Fumigaciones aéreas con glifosato, efecto globo y desplazamiento cocalero (2001–2008)

Fumigaciones aéreas con glifosato, efecto globo y desplazamiento cocalero (2001–2008)

Entre 2001 y 2008, mientras aviones Turbo Thrush y OV-10 Bronco sobrevolaban a baja altura las selvas del Putumayo, Nariño y Caquetá liberando nubes de glifosato sobre hectáreas de coca y de yuca por igual, se ejecutó en Colombia la campaña de erradicación química de cultivos ilícitos más intensa jamás emprendida en el hemisferio. Fue la fase operativa central del Plan Colombia en su vertiente antinarcóticos: un programa de casi diez mil millones de dólares —financiado en un 35% por Estados Unidos— que prometía reducir a la mitad los cultivos de coca del país en seis años y erradicarlos por completo hacia 2005. Ocho años después, los cultivos no habían desaparecido: se habían mudado. El Putumayo, epicentro inicial de la aspersión, cedió el primer lugar al Pacífico nariñense; la coca reapareció en Norte de Santander, en el Meta, en el Cauca; el bajo Putumayo se vació de campesinos que cruzaron a Ecuador; y los pueblos Awá, Kofán, Siona y las comunidades del Catatumbo quedaron atrapados en un ciclo de fumigación, hambre, desplazamiento y retorno del cultivo. Ese episodio —conocido en la literatura antidrogas como efecto globo— es la clave para entender por qué una política antinarcóticos de esa magnitud terminó reconfigurando la geografía del narcotráfico colombiano sin destruirlo.

El plan que llegó como Marshall y aterrizó como fumigadora

El Plan Colombia fue presentado por el gobierno de Andrés Pastrana en septiembre de 1999 como una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico y el subdesarrollo, invocando la retórica del Plan Marshall europeo. La propuesta original, redactada meses antes, tenía un componente fuerte de redistribución social y desarrollo rural. Entre 1998 y 1999, sin embargo, el plan fue rediseñado tras consultas con el gobierno de Bill Clinton y en el contexto del atasco del proceso de paz con las FARC en el Caguán: la versión aprobada, la que finalmente se financió, desplazó el eje hacia operaciones militares en regiones cocaleras, incentivos a la inversión extranjera y fortalecimiento de las fuerzas armadas. La ayuda estadounidense —cerca de 1.300 millones de dólares en la primera tanda, más de 2.500 millones acumulados entre 2000 y 2003— fue mayoritariamente militar, aunque presentada como antinarcótica.

Los números de la ejecución delatan el sesgo. Más de la mitad del gasto —cerca del 57,5%— se destinó a operaciones antinarcóticos y combate al crimen organizado, con un componente militar dominante; alrededor de un cuarto fue al fortalecimiento institucional; el desarrollo social y económico apenas rozó el 16%. Dentro de esa franja civil, el programa de Desarrollo Alternativo, teóricamente contraparte de la fumigación, se llevó la mitad, y las partidas para desplazados, reforma judicial y proceso de paz fueron descendiendo hasta cifras casi simbólicas. La aritmética presupuestal fijó de antemano el carácter del plan: la aspersión aérea era el instrumento, y todo lo demás, decoración.

Putumayo y Caquetá fueron designados escenario piloto. Concentraban cerca de la mitad de los cultivos de coca del país y estaban bajo control territorial de las FARC, lo que permitía articular en un solo teatro la erradicación química y la ofensiva militar. El Putumayo debía funcionar como región-laboratorio: un año de experimentación intensiva y luego expansión al resto del país. La infraestructura se levantó con rapidez. En el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá, se consolidó la Brigada Antinarcóticos del Ejército; en Putumayo operaron los batallones de la Brigada XXVII. El ala aérea del Departamento de Estado estadounidense aportó los aviones —Turbo Thrushes y OV-10 Bronco equipados con boquillas y tanques especiales— y contratistas como DynCorp asumieron buena parte del pilotaje y el mantenimiento. El herbicida elegido fue el glifosato, comercializado en Estados Unidos como Roundup, cuyo empleo contra la coca había sido resistido durante años por Bogotá y que solo la administración Clinton logró destrabar mediante acuerdo bilateral.

