Despojo, palma aceitera y titulación colectiva afro en Curvaradó y Jiguamiandó (1997–2007)

Despojo, palma aceitera y titulación colectiva afro en Curvaradó y Jiguamiandó (1997–2007)

Entre 1997 y 2007, en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano, se consumó uno de los despojos territoriales más documentados de la historia colombiana reciente. Comunidades afrocolombianas fueron desplazadas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y su sucesor el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, en operaciones coordinadas con la Brigada XVII del Ejército. Sobre sus territorios colectivos —titulados por el Incora en 2000 bajo la Ley 70 de 1993— se instalaron plantaciones de palma aceitera a nombre de empresas como Urapalma S.A., financiadas con recursos públicos de Finagro y el Banco Agrario.

El caso condensó, como ningún otro, la articulación entre violencia paramilitar, agroindustria de exportación y complicidad institucional; llegó a la Corte Constitucional mediante el Auto 005 de 2009 y produjo las primeras condenas penales por desplazamiento forzado agravado con fines de despojo. Su lectura obliga a una constatación incómoda: el reconocimiento multicultural que la Constitución de 1991 consagró y la Ley 70 desarrolló no impidió el despojo. En algunos tramos, sus linderos formales sirvieron de plano operativo para él.

El territorio antes del cerco: Ley 70, propiedad colectiva y frontera codiciada

El artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras que venían ocupando tierras baldías en las zonas ribereñas del Pacífico según sus prácticas tradicionales de producción. La Ley 70 de 1993 desarrolló ese mandato: consagró la propiedad colectiva como inalienable, inembargable e imprescriptible, y estableció los consejos comunitarios como autoridad interna de administración territorial. Sobre el papel, esa arquitectura hacía jurídicamente imposible vender, gravar, expropiar o someter a límites de dominio los territorios titulados. Sobre el papel.

El Bajo Atrato no era un territorio cualquiera de la cuenca pacífica. Su ubicación entre Antioquia y Chocó, su conexión fluvial con el Caribe a través del golfo de Urabá y la calidad de sus suelos lo convirtieron desde temprano en objeto de interés para capitales agroindustriales antioqueños. Sectores empresariales del sur del Urabá percibían la Ley 70 y los consejos comunitarios como un obstáculo directo a la expansión económica hacia el Pacífico. Llegaron a caracterizar la legislación étnica como un complot, sosteniendo que seis millones de hectáreas habían sido "conquistadas con fines oscuros sin un solo tiro" por vía normativa, bajo supuesta presión de grupos subversivos. Esa lectura circulaba en gremios y notarías antes de que la titulación siquiera se materializara: el despojo, cuando llegó, no improvisó su relato.

El Incora otorgó los títulos colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en 2000, tras un proceso administrativo iniciado a mediados de los noventa. Pero la ocupación armada del territorio, y la adquisición irregular de tierras dentro de él, había empezado antes. El comandante paramilitar Rodrigo Zapata Sierra, alias "Ricardo", declaró ante la Fiscalía que desde 1997 estaba en las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó comprando tierras y que, ya entonces, sabía que ciertas zonas no eran aptas para adquirirse porque estaban sometidas al trámite de adjudicación colectiva. Esa admisión desmonta cualquier hipótesis de ignorancia sobre el régimen jurídico del territorio: la ofensiva se hizo con conocimiento pleno del proceso legal en curso. No fue un choque entre dos derechos que se ignoraban; fue una operación diseñada contra un derecho que ya se sabía existente.

Operación Génesis y el vaciamiento del Bajo Atrato (1997–2001)

El punto de inflexión fue febrero de 1997. La Operación Génesis, ejecutada por la Brigada XVII del Ejército bajo el mando del general Rito Alejo del Río, coincidió temporal y territorialmente con incursiones de las ACCU en las cuencas del Cacarica, el Salaquí, el Truandó, el Curvaradó y el Jiguamiandó. La operación desató desplazamientos masivos: comunidades enteras de Riosucio, Carmen del Darién y Vigía del Fuerte se vieron obligadas a abandonar sus tierras y a huir hacia cabeceras urbanas, hacia Panamá o hacia asentamientos precarios en la periferia de Turbo. Entre 1997 y 2002, las ACCU consolidaron ese vaciamiento poblacional en toda la región.

