internas y externas bien definidas: en su lugar existían vastas áreas de estatus transitorio a las que se llama, simplemente, fronteras. Se distinguen allí dos tipos: las fronteras abiertas, que daban acceso a los baldíos —tierras estatales sin cultivar—, y las fronteras cerradas, generalmente grandes latifundios improductivos. Margarita Serje, en El revés de la nación, propuso leer estas regiones periféricas como fronteras internas: territorios habitados por poblaciones consideradas salvajes, imaginadas como tierras de nadie por el discurso central. La frontera porosa internacional y la frontera interior agraria no son fenómenos separados, sino dos caras de un mismo patrón: un país cuyo Estado no llegó, o llegó tarde, a definir dónde empezaba y dónde terminaba su poder efectivo.

La herencia colonial: particularismo urbano y confines sin control

Para entender por qué las fronteras colombianas nacieron porosas hay que retroceder al orden colonial. En el sistema hispanoamericano, los límites entre provincias no se decretaban desde arriba: dependían del control efectivo que un núcleo urbano ejercía sobre su contorno rural y sobre las ciudades que él mismo había fundado. Cada villa afirmaba su autonomía sobre la base de sus propios recursos, y los espacios alejados de esa influencia quedaban fuera de gobierno real. El resultado fue un particularismo urbano que articulaba mal el territorio: ciudades relativamente autosuficientes en el centro de sus jurisdicciones y confines difusos donde la corona reinaba solo de nombre.

El caso de Popayán lo ilustra bien. Durante buena parte del período colonial, su epicentro efectivo se redujo al valle de Pubenza; solo a finales del siglo XVIII extendió su poder sobre territorios fronterizos como el valle del Patía y la banda occidental del río Cauca. El aislamiento físico de las ciudades se traducía en aislamiento económico y en una fuerte tendencia a la autonomía política de cada una. Las empresas mineras, con sus cuadrillas de esclavos y su necesidad de circulación de bastimentos, fueron uno de los pocos factores que rompieron esa rígida estructura de jurisdicciones urbanas y forzaron formas de integración entre centros lejanos.

Este orden legó al momento independentista una geografía política de contornos ambiguos. Cuando la Gran Colombia —denominación propuesta por Simón Bolívar en el Congreso de Angostura en 1819— comprendió todo el territorio del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, del alto Amazonas al norte de Veraguas, unificó bajo una sola bandera espacios que nunca habían estado plenamente articulados. Su disolución tras la muerte del Libertador abrió el problema en toda su crudeza: había que trazar fronteras nacionales sobre un mapa que nunca había tenido fronteras internas nítidas.

El uti possidetis y sus vacíos: fronteras que nacen litigadas

El principio invocado para resolver el problema fue el uti possidetis juris de 1810: cada nueva república heredaría los límites que las jurisdicciones coloniales tenían al momento de la independencia. La fórmula era elegante en abstracto y desesperante en la práctica, porque suponía la existencia de líneas coloniales precisas que en muchos tramos no existían.

Las negociaciones de límites entre la Nueva Granada y el Ecuador tras la disolución grancolombiana, iniciadas en mayo de 1832, mostraron enseguida la dificultad. El desacuerdo sobre cuál era el río limítrofe —el Carchi o el Juanambú— y sobre el destino de los cantones de Pasto y Túquerres derivó en hostilidades militares antes de que pudiera firmarse tratado alguno. La delimitación con el antiguo Virreinato del Perú fue aún más enrevesada, en parte por la complejidad de las reorganizaciones administrativas coloniales tardías, que dejaron a la Amazonia como un espacio donde varias potencias coloniales habían tenido pretensiones simultáneas sin ejercicio real.