La aspersión como método: geografía y cifras del glifosato

Entre 1999 y 2004, los tres departamentos más asperjados del país fueron Putumayo —con Nariño pisándole los talones— y luego Guaviare, con 108.686 hectáreas fumigadas en ese quinquenio (18% del total nacional), Nariño con 100.837 hectáreas (16%) y Caquetá con 77.982 hectáreas (13%). Los tres concentraron por sí solos cerca del 47% de todas las hectáreas asperjadas del período. La lógica geográfica era clara: golpear primero las regiones de mayor densidad cocalera, en la Amazonia y el piedemonte, donde además la guerrilla tenía presencia consolidada. El objetivo no era solo destruir el cultivo, sino recuperar territorio.

A partir de 2003, la estrategia se extendió hacia Arauca, declarada Zona de Rehabilitación y Consolidación por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la primera fase de la Seguridad Democrática. Entre 2003 y 2008, Arauca acumuló 26.045 hectáreas asperjadas. En 2003, cuando se fumigaron cerca de 12.000 hectáreas en ese departamento, el cultivo de coca cayó a apenas 500 hectáreas —un descenso espectacular que la política oficial exhibió como prueba de éxito. Al año siguiente, con la aspersión continuando, los cultivos araucanos repuntaron a casi 1.600 hectáreas. El patrón se repetiría en todas partes: caídas rápidas seguidas de rebrotes tan pronto se aflojaba la presión aérea o los cultivadores se adaptaban.

La escala nacional de la operación fue enorme. Entre 2009 y 2013, Colombia mantuvo un ritmo de aproximadamente cien mil hectáreas asperjadas anuales, cifra que solo comenzó a declinar en 2013, cuando la erradicación aérea bajó a unas 47.000 hectáreas al año, anticipando la suspensión de la aspersión en 2015 tras el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud sobre la probable carcinogenicidad del glifosato. Sumadas todas las hectáreas asperjadas en los tres departamentos piloto y sus zonas de expansión entre 2001 y 2008, la fumigación afectó una superficie que supera con holgura el millón de hectáreas —un dato que adquiere sentido pleno solo al contrastarlo con la evolución simultánea del área sembrada de coca a escala nacional, que no bajó de manera proporcional ni sostenida.

El efecto globo: cómo la coca se mudó

La expresión efecto globo —también llamado efecto balón— nombra el fenómeno por el cual la presión erradicadora sobre una región produce el desplazamiento de los cultivos hacia otra, no su desaparición. La Comisión de la Verdad lo documentó como el resultado más consistente de tres décadas de política antidrogas: los cultivos se movieron, no cayeron. En el caso del Plan Colombia, la dinámica es rastreable con precisión regional.

Las fumigaciones masivas iniciadas en Putumayo a finales de los años noventa y ejecutadas con toda intensidad desde 2001 empujaron los cultivos hacia el sur y hacia el occidente. Nariño —y en particular el Pacífico nariñense, con Tumaco, Barbacoas y los municipios del piedemonte costero— experimentó un auge cocalero directamente asociado a la puesta en marcha del Plan Colombia. Los narcotraficantes trasladaron cultivos y laboratorios al litoral aprovechando su acceso al mar, la frontera con Ecuador y el laberinto de caños de mangle que dificulta la vigilancia aérea. Para 2016 —última fotografía comparable del ciclo—, Nariño encabezaba el ranking nacional de cultivos de coca con 42.627 hectáreas, seguido precisamente por Putumayo con 25.162. El departamento que había sido durante años el segundo más asperjado del país había desplazado a su antiguo epicentro operativo.

El fenómeno no fue lineal ni unidireccional. En 2012, cuando Putumayo y Nariño mostraban caídas simultáneas, Norte de Santander registró un crecimiento notorio y el Cesar entró por primera vez a la lista de departamentos con presencia significativa de coca. El Catatumbo, la frontera colombo-venezolana, el bajo Cauca antioqueño, el Meta y el Guaviare fueron acogiendo, en oleadas sucesivas, la coca desplazada. La aspersión extendió los cultivos, según la propia Comisión de la Verdad, a regiones donde antes no existían.