La articulación entre paramilitares y fuerza pública no fue tácita ni excepcional. La toma paramilitar de Riosucio fue planeada desde el comando de la Policía del Chocó, en Quibdó. Allí Freddy Rendón Herrera, alias "el Alemán", y Raúl Emilio Hasbún, alias "Pedro Bonito", se reunieron con el teniente coronel Rigoberto Ambrosio Ojeda Prieto para acordar que la Policía no realizaría operativos contra las embarcaciones paramilitares que descendían por el Atrato. Al encuentro concurrió también el respaldo del jefe del CIPOL del Chocó, Luis Alfredo Burgos Pabón. Miembros de las ACCU entraron a Riosucio portando uniformes y fusiles de la fuerza pública, y sus movimientos fluviales quedaron protegidos por la abstención acordada. La complicidad no fue omisión: fue coreografía.

Hacia 2001, la operación se profundizó. El Bloque Élmer Cárdenas conformó el Frente Norte Medio Salaquí, que entró a San José de Balsa, en Riosucio, entre mayo y junio de ese año con aproximadamente cien hombres. Esa fase, ya bajo la estructura formal de las AUC, no buscaba solo el desplazamiento: buscaba la sustitución productiva del territorio. La violencia había despejado el suelo. Ahora había que sembrar sobre él.

La arquitectura empresarial: Urapalma, asociaciones fachada y crédito público

La instalación de la palma aceitera sobre los títulos colectivos comenzó con fuerza a partir de 2001. Hacia 2000 ya existían 3.636 hectáreas sembradas dentro del territorio colectivo de Curvaradó y 198 hectáreas en la cuenca del Jiguamiandó, cifras que crecieron aceleradamente durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la política de estímulo al sector palmero que culminaría con el documento Conpes de 2008 sobre biocombustibles.

El actor central del proyecto fue Vicente Castaño Gil, quien reconoció públicamente ante la revista Semana haber conseguido personalmente a empresarios para invertir en cultivos de palma en Urabá. Urapalma S.A., junto con otras compañías del ramo, fue el vehículo operativo. Su arquitectura combinó tres instrumentos ilegales encadenados, cada uno diseñado para blindar al siguiente.

El primero fue la falsificación de títulos de propiedad en notarías del Urabá antioqueño y del Chocó, mediante escrituras individuales legalizadas sobre territorios colectivos que jurídicamente no admitían tal transferencia. El mecanismo se apoyó en la corrupción de funcionarios y en la cooptación paramilitar de administraciones regionales, más que en un plan estatal centralmente coordinado. Su efecto fue producir, sobre el mismo territorio, dos catastros paralelos: el étnico colectivo y el fraudulento individual, este último utilizado ante bancos y entidades públicas como si fuera el válido. Dos verdades registrales sobre el mismo pedazo de suelo, una para la Constitución y otra para el crédito.

El segundo instrumento fue la cooptación de las corporaciones autónomas regionales Codechocó y Corpourabá, encargadas de otorgar las licencias ambientales necesarias para la conversión de bosque húmedo tropical en plantación monocultivo. Esas licencias legalizaron ambientalmente lo que jurídicamente era imposible.

El tercer instrumento, y probablemente el más revelador, fue la constitución de asociaciones de pequeños palmicultores como fachada. Urapalma y otras empresas las crearon para dar apariencia de posesión efectiva sobre las tierras usurpadas y, sobre todo, para acceder a los Incentivos de Capitalización Rural del programa Finagro, canalizados a través del Banco Agrario.