La región amazónica es el caso extremo de esta indefinición: sus límites solo terminaron de definirse en la década de 1940-1950. Durante más de un siglo fue tierra de todos y tierra de nadie, con Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador reivindicando porciones del territorio en interminables rondas diplomáticas que solo una guerra —la de 1932-1933 con el Perú— logró desenredar en parte. En 1917 el Perú controlaba el tramo del Putumayo desde la frontera brasileña hasta el estratégico asentamiento de Güeppí, escenario de las batallas decisivas. Las dos primeras décadas del siglo XX registraron un conflicto diplomático permanente entre Bogotá y Lima por la indefinición fronteriza, con acusaciones cruzadas de invasión y de cesiones territoriales indebidas. El Tratado Lozano-Salomón, firmado el 24 de marzo de 1922, cerró formalmente ese litigio: Colombia cedió las extensiones comprendidas entre los ríos Putumayo y Napo, en una negociación históricamente asociada con la consolidación colombiana del trapecio amazónico y Leticia.

Con Ecuador, el Tratado de 1916 garantizó la libre navegación de ríos compartidos y creó una comisión mixta para delimitar la frontera amazónica. Con Venezuela, el Tratado Suárez-Losada Díaz de 1916 fue el último de una serie de acuerdos previos fallidos durante el siglo XIX; la frontera colombo-venezolana, que se extiende 2.219 kilómetros desde la Península de la Guajira hasta el Amazonas, resultó considerablemente más contenciosa que las negociaciones con Ecuador, y su porosidad ulterior tiene raíces en esa dificultad histórica para acordar y luego custodiar la línea.

Hay una lectura menos ortodoxa de esta historia. Orlando Fals Borda destacó que en 1821 Bolívar había propuesto la conformación de un departamento Pamplona-Mérida-Maracaibo que trascendía las formalidades del uti possidetis. Fals leía en esa propuesta una visión sociogeográfica basada en cuencas hidrográficas compartidas, que reconocía comunidades reales de vida no coincidentes con las divisiones administrativas coloniales. En esa clave, la porosidad no es solo problema: es también el rastro, mal enterrado, de territorios humanos que las líneas republicanas atravesaron sin abolir.

La frontera interior: baldíos, colonización y latifundio

Mientras las cancillerías negociaban límites externos, adentro se libraba otra batalla. Hacia 1850, buena parte de América Latina —Colombia incluida— no había sido penetrada por la economía colonial: sus tierras eran baldíos o tierras públicas pertenecientes al gobierno nacional o local. Estas zonas de frontera interior funcionaban con lógicas propias y se clasificaban en fronteras de recursos abiertos —tierras baldías sin ocupante— y fronteras de recursos cerrados —terrenos con título de propiedad pero sin población ni explotación económica, en su mayoría latifundios improductivos.

En estas zonas los núcleos urbanos dispersos raramente pagaban impuestos ni recibían servicios de la administración pública. El Estado existía en el papel; el orden lo ponían los grandes propietarios, los comerciantes locales, los curas de misión o, simplemente, la costumbre. Alfredo Molano Bravo dedicó buena parte de su obra a documentar la textura humana de estas fronteras: colonos que llegaban huyendo de la violencia o del hambre, familias que abrían monte a punta de hacha y luego eran desalojadas por títulos que aparecían de repente, veredas donde la ley que se acataba era la del más armado.

El motor de esa colonización tuvo dos combustibles constantes. Uno, la estrechez territorial en el interior de las fronteras económicas: una estructura agraria concentrada que expulsaba población hacia los márgenes. Otro, la violencia. La lógica venía de lejos: el poblamiento de las "tierras sin hombres" en las regiones santandereana y de la Costa Caribe desde el siglo XVIII había respondido a la presión de los "hombres sin tierra", y esa dialéctica siguió operando en el período poscolonial mientras hubo frontera disponible. Hacia 1890, el Estado adjudicó baldíos en el sur del Meta, entre el Ariari y otros ríos de la Orinoquia, iniciando una avanzada oficial que en la práctica fue montada sobre el trabajo previo de colonos anónimos.