El efecto globo tampoco se detuvo en las fronteras nacionales. En la década de 1980, Perú y Bolivia habían sido los principales productores mundiales de hoja de coca; la interdicción aérea peruana de mediados de los noventa —facilitada por el debilitamiento militar de Sendero Luminoso tras la captura de Abimael Guzmán— hundió los precios de la hoja en el Alto Huallaga hasta un 60% entre abril y agosto de 1995, al dificultar el transporte de pasta hacia los carteles colombianos. La producción cocalera se trasladó entonces hacia Colombia, que en 1997 se convirtió en el primer productor mundial de hoja de coca. A comienzos de los 2000, con el Plan Colombia en pleno despliegue, los precios de la hoja en Perú volvieron a subir respecto a los mínimos de 1995 y los cultivos peruanos comenzaron a recuperarse. El circuito se completaba: la política antinarcóticos hemisférica había desplazado la coca de Perú a Colombia en los noventa, y de Colombia hacia Perú, Ecuador y otros nichos internos en los 2000.

Nada de esto fue un fallo técnico. Era la consecuencia previsible de una estrategia que atacaba la hoja pero no las condiciones que hacen racional sembrarla: pobreza rural, ausencia estatal, presencia armada, mercados alternativos inexistentes. Cada ciclo de fumigación operó, en la práctica, como un mecanismo de dispersión geográfica del problema.

El cuerpo bajo el rocío: daños sanitarios y ambientales

La aspersión aérea con glifosato fue, por definición operativa, imprecisa. Los pilotos no podían controlar con exactitud el área rociada; el viento arrastraba el herbicida más allá de los polígonos de cultivo; y la cartografía sobre la que se planificaban las misiones era, en muchas zonas remotas de Putumayo y Nariño, deficiente. El resultado fue una destrucción indiscriminada de cultivos de pancoger —plátano, yuca, maíz, chontaduro, cacao, lulo— junto con la coca. En veredas del Valle del Guamuez, en La Hormiga, en El Placer, familias campesinas perdían simultáneamente su parcela ilícita y su base de subsistencia lícita. Muchas de esas familias habían firmado pactos sociales de sustitución con el gobierno y aun así fueron fumigadas: el aparato aéreo carecía de la resolución operativa para distinguir a un firmante de un vecino no firmante.

Los efectos sobre la salud humana quedaron registrados en testimonios recurrentes: mareos, diarreas, náuseas, irritaciones cutáneas y respiratorias reportadas tras las jornadas de aspersión en varias regiones. El Instituto Nacional de Salud advirtió que las fumigaciones producían afectaciones de carácter sistémico que trascendían la salud física y el medio ambiente, alcanzando la vida comunitaria en su conjunto. Estudios econométricos posteriores intentaron medir el impacto sobre la salud reproductiva de las mujeres campesinas expuestas, construyendo proxies de abortos espontáneos a partir de registros de citas prenatales y partos —una vía indirecta obligada por el subreporte crónico en zonas rurales apartadas. Las advertencias institucionales no fueron atendidas por el Gobierno colombiano en los años de máxima intensidad de la aspersión.

Las aguas de consumo humano y animal se contaminaron. En el Catatumbo, el pueblo Motilón Barí denunció el envenenamiento de fuentes hídricas de las que dependía su vida cotidiana. Los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana —Kofán, Siona, Koreguaje, Nukak-Makú— reportaron daños en sus chagras, en los sistemas tradicionales de siembra, en los bosques circundantes y en los ríos. Un mayor arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta relató el deterioro ambiental y la desaparición de variedades de plantas y animales asociada a la aspersión. Para pueblos cuya existencia colectiva se articula a partir del territorio como base productiva, espiritual y simbólica, la fumigación trascendía la molestia sanitaria y afectaba las condiciones materiales de reproducción de la vida comunitaria.