La lógica era doble. Fedepalma sostenía que la rentabilidad mínima del cultivo exigía al menos 3.000 hectáreas, y el modelo agroindustrial se estructuraba mediante alianzas entre grandes compañías y pequeños o medianos cultivadores que asumían costos y riesgos durante los primeros tres o cuatro años, cuando la palma aún no da fruto. Las asociaciones fachada simulaban ese tejido de pequeños productores y, con ello, activaban el crédito subsidiado y las garantías estatales. Se falsificaba, en el mismo gesto, la propiedad y el productor.

Al menos una de las representantes legales de esas asociaciones era orgánica al aparato armado. Sor Teresa Gómez Álvarez, representante de Asoprobeba, era miembro de las ACCU. Bajo esa figura, Gómez compró un predio de 1.000 hectáreas en Caño Manso, Curvaradó, donde se instalaron cultivos de palma; se le atribuye haber creado la asociación junto con Ignacio Roldán, alias "Monoleche". El circuito quedaba así completo: los mismos actores armados que habían desplazado a las comunidades aparecían, bajo figuras cooperativas, como beneficiarios legítimos del crédito estatal para sembrar palma en las tierras que habían vaciado.

Las plantaciones ilegales del Urabá chocoano recibieron respaldo financiero gubernamental por tres vías paralelas: Finagro, el Fondo Agropecuario de Garantías y el incentivo a la capitalización rural. La financiación no fue un accidente ni un error de verificación. Fue el andamiaje que hizo económicamente viable un proyecto agroindustrial cuya lógica de rendimiento tardío exigía capital paciente y respaldo público. Sin subsidio, no había palma; sin palma, no había cómo justificar la ocupación.

Otro pilar del entramado fue Maderas del Darién S.A., conocida como Madarién. Desde 2000, esta empresa —junto con otra cuya identidad no se precisó en el proceso de Justicia y Paz— aportó al Bloque Élmer Cárdenas entre veinte y treinta millones de pesos, y permitió al grupo paramilitar utilizar las frecuencias de sus antenas repetidoras para comunicaciones. La distinción entre economía legal y economía paramilitar, en el Bajo Atrato, dejó de tener contornos claros.

El discurso de la frontera: cómo se contó el despojo mientras ocurría

La violencia y el fraude notarial no bastaban. El proyecto necesitaba un lenguaje. Ese lenguaje fue el de la frontera agraria, el potencial agroindustrial y el desarrollo. Los territorios del Bajo Atrato fueron reclasificados discursivamente como tierras baldías o subutilizadas, con lo que se legitimaba su incorporación al ciclo productivo nacional, aun a costa de los títulos colectivos.

La ausencia de formación catastral moderna en la región facilitó ese reencuadre. Los linderos de las fincas podían reinterpretarse una vez llegado el proyecto palmero, y en varias zonas la apropiación se produjo sin necesidad de amenaza explícita, por simple redibujo de los límites sobre un mapa que nadie fuera de las comunidades sabía leer. El despojo, en su forma más eficiente, ocurría en la escala del papel milimetrado.

Vicente Castaño articuló ese discurso con inusual franqueza. Reconoció haber conseguido empresarios para el proyecto palmero y sostuvo que la llegada del capital privado atraería después a las instituciones estatales a zonas donde antes no habían tenido presencia. La formulación invertía el orden convencional del desarrollo: no era el Estado el que abría el camino al mercado, sino el paramilitarismo, seguido por el capital, el que preparaba la instalación del Estado. Puesto en su brutal simplicidad, se trataba de un modelo de colonización interna en el que la fuerza armada ilegal funcionaba como brazo pionero de la política pública que luego, retrospectivamente, se avendría a ratificarla. La valorización agroindustrial fue usada, en ese sentido, como legitimación del despojo, un patrón identificable más allá de este caso concreto.