El problema es que estas fronteras no producían pequeños propietarios: producían latifundios. Los estudios del INCORA en la década de 1960 vincularon directamente el problema de la concentración de la tierra con la dinámica misma de la colonización. El colono desbrozaba, sembraba, arriesgaba la vida en la malaria y el pantano; luego llegaba el título, el abogado, el capataz, y el monte abierto se volvía potrero de otro. Esa expulsión sucesiva empujó a nuevas oleadas hacia nuevos baldíos, en un movimiento que atravesó todo el siglo XX. Camilo Torres Restrepo, en su corta trayectoria como sociólogo y sacerdote, hizo de esa injusticia estructural el nudo de su crítica al orden social colombiano; Fernando González Ochoa, desde otro registro, había visto ya en los años treinta a un país cuyo interior era más un archipiélago de comarcas que una nación.

La inserción posterior de las guerrillas en estos territorios periféricos, y los niveles de legitimidad que alcanzaron durante la segunda mitad del siglo XX, se explican en parte por esas condiciones. Donde el Estado no puso escuela, hospital, juez ni carretera, otros pusieron cobro, orden y justicia sumaria. La frontera interior no fue solo el escenario del conflicto: fue una de sus condiciones de posibilidad.

La frontera como corredor: contrabando y narcotráfico

Si la colonización pobló las fronteras, las economías ilegales las volvieron rentables. Desde bien entrado el siglo XX, y con particular intensidad desde 1970, las franjas fronterizas colombianas se convirtieron en corredores de tráfico donde la porosidad no era un obstáculo sino un activo económico.

La Guajira ofrece el caso más pedagógico. El contrabando —whisky, cigarrillos, armas, café, ganado— fue allí una práctica económica parcialmente tolerada por las autoridades locales, tan incrustada en la vida cotidiana que dejó huellas culturales visibles: la popularización del acordeón y del whisky en la costa Caribe se cuentan entre ellas. La marihuana llegó en los años setenta como el eslabón siguiente de esa cadena: la geografía y las redes ya estaban. La DEA ejecutó desde diciembre de 1975 la Operation Stopgap, con vuelos sobre la costa guajira para detectar embarcaciones sospechosas; hacia 1978 calculaba haber reducido en un tercio el flujo de marihuana hacia Estados Unidos. La bonanza cambió luego de mata: la hoja de coca se desplazó desde la Amazonia y la Orinoquia hacia la franja Pacífica, mientras la marihuana se movía del Caribe hacia el Cauca. Cada desplazamiento reactivaba nuevos tramos de frontera.

Cada frontera tuvo su especialización. La colombo-panameña, con la selva del Darién como espesura casi intransitable, se volvió corredor de armas provenientes de Centroamérica y vía de salida de droga; grupos guerrilleros —FARC incluidas— y paramilitares se disputaron sus vías fluviales, con ataques que se incrementaron desde mediados de los años noventa. El corredor Guaviare-Vaupés, hacia Brasil y Surinam, sirvió para el tráfico de armas y municiones. El Medio Atrato y el Pacífico chocoano funcionaron como corredor de tránsito y exportación de la cocaína producida en Valle, Caldas, Risaralda y el occidente de Antioquia, en un contexto de precariedad estatal que facilitó todo tipo de economías ilegales.

Norte de Santander concentra hoy quizá la síntesis más nítida de esa lógica. Por su frontera con Venezuela la cocaína colombiana sale hacia Europa, mientras entran clandestinamente ganado, café, cigarrillos y gasolina venezolana subsidiada —hasta once veces más barata que en Colombia—. La instalación del centro productor de cocaína de La Gabarra, en el Catatumbo, fue el detonante explícito de la entrada paramilitar a la región a partir de 1999, en un territorio donde el contrabando fronterizo ya era una disputa histórica entre criminales comunes. La debilidad estructural del Estado colombiano en el Catatumbo —falta de infraestructura vial, baja inversión social, ausencia institucional— ha coexistido allí con flujos transfronterizos ilegales y migración no regulada, configurando lo que puede llamarse con propiedad una territorialidad difusa.