El reconocimiento oficial de los daños fue tímido y fragmentario. La Resolución Defensorial N.º 46 de la Defensoría del Pueblo documentó la entrega de mercados a comunidades indígenas del Catatumbo afectadas por las aspersiones —una compensación material limitada que confirmaba, sin decirlo, la existencia del daño. En el terreno internacional, organizaciones y comunidades ecuatorianas presentaron ante el Tribunal Constitucional de su país solicitudes formales para que el gobierno de Quito exigiera a Bogotá la suspensión de las fumigaciones sobre la franja fronteriza, y pidieron medidas cautelares para proteger los derechos a la salud, el ambiente y la alimentación de comunidades ecuatorianas afectadas por deriva del herbicida.

El desplazamiento como consecuencia entrelazada

El desplazamiento forzado que golpeó al Putumayo, al Caquetá y a Nariño entre 2001 y 2008 no puede atribuirse en exclusiva a las fumigaciones. Simultáneamente, el Bloque Central Bolívar de las AUC ejecutó una incursión paramilitar violentísima en el bajo Putumayo —masacres como la de El Placer en 1999 marcan el pórtico de esa fase—, el Ejército desplegó operaciones ofensivas contra las FARC en el marco del Plan Colombia y del Plan Patriota posterior, y las FARC respondieron con minas antipersonal, retenes y confinamientos. Estos factores operaron de manera concurrente y a menudo mutuamente reforzadora.

Reconocido eso, la fumigación fue un acelerador decisivo. El bajo Putumayo, región fronteriza con Ecuador y Perú, se convirtió en una de las principales zonas expulsoras de población del país a finales de los noventa y comienzos de los 2000, con un incremento del número de desplazados que la Comisión de la Verdad calificó de más de cien veces respecto al período anterior. La combinación de fumigación indiscriminada, violencia paramilitar y presión militar destruyó a la vez los cultivos ilícitos, los lícitos y los pactos sociales que hacían viable la permanencia. Familias enteras cruzaron a Sucumbíos, en Ecuador, y otras se replegaron hacia cabeceras urbanas colombianas.

En Norte de Santander, el año 2002 —cuando se asperjaron más de nueve mil hectáreas en el Catatumbo— coincidió con el desplazamiento de 13.571 personas del departamento, de las cuales más de nueve mil cruzaron a Venezuela. Tibú se consolidó como el primer municipio expulsor de población del Norte de Santander. La correlación temporal entre picos de aspersión y picos de expulsión se repite en varias regiones, aunque nunca en aislamiento causal: la fumigación operaba como palanca dentro de una tríada donde también empujaban la violencia armada y el colapso de la economía campesina.

El desplazamiento tuvo, además, un componente de clase que la memoria pública tiende a olvidar. La campaña de fumigación quebró económicamente a los cocaleros de base —campesinos, raspachines, madres de familia dedicadas al procesamiento primario—, muchos de los cuales terminaron en las cárceles o en los cinturones de miseria de Villavicencio, Florencia y Pasto. Los jefes del narcotráfico, con mayor flexibilidad logística y financiera, simplemente relocalizaron sus operaciones: fue este segmento el que se instaló con nuevos laboratorios y rutas en el Pacífico nariñense. El efecto globo, mirado desde su composición social, fue una reorganización territorial en la que los pobres pagaron el costo del movimiento y los cuadros medios y altos del narcotráfico se adaptaron sin perder posiciones sustantivas.

Los pueblos indígenas cargaron con una porción desproporcionada del desplazamiento. En 16 municipios con resguardos indígenas del país, la incidencia del desplazamiento forzado superó el 100% de la población indígena censada; catorce de ellos se ubicaban en el sur, en la Amazonía suroriental y en las fronteras con Perú, Ecuador y Venezuela —precisamente las zonas de mayor intensidad de aspersión. La Corte Constitucional, en los autos 004 de 2009 y 382 de 2010 sobre pueblos indígenas en riesgo por el conflicto armado, analizó específicamente la situación de los Awá, Kofán, Siona, Koreguaje, Nukak-Makú, Motilón Barí, Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayuu, Embera, Nasa Páez, Betoye y Hitnu. En 2011, el Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas recomendó al Estado colombiano prevenir un posible genocidio del pueblo Awá; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en marzo del mismo año; y la Corte Constitucional ordenó, en agosto, un Plan Provisional Urgente para su protección. Los resguardos Awá de Inda Zabaleta y Gran Rosario, en Tumaco, terminaron siendo los territorios indígenas con más hectáreas de coca del país —1.342 y 1.300 hectáreas respectivamente en 2019—: la coca desplazada por la fumigación acabó aterrizando en los territorios protegidos de los pueblos que menos habían tenido que ver con su siembra original.