El documento Conpes sobre biocombustibles de 2008 coronó el proceso con un marco institucional favorable. Al articular el proyecto palmero con los objetivos de seguridad energética, protección ambiental, desarrollo rural y posicionamiento exportador —con más del 40% de la producción destinada a biocombustibles—, la política pública dotó de racionalidad estatal a un sector cuya expansión territorial reciente estaba manchada por el despojo. Los compromisos adquiridos en el Conpes anterior de 2002, orientados a garantizar los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas, tuvieron en cambio avances limitados, y el Urabá chocoano siguió siendo, años después, una de las regiones más deprimidas socialmente del país.

La complicidad institucional: Incora, Incoder y el catastro paralelo

El papel de las instituciones agrarias merece atención autónoma. El Incora, y su sucesor el Incoder, no fueron víctimas pasivas del fraude: participaron en decisiones que consolidaron el despojo. Entre febrero y marzo de 2003, el Incora revocó la adjudicación de 134 predios en aproximadamente dos meses, alegando abandono o incumplimiento de crédito. La cifra debe leerse en contexto: entre 1996 y 2002, la entidad había revocado 80 predios en total. En sesenta días, el Incora deshizo casi el doble de adjudicaciones de las que había revocado en los siete años previos, en plena fase de instalación palmera. La aceleración administrativa siguió el compás de la aceleración productiva.

En 2005, el Incoder reconoció el derecho de 1.125 familias del Urabá chocoano a tierras colectivas, pero adoptó decisiones que descontaron una parte de esas hectáreas y las orientaron en favor de empresas palmeras ya instaladas. El reconocimiento étnico convivió, dentro de la misma entidad, con la validación fáctica de las plantaciones que ocupaban los territorios reconocidos. Una mano titulaba lo que la otra recortaba.

En el vecino departamento del Magdalena, exintegrantes del Bloque Norte describieron un patrón replicable: funcionarios del Incoder aceptaban sobornos de estructuras paramilitares para elaborar títulos y escrituras a nombre de los despojadores, legalizando la apropiación en el mismo sistema registral que debía protegerla. En el Bajo Atrato, el mecanismo operó de forma análoga en las notarías y en el sistema de registro público de instrumentos, sin que el carácter formalmente inalienable de la propiedad colectiva detuviera la operación.

Es aquí donde la paradoja del reconocimiento étnico se hace más nítida. Los títulos colectivos otorgados en 2000 fijaron con precisión los linderos, las superficies y las comunidades beneficiarias. Esa cartografía, pensada para proteger, se volvió operativa para quienes la burlaban: identificaba exactamente qué tierras eran inalienables —y, por tanto, cuáles requerían el andamiaje notarial fraudulento— y concentraba la información sobre la población que debía ser desplazada. El título étnico no causó el despojo; lo precedió temporalmente en algunos tramos y lo siguió en otros. Pero, una vez otorgado, sus contornos formales fueron aprovechados por la alianza paramilitar-empresarial para dar apariencia de legalidad a las escrituras individuales fraudulentas y para orientar las decisiones administrativas del Incora/Incoder y las asignaciones de crédito de Finagro. Reconocimiento multicultural y despojo agroindustrial, lejos de contradecirse, se acoplaron en una secuencia donde la violencia despejó el territorio y el andamiaje jurídico-financiero estatal lo consolidó como propiedad agroindustrial.

Zonas Humanitarias y Malla de la Vida: la resistencia como derecho territorial

Contra ese cerco, las comunidades desarrollaron un repertorio de resistencia sin precedentes en el país. Bajo el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) —cuya presencia en el Bajo Atrato se remonta a 1994–1996 y se reforzó en 1998— y de la Misión Claretiana, constituida en 2000, familias retornadas a los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó demarcaron Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, espacios de refugio y permanencia colectiva en medio del conflicto.

La figura era radical en su sencillez. Se trataba de perímetros demarcados físicamente con cuerdas de nylon, maderas, banderas, leyendas y rótulos, conformando lo que los consejos comunitarios llamaron la Malla de la Vida. Dentro de esos perímetros, los habitantes reivindicaban su condición de población civil no combatiente y exigían a todos los actores armados —Ejército, paramilitares, guerrilla— el respeto a esa neutralidad.