Esa territorialidad tiene, además, un mecanismo económico que la retroalimenta. El contrabando está estructuralmente vinculado al lavado de activos del narcotráfico: los excedentes del tráfico de drogas se transforman en mercancías de consumo masivo importadas sin pagar impuestos, redistribuyendo recursos ilegales por toda la sociedad. La frontera porosa no solo deja pasar la droga hacia afuera; también irriga la economía formal del interior con capitales que la ley no ve.

Guerra en los bordes: guerrillas, paramilitares y santuarios transfronterizos

La segunda mitad del siglo XX terminó de convertir las fronteras colombianas en teatro de guerra. Las FARC utilizaron zonas de la frontera colombo-venezolana —al menos en el sector norte, hacia Majayura y Paraguaipoa— como santuario, adaptando esa función a los cambios del contexto político, incluidas las negociaciones de paz. Las FARC y el ELN emplearon las áreas rurales de la Serranía del Perijá, limítrofes con Venezuela, como corredores de movilidad y zonas de retaguardia, e incentivaron cultivos de coca en esas zonas, facilitando el ingreso de insumos por los mismos corredores. El ELN, cuyo asentamiento predominante estuvo en Arauca, vio disputadas sus posiciones cuando las FARC incursionaron en el departamento durante los años noventa y la primera década del siglo XXI, atraídas por los recursos petroleros y por la posición estratégica frente a Venezuela.

Los paramilitares hicieron un uso simétrico de la porosidad. El Bloque Catatumbo de las AUC inició en 1999 una arremetida en la región con el objetivo declarado de confrontar al ELN, apoyada por sectores militares y civiles, e incluyó masacres como la de La Gabarra en agosto de ese año. Testimonios del general venezolano López Hidalgo señalaron que paramilitares cruzaban la frontera hacia Venezuela para agredir ciudadanos venezolanos y cometer actos delictivos; el gobernador del estado Amazonas describía, en cambio, que los guerrilleros cruzaban desarmados para hacer compras. La asimetría del testimonio importa menos que el hecho subyacente: la línea era irrelevante para las lógicas operativas de ambos bandos.

La ofensiva militar del Estado colombiano bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez replegó a las FARC hacia las fronteras nacionales, lo que puso de manifiesto la amenaza real de una propagación continental del conflicto. El episodio emblemático fue el ataque al líder de las FARC Raúl Reyes el 1 de marzo de 2008, ejecutado una milla dentro del territorio ecuatoriano al sur del río Putumayo. La operación desencadenó una crisis diplomática con Ecuador y Venezuela —bajo el gobierno de Hugo Chávez— que dejó al desnudo tanto la porosidad de facto de esa frontera como la fragilidad de la política exterior colombiana para gestionarla. Durante décadas esa política había sido diseñada principalmente para atender necesidades locales impuestas por el narcotráfico y el conflicto armado, configurando una identidad internacional de país problema o ojo del huracán.

El diagnóstico ya había sido formulado antes por los propios legisladores colombianos, en un informe al Presidente de la República que advertía que en las regiones fronterizas la soberanía colombiana está amenazada. La expresión describía con exactitud la situación: la mayor parte de la frontera sur-oriental colombiana —salvo franjas urbanas en Cúcuta e Ipiales— funcionaba como tierra de nadie, por la que circulaban armas, cocaína y dinero ilegal a discreción. La territorialidad difusa del Estado colombiano no era un accidente reciente ni una omisión temporal: hacía imposible la soberanía efectiva sobre el territorio y garantizaba, en cambio, la operación de intermediarios entre lo legal y lo ilegal.

Pueblos que preexisten a la frontera

Contra la imagen de la frontera porosa como vacío, hay un contrapunto imprescindible: en muchas de esas franjas viven, desde antes de que hubiera repúblicas, pueblos que consideran una sola cosa lo que los mapas dividen. Numerosos pueblos indígenas habitan a ambos lados de las cinco fronteras internacionales de Colombia, constituyendo comunidades binacionales con visión integradora del territorio y con formas de organización social y política que trascienden las divisiones estatales.