Por qué no funcionó: la adaptación de la cadena

La lectura convencional del fracaso del Plan Colombia sostiene que la aspersión aérea no logró sus objetivos por limitaciones técnicas: precisión insuficiente, capacidad limitada del glifosato para inhibir la resiembra, adaptación de los cultivadores mediante variedades más resistentes y siembras más dispersas. Todo eso es cierto en algún grado. Pero la explicación técnica desvía la mirada de una dinámica más interesante: quienes se adaptaron con más eficacia no fueron los sembradores, sino los eslabones altos del negocio.

Los grupos armados financiados con el narcotráfico —FARC y paramilitares, sobre todo— aprendieron rápido. Perfeccionaron los procesos de cristalización, diversificaron rutas, movieron laboratorios a zonas de mayor cobertura vegetal y, en varios casos, se concentraron en los eslabones más rentables —transporte, exportación—, dejando la siembra a redes campesinas dispersas. Cada aumento en la eficiencia de la aspersión fue respondido con un ajuste en la organización de la cadena. La fumigación golpeaba el eslabón más visible y más fácil de sustituir; los eslabones estratégicos permanecieron intactos.

Los pactos sociales de sustitución firmados en distintos departamentos fueron sistemáticamente incumplidos, y ese incumplimiento no fue anecdótico: reveló la asimetría entre la máquina que asperjaba y la máquina que debía sustituir. En Caquetá, las fumigaciones se reanudaron pese a lo acordado y se incumplió más del 60% de lo pactado. En Putumayo, la aspersión tampoco se suspendió y las obras de infraestructura prometidas quedaron limitadas a asignaciones presupuestales preexistentes, sin recursos frescos. Un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente entrevistado en Putumayo relató que los campesinos recibieron, en algunos casos, apenas una vaca o tres gallinas como toda contraparte de la sustitución. La desconfianza campesina hacia el Estado —ya profunda por décadas de ausencia— se consolidó como un rasgo estructural de la relación entre gobierno y regiones cocaleras. Erradicar una hectárea por fumigación costaba unos 72 millones de pesos; reconvertir a una familia cultivadora, unos 40 millones. Guaviare, con más de 124.000 hectáreas asperjadas acumuladas entre 1999 y 2004, recibió apenas 0,5 millones de dólares en programas de sustitución.

La consecuencia agregada, medida a escala nacional, la sintetizó sin ambigüedades la Comisión de la Verdad: tres décadas de fumigaciones no lograron frenar los cultivos de coca ni el narcotráfico en Colombia. Entre 2007 y 2012 hubo una tendencia descendente que pareció confirmar la eficacia del método, pero se revirtió a partir de 2013, y en los años siguientes los cultivos rebotaron con fuerza. La meta original —erradicación completa para 2005— no se cumplió y ni siquiera se acercó al cumplimiento. La aspersión mantuvo ritmos altos hasta el cierre del período, cerca de las cien mil hectáreas anuales, pero los resultados netos sobre el área total de coca eran cada vez más discutidos; Nariño se consolidaba entretanto como principal productor y los desplazamientos indígenas del sur —particularmente Awá y Kofán— alcanzaban los niveles críticos que llevarían, en 2011, a las medidas cautelares de la CIDH.