La Malla de la Vida no era una barrera física capaz de detener a un hombre armado. Era un dispositivo jurídico y comunicativo que traducía la protección internacional a los civiles en un lenguaje material, visible, fotografiable. Sus equipos de comunicación estaban dispuestos para transmitir hacia el exterior lo que ocurriera en su interior, y ese solo hecho elevaba el costo político de cualquier incursión. La cuerda de nylon no detenía balas: detenía impunidad.

Los consejos comunitarios usaron las Zonas Humanitarias para exigirle al Estado colombiano el cumplimiento de sus obligaciones en derechos humanos, incluida la protección de las propias zonas. Figuras como Ligia María Chaverra, Enrique Petro, Manuel Denis Blandón y Luis Eduardo Guerra emergieron como voceros de un proyecto de vida no violento que reclamaba autodeterminación territorial. Su denuncia se apoyó en un tejido internacional: la Comisión Asturiana visitó la Zona Humanitaria de Caño Claro-Curvaradó, y la CIJP —con la figura del jesuita Javier Giraldo Moreno como referencia moral— llevó los casos a instancias nacionales e internacionales, incluida la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La respuesta empresarial fue elocuente. Al menos algunas palmicultoras desobedecieron mandatos de autoridad ambiental que ordenaban suspender actividades e ignoraron los llamados de la Defensoría del Pueblo. Las Águilas Negras, estructuras paramilitares posdesmovilización, mantuvieron un rol de colaboración con los palmeros bajo tolerancia militar, en un continuum que desmintió cualquier lectura de la desmovilización de 2006 como cierre del conflicto en el Bajo Atrato. La palma seguía sembrada; los actores armados, apenas cambiaban de sigla.

Daños: desplazamiento, ambiente y afectación diferencial

El costo humano y ecológico del ciclo 1997–2007 fue sistémico. El desplazamiento forzado alcanzó a comunidades enteras de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, con masacres y asesinatos selectivos atribuidos a las estructuras narcoparamilitares y, por acción u omisión, a la fuerza pública.

La afectación tuvo una dimensión diferencial de género particularmente severa. En una muestra de 150 mujeres afrocolombianas desplazadas encuestadas en Cartagena, Cali, Quibdó, Tumaco y Bogotá, el 63,24% había recibido amenazas de muerte condicionadas a desocupar las tierras que habitaban, y el 67% había sido amenazada con hacer daño a sus hijos u otros familiares. La coerción operaba, así, en el núcleo íntimo de la reproducción social de las comunidades: no bastaba con expulsar a las familias del territorio, había que romper el vínculo entre madre e hijo como condición previa a la huida.

La destrucción ambiental fue igualmente estructural. La palma aceitera exigió tala de bosque húmedo tropical, sistemas artificiales de drenaje que desviaron quebradas y alteraron cuencas naturales, y monocultivo que empobreció la biodiversidad vegetal y animal y degradó los suelos. La modificación de los cursos hídricos generó efectos aguas abajo que las comunidades ribereñas —cuya economía tradicional dependía del río— sufrieron directamente. La extracción del aceite, que debe realizarse en las primeras doce horas después de la recolección del fruto, obligó a instalar plantas de beneficio en las inmediaciones de los cultivos, con lo que la infraestructura industrial se enterró físicamente en el territorio colectivo, dificultando aún más cualquier retorno. No solo se cambió quién habitaba la tierra: se cambió la tierra misma, para hacerla incompatible con quienes habían sido expulsados.

El caso en perspectiva: patrón, no excepción

Curvaradó y Jiguamiandó no fueron un exceso local. Fueron la manifestación más documentada de un patrón regional. En el norte del Cesar y del Magdalena —municipios como Ciénaga, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera—, la expansión del Bloque Norte de las AUC coincidió geográficamente con la expansión palmera, en una superposición que exintegrantes del propio bloque describieron como "rarísima". El Bloque Central Bolívar usurpó terrenos en el Magdalena Medio mediante violencia directa y compras fraudulentas o presionadas para sembrar palma.