En la frontera colombo-ecuatoriana coexisten los Inkal Awá, Pastos, Kofan, Siona, Huitoto (Murui), Kamëntsa, Kechwa, Emberá Chamí, Koreguajes, Misak, Inga y Nasa, todos con presencia binacional. El pueblo Awá, con un territorio de aproximadamente 610.000 hectáreas repartidas entre Colombia y Ecuador, ha llegado a formalizar esa unidad en la Gran Familia Awá Binacional (GFAB), que integra cuatro organizaciones —GONAE en Ecuador; UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP en Colombia— como estrategia política de pervivencia cultural en el territorio. En la frontera con Venezuela habitan, entre otros, la Nación Wayúu en La Guajira, la Nación Barí en Norte de Santander, y comunidades U'wa, Sikuani, Yukpa, Kurripaco, Puinave, Piapoco, Piaroa y Amorua. Los Sikuani en Arauca son otro caso de pueblo reconocido como binacional con Venezuela.

Estas comunidades no padecen la frontera: la habitan de otro modo. Sus rutas comerciales, sus circuitos rituales, sus vínculos de parentesco atraviesan la línea sin que la línea signifique gran cosa. La porosidad, leída desde ellas, deja de ser un déficit administrativo para volverse la evidencia de que la geografía real precedía —y sobrevive— a la geografía política.

El precio, sin embargo, ha sido brutal. La crisis humanitaria producto de la violencia territorial ha propiciado en las zonas fronterizas el éxodo masivo de población indígena, especialmente hacia Ecuador y Venezuela. El pueblo Awá se vio forzado a desplazarse hacia territorio ecuatoriano como consecuencia del conflicto armado, en éxodos que implicaron la pérdida de tierras, bienes y condiciones de vida digna. Lo que para ellos siempre había sido un solo territorio se convirtió, en el peor momento, en una única ruta de fuga.

La frontera porosa como éxodo

Porque la porosidad, además de dejar entrar armas y salir droga, deja pasar personas. Los desplazamientos forzados y las migraciones transfronterizas son quizá el rostro más doloroso —y más olvidado en los balances oficiales— de la frontera colombiana.

El Darién es hoy el símbolo de esa realidad: quienes lo han cruzado describen caminatas de hasta doce horas diarias, días sin acceso a agua y el hallazgo de restos humanos en la selva. Panamá enfrenta el desplazamiento de poblaciones colombianas que huyen de las persecuciones de distintos actores armados. En el Putumayo, indígenas colombianos han cruzado hacia Ecuador huyendo de paramilitares y de las FARC. El municipio de Agustín Codazzi, en el Cesar, es señalado como el de mayor expulsión y recepción de población desplazada en la Serranía del Perijá, y su proximidad a Machiques, en el Zulia, lo constituye en paso estratégico hacia Venezuela.

La dirección del flujo se ha invertido en los últimos años. Los departamentos fronterizos con Venezuela recibieron, según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos con corte a junio de 2018, más de 100.000 familias venezolanas: 49.000 en Norte de Santander, 39.000 en La Guajira, 16.000 en Arauca. La frontera porosa, que durante décadas fue puerta de salida de colombianos, se convirtió en puerta de entrada de venezolanos. La condición porosa no cambia con el sentido del tránsito; solo cambia quién huye.