Un balance que separa lo que puede medirse

Lo medible arroja un saldo áspero. Se asperjaron cientos de miles de hectáreas de coca y se destruyeron cultivos lícitos de pancoger a una escala nunca contabilizada con precisión; se ejecutaron más de 2.500 millones de dólares en ayuda estadounidense en los primeros años del programa; y el área total sembrada de coca en Colombia no registró la reducción neta sostenida que el Plan había prometido. Lo que sí hubo fue una redistribución interdepartamental en la que Nariño terminó desplazando a Putumayo como principal productor hacia el final de la década siguiente.

El desplazamiento tiene, en este balance, una doble cara indisociable. La coca se movió de Putumayo y Caquetá hacia Nariño, el Pacífico, el Catatumbo y otros nichos internos, y traspasó las fronteras hacia Perú y Ecuador; en paralelo, campesinos e indígenas fueron expulsados por la combinación de fumigación, violencia armada y colapso económico. El bajo Putumayo se vació y Sucumbíos se llenó; Tumaco y Barbacoas absorbieron población y cultivos; los resguardos Awá cargaron con una porción desproporcionada del ciclo.

Los costos humanos se acumularon en varias capas. Las afectaciones sanitarias recogidas en los testimonios y advertidas por el Instituto Nacional de Salud se sumaron a la contaminación de fuentes hídricas en el Catatumbo y la Amazonía, a la destrucción de chagras y sistemas de siembra tradicional, y a una ruptura profunda entre el Estado y las comunidades campesinas e indígenas que hacia 2022 la Comisión de la Verdad seguía describiendo como no reparada. Entretanto, los eslabones campesinos de la cadena cocalera fueron encarcelados mientras los cuadros medios y altos se relocalizaban sin sobresaltos.

Varias controversias permanecen vivas: la magnitud precisa de los daños a la salud humana, cuya documentación epidemiológica sigue siendo parcial; la atribución causal del desplazamiento, que el material histórico impide reducir a la fumigación aislada de la violencia paramilitar y militar concurrente; la evaluación comparada de eficacia entre aspersión y erradicación manual; y el peso relativo del efecto globo interno frente al transfronterizo.

Lo demás sí puede afirmarse con nitidez. La aspersión aérea con glifosato no fue solo una técnica antinarcóticos: fue un dispositivo de reconfiguración territorial. Movió cultivos, movió poblaciones, consolidó infraestructura militar en la Amazonia y el Pacífico sur, y traspasó los costos humanos y ambientales a las regiones y pueblos con menor capacidad de defensa política. El narcotráfico, entretanto, se adaptó. Ningún indicador serio permite afirmar que Colombia produjera menos cocaína al final del período que al inicio; sí permite afirmar que la producía en lugares distintos y con costos humanos concentrados en poblaciones distintas de las que habían asumido el negocio en los años noventa.

Por qué sigue importando

La suspensión de la aspersión aérea con glifosato en 2015, tras el pronunciamiento de la OMS sobre su probable carcinogenicidad, cerró oficialmente el ciclo iniciado en 2001, pero no cerró el debate. En los años siguientes, sectores del gobierno colombiano y de la política estadounidense han intentado repetidamente reactivar la fumigación como respuesta a los repuntes cocaleros. Cada intento reabre las preguntas que el período 2001-2008 debería haber resuelto: si una política de erradicación química puede reducir de manera sostenida los cultivos o solo redistribuirlos; si es aceptable, en términos de daño colateral sobre poblaciones civiles, un instrumento cuya precisión operativa nunca fue suficiente para distinguir cultivos lícitos de ilícitos ni firmantes de sustitución de vecinos no firmantes; si un país puede abordar el problema del narcotráfico sin atacar simultáneamente la pobreza rural, la ausencia estatal y el conflicto armado que hacen racional la coca para el campesino de frontera.

El ciclo 2001-2008 ofrece respuestas empíricas, y son respuestas que la política pública ha preferido no procesar. La aspersión funcionó como palanca de reconfiguración territorial más que como instrumento de reducción. Los pueblos que menos habían decidido sobre la política cargaron con los costos más altos; los actores estructurales del negocio salieron mayoritariamente indemnes. La geografía del narcotráfico colombiano quedó redibujada de tal manera que las décadas siguientes tuvieron que administrar los efectos de una estrategia que, en sus propios términos declarados, había fracasado.