El patrón de despojo paramilitar para expansión agroindustrial comenzó en Urabá, el sur de Córdoba y el Magdalena Medio, y desde la segunda mitad de los noventa se extendió hacia los Montes de María, el corredor minero del Cesar, las zonas bananeras del Magdalena, el norte del Valle del Cauca y el sur del Pacífico. La correspondencia geográfica entre expansión palmera 2001–2013 y desplazamiento forzado 2001–2004 es verificable en Urabá, el Magdalena Medio y el Meta. Un mapa de una cosa es, con leve retardo, el mapa de la otra.

En el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en Tumaco, Francisco Hurtado, representante legal del consejo, fue asesinado en 1997 tras demandar a la empresa Palmeiras S.A. —propiedad de los hermanos Jorge y Carlos Corredor— por la ocupación de aproximadamente 800 hectáreas del territorio ancestral. Había ganado el pleito en el marco del proceso de titulación colectiva iniciado en 1996. Su asesinato mostró que el conflicto entre palma y títulos colectivos afro no era exclusivo del Bajo Atrato ni requería la escala de operación de las ACCU: bastaba una empresa, una demanda ganada y un sicario.

Lo que hizo de Curvaradó y Jiguamiandó un caso paradigmático no fue, entonces, su singularidad, sino la densidad de su documentación y el itinerario judicial que produjo. En 2004, la Corte Constitucional declaró en la sentencia T-025 el "estado de cosas inconstitucional" del desplazamiento forzado; cinco años después, en el Auto 005 de 2009, ordenó al Estado adoptar medidas específicas de protección de los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas, con especial énfasis en el Bajo Atrato. La Ley de Víctimas de 2011 y los decretos-ley 4633 y 4635 del mismo año, que crearon los marcos de restitución de tierras para pueblos indígenas y comunidades negras respectivamente, encontraron en Curvaradó y Jiguamiandó su caso fundacional. Las condenas penales posteriores contra empresarios y comandantes paramilitares por desplazamiento forzado agravado y por invasión de áreas de especial importancia ecológica inscribieron el precedente judicial de que la titulación colectiva étnica era un bien jurídico protegido penalmente frente a la agroindustria armada.

Por qué sigue importando

El ciclo 1997–2007 en Curvaradó y Jiguamiandó cerró la ilusión, sostenida por sectores del constitucionalismo colombiano durante los años noventa, de que el reconocimiento multicultural bastaba para garantizar los derechos territoriales de las comunidades étnicas. El título colectivo, por sí solo, no detuvo el desplazamiento. Fue rodeado por la violencia, esquivado por el fraude notarial, ignorado por las autoridades ambientales, contradicho por decisiones del Incoder y financieramente desbordado por el crédito estatal orientado a las plantaciones que lo violaban. La protección jurídica del territorio operó, en su tramo más vulnerable, no como escudo sino como mapa: fijó con precisión lo que había que despojar.

Eso no desmiente la Ley 70; la sitúa en su verdadera escala. La legislación étnica es una condición necesaria pero no suficiente para la protección territorial. Exige, para operar, un tejido institucional que la respalde en catastro, registro, control ambiental, crédito y presencia militar respetuosa de la población civil. Cuando ese tejido se corrompe o se ausenta, el título colectivo puede ser reabsorbido por la lógica agroindustrial que decía enfrentar. El derecho, en soledad, no defiende nada; espera a que alguien lo defienda con él.

El Estado que reconoce territorios colectivos es, en parte, el mismo que subsidia a las empresas que los ocupan, y las empresas que los ocupan son, en parte, socias de las estructuras armadas que los vaciaron. Curvaradó y Jiguamiandó fueron el laboratorio donde ese acople se ensayó a plena luz, con financiación pública, y donde la única frontera efectiva entre la comunidad y la palma terminó siendo una cuerda de nylon tendida entre postes, sostenida por familias que se negaban a irse.