Una condición constitutiva, no una anomalía

Vista en conjunto, la historia larga de la frontera porosa colombiana desmiente dos relatos que suelen contarla mal. El primero es el relato heroico del Estado que fracasa por causas externas: potencias vecinas ambiciosas, geografía imposible, mala suerte diplomática. La geografía pesa —el Darién no es un accidente semántico— y Colombia perdió territorio en negociaciones desventajosas, como la separación de Panamá en 1903 durante la presidencia de José Manuel Marroquín, o las cesiones amazónicas por incapacidad militar. Pero esas pérdidas no fueron suficientes para que Colombia corrigiera su histórica indiferencia hacia la defensa nacional y la custodia de la soberanía territorial. Presidentes como Rafael Reyes o Tomás Cipriano de Mosquera intentaron, en momentos distintos, articulaciones territoriales más ambiciosas; el patrón general, sin embargo, fue el desinterés del centro por lo que quedaba lejos.

El segundo relato mal contado es el opuesto: la porosidad como puro producto reciente del narcotráfico y las guerrillas, como si antes de 1970 la frontera hubiera sido nítida. La historia de los baldíos, del uti possidetis inaplicable, de las ciudades coloniales replegadas sobre sus valles, muestra que la porosidad es una herencia estructural muy anterior al conflicto armado contemporáneo.

Lo que emerge, entonces, es una condición constitutiva. Los vacíos coloniales fijaron el punto de partida; las élites republicanas, los latifundistas, los actores armados y los sucesivos gobiernos, al no construir presencia estatal efectiva ni redistribuir la tierra, convirtieron esa herencia en un ordenamiento territorial donde las soberanías locales, las economías ilegales y los territorios indígenas transfronterizos no son excepciones sino la norma constitutiva de los bordes. La territorialidad difusa no es la enfermedad del Estado colombiano: es una de las formas históricas de su existencia.

Esto no es una absolución. Que la porosidad sea estructural no la vuelve inevitable ni exime de responsabilidad a quienes, teniendo poder para transformarla, prefirieron administrarla. Cada decisión de no invertir en Catatumbo, de no titular baldíos con criterio distributivo, de subordinar la política exterior al problema del día, ha reforzado la condición heredada. La frontera porosa es a la vez legado y elección: se recibió, pero también se hizo, y se sigue haciendo.

Huella y disputa

Como concepto, frontera porosa se ha vuelto herramienta de trabajo transversal en Colombia: la usa la Comisión de la Verdad para nombrar los territorios donde el conflicto se enredó con la vida cotidiana; la usan las Naciones Unidas para hablar de trata y migración; la usan analistas de seguridad para describir el santuario transfronterizo de grupos armados; la usan investigadores como Margarita Serje —en clave más crítica— para mostrar que el discurso central sobre las "zonas rojas" o los "territorios de nadie" es también una manera de mantener a esas regiones fuera de la nación mientras se extraen sus recursos.

Su huella intelectual es doble. Por un lado, permitió pasar de un vocabulario obsesionado con la soberanía —entendida como control estatal exclusivo— a un vocabulario más matizado que reconoce la coexistencia de órdenes en el mismo territorio. Por otro, corre el riesgo permanente de esencializar la frontera como zona irreductiblemente violenta y salvaje, congelando lo que fue construcción histórica en destino geográfico.

Su huella práctica es visible en cada intento de política de fronteras del último medio siglo: en los planes de desarrollo fronterizo, en los acuerdos de paz que incluyen los territorios fronterizos como prioridad, en la creación de zonas de integración con países vecinos, en la respuesta —tardía y desigual— a la migración venezolana. Cada uno de esos intentos reconoce, aunque no siempre lo diga, que gobernar los bordes de Colombia exige antes entender qué han sido: no una línea que faltó por trazar, sino una faja que se pobló con vidas, economías y pueblos que el centro no quiso ver.

Por eso, quizá, la frontera porosa termine siendo menos un objeto que un espejo. Miras hacia La Guajira, hacia el Putumayo, hacia el Catatumbo, hacia el trapecio amazónico, y ves lo que Colombia decidió no hacer con sus márgenes. Ves también lo que otros hicieron con ellos, en su ausencia. Y ves, si se mira bien, que buena parte de lo que hoy se llama Colombia se decidió allí, en los bordes, y no en el centro que se creía dueño del mapa.